Ciudadanía y participación

T h a i s M a i n g ó n , S o c i ó l o g a , P r o f e s o r a - i n v e s t i g a d o r a , C E N D E S - U C V
K a t h e r y n e M o l i n a , S o c i ó l o g a , P r o f e s o r a U C A B , U N I M E T Página 1
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEMOCRÁTICA
Marzo de 2008
“VIVIENDO Y HACIENDO LA DEMOCRACIA QUE QUEREMOS”
Convocado por La Fundación Cultural Miguel Otero Silva y el Centro Social para la Acción Popular (CESAP)
(Sede El Nacional, Boleíta- Caracas)
CIUDADANÍA EN DEMOCRACIA: Un debate entre conceptos, principios y el ejercicio participativo
Thais Maingón/Katheryne Molina*
Resumen
El objetivo de esta presentación es el de identificar varios aspectos que toman lugar en los debates que
giran alrededor de la noción de ciudadanía y sugerir un acercamiento que tenga sentido para la
Venezuela actual. Para empezar se presentará una definición o idea de ciudadanía con el fin de tratar de
dejar claro qué se va a entender por ciudadanía. Segundo, se discutirá sobre las principales
dimensiones o componentes de la ciudadanía. Luego se analizarán algunos de los principales
mecanismos de participación ciudadana puestos en marcha en los últimos 8 años, haciendo énfasis en
los Consejos Locales de Planificación Pública y en los Consejos Comunales. A modo de conclusión se
tratará de vincular las diferentes relaciones que se tejen alrededor de la ciudadanía, la participación y la
inclusión en el devenir de la democracia venezolana.
Introducción: la ciudadanía en democracia
La ciudadanía se ha convertido en una de las ideas o construcciones político-sociales, más
importante de nuestras sociedades. Esta idea reconoce a los individuos como poseedores de
derechos con responsabilidades colectivas en las cuales la estabilidad de un gobierno descansa. En
esta presentación se espera explorar los alcances de la potencialidad de esta idea-práctica así como
también los dilemas y contradicciones que presenta.
No puede pensarse en democracia si no hay ciudadanos. Cuando se piensa en democracia debe
pensarse en “agentes”, es decir, en seres humanos razonablemente autónomos y responsables a
quienes el sistema legal democrático les reconoce esa calidad en tanto sujetos jurídicos. En los
últimos años ha habido, alrededor del mundo y, específicamente en Venezuela, avances
significativos dirigidos hacia la corrección de los desequilibrios sociales y políticos aunque ello no se
haya traducido en un progreso o desarrollo de la institucionalidad, lo que afecta de forma adversa la
profundización de la democracia y la ampliación de la ciudadanía. Se han multiplicado los problemas
que impiden la cohesión social, se ha dificultado la gobernabilidad democrática, se ha profundizado
la fragmentación social y las inequidades se presentan y se expresan en las diferentes estructuras
(económicas, sociales, culturales, de género, étnicas) y tienden a reproducirse a través de las
instituciones: sistema educativo, servicios de atención en salud, relaciones de trabajo, relaciones de
género, entre otras. Las sociedades se hacen mas heterogéneas y diferentes a su interior lo que

