Manual de buenas prácticas para la creación de alternativas de intervención dirigidas a la población drogodependiente en situación de exclusión social: un nuevo paradigma de intervenciónDossier

Manual de buenas prácticas para la
creación de alternativas de intervención
dirigidas a la población drogodependiente
en situación de exclusión social:
un nuevo paradigma de intervención

Diocesana de Bilbao
Bilboko Elizbarrutikoa

Cáritas Diocesana de Bilbao

Médicos del Mundo
Munduko Medikuak

Diocesana de Bilbao

Con la financiación de:

Con la colaboración de:

“Vivir no es sólo existir,
sino existir y crear,
saber gozar y sufrir
y no dormir sin soñar”
Gregorio Marañón

4

Agradecimientos
La elaboración de este Manual de Buenas prácticas para la
creación de alternativas de intervención dirigidas a la población
drogodependiente en situación de exclusión social no hubiera
sido posible sin la inestimable colaboración de muchas personas, que han aportado desinteresadamente su experiencia, su
vivencia y su conocimiento. De todas ellas, este texto es profundamente deudor.

• Ana Fernández de Garayalde Ulacia. Directora del Módulo de

En primer lugar, queremos manifestar nuestro más sincero
agradecimiento a todas las personas usuarias de drogas en situación de exclusión social que han participado en la realización
de las encuestas. Sería imposible mencionarlas todas de forma
individual, pero a todas y cada una de ellas queremos mostrar nuestro reconocimiento por contarnos su historia, pasada y
presente, permitiéndonos identificar desde “el otro lado” claves
para la elaboración de un manual de buenas prácticas

• Bienvenido Presilla Liñero. Presidente. FUNDACIÓN ARGIA.

Asimismo, queremos expresar nuestra gratitud y reconocimiento a todos los y las profesionales que han apoyado la elaboración de este estudio, participando en grupos de discusión o
en entrevistas en profundidad. Siendo conscientes de que el
recurso “tiempo” es uno de los más escasos para desarrollo
de nuestra actividad profesional, no podemos no valorar lo que
ha supuesto su participación y su contribución a este estudio.
Sus nombres y a la entidad a la que pertenecen se señalan a
continuación:

• Mª Cristina Marbella Merino. Psicóloga COMISIÓN ANTISIDA

Asistencia Psicosocial AUZOLAN de Bilbao.

• Ander Zugaza. Responsable de incorporación social de Fundación
ETORKINTZA.

• Aurora Elosegui. Magistrada-Jueza del Juzgado de primera instancia Nº 6 de San Sebastián.

• Fabiola Moreno. Trabajadora Social Hospital de Basurto.
• Igor Santos. Coordinador Área Acompañamiento Social de T4.
• José Juan Uriarte. Jefe de la Unidad de Gestión Clínica de la Red
de Salud Mental en Bizkaia.

• Kepa Eguskitza. Responsable GILTZA-CARITAS.
BIZKAIA.

• María Asunción Garay Arostegui. Coordinadora de Estructuras
Intermedias de la Comarca de Bilbao en la Red de Salud Mental de
Bizkaia.

• María Elena Alberdi. Bidaguren. PSIQUIATRA OSAKIDETZA.
• Mónica Garcia Sirvent. Trabajo Social y Responsable de Recursos Humanos de la Asociación AGIANTZA Elkartea.

• Rafael Cortés Moroy. Responsable Área de asistencia. Fundación Gizakia Fundazioa.

• Tamara Fraiz. Educadora-Responsable Centro de Día Onartu. BIZITEGI.

• Yolanda Pérez. Responsable - Centro de Incorporación Social,
Itzala. SORTARAZI

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Así mismo queremos dar nuestro agradecimiento a los y las
profesionales de las entidades promotoras de este estudio que
han participado, en diferente manera, en su realización. A todas
ellas, gracias por vuestro compromiso y dedicación:

EQUIPO CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO
• Sonia Costillas. Técnica de Intervención del Centro Hontza. Caritas Diocesana de Bilbao (CDB).

• Ana Sofi Telletxea. Socióloga Departamento de Investigación de
CDB.

• Matxalen Somoza. Responsable del Área de Adicciones (20112012) de CDB.
• Elena Morcillo. Educadora Social.
• Iñigo Cortazar. Responsable Centro Hontza. Caritas Diocesana
de Bilbao (CDB).

• Guillermo Ayuso. Responsable del Área de Adicciones de CDB
partir de 2.012.

• Olaia, Mabel, Andrea, Susana, Nerea, Itziar, Jon, Rober,
Mireya. Equipo del centro Hontza de Caritas Diocesana de Bilbao.

EQUIPO MÉDICOS DEL MUNDO - MUNDO MEDIKUAK
• Alessandro Bua. Coordinador del Área de Inclusión Social. Médicos del Mundo / Munduko Medikuak

• María Segador. Educadora de calle Médicos del Mundo / Munduko
Medikuak

• Arianne Antolín. Educadora de calle de Médicos del Mundo / Munduko Medikuak

• Sonia, Eider, Arrate, Milena, María, Txema, Pierre, Adrián.
Equipo de la Sala de Consumo Supervisado. Médicos del Mundo

INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS 01
• Elisabete Arostegui. Investigadora del Instituto Deusto de Drogodependencias. Universidad de Deusto.

• Izaskun Sarabia. Investigadora del Instituto Deusto de Drogodependencias. Universidad de Deusto.

Finalmente, queremos agradecer al Departamento de Empleo
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco que ha financiado esta
investigación. Gracias a esta ayuda y a la aportación de Cáritas
Diocesana de Bilbao y Médicos del Mundo / Munduko Medikuak
no hubiera sido posible realizar este trabajo.
Mila esker guztioi!

01

Responsables de la redacción de este Manual de Buenas
Prácticas, planteamiento metodológico, diseño de
instrumentos, análisis de datos y asesoramiento técnico.

6

Índice
Presentación

09

Estructura del documento

11

Justificación y antecedentes

12

PARTE I: Marco conceptual y legislativo

14

MARCO CONCEPTUAL: CONCEPTOS CLAVE

15

Exclusión social
Exclusión social y género

Capital relacional y su vinculación con los procesos de exclusión e
inclusión
Importancia de los procesos individualizados. Los itinerarios personalizados de trabajo y
la recuperación de los dinamismos vitales.

15
16
17
17

Baja exigencia

18

Reducción de riesgos y daños

19

Consumo crónico y abstinencia inviable coyuntural

19

Drogodependencias y cultura. Estigma en drogodependientes.

20

Patología dual

20

Procesos de incapacitación y tutelaje

21

Incapacitación
La tutela

MARCO LEGISLATIVO

21
24
25

Las leyes

25

El VI plan de adicciones:ampliar el enfoque para abordar el fenómeno
de las adicciones

25

PARTE II: Investigación cuantitativa y cualitativa: análisis de
resultados

26

Objetivos

27

METODOLOGÍA

28

Tipo de investigación

28

Hipótesis de trabajo

28

Universo, muestra y selección de la muestra

29

7

Proceso de selección de la muestra

29

Instrumentos utilizados para la recogida de información

30

Trabajo de campo

31

ANÁLISIS CUANTITATIVO

32

Aspectos sociodemográficos

32

Situación administrativa

33

Consumo actual

34

Situación sanitaria

36

Situación judicial

36

Proceso de normalización

36

ANÁLISIS CUALITATIVO

38

Respecto al perfil

38

Reducción de daños

40

Cronificación y “normalización”

40

Necesidades

Problemas

41
41
42
42
42

Situación de crisis

43

Incapacitación

44

Ámbito laboral
Vinculación con los y las usuarias
Acompañamiento - trabajo desde la cronicidad

PARTE III: Manual de buenas prácticas

46

Principio de atención personalizada

47

Principio de integralidad

47

Principio de protagonismo

48

Principio de intervención comunitaria

48

Principio de calidad

48

Sugerencias a las administraciones públicas

49

PARTE IV: Fichas de recursos

60

Ficha nº1: Centro de incorporación social

62

Ficha nº2: Proyecto residencial de larga estancia dirigido a personas sin hogar con
alguna adicción en activo, principalmente drogodependencia

64

Ficha nº3: Centro de Atención Integral a mujeres consumidoras de drogas ilegales
víctimas de violencia de género

67

Bibliografía

69

8

Presentación
Desde la misión de las dos entidades que lideran este estudio,
Cáritas Diocesana Bilbao (CDB) y Médicos Del Mundo (MDM),
creemos firmemente en la persona como valor y como titular
de derechos, y articulamos nuestro trabajo diario en torno a la
necesidad de garantizar y hacer efectivos los derechos fundamentales de aquellas personas o colectivos que se encuentran
en riesgo o en situación de exclusión social.
Este estudio parte de la preocupación por la realidad tan compleja y cambiante en la que vivimos, trabajando desde la comprensión de los procesos de marginación y exclusión que afectan a las personas vulnerables de nuestra sociedad, en busca
de ofrecer unas pautas que mejoren la intervención con este
colectivo.
La necesidad de atención a las personas en situación de grave
exclusión y con problemas de uso y/o abuso a drogas ha sido,
entre otras cuestiones, una de las que hace tiempo detectó y
atendió la sociedad civil organizada, o lo que llamamos Tercer
Sector, porque lo cierto es que la respuesta a las necesidades
sociales la han liderado históricamente las entidades sociales,
mucho antes de que lo hicieran los poderes públicos.
El hecho de no perseguir fines de lucro, la flexibilidad y/o capacidad de adaptación a la realidad cambiante, su contacto con
las personas en exclusión social y el conocimiento directo de su
problemática, así como la capacidad de captar recursos y movilizar al voluntariado, han favorecido que el Tercer Sector haya
ido participando cada vez más en el desarrollo de un conjunto
de prestaciones y servicios que, con el paso del tiempo, han
sido parcialmente incorporados en la red pública de servicios
sociales. De esta forma, se han configurado nuevos derechos
sociales para la ciudadanía y obligaciones para las administraciones públicas.
Sin embargo, el desarrollo del sistema de protección social destinado a cubrir necesidades sociales y sanitarias de las perso-

nas en situación de exclusión social adolece de diferentes debilidades, que terminan desplegando sus efectos negativos sobre
los colectivos destinatarios y, en este caso, sobre las personas consumidoras de drogas ilegales en situación de exclusión
social. Desde la experiencia directa de Cáritas Diocesana de
Bilbao y Médicos del Mundo / Munduko Medikuak con este
colectivo, se ha observado una modificación progresiva de sus
características sociosanitarias y necesidades asistenciales a lo
largo del tiempo, aumentando de forma significativa la superposición de distintos factores de exclusión social que, a su vez,
se han ido cronificando con el tiempo. Entre ellos, asumen gran
relevancia las distintas patologías mentales (en muchos casos
crónicas y también sin diagnosticar), que son especialmente
frecuente entre las personas sin hogar/en exclusión: éstas generan por un lado mayores dificultades a la hora de acceder a
los servicios y recursos existentes, y por el otro caracterizan
una intervención plena de obstáculos de difícil superación para
el equipo profesional.
Frente a estas circunstancias, la red de atención a las adicciones se ha adaptado a las necesidades cambiantes de forma asimétrica y no siempre con todo el dinamismo que cabría
esperar, mostrando en ocasiones la persistencia de una visión
victimizadora y pasiva del colectivo drogodependiente. Esta
perspectiva deriva de la construcción social de la imagen de
la persona consumidora y del correspondiente estigma, que sitúan a las personas con adicciones al margen del sistema social
y plantean una serie de medidas asistenciales que no miran al
desarrollo de capacidades y habilidades subjetivas orientadas
a la incorporación social, sino que terminan fomentando una
postura asistencial y de demanda por su parte.
En este sentido, es imprescindible superar determinadas actitudes y entender que la adicción constituye una problemática
compleja y multidimensional, en la que convergen factores de
carácter social y sanitario, a la que se debe atender desde dife-

