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PÚBLICA Y JUSTICIA
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Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionales
de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador
aunque estuviere aquí escrito.
Bilbao, 17-05-2013
JOSU ERKOREKA
Consejero de Administración Pública y Justicia.
Portavoz del Gobierno Vasco
Dicen los biógrafos de Abraham Lincoln que cuando su hijo mayor le
propuso alistarse en el Ejército, no supo si dar prevalencia a su condición de
padre, tal y como le pedía su esposa, o a su condición de comandante en
jefe de las fuerzas armadas federales, tal y como le exigía el deber.
Salvando las distancias, el miembro de un Gobierno que al mismo tiempo es
su portavoz, como es mi caso, se enfrenta, con frecuencia, a un dilema
semejante. Que no sabe si dar prioridad a su condición de consejero o a su
condición de portavoz. Porque quienes le piden decisiones le tratan como
consejero y los que le piden declaraciones le tratan como portavoz.
Los organizadores del acto me han presentado con ambas credenciales: la
de consejero y la de portavoz. Y como sospecho que en el coloquio posterior
se me requerirá, sobre todo, para que actúe como portavoz, he optado
porque en la alocución inicial prevalezca el consejero. Mi intervención
aludirá, por tanto, a los tres ámbitos materiales sobre los que se proyecta
mi responsabilidad pública en el Gobierno vasco: el autogobierno, la
administración pública y la justicia.
EL AUTOGOBIERNO
El Estatuto de Gernika fue aprobado el 18 de diciembre de 1979. Desde
entonces han transcurrido ya 33 años. Durante este dilatado lapso
temporal, la inmensa mayoría de los estatutos de autonomía que se
aprobaron en la etapa inicial del Estado Autonómico, han sido objeto de una
o más reformas. Algunos de ellos han sido modificados, dos, tres y hasta
cuatro veces. Sin embargo, el Estatuto vasco no ha conocido aún reforma
alguna. Ni una sola. Un rasgo excepcional que comparte con el gallego.
No es a mí, evidentemente, a quien corresponde hablar de la reforma
Estatuto de Galicia. Pero por lo que se refiere al vasco, he de reseñar que si
el texto de 1979 se encuentra todavía intacto, no es porque el Parlamento

2. 2
vasco no se haya planteado su modificación, sino porque la propuesta de
reforma estatutaria que la cámara aprobó el 30 de diciembre de 2004, fue
rechazada a limine por el Congreso de los Diputados.
Casi una década después de aquel episodio, nos encontramos de nuevo
ante un momento que puede ser propicio para que el Parlamento retome el
debate sobre el autogobierno vasco.
• En un momento en el que diferentes naciones europeas sin Estado,
como Escocia, Catalunya o Flandes, exploran cauces para asumir
poderes que les permitan decidir con más plenitud sobre su propio
futuro.
• En un momento en el que proliferan por doquier las iniciativas que
hablan de revisar el modelo autonómico vigente en el Estado español,
bien sea para devolver competencias a los poderes centrales, bien
sea para hacerle evolucionar hacia un horizonte federal de perfiles
todavía inciertos.
• En un momento en el que la crisis económica está siendo utilizada
como coartada por el Gobierno del Estado para llevar a cabo una
auténtica mutación del bloque de la constitucionalidad, que erosiona
sin contemplaciones los poderes autonómicos,
Euskadi debería abordar su propia reflexión sobre el status político que
desea, y promover, en su caso, las iniciativas políticas que fueran
necesarias para avanzar hacia él.