Marzo de 2008
dificulta, por un lado, atrapar el concepto de ciudadanía y por el otro lado, estar en capacidad de
ejercerla activamente. La ciudadanía se ha convertido en una especie de saco de ideas que la ha
desdibujado. Ello es así ya que la ciudadanía contiene al mismo tiempo elementos individuales como
colectivos. Es un concepto potencialmente democrático y es producto de una construcción
sociopolítica.
El proceso de globalización ha tenido impactos que se han traducido en cambios, tanto en la
conformación como en la constitución de actores colectivos como respuesta principalmente, a las
transformaciones ocurridas en los mercados laborales, en los modos de producción, en las formas de
concentración del capital, en los procesos de des-industrialización, de-salarización y flexibilización
del trabajo. Ello trae como consecuencia la emergencia de nuevos actores que generan nuevas
relaciones de fuerza. Algunos autores destacan que la globalización también ha producido y produce
impactos en la relación entre la democracia, las identidades y la justicia por lo que la democracia
debe desarrollar capacidades para controlar estos desequilibrios sin que ello afecte la ciudadanía.
En este contexto se produce un cambio, tanto en el discurso como en la práctica, del ejercicio de la
ciudadanía, lo que incluye cambios en su concepción y formas de entenderla y de ejercerla. En
efecto, fue a partir de la conformación del Estado Social en América Latina, de sus instituciones,
especialmente de los partidos políticos, que se inició un proceso de incorporación de amplios
sectores de la población a la ciudadanía. Este proceso no fue uniforme ni homogéneo, por el
contrario, fue un movimiento heterogéneo y muchas veces excluyente de las mayorías. A pesar de
sus características, el Estado venezolano fue el elemento y el actor más importante de este proceso,
su acción estuvo dirigida, principalmente, hacia la ampliación progresiva de la ciudadanía recién
construida, a través de la incorporación de los sectores rezagados, como ciudadanos con derechos:
civiles, políticos, económicos y, sobre todo, sociales.
La fragilidad que presentaban las instituciones en Venezuela, funcionó como una barrera de
contención que impidió que la ciudadanía se consolidase y ampliase de manera tal que los derechos
difícilmente lograron sostenerse, lo que resultó a la postre en dificultades para ejercerlos así como
también, lograr una ciudadanía plena y activa.
La literatura especializada en este tema identifica a los derechos como la base de la ciudadanía.
Generalmente, se les clasifica en diferentes generaciones de acuerdo al orden cronológico de su
reconocimiento. Fueron reconocidos primero las exigencias relacionadas con la libertad individual y
los derechos civiles. Luego, le tocó el turno a las exigencias de libertad política y de participación,
tanto en el gobierno como en la sociedad; después se le agregaron las exigencias que combinaban
la libertad con la igualdad para la satisfacción de las necesidades básicas y no tan básicas y por
último, de mas reciente reconocimiento, están las exigencias que permiten defender a la humanidad
y que tienen que ver directamente con las consecuencias negativas del uso de tecnologías de punta,

Marzo de 2008
la contaminación de las aguas y del aire, cuestiones que atentan contra la paz, las culturas, la
diversidad, la tolerancia.
El objetivo general de esta presentación es discutir sobre una concepción ampliada de ciudadanía y
sus implicaciones para la práctica democrática, las dimensiones de la ciudadanía y sus
repercusiones en la participación, se presentarán algunos de los mecanismos más importantes de
participación ciudadana puestos en marcha en este siglo en Venezuela y sus repercusiones para la
autonomía. Se intentarán identificar algunos lineamientos que permitan dibujar opciones diferentes
del ejercicio de la ciudadanía activa como parte importante de la responsabilidad de la sociedad para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
1.- ¿Qué es la ciudadanía o qué vamos a entender por ciudadanía?
Lo que hemos venido entendiendo por ciudadanía proviene de las visiones contrastantes que
presentan, en algunos aspectos, el pensamiento liberal (tradicional, individualista) y el republicano
(social). Estas diferencias se derivan de la definición de individuo y su relación con lo público que
sostiene cada una de estas corrientes de pensamiento.
La tradición liberal entiende a la ciudadanía como el vínculo que se establece entre el Estado y los
integrantes de una sociedad. Es en la esfera de lo público en donde, por un lado, se reconocen y
garantizan una serie de derechos a todos los individuos que habitan un determinado territorio
nacional o que conforman una sociedad y es también, en donde se estructuran los intereses
colectivos y se da respuesta a las diferentes demandas de los ciudadanos. Los ciudadanos
garantizan su igualdad a través de la seguridad legal que le otorgan los procesos democráticos. De
igual forma, el liberalismo entiende a la ciudadanía como un concepto que tiene un carácter
potencialmente universal, argumentando que todos los ciudadanos son individuos libres e iguales.
La tradición republicana, por su parte, centra su concepción de ciudadanía en el ejercicio activo y
pleno que adquieren las personas con el destino de la sociedad en donde viven. Por tanto, la
ciudadanía incluye el ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Está asociada a
la participación de los individuos en la vida comunitaria y al control de los ciudadanos de los poderes
públicos. La ciudadanía es entendida como el vínculo que se desarrolla a través de un compromiso
recíproco entre los poderes públicos, el Estado y los individuos.
Para la visión liberal el individuo tiene derechos como producto de su relación con una comunidad o
un Estado. Para la tradición republicana, el individuo tiene derechos sólo por su condición de ser
humano.
Estas dos visiones podrían ser complementadas desde las perspectivas que entienden a la
ciudadanía como parte del Estado en contraste con las que la entienden como un derecho que va
más allá del Estado. El Estado genera visiones y prácticas Estado-céntricas caracterizadas por la