9

rentes niveles de intervención, que reúnan tanto al ámbito social
como a las mismas administraciones públicas. Sin embargo,
las inercias institucionales, algunas leyes y procedimientos, así
como la falta de instrumentos adecuados para un trabajo compartido, apuntan a una distancia significativa entre el discurso
político y la realidad cotidiana: a pesar de lo expresado en la
norma, no se percibe en el sector un apoyo real y continuo por
parte de la administración ni la dotación de medios suficientes
para que ese desarrollo legislativo se pueda realizar, de facto,
de la manera más adecuada.
Por nuestra parte, como agentes participantes en la aplicación
de estas políticas públicas, entendemos la necesidad y la importancia de cumplir nuestras funciones, responsabilidades y
compromisos sociales: identificar las necesidades de los colectivos en exclusión social, atenderlas y visibilizar su situación
para exigir a la administración pública que cumpla con sus obligaciones sociales, proveyendo los servicios adecuados para su
atención dentro de la red sociosanitaria pública. En este marco,
somos conscientes de las limitaciones de nuestra intervención,
que sólo puede ser concebida como un “puente” entre la necesidad social detectada y la asunción de la responsabilidad por
parte de las instituciones competentes. Aún así, entendemos
que nuestra intervención, mientras siga siendo necesaria, tiene
que contemplar mecanismos de mejora continua, adaptando
las prestaciones y servicios a las necesidades cambiantes del
colectivo destinatario. Cabe esperar que, por nuestras características, seamos quienes hagamos las propuestas de intervención, que realicemos los estudios necesarios desde el análisis
de la realidad, dado que somos quienes estamos en continuo
contacto con las personas en exclusión, y tenemos la responsabilidad social de proveer a la administración de modelos efectivos y eficaces de actuación, capaces de adaptarse a los retos y
necesidades de salud de la población destinataria.

Este Manual es la concreción de esta idea y el resultado de la
asunción de un compromiso contributivo de algunas de las y
los responsables de la ejecución de las políticas públicas: Cáritas Diocesana de Bilbao y Médicos del Mundo / Munduko
Medikuak; un documento de buenas prácticas que supone la
aportación de ambas entidades al sistema público de servicios
sociales dirigidos a la población en situación de alta exclusión
en un momento tan crítico como el que está viviendo la ciudadanía de nuestro contexto.
Esta propuesta, basada en la experiencia de trabajo con el mencionado colectivo por parte de las dos entidades, se plantea
proponer diferentes estrategias y modelos de atención específicos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas
drogodependientes en exclusión social desde unos parámetros
de mayor “eficiencia”, entendida como la adecuación y mejora de la oferta asistencial y que oriente realmente los servicios
hacia la cobertura de las necesidades globales de las personas
que se acercan a los recursos de baja exigencia.
Por otro lado, y también en lo relativo al compromiso que adquieren con la Administración Pública y la sociedad en general
los servicios del Tercer Sector, este documento persigue alimentar la reflexión sobre la necesaria revisión y actualización
del modelo de intervención en materia de drogodependencias,
concretamente con relación a las políticas y actuaciones en Reducción de Daños que se desarrollan en los recursos de baja
exigencia. Desde aquí, las entidades promotoras del estudio
invitan a todas y todos los profesionales relacionados con el trabajo dirigido al colectivo de estudio, así como a las Administraciones Públicas, a profundizar en un debate necesario que no
puede verse condicionado ni limitado por la coyuntura actual.

10

Estructura del documento
Este Manual de Buenas Prácticas consta de cuatro partes. En
la primera se hace referencia a los conceptos básicos sobre
los que surge la reflexión inicial y que integran, a la postre, el
modelo teórico de referencia o punto de partida. Junto a éste
se sitúa la legislación que ampara una búsqueda activa de las
vías que permitan desarrollar efectivamente una normativa que
resulta, sin duda, más evolucionada en su planteamiento que
en su concreción. Tanto el marco teórico como el legislativo
constituyen los pilares sobre los que se sustentan las recomendaciones de mejora.
En un segundo término, y en aras a optimizar la atención que
cabe dispensar en los centros de atención a las personas usuarias de los mismos, resultaba preciso mostrar un diagnóstico
del perfil y de las necesidades que resta cubrir. Para ello se
presenta el análisis de los datos provenientes de las encuestas aplicadas a las 111 personas, 89 hombres y 22 mujeres,
que voluntariamente quisieron ofrecer su testimonio en torno
a determinados aspectos relacionados con su propia situación
de exclusión social 02 y sus opiniones en cuanto a los servicios. Esta información ha permitido establecer una imagen del
perfil de la persona a la que se dirigen las recomendaciones
finales de esta guía, tomándolo, en cualquier caso a modo de
referencia, por cuanto que partimos de la consideración de que
coincidiendo en muchos puntos con aspectos comunes al colectivo, la adaptación de la oferta asistencial a cada persona y
circunstancia es un principio en la filosofía de las entidades que
impulsan la redacción de este Manual.

sionales que, a través de entrevistas individuales y/o mediante
su aportación en grupos focales, han enriquecido el diagnóstico
dotándolo de un carácter técnico y operativo.
Los anexos y apéndices de este Manual muestran de forma más
detallada y gráfica los resultados concretos de cada pregunta
formulada a las personas usuarias encuestadas, los testimonios literales de las y los profesionales, así como las preguntas
formuladas a unos y otras y que constituyen las herramientas
de acceso a su realidad.
Todo este trabajo ha permitido la elaboración de una serie de
recomendaciones que integran el denominado Manual de Buenas Prácticas para la creación de alternativas de intervención
dirigidas a la población drogodependiente en situación de exclusión social: un nuevo paradigma de intervención. Este Manual constituye la tercera parte de este estudio.
Finalmente, la reflexión proveniente de la bibliografía, la teoría,
los datos hallados y las aportaciones del conjunto de profesionales, unidas a la experiencia de las personas que han impulsado este trabajo, ha dado lugar a la elaboración de tres fichas
técnicas de recursos “ideales” o considerados potencialmente
más adaptados a la realidad diagnóstica en términos imaginarios.

La valiosa información ofrecida por las personas encuestadas
en torno a su situación y sus necesidades se complementa en
este apartado con los discursos vertidos por diversas/os profe-

02

Dada la gran cantidad de tablas y gráficos elaborados
a partir de la información obtenida mediante los
cuestionarios, se presenta dentro de este informe
un resumen de la misma en el apartado del análisis
cuantitativo, mientras que el Anexo contiene la
elaboración y análisis completo de todas las variables
incluidas en el cuestionario.

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Justificación y antecedentes
Este estudio de investigación surge gracias a la iniciativa conjunta que las entidades
Cáritas Diocesana Bilbao y Médicos del Mundo/Munduko Medikuak. Las entidades que lideran este proyecto desarrollan, entre otros, diversos programas de reducción de daños en el ámbito de las drogodependencias concebidos para dar respuesta a
un colectivo de personas usuarias de drogas que suman, además, una serie de características personales, sociales, familiares, etc. que les dificultan en mayor medida que
a otras la realización de procesos terapéuticos “al uso” o de corte más tradicional. El
motivo de este handicap radica en el sumatorio de elementos o factores de exclusión
que estas personas acarrean y que les sitúan en una posición de mayor desventaja
y dificultad frente a otras personas usuarias de drogas que, por ende, parten de una
posición diferente, más posibilista, respecto al logro del objetivo de la incorporación o
normalización social.
Abundando en esta idea, la constatación en las memorias anuales de las altas tasas
de recaídas y el notable porcentaje de expulsiones, achacadas a la “inadaptación” de
las personas usuarias a la normativa del centro, pone de manifiesto la existencia de un
número amplio de personas con trastornos adictivos que no “encajan” en los recursos
disponibles.
Con el tiempo se ha comprobado que esta inadecuación mutua que han mostrado
usuarios/as y recursos ha fomentado una espiral de intentos, recaídas, expulsiones,
fracasos, gran nivel de frustración, ingresos hospitalarios (deshabituación, psiquiatría,…), y el agravamiento de la situación de exclusión, o dicho de otro modo, factores
tales como la concomitancia de otras patologías (mental, sanitaria, etc.), la cronificación del perfil, un mayor deterioro físico-psíquico, el progresivo envejecimiento, así
como la falta de apoyo familiar, social y otro gran número de carencias de diverso orden fomentan, de hecho, la inmersión de la persona en una espiral de grave exclusión,
lo que a su vez dificulta, si no imposibilita per se, el cumplimiento de las exigencias de
un proceso de tratamiento del abuso de drogas “al uso”.
Sin negar la eficacia de este estilo de atención, ideal para determinados perfiles de
usuarios y usuarias de drogas, parece posible afirmar que algunos de estos dispositivos no poseen en su estructura, concepción o modo de trabajo los elementos que
pudieran favorecer o potenciar la vinculación de las personas más excluidas al proceso
de incorporación social.

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Por otro lado, y en un sentido positivo, resulta igualmente cierto
que esta realidad ha favorecido el replanteamiento de la concepción asistencial por parte de muchos recursos y/o profesionales de los mismos.
Desde la necesidad de ofrecer una atención a este sector poblacional que presentaba cada vez más dificultades de adaptación a los recursos, más deterioro social, personal, estructural,
etc. surgieron entidades como Cáritas Diocesana Bilbao o Médicos del Mundo, que tradicionalmente han asumido el trabajo
sobre los denominados objetivos intermedios en el abordaje de
la toxicomanía. Desde la consolidación de esta filosofía de trabajo y la observación diaria de las personas usuarias de estos
recursos, ambas entidades se plantean la necesidad actual de
ir más allá, puesto que sigue habiendo un colectivo de personas toxicómanas que acumulan un gran número de factores de
riesgo de exclusión y para quienes los programas de objetivos
intermedios tampoco resultan eficaces.
El planteamiento de la creación de nuevos modelos de intervención, de nuevos recursos o de la adaptación de los mismos
a las necesidades de este colectivo consumidor de drogas que
se sitúa en el extremo más marginalizado del itinerario de exclusión, se realiza desde una perspectiva eminentemente social pero plenamente imbricada en el espacio sanitario, lo cual
encaja plenamente en la filosofía, los valores y la misión de las
entidades implicadas en la confección de este Manual.
Desde esta perspectiva innovadora, el presente documento
se propone contribuir a la generación de conocimiento para la
intervención social en la medida en que describe las nuevas

necesidades asistenciales de un sector poblacional caracterizado por una grave situación de exclusión social, toda vez que
permite observar el nivel de adecuación de la red de recursos
destinados a su atención. Así mismo pretende abarcar, no sólo
las necesidades de carácter social, sino también las de índole
sanitaria en el intento de ir configurando y definiendo el espacio
sociosanitario; una respuesta integral a una nueva realidad.
Finalmente, y más allá de los compromisos adquiridos con el
ente financiador, las personas participantes en este estudio coincidimos en asumir gustosamente la “obligación” profesional
de acercarnos a la realidad sobre la que deseamos intervenir
con la mayor objetividad posible, de forma que orientemos las
intervenciones a partir de las evidencias, de las teorías contrastadas y de las posibilidades reales que nos ofrece nuestro
medio, no sin antes dejar constancia de la necesidad del Tercer
Sector de continuar implementando políticas de calidad como
herramientas de gestión para la mejora de los servicios ofertados. De este modo se garantiza la consecución de objetivos
tales como la satisfacción e intereses de las personas usuarias,
la satisfacción y motivación de los y las profesionales, la estandarización de procedimientos y procesos eficaces y eficientes
y el cumplimiento de un proceso continuo de autoevaluación y
mejora de los itinerarios a través de los seguimientos realizados tras su implantación, los cuales forman asimismo parte de
la propia calidad, los cual manifestamos en plena coincidencia
con el argumento de Calvo, De Lucas, Pozo, y López (2007).

