Boletín do sector de xustiza de CCOO.

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Edición 1050 www.ccooxustiza.com 29 de abril de 2015
El Gobierno decide paralizar la
privatización del Registro Civil.
Lucharemos por blindar el Registro Civil.
Solo se pierden las batallas que se
abandonan.
EL MINISTRO DE JUSTICIA ANUNCIA QUE YA NO
ENTREGARÁ A LOS REGISTRADORES LA GESTIÓN DE LOS
REGISTROS CIVILES, EN LA REUNIÓN CELEBRADA AYER 28
DE ABRIL, CON TODOS LOS SINDICATOS REPRESENTATIVOS
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
► Derogará, como exigía CCOO, en el plazo de una semana, las
disposiciones adicionales de la Ley 18/2014 y las análogas del Real
Decreto Ley 8/2014, relativas a la privatización del Registro Civil
mediante su entrega a los Registradores, introduciendo las
correspondientes modificaciones en la ley de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Registro Civil (en fase de enmiendas ampliada hoy de nuevo hasta el
martes 5 de mayo).
► Además, ampliará, como también reclamaba CCOO, la vacatio legis
de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 hasta como mínimo julio o
diciembre de 2016, aceptando estudiar la propuesta de los sindicatos
de que el plazo se amplíe hasta julio de 2017.
Una vez más, para CCOO se demuestra que la lucha por los derechos es útil; que
cuando se mantiene, cuando se comparte y no se da por perdida, SIEMPRE
hay posibilidad de no perder derechos, de recuperarlos o de conquistarlos

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Aunque la reunión sobre el Registro Civil estaba convocada por la tarde, a la que CCOO
había exigido la presencia del ministro por escrito, éste se presentó en la reunión que se
estaba celebrando por la mañana del 28 de abril y HA ANUNCIADO:
1º) Que el Gobierno derogará las disposiciones adicionales relativas a la privatización
del Registro Civil del RD-ley 8/2014 y la Ley 18/2014. Lo hará mediante la presentación
de enmiendas a la Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Registro Civil. Anularán también las disposiciones
relativas a los Registradores de asuntos relacionados con el Registro Civil, entre ellos,
la regulación de la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia, así
como el uso de la plataforma electrónica de los registradores.
2º) Ampliará la entrada en vigor de la Ley 20/2011 al menos hasta julio o diciembre de
2016, e incluso estudiará la propuesta de los sindicatos de llevar la vacatio legis hasta
julio de 2017.
CCOO ha exigido al ministro de Justicia que acepte nuestro modelo de Registro
Civil, que es y va a ser inalterable: Un Registro Civil gratuito y público, servido por
el personal de la Administración de Justicia y siendo los encargados los secretarios
judiciales. Lo que se debe negociar es la mejora de las infraestructuras tecnológicas
y las mejoras de los medios materiales y personales, pues nuestra apuesta es la
más sólida: tenemos los edificios, el personal de Justicia con alta cualificación y las
miles de oficinas de Registro Civil (8.122 en toda España) para dar el mejor servicio
a la ciudadanía. Sin perjuicio de lo anterior, para CCOO es un logro HISTÓRICO el
haber obligado al Gobierno a RETIRAR SU PRIMER INTENTO DE PRIVATIZACIÓN EN
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Un logro de los trabajadores/as, de diversas
plataformas y colectivos sociales y profesionales, de la ciudadanía en general. UN
LOGRO también de CCOO que NUNCA se resignó a la privatización, que planteó
todo tipo de denuncias judiciales ante los tribunales españoles; también ante el
Parlamento Europeo y que, también logró que el Congreso aceptara la ILP que
presentó contra la privatización del Registro Civil y que, en menos de un mes,
superó las 100.000 firmas. GRACIAS AL ESFUERZO DE MILES DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE LOS REGISTROS CIVILES EN ESA RECOGIDA DE FIRMAS.
El pasado viernes 24 de abril el Gobierno comunicó :