Marzo de 2008
coerción en contraste con la idea de ciudadanía entendida como emancipación. El uso de la fuerza
es incompatible con la idea de auto-gobierno, una de las ideas centrales de la democracia. El
concepto de ciudadanía lleva en su seno la tensión entre fuerza, coerción, autogobierno y
emancipación ya que la ciudadanía, a través de la historia de las sociedades, significó luchas por ser
miembro reconocido y participar activamente en una comunidad o sociedad, luchas por lograr grados
de autonomía y control sobre sus vidas. Hoy en día la ciudadanía expresa un dilema o contradicción
entre el Estado visto como una comunidad exclusiva y la ciudadanía definida como un status
universal.
La ciudadanía combina de una forma inusual las esferas de lo público y de lo social con la individual.
Al mismo tiempo, expresa un proceso de cambio continuo por lo cual no se podría decir que la
humanidad o una sociedad determinada, haya llegado al punto en que todos sus miembros sean
ciudadanos activos y plenos. La ciudadanía es un proceso y como tal puede cambiar, avanzar,
evolucionar pero también involucionar.
Llegados a este punto es necesario que definamos que estamos entendiendo por ciudadanía.
Ciudadanía implica reconocimiento y ejercicio de los derechos, no solo a los ojos del Estado sino
entre los propios ciudadanos. Ello implica la construcción de una condición de pertenencia, de
reciprocidad y de cohesión de los miembros de una sociedad. La ciudadanía es uno de los
principales aspectos de la integración social que le da vida a la democracia y permite que los sujetos
participando, se apropien del poder que los respalda como ciudadanos iguales con características
sociales, políticas y culturales diferentes, capaces de organizar su vida y conducir sus destinos.
Ciudadanía comprende una serie de derechos, obligaciones y responsabilidades que se construyen
en una relación dinámica y activa que concierne a los individuos y su relación con su
comunidad/sociedad y el Estado. Es decir que a los derechos individuales se les agregan los
derechos sociales. La función de los derechos es la de otorgarle autonomía a los individuos. Las
necesidades de la comunidad/sociedad y los intereses de los individuos son indivisibles.
La condición de ser humano no se traduce mecánicamente en ciudadanía. Se es ciudadan@ cuando
se actúa en un contexto determinado (comunidad/sociedad) ejerciendo determinados derechos y
adquiriendo ciertas responsabilidades y obligaciones. Estas acciones están enmarcadas en relación
con un Estado, reconociendo a los otros en igualdad de derechos y en un contexto político
democrático. Estas intervenciones públicas deben ser legítimas y cada día los espacios de
participación ciudadana deben ampliarse más, para ello es necesario estructurar las relaciones entre
ciudadan@s, comunidades y Estado en donde todos avancen progresivamente hacia el bienestar y
una calidad de vida digna.