13

PARTE I

Marco conceptual y legislativo
14

PARTE I - Marco coneptual y legislativo

PARTE I:
Marco conceptual y legislativo
Marco conceptual: conceptos clave
Teniendo en cuenta el perfil potencial de las personas interesadas en este Manual, no consideramos necesario iniciarlo
con una extensa explicación en torno a la evolución del concepto de Exclusión social, que ha adquirido un papel primordial y creciente en los últimos tiempos, ni demorarnos excesivamente en describir las políticas de Reducción de Daños
en drogodependencias, dado que se aplican en nuestra comunidad desde hace varios años. Sobre ambos conceptos
girará el contenido de este documento.
Desde esta premisa se analizan a continuación los términos y definiciones que CDB y MDM asumen como puntos de
partida conceptuales referentes en su actividad y que suponen el punto de partida de este Manual de Buenas Prácticas.

01. Exclusión social
Se entiende por exclusión social el “proceso mediante el cual
los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de
una participación plena en la sociedad en la que viven”. Tal proceso, opuesto al de “integración social”, da lugar a una privación múltiple que se manifiesta en los planos económico, social
y político (European Foundation, 1995:4).
La exclusión social exige una concepción que incluya la naturaleza dinámica, multidimensional y heterogénea del fenómeno
que afecta negativamente a los diferentes aspectos del desarrollo humano, no sólo a los materiales (Pérez de Armiño e Izagirre, 2005).
La complejidad y el carácter dinámico de este fenómeno ha
favorecido diversas teorías y denominaciones como la de De
Haan y Maxwell, 1983; García Roca, 1998; Harwin y Fahth,
1998, o la más actual de FOESSA de 2008, pero en todas ellas
existe cierto consenso a la hora de valorar las dimensiones comunes del mismo, incluyendo necesariamente la existencia de
dificultades en el eje económico, estructural o de los recursos
(empleo, ingresos, privación), en el eje político de la ciudadanía, de sus derechos, la afectación de su área contextual o social (derechos políticos, educación, salud y vivienda) y en el eje
de las relaciones sociales, una dimensión subjetiva o personal.

En 2011, el Gobierno Vasco elabora un documento en el que
destaca la importancia que otorga en la situación de exclusión
a la disponibilidad de determinados recursos que mencionaremos de inmediato. Establece, pues, que están en situación de
exclusión social, no en riesgo de, las personas que mantienen
unas condiciones de vida y convivencia afectadas por múltiples
déficits y carencias que persisten en el tiempo y que al acumularse provocan la existencia de una situación directamente
relacionada con los:

Recursos personales:
Vinculados a las competencias, habilidades sociales, a los dinamismos vitales,
los vinculados a la salud-dependencia-discapacidad, a la formación, la
información para el acceso a los recursos de protección social y las habilidades
para el acceso y mantenimiento del empleo.

Recursos relacionales:
Vinculados a la provisión de apoyo social para la vida cotidiana y al desarrollo
de la vida social.

Recursos materiales:
de alojamiento, económicos, etc.

15


Este excelente documento desarrollado en nuestro contexto
más cercano permite conocer las dimensiones y grados de la
exclusión social e incluye una herramienta operativa con vocación de ser común a la hora de determinar y/o realizar un
diagnostico social del punto de ese proceso en el que se halla
cada persona.
En el caso de que se considere que la persona se encuentra
en situación de Exclusión Social, también cabe determinar la
intensidad de dicha situación, puesto que la exclusión social se
puede dividir en tres zonas:

EXCLUSIÓN SOCIAL LEVE
Las dinámicas de exclusión están comenzando a actuar y en
un futuro la capacidad o posibilidad de ejercer los derechos sociales se puede ver comprometida. Se constata la merma en
la disponibilidad o desarrollo de recursos personales, sociales,
relacionales y económicos para hacer frente a situaciones en
las que las personas precisamos de los referidos recursos.

EXCLUSIÓN SOCIAL MODERADA
La capacidad o posibilidad de ejercer los derechos sociales se
está viendo comprometida. Se sitúan en este nivel de intensidad las personas que presentan un deterioro o la desaparición
de sus recursos personales, sociales (vínculos y relaciones que
permiten dar respuesta a sus necesidades) y económicos.

EXCLUSIÓN SOCIAL GRAVE
En este grado se encuentran las personas imposibilitadas
para el ejercicio de los derechos sociales en su condición de
ciudadano/a por carecer de los recursos personales, sociales o
económicos imprescindibles para ejercer estos derechos.
La integración por el trabajo se ha roto. Se manifiesta a través de un acoplamiento interpersonal inefectivo, un ajuste inefectivo entre la capacidad de desenvolvimiento autónomo y el
apoyo social disponible; significa no contar para nada, no ser
considerado/a útil a la sociedad, ser descartado/a de la participación y sobre todo, sentirse insignificante.

01.1. Exclusión social y género
Una adecuada comprensión de la exclusión social y de las dinámicas que la producen y reproducen no puede prescindir de
la incorporación de la perspectiva de género, entendida como
una categoría de análisis que permite observar cómo los sistemas socioculturales construyen desigualdades a partir de la
diferencia sexual (Scott, 1996). Este enfoque supone estudiar
cómo, en un determinado contexto normativo, social, económico, político y cultural, se organizan las relaciones entre mujeres
y hombres, cuáles son los roles sociales que desempeñan y
cómo se articulan las relaciones de poder entre los sexos.
En el ámbito de la exclusión social, este enfoque adquiere una
importancia fundamental en tanto que permite comprender los
procesos socioculturales que fundamentan determinadas desigualdades sociales. Por lo tanto resulta necesario introducir
este eje de análisis no sólo en la comprensión de las causas y
las manifestaciones de las situaciones diferenciales de exclusión social entre mujeres y hombres, sino también en la planificación de la intervención dirigida a colectivos en situación de
exclusión social.
Las principales desigualdades que siguen manteniéndose entre hombres y mujeres, señalan Fundación Peñascal y Federación Sartu (2010) afectan a cuestiones relacionadas con el
acceso al empleo y a condiciones laborales desiguales; al ámbito educativo, donde sigue habiendo una segregación en los
estudios que cursan relacionados con los estereotipos de género y se encuentran con muchas dificultades por cuestiones de
género en el desarrollo de su carrera profesional; a la asunción
principal de la mayor parte del trabajo doméstico y el cuidado
de la familia, limitando sus posibilidades de acceso a puestos
de responsabilidad; las desigualdades en salud. Las mujeres
tienen una peor percepción de su salud, tienen más probabilidades de contagiarse en sus relaciones heterosexuales y más
probabilidades de sufrir agresiones y lesiones como víctimas de
la violencia de género y, finalmente, se evidencia la inequidad
que aún persiste en la toma de decisiones y la participación política de las mujeres, donde todavía queda mucho por avanzar.
Desde la aceptación de lo expresado en el párrafo antecedente,
la llamada feminización de la exclusión no parece manifestarse
tanto en su dimensión cuantitativa, sino más bien de manera
cualitativa. De este modo, a partir de ciertos estudios de condiciones de vida de la población excluida se deriva que algunos
tipos de hogar encabezados por mujeres presentan claramente
un mayor riesgo de exclusión social que el resto. Por otro lado,

16


las causas que llevan a las mujeres a la exclusión social, el
tipo de situaciones vividas y los mecanismos para salir de ellas
son altamente diferenciables. Mientras que las causas identificadas en los varones tienen que ver con el empleo, la discapacidad o las drogodependencias, en los hogares encabezados
por mujeres se identifican como factores desencadenantes las
situaciones familiares de riesgo (abandono por parte de los progenitores, su muerte durante la infancia, separación, divorcio o
muerte del cónyuge, problemas económicos graves en la familia); duras condiciones de salud (enfermedad o discapacidad);
situaciones de agresión, violencia sexual, malos tratos (físicos
y psíquicos) y, por último, situaciones de conflictividad personal
(ingreso en prisión o en instituciones para menores y el abandono o fuga del hogar de origen), (FOESSA, 2008).

02. Capital relacional y su vinculación
con los procesos de exclusión e
inclusión
“La exclusión social deteriora los vínculos, las comunidades,
la constitución del sujeto y sus marcos de sentido”, y desde
FOESSA (2008) cada vez son más conscientes de la importancia de estos factores de desarrollo social y, en especial, de su
papel en los procesos de empoderamiento de las personas en
situación de exclusión. Existe un acuerdo masivo entre profesionales respecto a que las personas en situación de exclusión
pierden relaciones y ven deteriora su capacidad para establecer
nuevos vínculos. La experiencia de la exclusión produce experiencias extremas de confianza y desconfianza
Esta misma Fundación entiende por capital social el conjunto de
relaciones y pertenencias del sujeto que tienen influencia en su
capacidad económica porque, como también expresan Subirats
y otros (2004), existen claras conexiones entre la posición que
los individuos ocupan en el mercado y las redes sociales y familiares disponibles. Esto último se llama a menudo el «capital
relacional» entendido como un activo más, junto al económico
o el formativo, a la hora de explicar la posición en que se hallan
las personas y/o los grupos sociales en la sociedad o en sus
distintos campos o espacios de intercambio.
En esta nueva visión de la inserción social se
enumeran cinco criterios básicos para la adecuación a la realidad social de las personas
con las que se interviene:

03. Hay que ofrecer recursos de calidad:

entendiendo por un servicio de calidad el que
está orientado a satisfacer las necesidades de
la persona usuaria, el que se encuentra en una
mejora continua y en el que la calidad es una
parte consustancial a la identidad de la organización /entidad.

02.1. Importancia de los procesos
individualizados. Los itinerarios
personalizados de trabajo y la recuperación de
los dinamismos vitales
Muy relacionado con el punto anterior - puesto que el capital
relacional resulta fuertemente afectado por la exclusión en la
vertiente subjetiva - Bell Adel (2002), plantea que si los itinerarios de exclusión son personales, familiares y a veces grupales,
pero su origen es básicamente estructural, será necesaria una
intervención que a la par que transforma los aspectos estructurales plantee una forma de intervención individual, personalizada.
Estos elementos subjetivos afectados aluden a la personalidad,
a las situaciones personales relacionadas con la ausencia de
afecto y amor, la falta de comunicación, la ausencia de expectativas, etc. que debilitan y erosionan los dinamismos vitales:
la afectividad, la confianza, identidad, reciprocidad, autoestima,
etc. dando lugar a la pérdida de significaciones y sentido de la
vida, a una ausencia de expectativas y a una sensación de pérdida futuro. Todas estas situaciones acentúan las estructuras
de impotencia que derivan en anomia, pasividad, abandono de
todo intento de superación, y desenganche de los procesos de
socialización.
Renés (2005) por su parte, profundiza en la importancia de las
intervenciones profesionales que se desarrollan con las personas en exclusión social. El autor afirma que la inserción social
no se ha de considerar como una consecuencia resultante de
determinados recursos, sino que el propio proceso de inserción
exige pensar más en términos de itinerarios, es decir, más en el
camino que en la meta. “Por ello resulta imprescindible romper
con la fragmentación de la intervención en una concepción que
considere, que si bien las problemáticas concretas constituyen
ejes posibles de intervención, como por ejemplo el trabajo, la
intervención debe actuar sobre el conjunto de causas y factores
que operan en el problema”.

01. Las personas en situación de
exclusión social deben de considerarse
sujetos activos del proceso: siendo los
y las profesionales quienes deben de
estar para ayudarles a hacer, no quienes
hagan.

