America Latina y la politica de la seguridad nacional pdf

Centro Argentino de Estudios Internacionales
Programa Historia de las RRII

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América Latina y la política de seguridad
norteamericana: continuidades
Por Silvina M. Romano1
En el siguiente trabajo, proponemos rastrear los discursos y
hechos que permitan establecer una relación entre la Doctrina
Monroe (1823), la Alianza para el Progreso (1961), el Informe
Rockefeller (1969), el Informe Kissinger (1974) y el Plan Santa Fe I
(1980). Si bien es cierto que cada uno de estos documentos es
susceptible de un ser estudiado en profundidad, resultan necesarios
para responder al interrogante de en qué medida se puede pensarse
en una continuidad

en la política exterior norteamericana. La

suposición que orienta este trabajo se basa en la idea de que pueden
hallarse indicios de una continuidad en los discursos y acciones del
gobierno

estadounidense

respecto

de

América

Latina,

desde

mediados del siglo XIX hasta el período posterior a la Segunda
Guerra Mundial. A su vez, la persistencia de algunas características
de la política exterior norteamericana se articularía en torno el eje de
la “seguridad”, que de acuerdo con los discursos oficiales y
extraoficiales del gobierno norteamericano, sería uno de los aspectos
fundamentales en sus relaciones internacionales y en particular, con
América Latina (Moniz Bandeira, 2004; Mecham, 1961; Moneta,
1973; Selser, 1972 y 1973).
Intentaremos establecer la relación entre los documentos a
partir de una primera diferenciación en dos tipos de doctrinas:
aquellas que al parecer manifestaban directamente la necesidad de
que Estados Unidos lograra y mantuviera una hegemonía continental
como lo expresan claramente los discursos de Monroe, Truman y el
Plan Santa Fe I; aquellos discursos como el de la Alianza para el
1

Lic. en Historia y Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de Córdoba. Becaria de
CONICET. Doctoranda del Doctorado en Ciencia Política del Centro de Estudios Avanzados de la
Universidad Nacional de Córdoba.

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Progreso, el Informe Rockefeller y el Informe Kissinger, que desde el
comienzo se presentaron oficialmente dirigidos a la cooperación y el
desarrollo de América Latina.
Además de profundizar en estas dos clases de doctrina y de
política exterior, intentaremos esbozar los intereses subyacentes a
estas estrategias del gobierno norteamericano, considerando el
contexto en el cual han sido elaboradas, comparando entre discursos
oficiales

y

secretos

(desclasificados

con

posterioridad

a

su

producción), teniendo en cuenta particularmente la injerencia de
estas políticas en América Latina.
La Doctrina Monroe para la “defensa” de los países americanos
independientes
La Doctrina Monroe de 1823 (pronunciada por el presidente
James Monroe 1817-1825) puede ser considerada como la primera
declaración explícita del gobierno norteamericano en lo relativo a
política exterior continental, orientando la mayoría de las políticas del
gobierno norteamericano respecto de América Latina. Varias de las
intervenciones del gobierno norteamericano en países de América
Latina en el plano de lo económico, lo político o lo militar, contaron
con el respaldo de los mandatos de Monroe. Así es que en
determinadas

oportunidades,

la

doctrina

era

invocada

cual

mandamiento divino, mientras que en otras situaciones era dejada
completamente de lado. Veremos a continuación el contenido de la
doctrina de 1823, su justificación, los conflictos en los que fue
invocada a favor del gobierno norteamericano, y las situaciones en
las que esta doctrina fue ignorada completamente.
La política expresada en la doctrina Monroe, puede resumirse
en las siguientes palabras: “No hemos intervenido ni intervendremos
en las colonias o dependencias de cualquier potencia europea; pero
cuando se trate de gobiernos que hayan declarado y mantenido su

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independencia, y que después de madura consideración, y de
acuerdo

con

justos

principios,

hayan

sido

reconocidos

como

independientes por parte del gobierno de Estados Unidos, cualquiera
intervención de una potencia europea, con el objeto de oprimirlo o de
distinguir de alguna manera sus destinos, no podrá ser vista por
nosotros sino como la manifestación de una disposición hostil hacia
Estados Unidos. Cuando reconocimos a esos nuevos gobiernos,
declaramos nuestra neutralidad entre ellos y España; hemos seguido
y seguiremos esta política, siempre que no haya un cambio que, a
juicio de las autoridades competentes de este gobierno, hagan
indispensable para nuestra seguridad un cambio correspondiente en
la política de los Estados Unidos” (Pereyra, 1959:47).
Esta nueva política del gobierno norteamericano intentaba
mostrarse como una estrategia solidaria con respecto a los demás
países del continente recién independizados, posicionando a los
Estados Unidos como “defensores” o “hermanos mayores” de las
demás naciones recién independizadas, que carecían de los recursos
necesarios para “defenderse solas”. En esta situación, el gobierno
norteamericano estaba dispuesto a luchar por ellas contra la “tiranía”
de las potencias europeas. Esto nos indica que la Doctrina Monroe se
presentó, en principio, como un discurso “defensivo”: en caso de que
algún país fuera atacado por un Estado exterior al continente, el
hermano del Norte estaría dispuesto a defenderlo.
A partir de aquel momento, la “seguridad” comenzó a constituir
la clave de los discursos y las políticas de relaciones exteriores
norteamericanas
Más allá del discurso, en los hechos la Doctrina Monroe adquirió
tantos significados como gobiernos se sirvieron de ella.

En varias

oportunidades fue utilizada como justificativo de intervenciones de
diferente tipo en países latinoamericanos (particularmente México y
la zona del Caribe). Algunos documentos nos dan cuenta de esta

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operacionalización de las premisas de Monroe, lo que explica a su
vez, la “universalidad” que adquirió.
En primer lugar, la Doctrina fue realizada en base a la amenaza
que implicaba la presencia europea en el continente, en especiilla de
la Santa Alianza2. Pero en la declaración del Secretario de Estado Mr.
Clay3 a la cámara de representantes, se presentaban algunas dudas
respecto a la certitud de este peligro, ya que declaraba que no era
necesario llamar la atención sobre ese asunto debido a que “los
acontecimientos demostraban que si alguna vez hubo un plan serio
para atacar la independencia de la América Española, este había sido
abandonado, y que el hecho de votar la resolución en ausencia de
pruebas suficientes de un designio de agresión, se consideraba poco
amistoso, si no es que ofensivo” (Pereyra, 1959:29). Asimismo,
desde diferentes perspectivas se niega la posibilidad de un certero
ataque Europeo a las ex-colonias para reconquistarlas, teniendo en
cuenta que la Santa Alianza no contaba con el apoyo de Gran
Bretaña, que en ese entonces era la única potencia capaz de
asegurar una victoria (debido a su poderío naval) (Kossok, 1968).
Por otra parte, lo interesante del discurso de Monroe es que
trataba el tema de la defensa del continente de manera general, y ni
el Parlamento ni el Poder Ejecutivo consideraron conveniente traducir
este mensaje a “frases más concretas”; es decir, desde un principio
se percibió la potencialidad de esta doctrina siempre y cuando se
mantuviera en el plano de lo general (Perkins, 1964: 307-308). Así
es que en varias situaciones en que los países latinoamericanos
consideraban indispensable la aplicación de la Doctrina Monroe, el

2

La Santa Alianza fue una respuesta al peligro que significaron la Revolución Francesa y Napoleón para las viejas
monarquías europeas. Fue concertada el 14 de septiembre de 1814 entre Alejandro I de Rusia, Francisco I de Austria
y Federico Guillermo III de Prusia como un “pacto religioso” para establecer lazos fraternales entre reyes y súbditos
de acuerdo con los principios cristianos, y se invitó a firmarlo a todos los soberanos europeos. Así lo hicieron
Francia, España, Portugal y Suecia. Sin embargo, este pacto religioso tomó un carácter totalmente distinto en manos
del canciller austriaco Metternich convirtiéndose en una sociedad de socorros mutuos de los reyes contra los países
sublevados (Morales Manssur, 2005)
3
Secretario de Estado de John Quincy Adams y a su vez, secretario de Estado del gabinete de Monroe al momento
de redacción de la Doctrina (Pereyra, 1959:56).