Personalmente, no encuentro motivos para demorar por más tiempo esta
cuestión. No parece lógico, y sería, desde luego, algo llamativo, que en un
momento en el que el debate sobre el futuro de las comunidades políticas
autogobernadas se encuentra en plena ebullición, Euskadi permaneciese en
silencio y fuese la única que nada tiene que decir al respecto. El momento
es, pues, el idóneo. Y el lugar apropiado para afrontar el debate al que me
refiero debería ser el Parlamento; la cámara vasca, que tras los últimos
comicios, refleja fielmente -ahora sí- la complejidad sociopolítica vasca, sin
las alteraciones que en el pasado reciente ha experimentado su
composición, como consecuencia de la violencia terrorista o del impulso
ilegalizador auspiciado desde los grandes partidos políticos del Estado.
Sin embargo, mientras el Parlamento no afronte este desafío o su trabajo
no fructifique en una efectiva reforma estatutaria, el Gobierno tiene que
emplearse a fondo en la defensa y el desarrollo del marco de autogobierno
vigente que, hoy por hoy, es el previsto en el Estatuto de Gernika.
A este propósito, viene desarrollando dos líneas de actuación.
a) Por un lado, trabaja denodadamente para completar el desarrollo
estatutario, reclamando a los poderes centrales del Estado los
traspasos de medios, bienes y servicios que todavía, tres décadas
después de aprobado el Estatuto, se encuentran pendientes de
realización.

3. 3
b) Por otro lado, hace un seguimiento pormenorizado de la actuación
normativa y material del Estado que pueda afectar al ámbito y
desenvolvimiento de las competencias de Euskadi, con el fin de
evitar su vulneración o menoscabo.
Por lo que se refiere a la reclamación de las transferencias que todavía se
encuentran pendientes de materialización, quisiera reseñar, consciente de
que lo hago por enésima vez -porque todo lo que se puede decir apropósito
de esta cuestión se ha dicho y repetido hasta la saciedad-, que se trata de
un objetivo irrenunciable e imprescriptible, para cuya consecución, este
Gobierno trabajará sin tasa ni desmayo.
Tampoco quisiera dejar de recordar que los traspasos pendientes de
realización, no constituyen meras rúbricas de la ley estatutaria llamadas a
desempeñar una función ornamental, sino competencias reales, poderes
efectivos, que revisten una importancia de primer orden de cara a
incrementar el autogobierno vasco y el bienestar de los ciudadanos;
materias de carácter social, de naturaleza económica, infraestructuras e
instituciones.
Y llegados a este punto, estoy seguro de que más de uno de ustedes se
estará preguntando ya: ¿cuándo se referirá el conferenciante a las dos
transferencias más emblemáticas de entre las que figuran en la -ya secular-
carpeta de asuntos pendientes? ¿Cuándo reivindicará la transferencia la
transferencia de prisiones y la relativa a la gestión del régimen económico
de la seguridad social? La respuesta es clara: ahora mismo. En esto, no
fallaré al ritual. Pero si me lo permiten, quisiera hacer una referencia
específica a la primera -la de prisiones- que pertenece a mi ámbito de
responsabilidad como consejero de Justicia.
Hace unas semanas -yo ya no estaba allí- el PSOE y el PP volvieron a
negarnos esta transferencia en el Congreso de los Diputados. Con lo que
suman ya unas cuantas. Pasa el tiempo y las cosas cambian, pero en este
punto todo permanece inmutable. Siempre somos los mismos los que
reclamamos esta transferencia -aquí y en las Cortes Generales- y siempre
son los mismos los que nos la niegan; aquí y en las Cortes Generales. Pero
la seguiremos reclamando, que nadie lo dude. Y no lo haremos tan sólo
porque seamos nacionalistas vascos, que también. Lo haremos, además,
porque así está previsto en el Estatuto de Gernika; una razón no menor
desde el punto de vista jurídico. Y en fin, lo haremos, asimismo, porque lo
exigen sólidas razones de eficacia, eficiencia y buen gobierno. Y me explico.
La rotunda negativa del Estado a transferir a Euskadi las instituciones
penitenciarias, no ha sido obstáculo para que el Gobierno vasco venga
trabajando desde hace tiempo en la configuración de un modelo
penitenciario propio, mediante una labor coordinada con las direcciones y
equipos de tratamiento de las prisiones y con las entidades y asociaciones
de Euskadi que trabajan con personas presas, con el fin de establecer
recursos de inclusión que contribuyan a preparar su reinserción social.