02. Se debe trabajar en red desde la com-

04. Hay que establecer un trabajo

05. Se debe construir en el proceso una

basado en el acompañamiento: esta es la
tarea principal que ha de estar presente durante el conjunto del proceso de
inserción social.

plementariedad: es decir, que los programas
dirigidos a la inclusión social hagan red complementaria con otros agentes, pensando y
realizando en red los objetivos, los recursos
y los roles.
comunidad acogedora y accesible: es decir,
que el trabajo de las entidades dedicadas
a la inserción social modifique el entorno
donde se pretende insertar a las personas en
exclusión social con las que se trabaja.

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03. Baja exigencia
El concepto de “baja exigencia”, íntimamente unido al de “reducción de daños”, surge
en Europa a finales de la década de los 80 y principios de los 90 unido a los nuevos
modelos de intervención en el área de las drogodependencias.
Parte de la consideración de que la persona drogodependiente dispuesta a desintoxicarse debe disponer de recursos que se lo faciliten, pero quien no quiera o no se vea
capaz de aceptar una desintoxicación, también debe contar con los dispositivos necesarios para sobrevivir, y para ello es necesario crear recursos de baja exigencia (bajo
umbral) que ofrezcan asistencia médica y social de base.
La optimización y adaptación del trabajo a las necesidades de la baja exigencia, sugiere Bascuñan (2011), requiere relacionar entre sí a los/as diferentes agentes de la
intervención: el usuario o usuaria, el centro y el o la profesional.
La Baja exigencia no debe suponer, en ningún caso, renunciar a conseguir progresos
en la incorporación de estas personas a los centros o servicios que permitan superar
su situación, pero tampoco es condición sine qua non para continuar recibiendo los
mínimos asistenciales. Debe ser una oportunidad para motivar y, siempre que sea
posible, iniciar procesos de mejora en la situación de estas personas que les permitan
utilizar recursos más normalizados. Aun cuando en los centros y servicios de Baja Exigencia los procesos sean más largos y lentos, no pueden constituir el final de trayecto.
A nadie se le debe considerar como una persona usuaria permanente e indefinida,
independientemente de sus características y su situación personal al acceder al centro
o servicio, ni se puede renunciar nunca a conseguir objetivos de mejora de su situación.
Son perfiles de alta cronicidad que no quieren ayuda del colectivo profesional o que
tienen con éste relaciones instrumentales viciadas por cantidad de discursos aprendidos, pero no consecuentes ni realistas. La persona que acepta acudir a un centro de
baja exigencia da un primer paso en su proceso de cambio, es un punto de inflexión,
una decisión que se toma como consecuencia de alguna circunstancia especial, por
ejemplo el empeoramiento del estado de salud o el “enganche” con algún/a profesional
en calle (Pérez, Nogales, Velázquez, 2012).
Como señala Bascuñan (2011), la atención de estos perfiles implica un gran esfuerzo
por la parte profesional, pero también entraña una exigencia a la persona usuaria, pero
siempre teniendo en cuenta sus tiempos, sus necesidades y sus deseos, aceptando
que han elegido caminos difíciles de los que a veces no se sale, pero sin olvidar nunca
que los recursos de baja exigencia no impiden la implementación de planes de trabajo.

18

04. Reducción de riesgos y daños
La Reducción de riesgos y Daños surge como concepto y estrategia de intervención en los años 80 ante los problemas derivados del consumo de drogas en personas en situación de
exclusión social.
Los Programas de Reducción de Daños (PRDs) basados en el
“Mersey Model of Harm Reduction”, que sientan las bases de
intervención profesional, establecen como metas las siguientes
(Ashton y Seymour, 2010):
A.- Aumentar la calidad de vida de las personas consumidoras
de drogas, es decir, mejorar el estado de salud y la situación
social del colectivo.
B.- Disminuir la transmisión de la infección por VIH, VHB y VHC
desde, entre y hacia las y los usuarios de drogas.
C.- Incrementar la toma de conciencia de estas personas sobre
los riesgos y daños asociados a su consumo.
D.- Disminuir o eliminar los riesgos y daños asociados al uso
de drogas, así como las conductas sexuales de riesgo entre las
personas consumidoras.
E.- Fomentar y favorecer la aparición de conductas exentas de
riesgo frente a la infección por VIH, VHB y VHC.
En definitiva, la reducción de daños es un conjunto de intervenciones preventivas, sanitarias y sociales que tienen por finalidad minimizar los riesgos por el uso de alcohol, drogas psicoactivas y psicofármacos, así como reducir los daños que pueden
causar sus consumos abusivos. Estas intervenciones entre las
poblaciones vulnerables o sometidas a situaciones de riesgo

debido al uso de alcohol y drogas - sean usuarias eventuales o
crónicas de las mismas - se proponen informar sobre las conductas inapropiadas, riesgosas y peligrosas en el uso de esas
sustancias, así como habilitar y otorgarle competencias a aquellas personas y a sus entornos familiares, sociales e institucionales para recomendar y gestionar las conductas adecuadas
a cada situación. Asimismo, estas intervenciones preventivas
deben hacer disponibles los recursos necesarios y los entornos
apropiados para no inducir conductas inadecuadas y, en cambio, promover comportamientos de autocuidado (Mino, 2000).

05. Consumo crónico y abstinencia
inviable coyuntural
El concepto de cronicidad se basa en varios criterios. El primero
el diagnóstico, ya que algunos diagnósticos tienen precisamente como criterio la larga duración. También la propia duración,
ya porque sea larga o porque pase por recurrencias frecuentes.
El nivel de discapacidad, es decir, la afectación para la actividad
personal, social o laboral ha sido otro criterio considerado.
Actualmente el reto de las intervenciones en drogodependencias consiste en concretar las variables relacionadas con su
efectividad (tanto las relativas a la persona usuaria como al propio tratamiento) y conocer los factores de cronicidad en ellas,
entendidos como aquellos que impiden mejorías sustanciales
durante los tratamientos y permitirían la completa autonomía
personal, determinando así las mejoras en el diseño y atención los programas de tratamiento para disminuirla (Fernández,
2004).

19


En el ámbito del consumo de drogas ilegales de larga duración (especialmente en el
caso de las inyectadas), la cronificación en el consumo suele acompañarse de una cronificación de la situación de exclusión social, que entendemos como la pérdida de una
serie de capacidades y habilidades subjetivas junto con un deterioro significativo de las
condiciones de salud que impiden –aunque sea de forma transitoria- la posibilidad de
establecer un itinerario de inserción basado en los canales tradicionales de la inclusión
social. En estos contextos la abstinencia puede convertirse en un horizonte demasiado
alejado de las condiciones personales y sociales de la persona consumidora.

06. Drogodependencias y cultura. Estigma en
drogodependientes
“El consumo de las drogas sólo puede entenderse si se estudia el contexto social y
cultural en el que vive el consumidor, (...) la aceptación de las drogas varía mucho de
una cultura a otra”

“El objetivo fundamental de los programas de
prescripción diversificada e individualizada
de agonistas opioides, es atraer y retener a los
drogodependientes gravemente afectados al
sistema público de salud, con el fin de reducir
los daños derivados del consumo de drogas:
abandonar el consumo de heroína ilegal,
prevenir las enfermedades transmisibles por vía
intravenosa y/o sexual, mejorar la salud física,
psíquica y la integración social. En definitiva,
mejorar su calidad de vida e integrarles
progresivamente, si el caso, en un proceso de
cambio no dirigido necesariamente hacia la
abstinencia sino hacia la modificación de hábitos
y comportamientos ligados al consumo”. (PEPSA,
s/f)

Torrens 1995: 9

El campo de las drogas es uno de los ámbitos de la vida social que está más sujeta a
estigmatizaciones y prejuicios. A lo largo de la historia, las distintas sociedades han ido
desarrollando una serie de códigos de valores y actitudes hacia las drogas, en algunos
casos aceptando e integrando las que le son propias, (el alcohol y el tabaco) y en otros
rechazando las que le son ajenas (opiáceos, cocaína, cannabis, etc.), (Rengel, 2005).
Esta distinción no tiene ningún fundamento desde el punto de vista del daño social, de
la nocividad o de la dependencia. (Cymerman, Touzé, Rossi, 1996).
Para la gran mayoría de la población, incluidos los propios usuarios y usuarias de
drogas, el problema se define y las respuestas se diseñan a partir de una serie de preconceptos y estereotipos (Touzé 1996). Además, es importante tener en cuenta que la
persona consumidora es considerada como marginal en el imaginario social, por lo que
es rechazada. Esto genera un bucle perverso que provoca una desviación de la cohesión social, tanto por la propia persona que se excluye como por el resto de la sociedad
normalizada, dificultado la rehabilitación y reintegración en la comunidad.

07. Patología dual
Se denomina patología dual a la concurrencia en una misma persona de, por lo menos,
un trastorno de consumo de sustancias y otro trastorno psiquiátrico. La relación entre
el consumo de drogas y los trastornos psiquiátricos es muy estrecha. El 72% de las
personas drogodependientes sufren “patología dual”. (Szerman, 2012)
Estos/as pacientes “duales” o con comorbilidad psiquiátrica son frecuentes y presentan
mayor gravedad (tanto desde la perspectiva clínica como social) que las personas que
sólo presentan un tipo de trastorno, adictivo u otra enfermedad psiquiátrica, (Torrens,
2008).
Para el abordaje de la patología dual son necesarias terapias específicas dirigidas a
la /el paciente dual, que deberá ser atendida en un sistema integrado que garantice
el abordaje de la adicción y la patología psiquiátrica de manera conjunta, simultánea

20


y a largo plazo. Esto requiere que el colectivo profesional que
atiende a estas personas esté formado para detectar los casos
en los que exista una patología dual y poder proporcionar una
intervención adecuada.

de este colectivo es el logro de la autonomía de las personas
atendidas.

01.8.1. Incapacitación

08. Procesos de incapacitación y
tutelaje
Los trastornos derivados del consumo de alcohol y drogas son
causa de múltiples problemas en diferentes ámbitos del Derecho. Además, la frecuencia con la que las conductas adictivas
coexisten con otras patologías psiquiátricas es alta, dando lugar
en el ámbito civil a que algunos casos el abuso, dependencia u
otros trastornos inducidos por sustancias puedan considerarse
como enfermedades o deficiencias persistentes que impidan a
las personas gobernarse a sí mismas (Serrat y Morales, 1999).
Para proteger a estas personas contra posibles situaciones de
desamparo o indefensión, cuando ellas mismas o sus familiares
no puedan hacerse cargo, existe un método llamado “incapacitación”.
La incapacitación es un proceso judicial en el que una sentencia
judicial reconoce que las personas no tienen esa capacidad de
autogobierno. Esta sentencia es la que determina los límites
de esa incapacidad. La incapacitación debe entenderse siempre de forma positiva, es decir, para la protección de la propia
persona. Además no se trata de un proceso irreversible: puede
revisarse si las causas que la motivaron o las condiciones de
la persona cambian. De hecho, se considera una medida intermedia, dado que el objetivo último del trabajo con las personas

03

Por la importancia que tiene estos procesos, queremos explicar
más detalladamente en qué consisten: 03

LA INCAPACITACIÓN
LA MODIFICACIÓN DE LA INCAPACITACIÓN O
REINTEGRACIÓN DE LA CAPACIDAD
EL INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO POR TRASTORNO
PSÍQUICO
LA DECLARACIÓN DE PRODIGALIDAD
En todos ellos, es competente el Juez de 1ª Instancia del lugar
de residencia del la persona destinataria del procedimiento, sin
que quepan sumisiones a otros tribunales. Las partes deberán
ser representadas por abogado/a y procurador/a, y el Ministerio
Fiscal será parte siempre.

