Resumen del libro 40 Anos de Economia Dominicana... Este libro describe y evalua de forma agil y entendible los acontecimientos economicos desde 1965 al 2005.

1. REPUBLICA DOMINICANA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
División de Post-Grado
Maestría en Administración de Empresas
Economía Dominicana
MAD - 862
Tema
RESUMEN LIBRO: 40 ANOS DE ECONOMIA DOMINICANA.
AUTOR: CARLOS DESPRADEL
Sustentante
JUAN ISIDRO MORETA GUERRERO
Facilitador
PROF. RAFAEL BELLO MOTA. M.Sc.
Santo Domingo, D.N.
1 de marzo del año 2010

2. LA POLITICA ECONOMICA EN EL GOBIERNO DE LOS 12 ANOS
DEL DR. JOAQUIN BALAGUER (1966 – 1978)
Luego de regresar del exilio el Doctor Joaquín Balaguer se presentó como
candidato presidencial del Partido Reformista, el cual había sido fundado en
1964. Su oponente más cercano lo fue el Prof. Juan Bosch candidato del PRD,
quienes no presentaron una campaña ofensiva, dando paso así al régimen de
los doce años. El partido Reformista obtuvo un total de 759,887 votos, además
de contar con el apoyo de los Estados Unidos, los grupos poderoso de la nación
y militares con pretensiones de poder.
Al llegar al poder el Doctor Joaquín Balaguer se dispuso organizar la
economía del país, para esto recibió prestamos a bajos intereses del gobierno
de Estados Unidos. Se fomento la inversión extranjera a través del crédito y la
supresión de los impuestos. El régimen de los doce años dio paso a las
multinacionales, instalándose de esta forma multinacionales tales como: Golf &
Western, Falcombridge, Rosario Resource, Phillips Morris, Shell Petroleum,
Codetel y algunos Bancos Internacionales.
El largo periodo gubernamental del presidente Balaguer, que va desde
1966 hasta el 1978, lo podemos dividir en tres etapas bien definidas desde el
punto de vista económico. La primera etapa, que duro un poco mas de dos anos,
fue un periodo de consolidación, durante el cual se tuvieron que superar los
problemas económicos, sociales y políticos que se derivaron de la Guerra de
Abril. Durante esos primeros años, la economía dominicana tuvo un lento
crecimiento, pues las inversiones que se estaban iniciando todavía no tenían
tiempo para rendir sus frutos.
La segunda etapa que se caracterizo por un rápido crecimiento, se inicio
con la llegada del año 1969 y se mantuvo hasta que se produjo el primer gran
aumento de los precios internacionales del petróleo, en 1974. Durante esos
cinco anos (1969 – 1973), el crecimiento del Producto Interno Bruto fue superior

3. al 11%, promedio anual. Este auge fue favorecido no solo por las políticas
económicas que se vio interrumpido por el alza de los precios internacionales del
petróleo.
Las medidas económicas favorecieron la instalación del Primer Parque
Industrial de la República Dominicana, esta fue ubicada en el sector de Herrera.
Al fomentar la inversión extranjera y conceder exoneraciones para las
maquinarias, muchos productos fueron producidos en el país por tanto las
importaciones casi fueron nulas. Otro aspecto económico de gran importancia
fue el surgimiento del sector Zonas Francas, la primera se instaló en la Romana
en 1970, a partir de esta actividad económica se fue generando empleomanía
hacia las diferentes provincias creando así un movimiento económico que activó
la vida provincial.
El gasto público estuvo dirigido fundamentalmente a las obras de
infraestructura, además, numerosos consorcios y empresas principalmente
norteamericanas recibieron concesiones ventajosas y estímulos para invertir en
el país. A partir de la década de 1970 la economía dominicana sufre un cambio
hacia una economía de servicios, pasando de esta forma la agricultura y la
ganadería a un segundo plano.
La tercera etapa del gobierno del doctor Balaguer, se puede fijar a partir
1974 y se extiende hasta finales de su mandato en el año 1978. Durante esta
tercera etapa, la economía dominicana sufrió los avatares del aumento del
precio del petróleo, lo que provoco una deceleración del crecimiento. Así vemos
como la tasa de crecimiento del PBI, pasa de un formidable 12.1% en 1973, a
5.2% en 1975, cuando todo parecía indicar que la economía dominicana
necesitaba con urgencia de un cambio de orientación y de nuevos estímulos, a
la luz de los cambios que se habían producido en la economía internacional.

4. De hecho, Balaguer fue el gran constructor. Concentro el grueso de las
construcciones en los centros urbanos, especialmente la ciudad capital, a la cual
le cambio su fisonomía. Esta gran concentración del gasto publico en
inversiones se produjo a expensas de una virtual congelación de los salarios de
los servidores públicos, así como, del descuido de una serie de servicios
sociales esenciales, lo que era necesario para paliar la desigual distribución del
ingreso que intensifico el propio modelo de desarrollo adoptado. Con la reforma
de las leyes agrarias trato de eliminar el latifundio y elevar la productividad del
campo, asentó campesinos a través del Instituto Agrario Dominicano y concedió
préstamos. Sin embargo fue la Industria Azucarera la que más aporte dio a la
economía de la nación. Otra cosa que no podemos dejar de mencionar es la
política de construcción que llevó a cabo en todas las provincias.
Balaguer procedió a fortalecer el aparato económico nacional. Su política
económica se basó en el fomento del sector agrario, incentivo de la producción
industrial y estímulo a la inversión extranjera. El modelo fue aprovechado con los
precios relativamente bajos del petróleo, pero altos para el café, azúcar, cacao.
El grueso de los fondos del presupuesto estuvo dirigido hacia la agricultura
debido a la necesidad de cubrir la demanda interna y evitar las importaciones.
Se introdujeron las leyes agrarias que aplicarían una reforma en el sector
agrícola; estas leyes protegían al pequeño campesino por el Estado. Fueron
rechazadas por los latifundistas, y su puesta en práctica resultó muy limitada.
La ley No. 299 de Incentivo y Desarrollo Industrial y otras facilidades
otorgadas por el Gobierno, respondía al modelo de sustitución de importaciones
que se implemento en la America Latina, impulsadas por el pensamiento de Raúl
Prebisch y otros economistas de la CEPAL. El incentivo industrial fue uno de los
propósitos fundamentales de los gobiernos de Balaguer. Mediante la ley sobre
Incentivo y Promoción Industrial se exoneró del pago de impuesto a las
maquinarias y a las materias primas para las nuevas industrias. El problema con
esta ley fue que, como siempre sucede, en nuestro país este modelo se

5. comenzó a aplicar con un desfase de mas de diez años y además, se mantuvo
por un espacio de tiempo más largo de lo aconsejable, hasta el punto de que, ya
para finales de ese Gobierno era impostergable la búsqueda de actividades que
pudiesen dar nuevos impulsos a la economía.
En poco tiempo, cientos de nuevas industrias se instalaron. Ya para el
1975 el gobierno se había consolidado en el poder con gran estabilidad y
crecimiento económico. Se estableció una clase media que fueron personas
beneficiadas por concesiones y privilegios que les otorgó el gobierno. Ya para
los finales de la era de los doce años del Presidente Balaguer se caracterizo por
mantener una disciplina monetaria, como lo demuestra el hecho de que el medio
circulante solo creció en un 15.3% durante los últimos 27 meses que le restaban
a su mandato. Esto le permitió al gobierno poder paliar esos años difíciles de la
economía dominicana.
Sin embargo, esta disciplina monetaria, correcta para las circunstancias
que enfrentaba el país, se tradujo en una significativa reducción del crecimiento
económico de la Nación. Bastaría con recordar, que después de haber
experimentado crecimientos económicos superiores al 10.0% anual en los cinco
años anteriores al choque petrolero del 1974, se redujo a tasas entre el 5.2 y
4.4% en los dos años siguientes, y apenas a un 2.1%, par el 1978. Este bajo
crecimiento era convidado un desastre para la mayoría de los dominicanos en
especial para el sector empresarial que se había acostumbrando a los altos
beneficios que acompañaron los años de bonaza, razón por la cual, con
frecuencia, llevaban criticas al Presidente sobre la austera política monetaria
seguida por el Banco Central.
Precisamente, una de las debilidades institucionales que tenía el país en
esos años, era que la clase empresarial no entendía las complejidades de la
microeconomía, y por tanto, muchas veces limitaba sus evaluaciones a la

6. políticas económicas del Gobierno, exclusivamente en función del nivel de sus
ventas.

7. LA POLITICA ECONOMICA EN EL GOBIERNO DE DON ANTONIO
GUZMAN FERNANDEZ (1978 – 1982)
En el área económica, el gobierno de Don Antonio Guzmán no pudo
exhibir los mismos resultados, como no lo hubiera podido exhibir ningún otro
presidente que hubiese gobernado nuestro país o cualquier otro país en vías de
desarrollo, durante esos difíciles años que sucedieron al segundo choque
petrolero de finales de la década del 1979.
Este aumento en los precios del petróleo se recrudeció después de la
reunión de la OPEP de 1980, donde los principales países productores del
mundo, liderados por Arabia Saudita, decidieron seguir controlando la
producción de esta vital fuente de energía, para así poder aumentar su precio, el
que llegó hasta 39.5 dólares el barril, nivel que equivalía a mas de 60.0 dólares
para el año 2004.
Este aumento desproporcionado del precio del petróleo, provocó una
paralización del crecimiento económico de las grandes potencias; un aumento
de la inflación mundial, que llegó a un 20% en algunos países desarrollados de
Europa; un incremento de las tasas de interés internacionales, que también
alcanzaron el 20% en algunos mercados financieros, y una agudización del
desempleo, nunca antes visto desde la Gran Depresión del 30.
En la Republica Dominicana los efectos del alza del petróleo no pudieron
ser más negativos. La factura petrolera pasó de aproximadamente, 190 millones
de dólares en 1978, a más de 314 millones en 1979, y a cerca de 500 millones
en cada uno de los años subsiguientes. Si se toma en consideración que para el
año 1978 las exportaciones totales de bienes apenas alcanzaron los 675
millones de dólares y que todavía el turismo, las zonas francas y las remesas
eran de poca significación, entonces, podemos apreciar lo que represento para
la economía dominicana tener que desembolsar, anualmente, uno 300 millones

8. adicionales, sólo para pagar el incremento de los precios internacionales del
petróleo.
Se incrementó la carga de la deuda externa como consecuencia de los
altos niveles que alcanzaron las tasas de interés en los mercados
internacionales. Para poder apreciar la presión que causaron en la Balanza de
Pagos del país los altos precios del petróleo, bastaría señalar que las
importaciones totales pasaron de 860 millones de dólares en 1978, a 1080
millones en 1979, y a cerca de 1,500 millones en el 1980. A pesar de todas esas
adversidades, la economía dominicana pudo crecer en un 5.0% en el año 1979 y
en un 6.1% en el 1980.
Poco a poco el país comenzó a hacer uso indirecto del financiamiento
internacional, a través, de cartas de crédito para importaciones, que eran
instrumentadas por bancos locales, con el respaldo de bancos comerciales del
exterior. En otras palabras, el déficit comercial que estaba sufriendo el país
como consecuencia del los altos precios del petróleo, se fue financiando
indirectamente a través de la apertura de cartas de crédito, que el Banco Central
aceptaba con el compromiso de honrarlas a vencimiento, o sea, en el futuro.
En el primer semestre del 1978, la política fiscal se apartó de la línea
moderada que había mantenido durante todo el gobierno de Balaguer. Esto se
debió, entre otras cosas a que se trataba de un año electoral difícil para el
Gobierno, por lo que el gasto publico se vio presionado al alza, lo que unido a
una disminución de los ingresos, provoco un déficit fiscal de aproximadamente
un 3.0% del PBI, por primera vez en mas de una década.
Así inicio en materia fiscal el gobierno de Don Antonio Guzmán, además
tuvo que enfrentar la gran demanda por cargos públicos proveniente de la
militancia del Partido Revolucionario Dominicano. El gasto corriente también se
vio afectado por el aumentó de prácticamente todos los precios que produjo el