El Gobierno vasco podía haberse desentendido de este ámbito de actuación,
negándose a desarrollar un solo programa social de reinserción hasta que

4. 4
no se produjese el -tantas veces reclamado como injustamente negado-
traspaso a Euskadi de las prisiones situadas en su ámbito territorial. A un
consejero nacionalista le hubiese resultado francamente fácil defender su
inhibición en este campo hasta que no se cumpla el Estatuto. Y todo el
mundo lo hubiese comprendido. Máxime ahora que la crisis económica
parece haber convertido el ahorro en la única fuente de Derecho reconocida
en el ámbito de la administración de Justicia.
Pero además de nacionalistas, somos humanistas. Nuestro discurso y
nuestra acción política, siempre se han centrado en el ser humano; en su
dignidad, en sus derechos y en el libre desarrollo de su personalidad.
Creemos sinceramente en las políticas sociales y en el objetivo
resocializador de las penas. Y preconizamos un sistema penitenciario
diferente; menos punitivo y más centrado en la reinserción social. Y desde
estos presupuestos conceptuales, venimos trabajando en proyectos de
régimen abierto, promoviendo actividades extrapenitenciarias e itinerarios
de inclusión sociolaboral para personas presas, que incluyen salidas
programadas, campos de trabajo, recursos de deshabituación para personas
drogodependientes, centros de formación y capacitación, centros de
orientación y acompañamiento para el empleo, etc.
Pese a la crisis, este año vamos a incrementar las dotaciones destinadas a
financiar este tipo de actuaciones. Porque sea cual sea su origen geográfico,
cuando estas personas cumplan su pena, recuperarán la libertad en tierra
vasca. Y es aquí, entre nosotros, donde habrán de reinsertarse. Lo que
aconseja ir preparando su itinerario de reinserción. La experiencia está
siendo positiva. Pero sobre todo, social. Y profundamente humana. Sólo
tiene un problema. A veces ocurre que, pese al dinero y al esfuerzo
invertidos por el Gobierno vasco en desarrollar el itinerario de inserción
sociolaboral diseñado para una persona privada de libertad, la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias decide trasladarla a una prisión
radicada en Andalucía. Con lo que todo el trabajo llevado a cabo queda en
agua de borrajas.
También por eso es necesaria la transferencia de las prisiones. No sólo por
razones políticas y jurídicas. También por razones sociales, humanitarias y
de buen gobierno.
Pero además de seguir avanzando en la culminación del todavía incompleto
desarrollo estatutario, reclamando, entre otras, la transferencia de
prisiones, el Gobierno se volcará también en la defensa del autogobierno,
controlando escrupulosamente las disposiciones y actos estatales que
puedan afectar al ámbito y desenvolvimiento de nuestras competencias y
reaccionando contra las que pudieran implicar vulneración o menoscabo de
las mismas.
Lamento constatar a este respecto que, en este empeño, no tenemos
muchos compañeros de viaje. Unos no arriman el hombro porque no les
interesa lo más mínimo empeñarse en la defensa de un marco de
autogobierno, que rechazaron desde un principio. Cuanto peor le vaya al
Estatuto de Gernika -piensan- mejor para ellos. Aunque, eso sí, ahora ya no

5. 5
tengan reparo alguno en acogerse a sus beneficios participando en las
instituciones de autogobierno nacidas de su seno.
Pero frente a ellos, se encuentran aquellos a los que la defensa del
autogobierno vasco sólo les interesa en la medida en que convenga a la
estrategia -de gobierno o de oposición- que las sedes centrales de sus
respectivos partidos desarrollan en las instituciones centrales del Estado.
