El documento discute las ventajas e inconvenientes del financiamiento público versus privado de las campañas electorales en México. Señala que aunque se implementaron reformas para regular el dinero en política, el financiamiento público mayoritario no ha logrado una mayor equidad electoral ni evitado el tráfico de influencias. En cambio, ha aislado a los partidos de la sociedad y les quita incentivos para gestionar bien los fondos y acercarse a los ciudadanos. El autor concluye que sería mejor un financiamiento principalmente privado, para obligar a los

1.
De
financiaciones
elecciones…
¿mejor
dinero
público
o
privado?
Por:
Marcos
Pérez
Esquer
El
nexo
entre
el
dinero
y
la
contienda
política,
y
las
implicaciones
que
esta
relación
tiene
en
el
fortalecimiento
de
las
instituciones
y
de
la
democracia,
ha
sido
tema
de
preocupación
y
objeto
de
estudio
en
las
naciones
incorporadas
o
en
vías
de
incorporarse
al
mundo
democrático.
En
México,
desde
hace
apenas
un
par
de
décadas,
el
tema
del
financiamiento
de
la
política,
entendido
como
el
financiamiento
de
los
partidos
políticos
y
las
campañas
electorales,
se
instaló
en
el
centro
del
debate
y
la
agenda
pública.
Antes
de
que
esto
sucediera,
tuvimos
una
primera
generación
de
reformas
electorales
que
atendió
a
la
preocupación
de
crear
un
instituto
encargado
de
organizar
los
procesos
electorales,
así
como
de
un
tribunal
encargado
de
impartir
justicia
electoral,
que
gozaran
de
credibilidad,
imparcialidad,
certeza,
profesionalismo
y
legitimidad.
Así
nacieron
el
Instituto
Federal
Electoral
y
el
Tribunal
Electoral
del
Poder
Judicial
de
la
Federación.
Esta
primera
generación
de
reformas
electorales,
incluyó
también
asuntos
tan
importantes
como
la
creación
de
un
nuevo
y
mas
confiable
padrón
de
electores,
la
expedición
de
una
también
nueva
y
mas
confiable
credencial
de
elector
con
fotografía,
el
uso
de
tinta
indeleble
para
marcar
a
los
ciudadanos
que
ya
habían
ejercido
su
derecho
de
voto
evitando
así
la
doble,
triple
o
múltiple
votación
por
parte
de
una
misma
persona;
vino
también
el
listado
nominal
con
fotografía,
que
permitía
a
los
funcionarios
de
las
mesas
de
votación
cotejar
las
fotografías
contenidas
en
la
credencial
con
la
contenida
en
el
listado
nominal
o
padrón,
así
como
la
decisión
de
reproducir
copias
de
las
actas
de
cómputo
de
votos
para
ser
entregadas
a
cada
uno
de
los
representantes
de
los
distintos
partidos
políticos
y
candidatos,
entre
otras
muchas
medidas
de
seguridad
para
evitar
fraude
a
la
elección.
De
esa
primera
generación
de
reformas,
se
pasó
rápidamente
a
una
segunda
generación
en
la
que
los
temas
centrales
fueron
el
uso
adecuado
de
los
medios
de
comunicación,
y
el
que
ahora
nos
ocupa:
controlar
la
financiación
de
la
política
electoral.
Sin
duda,
en
México
solo
hemos
sido
reflejo
de
lo
que
ha
venido
ocurriendo
en
todo
el
mundo,
donde
el
tema
central
del
debate
por
la
democracia
está
justamente
en
la
relación
entre
dinero
y
poder
político.
Los
riesgos
vinculados
con
la
posibilidad
de
que
grandes
sumas
de
dinero
proporcionen
una
ventaja
ilegítima
a
un
contendiente,
o
bien,
el
riesgo
de
que
la
carencia
de
recursos
de
otro
le
ponga
en
desventaja,
así
como
los
riesgos
asociados
a
la
probabilidad
de
que
los
gobernantes
privilegien
indebidamente
la
atención
de
los
asuntos
que
interesan
a
sus
aportantes
o
donadores
en
campaña,
llevó
a
que
la
legislación
incorporase
diversos
mecanismos
de
control:
limitación
de
los
periodos
de
campaña,
limitación
de
los
gastos
mediante
el
establecimiento
de
topes
máximos,
limitación
de
aportaciones
mediante
el
establecimiento
de
topes
máximos
tanto
individuales
como
totales,
prohibición
de
algunas
aportaciones
(empresariales,
extranjeras,
etc.),

2. obligatoriedad
de
presentación
de
informes
financieros
a
la
autoridad,
implementación
de
complejos
procedimientos
de
fiscalización
y
auditoria,
pero
sobre
todo,
el
establecimiento
del
financiamiento
público
como
componente
prioritario
de
la
financiación
de
las
campañas.