9. choque petrolero. En este sentido, debe recordarse que la inflación del 1979 fue
de un 9.2% y la del año siguiente llegó al 16.7%.
Por todas estas razones, el gasto corriente rápidamente aumento de unos
21.5 millones de pesos mensuales a julio del 1978, a unos 37.0 millones para
julio del 1980, lo que equivale a un incremento de mas del 70% en tan solo dos
años.
La primera medida importante que adopto el nuevo Gobierno en el campo
fiscal, fue la concertación de un financiamiento con la banca internacional por la
suma de 185 millones de dólares que se suscribió el 20 de diciembre de 1978,
aunque los fondos no ingresaron hasta junio del 1979. La intención de dicho
préstamo fue tratar de reprogramar y consolidar los vencimientos de algunos
créditos externos tomados en los últimos años del gobierno de Balaguer, por
varias instituciones autónomas del Gobierno, principalmente CORDE. Es
interesante observar que del total del prestamos, un 40%, o sea 73.2 millones se
destinaron a la CDE.
La economía dominicana enfrentaba dos situaciones difíciles a principios
del 1980: el primero era de carácter fiscal. El incremento del gasto corriente,
provocado por los aumentos de salarios ocurridos en 1978 y 1979, unido a las
cargas derivadas del incremento de los precios internacionales del petróleo y
sus derivados, además de los graves daños ocasionados por el huracán David y
la tormenta Federico, habían producido un aumento sustancial del gasto, no solo
en el Gobierno Central, sino también en le Sector Publico. Para el año 1979, el
déficit del Sector Publico Consolidado, es decir, del Gobierno Central y de los
organismos descentralizados (CEA, CDE, INESPRE, CORDE y otras) había
llegado a un 6.2% del PBI de acuerdo cálculos del FMI. Esta cifra resultaba
excesiva y había urgente necesidad de reducirla.

10. Para enfrentar ambos déficit, el fiscal y el externo se requería la adopción
de medidas, así como para frenar el crecimiento de los medios de pagos. Dentro
de esta estrategia, al Gobierno Central, le correspondía enfrentar el primero y al
Banco Central tomar medidas para reducir el déficit externo, así como el medio
circulante. Estos eran unos objetivos que nadie estaba dispuesto a aceptar de
buena gana, pues tradicionalmente la población y los empresarios quieren que
se busquen soluciones a los problemas, pero sin tomar prestado y sin que se
reduzca el consumo.
Afortunadamente, en el año 1981 el país tuvo un factor positivo a su favor
dado por los altos precios a que llego el azúcar en los mercados internacionales;
incluso la producción se había recuperado luego de la fuerte caída que había
tenido después del paso del huracán David. En ese año la Republica
Dominicana llego a exportar azúcar crudo por un valor de 513 millones de
dólares, cifra superior en 223 millones a la alcanzada en el año anterior.
Para el año 1982, el manejo de la economía se perfilaba mucho más
difícil. En el caso de la azúcar, el precio había llegado a 46.0 centavos la libra en
1981, mientras que para 1982 había disminuido a tan sólo 13.5 centavos. Igual
sucedía con el oro, cuyos precios disminuyeran de 800 dólares la onza, en 1981,
a menos de 370 la onza para 1982. Asimismo, la Falconbrige, había llegado a
exportar hasta 100 millones al año, se encontraba temporalmente fuera de
producción por falta de demanda mundial, al recibir 420.3 millones menos que el
año anterior, mientras se mantenían altos los precios del petróleo y por tanto, la
factura petrolera, a pesar de que el consumo domestico había descendido.
En 1982 también se iba a sumar otro gran constreñimiento, pues a pesar de las
medidas restrictivas aplicadas en 1981, el Banco Central había acumulado
atrasos en el canje de divisas por una suma considerable de dólares, por lo que
la banca internacional estaba mostrando una actitud de mucha cautela con el
país, en lo que concernía a la apertura de nuevas cartas de crédito. El país

11. había agotado el margen de tolerancia de la banca comercial internacional, por
tanto iba a ser imposible continuar haciendo uso del mecanismo de los atrasos
de pagos de cartas de crédito vencidas, como forma de enfrentar la demanda
creciente de importaciones.

12. LA POLITICA ECONOMICA EN EL GOBIERNO DEL DR.
SALVADOR JORGE BLANCO (1982 – 1986)
Los nuevos objetivos de la política económica de la Republica
Dominicana (1982 – 1986) fueron explorar y evaluar todas las alternativas
posibles de políticas cambiarias: la ampliación del mercado libre por el lado de
las importaciones; tipo de cambio más realista para las exportaciones; un
acuerdo de ajuste estructural con el Banco Mundial; acuerdos de facilidad
ampliada o de stand – by con el Fondo Monetario Internacional; la legalización
de un tipo de cambio múltiple; prohibiciones de importaciones; una devaluación
formal a través de un cambio en la legislación monetaria creando un nuevo tipo
de cambio mas realista.
De todas estas opciones se tomo la del acuerdo con Fondo Monetario
Internacional. Las razones por las cuales era necesario llegar a un acuerdo con
el Fondo se debía a los niveles de atraso con la banca comercial por 367.2
millones de dólares, sin incluir en esa cifra, 45.0 millones realmente pagados por
el Bando de Reservas. Este monto era tan grande, que los bancos
internacionales habían prácticamente cerrado el crédito a la banca nacional, lo
que hacia muy difícil las operaciones comerciales del país.
Las negociaciones con el FMI se iniciaron durante el último cuatrimestre
del 1982. Como era de esperarse, estas fueron sumamente difíciles, pues los
intereses de ambas partes negociadoras respondían a motivaciones diferentes.
La preocupación principal del FMI era ayudarnos a resolver el problema de
atrasos de pagos en nuestra deuda externa y no la de buscar el desarrollo de la
economía a corto plazo, como era el interés del gobierno dominicano, además
de tratar de que la economía nacional pudiese seguir creciendo y no se agravara
el desempleo. El Gobierno procuraba que el proceso de ajuste fuera gradual,
para así permitir el crecimiento de la economía, mientras que el FMI requería un
ajuste de choque, resolviera el problema de los atrasos a corto plazo.

13. Para finales del mes de octubre del 1982 ya se tenía en principios un
acuerdo entre el Gobierno y el FMI, el cual reflejaba en la Carta de Intenciones
que habían firmado los principales integrantes del equipo económico. Se había
acordado un Programa de Facilidad Ampliada con tres años de duración. Por su
parte, el FMI se comprometía a facilitar a la Republica Dominicana la suma de
371.3 millones de DEG que equivalían a unos 450 millones de dólares en tres
años, que era la duración que contemplaba el programa.
Por otra parte y como componente esencial de los acuerdos con el FMI, el
8 y 9 de diciembre del 1982 se sostuvieron una serie de reuniones con la banca
internacional, en la ciudad de New York. Luego de un largo proceso de
discusiones internas entre los técnicos finalmente se suscribió el 15 de
septiembre de 1983, mediante el cual se reprogramaron 486.3 millones de
dólares de la deuda que se tenia con la banca comercial internacional.
A pesar de los términos obtenidos, el resultado de esa negociación ha
sido cuestionado por algunos analistas. Por una parte, el Banco Central asumió
una deuda que se había originado por importaciones del sector privado, dicha
deuda afectaría la política monetaria del Banco en el futuro.
Una de las medidas de ajuste económico que se adoptaron como parte
de los acuerdos con el FMI, fue permitir a los bancos comerciales el aumento de
las tasas de interés pasivas, de un 1 hasta un 2% mensual. Asimismo, se le
permitió a las instituciones financieras emitir certificados que devengan intereses
más acorde con los que prevalecían en los mercados internacionales.
En materia cambiaria, la Junta Monetaria permitió a los bancos
comerciales comprar y vender dólares directamente al público lo que introdujo
un nuevo elemento en el sistema cambiario dominicano, pues los bancos podían
participar abiertamente en el mercado paralelo de divisas. De ahí surgió una
competencia entre la banca y las casas de cambio por el control del mercado de

14. divisas, lo que junto con los déficit externos, produjo presiones al alza de la tasa
de cambio. Esta depreciación de la moneda pronto se convirtió en un punto
central de la atención de la política económica, ya que la misma, afectaba
negativamente todos los costos de la economía. Ante la realidad del mercado, la
Junta Monetaria decidió legalizar las operaciones de las casas de cambio en
agosto del 1983, bajo la reglamentación del Banco Central y la supervisión de la
Superintendencia de Bancos.
Durante la primera visita de Estado de un Presidente Dominicano a los
Estados Unidos, le toco tal privilegio al Dr. Jorge Blanco, el cual aprovecho para
pedirle al gobierno estadounidense que le concediera un préstamo puente, que
pudiese ser usado en lo que llegaba un acuerdo definitivo con el FMI. La
respuesta fue negativa, basada en el argumento de que el Tesoro
Norteamericano solo podía otorgar estos recursos a muy corto plazo y
condicionado a una seguridad absoluta de que los fondos serian reembolsados
al término de ese plazo. Sin embargo, tan pronto concluyo el viaje del Presidente
se iniciaron gestiones frente al Congreso de los Estados Unidos, las cuales
después de un intenso cabildeo de varios meses de duración, tanto en el
Senado como en la Cámara de Representantes, se logro que se aprobara una
donación a la Republica Dominicana por la suma de 50 millones de dólares, la
cual unida a 45 millones que se habían aprobado previamente, constituían un
aporte significativo para la estabilidad económica de nuestro país. El total de la
ayuda norteamericana sumo más de 200 millones de dólares durante esos tres
años (1983 – 1985), lo que se trataba de una suma considerable.
La Iniciativa Para la Cuenca del Caribe (CBI) fue un programa creado
durante la administración del presidente Reagan que ofrecía a los países de la
Cuenca del Caribe (Centroamérica y las islas del Caribe), la entrada de sus
productos libre de impuestos al mercado norteamericano, de todos los productos
originarios de dicha Región.

15. La Republica Dominicana fue el principal beneficiario de esta iniciativa,
pues fue el país de la Región que mayor atracción de inversiones extranjeras
recibió como consecuencia de la implementación de dicho programa comercial,
y también, el que pudo aumentar sus exportaciones al mercado norteamericano
con mayor rapidez. En parte debido a que todavía muchos países
centroamericanos tenían serios conflictos internos y una situación política
inestable.
La aprobación del CBI en julio de 1983 y su puesta en vigencia el 1 de
enero 1984, junto con la devaluación del peso dominicano fueron, por tanto, los
dos factores que mas influyeron el desarrollo de la zonas francas de exportación
en los años posteriores, y en consecuencia, en la creación de cientos de miles
de nuevos empleos productivos, especialmente, en la mano de obra femenina.
A los pocos días del regreso del presidente Jorge Blanco al país, la Junta
monetaria hizo un último esfuerzo para introducir medidas que permitieran
arribar a un rápido acuerdo para el segundo año del programa con el FMI. Una
de la medida mas impopular fue traspasar al mercado libre prácticamente todas
las importaciones del país, excepto los hidrocarburos, por lo que algunos
productos a los cuales hasta esa fecha el Banco Central le otorgaba divisas
oficiales a la par con el dólar, subieron los precios.
Esta ultima medida, unida al alto nivel en que se encontraba la tasa de
cambio, cercano a los 3.00 pesos por dólar, así como la acumulación de
frustraciones que venían arrastrando el pueblo desde hacía mucho tiempo,
provocó un levantamiento en los barrios populares, que se tradujo en saqueos a
propiedades privadas y enfrentamientos con las fuerzas del orden lo que costó
un alto numero de vidas humanas. Realmente se trató de una tragedia nacional
que marcó el vértice de la crisis económica que se padeció durante esos difíciles
años.