Últimamente, el Partido Socialista se ha hecho notar como un alumno
aventajado en la defensa de esta utilización del autogobierno vasco como
herramienta estratégica para la lucha que mantiene con el PP en Madrid.
Permítanme aportar algunos datos para ilustrar esto que digo
Patxi López y Zapatero coincidieron como gobernantes -aquél en Ajuria
Enea y éste en La Moncloa-, entre mayo de 2009 y diciembre de 2011. Dos
años y medio, largos. Pues bien, durante ese período, el Gobierno vasco no
interpuso un solo recurso contra las normas y actos promovidos por el
Ejecutivo de Zapatero. Ni uno solo. Alguna mente cándida podrá pensar que
fue así porque Zapatero jamás vulneró competencia autonómica alguna.
Nada, sin embargo, más lejos de la realidad. Dejemos la candidez para la
poesía, que la política se expresa en la más pura de las prosas. Como decía
Josep Pla, es nada menos que “la astucia puesta al servicio de la realidad”.
Basta contrastar la llamativa inhibición que López exhibió en este período
de tiempo -cero impugnaciones- con la diligencia que otros presidentes
autonómicos, también socialistas, pusieron en la defensa de sus respectivos
estatutos, para comprender lo que ocurrió.
Josep Montilla, por ejemplo, que encabezó la Generalitat de Catalunya hasta
diciembre de 2010, interpuso, durante el lapso temporal en el que coincidió
con López y Zapatero al frente de sus respectivas instituciones, nueve
recursos. Sí, han escuchado bien: he dicho nueve. Nueve recursos en año y
medio. Cero Euskadi, nueve Catalunya. Algunos de ellos, por cierto, en
relación con normas tan importantes como el Real Decreto-Ley 9/2009, de
26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos
propios de las entidades de crédito que, dicho sea de paso, fue impugnado,
también, por la comunidad autónoma de Extremadura, que en ese
momento estaba presidida por otro militante del PSOE.
Creo que estos datos no requieren de más explicaciones.
Ahora bien, una vez dicho esto, quisiera disipar de inmediato la ingenua
creencia de que la manera más eficaz de defender una competencia
autonómica pasa por la inmediata impugnación ante el TC -ante este TC,
me interesa mucho precisarlo- de las normas y actos del Estado que
eventualmente la hubiesen vulnerado. Se trata de una idea falsa, que el
Gobierno anterior quiso inocular en la opinión pública vasca en la última
parte de su mandato.
Tengo serias dudas de que, desde el punto de vista de la defensa del
autogobierno, sea preferible exhibir como mérito un extenso listado de
recursos interpuestos ante el TC, que un listado de acuerdos totales o
parciales alcanzados en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación
constituido entre el Estado y el País Vasco, con el fin de evitar que los

6. 6
debates competenciales sobre los asuntos más relevantes lleguen a manos
de este -vuelvo a subrayar lo de este- TC. Un TC que, hace todavía muy
pocas semanas, se retrataba sin pudor cuando se permitía calificar de
“extravagante” la sola idea de que los empleados del sector público vasco
puedan disfrutar de un tratamiento singular en el ámbito de las pagas
extraordinarias. Como si Euskadi no dispusiese de herramientas específicas
de autogobierno suficientes como para justificar esa singularidad.
