Manifiesto presentado por Juanma Moreno en el Parlamento Andaluz

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Manifiesto en defensa de un Parlamento de Andalucía
abierto y democrático
Sevilla, 21.09.15
El Parlamento de Andalucía es la voz del pueblo andaluz.
Representa y está al servicio de todos los andaluces.
Cada uno de los 109 diputados expresamos la voluntad de los
ciudadanos y, por tanto, el Estado de Derecho nos otorga
obligaciones y derechos que forman parte de la esencia de la
democracia.
Los diputados del PP estamos hoy aquí para reafirmar el valor y el
papel democrático fundamental que tiene el Parlamento de
Andalucía.
No vamos a permitir que nada ni nadie vulnere nuestros derechos ni
nos impida cumplir con nuestras obligaciones.
Lo ocurrido la semana pasada en el Parlamento de Andalucía con la
alianza de PSOE y Ciudadanos para vetar las iniciativas de la
oposición, golpea la esencia de la democracia.
El debate de iniciativas y propuestas que buscan mejorar la calidad
vida de los ciudadanos desde diferentes posiciones ideológicas es
consustancial a la democracia.

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Tratar de impedir este debate es un grave retroceso, una agresión a
las reglas democráticas, y una profunda involución de la democracia
en Andalucía que, como representantes de los ciudadanos, no
podemos tolerar.
Y debería avergonzar a los dos partidos que la promueven con el
único objetivo de que su evidente pacto de gobierno no encuentre
obstáculos ni voces contrarias en el resto de la Cámara
Autonómica.
La presentación de iniciativas legislativas por los grupos
parlamentarios es un derecho que está protegido absolutamente por
el Estatuto de Autonomía para Andalucía y por la Constitución
Española.
La función que nuestro Estado de Derecho otorga al Parlamento es
la de control e impulso de la actividad del Gobierno.
Todo esto ha sido pisoteado por un pacto entre dos fuerzas
políticas, que intentan amordazar el Parlamento para proteger
intereses partidistas y personalistas.
Por primera vez en más de 30 años se veta el debate parlamentario
y, paradójicamente, ha sido la llegada de una fuerza política que
decía venir a cambiar las cosas y a regenerar la vida política la que
ha permitido este paso atrás en la calidad democrática de nuestras
instituciones.

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Ni el pacto que tuvo el gobierno socialista con el Partido
Andalucista, ni el bipartito de PSOE e IU la pasada legislatura, ni
siquiera las hegemónicas mayorías absolutas del socialismo
andaluz, habían vetado el debate de iniciativas en el Parlamento en
tres décadas de democracia.
Es algo inédito en democracia que no se debata en un Parlamento,
que se pervierta el funcionamiento de las instituciones, y que el
Poder Ejecutivo imponga su ley al Legislativo doscientos años
después de consagrarse en la Constitución Española de 1812 la
separación de poderes.
Hay que recordar a estas fuerzas políticas que es el Legislativo
quien tiene la misión de controlar al Ejecutivo, y no al revés.
Desde el Partido Popular, queremos reafirmar que no vamos a
permitir que se ponga una mordaza al Parlamento de Andalucía.
Con esta injusta decisión se crea un GRAVE precedente, peligroso
e inquietante: la puesta en práctica, por parte de quienes gobiernan
y de quienes les apoyan, de oscuras maniobras y estratagemas
políticas de despacho cuando la motivación es coartar y atentar
contra la pluralidad parlamentaria emanada de las urnas.
Silenciar al Parlamento es adentrarse en una peligrosa deriva que
nos aleja de la democracia, y eso no vamos a tolerarlo.
Los andaluces quieren un cambio en el fondo y en las formas de las
políticas socialistas.

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Por eso, las elecciones autonómicas dieron como resultado un
Parlamento con más fuerzas políticas y sin mayorías.
Seis de cada diez andaluces no votaron al PSOE, Susana Díaz no
tiene mayoría en este Parlamento, y Ciudadanos es responsable de
que el rodillo de la mayoría absoluta sea sustituido por el rodillo una
mayoría con tintes absolutista.
En este momento conviene recordar que la presente legislatura se
inició con mal pie y que esta situación es consecuencia de la
conformación irregular de la Mesa de la Cámara, que está recurrida
ante el Tribunal Constitucional.
El PP ya advirtió entonces del grave precedente que suponía que el
PSOE decidiera unilateralmente dejar fuera de la Mesa a un
miembro del PP elegido por votación para ceder ese puesto a otro
partido.
Con ese hecho irregular no sólo se distorsionó la voluntad de las
urnas, sino que se abrió la puerta a que el PSOE pudiera manejar a
su antojo el Parlamento y la admisión a trámite de iniciativas, con el
apoyo de un solo grupo.
El pacto oculto de PSOE y Ciudadanos se fortalece cada día y es
visible ya para todos los andaluces, que comprueban a diario cómo
ese nuevo partido ha renunciado a ser aliado del cambio para ser
socio de gobierno del socialismo andaluz y apuntalar una mayoría
que no existe.

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Ahora, ambas fuerzas vetan el debate de un Proyecto de Ley del
PP para bajar los impuestos en Andalucía y eliminar el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones.
El PP va a pelear por esta iniciativa porque los andaluces no
pueden seguir renunciando a sus herencias porque no pueden
pagar un impuesto injusto.
Andalucía no se puede permitir un éxodo permanente de
contribuyentes que este impuesto está generando.
Pero además, vamos a seguir presentando iniciativas para rebajar
los impuestos a los andaluces. Ya está registrada la proposición de
ley para bonificar el impuesto de hidrocarburos, para acabar con la
discriminación de los transportistas y taxistas de la comunidad; y
presentaremos también una propuesta para rebajar el tramo
autonómico del IRPF.
Para nosotros es una prioridad que los andaluces paguen menos
impuestos, para crear más empleo, más prosperidad y más
crecimiento económico.
Para nosotros es una prioridad también regenerar la vida pública y
mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones, que
después de 33 años de gobiernos socialistas sigue siendo una gran
asignatura pendiente.
En unos tiempos en los que muchos ciudadanos se plantean la
utilidad de las instituciones, decisiones como la acordada por el
PSOE y Ciudadanos para amordazar a la oposición sólo

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contribuyen a ahondar en el desapego de la sociedad por la política
y por las instituciones.
Ese escenario es el que podría llevar a algunos a plantearse
preguntas tan inquietantes como ¿Para qué sirve un Parlamento si
quienes tienen la obligación de controlar e impulsar el trabajo del
Gobierno no pueden hacerlo?
Por ello, llamamos a todos los partidos políticos andaluces a una
profunda reflexión, serena pero intensa: lo sucedido constituye un
gravísimo error. Sus protagonistas deben abandonar la huida hacia
adelante en la que se han instalado. PSOE y Ciudadanos deben
rectificar, y deben hacerlo ya.
Pedimos el fin de esa campaña de desprestigio a la Cámara
Andaluza protagonizada por estas dos fuerzas políticas.
Manifestamos que, de no producirse la rectificación inmediata por
parte de los dos partidos, el Partido Popular se reserva el derecho a
acudir a todas aquellas instancias institucionales y jurídicas que lo
requieran para defender la autonomía, la transparencia y la
democracia del Parlamento de Andalucía.