Estos
mecanismos
de
control
sin
embargo,
no
han
resultado
del
todo
efectivos.
Particularmente
la
idea
de
que
el
financiamiento
público
deba
ser
mayor
al
financiamiento
privado
ha
generado
mas
problemas
que
soluciones.
El
financiamiento
público
no
ha
propiciado
mayor
equidad
electoral,
tampoco
ha
evitado
el
tráfico
de
influencias.
En
cambio,
sí
que
ha
aislado
a
los
partidos
de
la
sociedad.
El
financiamiento
público
no
genera
incentivos
para
que
los
partidos
hagan
adecuada
gestión
del
gasto,
ya
que
les
provee
de
un
ingreso
cuyo
monto
es
prácticamente
determinado
por
ellos
mismos.
Tampoco
genera
incentivos
para
que
los
partidos
desarrollen
actividades
encaminadas
a
acercarse
a
los
ciudadanos
y
obtener
el
apoyo
de
la
comunidad,
en
este
caso,
el
apoyo
económico.
Por
otra
parte,
el
financiamiento
público,
ha
propiciado
el
empoderamiento
de
la
burocracia
central
de
los
partidos
políticos
que
es,
en
última
instancia,
la
destinataria
y
administradora
de
esos
fondos
públicos.
Por
estas
y
otras
razones,
emprender
contrarreformas
al
respecto
es
necesario
cuanto
antes
en
México.
El
financiamiento
de
los
partidos
debería
ser
principalmente
de
tipo
privado.
El
financiamiento
privado
de
los
partidos
políticos
les
obliga
a
cultivar
su
credibilidad
y
a
acercarse
a
los
electores,
lo
que
potencia
además,
el
resto
de
sus
programas
y
actividades,
así
como
su
democracia
interna.
Los
partidos
han
ido
perdiendo
prestigio
en
la
medida
que
la
gente
ve
que
se
sirven
del
erario.
Contrariamente
a
lo
que
muchos
piensan,
la
limitación
del
financiamiento
privado
ha
generado
mayor
opacidad.
Muchos
partidos
y
candidatos,
aceptan
donativos
privados
sin
reportarlos,
lo
que
alimenta
la
inequidad
respecto
de
quienes
sí
cumplen
con
la
norma,
y
obscurece
las
relaciones
de
interés
y
los
posibles
tratos
de
favor.
El
financiamiento
privado
en
cambio,
transparenta
esas
relaciones,
y
el
simple
riesgo
de
que
el
tráfico
de
influencias
pueda
ser
conocido
por
la
opinión
pública
se
convierte
en
el
mejor
antídoto
contra
ellas.
El
financiamiento
privado
hace
que
los
partidos
políticos
estén
sujetos
a
un
control
mas
eficiente
por
parte
de
los
ciudadanos,
ya
que
estos
pueden
castigar
la
mala
actuación
de
aquellos
mediante
el
retiro
o
la
reducción
de
sus
aportaciones.
En
el
sistema
de
financiamiento
público,
o
predominantemente
público
como
el
de
México
o
el
de
España,
los
partidos
políticos
tienen
menos
que
perder,
en
virtud
de
que,
independientemente
de
su
actuación,
sus
ingresos
están
prácticamente
asegurados.
Curiosamente,
justo
en
estos
dos
países,
donde
se
ha
privilegiado
el
financiamiento
público
sobre
el
privado,
es
donde
mas
escándalos
financieros
han
tenido
los
partidos
políticos
y
sus
candidatos;
algunos
de
esos
escándalos
están
justo
en
estos
días
en
los
periódicos.
Desde
mi
punto
de
vista,
países
como
México
o
España,
debería
voltear
pronto
a
ver
los
sistemas
de
financiamiento
privado
de
otros
países
y
emprender
reformas
que
ayuden
a
mejorar
la
credibilidad
de
sus
sistemas
de
partidos.