Para nadie es una novedad la suspicacia con la que el PNV ha mirado
siempre a este TC, cuyos miembros son elegidos con arreglo a un
descarnado sistema de cuotas partidarias, a cuyo reparto sólo son invitadas
las dos grandes formaciones políticas del Estado. El extendido hábito de
anticipar los pronunciamientos del alto tribunal distinguiendo entre
magistrados progresistas y conservadores y dando por supuesto que unos y
otros actuarán en bloque a la hora de emitir el veredicto final, pone de
manifiesto hasta qué punto la sociedad ha interiorizado la perversión de un
sistema de designación que compromete seriamente la objetividad e
imparcialidad del órgano. El problema es que las diferencias entre
progresistas y conservadores, que se harán patentes, no lo dudo, cuando el
tribunal afronta materias en las que el PSOE y el PP defienden posiciones
encontradas, prácticamente desaparecen cuando se trata de optar entre el
interés del Estado y el interés de las CCAA. El TC es un tribunal de Estado,
que rara vez siente reparo alguno en activar el principio in dubio pro Estato
Someter las controversias importantes al dictamen de un árbitro así, puede
constituir una operación de alto riesgo que conviene ponderar caso por
caso, porque, en última instancia, siempre será preferible soportar
temporalmente una vulneración competencial recogida en una norma, que
exponerse a que el TC eleve esa vulneración a la categoría de
jurisprudencia consolidada. Ese fue el razonamiento que, hace ya varios
lustros, llevó al Gobierno vasco a rehuir el recurso al TC de cara a la
defensa de sus competencias. La negociación bilateral con el Estado -se dijo
entonces- puede rendir más y mejores frutos que la menguada garantía que
ofrece un tribunal escrupulosamente programado para hacer prevalecer el
interés del Estado frente al autonómico.
En lo esencial, la reflexión sigue siendo válida. Este Gobierno no descarta,
por principio, defender sus competencias ante el TC, pero procura apurar al
máximo las posibilidades que le ofrece la Comisión Bilateral de Cooperación
para alcanzar acuerdos que permitan eludir, en la medida de lo posible, la
litigiosidad ante el alto tribunal. Durante los cinco meses de legislatura, la
Comisión Bilateral ha alcanzado cinco acuerdos -tres totales y dos parciales-
y en otros cinco casos, el trámite de conciliación previo ha resultado
infructuoso, por lo que se ha impuesto el recurso ante el Tribunal
Constitucional.
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Quisiera comenzar esta parte de mi intervención, dando a conocer un dato
que, pese a su elocuencia, creo que nadie ha puesto de manifiesto hasta la
fecha: todos los consejeros que integramos el gabinete del lehendakari
Urkullu somos empleados públicos. De muy diferente formación académica,

7. 7
es verdad -entre nosotros hay médicos, juristas, ingenieras, arquitectas y
hasta químicas- y de distintos niveles administrativos, también esto es
verdad -los funcionarios autonómicos compartimos consejo con efectivos
dependientes de la Administración local, foral y universitaria-, pero
empleados públicos al fin y al cabo.
El dato me parece muy significativo de cara a situar la posición de este
Gobierno en relación con el servicio público. Todos sus miembros
pertenecemos a la función pública y hemos crecido profesionalmente en el
ámbito del servicio público. El servicio público constituye nuestro humus
vital y vocacional. De manera que cuando nuestro periplo por la política
toque a su fin, regresaremos orgullosos a nuestros respectivos puestos de
trabajo a retomar las funciones que están expresadas en las monografías
correspondientes: a enseñar, a curar enfermos, a tramitar expedientes o a
elaborar informes jurídicos.
Creo que con esta base de partida, queda irremisiblemente abocado al
fracaso todo intento de atribuir al Ejecutivo de Urkullu una suerte de
animosidad connatural con respecto al servicio público, que le llevaría a
procurar su destrucción. Resulta sencillamente absurdo predicar algo así de
un gabinete integrado por profesionales de la función pública.
Este Gobierno cree en la función pública. En una función pública puesta al
servicio del ciudadano, que sintonice con la sociedad y genere valor. En una
función pública útil y comprometida con la idea del servicio, que no sea
percibida como una rémora, sino como un bien colectivo que aporta a los
ciudadanos y a las empresas las prestaciones públicas que unos y otras
demandan para poder ejercer en plenitud sus derechos y libertades. En una
función pública que, lejos de encastillarse en una torre de marfil, viva el día
a día en estrecha sintonía con la sociedad. En una función pública
profesional, moderna, transparente, productiva e íntegra, que sea modélica
desde el punto de vista ético.