16. Luego de la revuelta de abril 1984, se nombro un nuevo equipo
económico en el Banco Central el cual tenia la tarea de buscar algún tipo de
acuerdo con el fondo que fuese posible aplicar sin someter a la población a
nuevos ajustes económicos, que les agravara la ya difícil situación que estaba
atravesando la nación. Tras varias visitas a Washington del equipo económico,
finalmente se pudo llegar a un acuerdo especial que el propio Director Gerente
del FMI llamo “Acuerdo Puente”, que no era otra cosa que una salida temporal
hasta que el gobierno estuviese en condiciones de poder comprometerse a
cumplir un acuerdo más riguroso dentro de los estándares del FMI, como podía
ser un acuerdo stand – by.
A este acuerdo temporal, se llegó en el mes de agosto del 1984 y el
mismo solo daba un respiro, pues permitía al país mostrar a la comunidad
internacional que se tenía algún tipo de acuerdo con el FMI, lo que facilitaba en
algo el desembolso de recursos para enfrentar la crisis.
Todas las medidas anteriormente señaladas, solo servían como paliativo
y no como soluciones definitivas de los grandes problemas que enfrentaba al
país; soluciones que tenían que buscarse, inevitablemente, dentro de un
acuerdo más formal con el FMI. De ahí, que ya para los últimos meses de 1984,
se volvieron a intensificar las negociaciones con ese organismo internacional las
cuales culminaron dos días antes de la Noche Buena.
Finalmente el acuerdo stand – by fue aprobado en el Directorio Ejecutivo
del FMI el 15 de abril del 1985 y se estableció que estaría sujeto a revisiones
trimestrales, tal y como es costumbre de esta institución. El cumplimiento de
estas medidas de ajuste por parte del Gobierno permitió que la tasa de cambio
se redujera de 3.29 que había llegado en febrero 1985, a 3.00 en agosto de ese
mismo año. Cuando el gobierno del Dr. Jorge Blanco concluyo su gestión,
agosto de 1986, ya la tasa se había estabilizado alrededor de 2.80, lo que
demostraba que el gobierno había podido controlar la crisis económica. Con una

17. inflación para julio de ese mismo año de tan solo 0.38% y para agosto había sido
negativa.

18. LA ADMINISTRACION DEL DR. JOAQUIN BALAGUER EN EL
GOBIERNO DE LOS 10 ANOS (1986 – 1996)
El regreso del doctor Balaguer al Palacio Nacional para iniciar su periodo
como nuevo Presidente de la Republica, se produjo el 16 de agosto del 1986, el
mismo encontró una situación económica tanto en el plano nacional como en el
internacional, completamente distinta a la que enfrento en 1966. En esta nueva
ocasión, la economía dominicana estaba estabilizada luego de haber pasado por
un fuerte periodo de ajuste bajo un estricto programa stand – by con el Fondo
Monetario Internacional. Asimismo, la economía internacional se estaba
recuperando, después de varios años de altos precios del petróleo que ya
habían vuelto a niveles normales.
La tasa de cambio se encontraba en equilibrio desde hacia varios meses
alrededor de 2.80 pesos por dólar y la inflación estaba completamente
controlada. Sin embargo, el crecimiento de la actividad económica era muy
reducido, debido a las múltiples medidas restrictivas adoptadas dentro del
programa de ajuste.
En este escenario, el presidente Balaguer decidió reactivar la economía a
través del gasto público en inversiones, es decir, siguiendo el mismo esquema
que aplicó durante su gobierno de los 12 años, el cual lamentablemente, no era
el más apropiado en esta nueva realidad. Solo a manera de ejemplo podemos
apreciar que durante el primer semestre del año 1987 el gasto total del Gobierno
llegó a los 1,642 millones de pesos lo que representaba un aumento de un
33.4% sobre los niveles que había alcanzado esta variable en igual período del
año anterior, es decir, bajo el gobierno de Jorge Blanco.
Esta expansión del gasto gubernamental se reflejó de manera principal en
los gastos de capital, y más específicamente, en aquellos destinados a las
construcciones las cuales en los primeros seis meses de 1987 fueron más de

19. seis veces superiores a las alcanzadas en igual periodo del año anterior. Este
extraordinario incremento del gasto en construcciones se pudo lograr sobre la
base de una reducción del gasto corriente el cual disminuyó en más de 25%, en
igual periodo. Pero también fue posible debido a que el gobierno de Balaguer se
opuso a pagar la amortización de la deuda pública que encontró al llegar al
Poder.
Otro elemento que se había deteriorado mucho en los últimos años había
sido la situación de las empresas públicas, especialmente, la Corporación
Dominicana de Electricidad y el Consejo Estatal del Azúcar. En el caso de la
CDE, los gastos en la adquisición del combustible que requería para sus
generadores, comenzaron a incrementarse a partir del aumento de los precios
del petróleo ocurrido unos años atrás. Esto represento para la CDE un aumento
considerable al pasar de 200 millones en 1984 a unos millones 600 millones en
1985, lo que obligó al gobierno a subsidiar a esa empresa con unos 200
millones, para así evitar que todo ese aumento se traspasara a los
consumidores.
En el caso del azúcar la situación era aún peor, debido a las múltiples
distorsiones que se habían producido en los mercados internacionales durante
los últimos años. Los países de la Comunidad Económica Europea habían
creado una serie de subsidios a sus productores domésticos del azúcar de
remolacha lo que había estimulado considerablemente la producción domestica,
hasta el punto que de ser un continente importador de azúcar, se convirtió en
poco tiempo en un gran exportador neto al mercado mundial.
El único mercado rentable para la Republica Dominicana pasó a ser el de
los Estados Unidos de America. Sin embargo, en ese mercado también se
ofrecieron incentivos a los productores y se garantizaron precios mínimos de
venta a principios de 1980, lo que estimuló el aumento de la producción
domestica no sólo de azúcar, sino también, de los llamados edulcorantes, o sea,

20. sustitutos del azúcar, entre los que se destacó el jarabe de maíz de alta fructosa.
Así que los EE.UU., fueron disminuyendo gradualmente las compras de azúcar
dominicana, mediante la imposición de cuotas de importación cada vez menor.
Para atender la precaria situación económica por la que atravesaba el
CEA, agravada por la disminución de la cuota preferencial norteamericana, el
Poder Ejecutivo introdujo en el Congreso Nacional un proyecto de ley con el
propósito de darle liquidez a esa empresa estatal. Se autorizó al CEA a
traspasar al Banco Central en calidad de ventas alrededor de 17.7 millones de
metros cuadrados de terrenos pertenecientes al Ingenio Monte Llano, por un
valor de 502.5 millones de pesos, bajo el argumento de que esos terrenos
podrían ser vendidos posteriormente por el Banco para proyectos turísticos,
instalaciones de zonas francas industriales o cualquier otro proyecto de interés
social o económico.
Para la fecha que se hizo la operación, el medio circulante se encontraba
en los 2,200 millones, por lo que el primer desembolso de 251 millones
representó un incremento del circulante de más de un 11%. Por lo que ese
financiamiento contribuyo al aumento de la emisión monetaria sin respaldo,
como cualquier otra operación de financiamiento del Banco Central.
En 1990 sucedió en el ámbito internacional un acontecimiento que
aceleró la crisis económica del país, cuando estallo la Guerra del Golfo que
inició el gobierno de los Estados Unidos contra Iraq, luego que este ultimo país
invadiera a su vecino Kuwait bajo el argumento de que su territorio le pertenecía,
y con ello, los grandes depósitos de petróleo de esa nación. La Guerra del Golfo
se llevó a cabo en la zona del mundo con mayores reservas de petróleo, por lo
que el precio internacional de los hidrocarburos se elevó súbitamente pasando
de 16.8 dólares el barril, a 35.9 dólares en apenas cuatro meses.

21. Como consecuencia de esto, el Gobierno había recrudecido sus controles
y se estaba procediendo a cerrar los bancos de cambio y a perseguir a sus
propietarios, dentro de lo que se llamó “Operación Duarte”. Esta famosa medida
del Gobierno buscaba devolver a la moneda dominicana el valor que había
perdido.
Las medidas económicas del Gobierno del Dr. Balaguer para finales del
1990 se podían resumir en: desmantelar la “Operación Duarte”, flexibilizar los
controles cambiarios, se eliminaron los controles de precios y los sometimientos
a comerciantes y se adoptaron otras medidas económicas que podían
implementarse por la vía administrativa. También, jugó también un importante
papel, el hecho de que el aumento de los precios internacionales del petróleo
sólo duró unos pocos meses y la economía entró en un largo periodo de
prosperidad la cual se mantuvo hasta finales de esa década.
Para la reforma arancelaria del 1990 se sostuvieron muchas reuniones en
el Palacio Nacional con el propósito de buscar un consenso para la ejecución de
los puntos acordados luego de la firma del Pacto de Solidaridad Económica.
Como consecuencia de todas esas reuniones, el 13 de septiembre del 1990, el
Presidente de la Republica dictó el Decreto No. 339, por medio del cual, se
eliminada el anterior régimen arancelario y se creaba un reglamento para la
ejecución de un nuevo arancel aduanero, con carácter provisional hasta tanto
fuese promulgada la ley correspondiente.
Posteriormente, en fecha 4 de agosto de 1993, tras largo debate, el
Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley “Arancel de Aduanas de la
Republica Dominicana”. Es justo reconocer que tanto el Decreto No. 339 como
la referida Ley, obedecieron a la necesidad imperiosa que tenía el país de
incorporar su sistema aduanero a los avances que se habían producido con el
comercio internacional. Además, unificaron los gravámenes arancelarios, se
disminuyeron los niveles de tasas en sentido general, se aplicó un sistema ad
valorem, en lugar de uno específico, se crearon sólo ocho categorías de tasas

22. con un tope máximo del 35% y se eliminaron todas las concesiones de
exoneración de gravámenes arancelarios contemplados en numerosos decretos
y leyes.
Este cambio le permitió al gobierno aumentar la recaudación de 615
millones en 1990 a 4,588 millones en 1992, o sea, que tan sólo en dos años las
recaudaciones se multiplicaron siete veces y media, sin incluir la aplicación del
ITEBIS en al aduanas.
El 1 julio de 1991, tras un largo período de negociaciones con el Fondo
Monetario, el Presidente Balaguer se dirigió a la Nación para anunciarle que
había llegado a un acuerdo con esa institución internacional y que en los
próximos días el gobierno iba a enviar la Carta de Intención. Los frutos de esta
negociación vinieron en las elecciones del 1994, ya que fue reelecto con un
mayor apoyo de los votantes.
El 22 de noviembre del 1991, la República Dominicana llegó a un acuerdo
con las naciones acreedoras dentro del Club de París. En esta segunda ocasión
el monto renegociado fue de 926 millones de dólares y los principales
acreedores eran Estados Unidos, España, Japón, Alemania y Francia. Los
términos negociados fueron muy favorables para el país.
Luego de haber sometido la economía a un necesario proceso de ajuste,
el gobierno de Balaguer se dedicó a concluir una serie de reformas
fundamentales en las cuales venía trabajando durante los últimos años. Lo
primero fue lograr que el Congreso Nacional aprobara la reforma arancelaria que
se estaba aplicando por Decreto Presidencial. Esto se logró en agosto del 1993,
después de un prolongado debate en ambas cámaras legislativas. Lograr la
aprobación congresional no fue tarea fácil. Incluso provocó, entre otras cosas,
una separación de las asociaciones empresariales aglutinadas en El Consejo
Nacional de Hombres de Empresa.