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El Gobierno decide paralizar la
privatización del Registro Civil.
Fuente: Infolibre.
El ministro Rafael Catalá comunica al decano del Colegio de Registradores que no
tendrá que asumir el Registro Civil el 15 de julio
Es el tercer proyecto de Ruiz-Gallardón del que se desdice el Ejecutivo, tras las tasas
judiciales y la reforma de la ley del aborto
El Gobierno ha decidido paralizar la cesión del Registro Civil a los registradores
mercantiles y de la Propiedad. Así se lo ha comunicado el titular del departamento,
Rafael Catalá, al decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, según
fuentes próximas a estos profesionales. La versión oficial del ministerio sostiene que aún
no hay una decisión tomada al respecto. “Seguimos trabajando para cumplir la orden
de las Cortes de llegar a un acuerdo, abierto a las sugerencias de registradores,
oposición, sindicatos y secretarios judiciales”, aseguró un portavoz.
La privatización del Registro Civil ha suscitado el rechazo de todos los colectivos
implicados: desde los funcionarios hasta los secretarios judiciales y jueces, todos los
partidos políticos de la oposición, los sindicatos e incluso los propios registradores. Al
unísono pedían al Gobierno que diera marcha atrás en el polémico proyecto.
Finalmente, el Colegio de Registradores, tras meses de negociar en una comisión mixta
con Justicia las condiciones del traspaso, pidió al ministro que retrasase el
traspaso del Registro Civil, en principio previsto para el próximo 15 de julio.
Éste es el tercer proyecto estrella del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón del que se
termina desdiciendo el Gobierno, tras dar marcha atrás en la aplicación de las tasas
judiciales y en la reforma de la ley del aborto.
Sobre el Registro Civil la duda es todavía si el Gobierno va a decretar una nueva
prórroga de la vacatio legis –retraso en la entrada en vigor de una ley– de la ley de
2011 o si el proyecto de ley de reforma que se está tramitando en el Congreso
terminará decayendo, aseguran las fuentes consultadas por infoLibre. La Ley del
Registro Civil ya estableció una vacatio legis hasta julio de 2014, que en esa fecha se
prorrogó un año.
De que a las intenciones del Gobierno les costaba progresar da idea también el hecho
de que va camino de eternizarse en el Congreso la tramitación del citado proyecto de ley
de reforma del Registro Civil: el plazo de presentación de enmiendas se amplió el
pasado martes una semana más. Lleva en esa fase desde septiembre del año
pasado. La dimisión de Ruiz-Gallardón, ese mismo mes, supuso un primer parón en el
proyecto de ceder a los registradores el Registro Civil. Su sucesor cambió el equipo al
frente de la Dirección General de los Registros y el Notariado, y tiró a la papelera el
proyecto inicial de Ruiz-Gallardón: tanto la creación de una suerte de colegio de
registradores paralelo al oficial –una “corporación de derecho público” que fue
tumbada por un duro dictamen del Consejo de Estado–, como la
controvertida adjudicación a Indra y Telefónica, a través de una empresa pública del