4


gobierno

norteamericano

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decidió

no

inmiscuirse

acudiendo

a

diferentes argumentos. Por ejemplo, el gobierno norteamericano
evitó aplicar la doctrina en ocasión del bloqueo al Río de la Plata
perpetrado por Francia fines de 1830, tampoco le dio importancia a
la participación de Inglaterra como “mediadora” de la declaración de
la independencia uruguaya (agosto 1828), como resultado del
enfrentamiento entre Brasil y Argentina (Pereyra, 1959: 80). A su
vez, durante los conflictos entre estos dos últimos países, las
directivas del gobierno norteamericano a través del ministro Forbes,
fueron las siguientes: “1) la negativa a invocar la Doctrina Monroe
según la interpretación de Henry Clay; 2) declaraciones contra el
bloqueo de Brasil; 3) un rechazo de mala gana de la solicitud
argentina

requiriendo

la

mediación

de

los

Estados

Unidos…”

(Peterson, 1970: 103). Tampoco se tuvieron en cuenta las premisas
de la Doctrina en acuerdos como el de Clayton-Bolwer, firmado con
Gran Bretaña en junio de 1850, que otorgaba a ambas partes (una
de ellas europea) el derecho exclusivo sobre el canal de Panamá
(Peryra, 1959: 84).
Los

hechos

señalados,

nos

conducen

a

pensar

que

probablemente, la razón por la cual fue elaborada y posteriormente
legitimada esta doctrina (la “defensa” de la independencia del
continente americano), quizás no fue realmente el “motor” ni de esta
doctrina, ni de la política exterior norteamericana en general. No
obstante, estas premisas se instalaron en los discursos y la práctica
de relaciones exteriores estadounidenses y fueron utilizadas de
acuerdo a los intereses de los gobiernos norteamericanos de turno.
Este “pragmatismo” cristalizó en la aplicación de la Doctrina Monroe,
que si en ciertos casos no tenía poder de injerencia, en otros,
casualmente,

constituía

la

base

del

accionar

del

gobierno

norteamericano. Por ejemplo, esta doctrina permitió la justificación
al interior de Estados Unidos de la anexión de territorios que desde la
conformación de los Estados Unidos habían estado en la mira de

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algunos políticos por resultar fundamentales para el desarrollo del
país. Thomas Jefferson, en una carta del 22 de octubre de 1823
manifestaba: “Pero tenemos que preguntarnos primeramente si
deseamos adquirir para nuestra confederación, alguna o algunas de
las provincias españolas. Confieso ingenuamente que siempre he
considerado a Cuba como la adición más interesante que pudiera
hacerse a nuestro sistema de Estados. El dominio de esta isla junto
con la punta de la Florida, nos daría sobre el Golfo de México y los
países e istmos que lo limitan, lo mismo que sobre todas las aguas
que en el desembocan, llenaría la medida de nuestro bienestar”
(Pereyra, 1959:25). En este sentido, vemos que la doctrina permitía
presentar la anexión de territorios como algo necesario y legítimo. La
justificación se hallaba en que cualquier acción de Estados Unidos
sería a fin de mantener la seguridad interna de la Confederación.
A pesar de la universalidad que fueron adquiriendo estas
premisas,

en

ocasiones

se

llamaba

la

atención

sobre

esta

generalización en lo referido a la situación en que debía ser aplicada.
De acuerdo a declaraciones de Calhoun (Secretario de Guerra del
gobierno de Monroe), el manifiesto de Monroe no tenía por qué ser
general u obligatorio, sino que podía ser tenido en cuenta como la
opinión particular del Ejecutivo en un caso particular (Pereyra,
1959:63; Mols, 1985: 192). Pero lo interesante es que Calhoun se
resistía a pensar a la Doctrina Monroe como el único principio de
relaciones exteriores, porque planteaba que había casos en los que
los Estados Unidos debían intervenir militarmente, más allá de los
preceptos de Monroe, por ejemplo el caso de Cuba: “Mientras Cuba
permanezca en poder de España, potencia amiga, potencia a la que
no tememos, la política del gobierno será (…) dejar Cuba como está,
pero con el designio expreso, que espero no ver nunca abandonado,
de que si Cuba sale del dominio de España, no pase a otras manos
sino a las nuestras. Y esto no por ambición, no por el deseo de
extender nuestros dominios, sino porque la isla es indispensable a la

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seguridad de los Estados Unidos (…) en la misma categoría
mencionaré otro caso: el de Tejas; si hubiera sido necesario,
habríamos resistido a un apotencia extraña” (Pereyra, 1959: 64).
Lo que cabe señalar aquí es que con o sin Doctrina Monroe, la
anexión

era

un

aspecto

fundamental

de

la

política

exterior

norteamericana y que el manifiesto de Monroe, la mayoría de las
veces –a pesar de las quejas de Calhoun- se presentó como universal
y se sirvieron de él de acuerdo a las necesidades del establishment
norteamericano, siempre apoyado en la excusa de la seguridad de la
Confederación.

Resultó

un

instrumento

indispensable

para

la

estrategia expansionista, debido a que le otorgaba una fachada
“legal” a acciones de clara intervención en la soberanía en los
Estados latinoamericanos.
Las relaciones de Estados Unidos respecto a los países al sur de
su frontera queda clara en el caso de Cuba. De acuerdo a lo expuesto
por Calhoun, mientras Cuba permaneciera en manos de España, no
habría problemas. Pero en 1854, la actitud de Estados Unidos no era
ya de tanta serenidad, en un informe realizado por los ministros de
Estados Unidos en Londres, París y Madrid, aclaraban: “Nuestra
historia nos impide adquirir Cuba sin el consentimiento de España,
excepto en el caso de que a ello nos veamos compelidos por la gran
ley de la propia conservación… Si después de haber ofrecido a
España por la isla de Cuba un precio superior a lo que ésta vale,
resulta nuestra oferta rechazada, habrá llegado el momento de
considerar hasta dónde Cuba española pone en peligro nuestra paz
interior y la existencia de nuestra amada Unión. Si este peligro
existe, estaremos justificados, dentro de toda consideración de
derecho divino y humano, a arrancarla del dominio, siempre que
podamos hacerlo” (Pereyra, 1959: 139-140).
En esta declaración aparecen varias cuestiones que hacen a la
estrategia exterior norteamericana. En primer lugar, plantean que
sólo podrían apoderarse de Cuba en caso de amenaza a la seguridad

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de Estados Unidos –como lo sostiene la Doctrina Monroe. Si esto no
sucediera, de cualquier manera intentarían obtener la isla por otros
medios, como el dinero. En caso de que España no cediera ante esta
oferta,

los

Estados

Unidos

se

verían

obligados

a

intervenir

militarmente para quedarse con ella, amparándose en la amenaza
que

la

presencia

de

España

implicaba

para

la

seguridad

norteamericana. En síntesis: la Confederación necesitaba el territorio
de Cuba, apelando en primera instancia a la Doctrina Monroe para
justificar el hecho, pero si los acontecimientos no se daban como el
gobierno norteamericano lo esperaba, intervendrían militarmente la
isla.
En 1889, la Cancillería de Washington aseguraba: “Hoy los
Estados

Unidos

son

de

hecho

los

soberanos

del

Continente

Americano, y su voluntad tiene fuerza en las materias que crean
conveniente hacer objeto de intervención ¿Por qué? No por la
amistad desinteresada en que se inspiran, ni porque hayan llegado a
un excesivo grado de civilización, ni porque sus actos estén
invariablemente penetrados de sabiduría, justicia y equidad, sino
porque, además de otros motivos, la enormidad de sus recursos,
agregada a su aislamiento, hace de ellos los dueños de la situación”
(Pereyra, 1959: 128).
En tales afirmaciones quedaba claro que Estados Unidos
apelaba a la Doctrina Monroe cuando le era conveniente a sus
intereses, pero que estas premisas no eran el único mecanismo para
llevar a cabo sus objetivos. El anterior párrafo da cuenta de la suerte
de “omnipotencia” que se le atribuía a esta nación, lo cual justificaba
la intervención en cualquier espacio del continente. A partir de este
tipo de premisas, se fue configurando una relación notablemente
asimétrica entre Estados Unidos y América Latina: el gobierno
norteamericano

estaba

habilitado

para

intervenir

en

cualquier

circunstancia, y no sólo en los casos en los cuales se amenazara su
seguridad interior. De cualquier manera, en general, los Estados

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Unidos apelaron a la cuestión de la propia seguridad (como vimos
hasta aquí y como veremos más adelante) para justificar sus
acciones.
A principios de siglo XX, Theodore Roosvelt, aseguraba: “Todo
país cuya población se conduzca correctamente podrá contar con
nuestra cordial amistad. Cuando una nación haya dado pruebas de
razonables capacidades y de cierta decencia en sus negocios políticos
y sociales, no tendrá que temer ingerencias de parte de Estados
Unidos. Pero un desorden crónico, una impotencia constante para
mantener los vínculos que unen a las naciones civilizadas de América
como en todas partes, podrán requerir la intervención de alguna
nación civilizada, y en este hemisferio la fidelidad de los Estados
Unidos a la doctrina de Monroe, podría obligarlos, aunque eso les
repugne, a ejercer un poder de policía internacional, en caso
flagrante

de

tales

desórdenes

o

de

semejantes

impotencias”

(Pereyra, 1959: 193). Aquí queda claro que Estados Unidos debía
“ser temido” en caso de que las cosas no se hicieran al modo que
esperaba el gobierno norteamericano, particularmente en lo relativo
al “orden”. En caso contrario, el “hermano” del Norte se vería
obligado a ejercer su poder de “policía internacional” para actuar en
pos del “orden y la paz”.
La Doctrina Monroe se materializó en otras doctrinas y
prácticas en el marco de las relaciones exteriores norteamericanas,
que implicaron diferentes formas de intervención (política, económica
y militar) en los países de América Latina desde mediados del siglo
XIX hasta la Segunda Guerra Mundial: la anexión de Texas (18361845); la guerra contra México, la ocupación militar de su capital y la
toma

sin

retorno

de

un

inmenso

territorio

(1845-1848);

el

establecimiento del recurso ideológico del “Destino Manifiesto”
(1845) y las posiciones teórico-estratégicas sobre las necesidades del
poderío marítimo-militar de Alfred Thyer Maham (1890); la ocupación
de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, etc. (1898) luego de la guerra contra

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España; el levantamiento insurgente de la empresa constructora del
Canal de Panamá contra el gobierno de Colombia para su secesión,
invocando para ello algo parecido a la “autodeterminación de los
pueblos” (1903); la injerencia de Estados Unidos en la soberanía de
diferentes

Estados

latinoamericanos,

haciéndose

cargo

de

las

“responsabilidades internacionales en América Latina” siguiendo el
corolario Roosvelt (1904); el montaje definitivo de una política
externa de “intervencionismo preventivo” sumado a la “diplomacia
del dólar” de la administración de W. H. Taft (1909-1913), que
conduciría a numerosas y reiteradas intervenciones militares de
Estados Unidos en el área del Caribe y de Mesoamérica. El respaldo
del gobierno norteamericano a las dictaduras más reaccionarias que
se instalaron en América Latina como la de Trujillo en República
Dominicana (1930-1961); la de F. Batista en Cuba (1934- 1959) y la
de los Somoza en Nicaragua (1936-1979) (Boersner, 1982; Gil,
1975; Halperín Donghi, 1998).