23. La otra reforma sumamente importante fue la tributaria, mediante la cual
se introdujeron cambios significativos a la Ley de Impuestos Sobre la Renta. La
Principal modificación fue el establecimiento de un impuesto máximo de un 25%
sobre las rentas, tanto de personas físicas como jurídicas, con el cual se
redujeron sustancialmente las tasas impositivas existentes a la fecha, que
llegaban hasta un 46%. Pero también fue significativa a la eliminación de la
doble tributación, que penalizaba al contribuyente obligándolo a pagar impuestos
sobre la renta sumamente elevados, hasta 70% de sus ingresos.
Otro elemento importante en el proceso de recuperación de la economía
fue la renegociación de la deuda externa pública con la banca comercial,
especialmente, con bancos internacionales. El total de la deuda pública con al
banca comercial extranjera ascendía a unos; 1,185 millones de dólares. Dicha
renegociación fue realizada utilizando un conjunto de instrumentos financieros
que ofrecía el mercado, entre ellos los llamados Bonos de Descuento, que se
emitieron para cambiarlos por parte de la deuda por concepto de capitales
adeudados. También estaban los llamados Bonos Intereses en Atraso (PDI), que
fueron cambiados, como su nombre lo indica, por parte de los intereses en
atraso a esa fecha.
El origen de las zonas francas industriales orientadas hacia la
exportación, se remontan en nuestro país al principio del año 1969, cuando
ejecutivos del Central Romana Corporación sugirieron la creación de industrias
con alto contenido de mano de obra con fines de exportación hacia el mercado
norteamericano. Ya para marzo de 1969 se promulgo el Decreto 3461 que
autorizaba la creación de un parque industrial en la ciudad de la Romana, donde
comenzó a operar la primera zona del país, en febrero del 1970.
Con la Iniciativa Para la Cuenca del Caribe lanzada por el presidente
Reagan en febrero de 1982, que entró en vigencia en enero de 1984, las zonas
francas industriales recibieron un estimuló adicional, sobre todo, porque para

24. ese mismo año se logró que los Estados Unidos le otorgara un tratamiento
especial a las manufacturas textiles procedentes de los países de la Cuenca del
Caribe.
Bastaría con señalar, que del 1986 al 1988 comenzaron a operar 101
nuevas empresas, lo que fue creando las bases para un aumento importante de
estas exportaciones, que se reflejó con más intensidad a partir del 1992, cuando
las exportaciones de zonas francas pasaron de los 1,194 millones de dólares,
que se registraron en ese año, a 4,100 millones para 1998. Para 1998 ya el país
contaba con 496 empresas en operación dentro de los 43 parques industriales
que existían en esos momentos. Estas empresas ofrecían empleos directos a
195,200 personas, sin contar los cientos de miles de empleos indirectos.
Así como las zonas francas dieron un formidable impulso a las
actividades económicas en los últimos ocho años de la década del 1990,
también el sector turismo hizo su aporte en la misma dirección. En la década del
1980, se construyeron en todo el país 13,654 nuevas habitaciones. En contraste,
durante la década del 1990 se construyeron 32,873 nuevas habitaciones, es
decir casi dos veces y media más.
De acuerdo a estimados del Banco Central, en 1990 la actividad turística
proporcionaba a la economía dominicana aproximadamente unos 725 millones
de dólares. En apenas cinco años estos ingresos se habían mas que duplicado,
y ya para el año 2000, habían llegado a unos 2,895 millones, es decir, cuatro
veces más, en apenas una década. Para el año 2000 la Republica Dominicana
contaba con 51,916 habitaciones hoteleras concentradas principalmente en las
provincias de La Altagracia y Puerto Plata.
En 1994 culminaron las negociaciones comerciales que se llevaron a
cabo dentro de la llamada Ronda de Uruguay del GATT, que duró siete años y
medio, durante los cuales los países pertenecientes a este acuerdo, se sentaron
a discutir la forma en que podían reducir las barreras al comercio mundial de

25. bienes y servicios, principalmente mediante la disminución de sus tarifas
arancelarias, aunque también, con otras medidas liberadoras de trabas
comerciales.
Otro objetivo de esa ronda de negociación, fue dar origen a una
institución internacional que estableciera procedimientos para que se cumplieran
esos acuerdos, la cual se denominó la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
En el caso de la Republica Dominicana, inexplicablemente, se tomó la
decisión de someter una lista de aranceles consolidados sumamente simple, la
cual se limitó a señalar que el país se comprometía a cumplir una consolidación
(tasa arancelaria) a un nivel máximo del 40% ad – valorem, para todos los
productos, ya fuesen agropecuarios o no, lo que contrastaba significativamente
con la posición que habían presentado los otros países. Luego de varios
encuentros y reuniones, esto dio paso a lo que fue la Rectificación Técnica, lo
que permitió que nuestro país pudiese proteger ocho productos agropecuarios
sumamente sensitivos (arroz, azúcar, leche en polvo, frijoles secos, ajo, carne
de pollo, maíz y cebolla). Sin esa Rectificación Técnica, la producción de esos
rubros alimenticios no hubiera podido sobrevivir en estos años de apertura
económica, lo que hubiese significado una perdida incalculable para nuestra
economía.
Los pasos previos a la integración económica dictaba que la Republica
Dominicana debía iniciar de inmediato, negociaciones para un acuerdo de libre
comercio, de alcance parcial, con el Mercado Común Centroamericano, así
como con CARICOM, es decir, iniciar un proceso de apertura económica con
países que tuviesen un nivel de desarrollo similar al nuestro, pues de esta forma,
se podría ir identificando las ramas de actividades donde teníamos debilidades
para competir y así tomar las medidas correctivas necesarias sin que
tuviésemos que pagar un costo muy elevado. Estos aprestos concluyeron en
1997, cuando se dieron los primeros pasos para negociar un acuerdo de libre

26. comercio, primero con CARICOM, y posteriormente, con los países
Centroamericanos.

27. PRIMERA ADMINISTRACION DEL DR. LEONEL FERNANDEZ
REYNA (1996 – 2000)
Ningún otro presidente inicio su período gubernamental en condiciones
tan favorables, como las que tuvo el Dr. Leonel Fernández, cuando asumió la
primera magistratura del Estado, el 16 de agosto del 1996. En esa ocasión la
inflación era muy reducida como lo evidencia el hecho de que a ese mes de
agosto el índice de precios al consumidor mostraba un crecimiento anual de tan
sólo un 4.8%. Asimismo, la moneda nacional se encontraba completamente
estable, el crecimiento del PIB fue en ese año de 1996 el más alto que había
registrado el país en los últimos 20 años y los precios del petróleo se
encontraban alrededor de los 21.30 dólares el barril, niveles muy por debajo a
los que habían llegado en los primeros años de la década del 1980 y más
recientemente en el año 1990, cuando superaron los 35.00 dólares, causando
graves trastornos a la economía mundial.
Quizás el único elemento desfavorable para el gobierno del presidente
Fernández era la estrechez presupuestaria con que se había manejado el Dr.
Balaguer, especialmente en lo que se refería al nivel de los gastos corrientes, lo
que no le permitía cubrir una serie de servicios públicos básicos. Es por ello que
al principios del Gobierno se tomó una decisión muy importante que
aparentemente no fue bien sopesada y discutida dentro del equipo económico,
esta fue la iniciativa de someter al Congreso Nacional una reforma tributaria muy
profunda que aparentemente no era necesaria en ese momento para mantener
equilibradas las finanzas públicas, ni tampoco contaba con un mínimo apoyo de
las asociaciones empresariales. Siempre se dijo que esta fue una sugerencia de
la Fundación Economía y Desarrollo, que desde hacía mucho tiempo venía
abogando por esta reforma.
Como elemento central se proponía una reducción significativa de las
tasas arancelarias, con el propósito de abrir más el mercado doméstico a la

28. competencia internacional, para favorecer a la clase importadora. Esta parte de
la propuesta produciría una disminución del 35.0% de lo que se recaudaba por
esa vía. Además, la Reforma proponía una reducción de las tasas del Impuesto
Sobre la Renta para establecer una tasa única del 10%.
Para compensar estas disminuciones de ingresos fiscales, la Reforma
proponía un aumento del ITEBIS de un 8 a un 12%. Además, de la ampliación
de la base impositiva de este impuesto, mediante la eliminación de varias
exenciones existentes a la fecha y la inclusión de algunos servicios. Se proponía
un aumento sustancial del Impuesto Selectivo al Consumo sobre las bebidas, la
cerveza y los cigarrillos. Recibiendo una oposición tenaz no sólo de diferentes
asociaciones empresariales, sino también, de los partidos políticos de la
oposición, de los sindicatos y del público en general.
Por lo tanto, dicha administración necesitaba otro elemento para poder
sostener un crecimiento tan extraordinario de las importaciones durante esos
años. Este vino dado por el alto endeudamiento externo en que incurrió el sector
privado, incluyendo la banca comercial, especialmente, en la segunda mitad de
ese periodo. Por un lado, el Banco Central dio muestras de que estaba decidido
a mantener la estabilidad de la tasa de cambio y así lo pudo lograr. Esto le
proporcionó confianza a los entes económicos en la moneda nacional. Por otra
parte, las tasas de interés se mantuvieron muy elevadas durante casi todo ese
período, por lo que resultaba mucho más rentable a las empresas y a las
personas, endeudarse en dólares.
En esta coyuntura, los bancos comerciales también decidieron tomar
préstamos en dólares para canalizarlos hacia sus clientes tanto en dólares como
en pesos. Hasta cierto punto, el Banco Central estimuló este endeudamiento
pues en varias ocasiones había fijado topes a la cartera de los bancos en
moneda local, pero no en moneda extranjera, por lo que muchos bancos
obtuvieron recursos externos por encima de los niveles prudenciales, pues así

29. podían atender las solicitudes de crédito de sus clientes. Este endeudamiento
contribuía muy poco o nada con el aumento de la producción y la productividad.
La política seguida por el Banco Central en este periodo, consistía en
mantener un alto crecimiento de los medios de pago para sostener un aumento
de la demanda y la productividad. Si embargo, cada vez que esa abundancia de
liquidez amenazaba la estabilidad cambiaria, entonces el Banco utilizaba una
serie de instrumentos a su disposición para frenar el exceso de liquidez y así
evitar la desestabilización de la tasa de cambio.
Aunque la política del Banco Central fue efectiva para controlar la
inflación y la depreciación de la moneda, sin embargo, tuvo costos financieros
muy altos para las empresas y para el propio Banco, pues durante esos años las
tasas de interés se mantuvieron bastante elevadas e incluso mostraron una clara
trayectoria oscilante, alternando períodos de alza con períodos de baja, que no
favorecían la programación financiera de las empresas.
Por otra parte, desde que el Dr. Fernández asumió la primera
magistratura del Estado mostró gran interés en que la República Dominicana
abandonara la posición aislacionista que había tenido en el pasado.
Consecuente con esta posición, a principios de 1997 el presidente Fernández
anunció la decisión de iniciar de inmediato negociaciones con CARICOM, con el
propósito de lograr acuerdos de libre comercio antes de que concluyera el año.
Asimismo, informó sobre la disposición de negociar acuerdos similares con los
países centroamericanos tan pronto concluyera las negociaciones con los
primeros.
Por razones diversas, las negociaciones con los miembros de CARICOM
no pudieron avanzar con la celeridad que demandaba el gobierno dominicano,
por lo que se decidió dejarlas en suspenso e iniciar, inmediatamente,
negociaciones con los países centroamericanos. De hecho, en la Cumbre de