En
vez
de
limitar
el
financiamiento
privado,
lo
que

3. debería
limitarse
es
justamente
el
financiamiento
público,
como
ocurre
en
Alemania
u
otros
muchos
países
en
los
que
se
establece
que
el
financiamiento
público
no
puede
superar
el
cincuenta
por
ciento
(50%)
del
financiamiento
total
de
un
partido
político;
es
decir,
se
incentiva
la
procuración
de
fondos
privados
por
parte
del
instituto
político
y
de
sus
candidatos
y
solo
después
de
eso,
el
Estado
le
entrega
otra
cantidad
igual
a
la
que
hayan
conseguido
por
su
propio
esfuerzo.
La
prohibición
de
aportaciones
empresariales
también
debería
ser
revisada.
La
prohibición
no
ha
evitado
esas
aportaciones,
solo
las
ha
ocultado
a
la
opinión
pública,
en
detrimento
de
quienes
sí
se
ajustan
a
la
ley.
Transparentar
las
aportaciones
empresariales
supone
un
beneficio
adicional,
la
opinión
pública
podría
conocer
perfectamente
cuales
son
los
intereses
con
los
que
cada
partido
político
y
candidato
se
identifica
y
defiende.
En
fin,
la
incidencia
del
tema
financiero
en
la
política
electoral
y
consecuentemente
en
la
cosa
pública
es
muy
alta,
y
por
lo
tanto,
es
un
asunto
prioritario
para
las
democracias
del
mundo.
Sin
embargo,
encontrar
el
justo
medio,
entre
los
dos
grandes
valores
en
pugna,
es
decir,
el
punto
medio
entre
el
valor
consistente
en
las
libertades
individuales
que
propugnan
por
permitir
a
los
ciudadanos
aportar
su
donativo
o
contribución
al
candidato
o
al
partido
político
de
su
preferencia,
y
en
contra,
el
valor
consistente
en
la
equidad
de
la
contienda
electoral,
que
defiende
la
idea
de
limitar
los
ingresos
y
los
gastos
de
las
campañas
políticas,
no
es
nada
sencillo.
Son
ambos
valores
importantes
que
aquí
se
encuentran
en
aparente
tensión.
Si
bien,
la
discusión
a
este
respecto
es
común
a
todo
el
mundo
democrático,
México
-­‐quizá
por
su
experiencia
histórica
de
inequidad
electoral-­‐,
se
ha
destacado
por
su
esfuerzo
de
buscar
la
mejor
forma
de
controlar
la
financiación
y
de
implementar
una
fiscalización
eficaz
de
los
partidos
políticos
y
las
campañas
electorales,
tratando
al
mismo
tiempo,
de
no
violentar
el
derecho
de
los
ciudadanos
de
participar
económicamente
en
política.
En
virtud
de
esto,
México
es
hoy
por
hoy
y
con
mucho,
el
país
con
mayor
densidad
normativa
en
materia
de
financiamiento
y
fiscalización
de
partidos
políticos.
Esas
normas
jurídicas
son
el
abultado
resultado
de
una
legítima
preocupación.
El
esfuerzo
empero,
no
ha
sido
el
esperado.
La
sociedad
permanece
suspicaz
respecto
de
este
asunto.
Su
exigencia
por
conocer
bien
a
bien,
el
origen
y
el
destino
de
los
recursos
públicos
y
privados
que
los
partidos
políticos
utilizan
en
las
campañas
electorales,
es
por
demás
legítima,
pero
lamentablemente
sigue
siendo
desatendida
por
muchos
actores
políticos.
Entendiendo
que
sin
dinero
los
sistemas
de
partidos
y
aún
los
gobiernos
no
podrían
siquiera
funcionar,
y
que
la
financiación
de
la
tarea
política
es
vital
para
la
fortaleza
de
la
democracia,
pero
también
atendiendo
al
hecho
de
que
la
transparencia
y
la
divulgación
pública
de
las
finanzas
partidistas
son
el
mejor
instrumento
para
controlar
el
potencial
efecto
pernicioso
de
la
relación
entre
dinero
y
elecciones,
los
legisladores
tienen
hoy
por
hoy
la
enorme
responsabilidad
de
encontrar
las
fórmulas
normativas
que
resuelvan
la
exigencia
ciudadana
por
una
mas
transparente
y
eficiente
financiación
de
la
política.
Marcos
Pérez
Esquer
Abogado
y
financiero.
Ha
sido
dos
veces
diputado
federal
en
México,
Tesorero
Nacional
del
PAN,
Tesorero
General
de
la
ODCA,
y
administrador
de
la
campaña
presidencial
del
PAN
en
2012.
Es
Director
General
de
Consultoría
LAP,
S.C.