Este modelo de función pública, que mira más a los espejos situados en el
norte que a los reflejos que proceden del sur, tiene dos enemigos. Uno de
ellos es el tradicional, que siempre ha combatido lo público con el propósito
de suplantarlo, suprimir los controles y convertir las prestaciones sociales
en un nicho para el negocio privado. Es un enemigo que siempre se hace
notar en tiempos de crisis como los que vivimos. No es preciso esforzarse
mucho para encontrar declaraciones públicas que apuntan en esta dirección.
Recuerdo, sin esforzarme demasiado, unas palabras poco afortunadas del
presidente de la CEOE, Joan Rosell, en las que se hacía un comentario
lacerante sobre los empleados públicos que, a su juicio, estarían mejor en
su casa, y otras, más recientes, pronunciadas por Esperanza Aguirre, en las
que la ex presidenta de Madrid postulaba abiertamente y sin tapujos,
“reducir, privatizar y [hasta] suprimir el sector público”.
Pero el modelo de función pública al que he hecho referencia tiene también
un segundo enemigo. Un enemigo más sutil, pero no por ello menos
pernicioso. Un enemigo que, bajo la apariencia formal de defender la
función pública contribuye, con frecuencia, a socavar su credibilidad y
consideración social. Me refiero al frente de los que se empeñan en

8. 8
convertir a los empleados públicos en la caricatura sobre la que Forges
dibuja sus viñetas más corrosivas. Una caricatura esperpéntica, tejida de
abulia, apatía, y negligencia. Una caricatura en la que sobresalen la
prebenda, la canonjía y el trato privilegiado. La nefasta caricatura que se
plasma en el lema: “Vuelva usted mañana”.
Por lo demás, la Administración vasca, no es, ni mucho menos, la estructura
elefantiásica y desmesurada que algunos discursos se empeñan en hacernos
ver. Bastarán cuatro datos para comprobarlo. Si el Estado español se sitúa
entre los cinco países de la UE-15 que menor número de empleados
públicos tienen por cada mil habitantes, con una media de 57,6, Euskadi,
pese a los cuatro niveles institucionales que a algunos tanto alarman -el
Estado, la CA, los TTHH y los entes locales- ocupa el duodécimo lugar de
entre las diecisiete CCAA, en este mismo indicador. Se sitúa, pues, en la
parte baja de la tabla, con 51,5 empleados públicos por cada 1000
habitantes. Seis puntos por debajo de la media española y muy por debajo
de comunidades como Extremadura, con 86,8; o Andalucía, con 60. En
cualquier caso, nada desproporcionado, sobre todo si se tiene en cuenta
que es una de las pocas CCAA que cuentan con un cuerpo policial
autonómico, dotado con efectivos propios.
Tampoco es la institución esencialmente corrupta que a veces se refleja en
algunas publicaciones. Según un estudio recientemente elaborado por el
CGPJ sobre el número de causas relacionadas con tipos penales
mayoritariamente relacionados con las AAPP, en Euskadi sólo se registran 7
causas de este tipo, frente a comunidades como Andalucía con 541 casos,
Valencia con 200, Madrid, con 153, Canarias con 149 o Cataluña con 128.
Se me dirá que 7 siguen siendo muchas; que lo que se impone en este
ámbito es la tolerancia cero. Y estoy de acuerdo con ello. Pero considero tan
justo como necesario hacer notar la diferencia. Por debajo de Euskadi, en
esta lista, sólo se encuentra La Rioja, con cuatro causas registradas.
