1. LA “PIRATERÍA”
Piratería de usuario final
La piratería de usuario final tiene lugar cuando una única copia con licencia de un software es
instalada en diferentes computadoras. Otra forma común de piratería de usuario final ocurre
cuando se utiliza una versión “crackeada” del software. Siendo este aquel en el que el usuario
ingresa una clave de registro (que invalida la protección de copia), o códigos clave generados
ilegalmente que desbloquean una versión limitada.
Piratería de revendedor
La piratería de revendedor ocurre cuando un revendedor distribuye copias de un único
software a diferentes clientes; eso se da principalmente con los sistemas operativos y software
precargados en computadoras nuevas. El usuario no recibe los discos, manuales y registro del
software. La piratería de revendedor acontece también cuando se venden versiones
falsificadas de software, imitando embalajes, sellos y documentos del software original. Los
signos que indican piratería de revendedor son varios usuarios con el mismo número de serie,
falta de documentación original, una configuración incompleta y la ausencia o insuficiencia de
documentación original.
Dicha piratería está enfocada directamente al ánimo de lucro y se hace valer de países
subdesarrollados para realizar dichas copias o falsificaciones y distribuirlas ilegalmente por
medio de mafias ilegales junto a variados productos falsificados.
Violación de marca registrada
Esta infracción sucede cuando una empresa no acreditada se presenta como negociante
autorizado, técnico, proveedor de soporte o revendedor, o usa indebidamente un nombre de
marca registrada.
La piratería de Internet:
Ocurre cuando se pone a disposición de los usuarios una transferencia electrónica de software
con derechos de autor. Operadores de sistemas y/o usuarios ponen a disposición materiales
con derechos de autor en Internet para que otros puedan copiarlos y usarlos sin la licencia
correspondiente. Frecuentemente, los hackers distribuyen o venden software “crackeado”. El
creador no recibe ninguna suma de dinero por su software distribuido de esta manera. Es una
violación de los derechos de autor del creador.
Actualmente es la práctica más popular puesto que el acceso a Internet y a dichos contenidos
es ilimitado y con el único impedimento se encuentra el poseer una línea de conexión y un
navegador web.
COPYRIGHT Y COPYLEFT
Todos los textos y fotos tienen derechos de autor, y a sus creadores les protege el ‘copyright’.
Si el autor no alega nada en contra, sólo él ostenta todos los derechos sobre su obra durante
su vida y hasta setenta años después de su muerte. Esto implica que sólo el autor o sus
herederos pueden hacer copias de la obra, reproducirla, interpretarla, crear obras derivadas o
presentarla públicamente. El que quiera usarla debe pedir permiso. Las únicas excepciones son
el derecho de cita (que permite reproducir fragmentos) o la copia privada, sobre la que se
mantiene una gran controversia sobre su extensión.

2. El creador también puede renunciar al ‘copyright’ y que su obra pase al dominio público. Pero
también hay una tercera alternativa: las licencias ‘Copyleft’, que permiten al autor definir un
amplio rango de posibilidades para concretar cómo quiere que se utilice su obra. La licencia
‘Copyleft’ más popular es la ‘CreativeCommons’. Las obras con ‘CreativeCommons’ (exhiben la
sigla CC) permiten su copia y distribución por parte de otros usuarios, pero con las acotaciones,
conocidas como atributos, que decida el autor.
Las limitaciones son las siguientes:
 ‘Attribution’: exige la cita del autor de la obra.
 ‘Noncommercial’: obliga a que el que la copie no pueda obtener beneficio económico.
 ‘No Derivative Works’: la obra se debe distribuir sin modificaciones (por ejemplo, una foto
con esta licencia no se puede utilizar en un collage).
 ‘Share Alike’: exige que todas las obras derivadas se distribuyan siempre bajo la misma
licencia del trabajo original (por ejemplo, prohíbe que un libro con copyright se ilustre una
foto CC). Estos atributos son combinables para que el autor se haga la licencia a su medida.
LEY SINDE
Hasta ahora, el procedimiento para perseguir los delitos relacionados con la propiedad
intelectual consistía en denunciar una página al juzgado y esperar a que el magistrado emitiera
una sentencia condenatoria ajustada a derecho. Esto representa lo habitual y deseable en
cualquier estado de derecho regido por el imperio de la ley. Sin embargo, los jueces han
sentenciado muchas veces que las webs de enlaces no son ilegales y que no vulneran ningún
mandamiento legal referido a los derechos de autor. Sus enlaces son meros datos que indican
donde encontrar una obra pero ellos mismos no la contienen ni suponen difusión pública de
dicha obra. Tras unos 40 casos de denuncias fallidas por parte de las asociaciones proderechos de autor, y viendo que el poder judicial da la razón a los internautas, decidieron
presionar al gobierno para sortear a los jueces y diseñar una nueva estrategia que les permita
cerrar páginas.
La ley crea la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura que será la que reciba
una denuncia de un autor o particular contra una web de descargas. Estará compuesta por un
representante de Cultura, por un representante de los usuarios y por un juez de “reconocido
prestigio”.
Posteriormente se advertirá al propietario de la página denunciada de que debe retirar los
enlaces o contenidos que, a criterio arbitrario de propia comisión, violan la propiedad
intelectual.
Si la página web no retirara los contenidos considerados ilegales, la Comisión acudirá a la
Audiencia Nacional, en particular los juzgados centrales de lo Contencioso administrativo, que
deberá decidir en un máximo de 4 días sobre el cierre.
En el proyecto de Ley destaca el siguiente párrafo: “La sección podrá adoptar las medidas para
que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar
los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de
lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial“.

3. Una vez cerrada la página, el dueño de la misma podrá interponer recurso para que un juez
decida si merece el cierre o, por el contrario, ha sido una acción temeraria por parte de la
Comisión.