30. Jefes de Estado de Centroamérica celebrada en noviembre del 1997, los
presidentes instruyeron a sus funcionarios para que iniciaran negociaciones
tendientes a la pronta suscripción de un tratado de libre comercio entre
Centroamérica y la República Dominicana.
Finalmente, el 16 de abril del 1998, los Presidentes de los países
Centroamericanos y el presidente Fernández, firmaron un Tratado de Libre
Comercio, que se consideró “histórico” pues se trataba del primer acuerdo de
libre comercio firmado por la República Dominicana. Si embargo, este fue un
acto protocolar que reflejaba la determinación de los Jefes de Estado, ya que
para que este Tratado pudiese entrar en vigencia, se requería completar las
negociaciones de una serie de aspectos vitales, lo que tomó varios meses de
arduas conversaciones.
En la práctica, la culminación de las negociaciones no se pudo lograr
hasta noviembre del 1998, cuando se aprobaron tanto las listas negativas, las
normas de origen, el tratamiento a las zonas francas, así como otros aspectos
igualmente sensitivos. Una vez acordados estos temas, el Tratado entró en
vigencia en octubre del 2001.
A corto y mediano plazo estas negociaciones han favorecido más a
Centroamérica que a la Republica Dominicana, pues los productores del Istmo
estaban mejor preparados para aprovechar estas nuevas oportunidades
comerciales, dada la experiencia que habían acumulado durante los largos años
que tenían operando como área de libre comercio. Así lo demuestra el hecho de
que durante el año 2002, las exportaciones de Centroamérica hasta la República
Dominicana, aumentaron 48.3% millones de dólares, mientras que las nuestras
hacía esa Región tan solo se incrementaron en unos 15.9 millones. De esta
forma, nuestro déficit comercial con el Istmo llegó a los 111.0 millones para ese
año. Dicho acuerdo también sirvieron para evidenciar nuestras debilidades
competitivas.

31. Una de las consecuencias directas del acuerdo de libre comercio con
Centroamérica, fue la presión que se creó internamente para que se llevara a
cabo una nueva reforma arancelaria, que le permitiera a los productores
nacionales, especialmente a los industriales, poder competir en igualdad de
condiciones con sus homólogos centroamericanos, mediante la reducción de los
impuestos de importación que gravaban a los insumos y a las maquinarias. En
adicción, la disminución de los aranceles siempre se había mantenido dentro de
los sectores importadores, por lo que este sector también se sumó a esos
reclamos, aunque por razones diferentes.
Aunque se avanzó mucho en la discusión de esta delicada pieza
legislativa, la misma no pudo ser aprobada durante el gobierno del presidente
Fernández y fue en el próximo gobierno de Hipólito Mejía, cuando finalmente se
aprobó en diciembre del 2000. De forma que el nuevo arancel estableció una
tasa máxima del 20% para los bienes de consumo, lo que fue un paso muy
importante, pues en el acuerdo de libre comercio posteriormente negociado con
los Estados Unidos, las desgravaciones arancelarias se aplicaron a partir de un
20%, lo que le proporcionará mas tiempo a las industrias nacionales para irse
preparando a enfrentar la fuerte competencia que vendría de esa gran economía
del norte.
Para el proceso de la Capitalización de las Empresas Publicas se aplicó
el modelo seguido por Bolivia y otros países en vías de desarrollo, pues tenía la
característica que el Estado seguiría como propietario de por lo menos un 50%
del capital de las empresas y que el socio privado sólo le correspondía una
participación del 50% restante, como aporte de capital fresco que serviría para el
rescate financiero de las empresas.
Para estos fines el presidente Fernández sometió al Congreso Nacional el
proyecto de Ley General de Reforma de Empresas Públicas, que luego de un
amplio debate, fue aprobada en fecha 24 de junio de 1997. Esta Ley, la 141-97,

32. sólo se aplicaba a las empresas que integraban la Corporación Dominicana de
Empresas Estatales (CORDE), La Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE), El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y los hoteles que conformaban la
Corporación de Fomento de la Industria Hotelera. Por lo tanto, la privatización o
capitalización de cualquier otro patrimonio del Estado no estaba bajo el ámbito
de esta Ley y no podían llevarse a cabo sin la previa autorización del Congreso.
La Ley contemplaba la creación de una Comisión que se encargaría de
todo lo concerniente a su aplicación. Para estos fines se creó la Comisión de
Reforma de la Empresa Publica (CREP), que desde sus inicios dirigió el doctor
Antonio Isa Conde.
En cuanto a las empresas de CORDE, el proceso de capitalización tan
sólo se pudo completar en la Compañía Anónima Tabacalera y la Habanera, que
fueron adjudicadas al consorcio español Cita Caribe, así como Molinos
Dominicanos y del Norte, que fue otorgado al Grupo Maya, con resultados más
satisfactorios. Al final del proceso se llegaron a “reformar” 20 empresas por un
monto superior a los 11,160 millones de pesos, de los cuales el 92.5%
correspondió al sector eléctrico.

33. POLITICA ECONOMICA EN EL GOBIERNO DE DON HIPOLITO
MEJIA DOMINGUEZ (2000 – 2004)
Las primeras medidas tomadas por la administración de Don Hipólito
Mejía Domínguez fue la de establecer un impuesto fijo por galón de combustible.
Esta medida fue complementada con otras relacionadas con el consumo de
hidrocarburos, las cuales tuvieron un impacto inmediato. Ya que las
recaudaciones por concepto del diferencial del petróleo pasaron de un promedio
mensual de 176 millones de pesos, que se habían recaudado en el periodo
enero-agosto, a un promedio mensual de 429 millones para septiembre-
diciembre de ese mismo año. Posteriormente, el Congreso Nacional aprobó, en
noviembre de ese mismo año, la Ley de Hidrocarburos, que eliminó
definitivamente la discrecionalidad en el establecimiento de los precios
domésticos de los combustibles, pues esa ley estableció que en lo adelante se
haría un ajuste semanal de los precios de los hidrocarburos, que se calcularían
sobre la base de la variación de los precios de paridad de importación y
establecía un monto fijo de diferencial por galón para cada tipo de combustible.
La otra acción que tomó el Gobierno en sus primeros meses de gestión,
fue lograr para el 26 de diciembre del 2000, la aprobación de un nuevo arancel
de Aduanas que se venía discutiendo desde hacía muchos años. El nuevo
régimen estableció cinco tasas arancelarias básicas de 0, 3, 8, 14 y 20% para
las importaciones, manteniendo algunas exenciones para rubros agropecuarios
muy sensibles y estratégicos.
A fin de compensar la disminución de la recaudaciones que el nuevo
arancel traería, las Cámaras Legislativas también aprobaron en la misma fecha,
una importante y controversial modificación del Impuesto Sobre la Renta, cuyo
elemento principal fue el establecimiento de un pago 1.5% sobre los ingresos
brutos de las empresas, que funcionaría como anticipo al pago de dicho
impuesto. Esta modificación del Impuesto Sobre la Renta, causo grandes

34. disgustos en la clase empresarial del país, pues era evidente que en algunos
casos, ciertas empresas no podían tener beneficios, como eran aquellas de
reciente creación que todavía no habían alcanzado el punto de equilibrio o
aquellas que enfrentaban problemas coyunturales.
La reforma fiscal de diciembre del 2000, también aumento de un 8 a un
12%, la tasa del impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y
Servicios (ITIBIS), lo que constituía una pesada carga para los contribuyentes.
Asimismo, estableció nuevas tasas de impuestos selectivos para algunos
vehículos, así como otros bienes de consumo como las bebidas, las cervezas y
los cigarrillos.
Como siempre ha sucedido cada vez que aumentan súbitamente los
precios internacionales del petróleo, el alza ocurrida en el 2000 golpeó de nuevo
en forma severa a la economía de los Estados Unidos, para perjuicio no sólo del
pueblo norteamericano, sino también, de todas las economías que mantienen
una gran interdependencia con esa Nación.
En caso de la República Dominicana nuestras exportaciones al mercado
norteamericano habían mantenido un crecimiento anual promedio superior al 5%
en los últimos cinco años anteriores al 2001. Sin embargo, en el 2001 las
exportaciones totales del país cayeron en 403 millones de dólares, entre ellas,
232 millones de productos provenientes de nuestras zonas francas. Este fue el
segundo gran choque externo que tuvo que enfrentar la economía dominicana,
en apenas dos años, pues además de tener que pagar 634 millones adicionales
por la compra de petróleo, ahora veíamos disminuir nuestros ingreso por
concepto de exportaciones, en mas de 400 millones de dólares.
Para el inicio del Siglo XXI, el turismo se había convertido en la actividad
que más ingresos de divisas proporcionaba a la economía dominicana. Los
ingresos por este concepto habían crecido a una tasa anual promedio superior al

35. 12% en los últimos cinco años, hasta el año 2000. Lo que significaba que, en
promedio, los dominicanos recibíamos todos los años alrededor de 250 millones
de dólares adicionales, los que utilizábamos para poder comprar parte de la
creciente cantidad de bienes que importamos.
El 11 de septiembre del 2001 sucedió un acontecimiento que estremeció
la humanidad, al producirse un ataque terrorista en dos de las principales
ciudades de los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de New York,
donde quedaron completamente destruidas las torres gemelas del Centro de
Comercio Mundial, con la pérdida de vida de miles de ciudadanos indefensos.
Con estos ataques, el terrorismo internacional, no sólo había infligido una
profunda herida a ese país, sino que también, causó un gran daño al turismo
mundial, pues los viajeros se sintieron de pronto inseguros en cualquier parte del
mundo.
En el caso dominicano, en el segundo y tercer trimestre del 2001 se había
producido una contracción de flujo turístico del 5.7 y 5.6% respectivamente. En
el cuarto trimestre la reducción fue de un 22.1%. De esta forma, para el último
trimestre del 2001, es decir, después del 11 de septiembre, los ingresos por
concepto de turismo cayeron a tan sólo 521 millones de dólares, inferiores en
más de 150 millones a lo que habíamos recibido el trimestre anterior, que ya
estaba menguado. Esta situación no se recuperó sino hasta dos años después,
ya que en el 2002, los ingresos fueron incluso más bajos que los que recibimos
dos años antes por esta actividad. Los ingresos de turismo, en lugar de seguir
creciendo al 12% anual como lo venían haciendo en los últimos años, de pronto
comenzaron a reducirse, precisamente en el momento que más se necesitaban
para poder hacer frente al aumento de la factura petrolera.
Para el mes de junio del 2001, el Gobierno había tomado la decisión de
recurrir a los mercados de financieros internacionales para colocar una emisión
e bonos soberanos por la suma de 500 millones de dólares. Esta había sido una

