Propuesta de Seguridad Ciudadana

1. SEGURIDAD CIUDADANA
EN CHIMBOTE

2. LOS DEFICIT DE
ESTADO, DEMORACIA Y
CIUDADANÌA
La ausencia o precariedad de principios y
mecanismos primordiales de la democracia:
• Respeto institucional al Estado de Derecho
• El predominio civil sobre fuerzas militares y de
seguridad ciudadana
• Condiciones mínimas para viabilizar el ejercicio
de los derechos civiles, políticos y sociales
Han permitido la sobrevivencia de un absurdo
institucional: democracia en la que la mayoría de la
población, carece de ciudadanía.

3. Definición original de Ciudadanía
“Consiste esencialmente en asegurar que cada
persona sea tratada como un miembro pleno en una
sociedad de iguales”
División de la ciudadanía en tres derechos
distintivos :
1. Los Civiles (aquellos derechos necesarios para
satisfacer la libertad individual)
2. Los políticos (derechos de participación directa o
indirecta en el poder político)
3. los sociales (derechos de bienestar, educación,
salud, salario mínimo y servicios sociales en
general)

4. CIUDADANÌA MODERNA
Es considerada como un conjunto de derechos y
obligaciones predecibles y válidos para cada
miembro de la comunidad política.
Su ejercicio solo es posible, si el marco jurídico y
legal se guía mediante criterios universales, si el
estado de derecho conserva su vigencia por igual
para todos los ciudadanos, sea cual sea su
condición social y si existen las garantías
constitucionales para que los poderes públicos
protejan los derechos y se hagan responsables de
sus deficiencias frente a las personas.

5. La Constitución y las Leyes
Es condición obligante que tanto los gobiernos
como los funcionarios públicos acaten la
constitución y las leyes y que el estado obligue a
sus nacionales a cumplir las normas con una
universalidad y previsibilidad tal, que el
desarrollo de las relaciones privadas pueda
hacerse en forma pacífica.

6. DEMOCRACIA CON BAJA INTENSIDAD DE
CIUDADANÌA
-Mantenimiento del orden en la sociedad
-Fragilidad de las instituciones diseñadas para la garantía
de la vigencia de los derechos civiles en el País
-Inexistencia de mecanismos que garanticen el control
civil externo sobre las acciones de las Fuerzas Armadas y
de la Policía, evidencian la preeminencia de rasgos
autoritarios en la cultura política Peruana
-La debilidad de los valores democráticos y la deficiencia
del Estado en la provisión de ley y orden.
Este contexto propicia el privilegio del recurso a la
violencia en la transmisión de los conflictos inherentes a
la vida social.

7. Violencia pública y privada
La alta prevalencia de la violencia en casi todas las
esferas de la convivencia social- incide de modo
directo en la gobernabilidad y estabilidad
democráticas, ya que sus efectos generan
inseguridad e inestabilidad en el
entorno, repercutiendo negativamente en el
desarrollo razonable y armónico de las
instituciones públicas.

8. Altas tasas de violencia
-Limita el desarrollo institucional
-Erosiona la legitimidad social de las
instituciones públicas y privadas, las cuales
comienzan a ser percibidas por la población
como “ineficaces” o “inadecuadas” para dar
respuesta las necesidades prioritarias de la
sociedad.

9. Conclusiones preliminares
-Deterioro agudo de las condiciones sociales en el Perú
, con su secuela de desempleo, pobreza y exclusión, las
causas del incremento exponencial de la violencia
social también deben buscarse en un Estado de
derecho vulnerado para las mayorías, en la falta de
una institucionalidad acorde con la nueva
diferenciación social y en la inadecuación del marco
jurídico relativo a la seguridad ciudadana, que en la
práctica condena a los sectores más pobres de la
población a la indefensión frente a otros y frente al
estado.

10. Debilidad del Estado
- Precariedad institucional para controlar y prevenir
las múltiples manifestaciones de violencia, remiten
a una peligrosidad debilidad del Estado
Peruano., por lo cual urge como imperativo su
reconstrucción, especialmente en aquellas áreas en
las que muestra un mayor déficit, tales como la
administración de justicia y su capacidad de
asegurar una redistribución más equitativa de los
recursos y bienes sociales.