Este apartado está basado en dos documentos: primero
por la abogada Isabel Winkels Arce en su documento
Incapacitación Judicial de las personas y segundo por la
información ofrecida en la web todoalzheimer.com, sobre
temas de incapacitación y tutela.

21


LA INCAPACITACIÓN
El art. 200 del Código Civil mantiene que “Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o
psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”.
¿Quién está legitimado para presentar esta demanda? La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) lo señala en su artículo 757: el propio incapaz,
así como su cónyuge o pareja de hecho, descendientes, ascendientes y hermanos. Y amplía esta facultad a cualquier persona, autoridad
o funcionario público, que tenga conocimiento de la concurrencia de alguna enfermedad o circunstancia determinante, para ponerla en
conocimiento del Ministerio Fiscal a fin de que éste incoe el procedimiento correspondiente.
Obviamente, la legitimación pasiva recae en la persona incapaz, que puede comparecer en el proceso con su abogado/a y procurador/a. Si
no lo hace, será defendida por el Fiscal, siempre y cuando no hubiera sido promotora del proceso. Si lo fue, se le nombrará un defensor
judicial para que cuente con las máximas garantías.
El procedimiento es simple, y básicamente flexible: la adjudicatura puede decidir que las audiencias se celebren a puerta cerrada, que las
actuaciones sean reservadas, la práctica de pruebas se puede acordar en cualquier momento, con independencia del momento en el que
se haya propuesto, la audiencia puede indagar sobre aquellos extremos que le parezcan dudosos con plena libertad, oyendo a parientes,
al incapaz, y sin vincularse a la conformidad que pudieran manifestar las partes.
La adjudicatura deberá siempre recabar un dictamen pericial médico, sin el cual no puede dictar ninguna resolución. La sentencia deberá
fijar los límites de la incapacitación, la necesidad de internamiento en su caso, el régimen de tutela o guarda, y la persona que deba asistir,
representar y velar por el incapaz.
Esta sentencia se inscribirá siempre en el Registro Civil, y puede ser inscrita en cualquier otro registro a los efectos pertinentes. Mediante
el mismo procedimiento, y con las mismas exigencias legales, puede instarse por las personas interesadas que quieren la reintegración
y modificación del alcance de la incapacitación.

LA MODIFICACIÓN DE LA INCAPACITACIÓN O REINTEGRACIÓN DE LA CAPACIDAD
Como hemos señalado, la incapacitación no tiene porque ser definitiva; el artículo 761 de la LEC señala que “La sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o
modificar el alcance de la incapacitación ya establecida”
Es decir, las mismas personas legitimadas para instar la incapacitación, y quienes ejercieren cargo tutelar sobre él, pueden solicitar que
ésta se deje totalmente sin efecto, o que se altere el alcance de la incapacitación previamente señalado.
El procedimiento es básicamente igual al de la incapacitación, y la sentencia deberá pronunciarse sobre si procede o no dejar sin efecto la
incapacitación, o sobre si deben o no modificarse la extensión y los límites de ésta. Esta nueva sentencia tendrá reflejo en los Registros
dónde se inscribió la incapacitación anterior.

EL INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO POR TRASTORNO PSÍQUICO
Esta sensible medida está regulada en el artículo 763 de la LEC. Su objetivo es acordar el internamiento de personas con trastornos
psíquicos que no están en condiciones de decidirlo por sí mismas. Como regla general, antes de acordar este internamiento deberá
requerirse la autorización judicial. Pero si por razones de urgencia esto no fuera posible, deberá informar al Juzgado en las 24 horas
siguientes al internamiento.
Antes de acordar el internamiento, o de ratificar el ya efectuado, la Magistratura deberá oír a la Fiscalía, examinar por sí mismo al afectado,
a cualquier otra persona cuya comparecencia sea pertinente, y al facultativo designado por él.
Si en la resolución se acuerda el internamiento, debe expresar la obligación de los facultativos que atiendan al internado de informar
periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida. Estos informes se emitirán cada 6 meses, a no ser que el juez
señale otro plazo inferior, debido a la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento. Una vez estudiados, la adjudicatura decide si
mantiene o no el internamiento. Cuando los facultativos decidan que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo
y lo comunicarán inmediatamente al juez competente.


LA DECLARACIÓN DE PRODIGALIDAD
El Tribunal Supremo define pródigo como “conducta desarreglada de la persona que por modo habitual malgasta su patrimonio con
ligereza, que lo pone en peligro injustificado en perjuicio de su familia”.
El objetivo de la declaración es limitar la capacidad de administración de su patrimonio de la persona supuestamente pródiga. Cuando se
detecte que concurre esta enfermedad, se debe plantear la petición de esta declaración cuanto antes, ya que tiene efectos únicamente a
partir de la presentación de la demanda, ya que los actos del declarado pródigo anteriores a la demanda de prodigalidad no podrán ser
atacados por esta causa. (Artículo 297 del Código Civil).
Pueden instar esta declaración el/la cónyuge, los/las ascendientes y los/las descendientes. El procedimiento es igual de flexible y amplio
que el de incapacitación. La sentencia precisará qué actos no puede realizar el declarado pródigo sin el consentimiento de la persona que
deba asistirle, y quien es esa persona. Se inscribe asimismo en los Registros pertinentes.
Medidas cautelares de protección
La incapacitación civil intenta velar por los intereses de las personas incapaces y potenciar al máximo las funciones de protección que el
Derecho ofrece a todas aquellas personas con las facultades cognoscitivas mermadas, como pueden ser las personas drogodependientes
crónicas con patología dual.
Como el proceso de incapacidad puede durar mucho tiempo (6 a 18 meses) y debido a que una persona adicta crónica y con otro tipo de
patologías físicas/psíquicas asociadas a su enfermedad, puede dar lugar a gran cantidad de situaciones de riesgo y urgencia en relación
a la inmediata protección personal del enfermo, existe la posibilidad de adoptar medidas cautelares.
Para internar a un paciente de estas características, es necesaria una previa autorización judicial. El internamiento, por razón de trastorno
psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí misma, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela,
requerirá previa autorización judicial.
En caso de que dicho internamiento se tenga que realizar urgentemente, se podrá realizar sin autorización, pero la persona responsable
del centro en que se hubiera producido el internamiento deberá dar cuenta dentro del plazo de 24 horas a la adjudicatura competente, a
los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida.
Una vez dictada la sentencia de incapacitación, ésta debe determinar su extensión y límites, y establecer el régimen de protección al que
queda sometido el incapacitado (tutela, curatela o guarda). Asimismo, esta sentencia nombrará a la persona que haya de asistir o representar al incapaz y velar por él.


01.8.2. La tutela
Nombramiento de tutor/a
Para el nombramiento de tutor/a, la Ley establece un orden de
preferencia no vinculante para el Juez/a, ya que éste/a puede
alterar el orden en beneficio de la persona incapacitada. Dicho
orden es el siguiente:
• Cónyuge que conviva con el tutelado/a.
• Padres.
• Personas designadas por éstos mediante la Declaración de
voluntades anticipadas.
• El descendiente, ascendiente o hermano/a que designe el
Juez/a.
La tutela se ejercerá siempre por un solo tutor/a, salvo en los
casos en que la Ley admite que sean varios (Artículos 236 a 238
del Código Civil) o lo considere conveniente la adjudicatura.

Capacidad para ser tutor/a
Pueden ser tutores las personas que se encuentren en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles y en quienes no concurran alguna de las causas de inhabilidad establecidas por la Ley.
Los/as tutores/as están obligados a defender y velar por los intereses del incapacitado/a, estando su actuación sometida al
control judicial. A este respecto deben hacer un inventario de
bienes en los primeros 60 días y presentarlo al magistrado/a,
así como, rendir cuentas anualmente al juez/a que conoció de
la incapacitación mediante la presentación de un informe anual
sobre la situación de su tutelado/a y el estado de su patrimonio.
Por último, y en lo que respecta las facultades del Tutor/a debe
tenerse en cuenta que existen determinados actos para los
cuales será necesario obtener una autorización judicial previa,
como sería el caso de la compraventa de bienes inmuebles.

La inhabilidad de la tutela
La persona asignada como tutora puede ser inhabilitada por el
Juez/a si la causa es lo suficientemente importante para poner
en riesgo al afectado. Las causas pueden ser por inmoralidad,
imposibilidad o desconfianza. Así mismo, un/a tutor/a puede ser
movida de su cargo después de dejar la tutela cuando incurran en causa legal de inhabilidad, cuando se conduzca mal en
el desempeño de la tutela, por incumplimiento de los deberes
propios del cargo, o cuando surjan problemas de convivencia
graves continuados.
También el/a tutor/a puede excusarse del desempeño de su
cargo siempre que resulte excesivamente gravoso su ejercicio
por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o
profesionales y por falta de vínculos.

Documento de voluntades anticipadas
Cualquier persona con capacidad suficiente y de manera libre
puede expresar las instrucciones a tener en cuenta cuando se
encuentre en aquella situación en que las circunstancias concurrentes no le permitan expresar personalmente la voluntad. En
el documento también se puede designar la persona que represente al enfermo, que será el interlocutor válido con el médico.
Mientras que el acta notarial de autotutela goza de diversas garantías, en el documento notarial de voluntades anticipadas no
hay este control judicial ni existe hoy ningún registro. Por esta
razón y hasta que no se disipen estas cuestiones a través de
la Jurisprudencia, lo más adecuado es que quien realice estas
voluntades anticipadas haga también la autotutela y designe en
los dos casos a la misma persona.
El documento de voluntades anticipadas requiere de unas formas para su validez, bien ante notario o ante tres personas
mayores de edad y con plena capacidad de obrar, dos de las
cuales como mínimo no tienen que tener relación de parentesco
hasta el segundo grado, ni estar vinculados en relación patrimonial con el otorgante.

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Marco legislativo
Se presentan a continuación los aspectos legislativos más importantes relativos a los procesos de inclusión-exclusión,
así como las principales directrices que emanan del último Plan de Adicciones de la CAPV. Ambas normativas hacen
referencia directa a la situación de las personas usuarias de drogas en situación de exclusión social.

01. Las leyes
La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión social recoge en su exposición de
motivos el objetivo de la lucha contra la exclusión social que
se define (siguiendo a la Ley 12/1998 de 22 de Mayo contra
la exclusión social) como «la imposibilidad o la incapacidad de
ejercer los derechos sociales, fundamentalmente el derecho al
trabajo, pero también el acceso a la educación, a la formación,
a la cultura, a la salud, a una vivienda digna, a la protección
social».
Desde una interpretación más amplia de las políticas de inclusión cabe señalar el posible impacto negativo que a nuestro
entender puede tener el enfoque del actual plan de inclusión
“activa”, centrado principalmente en los procesos de empleabilidad o de logro de empleo como eje básico de la inclusión.
Nuestra concepción de la exclusión, tal y como refleja el marco
conceptual de esta propuesta, parte de considerarlo un fenómeno multidimensional que requiere, por eso mismo, enfoques
más amplios y diversificados que el centrado únicamente en el
aspecto laboral; más si cabe en un colectivo con características como que se describen en este Manual y que se presentan
como difícilmente empleables. Deberán ser tenidas en cuenta
otras opciones más ajustadas a la realidad del colectivo y acogerlas, en igual medida, como favorecedoras en los procesos
de incorporación social.
La Ley de Servicios sociales 12/2008 de 5 de diciembre establece que “el Sistema Vasco de Servicios Sociales constituye
una red pública articulada de atención, de responsabilidad pública cuya finalidad es favorecer la integración social, la autonomía y el bienestar social de todas las personas, familiar y
grupos, desarrollando una función promotora, preventiva, protectora y asistencial, a través de prestaciones y servicios de
naturaleza fundamentalmente personal y relacional”.