Se ha hablado mucho, aunque no siempre con el necesario rigor, de la
excesiva complejidad del sistema institucional vasco y de las duplicidades,
solapamientos e ineficiencias que ello genera. ¿He dicho mucho? ¿Sí? Pues
corrijo. Quería decir muchísimo. Se ha hablado muchísimo. Tanto, que
algunos lo han convertido en un auténtico mantra. Pero el tratamiento que
se le está dando a este tema, induce a sospechar que se trata más de un
lema de combate contra este Gobierno y el partido que lo sustenta, que un
planteamiento serio. El pasado 24 de enero, el Parlamento vasco acordó
constituir una ponencia para abordar esta cuestión. De esto hace ya cuatro
meses, pero hasta ahora nadie se ha remangado para poner en marcha la
ponencia. Eso sí, hay grupos parlamentarios que semana tras semana
acusan al Gobierno de no querer afrontar este asunto, como si fuera el
culpable de que la ponencia no se haya constituido aún. Está claro que se
sienten más cómodos zahiriendo al Gobierno, que resolviendo, en la
ponencia, dónde están exactamente las duplicidades que denuncian y cuáles
son, en consecuencia, las unidades administrativas y los servicios que se
han de suprimir.
En fin, otro tópico del debate público nos sitúa ante la escasa productividad
que se atribuye a las administraciones públicas, en comparación con la que,

9. 9
al parecer, acredita el sector privado. Se trata de un asunto muy delicado,
cuyo cabal desarrollo requeriría varios desayunos como este. Soy partidario
-lo digo sin ambages- de aplicar en las AAPP vascas las técnicas de
evaluación de normas, de políticas públicas y de desempeño del trabajo que
se han ensayado con éxito en otros ámbitos. Pero creo que, ni siempre es
posible medir la actividad del sector público en términos de productividad -
piénsese en la diplomacia o en los servicios de extinción de incendios- ni
resulta factible comparar la productividad de organizaciones que desarrollan
actividades esencialmente distintas, como son las públicas y las privadas.
En cualquier caso, creo necesario hacer notar que la eficacia y eficiencia de
las AAPP vascas está fuertemente condicionada por la legislación básica del
Estado, que encorseta férreamente su organización, su funcionamiento y el
régimen de su personal. No es fácil mejorar el rendimiento de una
institución, cuyas bases organizativas, cuyo personal y cuyos
procedimientos han de sujetarse a lo establecido en una norma dictada por
un tercero.
Como empleados públicos que somos, los miembros de este Gobierno
sabemos que el argumento más convincente radica en el ejemplo. Obras
son amores y no buenas razones. De ahí que el gabinete presidido por el
lehendakari Urkullu arrancase, hace dos meses, con un patente gesto de
austeridad. Se constituyó sobre la estructura más reducida de cuantas ha
conocido el Gobierno vasco desde su refundación en 1980: un lehendakari y
ocho consejeros. Esta apuesta por la sobriedad se ha proyectado
igualmente sobre el resto de las estructuras políticas del Ejecutivo, donde
se ha operado una reducción del 20% de los altos cargos y el personal de
confianza. Todavía hay gente que no se lo cree. Los grupos de la oposición
creen que ocultamos alguna carta y no paran de hacer preguntas y de
solicitar información, convencidos de que antes o después descubrirán la
farsa. Pero no hay tal. En la reducción de altos cargos no hay trampa ni
cartón. Tenemos que hacer lo mismo que el Gobierno anterior con un 20%
menos de altos cargos y personal de confianza.
Pero no solo vamos a menguar de una manera considerable la estructura
política del Gobierno. Nos hemos comprometido, también, a reducir en un
porcentaje similar el conjunto del entramado institucional, fundacional y
empresarial, vinculado, dependiente o adscrito a la Administración matriz
vasca. Para el verano tendremos elaborado un plan de redimensionamiento
que remitiremos al Parlamento.
Y siguiendo con el ejemplo, el próximo día 28 aprobaremos un nuevo
Código Ético y de Conducta que fijará, desde parámetros más ambiciosos
que el actualmente vigente, las pautas de comportamiento que habrán de
respetar los altos cargos y el personal de confianza del Gobierno.