36. sugerencia de la Fundación Economía y Desarrollo, que también asesoraba el
Gobierno en asuntos económicos.
La colocación finalmente se logró el 20 de septiembre de ese año, tan
solo nueve días después de los acontecimientos terroristas ocurridos en New
York ese mismo mes. Al concluir el 2001 el crecimiento de la economía
dominicana había sido de un 2.7%. Esta tasa aunque muy inferior a las que
había tenido la nación en los últimos seis años, resulto ser 5 veces más altas
que el promedio de los países de la America Latina, que también atravesaban
por una situación difícil. Este resultado se vio favorecido por el influjo de los 500
millones de dólares provenientes de los Bonos Soberanos, especialmente, en el
último trimestre, cuando se acentuó el repunte de las construcciones públicas.
El comportamiento de la actividad económica fue muy cambiante durante
el 2002, pues los recursos provenientes de los Bonos Soberanos determinaron
que así fuese. En los primeros dos trimestres de ese año, el crecimiento de la
economía fue de un 4.3 y 7.6%, respectivamente. Estas altas tasas de
crecimiento se debieron al incremento del gasto publico, que fue financiado con
parte de los recursos de los Bonos Soberanos que se habían depositado en el
Banco Central, en espera de que el Gobierno se los fuera requiriendo. De esta
forma, los gastos de capital se incrementaron en 23.0%, con relacional año
anterior, concentrándose la mayor parte de este gasto, en los primeros ocho
meses del año.
Esta activación de la economía inmediatamente se tradujo en un
incremento de las importaciones, aunque ligeramente, pero como los ingresos
de divisas por concepto de turismo y zonas francas se mantenían deprimidos, el
resultado fue un incremento del déficit en la cuenta corriente de la Balanza de
Pagos, que no pudo ser financiado por ingresos en la cuenta de capital, por lo
que una buena parte de ese déficit tuvo que ser cubierto con el uso de Reservas
Internacionales Brutas, las cuales cayeron de 1,340 millones de dólares a que

37. habían llegado en diciembre del 2001, como consecuencia de la entrada de los
Bonos Soberanos, a tan sólo 828 millones en diciembre del 2002. Esto significó
una perdida de 512 millones de dólares, suma incluso mayor que el monto de los
Bonos. Esta caída de las reservas a su vez provocó una reducción de la emisión
monetaria, y con ello, del crecimiento de la economía, lo que sucedió en la
segunda parte del año 2002, cuando el crecimiento del PBI se volvió a reducir a
tasas del 2.0 y 2.7%, respectivamente, en los últimos dos trimestres del año.
Por otro lado la banca comercial enfrentaba sus propios problemas.
Debido a crecientes dudas sobre la estabilidad de la moneda nacional, los
clientes estaban cambiando sus depósitos en pesos por depósitos en dólares,
hasta el punto de que estos últimos pasaron de un 30 a un 39% del total,
durante el 2002. Por otra parte, en los últimos meses de ese año, se
incrementaron en la ciudadanía los rumores sobre la solidez de algunos bancos
importantes del sistema y sobre el retiro que se estaba produciendo en sus
depósitos.
Para principio del 2003, el entonces gobernador del Banco Central Frank
Guerrero Prats informo en una reunión a tres miembros de la Junta Monetaria,
que en los últimos meses los depositantes de BANINTER le habían retirado
alrededor de 9,000 millones de pesos, y que por estas razones, el Banco Central
había tenido que salir en auxilio de dicho bando, facilitándole recursos por unos
5,500 millones, en adición al uso de las reservas de Encaje Legal a que tenía
derecho. BANINTER mantenía antes del retiro de esos depósitos, un buen
índice de solvencia y que esta había sido la razón por la cual las autoridades del
Banco Central habían decidido salir en su rescate, sin hacer ruido.
La búsqueda de una satisfactoria se complicaba aún más, debido a que
para esos días el tema cambiario también estaba ocupando la atención de los
miembros de la Junta Monetaria, pues la tasa de cambio se había colocado
alrededor de los 22.0 por dólar, como consecuencia, entre otras cosas, del

38. aumento que se había producido en la emisión monetaria resultado de los
recursos otorgados a BANINTER. Por lo tanto, el tema cambiario estaba
íntimamente relacionado con la incipiente crisis bancaria, y también, requirió la
realización de numerosas reuniones de las Autoridades Monetarias con agentes
de cambio, empresas remesadotas y bancos comerciales.
Para marzo 2003, ya se había acordado, en principio, la absorción de
BANINTER por parte del Banco del Progreso, sobre la base de un contrato de
venta que contemplaba una auditoria independiente para determinar la
verdadera situación del banco. Cuando la referida auditoria se realizó a
profundidad, se descubrió que la verdadera situación de BANINTER no era la
que reflejaban las informaciones entregadas a la Superintendencia de Bancos.
Esa auditoria realizada por el Banco del Progreso arrojó que BANINTER
escondía en sus informes contables un banco paralelo que era en realidad
mucho mayor que el visible, pues una gran parte de las operaciones de
depósitos y de créditos no se registraban en los libros oficiales del banco.
Frente a esta realidad no prevista en el contrato de venta, el Banco del
Progreso decidió no continuar con la operación, pues incluso, corría el riesgo de
ser arrastrado por un retiro masivo de depósitos. Por esta razón, y ante la
imposibilidad de buscar otra salida a este caso, la Junta Monetaria designó,
finalmente, en el mes de abril, una comisión interventora para que se hiciera
cargo de BANINTER. La situación era tan grave; que se estaba ante la
presencia de malas prácticas contables y de un fraude colosal llevado a cabo en
el banco más del país.
Antes de la crisis, BANINTER se consideraba como el tercer banco más
grande del país, pues sus libros arrojaban activos por unos 26,000 millones de
pesos. Sin embargo, cuando se le sumaba el banco paralelo, que era de unos
55,000 millones, las operaciones totales alcanzaban los 81,000 millones, lo que
lo convertía en la realidad en el banco más grande de la República Dominicana,

39. incluso algo superior a la suma del segundo y tercer banco del país, es decir del
Banco de Reservas y el Banco Popular.
En una visita oficial realizada a Washington en el 2003, el presidente
Mejía se reunió, con el Señor Eduardo Aninat, quien era Subdirector Gerente del
Fondo Monetario Internacional, al cual se le explicó la nueva situación que se le
había presentado a la República Dominicana y se le dijo que estábamos
considerando la posibilidad de solicitar asistencia del FMI. No se trató de una
solicitud formal, pero si de un primer contacto al mas alto nivel, que poco tiempo
después se formalizó por los canales correspondientes.
Posteriormente, el 14 de junio del 2003 llegó al país una amplia misión del
Fondo para comenzar formalmente las negociaciones. Así se inició un difícil
período de conversaciones que se prolongó por 41 días, pues a medida que
avanzaban las negociaciones se iban presentando nuevos acontecimientos en el
sector financiero, como fueron los problemas surgidos por malas prácticas
contables, préstamos vinculados y otras anomalías tanto en el Banco Mercantil,
como en el Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO), los cuales agravaron la
ya difícil situación financiera del país, pues el Banco Central también tuvo que
salir en auxilio de estas dos instituciones.
Mientras se llevaban a cabo las negociaciones con el Fondo Monetario, el
Banco Central tuvo que continuar asistiendo a los tres bancos con problemas, lo
que al final del proceso le representó un enorme costo 109,150 millones de
pesos. El monto de la asistencia financiera a estos tres bancos no precedente en
nuestra historia y superaba en más de tres veces el monto total de la emisión
monetaria del país, antes de la crisis. Representaba alrededor de un 20% del
PBI, con lo que superaba a cualquier otra crisis bancaria del Continente.

40. Finalmente, el 25 de julio concluyeron las negociaciones, y el 29 de
agosto, el Directorio del FMI aprobó un programa Stand – By de dos años de
duración con un apoyo financiero de aproximadamente 600 millones de dólares.
El programa acordado con el FMI era muy restrictivo, lo que se reflejaba
en una reducción del PBI de un 3.0% en el 2003, y apenas una recuperación de
0.5%, en el 2004. Asimismo, se había proyectado que la inflación en el 2003
sería de un 35.0%, debido al aumento de la tasa de cambio, aunque se
esperaba que fuese inferior al 10% en el siguiente año.
Los subsidios a la electricidad y al GLP llegaron a representar una parte
considerable del gasto público, que fue aumentando en la medida en que la tasa
de cambio siguió subiendo, y por tanto, el costo de importación del petróleo y
sus derivados. Sólo a manera de ejemplo, en el Presupuesto Nacional del 2004
se contemplaron gastos por concepto de estos subsidios por la suma de 6,350
millones de pesos, la cual en la realidad, resultó ser mucho mayor. Estos
subsidios tuvieron que otorgarse para no cargar más el peso del ajuste sobre los
sectores de menores ingresos relativos.
La causa principal de la crisis bancaria fueron las malas prácticas
contables y los fraudes ocurridos en algunos bancos del sistema, así como la
incapacidad de los gobiernos para detectarlos oportunamente. Por tanto, la
verdadera culpa del gobierno del presidente Mejía, había sido el no haber
detectado a tiempo esas irregularidades, no en su manejo presupuestario o en el
gasto excesivo, por lo menos, hasta el 2002.
Otras de las causas por lo cual ocurrió se debe encontrar en la debilidad
institucional de las autoridades, en este caso la incapacidad de la
Superintendencia de Bancos durante los últimos gobiernos para detectar las
irregularidades que estaban cometiendo los bancos. También, en la debilidad de
las auditorias externas que hacen empresas privadas de prestigio, las cuales se

41. exigen y se pagan, precisamente para tener seguridad de que no se están
cometiendo irregularidades en los procedimientos contables. Además, otra
buena parte se debe al excesivo poder que han logrado concentrar algunos
sectores económicos, lo cual los hace prácticamente invulnerables. El enorme
poder acumulado por determinados grupos empresariales en las últimas
décadas, ha obligado a los políticos a buscar de sus respectivos partidos o sus
tendencias, lo que generalmente ha tenido un alto costo para el Estado, pues
estos apoyos políticos nunca son gratuitos.
Durante los 41 días que duraron las negociaciones con el FMI ocurrieron
algunos acontecimientos como los de BANCREDITO y Banco Mercantil, que
provocaron un aumento del crédito del Banco Central, así como de la colocación
de nuevos certificados de dicha institución. Esto incrementó el déficit
consolidado del Sector Público, lo que obligó a tener que buscar recursos
fiscales adicionales, a los que ya se habían consensuado tanto con la misión del
FMI, como con el sector empresarial. De ahí surgió la idea de gravar al único
sector que se estaba favoreciendo con la crisis, es decir, a los exportadores de
bienes y servicios que se beneficiaban de una tasa de cambio mucho más alta
que la prevaleciente hasta antes de la crisis, lo que les permitía recibir muchos
mas pesos, por la misma cantidad de dólares exportados.
Como consecuencia de ese razonamiento, algunos asesores del
Gobierno propusieron la creación de un impuesto del 5% sobre las
exportaciones, que equivalía a una reducción de la tasa de cambio de la misma
magnitud. La tasa de cambio rondaba en esos momentos alrededor de 35.0
pesos por dólar. El impuesto del 5% equivalía a la reducción de la tasa de
cambio a 33.2 pesos por dólar, la que todavía resultaba sumamente atractiva
para los exportadores. Esto no basto para que dicha medida tuviera la oposición
de la Dirección General de Impuestos Internos, de la Banca Comercial, de los
Senadores y demás Legisladores, los Hoteleros y los dueños de las Zonas
Francas.

