1. ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
DE LA RAMA JURISDICCIONAL
ASONAL JUDICIAL NACIONAL
Personería Jurídica No. 00484 de Enero 16 de 1976
Filial CUT-Fenaltrase
ASONAL JUDICIAL RECHAZA LA INGERENCIA DEL GOBERNADOR DE
MONTERIA EN LAS DECISIONES JUDICIALES
Unavez más, el Poder Ejecutivo atenta contra la autonomía e independencia del
poder judicial.Asíocurrió en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, la
semana anterior cuando a raíz de una decisión de la jueza de control de
garantías Doctora BLEIDER ASTRID CASTILLO MERCADOel Gobernador de
ese departamento expidió un comunicado de prensa donde acusa a la funcionaria
de “no cumplir con sus deberes al haber tomado la decisión de imponer medida de
detención domiciliaria a varias personas capturadas por el personal del ejército
nacional acantonado en esa jurisdicción”. Y frente a la decisión solo hay que decir
que se adoptó, como es deber legal de la judicatura, según los elementos
materiales probatorios allegados por el ente acusador en la audiencia llevada de
imposición de medida de aseguramiento.
Es precisamente a los Jueces de la República, a quienes la constitución y las
leyes, ha revestido de la competencia para decidir en derecho sobre la libertad de
los ciudadanos, y bajo la égida de la autonomía y de la independencia judicial. Sin
duda, resquebraja el asidero del Estado Social de Derecho, los cuestionamientos
alejados de los fundamentos jurídicos de la decisión que se profiere, que
irresponsablemente lanza ejecutivo para deslegitimar la labora judicial. No le es
dable, a ninguna autoridad constituida del Estado, por importante que sea,
descalificar las decisiones que respecto de la restricción a las libertades
personales, realizan los jueces. Dichas descalificaciones, generan rupturas en el
sistema democrático y lesionan de las funciones, deberes y derechos que tienen
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cada uno de los órganos del poder público, para erosionar las bases del Estado
Social Democrático de Derecho, donde se erige la división de poderes como valor
supremo.
Es claro que lasalvaguarda de los derechos fundamentales, en
especial, el de la libertad, se otorga a la judicatura, y solo por su mandato puede
ser legítimamente restringida.
El poder judicial colombiano, por ende, la democracia y lo que ella representa, se
encuentra en grave riesgo, en tanto, desde varios aristas se le ataca, como ocurrió
en el gobierno anterior y como igualmente ocurre en éste, donde el poder
ejecutivo, no sólo se dedica a criticar y descalificar públicamente los fallos
judiciales, sino, a desconocerlos, como ocurrió cuando el juez de Caucasia Jairo
Matius dejó en libertad a varias personas capturadas en forma ilegal por el ejército
nacional, y el presidente de aquel entonces Señor ALVARO URIBE VELEZ,ordenó
su recaptura, invadiendo esferas de competencias ajenas y lanzando una
expresión a todas luces violatoria de los principios que informan un Estado Social
y Democrático de Derecho, como el definido en nuestraConstitución al manifestar:
“ordeno que recapturen esos sujetos bajo mi responsabilidad” orden que ya había
repetido en ocasión anterior cuando el Doctor Orlando Pacheco, fiscal de segunda
instancia, en Sucre, había restituido el derecho a la libertad a más de cien
ciudadanos capturados y privados de la libertad en forma ilegal en esa localidad.
Y el proceder de este gobierno, no difiere en los sustancial del anterior, actuó en
forma similar cuando los jueces de control de garantías de Bogotá privaron de la
libertad al señor Mario Aranguren, al decir a los medios de comunicación que no
se explicaba como un juez se atrevía a mantener privado de la libertad a una
persona de tan “excelsas calidades”, que “seguramente el juez no había valorado
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todas las pruebas”. Y qué decir, de las expresiones lanzadas por el presidente
Juan Manuel Santos al conocerse las providencias judiciales a través de las
cuales se condenó a los generales Plazas Vega y Arias Cabrales. En la sentencia
de segunda instancia de uno de estos condenados, el Tribunal Superior de Bogotá
como una forma de resarcimiento a las víctimas, ordenó que en un acto público las
fuerzas militares debían de pedir perdón al pueblo colombiano por los excesos o
extralimitaciones que se pudieron presentar en la retoma del Palacio de Justicia y,
el gobierno, en un acto público, sin ningún pudor, dijo que no sólo no había que
cumplir con ese mandato sino, que debería ser al contrario, esto es, las víctimas
deberían de pedirle perdón a las fuerzas militares. Por supuesto, ese fallo judicial
no se ha cumplido. Ello también nos recuerda las palabras del Presidente al
referirse al Juez de Bucaramanga Doctor Juan Solano, a quién trató de “manzana
podrida”, por el sólo hecho de haber otorgado un habeas corpus a quién él
consideró, de acuerdo a las pruebas obrantes en el proceso, que habían sido
violado sus derechos fundamentales al momento de la captura.
Todo lo anterior, son tan sólo ejemplos de los ataques a la justicia en Colombia,
que demuestran que el Estado Social y Democrático de Derecho está en peligro,
que el mismo establecimiento, viene atetando contra este, lo que conducirá
inevitablemente a su destrucción y la barbarie. Cuando se deslegitima la función
judicial, se desconocen los fallosy se ataca a los jueces, se envía a la sociedad un
mensaje de desconfianza hacia el Estado y las autoridades propiciando que el
ciudadano recurra a otros medios para proteger o exigir sus derechos, para
sembrar la barbarie y destruir las bases piramidales en el que debe descansar el
Estado de Derecho. Y con un saldo de especial gravedad, se pone en riesgo a los
operadores judiciales, al ser señalados de delincuentes, sin que previamente se
les ha seguido un proceso ni se les ha vencido en juicio.
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Asonal Judicial brinda todo su respaldo a la Juezade control de garantías Doctora
BLEIDER ASTRID CASTILLO MERCADO de Montería y no escatimará esfuerzos
para que los atropellos contra ella cometidos por el Gobernador y las demás
autoridades del departamento de Córdoba, sean conocidos por todos los
organismos a nivel nacional e internacional que procuran la vigencia de los
derechos humanos en nuestro país y en especial se denunciará ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y lo dará a conocer a la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para la vigilancia de la autonomía e independencia
judicial.
Instamos a todos los ciudadanos y ciudadanas para que defiendan la
independencia judicial como un derecho humano, consagrado en la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 8 que dice:“Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”.
La judicatura es garantía de protección de los derechos de los colombianos.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Noviembre 11 de 2013
LUIS FERNANDO OTALVARO CALLE
Presidente
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