La Doctrina Truman y la Seguridad Hemisférica
Después de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia de
relaciones exteriores del gobierno norteamericano respecto de
América Latina –e incluso respecto “al mundo”-, fue cristalizada en la
Doctrina Truman (1947).
El 24 de febrero de 1947, los ingleses, retiraron su apoyo al
gobierno de Grecia, que en ese momento estaba ferozmente
enfrentado a las “guerrillas”: “La respuesta inmediata de Estados
Unidos fue la Doctrina Truman. Esta proclamó un protectorado
americano sobre Grecia y Turquía y anunció que ‘la política de
Estados Unidos debe ser la de apoyar a los pueblos libres que estén
resistiendo los atentados de subyugación de minorías armadas o de
presiones exteriores” (Baran y Sweezy, 1969: 150). Este discurso, al

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igual que la Doctrina Monroe, se manifestaba como “defensivo”, pero
a su vez se planteaba explícitamente como “ofensivo”. Las premisas
de Truman expresaban de manera directa la oposición a la
subversión y al comunismo, es decir, esta meta no se hallaba
“implícita” o entre líneas, sino que constituían el núcleo de la
Doctrina.
Señalábamos que la Guerra Fría se desató, entre otras
cuestiones, debido a los conflictos en Grecia, que generaron el
enfrentamiento

entre

Estados

Unidos

y

la

URSS.

Ante

estos

acontecimientos, el gobierno norteamericano comenzó a manejar una
serie de alternativas. Entre ellas, la de mayor peso era la de llevar a
cabo

una

intervención

directa

en

Grecia

(militar,

política

y

económica), justificada en la defensa de la democracia y basada en
la amenaza que esto implicaba para la seguridad a Estados Unidos.
De acuerdo con esta idea, el discurso del presidente Truman tenía
que focalizar y dejar en claro las intenciones políticas de Estados
Unidos: “El tema de nuestro nuevo enfoque

debe ser que la

seguridad de los Estados Unidos depende de la defensa a todos y
cualquier

gobierno

democrático.

Tomy

Thompson

dijo

que

deberíamos incluir esto en la declaración presidencial. No vamos a
apoyar a ningún país agredido, pero vamos a ayudarlos a defenderse
por su cuenta (...) Nuestra línea debe ser que la guerra contra los
soviéticos no es inevitable, pero que si el comunismo se propaga a
todas las áreas críticas que amenaza ahora, la guerra será inevitable.
Esto debe ser presentado como una forma de evitar la guerra”
(Doctrina Truman, 1947, Truman presidential Museum & Library).
La

Doctrina

Truman

continuación del tipo de

condujo

a

nivel

continental

a

la

relaciones exteriores establecidas por la

Doctrina Monroe, e incluso quizás pueda asimilarse aún en mayor
medida al Destino Manifiesto4, por su

alto contenido político-

4

“El término Manifest Destiny es uno de los conceptos que mejor reflejan esta identidad [la identidad política de
Estados Unidos]; su uso data de los años cuarenta del siglo XVIII, cuando la violenta expansión territorial del

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ideológico explícito, más allá de las metas económicas (presentes en
todas las estrategias de relaciones exteriores de Estados Unidos,
desde el siglo XIX).
Pero en los años de posguerra, el gobierno norteamericano
tuvo

que

implementar

una

estrategia

muy

diferente

al

“unilateralismo” de la Doctrina Monroe, era necesario que el país del
Norte “demostrara” que la ayuda y el apoyo que prestaran los países
latinoamericanos era clave para la seguridad continental en la
cruzada contra el comunismo. En verdad, lo que inquietaba a Estados
Unidos era la “seguridad norteamericana (más que la de los demás
países americanos), pero para ello resultaba indispensable mantener
la seguridad continental. De allí surge la estrategia de la Seguridad
Hemisférica y la firma del Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca

(TIAR,

1947).

No

obstante,

no

sería

conveniente

considerar que debido a esta acción “continental” el gobierno
norteamericano

dejó

de

lado

el

unilateralismo

(e

incluso

el

intervencionismo) que caracterizó a la mayoría de las políticas
exteriores desde la Doctrina Monroe (TIAR, 1947, art.1).5
Este tratado era ante todo, una alianza defensiva contra
posibles

ataques

provenientes

del

interior

o

del

exterior

del

continente: “Un ataque armado por cualquier Estado (continental o
extracontinental) se considerará un ataque contra los Estados
americanos, y por consiguiente, cada una de las Partes Contratantes

colonialismo europeo y las matanzas de los pueblos indígenas que la acompañaron, requerían de una ideología
justificadora. Las almas de los piadosos puritanos se quedaron redimidas al descubrir el editor neoyorquino John
O’Sullivan en 1845 que los colonialistas solo cumplían con un designio divino, cuando hacían proliferar sus
instituciones en el hemisferio occidental y, aun, en el mundo entero. Se trataba del ‘cumplimiento de nuestro
Destino Manifiesto de cubrir el continente asignado a nosotros por la providencia para el libre desarrollo de nuestros
millones [de pobladores- H.D] que se expanden cada año’ formulaba O’Sullivan el credo expansionista, que de
hecho había regido la política de los colonialista europeos que tocaron tierra en Virginia en 1607 y Massachussets en
19620” (Chomsky en Dieterich, 2004: 199).
5
Decimos que el inetrvencionismo formó parte en “general”de la política exterior del gobierno norteamericano,
porque desde algunas perspectivas, la presidencia de Franklin Roosvelt (1933-1945) puede considerarse una
excepción, ya que implementó una política de no intervención en el continente, apelando a la buena vecindad; entre
otras cuestiones, anuló la Enmienda Platt y adelantó la evacuación de Haití. Es importante contextualizar este deseo
de no “ocuparse” de los asuntos de los países del continente: el presidente Roosvelt, en el discurso de inauguración
de su mandato advirtió sobre la necesidad de orientar toda la acción del gobierno federal hacia el interior del país,
teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis desatada en el año 1929 (Duroselle, 1965).

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(habrán de) emprender la ayuda para rechazar el ataque” (Gil, 1975:
182).

Los

firmantes

de

lo

acordado

en

Río

de

Janeiro

se

comprometían a condenar formalmente la guerra y se obligaban, en
sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de
la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas, o las presentes en el mismo TIAR.6
En el marco de esa política, se aprobó la “Ley de Seguridad
Mutua” que implicaba un mayor vínculo con América Latina, al menos
en el plano militar, ya que permitía la venta de armamentos a
aquellos países que desearan contribuir con la defensa del hemisferio
–como lo solicitaba el TIAR. Debemos señalar que el planteamiento
de Truman sobre la seguridad de Estados Unidos y del continente, la
alianza defensiva, se asimilaba en buena medida a los postulados de
Monroe. John Saxe-Fernández, sostiene que la Doctrina Truman
constituyó la “universalización de la Doctrina Monroe”, sentando las
bases del intervencionismo global de la

posguerra, revitalizando el

proceso de militarización (Saxe-Fernández, 1975: 16). La Doctrina
Truman, nos permite observar, a su vez cómo los Estados Unidos se
servían de los acuerdos y tratados para fortalecer su hegemonía en el
continente, apelando a ellos cuando les era conveniente (por
ejemplo, en los conflictos con Cuba) y desentendiéndose de tales
normas cuando contradecían las acciones emprendidas en pos de la
“seguridad hemisférica”.
Precisamente, fue en ese período en el que se dio origen a los
Programas de Asistencia Militar (PAM) para América Latina, que
implicaban el préstamo o la venta de armas y el entrenamiento de
militares latinoamericanos (Veneroni, 1971). En un mensaje al
Congreso, Eisenhower, sucesor de Truman, afirmaba en lo relativo a
las relaciones con América Latina: “La asistencia militar debe ser

6

Este tratado fue ratificado el 2 de septiembre de 1947 por todos los países latinoamericanos, con la excepción de
Nicaragua y Ecuador.

