1. El mes de Octubre de 2012 ha representado el principal de los retos para la gobernabilidad del país. En
la recta final del año 254 hechos de ataques en contra de defensoras y defensores de derechos humanos se han registrado, un 83% en comparación con los 305 hechos registrados durante el 2011, si la
tendencia se mantiene, se estima se habrán registrado un 10% menos de hechos, lo cual es sin duda
positivo, pero es importante recordar que la meta de cualquier gobierno debe ser que la labor por la defensa de derechos humanos no fuera
perseguida o atacada. Más allá de las
cifras debemos reflexionar sobre el tipo
de ataques/agresiones que las y los defensores han sufrido a lo largo del año,
por ejemplo, la criminalización de las
luchas continua siendo una de las constantes la cual se encauza no solamente
desde el gobierno, sino desde estructuras que aprovechan algunos medios de
comunicación social para trasladar la
idea que las agrupaciones de defensores de derechos humanos cometen actos criminales al utilizar las vías de petición al Gobierno, tales como la manifestación pacífica. Algunos emisores de
opinión hablan de las distintas manifestaciones, en muchos casos haciendo omiso de los antecedentes históricos de los reclamos planteados
por las y los comunitarios, tal es el caso de los planteamientos realizados por los 48 cantones de Totonicapán relacionados con el cobro indebido de servicios de electricidad que no estaban recibiendo, el cual
habían realizado ante las autoridades Estatales y los administradores de la Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima –EEGSA-, desde hacia varios años, las cuales habían sido desoídas; o que
decir de los resultados de las consultas comunitarias en relación a la posición de las comunidades frente a la instalación de hidroeléctricas, extracción petrolera, minería o monocultivos, en las que han pronunciado su desacuerdo ante la concesión por parte del Gobierno de tales proyectos, peticiones que
nuevamente cayeron en oídos sordos.
Estos primeros 10 meses del periodo presidencial de Otto Pérez Molina, han vuelto a poner sobre la
mesa la incapacidad histórica del Estado guatemalteco para la gestión de crisis y el manejo de la conflictividad vía la represión mediante la militarización o la restricción de garantías democráticas, las cuales paradójicamente son planteadas
desde el Estado para resguardar la endeble democracia. El presidente y su
gabinete de seguridad han tenido un
manejo mediático pobre y desestructurado para salvaguardar la imagen del
régimen, dándose a la tarea de dar declaraciones aún sin contar con todos los
elementos de información emitiendo juicios y aseveraciones, las cuales deben
desdecir cuando la línea cronológica de
los hechos y actores es recopilada por
medios de comunicación social o desde
la misma sociedad civil .
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2. Así mismo, la indolencia mostrada por declaraciones de funcionarios de Estado ante sucesos en los que
personas han perdido la vida, minimizando e incluso justificando la violencia, tal como muestran las declaraciones del Canciller Harold Caballeros en las que según el reconocía "…con dolor que en ciertas latitudes ocho muertos es una cosa muy grande, o sea, no es tampoco, aunque suena muy mal decirlo, pues
todos los días tenemos el doble de muertos de
ocho, entonces como que no es una llamada de
atención tan grande".
Todo lo anterior, denota la falta de coherencia y
capacidad para el manejo y contención de crisis,
pero por sobre todo, revela claramente la falta de
voluntad política de las autoridades de buscar la
vía del dialogo responsable para la transformación alternativa de conflictividad social y por sobre todo, buscar la vía de la conciliación, en un
país en él que a octubre se producen al menos
13 muertes violentas, se han suscitado 59 masacres dejando un saldo de 167 personas fallecidas
y en el que las cifras de pobreza continúan siendo las mismas que en la apertura democrática. Guatemala
sigue esperando que las autoridades tomen con seriedad las diversas problemáticas que el país y evitar la
polarización gestada desde los mismos estamentos del gobierno de turno que comprendan que la función
pública es un ejercicio desde la responsabilidad para la transformación del país y que deben quedar por un
lado las visiones reduccionistas, cortoplacistas y carentes de visión estratégica para las que históricamente
ha sido utilizado el usufructo del poder.
La defensa por los derechos humanos ha dejado durante el año 2012 a una docena de defensores/as asesinados por su labor. Esto más que una cifra, representa el intento de truncar las oportunidades de desarrollo integral de comunidades de miles de familias y personas que ven como desde el Estado o con la
aquiescencia del mismo se vulnera el derecho fundamental al respeto a la vida humana. Por otra parte, la criminalización de 83
mujeres y hombres, defensoras/es de derechos es otra de las realidades que golpean
a las comunidades que además de las
pérdidas humanas, tienen que bregar con
procesos judiciales interpuestos de manera
maliciosa y que tienen la única intención de
limitar las justas demandas hacia el Estado
por el respeto de la dignidad y la autodeterminación de modelos de desarrollo incluyentes o que respeten el entorno natural.
La esperanza transformación, continua
siendo el principal sustento de los planteamientos de las y los defensores de derechos humanos y desde
allí, se continuará de manera pacífica en la misión de transformar el presente, para construir un mejor futuro en el que las generaciones venideras puedan desde un modelo distinto, respetuoso de las diferencias y
particularidades, desarrollarse plenamente. Es por ello que como UDEFEGUA, creemos en la construcción de tejido social desde las distintas redes, tanto nacionales como mesoamericanas, desde las cuales
comunidades de defensoras y defensores de derechos humanos se fortalezcan. También hacemos esfuerzos para la construcción de herramientas de protección o de recopilación de historias de vida que motiven
y ayuden a entender la labor que se realiza y de esta manera, contribuir con el sector de defensores/as del
país y la región.
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