02. El VI plan de adicciones: Ampliar
el enfoque para abordar el fenómeno
de las adicciones
Siguiendo el dictado de la Ley 18/1998 Sobre Prevención, Asistencia e Inserción en Materia de Drogodependencias y de la
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, el VI
Plan se propone como principio rector y objetivo estratégico en
el ámbito de la exclusión, el avance de las intervenciones sobre personas altamente vulnerables y en situación de exclusión
social, planteando para ello, entre otras, las políticas de Reducción del Daño y otras intervenciones dirigidas a satisfacer sus
necesidades básicas y reducir los riesgos para la salud y seguridad personal derivados del uso continuado de sustancias.
Sin embargo, coincidiendo con diagnósticos precedentes, el
propio Plan anticipa las dificultades que presenta el trabajo con
este colectivo, dado que:
• Existen diversos problemas en la organización y gestión de
los recursos que requiere el colectivo y que son propios de los
servicios sociales y no de drogodependencias
• Un grupo importante de actividades se dirige hacia colectivos
amplios de personas en situación de exclusión o alta exclusión social y, por lo tanto, no son específicas para personas
drogodependientes, aunque éstas pueden utilizarlas.
• Ambas dos cuestiones provienen de una dinámica de trabajo
estanca, sin elementos de coordinación. Se produce a menudo un vacío entre los recursos sanitarios y los recursos sociales que les pueden proporcionar una cobertura, lo que hace
que su situación de exclusión se agrave.
Para ello se propone establecer una intervención en sinergia
entre las intervenciones comunitarias en áreas con alto riesgo
de exclusión social o marginalidad, con el fin de actuar sobre los
determinantes de los trastornos mentales y de las adicciones,
que permita un trabajo conjunto con los servicios sanitarios,
pero que se prolongue hacia otros recursos comunitarios.

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PARTE II

Investigación cuantitativa y
cualitativa: análisis de resultados
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PARTE II - Investigación cuantitativa y cualitativa: análisis de resultados

PARTE II:
Investigación cuantitativa y
cualitativa: análisis de resultados
Objetivos
Objetivos generales

Objetivos concretos

• Elaborar un Manual de Buenas Prácticas que recoja una propuesta de modelo de intervención con la población descrita y
en las situaciones estudiadas.

• Elaborar los diferentes perfiles de la población descrita como
destinataria del estudio

• Diseñar al menos tres fichas técnicas de recursos, dispositivos o servicios que respondan a las nuevas necesidades
detectadas (de nueva creación o de adaptación de los existentes)
• Determinar dentro de qué ámbito se ubican estos recursos en
el marco competencial de la CAV

• Identificar los nuevos factores de riesgo de dicha población y
valorar su peso en el proceso de inclusión/exclusión.
• Proponer factores de protección a los nuevos riesgos identificados
• Identificar necesidades diferenciadas por género y por perfiles de población con trastornos adictivos

27


Metodología
01. Tipo de investigación
Se ha realizado un estudio exploratorio utilizando técnicas
cuantitativas y cualitativas de recogida y tratamiento de la información. El presente estudio tiene un diseño no experimental.

02. Hipótesis de trabajo
El trabajo diario con las personas que mantienen consumos
abusivos de drogas pone de manifiesto la existencia de un número amplio de personas con trastornos adictivos que no “encaja” en los recursos terapéuticos de drogodependencias disponibles en la actualidad.
Son pocos los dispositivos o recursos que admiten a personas
que no desean o no están capacitadas para desarrollar un proceso de tratamiento de su adicción. La mayoría de los recursos
existentes están en calidad de apoyo al tratamiento; entendiendo como tratamiento solamente aquella intervención que se
realiza desde instancias sanitarias.
Estas circunstancias requieren replantearse el orden de prioridades, entendiendo que sólo después de abordar otros factores
de exclusión de índole fundamentalmente social es posible realizar una propuesta realista en torno al consumo de drogas. El
abandono del consumo puede constituirse como objetivo final,
sin duda. No obstante es necesario aceptar que ése no es el
único fin y que es posible y necesario trabajar otros aspectos
como la mejora de la calidad de vida de las personas en grave
situación de exclusión.
Desde esta perspectiva novedosa, el consumo de drogas se
plantea dentro de un continuum de posibilidades que contempla
como objetivos asumibles no sólo la abstinencia o los usos oca-

sionales de sustancias ilegales, sino también un consumo crónico de drogas dentro de un estilo de vida más normalizado, sin
que a esta sintomatología deba acompañarle necesariamente
el tradicional elenco de consecuencias negativas asociadas.
En definitiva, se trata de disponer de recursos novedosos de
carácter eminentemente social, aunque sin desvincularse de lo
sanitario, en los que se refuerce el trabajo sobre estas otras
áreas, de tal manera que el consumo de drogas llegue a resultar un síntoma crónico sin más connotaciones.
Finalmente, pero no por último menos importante, cabe señalar
que en este estudio se parte del absoluto convencimiento de
que las mujeres acumulan, por el hecho de ser mujeres, una
cantidad de factores de riesgo mayor y de carácter diferencial
y específico, lo que las ubica en una situación más extrema de
exclusión. Pese a que ellas representan un porcentaje menor
en el colectivo drogodependiente en esta situación, no dejan
de ser objeto de atención y estudio, puesto que los factores
que originan y las mantienen excluidas son, en algunas cuestiones, diferenciales respecto a los que afectan a los varones. La
perspectiva de género se incluye, pues, tanto en los objetivos
propuestos como en las acciones y la metodología planteada,
llegando a intuir la necesidad de elaborar herramientas específicas de obtención de datos entre colectivos.
Todos estos aspectos que se han comentado se traducen en
un aumento de los casos de personas que presentan mayores
dificultades y las imponen a los y las profesionales y recursos
que les atienden desde los distintos servicios. Un Manual de
Buenas Prácticas que aúne unas líneas básicas de intervención destinada a educadores/as, psicólogos/as, trabajadores/as
sociales, etc. repercutiría en una mejora del desempeño profesional y en la adecuación de la intervención con las personas
usuarias de estos servicios.

28

03. Universo, muestra y selección de
la muestra
EL UNIVERSO
El universo de referencia son las personas con problemas de
consumo de drogas que se encuentran en situación de alta exclusión social y residen actualmente en Bizkaia
No existen datos oficiales que nos permitan cifrar el número
exacto de personas que se encuentran en esta situación, ya
que su propia condición de exclusión social lo dificulta.

MUESTRA
Se ha hecho especial hincapié, por un lado, en contactar con
profesionales que trabajan directamente con este colectivo,
mientras que por otro lado se ha mantenido la convicción de
que las personas consumidoras en exclusión social serían quienes mejor nos mostrarían su visión de los servicios, los dispositivos y los recursos donde reciben atención.
En primer lugar, para la muestra de profesionales se contó con
la opinión de aquellas personas que pudieran mantener un discurso o juicio propio respecto a las actuaciones que se llevaban
a cabo hace años, las actuales y las que pudieran ser más deseables, y desde distintos campos de actuación, para mejorar
las intervenciones en reducción de daños. Son profesionales
que trabajan directamente con el colectivo que nos ocupa, en
los distintos servicios o dispositivos de atención a las drogodependencias, de apoyo al tratamiento, recursos específicos de
reducción de daños, centros de día, atención jurídica, etc.; pertenecientes tanto al ámbito público como al privado.
La información con este colectivo se extrajo mediante dos métodos. Por un lado se llevaron a cabo tres grupos de discusión

en los que participaron un total de 17 profesionales y se realizaron un total de 13 entrevistas en profundidad.
En segundo lugar, se obtuvo una muestra de 111 personas, (89
hombres y 22 mujeres), con problemas de consumo de drogas
en diferentes niveles de frecuencia y cantidad y que se encuentran en situación de exclusión social grave.
Este número muestral es una cantidad superior a la prevista (se
partió de un mínimo necesario de 100 personas). Pese a que
la división de muestra por sexo es muy desigual, (el número de
mujeres con problemas de consumo y en situación de exclusión
social que acude a los servicios es bastante inferior a los hombres), se ha pretendido respetar esta proporción atendiendo a
la proporcionalidad que viene reflejando año tras año el indicador tratamiento del Observatorio Vasco de Drogodependencias
en cuanto a la representatividad por sexo, (80%-20% a favor de
los varones).

04. Proceso de selección de la
muestra
Se seleccionaron entidades y profesionales de diferentes ámbitos (sanitario, social, legal, etc.) que cuentan con varios años
de experiencia en el trabajo directo con las personas con problemas de consumo y en situación de vulnerabilidad y/o grave
exclusión social.
El total de personas entrevistadas son usuarias de uno, dos o
de los tres recursos específicos de baja exigencia que desarrollan programas de Reducción de Daños en la capital vizcaína.
Se trata de los servicios Hontza de Cáritas Diocesana Bilbao,
la Sala de Consumo Supervisado de Médicos del Mundo Euskadi, en Bilbao, y el Centro de Día de la Comisión Anti-Sida de
Bizkaia.

29


05. Instrumentos utilizados para la recogida de
información
05.1. Grupos de discusión y entrevistas
En un primer momento se invitó a las y los profesionales a participar en un grupo de
discusión. El guión del grupo de discusión consta de diez puntos:
• Tendencias que se vislumbran en los últimos años (perfiles, necesidades, demandas…)
• Fracasos en reducción de Daños: qué se entiende por fracaso. ¿existen los fracasos en esta
filosofía de intervención?
• La cronificación
• Las Expulsiones
• La normalización de la población usuaria
• La participación de los/as usuarios. El sujeto consumidor como sujeto de derecho
• El barrio, la zona y los servicios
• Inserción social e inserción laboral

Los temas abordados en el cuestionario general se
refirieron a:

• Sugerencias en el avance de la RR.DD (en general o en lo relativo a cada servicio)

• Aspectos sociodemográficos: edad, sexo,
provincia y país de nacimiento, estado civil,
hijos/as, nivel académico, cualificación
profesional, situación laboral, etc.

A través de la discusión en torno a estos apartados se pretendió recoger unas conclusiones comunes que asienten unas bases sobre la intervención en reducción de daños, que nos permita conocer el perfil del usuario/a con el que se trabaja actualmente,
y se conozcan las propuestas de mejora en el trabajo diario.

• Aspectos sanitarios relacionados con la
prevalencia actual y a lo largo de la vida de
enfermedades físicas y/o mentales, existencia
de diagnósticos, hospitalizaciones, medicación,
etc.

• Realidades diferenciadas

También se buscó esta información en el colectivo profesional entrevistado, además
del añadido de unas preguntas que permitían ahondar en el ámbito en el que están
especializados/as.

05.2. Cuestionario

• Uso de drogas y tratamientos realizados: inicio
del consumo, evolución, droga principal, vía de
consumo, tratamientos, recursos de apoyo al
tratamiento, recaídas, bajas en el tratamiento,
etc.
• Aspectos judiciales y penitenciarios.
• Conductas de riesgo: prevalencia y
especificidad.

Para recoger la información de las personas con problemas de consumo y en exclusión
social, el equipo de investigación del Instituto Deusto de Drogodependencias (IDD) elaboró un cuestionario que incluye aspectos cuantificables y preguntas abiertas que han
sido analizadas de forma cualitativa con el criterio de analizar la existencia de patrones
repetitivos de respuesta.

• Itinerarios habituales.

Este cuestionario fue pretestado en 16 usuarios/as de la Sala de Consumo Supervisado de Bilbao (MDM) y en el dispositivo de Hontza (CDB), con el fin de conocer si los
ítems se entendían, si el instrumento recogía la información que pretendíamos conocer
y si las preguntas y el lenguaje estaba adaptado al colectivo. Se eliminaron las preguntas que resultaban redundantes o difíciles de contestar para las personas que debían
hacerlo (por su estado activo de consumo, situación física o psicológica del momento,
etc.) realizando después las mejoras pertinentes que permitieron confeccionar el cuestionario definitivo.