Marzo de 2008
La lucha por la reducción de las desigualdades socioeconómicas y el déficit de reconocimiento de
derechos implica intervenir y participar activamente como ciudadan@s en los diferentes espacios
públicos con el fin de convertirnos en miembros plenos de una sociedad. Sintetizando, tenemos que:
1. Tradicionalmente se ha denominado ciudadan@s a los miembros de una sociedad dada. Esta es una
definición estática y pasiva de ciudadanía.
2. La ciudadanía está articulada fuertemente con la democracia y con la participación. Esta es una
definición de ciudadanía dinámica y activa.
3. Derechos, obligaciones y responsabilidades: ser ciudadanos implica ser responsables por las políticas
que se hacen en nuestro nombre. El argumento de que los ciudadanos tienen el derecho a no ejercer
sus derechos ignora el hecho de que los derechos son indivisibles y están unidos a las
responsabilidades.
4. Para ser ciudadan@s es necesario que seamos reconocidos como tales e iguales, que seamos
legitimados como miembros de una sociedad o comunidad dada. El status de ciudadan@ implica un
sentido de inclusión dentro de una comunidad o sociedad..
5. La importancia de la libertad, la no dominación y la autonomía: todo ello conforma una noción de
poder. Los ciudadan@s tienen poder y debemos ser activos en presionar por nuestras demandas y
por tomar responsabilidades por las políticas que democráticamente se deciden.
2.- ¿Cuáles son las dimensiones o qué compone la ciudadanía?
Quedó claro que las responsabilidades y los derechos deben entenderse como condiciones que
permiten el ejercicio de la ciudadanía con autonomía. Para mantener y expandir nuestros derechos
debemos cumplir con nuestras obligaciones y aceptar nuestras responsabilidades.
Las principales y primeras dimensiones reconocidas de la ciudadanía son los derechos. Estos a su
vez son de diferentes tipos. Los derechos civiles que son los que garantizan las libertades
fundamentales, son naturales de la condición humana y comprenden los derechos a la vida, la
libertad de expresión, para protestar, de religión, de pensamiento, de trabajo, de propiedad, justicia,
entre otros. Sin estos derechos los individuos estarían a merced del poder arbitrario del Estado.
El segundo tipo, son los derechos políticos que comprenden el derecho a participar en el ejercicio del
poder político como miembros investidos de autoridad pública, a votar y a ser elegido, a deliberar, a
comprometerse y compartir el poder. El tercer tipo está constituido por los derechos sociales que son
aquellos percibidos como restricciones a la libertad económica (mercado) pero en realidad sus
efectos potenciales en los individuos les otorga autonomía y libertad y son los derechos a la
educación, trabajo, salud, vivienda, seguridad social y ciudadana, bienestar, entre los más
importantes. Estos son los derechos que más expansión han tenido y los que han provocado
mayores contradicciones en cuanto a su reconocimiento.

Marzo de 2008
El ejercicio de este conjunto de derechos y las responsabilidades que conllevan se combinan con las
obligaciones que se materializan en las instituciones. La ciudadanía tiene que ver, principalmente,
con los sistemas de protección y promoción de las oportunidades y desarrollo de las capacidades,
con los sistemas de aseguramiento de la calidad de vida, con la generación y promoción del
bienestar social y con la participación en los beneficios. La ciudadanía se fortalece con la
participación efectiva de los miembros de la sociedad en los asuntos públicos. Ello ayuda a enfrentar
los problemas que se derivan de la falta de cohesión social y a tejer lazos de solidaridad.
Hoy en día, la ciudadanía tiene una sobre dosis de derechos, obligaciones y responsabilidades que
conspiran en contra su la calidad. Habría que hacer un esfuerzo por reconectar los derechos con las
responsabilidades para lograr un ejercicio pleno y activo de la ciudadanía.
3.- ¿Cómo se ejerce la ciudadanía o qué requiere la participación ciudadana?
El ejercicio ciudadano hace referencia a seres autónomos, racionales, insertos en un orden social, en
el cual, cada derecho conferido tiene adherida una responsabilidad para consigo y para con la
sociedad o comunidad a la que pertenece.
En este sentido, es importante señalar que luego de la instalación del Estado Social, ese ser
autónomo ha tendido y pretendido retirarse al mundo privado, desvinculándose casi por completo de
la vida pública, sin sentir compromiso con ésta. Es allí, donde, por un lado, comienza a desdibujarse
el ejercicio ciudadano, y por otro, la vuelta necesaria de las democracias participativas. Es de
recordar los estudios realizados sobre los niveles de conciencia cívica, participación ciudadana y
credibilidad/confianza en las instituciones en los países latinoamericanos cuyos resultados dejan
clara existencia de una fragilidad institucionalidad, un limitado capital social y un débil vínculo con lo
público.
3.1.- La responsabilidad en la participación: el dilema entre el individuo y el colectivo
Partiendo de la relación continua entre la esfera privada/la pública con la indivisibilidad de los
derechos que incluyen la responsabilidad de su ejercicio, es pertinente discutir que se establece un
vínculo entre sobre lo que son “mis intereses” (lo particular) y lo que son “nuestros intereses” (lo
colectivo). Esto es, comprender que la participación ciudadana no abriga más que la defensa de los
intereses individuales en un contexto colectivo, lo mismo que los proyectos locales en un contexto
nacional, de modo tal que sea posible conciliar los intereses individuales y las necesidades
colectivas.
Son las estructuras institucionales las que tienen la responsabilidad de regular y construir los
procesos de conciliación de las demandas entre el individuo y el colectivo (agenda particular vs
agenda universal), teniendo como fin, la desconcentración de poder, pues ello permite generar
mecanismos dirigidos a la búsqueda de la autonomía y la resolución de las “tensiones” sociales en el