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Ministerio de Defensa, del diseño de la plataforma informática para el nuevo Registro
Civil.
A vueltas con la gratuidad y las nuevas tasas
Catalá abrió entonces una comisión mixta con el Colegio de Registradores que no
ha dado ningún fruto más allá de la paralización del proyecto. El rechazo dentro del
gremio a hacerse cargo de una tarea que los registradores mercantiles consideran
ajena y para la que, alegan, carecen de medios, ha socavado también la posición del
órgano colegial ante Justicia. La financiación del nuevo Registro Civil es el núcleo del
problema. Mientras el ministro Catalá repite una y otra vez que los trámites van a seguir
siendo “gratuitos” para el ciudadano “en los mismos términos que ahora”, Justicia
negocia con el Colegio nuevas tasas en el Registro Civil y nuevos aranceles para
el Mercantil.
Así, el Colegio de Registradores ha pedido a Justicia que le permita cobrar desde
los libros de familia electrónicos hasta los actos de última voluntad, la inscripción
de poderes, de la vecindad civil o de los contratos de seguro que cubren fallecimientos.
El órgano colegial, según deja claro en sus propuestas al ministerio, considera
“irrenunciables” estos ingresos como “fuente de financiación” del Registro Civil.
Aunque no es la única fuente de ingresos prevista. El proyecto de ley de reforma del
Registro Civil habilita al ministro para que apruebe “en tres meses” nuevos
aranceles “correspondientes a la intervención de los registradores de la propiedad y
mercantiles respecto de los asuntos, actas, escrituras públicas, expedientes, hechos y
actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en esta
ley”.
Imposible para el 15 de julio
El caso es que la filtración de estas negociaciones puso en guardia a buena parte de
los registradores, a quienes nunca han visto con buenos ojos hacerse cargo del
Registro Civil y a quienes dudaban de que esas nuevas tasas alcanzaran para
financiarlo y temían, por tanto, que la tarea terminara siendo sufragada por sus
propios bolsillos. Todos ellos comenzaron a desconfiar del Colegio, al que acusaban
de oscurantismo y de haber cedido ante Justicia. Además, veían imposible tener
dispuestos el personal y las oficinas necesarias para el 15 de julio. Hay que
recordar que en estos momentos funcionan 8.122 oficinas del Registro Civil en toda
España y los registradores mercantiles son sólo un centenar.
Entretanto, los funcionarios del Registro Civil arreciaban sus protestas contra la
privatización y contra la penuria de medios en que, según denuncian, Justicia les ha ido
dejando a la espera del traspaso. Hace sólo unos días el Registro Civil de Sevilla dejó
de emitir certificados por falta de papel timbrado. Un magistrado presentó una queja
ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el Ministerio de
Justicia mandara sólo 28.000 folios pese a que la secretaria del Registro había pedido
60.000.

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CCOO segirá recogiendo firmas para la
Iniciativa Legislativa Popular mientras
que no se publique en el BOE la
derogación total de la privatización del
Registro Civil.
Después de la reunión de ayer donde el Ministro de Justicia anunció en la mesa de
negociación que derogará las disposiciones relativas a la privatización del Registro Civil
mediante la presentación de enmiendas en leyes que se encuentran ahora en
trámite, CCOO seguirá recogiendo firmas para la Iniciativa Legislativa Popular mientras
que no veamos plasmado en el BOE la derogación real y total de la privatización.
La Iniciativa Legislativa Popular es un instrumento que la Constitución pone en manos
de la Ciudadanía para que las Cortes Generales debatan y aprueben leyes, mediante el
aval de 500.000 firmas al menos.
Más de 100.000 firmas en sólo un mes
contra la privatización del Registro
Civil
La ciudadanía se ha volcado para sumarse a la Iniciativa Legislativa Popular que
impulsa Comisiones Obreras en contra de traspasar la custodia de los datos legales
de los españoles a manos de registradores de la propiedad.
MADRID.- Más de 100.000 personas han firmado en sólo un mes su apoyo a la Iniciativa
Legislativa Popular que impulsa Comisiones Obreras en contra de la privatización del
Registro Civil y que ha llevado al Gobierno a echar el freno a sus intenciones.
El sindicato califica de “espectacular” la acogida que ha tenido la iniciativa para solicitar a
las Cortes Generales que el Registro Civil no pase a manos de los registradores de la
propiedad. En sólo un mes, más de 100.000 personas entre funcionarios, trabajadores,
asociaciones cívicas, personas anónimas y hasta periodistas ha suscrito el documento que
reclama a las Cortes Generales que impida este traspaso.

