La Cumbre de Bilbao reunirá a representantes del gobierno español, la UE, la OCDE y el FMI para discutir cómo consolidar la recuperación económica de España y asegurar el crecimiento futuro. Aunque algunos critican las políticas de austeridad de estas instituciones, en realidad España se ha beneficiado mucho de su apoyo financiero y debe enfocarse en realizar reformas estructurales para mejorar su competitividad.
1. La Cumbre de Bilbao.
Manfred Nolte
Cuando clareen las calles en Bilbao, hoy lunes 3 de marzo, faltarán unas pocas
horas para la inauguración en nuestro bilbainísimo Guggenheim del que será,
valorando el peso específico de sus ponentes, uno de los foros más importantes
celebrados en nuestra villa en todos los tiempos. Una nutrida representación de
la elite empresarial española acompañará a los máximos interpretes del
gobierno central, de la política económica comunitaria, de la OCDE, y del Fondo
Monetario Internacional. El Rey y nuestras autoridades autonómicas precedidos
por el irrepetible Iñaki Azkuna serán los encargados de prologar un acto
organizado por ICEX y el Club de exportadores. Todo ello constituye un
privilegio y un honor para nuestra ciudad que durante unas horas gozará de la
centralidad informativa internacional.
La jornada lleva por título: ‘España, de la estabilidad al crecimiento’. Un vistazo
al programa revela que lo más importante será escuchar de primera mano lo
que dicen y esperan aquellas Instituciones supranacionales que, en buena
medida, tutelan la maniobrabilidad de nuestra economía ante el decisivo reto de
consolidar el fin de la recesión y resarcirse de los estragos acumulados en la
crisis.
En un mundo plural y democrático, una confluencia empresarial e institucional
del calibre descrito se presta a ser blanco obligado de quejas y reivindicaciones.
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2. Guardando las formas todo contribuye a ensanchar la fotografía de una realidad
compleja y muchas veces discutible. En esa línea se han registrado en días
pasados diversas reacciones. Desde el ninguneo del acto aludiendo a su
oportunismo partidista hasta las habituales movilizaciones de protesta por
parte de organizaciones sindicales y foros diversos de las sociedad civil, sin que
hayan faltado manifiestos procedentes del ámbito universitario o comunicados
como el de la Iglesia diocesana local. Todas ellas comparecen con desigual
fortuna interpretativa de la realidad a la que aluden y en cualquier caso sin
alternativas explícitas que la mejoren. En la última de las iniciativas citadas se
apunta a las Instituciones internacionales –la ‘Troika’- como las causantes
directas, a través de sus políticas económicas, del paro, pobreza, exclusión social
y recortes en derechos sociales para millones de personas en España y en
Europa.
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3. Aunque todo lo anterior constituye una legitima reacción a los graves problemas
que nos aquejan y en la mayoría de los casos estén sustentados por la buena fe y
un encomiable sentido de la justicia y la solidaridad, la acusación básica a la
Troika es discutible en lo conceptual y desde luego es injusta atendiendo al
principio de reciprocidad.
Es altamente discutible, en efecto, que las políticas dictadas por Bruselas ,
generalmente identificadas con los recortes y la austeridad sean los causantes de
los males que aquejan a la economía española. A estas alturas del debate debe
reconocerse que hasta el FMI ha puesto de relieve, sin rebajar el principio
general del imprescindible equilibrio presupuestario, que el ritmo del ajuste
debe adecuarse a las posibilidades de cada economía para no matarla por asfixia.
Y así lo ha secundado la Comisión que ha rebajado el calendario del ajuste
español en dos ocasiones consecutivas, tolerará previsiblemente sin sanciones el
incumplimiento del 6,5% de déficit en 2013, y con la misma previsibilidad lo
hará en 2015 donde el déficit vuelve a estimarse en el 6,5% del PIB. Lo que no es
discutible en absoluto es que cada uno de estos déficits anuales se están
cubriendo con nuevas emisiones de deuda y que el exorbitado nivel de esta
última auspicia un nuevo cataclismo en nuestros mercados exteriores. Son
nuestra incapacidad productiva relativa, una estructura de oferta sin afinar, un
stock cultural y de conocimiento pobres, además de una fiscalidad irracional y
unas bolsas de fraude inaceptables las que conducen al país a un déficit crónico
que carece de salida y no los recordatorios del Bruselas para adaptarnos a la
legalidad recogida en los pactos de estabilidad comunitarios.
(Traducción: No sois bienvenidos)
Y es injusto el juicio a la simple vista de cifras y decisiones. En efecto, desde la
entrada en vigor del tratado de adhesión en 1986 hasta el 2011, España se ha
beneficiado de ayudas que superan los 135.000 millones de euros en forma de
fondos estructurales y fondos de cohesión a los que hay que sumar una
importante lista de subvenciones sectoriales, contribuyendo en más de un 0,6%
al crecimiento medio anual del PIB durante el referido periodo, y al
correspondiente sostenimiento de cientos de miles de empleos. Estos fondos
han favorecido la convergencia de la economía española con sus socios más
prósperos pasando de una renta per cápita 1986 equivalente al 75% de la
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4. Comunidad europea al 89% de la Unión europea en 1990 y al 102,9 en 2007,
aunque la crisis haya supuesto después un retroceso.
Aparte de la liquidez ilimitada en las subastas ordinarias, en diciembre de 2011
y enero de 2012, la pertenencia al euro permitió a los bancos españoles disponer
de 400.000 millones de euros de otra Institución europea, el Banco Central
Europeo, a 3 años al 1% evitando que nuestro sistema financiero saltara por los
aires. La misma institución atajaría meses después el episodio más severo de
nuestra refinanciación de deuda soberana –la prima de riesgo alcanzó los 649
puntos básicos- amenazando a los mercados con una intervención incondicional
que posteriormente se concretaría en el llamado programa ‘OMT’ de compra de
bonos en los mercados secundarios. El último gesto de Bruselas ha consistido en
una línea de crédito para rescatar al sistema financiero a 15 años y a un tipo del
0,5 por ciento. No está mal.
La crisis no ha hecho sino revelar una situación estructural insostenible de la
economía española. España tiene que encarar sus propias responsabilidades en
términos de consolidación fiscal y reformas estructurales. No podemos edificar
el futuro acumulando más deuda sobre las espaldas de generaciones venideras y
el ajuste en la oferta de hoy es la capacidad de producir del mañana. Esta justa
condicionalidad impuesta por la vigente normativa europea, solo puede
beneficiarnos a nosotros mismos en el medio plazo, recuperando la
competitividad perdida y ofreciendo-como ya empieza a ser el caso- un entorno
favorable para acoger inversiones que generen crecimiento y empleo.
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