13


contenida,

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la asistencia técnica debe ser mantenida. La asistencia

económica puede ser reducida” (Mecham, 1961: 372).
A su vez, la Ley de Seguridad Mutua, tenía una contraparte
económica que descansaba en la “Mutual Security Act” de 1951, la
cual

implicaba

el

compromiso

de

diferentes

gobiernos

latinoamericanos en asegurar las inversiones norteamericanas que
fueran realizadas a partir de aquel momento. El primer firmante fue
el gobierno de Haití, en abril de 1953: “Dicho acuerdo hizo posible las
garantías del Acta de Seguridad Mutua, protegiendo los inversores
norteamericanos

de

las

irregularidades

monetarias

y

de

la

expropiación que fueran posibles en dicho país” (Mecham, 1961:
361). Vemos entonces, que la estrategia militar se hallaba vinculada
a los objetivos económicos oficiales y “privados” de Estados Unidos
en la región.
Este tipo de táctica continental se enmarcaba en una estrategia
de contención del comunismo a nivel mundial, lo cual implicaba entre
otras cosas, la habilitación de operaciones encubiertas en tiempos de
paz,

nunca

anteriormente.

autorizadas
Hasta

el

por

el

gobierno

momento

resultaba

norteamericano
injustificable

el

“espionaje” a menos que se llevara a cabo en el marco de una
guerra, pero al parecer el avance de los comunistas rusos obligó al
Departamento de Estado a cruzar los límites “éticos”, como figura en
los documentos del Departamento de Estado norteamericano en lo
relativo al “Psychological and political warfare” de final de los ‘40
(United States Department of State. Psychological and Political
Warfear 1945-1950. Doc. 241; 270; 280; 290; 301; 241; 250; 260).
El staff de Planificación de Políticas del Departamento de Estado
norteamericano consideró varios aspectos de la "political warfare,"
[asuntos de guerra] y el 3 de mayo de 1948 aprobó un documento
titulado

"The Inauguration of Organized Political Warfare," que

proponía un programa de apoyo para "liberation committees,"
[comités de liberación] "underground activities behind the Iron

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Curtain," [actividades secretas detrás de la Cortina de Hierro] y
"support of indigenous anti-Communist elements in threatened
countries of the Free World." [apoyo a las fuerzas indígenas
anticomunistas en los países del mundo libre bajo amenaza] (United
States Department of State. Psychological and Political Warfear
1945-1950. Doc. 269).
La psychological warfare (guerra psicológica), también fue
gestada en los años ’40 y constaba de

diferentes tipos de

propaganda y acciones en contra del comunismo, abiertas o
encubiertas,

y

programas

de

información

nacionales

e

internacionales. La guerra psicológica permitía realizar operaciones
encubiertas en tiempos de paz, bajo el control y la coordinación del
Estado norteamericano. La justificación de este tipo de accionar, aún
no habiendo guerra, era la de enfrentar las “actividades inspiradas
por el bloque soviético que constituyan una amenaza a la paz y a la
seguridad mundial, o que estén destinadas a desacreditar y vencer a
Estados Unidos en su esfuerzo por promover la paz mundial”. (United
States Department of States. Psychological and Political Warfear
1945-1950. Doc. 257). En medio de una disputa de jurisdicciones
entre el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia de
Inteligencia (CIA), logró imponerse la necesidad de implementar los
“black methods” (métodos encubiertos) como medio indispensable
para enfrentar al comunismo.
Realizada esta breve reseña acerca de la Doctrina Truman, sería
interesante

indagar en el aspecto “ideológico” subyacente a tales

premisas. En teoría, los lineamientos del gobierno norteamericano
para enfrentarse al comunismo y al socialismo se apoyaban en las
idea de liberalismo y democracia, “un mundo libre”. Pero ¿Qué
prevalecía en la política exterior norteamericana? ¿Eran ciertamente
la paz y la libertad los objetivos “finales” del establishment
norteamericano, o eran considerados como “medios” para otro fin?
Frecuentemente se piensa (no siempre de manera equivocada) que

15


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de hecho resultaría muy complejo realizar una descripción de “las
intenciones” sobre las cuales descansa la ideología de la política
exterior de un gobierno. No obstante, en el caso de los gobiernos
norteamericanos de posguerra (incluido el de Kennedy, como
veremos a continuación), la teleología de las acciones puede
identificarse claramente en discursos como el siguiente, relativo a las
causas que llevaron a Estados Unidos a comenzar la Guerra Fría:
“Las guerrillas griegas suman 12.000 voluntarios. La armada griega
no está preparada para enfrentar esto. Grecia es el único país en los
Balcanes que no está bajo el dominio soviético. Si Grecia cae, la
presión soviética en Turquía será inevitable. Si Grecia y Turquía caen,
la zona al este del Mediterráneo, con sus recursos petroleros, será
insostenible para las democracias” (Doctrina Truman, 1947, Truman
presidential Museum & Library).
Más allá de la generalización que podría hacerse o no de estas
líneas, queda claro que a fin de comprender las decisiones y acciones
del gobierno norteamericano durante la Guerra Fría (y también
quizás de los posteriores gobiernos hasta la actualidad) es necesario
indagar en aquello que hacía las veces de “guía” en la política
internacional, que al parecer se hallaba estrechamente ligado al
poder económico.
Para comprender la importancia del petróleo para el gobierno
norteamericano en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial,
podemos decir, siguiendo a Noam Chmosky, que Oriente Medio se
transformó en una zona crucial para los intereses norteamericanos,
la “zona del mundo de mayor importancia estratégica” (Chomsky,
1996: 244). Esto nos permite reafirmar la vitalidad de lo económico
en

el

comienzo

de

la

Guerra

Fría

(y

por

qué

no

de

los

acontecimientos actuales en la zona del Líbano).
Pero no sólo observamos el predominio de los objetivos
económicos en lo relativo al petróleo, sino que como hemos señalado
anteriormente, estos objetivos se ven reflejados asimismo en la

16


vitalidad

que

adquirió

la

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“seguridad”

para

las

inversiones

norteamericanas en América Latina, que en el discurso oficial era
asociada a la “seguridad continental”. Dean Acheson, secretario de
Estado

de

Truman,

enumeraba

las

principales

metas

del

Departamento de Estado (en septiembre 1949) para América Latina
de la siguiente manera: lograr la seguridad de Estados Unidos y del
hemisferio;

apoyar

a

las

instituciones

de

la

democracia

representativa y cooperar en el campo económico. En relación a lo
tercero, la política oficial de préstamos no sería aplicada cuando
hubiera capital privado disponible. Los fondos públicos serían solo
‘suplementarios’ a los esfuerzos del capital privado. Para aumentar el
flujo de capital privado era recomendable que se otorgara una
seguridad razonable a los inversores, al tiempo que protegieran la
seguridad de los países (Mecham, 1961: 359).

La Alianza para el Progreso y la Seguridad Interna
Después de la revolución cubana (1959) se pasó de la Doctrina
Truman a una estrategia centrada en la “solidaridad y la cooperación”
de Estados Unidos con América Latina, cristalizada en la Alianza para
el Progreso (1961). Este “giro” implicaba aparentemente el paso de
una política exterior “dura” a relaciones menos tensas, centradas en
el “desarrollo” económico y social de América Latina.
Los principales objetivos de la Alianza para América Latina se
hallan en la Carta de Punta del Este (1961). La Conferencia de Punta
del Este (agosto de 1961), contó con la presencia de la mayoría de
los presidentes Latinoamericanos. En el Preámbulo de dicha Carta, se
hace referencia al progreso económico, la justicia social, la dignidad y
la libertad política. Las metas planteadas en el primer capítulo
proponían disminuir la brecha entre los países industrializados y
Latinoamérica, redistribuir el ingreso, diversificar las economías,

17


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acelerar la industrialización, aumentar la productividad agrícola,
impulsar la reforma agraria, entre otros (Carta de Punta del Este,
1961: 735).
En este documento, hay asimismo, escasos indicios de la
continuidad de la política “intervencionista” norteamericana iniciada
por la Doctrina Monroe, tampoco predominan los párrafos dirigidos
explícitamente a la necesidad de “unir fuerzas” en contra del avance
del comunismo, como lo planteara Truman.
No obstante, en uno de los documentos de Relaciones
Internacionales del Departamento de Estado (en ese momento
secreto) referido a la función y objetivos de la Alianza para el
Progreso, se proponían los siguientes objetivos: lograr que los países
latinoamericanos
representativos,

accedieran
apoyados

a

por

gobiernos
economías

“democráticos”
viables

capaces

y
de

participar en la comunidad mundial, posicionándose del lado de las
“democracias” occidentales en la lucha de poder dada por la Guerra
Fría.; que lograran satisfacer las necesidades de justicia y bienestar
de los pueblos; concientizar a los pueblos y gobiernos acerca de la
“amenaza

comunista”,

especialmente

ejemplificada

en

Cuba

y

asegurar la capacidad y habilidad de Estados Unidos para vencerla. A
fin

de

lograr

estas

metas,

proponían:

atacar

las

causas

de

descontento social asistiendo a aquellos países que se esforzaban por
lograr el progreso económico y social; fortificar la voluntad y
capacidad de los gobiernos –haciendo énfasis en la seguridad
interna– para vencer las fuerzas aliadas o auspiciadas por el
comunismo internacional o por el régimen de Fidel Castro.
Asimismo, el gobierno norteamericano proponía reforzar la
solidaridad hemisférica mediante el liderazgo efectivo de Estados
Unidos,

respetando

todos

los

compromisos

interamericanos

establecidos, apoyando fuertemente a la Organización de los Estados
Americanos (OEA), consultando a los países del continente antes de
llevar a cabo acciones que pudieran afectarlos; fomentando acciones

18


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colectivas e individuales contra el bloque comunista mediante el
control de las actividades, el comercio y las representaciones
comunistas; buscando todos los medios posibles, incluyendo las
medidas de la OEA. Estos objetivos se complementaban con los de
debilitar, aislar y lograr la caída del régimen de Castro en Cuba y
establecer acuerdos de seguridad especialmente en el área del Caribe
para vencer posibles intentos del régimen castrista destinados a
subvertir los gobiernos del área.
A

continuación

de

estos

objetivos

político-militares,

se

planteaban los económicos y sociales: dar prioridad a la ayuda a
América Latina para mejoras en salud y educación, para lograr una
reforma en sus sistemas impositivos y administrativos, mejoras en
las viviendas, una mejor y mas equitativa utilización de la tierra,
construcción de caminos, establecimiento de empresas productivas y,
finalmente, una mejor distribución del ingreso (United States
Department of State. Foreign Relations. 1961-1963. Vol XII. Doc. 15.
Guide Lines Paper)
Podemos observar que al interior del gobierno norteamericano,
los objetivos de la Alianza presentaban una cierta continuidad con
respecto a las premisas de la Doctrina Truman. La meta era evitar el
avance del comunismo. Pero, retomando las “motivaciones” del
accionar del gobierno norteamericano ¿Por qué y para qué evitar el
predominio

del

comunismo?