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El Registro Civil custodia todos los datos legales de los españoles, como su nacimiento,
matrimonio, incapacidades o fallecimiento. En estos momentos, los registros
civiles dependen de los jueces, pero el Gobierno quería traspasarlo a los registradores que
son funcionarios públicos pero que gestionan los registros como empresas privadas con
sus empleados.
Para CCOO, este vuelco de la ciudadanía en el apoyo a la ILP contra la privatización del
Registro Civil y que éste siga siendo un servicio público cercano a la ciudadanía, gratuito y
servido por funcionarios de la Administración de Justicia, es una nueva demostración del
rechazo de la ciudadanía a la política de privatizaciones que el Gobierno del Partido
Popular ha llevado desde su entrada en el Gobierno.
La ILP pide que el Registro Civil siga siendo un servicio público gratuito integrado en la
Administración de Justicia y que los datos de las personas estén sujetos a la
confidencialidad y la privacidad que garantiza su tratamiento por funcionarios y
funcionarias de la Administración Pública.
El Gobierno del PSOE impulsó un cambio legal en 2011 para desjudicializar el registro
civil. Los planes iniciales eran que fueran llevados por los secretarios judiciales, que sí son
funcionarios públicos.
Sin embargo, tras gastar 129 millones de euros en la digitalización de los documentos
desde 1871, el PP aprobó sin consenso la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que atribuye la
gestión de los Registros Civiles a los Registradores a partir de julio de 2015.
El Gobierno anunció que sería gratuito, pero han trascendido documentos sobre las
negociaciones entre el Gobierno y los registradores de la propiedad y mercantiles para
implantar nuevos aranceles.
Para ver la noticia entera pincha en este enlace.
Justicia paraliza la privatización
del Registro Civil
Esta rectificación se suma a la reforma de le ley del aborto y las tasas judiciales que
defendía Gallardón
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este viernes pasado que la
encomienda a los registradores de propiedad y mercantiles de la gestión del Registro
Civil queda de momento aplazada. Debía ponerse en marcha el próximo 15 de julio.
Así lo ha señalado este viernes el propio Catalá en unas declaraciones a las puertas del
Tribunal Supremo, donde había acudido a un acto.

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La decisión del departamento dirigido por Rafael Catalá de encomendar a este colectivo
este servicio ha levantado duras críticas en los últimos meses. Los partidos de la
oposición, funcionarios de la administración de Justicia, sindicatos u otros colectivos
como los secretarios judiciales, han expresado su oposición a lo que consideran una
"privatización" encubierta.
El Ministerio intenta alcanzar un "consenso" que satisfaga a estos sectores críticos y se
ha mostrado dispuesto a estudiar cualquier propuesta que se le haga en este sentido,
han informado a Europa Press fuentes ministeriales.
Más de 100.000 firmas en contra
Precisamente este mismo viernes la presentación de la Iniciativa legislativa Popular (ILP)
contra la encomienda a los registradores de la propiedad y mercantiles de la gestión del
Registro Civil, iniciativa de CC.OO, había obtenido ya más de 100.000 apoyos en un
solo mes, según ha anunciado el sindicato este viernes
Un mes después del inicio de la recogida de firmas, con la presentación en rueda de
prensa que Comisiones Obreras hizo el pasado mes de marzo, para el sindicato es
"espectacular la acogida que ha tenido por parte de los trabajadores y trabajadoras, la
ciudadanía, y un sinfín de diferentes asociaciones de todos los ámbitos, que se han
volcado en la recogida de miles de firmas para evitar una privatización más del
Gobierno, como sería la del Registro Civil", señala la central en un comunicado.
Para CCOO, este "vuelco" de la ciudadanía en el apoyo a la ILP contra la privatización
del Registro Civil y que éste siga siendo un servicio público cercano a la ciudadanía,
gratuito y servido por funcionarios de la Administración de Justicia, "es una nueva
demostración del rechazo de la ciudadanía a la política de privatizaciones que el
Gobierno del Partido Popular ha llevado desde su entrada en el Gobierno".
Para ver la noticia pincha en este enlace.
Seguiremos luchando para que
definitivamente el Registro Civil siga siendo
un servicio público y gratuíto servido por
funcionarios de la Administración de
Justicia.

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