Marzo de 2008
marco de la autonomía e interdependencia necesaria en estos espacios. Así, cuando los derechos y
las responsabilidades son definidos tomando en cuenta sólo las demandas del colectivo, con un
enfoque comunal-primitivo (filiación sanguínea, espacio geográfico, afinidades ideológicas o
culturales, entre otras), se corre el riesgo de no reconocer o aceptar al otro como igual, con
cualidades y necesidades diferenciadas; por lo tanto potencialmente excluido como miembro con
derechos.
Los derechos envuelven responsabilidades y son ejercidos por un colectivo, lo que quiere decir que
su locus es la comunidad. Son estos derechos y no otros, los que privan las acciones y deberes
políticos, por ello, en el colectivo se deben defender los derechos, así como compartir las
responsabilidades. No caer en una dilución de derechos en la “masa”, dónde se reconocen unos,
mientras que las responsabilidades son de todos… y de nadie a la vez.
3.2.- La participación como ejercicio democrático
Es pertinente en este punto, discurrir sobre el ejercicio democrático entendido como el ejercicio de
derechos/responsabilidades dentro del marco de la participación. Para ello, es útil preguntarse de
cuál participación hablamos.
Para algunos autores la fortaleza de una sociedad se mide por el vigor de la acción ciudadana, pues
ella expresa la voluntad y la capacidad para determinar y definir el destino del colectivo, de la
sociedad, del país.
Existen fundamentalmente dos formas de ver y entender la ciudadanía, desde una perspectiva más
estática, si se quiere restringida, acotada y otra iluminada por el dinamismo, ampliada, comprendida
desde la acción. La primera hace referencia a que el ejercicio ciudadano se agota en la adscripción a
derechos y responsabilidades; la segunda, entiende la ciudadanía como una acción participativa en
los diversos ámbitos o espacios de una sociedad que van desde el político-electoral, la contraloría y
hasta la construcción y deliberación sobre la agenda pública. Esto se puede visualizar de la siguiente
manera:
DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES
PARTICIPACIÓN O ACCIÓN
PARTICIPATIVA
• Participación política, electoral, militancia
partidista
• Contraloría Social
• Participación Civil (cooperación colectiva, ODS)
• Deliberación sobre la agenda pública
• Cumplimiento de la ley
CIUDADANÍACIUDADANÍA