¿Por

cuestiones

ideológicas,

por

objetivos políticos, por metas económicas?
Una de las posibles respuestas se halla relacionada con la
Doctrina

de

Seguridad

norteamericano que

interna

impulsada

por

el

gobierno

respondía al deseo de “seguridad” en toda

América, más allá de este aparente altruismo, esto obedecía a los
intereses del establishment norteamericano. La estrategia contra el
comunismo se debía en parte al distanciamiento ideológico, pero
desde algunas perspectivas se insiste en que la “seguridad” era
necesaria

fundamentalmente

para

mantener

los

intereses

19


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económicos norteamericanos en el área. Por un lado la idea
“socialista” de organización política, económica y social se presentaba
como claramente opuesta al libre mercado y el capitalismo. Por otro
lado,

aunque

tales

premisas

no

llegasen

a

imponerse,

las

insurrecciones armadas ponían en peligro la seguridad de las
inversiones norteamericanas en América Latina, por ello (y debido a
la

inestabilidad

económica

de

los

países

latinoamericanos)

el

gobierno de los Estados Unidos cumplía el rol de garante de las
cláusulas

de

los

contratos

de

inversión

con

los

países

latinoamericanos. Como garante, el gobierno de los Estados Unidos
presionaba a los gobiernos locales para que cumplieran con las
medidas iniciales. A los países que se opusieran a este mecanismo se
les

retiraría

la

ayuda

económica.

El

gobierno

norteamericano

garantizaba las pérdidas por expropiación o convertibilidad. Incluso,
los inversores solicitaban al gobierno que se ampliara la protección a
riesgos por motines (Morray, 1973: 105). De hecho, uno de los
golpes militares en la Argentina se dio casualmente después de un
importante conflicto entre el presidente Arturo Illia y el gobierno
norteamericano, debido a la “amenaza” de expropiación a las
compañías petroleras estadounidenses (Rapoport y Laufer, 2000;
United States Department of State. Foreing Relations, 1964-1968.
Doc 121-122). Aparece aquí, una vez más, el estrecho vínculo entre
la importancia de la seguridad militar y los objetivos económicos del
establishment norteamericano.
La Doctrina de Seguridad Interna se instaló a continuación de
los acontecimientos de Cuba, había que evitar a toda costa una
nueva Revolución Cubana, más no por las consecuencias en los
países latinoamericanos, sino por el peligro que esto implicaba para
los Estados Unidos: “Latinoamérica es un área que contiene bases y
recursos estratégicos de los que dependemos en la paz y en la
guerra. La experiencia cubana deja claro que la caída de otra nación
latinoamericana bajo el bloque Sino-soviético, arriesgaría el sistema

20


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interamericano en su totalidad, y que el establecimiento de fuerza
militar de los poderes del bloque, constituirá una amenaza directa a
los Estados Unidos mismos” (United States Department of State.
Foreign Relations. 1961-1963. Vol XII. Doc. 76. Draft Paper Prepared
in the Department of Defense; las cursivas son nuestras). Esta
doctrina se basaba en eliminar al “enemigo interno”, no solo en
América Latina sino en las demás áreas claves para la estrategia
político-económica norteamericana a nivel mundial (Oriente Medio,
Italia, etc.) (Chomsky, 1996: 247).
En

el

anterior

párrafo

advertimos

que

el

gobierno

norteamericano apeló nuevamente a la seguridad, a su seguridad, a
la seguridad de su mercado, de su economía, pero esta vez
sustentado en un discurso de “paz y progreso” para América Latina.
Vale la pena agregar que a nivel de discurso oficial, la Alianza para el
Progreso no sólo otorgaba un mínimo lugar a las operaciones del
Departamento de Estado con las FFAA latinoamericanas (que de
hecho fueron el eje de la política exterior norteamericana en los ’60),
sino que ocultaba asimismo las “black operations” destinadas a
aniquilar la subversión.7
A su vez, la Alianza para el Progreso mantenía una cierta
continuidad con la Doctrina Monroe, en tanto se aferraba al avance
comunista como “excusa” para la intervención política, económica o
militar en el continente, a pesar de que, al igual que la “amenaza de
la Santa Alianza” en el s. XIX, el peligro del comunismo no era
necesariamente “inminente”(Chomsky, 1996: 247; Selser, 1972:
103; Selser, 1971: 89-90; García Lupo, 1971: 23; Carella, 1973:
247). Según estimaciones de la CIA con respecto a la situación de
América Latina: “Aún si abarca un período más largo, no creemos
que estas [las insurgencias de estos tres países] o insurgencias
similares que puedan concretarse, sean el motor principal de la
7

Existe documentación de la CIA recientemente publicada que contiene en detalle el tipo de operación encubierta que
se llevaba a cabo, por ejemplo, manuales de interrogación para extraer información de los supuestos detenidos
“comunistas” (CIA. Kubark Counterintelligence Interrogation ).

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revolución en América Latina. Los factores y fuerzas capaces de
generar revoluciones serán más complicados y variarán ampliamente
de país en país en forma y carácter. Porque el descontento no se ha
transformado en algo organizado, y hay una falta de liderazgo
revolucionario efectivo, parece poco probable que se lleve a cabo una
revolución en cualquier país de América Latina en los próximos años.
Esto quizás pueda darse en la próxima década” (United States
Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. Vol XXXI.
Doc.70. National Intelligence Estimate; las cursivas son nuestras).8
No obstante, este “amenazante avance” del comunismo en el
continente implicaba la posibilidad y la “obligación” de intervención
por parte de Estados Unidos ante cualquier indicio de amenaza a la
seguridad del “continente”, según John F. Kennedy: “Cualquier
intervención americana unilateral, en ausencia de un ataque externo
contra nosotros o cualquier aliado, sería contrario a nuestras
tradiciones

y

nuestras

obligaciones

internacionales.

Pero

esta

restricción no es insuperable. Si bien la política americana de la no
interferencia solamente implica una política de la no-acción, en caso
de que las naciones de este hemisferio fallen en lograr su
compromiso contra la penetración del comunismo exterior, entonces,
quiero que quede claro que este gobierno no dudará en cumplir con
sus obligaciones primarias, relativas a la seguridad de nuestra
Nación” (United States Department of State. Kennedy Administration.
Address

before

de

American

Society

of

Newspaper

Editors,

Washington, april 1961).
Teniendo en cuenta lo desarrollado hasta aquí, parecería ser
que

el

intervencionismo

constituía

una

de

las

características

intrínsecas de las políticas exteriores norteamericanas, se hallaba
8

Incluso Paul Baran y Paul Sweezy citan a uno de los más fervientes opositores a la URSS, Walter Lippmann, para
demostrar que el bloque soviético no era realmente la amenaza pretendida por Estados Unidos: “Un partido de guerra
consiste en un conjunto de gente que conspira y agita para iniciar una guerra en la que creen que el país ganará
beneficios y gloria. Sería muy difícil encontrar un norteamericano que piense que cualquier gran guerra actualmente
tendría muchas ventajas de gloria. El partido que abuchea la guerra consta de gentes que suponen que,
independientemente de lo que hagamos, los rusos no irán a la guerra” (Baran y Sweezy,1968: 148).

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“naturalizado”, más allá de su presencia directa o indirecta en los
discursos y “doctrinas” del establishment norteamericano.
La Misión Rockefeller, el Informe Nixon y el “avance comunista”
Mas allá del discurso de progreso, crecimiento y desarrollo para
América Latina propuesto por la Alianza, los resultados no fueron
positivos para Latinoamérica. A pesar de que no se lograron las
metas “sociales” y “económicas” de este programa, por el contrario sí
hubo importantes logros en la contención de la “subversión”. Sin
embargo, desde la perspectiva del gobierno norteamericano, aún
persistía la amenaza del comunismo en los países al sur de Estados
Unidos. Esto llevó al gobierno de Richard Nixon (1969-1974) a
impulsar nuevos “estudios” sobre la situación latinoamericana, para
definir de qué manera debía actuar su gobierno respecto del
subcontinente. En orden a estas necesidades, se llevó a cabo la
“Misión Rockefeller”, comandada por Nelson A. Rockefeller (en ese
momento gobernador de Nueva York), que tenía por objeto realizar
un “diagnóstico de la situación económica, social, cultural y política
de los diferentes países de América Latina, para mejorar las
relaciones de Estados Unidos con dichos países, para que Estados
Unidos sepa que hacer y cómo para ayudar a Latinoamérica”
(Informe Rockefeller en Selser, 1971).
El Informe hace referencia a diferentes aspectos de la realidad
latinoamericana: vivienda, salud, educación, sindicatos, estudiantes,
comercio, industria, agricultura, etc. Pero a su vez, presta bastante
atención

a

lo

relativo

al

avance

comunista,

advirtiendo

su

importancia y la necesidad urgente de operar al respecto (Informe
Rockefeller en Selser, 1971).
El avance del comunismo y la subversión, según los redactores
del

