El documento argumenta que la independencia de Cataluña tendría consecuencias graves para la convivencia y las condiciones de vida. El Gobierno debe actuar con firmeza pero proporcionalidad para restablecer el respeto a la Constitución frente a quienes la violan. También debe mantener el diálogo con los representantes catalanes siempre que se haga dentro de la legalidad. El proceso independentista catalán viola varios artículos de la Constitución española y del Estatuto de autonomía de Cataluña.