Marzo de 2008
La integración de ambas visiones da como resultado que el ejercicio ciudadano contemple la
participación político-ciudadana de una forma amplia que incluya a la partidista y que no se
contraponga a ella, más bien que la complemente. No hay una sola forma de participar y existen
muchos y diferentes canales para ejercer la participación, entendida como un proceso en el cual el
individuo autónomo puede y debe incorporarse.
4.- Los nuevos mecanismos de participación: capacidad e institucionalización o
participacionismo sin decisión
Son diversas las cuestiones sujetas a análisis en estos tiempos recientes de revalorización del poder
ciudadano y el ejercicio que el soberano hace a través de variados mecanismos de participación. En
los últimos 8 años, Venezuela ha experimentado una gran “explosión participacionista”. Cabe revisar
cuáles han sido esos mecanismos, su efectividad en tanto espacios para la incidencia pública y su
operatividad en un contexto donde coexisten instancias de representatividad y de participación.
4.1.- Autonomía y corporativismo: “el pecado original”
La vuelta a las democracias participativas ha traído consigo la posibilidad de una participación
ciudadana a través de vehículos que permiten discutir sobre el proyecto de país que se desea
construir y sobre el siempre “intangible” e indefinible bien común, que para el caso, tiene que ver con
alcanzar una calidad de vida digna. Aquí es útil preguntarse, aún sin total respuesta sobre algunas
cuestiones: ¿En qué momento se comprometen los ciudadanos?, ¿cuánta autonomía tienen los
ciudadanos?, ¿los mecanismos de participación posibilitan la autonomía de acción de los
ciudadanos?, ¿qué incidencia pública tienen las decisiones de los ciudadanos?
Intentando responder a estas preguntas, algunos alegan que la participación debe ser directa y la
inclusión de los ciudadan@s debe estar contemplada desde el diseño de las políticas y programas
hasta su ejecución y seguimiento. Siendo que no estamos en Atenas y la escala humana hace
inviable la incorporación de tod@s, en todas y cada una de las decisiones e instancias de decisión,
deben generarse, por tanto, instrumentos dirigidos a expandir la injerencia ciudadana en los asuntos
públicos, sin que ello sea en detrimento de la democracia representativa. En ese sentido, los
referendos, plebiscitos, audiencias públicas, cabildos abiertos, revocatorias de mandato, consejos
comunales, comités de tierra, mesas de discusión, entre otros, sobre determinada política pública
son mecanismos de participación ciudadana.
La autonomía, como fue mencionado, va de la mano con el ejercicio de la ciudadanía. Uno de los
objetivos de los mecanismos de participación es la desconcentración del poder por lo que los
ciudadan@s tienen el deber de conocer la independencia que tienen estos mecanismos, no solo de
las instancias político-partidistas sino también, del Estado central. En el caso venezolano, luego de
haber compartido el poder durante la década de los noventa en el marco del proceso de

Marzo de 2008
descentralización en donde se configuraron entes regionales y locales diferenciados con autoridades
electas por sufragio universal y popular que actuaban como mediadoras y con una cierta capacidad
resolutiva en las regiones y localidades, hoy día, estamos en presencia de un gobierno cuya visión
de la participación es muy restringida, con ambiciones de revertir el proceso de descentralización, lo
que reforzaría una ciudadanía tutelada y pasiva.
Ciertos mecanismos que se creía que eran participativos, nacieron con la marca del “pecado original”
que no es otra cosa que el corporativismo, entendido como uno de los elementos fundamentales de
una nueva estructura institucional que está directamente relacionada con y promocionada desde el
poder central. Ello hace muy difícil, cuando no imposible, la participación autónoma de l@s
ciudadan@s (con sus formas propias de asociación, cooperación y redes) en el proceso de toma de
decisiones.
Esto no es nuevo en Venezuela. La mayoría de los “movimientos sociales”, las centrales obreras, los
sindicatos y otras formas de acción ciudadana o política han estado tradicionalmente mediados por el
partido del gobierno de turno. En el caso de mecanismos más recientes de organización y de
expresión de la participación ciudadana como son los Consejos Comunales, los distintos comités y
mesas técnicas, entre otras instancias, en donde la práctica del corporativismo se manifiesta con
toda su fuerza, contraviniendo el proceso de descentralización y conformando organizaciones
paralelas a las establecidas en el contexto municipal y hasta regional dependientes del poder central
limitando de esta forma, la autonomía que debe privar en el quehacer ciudadano.
La consecuencia directa de estas prácticas anti-ciudadanas es el desdibujamiento de la
institucionalidad haciendo difuso el trabajo local, fortaleciendo el poder central en detrimento del
regional y local. Convierte el espacio de deliberación y participación en “cascarones vacíos” donde no
hay posibilidad alguna para la discusión sobre la formulación y diseño de políticas públicas y
ciudadanas; sucede al mecanismo de participación como instrumento –natural, automático y
absoluto- de acción política del gobierno.
4.2.- Los Consejos Locales de Planificación Pública y Consejos Comunales
En el contexto actual venezolano, han sido aceptados dos nuevos mecanismos que abren espacios a
la participación ciudadana y promocionados y legalizados por el gobierno a nivel nacional: Los
Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) y los Consejos Comunales (CC). Desde otra
perspectiva, es interesante resaltar la activación de nuevos mecanismos de participación y ejercicio
ciudadano desde la óptica de la corresponsabilidad social como los que se encuentran expuestos en
las leyes de Servicio Comunitario y de Servicio Social Integral.
Existen grandes dudas y desconocimiento sobre la efectividad de estas experiencias en lo atinente a
los valores fundamentales de la participación que estos espacios prevén, como por ejemplo los que