Informe,

se

debía

a

la

baja

calidad

de

vida

de

los

latinoamericanos, lo que generaba celos, resentimientos, desilusión y

23


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nacionalismo, constituyendo un terreno fértil para la subversión
(Informe Rockefeller en Selser, 1971: 374, 375, 360). Esto nos
explica de alguna manera las intenciones de la Alianza para el
Progreso, es decir, aún en el discurso oficial de promoción del
desarrollo y la paz, probablemente el objetivo era generar un
crecimiento económico que demostrara que el libre mercado y el
capitalismo eran las únicas alternativas para mejorar la calidad de
vida. Justamente, las propuestas del Staff de Rockefeller se
centraron en cuestiones como vivienda, salud, educación, trabajo,
etc., como pilares de la lucha contra el comunismo, lo que dejaba
suponer que si los latinoamericanos satisfacían tales necesidades, no
tendrían por qué plegarse al comunismo o pedir ayuda al bloque
soviético (Informe Rockefeller en Selser, 1971).
Señalábamos que una de las mayores sorpresas de Rockefeller
fue el grado en que había avanzado el comunismo tanto en el campo
como

en

“castrismo”

las
y

ciudades

(“terrorismo

hasta

maoísmo,

el

urbano”),
lo

cual

abrazando

demostraba

el
que

“evidentemente la opinión que se tiene en Estados Unidos de que el
comunismo ya no es factor de importancia en el hemisferio occidental
es totalmente errónea” (Informe Rockefeller en Selser, 1971: 381).
Esto

generaba

la

necesidad

de

retomar

la

“Seguridad

Hemisférica” (debido al “fracaso” de la Doctrina de Seguridad
Interna) que asegurara la posición de Estados Unidos en el
Continente. Según Rockefeller, esta estrategia era indispensable ya
que “las fuerzas de la anarquía, el terror y la subversión se han
desatado en América. Más aún, durante un lapso excesivo se le ha
prestado escasa atención a este hecho en los Estados Unidos”
(Informe Rockefeller en Selser, 1971: 399). Es interesante como el
funcionario norteamericano destaca que se había prestado poca
atención al avance del comunismo en América Latina, cuando este
aspecto fue nuclear al menos desde la Doctrina Truman, y no sólo
para las relaciones con América Latina, sino con respecto a los demás

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países del globo. Más aún, Nelson Rockefeller había formado parte de
la oficina de Asuntos Interamericanos durante la presidencia de
Truman, lo que nos conduce a pensar que conocía de cerca el énfasis
puesto en la lucha contra el comunismo a partir de la finalización de
la Segunda Guerra Mundial.
Retomando lo relativo a su viaje por América Latina, uno de los
ítems del informe aconseja especialmente que Estados Unidos
cooperara con otras naciones del hemisferio occidental para adoptar
medidas que fortalecieran la seguridad interna. Asimismo proponía
que cambiaran los Programas de Asistencia Militar (PAM) por un
“Programa

de

Seguridad

del

Hemisferio

Occidental”

(Informe

Rockefeller en Selser, 1971: 402).
La insistencia en un sistema de seguridad mayor se debía a que
el Staff de Rockefeller consideraba que hasta entonces, el gobierno
norteamericano no había tomado con suficiente seriedad la amenaza
comunista: “Hace más de dos décadas, ante una abierta amenaza
mundial de la Unión Soviética, los Estados Unidos reaccionaron con
flexibilidad y ajustándose a la realidad. En el hemisferio occidental,
incluso se entrenaron y equiparon fuerzas de seguridad para la
defensa hemisférica” (Informe Rockefeller en Selser, 1971: 400). Es
interesante aquí la noción de “flexibilidad”, ya que entonces, una
Doctrina absolutamente estructurada y muy clara en sus objetivos
contra el avance del comunismo, como la de Truman, para algunos
funcionarios norteamericanos resultaba “flexible” y

“ajustada” a la

realidad.
Pero aquí surge un cuestionamiento: si como hemos señalado
más arriba, se pensaba que las condiciones de vida precarias de los
países latinoamericanos eran el principal “móvil” del avance de las
ideas comunistas, ¿por qué se le dio entonces tanta importancia al
reforzamiento de las Fuerzas Armadas latinoamericanas? Tanto el
gobierno de Kennedy como el de Johnson y el de Nixon se
manifestaron proclives (más allá del discurso) a apoyar ante todo la

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seguridad continental, que sólo sería asegurada si se contaba con
Fuerzas Armadas preparadas para enfrentar la subversión. En
general, el cumplimiento de este objetivo resultó más inmediato y
necesario que el logro del “desarrollo económico y social” de América
Latina.
La continuación de recomendaciones del tipo de las de
Rockefeller, puede observarse en el Informe Kissinger, que fue
entregado por la Secretaría de Estado a la Casa Blanca el 9 de agosto
de 1974 tras el escándalo Watergate (debemos aclarar que este
material fue “desclasificado” recién

el 7 de julio de 1989, lo que

entre otras cuestiones, da cuenta de su importancia para el gobierno
y de la no conveniencia de su publicación al momento de su
elaboración).
Este documento se realizó en un contexto interno y externo
adverso para Estados Unidos, agobiado por los movimientos sociales
de protesta en su territorio, la pérdida en Vietnam, la crisis del
petróleo y la “expansión del marxismo” en diferentes gobiernos del
continente e incluso en África, lo que llevó a Kissinger a realizar un
diagnóstico sobre la situación de Estados Unidos y de los países
subdesarrollados. El tema principal era el crecimiento demográfico,
considerado como factor problemático para la “seguridad” de Estados
Unidos (Informe Kissinger, 1974; Martin, 2005).
Asimismo, era indiscutible el avance de la “subversión” que
inspiraban las guerrillas urbanas en diferentes puntos de América
Latina. Esto se complementaba con la “amenaza” de gobiernos como
el chileno, el boliviano, el peruano o el venezolano que habían
tomado medidas para nacionalizar sus recursos naturales en la
década de 1960 y a principio de los ‘709. El acceso a los recursos
9

En Perú, el gobierno de Alvarado mantuvo arduas controversias con la IPC (Internacional Petroleum Company)
debido a las intenciones del gobierno de nacionalizar el petróleo (Selser, 1971); en Bolivia, Alfredo Ovando y su
equipo proponían, a principios de los ’70 nacionalizar el petróleo, lo cual se cristalizó en la nacionalización de la
compañía norteamericana Gulf (Solíz Rada:2005); en Chile, Salvador Allende había propuesto y aprobado la ley de
nacionalización del cobre por medio de una modificación en la constitución nacional (Caputo y Galarce, 2006); el
venezolano Betancourt a principios de los ’60 ya había iniciado el proceso de nacionalización del petróleo, que fue

26


naturales

constituía

la

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gran

preocupación

de

Henry

Kissinger

(debemos recordar el contexto crítico generado por la “escasez” de
las

reservas

de

petróleo

norteamericanas).

El

crecimiento

“desmedido” de la población en los países del Tercer Mundo (dueños
de la mayoría de los recursos naturales) implicaría un aumento en el
consumo de estas fuentes naturales, amenazando la posibilidad de
extracción de los mismos por parte de Estados Unidos10.
En este marco, los alimentos eran considerados por el gobierno
de Estados Unidos como un “arma”, en tanto se asistiría con
alimentos

sólo

a

aquellos

países

que

se

subsumieran

a

las

necesidades de Norteamérica, en este caso, a controlar la natalidad
(que era un aspecto “clave” para la seguridad futura de Estados
Unidos). Podemos entender esta estrategia como un mecanismo de
intervención “indirecta” a nivel económico y político, que tenía por
objetivo asegurar la obtención de recursos naturales para satisfacer
las necesidades de Estados Unidos (Martin, 2005). A estos fines, no
sólo era necesario el control poblacional, sino lograr una estabilidad
política en el área capaz de asegurar las inversiones norteamericanas
(como bien quedaba expresado en la misma Alianza para el
Progreso).
Documento Santa Fe I: preservar la seguridad continental

paulatino, dejando en manos del Estado la mayor parte de la extracción y comercialización de petróleo, en 1975 se
lleva a cabo la nacionalización por medio de una ley impulsada por el ejecutivo y avalada por el congreso; el
gobierno de A. Illia, en Argentina amenazó asimismo con expropiar a las compañías petroleras norteamericanas a
mediados de los ’60 (United States Department of State. Foreing Relations, 1964-1968. Doc 121-122). Lo
interesante, es que tanto el intento de Perú, como el de Bolivia, el de Chile y Argentina de “expropiar” a las
compañías extranjeras (la mayoría estadounidenses) contaron con represalias por parte del gobierno norteamericano
que “intervino” a favor de sus empresas a través de mecanismos económicos -como la enmienda Hickenlooperpolíticos -como la desestabilización de estos gobiernos “nacionalistas”- y militares –como el apoyo del gobierno del
Norte a las Fuerzas Armadas en pos del “orden”-.
10
Kissinger, identificó el crecimiento de la población en los países del tercer mundo (Lesser Developed Countries LDCs) como "un asunto de máxima importancia" y alegó que tal situación ponía en peligro el acceso a minerales y a
otras materias primas que los EE.UU. necesitaban y que, por lo tanto, constituía una amenaza para su seguridad
económica y política (Martin, 2005).

