El documento argumenta que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido en instrumentos internacionales vinculantes para el país. Se justifica la necesidad de una ley de acceso a la información pública para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho. La ley debería promover la máxima publicidad de la información gubernamental, establecer excepciones limitadas y mecanismos de control y sanción para casos de denegatoria indebida.