Marzo de 2008
tiene que ver con la autonomía, la profundización de la descentralización y la interdependencia entre
los poderes, entre otros. Sin embargo, es justo señalar que estos tipos de compromisos ciudadanos,
aún cuando presenten debilidades, son, en todo caso, canales dirigidos a la activación del derecho a
la participación en la solución de los problemas que aquejan a las comunidades.
En la Constitución de 1999, la participación ciudadana está prescrita como la forma en que la
colectividad toma parte activa en la gestión administrativa. De esta manera, comienza a aparecer la
necesidad de ejecutar y activar medidas de contraloría social y deliberación ciudadana sobre los
asuntos de interés colectivo.
Entre las diferentes y variadas iniciativas presentadas por el gobierno en cumplimiento con lo
pautado en la Carta Magna, son de mencionar por su importancia relativa en la intervención en el
proceso de toma de decisiones públicas, a los CLPP y los CC. El primero, pareciera que goza de una
mayor visualización de la necesidad de trabajar de forma integrada con otros entes de la
administración pública, con las “fuerzas vivas” y organizaciones instaladas previamente en el mundo
local. El otro, nace tutelado por el gobierno central, como una figura que se opone o que absorbe las
organizaciones comunitarias de base pre-existentes, pero con una potencialidad para generar y
desarrollar interés por lo público, por conocer las necesidades del colectivo en donde los individuos
hacen vida y por solucionar los problemas mas apremiantes de su comunidad.
Ahora bien, desde hace más de una década, con el proceso de descentralización la sociedad
venezolana ha venido experimentando una creciente actividad hacia la formación y consolidación de
espacios de participación local; derivando en la conformación de redes de la sociedad civil,
movimientos vecinales y populares, sólo que la Constitución de 1999 hace más evidente e imperativa
la importancia de la participación protagónica y directa en los asuntos públicos.
Ambas espacios están definidos como instancias que deben promover y organizar la participación
ciudadana, bien sea en los procesos de planificación de políticas publicas (CLPP), en procesos que
conllevan la corresponsabilidad o la contraloría social de los procesos y decisiones que tome el
colectivo (CC). En todo caso, son entidades que potencian la deliberación y contraloría social a nivel
municipal e incorporan las funciones de coordinación y cooperación en el diseño y ejecución de
políticas públicas locales, promoviendo la organización de la comunidad, integrando a comunidades
organizadas, grupos vecinales, comités, mesas técnicas y otras manifestaciones de la sociedad civil,
en el entendido de que éstas instancias funcionan también como mecanismos de inclusión. De esta
manera, se espera que de este esfuerzo asociativo resulten soluciones colectivas, decididas sobre la
base de la solidaridad y la cooperación del colectivo, que podrían ser más eficientes que las tomadas
de manera individual.