27


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En base a advertencias como las presentes en el Informe
Rockefeller

o

en

las

recomendaciones

de

Henry

Kissinger,

y

continuando con la política planteada ya en la Doctrina Monroe, el
gobierno norteamericano intervino en el derrocamiento de Salvador
Allende en Chile y en el Golpe de Estado de Uruguay a principios de
la década de 1970 (National Security Archive: “Nixon on Chile
inetrvention…” febrero 2004; National Security Archive: “Nixon:
Brazil helped rig in uruguayan elections”, 2002). Fue precisamente
Kissinger

quién

advirtió

al

gobierno

norteamericano

sobre

la

peligrosidad de Allende11.
Después de estos acontecimientos y en el contexto dado por la
crisis del petróleo que comenzó a “sentirse” en la periferia a fines de
los ’70, un documento clave acerca de los objetivos del establishment
norteamericano con respecto a América Latina, fue el Documento
Santa Fe I, realizado en mayo de 1980.
Debemos recordar que a fines de la década de 1970 y
principios del ’80, el gobierno de Jimmy Carter mostró una imagen
“sensible” de Norteamérica con respecto a América Latina, basando
parte de su política exterior continental –a nivel oficial- en la defensa
de los Derechos Humanos. No analizaremos aquí las intenciones o el
posible

oportunismo

subyacente

a

estas

acciones,

sólo

lo

mencionamos porque el Documento Santa Fe I fue confeccionado por
un sector opuesto a la política de “distensión” de Richard Nixon
(1969-1974) y Gerald Ford (1974-1977), y a la política de Derechos
Humanos

de

Jimmy

Carter

(1977-1981)

suponiendo

que

tal

11

“Nosotros somos fuertes en la diplomacia del apoyo a la autodeterminación y respeto de la libre elección; Ud. está
firme en la diplomacia de la no intervención en los asuntos internos de este hemisferio, y en la aceptación de las
naciones ‘como son’. Por eso, sería muy costoso para nosotros actuar de determinadas maneras que aparenten violar
los principios, y los latinoamericanos y otros en el mundo verán nuestra política como un test de credibilidad de
nuestra retórica. Por otra parte, nuestro fracaso en la reacción ante esta situación, probablemente sea percibido por
Latinoamérica y Europa como indiferencia e impotencia, ante un claro desarrollo adverso en una región por largo
tiempo considerada de nuestra influencia”. Kissinger agregaba que el gobierno de Allende “implicaría amenazas a
nuestros intereses y posición en el Hemisferio” Esto afectaría gravemente las inversiones norteamericanas en Chile,
que se transformaría en un país opositor en el sistema interamericano y un legitimador de la “subversión” en
América Latina. El éxito del gobierno “marxista” impactaría y serviría de precedente para otras partes del mundo, la
imitación del fenómeno afectaría el equilibrio mundial y la posición norteamericana dentro del mismo (United
States. National Security Archive. 1970 H. Kissinger).

28


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estrategia finalmente conducía a “apoyar” a los gobiernos comunistas
de la región (Documento Santa Fe I, 1980, Introducción)12.
Al igual que lo expuesto en la Doctrina Truman, los documentos
extraoficiales de la Alianza para el Progreso y el Informe Rockefeller,
la preocupación para este grupo de norteamericanos seguía siendo la
“subversión” y el comunismo en la región, que al parecer cada vez
avanzaba con mayor fuerza. El documento comienza con la siguiente
afirmación: “El continente americano se encuentra bajo ataque.
América Latina, la compañera y aliada tradicional de Estados Unidos
está siendo penetrada por el poder soviético” (Documento Santa Fe I
, 1980, Introducción).
Inmediatamente después de esta sentencia, se plantea que en
esta situación la Doctrina Monroe adquiere vigencia, en tanto se
trataba de la lucha de Estados Unidos contra las fuerzas del “Viejo
Mundo”. El Comité de Santa Fe planteaba que en tiempos de la
Doctrina Monroe “El objetivo de seguridad de Estados Unidos era
prevenir que cualquier poder europeo en expansión obtuviera
avances estratégicos en el Nuevo Mundo, como resultado de las
guerras,

alianzas

o

revoluciones

en

el

Viejo

Mundo”.

Tales

acontecimientos resultaban similares a la “amenaza” del comunismo
después de la Segunda Guerra Mundial. La misión de Estados Unidos
era, una vez más, resguardar la seguridad del continente, para
reforzar su seguridad interna.
La primera parte del documento está dedicada a “la amenaza
militar externa”, y contiene propuestas como la de revitalizar el
sistema de “seguridad hemisférica” apoyando el TIAR. Revivir el

12

“Y las premisas de la distensión posteriores a Vietnam desarrolladas por los presidentes Richard Nixon y Gerald
Ford (de que incluso una Unión Soviética intransigente y disruptiva carecía de la capacidad para desarticular un
sistema internacional con una distribución más plural de poder , y en el que China aparecía como un aliado de facto
de Estados Unidos en la contención de la Unión Soviética) se transformaron en la base de Estados Unidos (…) el
presidente Carter reflejó esta actitud [el pluralismo ideológico] en su discurso de Notre Dame en 1977, cuando
declaró que Estados Unidos había superado un ‘temor desproporcionado’ al comunismo (…)Estados Unidos está
cosechando las consecuencias de dos décadas de negligencia, miopía y autoengaño” (Documento Santa Fe I,
introducción).

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Tratado de Río de Janeiro (1947) resultaba indispensable para
enfrentar la amenaza comunista, particularmente en Cuba y el
Caribe; asimismo era necesario estimular acuerdos de seguridad
contra

posibles

amenazas

extracontinentales

y

reactivar

las

“tradicionales” vinculaciones militares con el continente a través del
entrenamiento militar y ayuda a las Fuerzas Armadas (Documento
Santa Fe I , 1980, Primera Parte) (De acuerdo con lo desarrollado
hasta

ahora

acerca

de

la

política

exterior

norteamericana

consideramos muy pertinente lo de “tradicionales vinculaciones
militares”).
La segunda parte del informe aborda “la subversión interna”,
en la cual el Comité de Santa Fe aclara la necesidad de reconocer la
vinculación entre la subversión interna y la agresión externa
(desarrollada en los primeros párrafos del documento). Debían
llevarse a cabo estrategias de propaganda claras, diferenciadas de
los mensajes presentes en los medios de comunicación y en
diferentes instituciones, en general “hostiles a Estados Unidos”. El
caso de la iglesia católica se presenta como paradigmático en
materia de subversión (lo cual ya había sido “advertido” en el
Informe Rockefeller).
En un tercer apartado, el informe alberga lo relativo a “las
políticas económicas y sociales”, recomendando el desarrollo de la
energía

nuclear,

el

petróleo,

etc.,

particularmente

el

apoyo

tecnológico de Estados Unidos en lo referido a energía nuclear. A su
vez, entre otras cuestiones se propone impulsar el desarrollo agrícola
y la reducción de aranceles y subsidios norteamericanos a los
productos primarios de la región (lo cual ya había sido propuesto a
mediados de los ’60, si recordamos la “Ronda Kennedy”)13; la
13

La Ronda Kennedy (1964) tuvo como objetivo iniciar las negociaciones para la rebaja de aranceles por parte de
los países industrializados a productos de los países en desarrollo. La idea era llevar a cabo una rebaja del 30% por
parte de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea para productos industriales. Esta política, sin
embargo no fue aplicada a los productos agrícolas (que por cierto, eran el tipo de producto que en general
exportaban los países periféricos) y en general no cumplió con los objetivos planteados en un primer momento
(Grunwald, Wionczek y Carnoy, 1973: 174).

30


modernización

de

ciertos

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sectores

económicos

evitando

el

“imperialismo cultural”; la educación (como aspecto fundamental
para “controlar” la “determinación” del pasado y, por consiguiente,
del futuro); la necesidad de capital privado, el libre comercio y la
inversión directa, como únicos medios capaces de generar el
desarrollo (Documento Santa Fe I, 1980, tercera parte).
Otro

de

los

puntos

analizados

en

detalle

es

el

de

endeudamiento de los países latinoamericanos, y aquí es interesante
tener en cuenta que los préstamos canalizados a través de Bancos
Multinacionales constituían una de las metodologías a través de las
cuales el gobierno norteamericano podía intervenir en la economía de
los países latinoamericanos: “Las propuestas acerca del problema de
la

deuda

latinoamericana

que

se

hacen

en

Estados

Unidos,

generalmente sugieren incrementar el flujo de fondos públicos
estadounidenses a los bancos multinacionales (BMN), y renegociar o
alargar los plazos de pago de la deuda privada” (Documento Santa
Fe I, 1980, tercera parte); además, piden al Congreso incrementar
su contribución a los bancos multinacionales y proporcionar fondos
directos en casos de cesación de pagos. La participación de tales
entes, debía ser complementada con la presencia del Banco Mundial:
“El Banco Mundial ofrece una gran cantidad de dinero a muchos
países. Pero su preocupación principal no es América Latina. El
Congreso debería seguir utilizando su influencia, e instando al Banco
Mundial a que apoye a las naciones hispanoamericanas que buscan la
autonomía la cooperación con Estados Unidos (…) Una reafirmación
del Congreso en estos asuntos sería bien acogida, no simplemente
porque es el causante norteamericano quien proporciona fondos
sustanciales

para

estas

instituciones,

sino

también

porque

el

Congreso necesita evaluar la eficiencia general de estos programas y
coordinar las políticas económicas directas e indirectas de Estados
Unidos” (Documento Santa Fe I, 1980, tercera parte). En el párrafo