42. Debido a las dificultades que tuvo Unión Fenosa para el cumplimiento de
los acuerdos contractuales: las altas deudas con las empresas generadoras de
energía, esto a su vez, generaba otra dificultad en el suministro de energía a los
consumidores. Todas estas variables se presentaron como el principal obstáculo
para la sostenibilidad financiera del sector eléctrico. La situación se había
deteriorado hasta el punto, de que poco antes del viaje del presidente Mejía a
Madrid, el cual había recibido una honrosa invitación que le hacían los Reyes de
esa Nación para el 13 de septiembre del 2003, la empresa Edenorte tenía serias
dificultades en el suministro de energía a la región norte del país e incluso se
temía que pronto se declararía en bancarrota, dejando sin energía a esa
importante región.
Frente a esta grave situación y a la víspera del viaje a España del
Presidente de la Republica, el Gobierno decidió comprar las acciones que tenía
Unión Fenosa, tanto en Edenorte como en Edesur: por instrucciones del
presidente Mejía, estas negociaciones las llevaron a cabo con la mayor reserva
el Secretario de Finanzas y el Director de la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales.
Tan pronto el FMI conoció la noticia de la compra del Edenorte y Edesur,
se produjo una conmoción que tuvo repercusiones sumamente graves para la
continuidad del programa que hacía pocos meses se había acordado con esta
institución. La primera reacción del FMI fue tratar de que el Gobierno revirtiera la
compra. Lamentablemente se había producido un hecho que lo dificultaba, ya
que inmediatamente se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y Unión Fenosa,
esta ultima procedió a cancelar el préstamo que le había concedido el BID
tiempo atrás, precisamente para poder completar el monto de la capitalización.
Esta fue una de las razones que el Secretario de Finanzas esgrimió para
sostener que era imposible dar marcha atrás a la operación, pues entre otras
cosas, también se tendría que cancelar el pago realizado al BID, lo que era
prácticamente imposible.

43. Las repercusiones de esta compra fueron funestas para el Gobierno y
para todo el país. No solo se había suspendido el acuerdo con el FMI, lo que
volvía a traer intranquilidad en el mercado cambiario, sino que además, esta
compra fue interpretada por algunas personas en el exterior, como una señal de
que la República Dominicana quería echar hacia atrás el proceso de
capitalización que se estaba llevando a cabo a escala internacional, el cual lo
habían acordado prácticamente todos los países del mundo, por lo que se había
constituido en uno de los principales objetivos de la política económica trazada
por las grandes potencias mundiales. Por lo tanto, los organismos
internacionales de financiamiento y algunos gobiernos de naciones extranjeras
consideraron que había que enviar un mensaje contundente a esta pequeña isla
del Caribe.
Ya para el 15 de octubre vino al país una misión de expertos
internacionales para que evaluara el impacto que había tenido la compra sobre
las finanzas públicas, el sector eléctrico y la gobernabilidad de la República
Dominicana. En el informe sometido por el Panel de expertos el 25 de noviembre
del 2003, se confirmaba el impacto negativo que la compra había tenido sobre el
monto de la deuda publica bruta del país, la cual había aumentado en unos488.4
millones de dólares, pues además del pago realizado y los compromisos de
pago contraídos, el Gobierno absorbió parte de los pasivos de las compañías
adquiridas.
El Panel también encontró que el precio de compra ascendente a 348.7
millones de dólares, se decidió exclusivamente sobre la base del valor en libro
que no se tomo en consideración el valor presente neto del futuro flujo de caja
de las compañías, tal y como se hizo cuando Unión Fenosa adquirió el 50% de
las acciones de las Edes en el 1999.
Luego de haberse superado el impasse que se creó como consecuencia
de la compra de Edenorte y Edesur, se reanudaron las negociaciones con el BID

44. en Washington para solicitarle ayuda financiera para poder mitigar los efectos
sociales que tendrían las medidas de ajustes económicos sobre los segmentos
mas empobrecidos del país. De esta forma, el 23 de enero del 2004, el
Directorio Ejecutivo del BID aprobó en una reunión extraordinaria el préstamo de
200 millones.
Este préstamo contemplaba tres componentes. El primero, era asegurar
un contexto macroeconómico consistente con los objetivos del programa con el
FMI. El segundo componente, era asegurar la disponibilidad de financiamiento
para una ejecución oportuna de los programas sociales prioritarios dirigidos
amortiguar el impacto del ajuste fiscal sobre la población, y el tercer
componente, tenía como objetivo evitar que se pudiesen entorpecer las reformas
que había en marcha en los sectores de educación, salud y asistencia social. Un
primer desembolso de ese préstamo por la suma de 150 millones de dólares
ingresó en ese mismo mes de enero y sus efectos fueron sumamente
provechosos.
Tan pronto el FMI hizo de público conocimiento que había llegado a un
acuerdo con el gobierno de la República Dominicana, la tasa de cambio
comenzó a disminuir de 52.0 pesos por dólar a que había llegado en el mes de
enero, hasta 45.0 que promedió en el mes de abril. Las únicas razones que
estaban provocando el alza de la tasa de cambio eran la salida de capitales y la
especulación que estas expectativas creaban en el mercado cambiario.
Esta situación llevó a algunos funcionarios a recomendar al presidente
Mejía la adopción de medidas drásticas contra la especulación cambiaria, tal y
como lo habían tratado de hacer, en situaciones semejantes, primero el
presidente Jorge Blanco y posteriormente el presidente Balaguer, dentro de la
tristemente recordada “Operación Duarte”. Así que se sostuvo una reunión en el
Palacio Nacional, con la presencia de miembros del Gabinete, así como de altos

45. jefes militares y policiales que sinceramente creían que tenían el poder par
controlar la especulación.
Las reacciones no se hicieron esperar. Inmediatamente la noticia llegó a
los organismos internacionales, se prendieron todas las luces rojas. Por tanto,
no quedo mas remedio de echar hacia atrás dicha decisión. Finalmente, el
presidente Mejía, al igual que Balaguer en su momento, entendió que esa no era
la vía mas expedita par controlar la tasa de cambio y tomó una serie de acciones
que revertía la operación, las que fueron recibidas con satisfacción por el FMI y
otros organismos financieros internacionales, con lo cual ese capitulo de la crisis
económica quedó resuelto, aunque había dejado sus malos sabores en algunos
círculos nacionales y extranjeros.
En la cumbre de Jefes de Estado celebrada en Miami en el año 1994, con
la participación de 34 países, los gobiernos del continente habían expresado el
compromiso de iniciar un proceso que culminara con la conformación de un
área de libre comercio que cubriría desde Alaska hasta la Patagonia. Las
negociaciones formales se iniciaron en 1998, pero no fue hasta el 2002 cuando
se comenzó a negociar los aspectos puntuales referentes al acceso a mercados
que son la médula de cualquier acuerdo de libre comercio. Para ese entonces,
se había acordado, que las negociaciones deberían concluir en enero del 2005 a
fin de que el Acuerdo pudiese entrar en vigencia a finales de ese mismo ano.
Tanto en la Asociación de Industrias como en la Junta Agro empresarial,
las reuniones eran interminables, pues cada sector quería garantizar la mayor
protección posible. Por su parte, el Gobierno utilizó prácticamente la misma
organización que se había creado para negociar con Centroamérica y
CARICOM, quedando por lo tanto, la mayor responsabilidad en la Secretaria de
Estado de Relaciones Exteriores, la cual se mantuvo en permanente consulta
con el sector privado, como era tradición.

46. Las negociaciones con los Estados Unidos se llevaron a cabo en apenas
tres meses, cuando a Chile, un país mucho más preparado que nosotros le
habían tomado más de dos años. Para estos fines, el presidente Mejía designó
como jefa negociadora a la Secretaria de Industria y Comercio, Sonia Guzmán,
que si bien no tenía experiencia en este tipo de negociaciones se trataba de una
de las mejores funcionarias del Gobierno, quien tenía un fino tacto y además una
gran firmeza de carácter. La Secretaria Guzmán y su equipo negociador hicieron
todo lo que les fue posible, y en términos generales, llevaron a cabo unas
negociaciones satisfactorias, dentro de las circunstancias.
La República Dominicana consintió adherirse al acuerdo negociado por
los centroamericanos, es decir aceptó los textos del acuerdo, pues en la realidad
no tenía muchas otras opciones, pero pudo negociar aspectos puntuales en
materia de liberalización de bienes. Asimismo, negoció una serie de reservas en
las áreas de servicios, inversiones y compras gubernamentales, que fueron
positivas.
En materia arancelaria, que era el punto más importante, la República
Dominicana accedió a liberalizar de manera inmediata un monto inferior al 80%
del comercio, que habían negociado los centroamericanos, cuidándose de
proteger; en el marco de lo posible, aquellos productos más sensibles.
Sin embargo, en materia azucarera los resultados fueron perjudiciales
para nuestro país, pues lo lógico hubiese sido excluir de las negociaciones, todo
lo referente al comercio de azúcar y demás edulcorantes, como el jarabe de
maíz rico en fructosa, pues estos productos estén altamente subsidiados y
protegidos en numerosas naciones desarrolladas, y por tanto, solo a través de
una negociación con carácter mundial, donde también intervengan las naciones
europeas, se puede llegar a un acuerdo satisfactorio y justo para todas las
partes. Esta había sido una posición de consenso que por décadas habían
mantenido incluso los productores y el propio gobierno de los Estado Unidos.

47. En términos generales, al finalizar el periodo de transición, el cual será de
10 años para los productos industriales y de hasta 20 años para algunos
productos agropecuarios, todo el comercio con los Estados Unidos estará libre
de aranceles. Sin dudas el TLC con los Estados Unidos iniciará una nueva etapa
par el país con grandes retos, oportunidades y amenazas, que requerirían de
grandes transformaciones en le aparato productivo nacional, así como en el
funcionamiento de las instituciones públicas.
La primera revisión del nuevo acuerdo con el FMI estaba programada
para ser realizada sobre la base del cumplimiento de las metas acordadas para
el mes de marzo del 2004, es decir, el trimestre anterior a las elecciones
presidenciales de ese año. El Presidente dio instrucciones de que quería que se
cumpliera con lo acordado, por lo que se sabia que las repercusiones negativas
que tendría el incumplimiento del programa con el FMI.
Sin embargo, para sorpresa de algunos, las metas fiscales no se
cumplieron, especialmente, las referentes al gasto público, que parecía estar
completamente controlado, de acuerdo a lo que explicaban con regularidad el
Director de Presupuesto. La razón, existían unos gastos que correspondían a
desembolsos de prestamos externos que ingresaban al país no en efectivo, sino
a través de importaciones, como eran, por ejemplo, las importaciones de
tuberías que se adquirían para los múltiples acueductos que se estaban
construyendo en esos momentos; equipos para hospitales o para la
construcción; instalaciones de líneas de transmisión de electricidad; equipos
militares, etc.
Estas fueron las razones fundamentales por las cuales el Gobierno no
pudo cumplir con las metas acordadas con el FMI durante el primer semestre del
2004, a pesar de los empeños en lograr esa meta. Por estas razones, se dieron
instrucciones para que se suspendieran de inmediato todas las importaciones

48. financiadas con prestamos externos hasta tanto del Gobierno pudiese
compensar dichos gastos con nuevos ingresos fiscales.