JUSTICIA
La Justicia constituye una pieza esencial de todo Estado democrático. No
hay democracia sin una administración de justicia que garantice una tutela
judicial efectiva, accesible y rápida y asegure una defensa eficaz de los

10. 10
derechos de la ciudadanía y, en especial, de los colectivos más
desfavorecidos y vulnerables.
Pero sería una presunción por mi parte, trasladar a la audiencia la impresión
que la Administración de Justicia en Euskadi está regulada, ordenada y
gobernada por el Departamento que tengo el honor de dirigir. Nada más
lejos de la realidad. La Administración de Justicia constituye una
competencia exclusiva del Estado y el Poder Judicial, según establece la
Constitución, es uno y único, a nivel estatal, correspondiendo su gobierno al
Consejo General del Poder Judicial.
¿Y qué es -se me preguntará- lo que entre tantos y tan relevantes actores
públicos corresponde desarrollar al Gobierno vasco?
Lo que el Tribunal Constitucional definió hace ya varios lustros como la
“administración de la administración de justicia”. Una expresión singular en
la que algunos vieron un eufemismo que aspiraba a dignificar una atribución
irrelevante y otros vieron un sarcasmo que pretendía hacer escarnio,
enfatizando el carácter residual de la competencia.
Al amparo de dicha atribución, el Departamento que dirijo se ocupa de
diseñar, organizar y dotar, en coordinación con los colectivos interesados,
por supuesto, la oficina judicial, la oficina fiscal y el Instituto Vasco de
Medicina Legal.
La amplia parcelación de competencias que tiene lugar en el ámbito de la
Administración de Justicia hace imprescindible poner en marcha cuanto
antes la Comisión Autonómica de Calidad, con el fin de fomentar, implantar
y cumplir, con los objetivos de calidad en cada uno de los partidos
judiciales, mediante la necesaria colaboración y coordinación entre los
agentes implicados.
Durante la presente legislatura, trabajaremos en la consolidación y
estabilización de la nueva estructura organizativa en aquellos partidos
judiciales en los que ya se ha implantado la nueva oficina judicial, así como
posibilitar las implantaciones pendientes.
Consideramos oportuno proponer al Gobierno español modificaciones
legislativas que posibiliten la participación directa del Gobierno Vasco en el
diseño de la planta judicial y las programaciones anuales y creación de
juzgados en Euskadi así como y otra encaminada a que nos permita realizar
una gestión integral del personal transferido.
Sobre este último aspecto me gustaría destacar la necesidad de incorporar
a los Secretarios judiciales al personal trasferido toda vez que la Nueva
Oficina Judicial debe seguir una línea homogénea tanto en la planificación
como en la ejecución de las funciones que tiene atribuida la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma.
El motivo no obedece exclusivamente a una cuestión identitaria o de
reivindicación nacionalista como he tenido ocasión de referirme con
anterioridad en relación a la transferencia en materia de instituciones

11. 11
penitenciarias sino a una cuestión de eficacia y eficiencia en la organización
de los recursos públicos que repercute sin dudad en la calidad del servicio
que se presta al usuario.
La vertiente social del Departamento se seguirá haciendo patente en los
centros educativos situados en el ámbito de la Justicia Juvenil y en el
capítulo de la Justicia Gratuita, que garantiza el acceso a la Justicia a las
personas que carezcan de recursos para litigar.
Y en fin, no quisiera concluir mi intervención sin hacer una referencia a
nuestro compromiso con la mediación, como fórmula de autocomposición,
alternativa a la judicial, para resolver los conflictos jurídicos. Se trata de
una fórmula idónea para ámbitos como el familiar, el civil o el mercantil,
donde el coste afectivo de los pleitos puede quebrar relaciones que conviene
mantener. Será un reto sugestivo promover en la sociedad vasca el
desarrollo de una institución que apenas es conocida entre nosotros,
aunque goza de gran predicamento en Europa, donde desempeña un
relevante papel social.
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