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citado, el Comité de Santa Fe manifiesta explícitamente la función
que debería cumplir el BM y la estrecha relación de este organismo
con Estados Unidos. Esta propuesta se llevó a la práctica y fue el tipo
de
que

política de intervención económica “indirecta” norteamericana
generó

cambios

fundamentales

en

las

economías

latinoamericanas, incapaces posteriormente de afrontar los “altos
intereses” de la deuda adquirida que precisamente “se dispararon” en
parte debido a desequilibrios en la economía estadounidense.
(Calcagno y Calgano, 1999:40). Vale la pena agregar que tanto el BM
como el Banco Interamericano de Desarrollo, desde su surgimiento
parecieron

responder

a

los

intereses

del

establishment

norteamericano más que a las cuestiones de desarrollo económico y
social (García Lupo, 1971: 138-139).
El orden de prioridades presente en este informe es similar al
de los documentos “extraoficiales” de la Alianza para el Progreso, que
en lugar de plantear como primordial el “desarrollo económico y
social”, consideraban fundamental la estrategia militar de seguridad
interna y continental y los medios para lograrla. Por último, el
Documento Santa Fe I hace referencia en su Cuarta y Quinta parte a
“los derechos humanos y el pluralismo ideológico” en América Latina:
“Estados Unidos debería cesar de dirigir hacia sus aliados su
inequitativamente aplicado actual programa de derechos humanos”
(Documento Santa Fe I, 1980, cuarta parte). Lo anterior se
complementa con la idea de que el “pluralismo ideológico”, fue
aplicado a favor y en apoyo de los regímenes de izquierda: “El
Departamento de Estado parece considerar como idénticos al
pluralismo

ideológico

y

a

los

regímenes

internacionalistas

de

izquierda, por lo que elimina automáticamente a los partidos
nacionalistas de derecha o aun a los de centro. Esta aplicación
desigual de una doctrina esencialmente correcta, simplemente ha
servido para fortalecer el dominio de la Unión Soviética y de sus

32


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sustitutos en el Caribe y en América Central” (Documento Santa Fe I,
1980, cuarta parte).
Podemos sintetizar el contenido del informe en el objetivo de
consolidar la seguridad de Estados Unidos, a fin de “mantener la
posición global de poder de Estados Unidos, la cual descansa sobre
una América Latina segura y soberana” (Documento Santa Fe I,
1980, introducción). Si tal seguridad contara con algún tipo de
amenaza directa hacia Estados Unidos o indirecta (o sea en cualquier
país

del

continente)

por

fuerzas

exteriores,

el

gobierno

norteamericano se vería en la obligación de intervenir; pero no debe
malinterpretarse está “predisposición” de los Estados Unidos, ya que
“no desea perseguir una política de intervención en los asuntos
internos y exteriores de cualquier nación latinoamericana, a menos
que los Estados iberoamericanos sigan políticas que ayuden e
instiguen la intrusión imperialista de poderes extracontinentales” por
ello “Estados Unidos debe desarrollar una política hacia América
Latina que fomente la seguridad norteamericana e iberoamericana,
que se base en la independencia nacional mutua y en la dependencia
interamericana…” (Documento Santa Fe I, Introducción).
Conclusiones
Al comienzo de este trabajo, señalábamos que la “seguridad”
de Estados Unidos se constituyó en uno de los elementos claves de la
política exterior norteamericana. En los diferentes documentos y
discursos abordados pudimos identificar la vitalidad de este elemento
para el gobierno norteamericano, aunque también pudimos observar
la amplitud y ambigüedad implícitas en el término “seguridad”
¿Seguridad para qué y para quién? ¿Cuándo? ¿Cómo o a través de
qué mecanismos? Aparentemente la seguridad era para Estados
Unidos y el continente, pero de acuerdo a lo revisado en este
artículo, los demandantes y beneficiarios de la “seguridad” al modo

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en que era promovida por el gobierno norteamericano, al parecer era
sólo

un

grupo

selecto

compuesto

por

norteamericanos

y

latinoamericanos favorecidos por este tipo de política. A su vez,
escudriñando en alguna medida los discursos y los hechos, hemos
llegado a la conclusión de que esa “seguridad” tan general como
ambigua puede reducirse a la seguridad económica, es decir a la
necesidad de una elite14 de la sociedad norteamericana de asegurar
la instalación y reproducción de la economía liberal-capitalista a lo
largo del continente, con el propósito de articular y llevar a cabo sus
intereses en un corto, mediano y largo plazo.
A partir de 1823, con la Doctrina Monroe, la seguridad de
Estados Unidos se centraba, aparentemente, en la amenaza que
suponía

Europa

para

los

recientes

países

independientes

del

continente. Las premisas de Monroe, se suponía, eran una respuesta
a la Santa Alianza. No obstante este objetivo de “defensa” de los
demás países del continente frente a una posible invasión extranjera,
el gobierno norteamericano se sirvió de esta doctrina para llevar a
cabo tanto anexiones territoriales como intervenciones económicas,
políticas

y

militares

en

diferentes

países

de

América

Latina,

particularmente en el área del Caribe. También hemos observado que
en muchos casos el gobierno del Norte no apeló a estas premisas,
aunque los países sudamericanos en conflicto lo solicitaran. A su vez,
remarcábamos que tales anexiones e intervenciones se llevaron a
cabo “con o sin Doctrina Monroe”, es decir, estos lineamientos fueron
utilizados

por

cada

gobierno

norteamericano

adaptándose

a

determinados intereses, de manera tal que si los mandatos de
Monroe no daban los resultados esperados, se apelaba a la
“diplomacia” o a otro tipo de mecanismo más directo.
La continuidad de esta política exterior con la Doctrina Truman
puede vislumbrarse en los principios de la Seguridad Hemisférica
14

Ver: Wright Mills 1987, La élite del poder. México: FCE.

34


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formulados a partir del enfrentamiento con el bloque comunista. Este
discurso

era

directamente

defensivo-ofensivo,

planteaba

demasiados rodeos la necesidad del hemisferio

sin

occidental de

imponerse ante la avanzada del comunismo, el socialismo, e incluso
del nacionalismo. A partir de ese momento el comunismo devino una
“excusa” (más allá de haber constituido o no una amenaza real) que
dio al gobierno norteamericano un poder indiscutido en el plano
internacional y particularmente en las relaciones con América Latina.
Esta doctrina “dura” de enfrentamiento directo al comunismo,
fue reemplazada por la política de la Alianza para el Progreso de
principio de los ’60. Aparentemente, esta Alianza se centraba en el
desarrollo económico y social de los países latinoamericanos y en la
instauración de regímenes democráticos. No obstante, los hechos
demostraron el doble discurso del gobierno norteamericano a lo largo
de los años sesenta, cuando se focalizó la política exterior en la
Seguridad Interna. El apoyo del gobierno norteamericano a las
Fuerzas Armadas latinoamericanas para lograr reducir la “subversión”
al interior de cada país fue uno de los principales mecanismos para
asegurase

no

sólo

la

propia

integridad

territorial,

sino

para

resguardar las inversiones norteamericanas en el subcontinente y
asegurar la reproducción de los “ideales” liberarles-capitalistas en los
países latinoamericanos.
Ya a finales de aquella década y principio de los años ’70, el
Informe Rockefeller y el Informe Kissinger expresaban cada vez más
desesperadamente la necesidad de frenar el avance del comunismo
en la región. A su vez, estos discursos también se centraron en lo
económico-social, en los planes para el desarrollo de América Latina,
para lo cual, se señalaba claramente, era sumamente necesario
extirpar el “nacionalismo” imperante en muchos países de América
Latina,

reflejado

por

ejemplo

en

la

creciente

demanda

de

nacionalización de los recursos naturales, objetivo que generaba
demasiados

problemas

para

las

empresas

y

el

gobierno

35


estadounidense.

Incluso,

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tanto

en

los

consejos

del

staff

de

Rockefeller como en las aseveraciones de Kissinger, observamos
como se plantea la necesidad de “controlar” factores como los
recursos

naturales

o

la

natalidad,

que

afectaban

directa

e

indirectamente la “seguridad” (económica) de Estados Unidos.
El Documento Santa Fe I, retoma el discurso directo de
aniquilación del comunismo y la “subversión” en el área, como
principal objetivo. Es difícil comprender el énfasis que se le dio al
avance del comunismo justamente a principio de los ’80, cuando a lo
largo de los ’60 y ’70 ya se había “contenido” a toda agrupación,
persona,

organización,

etc.,

que

se

hallara

vinculada

con

la

propagación de ideales comunistas, socialistas, nacionalistas, etc. No
obstante estos hechos, de acuerdo al contenido de este documento
(y a la perspectiva del grupo que lo elaboró) el comunismo seguía
siendo una excusa funcional para la política exterior norteamericana.
A fin de resumir, podemos decir que la estrategia de Estados
Unidos respecto a América Latina desde la Doctrina Monroe se basó
en instancias “legales” e “ilegales-legítimas”. Las doctrinas como la
de

Monroe,

otorgaban

legalidad

a

los

actos

de

intervención

norteamericanos, al interior de su establishment. Los acuerdos y
tratados con los países latinoamericanos eran un recurso legal tanto
para los Estados Unidos como para los demás países del continente,
pero si los lineamientos de estos acuerdos contradecían los intereses
del gobierno norteamericano, eran dejados del lado y reemplazados
por prácticas ilegales e ilegítimas para el resto de los Estados
(intervención económica, política y militar), pero aparentemente
legítimas para el país del Norte.
Siguiendo a Alberto Moniz Bandeira, podemos decir que la
estrategia de política exterior norteamericana se centraba en primer
lugar,

en

la

intervención

económica

para

lograr

luego

una

desestabilización política que “justificara” una intervención armada

36


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(directa por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas, o
indirecta apoyando al ejército de cada país) (Moniz Bandeira, 2004).
Para finalizar, diremos, a partir de lo trabajado en este artículo,
que la “seguridad” presente en la política exterior norteamericana de
mediados del siglo XIX, mantenía un estrecho vínculo con la
seguridad económica, con la seguridad en la reproducción de un
sistema que resultaba funcional a los intereses de la clase dominante
norteamericana. Este objetivo, como hemos revisado, debía ser
llevado a cabo ante todo, y a cualquier precio.

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