49. SEGUNDA ADMINISTRACION DEL DR. LEONEL FERNANDEZ
REYNA (2004 – 2008)
INFORME DE LA ECONOMIA DOMINICANA 2005
Durante los años 2003-2004 la economía dominicana estuvo afectada por
los desajustes macroeconómicos derivados de la crisis financiera ocasionada
por la quiebra de 3 bancos privados. La situación económica se deterioró aún
más por la imposibilidad del Estado Dominicano de cumplir con las metas
estipuladas en los 2 acuerdos que el país suscribió con el Fondo Monetario
Internacional, en agosto 2003 y febrero 2004, lo cual se tradujo en pérdida de
confianza y caída pronunciada del valor del peso. Para corregir estas
distorsiones en la economía, las nuevas autoridades del país, negociaron un
nuevo Acuerdo Stand-By con el FMI, el cual tendrá una duración de 2 años
(2005-2006).
No obstante, antes de que el Acuerdo entrase en vigencia, en la segunda
mitad del 2004, se verificó una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los
precios internos, asociado a la revaluación experimentada en la tasa de cambio.
Esto como consecuencia de un aumento en la confianza y al mantenimiento de
una estricta política monetaria combinada con importantes ajustes fiscales,
fundamentalmente a partir de agosto de ese mismo año. Para reforzar la senda
de recuperación económica iniciada en el 2004, se ha diseñado un Programa
Monetario y Financiero para el 2005 consistente con el Programa
Macroeconómico definido en el nuevo Acuerdo con el FMI. Este Programa,
contempla un estricto control de los agregados monetarios combinado con una
política fiscal austera, para lograr una meta de inflación notablemente inferior a
los niveles de cierre del 2004.
Con la incipiente recuperación económica de trasfondo, las expectativas
en cuanto al entorno internacional para el año 2005 son de una desaceleración

50. del ritmo de crecimiento de la economía mundial, de acuerdo a las proyecciones
del Fondo Monetario Internacional. El PIB mundial, basado en esta fuente,
deberá crecer 4.3% en 2005. Varios factores tienen incidencia en esta
desaceleración, entre los que sobresalen las expectativas en torno al precio
internacional del petróleo para el 2005, la debilitada demanda interna en la Zona
Euro y una desaceleración en el consumo doméstico en los Estados Unidos.
Es importante señalar que se espera un precio promedio por barril de
petróleo superior al que prevaleció en el 2004, como resultado de nuevos
recortes en la producción de los miembros de la OPEC. De acuerdo a las más
recientes estimaciones de nuestra canasta, elaboradas por el Departamento
Internacional del Banco Central de la República Dominicana, el costo de la
factura petrolera para el país rondará los US$48 promedio por barril para el
2005. Esto así, porque más de un 70% de la factura petrolera de la República
Dominicana está compuesta por derivados del petróleo y no por crudo. En el
contexto local, para el año 2005, con la implementación y cumplimiento del
nuevo Acuerdo con el FMI, se espera que la economía dominicana afiance el
proceso de recuperación que mostró durante el último trimestre del 2004. En
efecto, se estima un crecimiento económico de 2.5% en términos reales, lo cual
aún por debajo del crecimiento potencial de la economía, incorpora las
restricciones fiscales en materia de gasto público y la reactivación de la
demanda interna por el aumento del consumo y la inversión privada,
fundamentalmente.
Se proyecta, además, que la tasa de inflación a diciembre del 2005 se
coloque en un rango comprendido entre 12-15%. Esta proyección incorpora los
ajustes de las tarifas de energía eléctrica ocasionados por la reducción de los
subsidios, así como ajustes trimestrales a los precios de los combustibles, como
establece la Ley, conforme varíe el IPC.

51. Como se mencionó anteriormente, en los últimos cinco meses del 2004,
la implementación de la política monetaria junto al aumento de la confianza
permitió contraer la base monetaria y reducir las tasas de interés de los
instrumentos de política del Banco Central, al tiempo que se generaba una
reducción en la tasa de cambio. Para el 2005 se espera que, con la eliminación
del excedente monetario, los movimientos en las tasas de interés estén
asociados a las condiciones prevalecientes en el mercado de dinero,
principalmente, lo cual facilitará el envío de señales sobre la postura de la
política monetaria al mercado por parte del Banco Central.
Por otro lado, la reactivación económica, junto a la entrada en vigencia
del acuerdo multifibras en el 2005, inducirían a una reducción del superávit de
cuenta corriente de ese año. El mantenimiento de una cuenta corriente
superavitaria durante el 2005, crearía las condiciones para que la reactivación
de las importaciones no generen mayores presiones sobre el mercado
cambiario, al tiempo que el Banco Central incrementa sus reservas
internacionales.
En el aspecto fiscal, la meta de déficit de 0.7% del PIB establecida en el
Acuerdo con el FMI, para el sector público no financiero, implica un manejo
austero del gasto público, fundamentalmente en el gasto de capital. Al combinar
el déficit del sector público no financiero de 0.7% del PIB con el déficit cuasi
fiscal de 3.2%, el sector público consolidado refleja un déficit 3.9% del PIB, lo
cual implica un esfuerzo fiscal de más de 3.0% del PIB en un solo año.
En sentido general, el Programa diseñado implica una estrecha
colaboración en los ámbitos fiscal y monetario para asegurar el cumplimiento de
las metas establecidas en el mismo. El cumplimiento de dichas metas será
crucial para poder asegurar el éxito dentro del marco del Acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional y para afianzar la recuperación económica que se ha
logrado desde mediados del 2004.

52. Variable Meta 2005, Inflación 12-15%, Crecimiento PIB 2.5%, Reservas
Internacionales Netas US$350.0 millones, Balance Sector Público No
Financiero, 0.7% del PIB, Cuenta Corriente de Balanza de Pagos 2.2% del PIB.
INFORME DE LA ECONOMIA DOMINICANA 2006
La economía dominicana en los últimos dos años ha estado inmersa en
un proceso de consolidación de la recuperación iniciada a finales del año 2004.
Se ha mantenido una estrecha coordinación de las políticas monetarias y
fiscales, con el objetivo de cumplir con las metas y criterios establecidos en el
Acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este desempeño
de las autoridades permitió la recuperación de la confianza por parte de los
agentes económicos, que se verificó en una aceleración del crecimiento del
Producto Interno Bruto y una inflación de un solo dígito para el año 2005.
En cuanto al entorno internacional, las proyecciones del FMI para el
crecimiento mundial en 2006 se encuentran en torno a un 4.25%, lo que indica
que en términos reales, la economía mundial mantendrá un crecimiento similar
al obtenido en el año 2005. En el Programa se contempla para Estados Unidos,
principal socio comercial de la República Dominicana, un crecimiento real de
aproximadamente 3.25% en 2006.
El petróleo será una variable determinante en este año, tanto en el
comportamiento del producto mundial como de la inflación, es importante para la
efectividad de la política económica darle especial seguimiento al
comportamiento de los precios internacionales de dicho bien. En cuanto al
contexto local, el Programa Monetario para el presente año 2006 tiene como
meta principal mantener la tasa de inflación en un rango comprendido entre
6-8%, orientado a cumplir con holgura las metas establecidas en el Acuerdo con
el FMI. El diseño del programa se elaboró sobre la base de una estrategia de

53. política basada en un enfoque de metas monetarias, orientada a controlar los
agregados monetarios con el fin de cumplir el objetivo de inflación establecido
por este Banco Central.
Las proyecciones de crecimiento para la economía dominicana en el año
2006 apuntan a una expansión del Producto Interno Bruto Real. Por el lado de la
demanda, las reducciones observadas en el presente año en la tasa de interés y
en la inflación continuarán generando incentivos para el incremento de la
inversión y del consumo privado. Asimismo, la inversión pública deberá mostrar
un mayor dinamismo en 2006, año en que se celebrarán elecciones
congresionales y municipales. Por el lado de la oferta, sectores como
Comunicaciones, Comercio y Hoteles, Bares y Restaurantes se proyectan como
los sectores que mostrarán un mayor dinamismo en el año próximo.
En 2006, la actividad económica dominicana continuará
desenvolviéndose en el marco del Acuerdo Stand-By con el FMI. El acuerdo,
establecido inicialmente por un período de 28 meses, establece pisos
acumulados para el resultado operacional del SPNF y para las reservas
internacionales netas. Asimismo, establece techos acumulados para la
contratación de deuda externa por el sector público y para los activos internos
netos del Banco Central y mantiene un tope continuo para la acumulación bruta
de atrasos externos del sector público. Para el cierre de 2006 se espera, de
acuerdo al programa que el SPNF registre un superávit cercano a 0% del PIB y
que acumule cero atrasos. A esa misma fecha, las RIN deberán tener un mínimo
de US$650 millones y los activos internos netos del Banco Central no deberán
superar los RD$20,009 millones al concluir el año entrante.
En cuanto a la tasa de inflación para diciembre de 2006 se espera una
tasa en el rango de 6%-8%, consistente con lo establecido en el Acuerdo Stand-
By. Esta proyección tiene entre sus supuestos un incremento del promedio del
precio del petróleo, cualquier efecto que pueda tener la reforma tributaria y las

54. presiones estacionales sobre el tipo de cambio sobre el Índice de Precios al
Consumidor.
En el sector externo, se ha tomado en cuenta la entrada en vigencia del
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos representaría
un reto que podría transformarse en desvío de las proyecciones que mantiene el
Banco Central sobre el comportamiento de la Balanza de Pagos para 2006.
En el área fiscal se contempla, en el marco del Acuerdo Stand-By, un
balance para el sector público no financiero (SPNF) equivalente a 0.0% del
Producto Interno Bruto. En 2006, entrarán en funcionamiento las modificaciones
que se le hicieron al código tributario, recientemente promulgadas por la
Presidencia de la República.
Finalmente, es importante señalar que los principales riesgos que afectan
este escenario macroeconómico para el año 2006, son el comportamiento de los
precios internacionales del petróleo, el alza de las tasas de interés a nivel
mundial y su impacto en la economía global. Las autoridades monetarias, sin
embargo, se encuentran confiadas de que la economía se mantendrá operando
en un sendero de estabilidad y que estos riesgos no tendrán mayores efectos
sobre el escenario base.
Variable Meta 2006, Inflación 6-8%, Crecimiento PIB 5.5%, Reservas
Internacionales Netas US$650.0 millones, Balance Sector Público No Financiero
0.0% del PIB, Cuenta Corriente de Balanza de Pagos -3.0% del PIB.
INFORME DE LA ECONOMIA DOMINICANA 2007
Por tercer año consecutivo, la economía dominicana exhibió un
crecimiento sólido al registrar un aumento de 8.5% en el período enero-
diciembre de 2007. En promedio la economía, medida por el Producto Interno

55. Bruto (PIB) real base 1991, creció 9.5% durante los últimos tres años. Durante el
año recién finalizado casi todos los sectores mostraron un comportamiento
dinámico, sobresaliendo servicios de intermediación financiera (25.6%),
comunicaciones (14.9%), comercio (13.9%); energía y agua (9.7%), transporte
(6.8%), enseñanza (5.7%) y otras actividades de servicios (5.2%). Asimismo, el
sector manufacturero local registró un aumento de 4.8% y los sectores
construcción, hoteles bares y restaurantes y agricultura crecieron 3.2%, 3.7% y
1.2%, respectivamente. En contraste con el comportamiento de estas
actividades, se observaron caídas en los sectores minería (-1.4%) y zonas
francas (-10.0%).
Por el lado del gasto, el consumo privado mostró un incremento de 12.3%
como resultado de una mejora notable en los indicadores del mercado de trabajo
en un entorno de estabilidad cambiaria y moderada inflación.
Otros factores que contribuyeron al dinamismo del consumo privado
fueron el aumento de 31.4% observado en el crédito bancario al sector privado y
la expansión de 22.0% registrada por las importaciones de bienes de consumo
valoradas en dólares. Al cierre de 2007, la inflación alcanzó 8.88%,
manteniéndose en un dígito a pesar de que la economía enfrentó un entorno
internacional desfavorable. Este logro de la inflación de un dígito indica que la
política monetaria del Banco Central se ejecutó con prudencia. Esto se confirma
si se observa que la inflación, excluyendo el impacto de las alzas de precios de
los combustibles, fue de 5.68 por ciento. Es importante señalar que un factor
determinante en el incremento de la inflación en los últimos dos meses del año
fue el choque provocado por la ocurrencia de las tormentas Noel y Olga que
afectaron el sector agrícola.
En cuanto al mercado de trabajo, la Encuesta Nacional de Fuerza de
Trabajo de octubre de 2007 arrojó una tasa de desocupación ampliada de
15.5%, lo que implica una disminución de 0.1 punto porcentual en relación con la