• Pensamientos e ideas vitales de esta población.

• Apoyos sociales, sanitarios, personales y
relacionales con los que cuentan.
• Necesidades ocupacionales y laborales y
capacidad para poder acceder a cubrirlas.
• Opinión sobre los diferentes recursos de los que
han hecho uso.
• Percepción sobre las necesidades actuales en
la intervención sobre la reducción de riesgos y
daños.

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06. Trabajo de campo
El trabajo de campo se llevó a cabo, principalmente, desde el
mes de octubre de 2011 hasta diciembre de 2011. Algunas de
las entrevistas tuvieron que posponerse algunos meses (enero
y febrero de 2012) debido a la apretada agenda de los y las
profesionales.

06.1. Grupos de discusión y entrevistas
En un primer momento se envió una carta por correo electrónico desde Adro (CDB) y Médicos del Mundo a los y las profesionales y a las principales entidades que trabajan en este ámbito
en Bizkaia, en la que se les informaba del estudio, sus pretensiones y contenido y se les pedía su participación en el mismo.
Posteriormente, mediante una llamada telefónica se cerraron
las fechas para la realización de los tres grupos focales que
finalmente se celebraron el 30 de noviembre, 12 de diciembre y
16 de diciembre de 2011.

La pasación del cuestionario fue realizada por el mismo equipo
investigador 05, asegurando así la eficacia y fiabilidad en cuanto
a la consecución del objetivo.
El trabajo de campo se realizó en el interior de los propios servicios de atención, en un ambiente de tranquilidad. No resultó difícil obtener representación masculina, pero sí lo fue en el
caso de la muestra femenina, que se mostró reticente desde un
inicio, deseando saber previamente cuál era el tema y cuáles
las cuestiones que incluía la entrevista. Muchas de ellas se negaron a participar y otras respondieron teniendo muy presentes
físicamente a sus parejas.
La duración de la pasación rondó en torno a los 30 - 45 minutos, dependiendo de la disposición, capacidad de comprensión
y estado de las personas, así como de la habilidad de la entrevistadora para poder ir complementando el cuestionario al hilo
de la narración.
Se elaboró una base de datos con el programa estadístico
SPSS 19 donde se volcaron los datos obtenidos en los cuestionarios para su posterior análisis.

Cada grupo de discusión fue dirigido por dos profesionales del
Instituto Deusto de Drogodependencias, una profesional de Cáritas Adro y un profesional de la entidad de Médicos del Mundo
vinculado con la Sala de Consumo Supervisado.
La duración media de cada grupo focal fue de una hora y media
aproximadamente. Las sesiones se registraron con una grabadora para su posterior transcripción y devolución a los y las profesionales participantes, para que en caso de creerlo necesario,
completaran los comentarios vertidos en el grupo focal con alguna otra opinión o aportación.

06.2. Pasación del cuestionario
Fue criterio de inclusión el ser usuario/a regular de uno, dos o
de los tres recursos seleccionados 04 y el consumo de sustancias adictivas. Se presentó el estudio y sus objetivos y se incidió
en la voluntariedad de la participación garantizando el anonimato y la confidencialidad.

04

Hontza de Cáritas Bizkaia, la Sala de Consumo
Supervisado de Médicos del Mundo Euskadi, en Bilbao, y
el Centro de Día de la Comisión Anti-Sida de Bizkaia

05

Personal de Cáritas Diocesana Bilbao, Médicos del
Mundo y el Instituto Deusto de Drogodependencias.

31

Análisis cuantitativo
Análisis de perfiles. Interpretaciones y propuestas a partir del análisis de las entrevistas de las personas en situación de
exclusión social usuarias de los recursos de baja exigencia de Bilbao (CDB y MdM) 06
En este apartado se recogen los datos más relevantes resultantes del análisis de los cuestionarios pasados a las personas usuarias de los recursos de baja exigencia. Para facilitar la lectura se presentan las conclusiones más relevantes
expuestas en seis apartados diferentes: aspectos sociodemográficos, situación administrativa, consumo actual de sustancias, situación sanitaria, situación judicial y el proceso de normalización.

01. Aspectos sociodemográficos
La muestra obtenida representa por sexos la distribución que viene recogiendo durante años el Observatorio Vasco de Drogodependencias en sus informes anuales.
Sólo 2 de cada 10 personas que acuden a algún servicio de apoyo y/o tratamiento
son mujeres.
Ciertamente, existen menos mujeres consumidoras de drogas, y por ello son menos las que solicitan tratamiento. Aún así, la hipótesis de que las mujeres presentan
mayores dificultades para iniciar y mantenerse en el tratamiento ha sido objeto de
diversos estudios que han confirmado la necesidad de una atención específica a la
mujer drogodependiente.
El estigma asignado al consumo, las dificultades para solicitar ayuda o tratamiento
y la falta de apoyo en diversos órdenes de la vida, generan una situación de mayor
vulnerabilidad entre las mujeres consumidoras
Los valores etarios medios sitúan al colectivo atendido en una edad de 41,7 años, es
decir, en la adultez media, lo que significa que acuden a los recursos de Reducción
del Daño después de una larga trayectoria de consumo y de intentos de tratamiento.

06

Para ampliar la información que aquí se
detalla se invita a ver el Anexo 1.

La edad media de las mujeres entrevistadas (39 años) es inferior a la de los hombres
(42,4). Cuando una mujer lleva un estilo de vida asociado al deterioro y la marginación

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se la evalúa en una incomprensión mayor, lo que se traduce en
mayor falta de apoyos dentro del entorno social inmediato, con
las consecuencias que se derivan para el acceso o buena marcha del tratamiento. Este proceso de marginalización y exclusión se adelanta en comparación con el de los hombres, lo que
indicaría un proceso de marginalización y deterioro anticipado
al de los varones (Martínez, 2009).
El 65,8% de las personas atendidas en los recursos son autóctonas, y la mayoría de Bizkaia (60,4%). La tasa extranjera
representa un 14,6% de la muestra y son todos varones. Es
posible pensar que el colectivo extranjero no presenta en la
misma medida que el autóctono un problema con las drogas,
aunque como sucedía en el caso de las mujeres, parecen existir
otras hipótesis que dificultarían el acceso de estos perfiles a los
recursos de apoyo: razones como el desconocimiento del recurso, la desconfianza y/o la desemejanza de hábitos entre las
diversas culturas como motivos principales, así como la escasa
adaptación de estos dispositivos para atraer y mantener vinculados a dichos habitantes. En el colectivo estudiado no figura
como usuaria de los recursos ninguna mujer extranjera.

02. Situación administrativa
El DNI, la Tarjeta de identificación Sanitaria (TIS) y el empadronamiento son documentos indispensables a la hora de solicitar
ayudas de carácter social o para acceder a determinados tipos
de tratamiento, sobre todo en su modalidad residencial. Afortunadamente, más de 9 de cada 10 de las personas nacidas en la
CAPV o el Estado Español poseen su documentación en orden,
pero no hay que pasar por alto que un 7,5% de la población
nacida en Bizkaia que acude a los recursos de Reducción de
riesgos está indocumentada.
En cuanto al empadronamiento, un 24,3% de las personas entrevistadas están inscritas en el padrón social gracias a la labor
de algunas entidades.
Existe un 12,6% de personas que utilizan los recursos mencionados y carecen de empadronamiento, por lo que difícilmente
van a poder optar a otros recursos de atención y/o apoyo de
mayor exigencia.
A la hora de preguntar por la residencia, los datos muestran
que sólo un 3,6% del colectivo estudiado dispone de una vivienda propia. La vivienda es otro de los aspectos que determinan,
junto a otros pero de forma importante, el grado de exclusión
de las personas. El apoyo de la familia, al menos en cuanto a

la disponibilidad del recurso familiar, es menos frecuente entre
las mujeres.
La ausencia de actividades y de un soporte que estructure u
organice el día a día y el tiempo libre ni favorece ni ayuda en
ningún proceso de normalización, ni siquiera en cuanto al cumplimiento organizado de determinadas actividades básicas, mínimas: comida, aseo, depósito de enseres, limpieza de la ropa,
etc.
Se comprueba que más de la mitad (55,6%) de las personas
que carecen de cualquier tipo de estructura residencial y viven
en la calle, llevan en esta situación un período de tiempo largo;
un 29,7% oscila entre los 2 y 5 años y una cuarta parte de la
población encuestada lleva más de 5 años (25,9%).
Cuando la Persona Sin Hogar (PSH) se adapta a las nuevas
condiciones de vida, se resigna, abandona la lucha y empieza
a abandonarse físicamente, un inicio de una especie de muerte
social que parece ir asociada a un salto cualitativo en el citado proceso de de socialización y desafiliación que no deja de
agravar este proceso y de instalar a la PSH en una situación
ya cercana a la citada cronicidad del sinhogarismo. Al carecer
de redes sociales de apoyo, las personas presentan en general un síndrome de desconfianza, desafiliación, desmotivación
y depresión
El consumo de drogas en ambientes marginales y de exclusión
se encuentra comúnmente asociado al bajo nivel cultural e intelectual. A través de las entrevistas se ha conocido que son
minoría las personas usuarias de drogas que carecen de estudios o que sólo alcanzan a leer y escribir (5,5%). Casi la mitad
(45,4%) ha finalizado estudios primarios y otro 41,7% ha llegado a concluir la etapa secundaria. También son minoría las personas que poseen estudios superiores o universitarios (3,7%).
En el perfil femenino, analizado de forma independiente, destaca el porcentaje superior al conjunto muestral de mujeres que
admiten carecer de estudios (18,2%).
La exclusión social implica factores que van más allá de la pobreza y, por ende, de su situación con el mercado laboral, no
deja de ser ésta una cuestión fundamental en el proceso de normalización. Sólo un 5,6% de la muestra consultada mantiene en
ese momento un empleo a tiempo completo y un 2,8% dispone
de él a tiempo parcial. La mayoría de la muestra (48,1%) admite
estar en situación de desempleo. Es el caso del 46,5% de los
hombres y del 54,5% de las mujeres entrevistadas. Un porcentaje similar de personas en ambos sexos declara estar buscando un trabajo de forma activa (19,8% de varones y 18,2% de
mujeres).

33


En definitiva, la mayoría de las personas están desempleadas,
pese a que algunas estén motivadas para incluirse en el ámbito
laboral, pero tampoco sorprende el volumen importante de personas que mantiene otras situaciones que dificultan o impiden
de forma permanente desempeñar un trabajo. Hablamos de las
situaciones de invalidez, baja y/o jubilación que representa al
23,1% de la muestra y que están relacionadas, muy probablemente, con las afecciones físicas y psíquicas que han acumulado a lo largo de su trayectoria vital y pese a la relativa juventud
etaria (no están representadas en la muestra personas en edad
de jubilación). Es evidente la necesidad de buscar otras vías de
normalización, que sea únicamente la laboral, al menos para
este grupo de personas que no van a poder insertarse en el
ámbito laboral y servirse de él como vía de inclusión social.
La capacidad económica de una persona y la procedencia de
los ingresos es concluyente para garantizar una vida normalizada en la sociedad. Este hecho hace que residas en una u
otra zona, que te relaciones con un tipo u otro de gente, que
frecuentes determinados ambientes, etc. En definitiva, que te
identifiques con un grupo social concreto.
Entre las personas encuestadas, un 39,6% se encuentran en el
momento de realizar la encuesta sin ingresos, sin ningún tipo
de entrada económica y sólo un 1,8% cuenta con ingresos económicos regulares. Sólo un 4,5% de las mujeres entrevistadas
recibe la Renta Básica y ninguna de las personas laboralmente
activas es mujer.
El porcentaje más cuantioso de hombres (58%) recauda entre
500 a 700€ mensuales, lo equivalente aproximadamente a lo
estipulado en la Renta de Garantía de Ingresos (alrededor de
650€). Las mujeres son minoritarias en la percepción de estas
ayudas y su mayoría (67%) embolsa de 300 a 500€, una suma
irrisoria para subsistir en una sociedad de consumo como la
actual.