Marzo de 2008
5.- Cuáles son los principales retos para la consolidación de la ciudadanía en Venezuela?
La ciudadanía es un concepto que no se valida sino es en la práctica. Es un ejercicio que tiene un
gran potencial como idea para luchar contra las injusticias y a favor de una calidad de vida digna. Los
derechos implican responsabilidades. Estos no se dan en un vacío político. Consecuentemente,
tenemos la responsabilidad de ejercer nuestros derechos lo que es fundamental para alcanzar un
buen funcionamiento de nuestra comunidad. Los vínculos que se tejen entre los ciudadanos y el
ejercicio de sus derechos y responsabilidades construyen solidaridad entre sus miembros.
Hay una relación muy cerrada entre ciudadanía y democracia. Podríamos decir que la ciudadanía es
una precondición para el desarrollo de la democracia. Derechos y responsabilidades implican al
sistema de gobierno de la democracia. La democracia permite transformar a los miembros políticos
de sujetos en ciudadanos. Una coherente política para ampliar la ciudadanía comprendería:
• El reconocimiento y legitimación de los ciudadanos.
• Desarrollar políticas capaces de influenciar o de impactar a la sociedad en cuanto al respeto a
la disidencia, construcción de tolerancia y la gobernabilidad.
• Construir nuevas instituciones y fortalecer las existentes, para que sean capaces de
influenciar social, civil y culturalmente las prácticas democráticas y desarrollar nuevas
prácticas de deliberación y toma de decisiones que impidan que los derechos civiles y
políticos dominen a los derechos sociales y culturales.
• La política de participación debe tener un por qué en el proyecto de país, promoviéndose más
ampliamente desde la base.
• Revisar y reactivar las figuras e instancias de representatividad para que se amplíen y
repliquen modelos participativos “aguas adentro”.
• Implementar procesos de capacitación en las organizaciones sociales, para que construyendo
capacidades ciudadanas pueda desarrollarse el capital social.
• Es necesario recalcar que la idea de ciudadanía es una idea que implica universalismo.
Todos los miembros de una sociedad tienen el derecho de participar de forma autónoma,
política y socialmente en la construcción de sus vidas. Este es el fin de la democracia y de la
ciudadanía activa y plena.

Marzo de 2008
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
• BOMBAROLO, Felix (2003): “El Fortalecimiento de los canales de participación ciudadana frente a los
retos de la desigualdad social”, en: Bodemer, Klaus (editor): Políticas Públicas, inclusión social y
ciudadanía, Nueva Sociedad, Caracas, pp. 257-282.
• CUNILL GRAU., Nuria (1991): Participación ciudadana, CLAD, Caracas.
• MAINGON, Thais (2005): “Los Consejos Locales de Planificación Pública: ¿Nuevos espacios para la
participación ciudadana en Venezuela?”. En: CENDES: Venezuela Visión Plural, tomo II,
bid&co.editor/CENDES-UCV, pp.535-554.
• MAINGON, Thais (2007): “Los consejos Comunales: ¿Espacios para la construcción de ciudadanía y el
ejercicio del poder popular?”, Informe final, Proyecto de investigación: Redefinición de la democracia y
la ciudadanía en Venezuela: nuevas relaciones entre el Estado y sociedad civil, Parcialmente
financiado por el FONACIT, Nº S1-2002000420, Coordinador: Luís Gómez, CENDES-UCV, mimeo.
• MARSHALL, T. H./Bottomore, Tom (1992): Ciudadanía y clase social, Alianza Editorial, España.
• TOURAINE, Alain (2000): Igualdad y Diversidad. Las nuevas tareas de la democracia, FCE, México.

Ciudadanía y participación

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Ciudadanía y participación

Similaire à Ciudadanía y participación (20)

Plus de Katheryne Molina Medina

Plus de Katheryne Molina Medina (9)

Ciudadanía y participación