Posicionamiento sobre denuncias EDOMEX

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POSICIONAMIENTO SOBRE LAS DENUNCIAS
PRESENTADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MEXICO EN CONTRA DE RICARDO MONREAL
AVILA, COORDINADOR DE LA CAMPAÑA
PRESIDENCIAL DE ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR
I
El día de hoy asistí a la oficina del Gobernador del Estado de
México, Eruviel Avila, con dos propósitos. Por un lado,
entregar personalmente la documentación con base en la cual
denunciamos ante la las autoridades electorales un presunto
desvío de recursos públicos hacia la campaña presidencial
del PRI; por el otro, ponerme a disposición de las
autoridades judiciales estatales para dar seguimiento a la
denuncia penal y demanda civil que el pasado viernes
presentó en mi contra el Gobierno del Estado.
En este momento, el diferendo es en torno a la autenticidad
de los documentos que hemos presentado. El gobierno del
Estado considera que son pruebas apócrifas, mientras que
nosotros creemos que son auténticas, resultado de un proceso
de verificación y validación de las mismas, que incluye un
reporte de transferencia bancaria electrónica conocido como
SPEI del Banco de México, y el testimonio de la empleada
del Centro de Atención Telefónica de Scotiabank, Jesica
Añorve, confirmando que el titular de la cuenta es el Dr.
Luis Videgaray y un depósito por 50 millones de pesos.

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No obstante que ninguna de estas pruebas ha sido
desmentida por los emisores correspondientes, el Gobierno
del Estado de México –erigiéndose en juez y parte--, se
adelanta, se autodictamina y concluye que son falsas. En una
maniobra muy conocida de minimización y control de daños,
reacciona de manera desesperada contrademandando. Ahora
está en manos de las autoridades competentes validar o
desestimar estos documentos y testimonios. Bienvenidas
sean las demandas penal y civil si de ellas aflora finalmente
la verdad y la razón.
II
Ahora bien, es importante que el suceso de hoy no nos
distraiga de lo esencial y realmente importante: la
impugnación de la elección presidencial por el uso y abuso
en la campaña del PRI de dinero de procedencia ilícita, que
no sólo rebasó los topes legales establecidos, sino que
pervirtió las reformas político constitucionales de las últimas
décadas que se propusieron desterrar la inequidad evitando
que el dinero público y privado se convirtiera en el Gran
Elector o, lo más grave, que el cargo de representación
popular democrática más importante del país, la Presidencia
de la República, se subastara y terminara entregándose al
mejor postor, es decir, al candidato que más dinero gastó.
En materia de uso y abuso de dinero ilícito, el PRI exhibe
una conducta reincidente. Hace doce años, el Pemexgate le
costó una multa de mil millones de pesos. De nada sirvió la
sanción, porque ahora los casos Monexgate, Sorianagate y
Scotiagate rebasan en conjunto esa cifra.

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La reincidencia se vio agravada ahora por el
acompañamiento de otros factores como la actitud
tendenciosa de algunos medios de comunicación, el manejo
de encuestas como instrumentos de propaganda, el gasto
excesivo en propaganda y movilización en los eventos del
candidato Peña Nieto, el uso de tarjetas prepagadas de
Soriana para comprar el voto, la distribución de miles de
monederos de Banco Monex con dinero de procedencia
ilícita, la compra y distribución de tarjetas telefónicas como
propaganda de Peña Nieto, utilización de los gobiernos del
PRI en beneficio de su candidato presidencial, manejo de
una cuenta institucional del gobierno del Estado de México
por el coordinador de la campaña presidencial, en fin,
compra de votos y tráfico con la pobreza en el país y, de
manera especial, en el medio rural.
III
En esta operación de compra masiva de la Presidencia de
México, el PRI digitalizó sus huellas dactilares. Por doquier
surgen comprobantes de facturas electrónicas, dinero
plástico, monederos prepagados, empresas pantalla o
fantasmas, transferencias electrónicas internacionales, pagos
bancarios SPEI y todo un entramado de operaciones
tipificadas en cualquier parte del mundo como lavado de
dinero. Imposible hacerse de la vista gorda ante el tamaño de
este Mamut fiscal y financiero. Habría que demandar por
daño moral a medio sistema de pagos en el país y a los
medios de comunicación que valiosamente han investigado

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estas irregularidades con apego al derecho a la información y
a la libertad de expresión.
Por todo ello, resulta extraña la actitud asumida por el IFE
que, después de haber sido dotado de dientes y colmillos
para investigar y castigar la intromisión de dinero ilícito en
las campañas (como la eliminación del secreto bancario y el
acceso expedito a cuentas de empresas y personas físicas),
hoy no acepte siquiera presentar un informe preliminar de
resultados de la investigación de su Unidad de Fiscalización
de Recursos de los Partidos Políticos, sobre los casos antes
mencionados.
IV
Deseo, por último, destacar otro aspecto de la conducta
reincidente del grupo que actualmente domina en el PRI.
Hace un año, aquí, en el Estado de México, se aplicaron de
manera discrecional y sistemática una buena parte de las
prácticas perniciosas que ahora observamos a nivel nacional:
rebase de topes de campaña, dinero ilegal a manos llenas,
compra de votos en zonas marginadas mediante tarjetas de
campaña, bombardeo de encuestas en medios de
comunicación, doble contabilidad y doble financiamiento,
entre otros rubros.
Se denunciaron en tiempo y forma todas estas
irregularidades, y la respuesta de la autoridad electoral local
fue una auténtica burla a la Constitución Política local, que
prevé la anulación de una elección por rebase de gastos de

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campaña: todo terminó en una multa de $26,900.00 por actos
anticipados del entonces candidato Eruviel Avila.
La complacencia y la impunidad con que este grupo político
actuó en la elección del Estado de México en 2011, fue
precisamente lo que permitió escalar y aplicar
irregularidades similares en la campaña presidencial del
2012, al grado de vulnerar los principios constitucionales
rectores de elecciones libres y auténticas.
Por ello, se equivocan aquellos que piensan que una simple
multa, por baja o alta que sea, subsanará el agravio a la
Constitución, la ofensa a la sociedad o evitará riesgos
mayores a la Nación.
V
Este mismo grupo ofreció en campaña crear una comisión
nacional anticorrupción y adoptar la transparencia como
política pública federal, estatal y municipal. El buen juez por
su causa empieza y antes de emprender una huida al futuro,
debería empezar por transparentar y castigar los casos
emblemáticos de corrupción de la pasada campaña
presidencial: Monexgate, Sorianagate y Scotiagate.
La historia nos demuestra que quien compra la Presidencia,
termina vendiendo al país. Una Presidencia comprada es una
presidencia entregada a pactos económicos inconfesables.
Una Presidencia subastada es una presidencia escriturada a
intereses particulares o de grupo. Una Presidencia pignorada

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o dada en prenda nunca podrá ser una presidencia al servicio
de los intereses superiores de la Nación.
Precisamente porque el país no soportaría más una
Presidencia obtenida a la mala, con dinero ilícito, de
procedencia desconocida, es que la elección debe invalidarse
y dar lugar a unos comicios libres y auténticos, tal como la
mandata la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. De eso y no de otra cosa se trata la lucha que
estamos librando para que se limpie la elección presidencial.
Y si por ello hay que enfrentar denuncias penales, demandas
civiles y acoso político, bienvenidas sean.
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