03. Consumo actual
La totalidad de las personas que han participado en el estudio son politoxicómanas (100%), es decir, consumen más de
una sustancia. La combinación más elegida es la denominada
“speedball” o la “mezcla” de heroína y cocaína. A esto se añade
frecuentemente la ingesta de cannabis, alcohol y/o benzodiacepinas. El uso añadido a la mezcla de drogas como los alucinógenos, las anfetaminas o las drogas de síntesis no está tan
extendido como el de las tres anteriores. Por sexo se observa
que los varones diversifican más que las mujeres las sustancias
que definen su politoxicomanía.
Las mujeres dejan de lado las drogas de síntesis, los alucinógenos y casi las anfetaminas y como patrón de combinación
eligen la “mezcla” junto con el cannabis, y en menor medida,
incluyen el alcohol. Lo hombres consumen ocasionalmente sustancias estimulantes y alteradoras de la conciencia y suman a la
mezcla de opiáceos y cocaína el cannabis y el alcohol casi en
similares proporciones.
Teniendo en cuenta que la sustancia más consumida por parte
de la mayoría de la muestra es la mezcla de heroína y cocaína,
se comprueba que existe una diferencia por sexos que determina la labor preventiva en el marco de la reducción de riesgos, y es que el 70% de las mujeres optan por consumir esta
combinación de forma fumada principalmente, mientras que la
mayoría de los varones (56,7%) eligen como primera opción la
vía inyectada o intravenosa.
El 34% de la muestra admite mantener conductas de riesgo
referidas a compartir material de consumo (13,5%), mantener
relaciones sexuales sin protección (16,2%), falta de control en
los momentos en los que se está bajo los efectos de las drogas
(0,9%) y pincharse en zonas de riesgo (1,8%). En el análisis por
sexo se descubre que entre las personas que reconocen practicarlas, un 61,1% son mujeres y un 27,6% son hombres.

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De las personas que comparten material de consumo como
conducta de riesgo, el 53,3% son mujeres; y de las personas
que mantienen relaciones sexuales sin preservativo el 55,5%
son mujeres. Teniendo en cuenta que entre los hombres parece haber calado en mayor medida la sensibilización en torno a
estos temas, se propone incorporar en los recursos una perspectiva específica de género en la prevención de las conductas
de riesgo
El lugar y las condiciones de consumo tienen mucho que ver
con la calidad de vida de las personas usuarias de drogas. No
sólo estamos hablando del plano higiénico y sanitario, sino también del psicológico, del sentimiento de exclusión y dignificación. En total existe un importante porcentaje de personas que
realizan uno o varios consumos en lugares públicos como la
calle (40,5%), bares (9%), baños públicos (4,5%) o indistintamente en uno u otro lugar (7,2%), lo que denota una necesidad
de seguir profundizando en la educación para la salud y en la
preservación de los intereses de la ciudadanía, entre quienes
aumenta la alarma social ante los consumos públicos de drogas.
La experiencia de éxito o fracaso previo que se posea en relación con los programas de desintoxicación- deshabituacióninserción es un hecho muy condicionante en el ciclo vital de las
personas y en su percepción en torno a sus propias capacidades. El problema es, como se ha señalado al principio de este
documento, que se constata una inadecuación entre algunos
modelos de tratamiento y determinados perfiles de personas
usuarias de drogas. El 98,2% de la muestra entrevistada ha
estado en algún tratamiento de toxicomanías con una media de
3,98 tratamientos por persona, es decir, casi 4. Sin embargo,
en cuanto a las diferencias por sexos, aparece que el género
masculino ha accedido a un mayor número de tratamientos. La
media de ellos se sitúa en 4,15 y la de ellas en 3,32 ocasiones.
En los últimos años se ha procedido a aumentar y diversificar
los modelos de tratamiento, que presentan actualmente una
mayor variedad de opciones y procesos: asistencial, inserción,
reducción de riesgos y daños, etc. con su correspondiente alta,
media o baja exigencia. Por sexos, ellas mencionan haber acudido más número de veces a la Sala de Consumo Supervisado

(SCS) (68,2%), luego a los Programas de Mantenimiento de
Metadona (PMM) (59,1%) y a los centros de tratamiento ambulatorio (50%). Los hombres también señalan la SCS (62,9%),
posteriormente el recurso más utilizado es el Centro de Salud
Mental (CSM) (56,2%), siendo el Tratamiento Ambulatorio el
que ocupa el tercer lugar en el monto de menciones (55,1%).
El origen del cese del tratamiento para el mayor número de
personas radica en un deseo personal de dejar el tratamiento
“abandono voluntario” (33,3%). El segundo motivo más mencionado es el final del proceso, con el logro del alta terapéutica
(20%), lo que hace pensar en la cantidad de personas que han
terminado una serie de procesos asistenciales pero que han recaído y vuelto al consumo añadiendo una importante sensación
de frustración en cada ocasión en la que han debido iniciar un
nuevo proceso. En tercer lugar se menciona la falta de adecuación, o lo que es los mismo, la inadaptación mutua entre paciente/usuario/a y centro/recurso para recorrer ese trayecto vital
(18,9%). Algunas personas lo concretan en la mala relación que
establecieron con algunos/as profesionales de esas entidades.
Entre las mujeres, la primera causa de cese es el abandono
voluntario (44,4%), seguido de la vuelta al consumo o recaída,
la falta de adaptación al tratamiento y el haber sido dada de
alta o finalizar el tratamiento en idénticos porcentajes (16,7%).
Ellos también argumentan en primer lugar la baja voluntaria,
pero en menor proporción que ellas (30,6%). La segunda causa
para dejar el tratamiento entre los hombres es haberlo finalizado (20,8%). El porcentaje de recaídas, y con ello el cese del
proceso, es ligeramente superior entre las mujeres (+2,8).
El análisis por sexos revela que aún cuando para ellas el principal motivo de recaída es, como para los varones, la incapacidad
de manejar sentimientos y emociones relacionadas con la tristeza, la angustia, etc., son las mujeres quienes sitúan casi en el
mismo plano a la hora de justificar la vuelta al consumo la falta
de apoyos (36,4%), que es la segunda causa mencionada por
ellas. Este motivo sólo es mencionado por parte de un 12,4%
del colectivo masculino.
Los recursos de apoyo son imprescindibles para poder lleva a
cabo un tratamiento porque, de hecho, ellos forman parte de

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ese proceso. Son dispositivos que garantizan la supervisión y
el seguimiento constante de la persona usuaria, toda vez que
se coordinan con el centro de tratamiento en sí para ofrecer
una atención más individualizada y una mejora en la calidad
del servicio. En general, puesto que no existen diferencias en
el análisis por sexos, los que se sitúan en primer lugar son los
pisos de acogida (31,5%), seguidos por los albergues (27,9%)
y el SMUS (25,2%).

04. Situación sanitaria
En los recursos de reducción de riesgos y daños, concienciar
sobre el cuidado sanitario es uno de los objetivos prioritarios.
Las personas que acuden a estos dispositivos se encuentran
en un estado de salud muy delicado por factores como la mala
alimentación, la falta de higiene, pernoctar en la calle, consumir
sustancias psicoactivas, la cronicidad y demás factores asociados.
En el colectivo que nos ocupa sólo un 19,8% refiere no padecer
ninguna enfermedad, o al menos no ser consciente de ello. El
mayor número de personas se agrupan en torno al padecimiento de alguna dificultad física (38,7%), seguidas de las personas que admiten sufrir trastornos o enfermedades tanto físicas
como mentales (27,9%). Un 13,5% refiere un trastorno de carácter psíquico o mental. En conjunto, pues, parece que estamos ante un colectivo que en su mayoría (80,2%) está afectado
por alguna enfermedad o padecimiento.
Tanto hombres (34,8%) como mujeres (50%) señalan principalmente el malestar físico; son más los varones (29,2%) que
las féminas (22,7%) que admiten estar afectados física y psiquiátricamente. La prevalencia del diagnóstico psiquiátrico es
ligeramente superior (14,6%) entre los hombres (un 13,7% para
ellas) y hay menos mujeres (13,6%) que hombres (21,4%) entre
quienes se perciben “sanos/as” (o sin enfermedad).
De las 43 personas que dicen tener sólo enfermedad(es) físicas, 27 han estado/están algún tratamiento sanitario durante el
último año (principalmente metadona y medicación para el VIH).
De estas 27 personas, 81,5% son hombres y 18,5% mujeres.
El 59,4% de la población encuestada ha estado ingresada en el
hospital por cuestiones sanitarias (enfermedad física). De este
porcentaje un 77,3% corresponde a los hombres y un 22,7%
a las mujeres. La media de ingresos hospitalarios es de 2,36.
(2,55 en el caso de los varones y de 1,73 en el caso de las
féminas).

De las 15 personas que tienen sólo enfermedad psiquiátrica (12
hombres y 3 mujeres), el 68,7% está en tratamiento. El 27% de
la muestra encuestada ha tenido, al menos, un ingreso psiquiátrico. Esto supone un 30,3% en el colectivo masculino, reduciéndose esta cifra a un 13,6% en el caso de las mujeres.
Esta cifra puede derivar de la mejora en la vinculación de estas
personas con las instituciones sanitarias, acudiendo a ellas a
tiempo y paliando la posible enfermedad sin que ésta pase a
mayores. Sólo cabe observar los datos de mortalidad señalados
en diversos informes como el del Observatorio Vasco de Drogodependencias que refieren un descenso en este indicador.
El término pacientes crónicos o de “puerta giratoria”, concepto hoy en día muy extendido entre el colectivo profesional que
trabaja con sujetos afectados de patología dual, lo definió hace
ya cinco años Vidal (1998) como “los nuevos crónicos que necesitan frecuentes ingresos hospitalarios de los que son más
rápidamente devueltos al circuito ambulatorio hasta un nuevo
y próximo ingreso”.

05. Situación judicial
Un 42% de los hombres y un 55% de las mujeres declaran no
haber tenido experiencia alguna con la prisión. En cuanto al
conjunto, un 34,3% del total de personas han permanecido más
de un año en la cárcel y son principalmente varones.
El hecho de que una proporción mayoritaria de personas nieguen haber caído presas no significa que no hayan sufrido conflictos con la justicia. Muchas sentencias referentes a delitos
menores concluyen con un cumplimiento alternativo de condena
derivado a tratamiento con la finalidad de que el sujeto infractor
se rehabilite de su drogodependencia y no vuelva a cometer actos de ese tipo. En este caso se encuentra un 33% de personas
de ambos sexos que en el momento de ser encuestados tenían
causas pendientes.

06. Procesos de normalización
En orden de prioridad, el colectivo encuestado enumera las necesidades que precisan cubrir para tener una vida normalizada.
Las primeras son las relacionadas con el trabajo y la vivienda
(69,6% y 43,1%). En el ámbito relacional y ocupacional, priorizan el formar una familia (26,5%), tener pareja (18,6%) y amistades (4,9%) con quienes compartir su vida y poner en práctica
sus hobbies son otras de sus necesidades más apremiantes.

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Manual de buenas prácticas para la creación de alternativas de intervención dirigidas a la población drogodependiente en situación de exclusión social: un nuevo paradigma de intervenciónDossier

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