Este documento analiza la situación de los derechos humanos en Colombia durante el primer semestre de 2009. Resume que hubo una disminución significativa en los casos de "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales), con solo 2 casos y 4 víctimas reportadas. Sin embargo, también observa un aumento preocupante en otros tipos de violaciones, como la intolerancia social y las amenazas colectivas, que afectan principalmente a jóvenes, trabajadores y habitantes de calle. El documento concluye que aunque mejoró el tema de

1. Primer Semestre de 2009: De los ‘Falsos Positivos’ a
la Intolerancia Social y las Amenazas Colectivas
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2. Informe Especial – Octubre de 2009
Director General
Mauricio García Durán, S.J.
Coordinador del Sistema de Información General
Alejandro Angulo Novoa, S.J.
Coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política
Javier Giraldo Moreno, S.J.
Equipo de Incidencia en lo Público
Mauricio García Durán, S.J.
Andrés Yepes
Diseño
Ralph Mrowietz
Andrés Yepes
Toda la información que soporta el presente informe está tomada del Banco de Datos de Derechos
Humanos y Violencia Política del CINEP.
CINEP Centro de Investigación y Educación Popular
Carrera 5 No. 33 A – 08
Bogotá, Colombia
Teléfono (57–1) 245 61 81
Fax (57–1) 287 90 89
E-Mail: cinep@cinep.org.co
www.cinep.org.co
Bogotá D.C. – Colombia, Octubre de 2009
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3. RESUMEN EJECUTIVO
La notoriedad adquirida por la problemática de ‘falsos positivos’, después del caso de Soacha
(Cundinamarca), no sólo puso de presente la magnitud de este tipo de abuso (465 casos y 940 víctimas
entre 2001 y 2009), sino que también generó la implementación de medidas por parte del Gobierno y el
Ministerio de Defensa (entre otras 15 medidas formuladas en noviembre de 2008). También incidieron en
las medidas tomadas las investigaciones de los casos por parte de la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría (que han llevado a elevar cargos contra los militares involucrados y ha generado
destituciones y medidas de aseguramiento en algunos casos), la apropiación del tema por parte de
sectores sociales y políticos, además de la visibilidad adquirida en la agenda mediática, la preocupación
manifiesta por parte de ONG, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y la comunidad internacional, que incluyó la visita por parte del Relator Especial para
ejecuciones extrajudiciales, para tener información de primera mano de víctimas y actores relevantes.
Estos son algunos de los factores que explican el descenso en el número de nuevos casos y víctimas de
‘falsos positivos’ durante el primer semestre de 2009 (2 casos y 4 víctimas). No obstante ello, las
denuncias de casos ocurridos en años anteriores continuaron (se conocieron 48 nuevos casos que
implican 82 víctimas), particularmente en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Quindío. La
clara disminución de casos indicaría que se tomaron las medidas y se dieron las órdenes que permitieron
avanzar en el control de este tipo de abusos, resultados que se espera se mantengan en el futuro.
Ahora bien, lastimosamente la mejora en el tema de los ‘falsos positivos’, se ve acompañada de la
consolidación de otros tipos de abusos durante el primer semestre de este año, donde resaltan dos
modalidades de violaciones que afectan los derechos de ciertos sectores de población. Estas
modalidades son las acciones de intolerancia social y las amenazas colectivas.
En primer lugar, al considerar el número de casos y de víctimas de la intolerancia social en el periodo
2006-2009 se encontró un total de 216 casos y 416 víctimas, los cuales vienen creciendo de manera
exponencial, ya que sólo en el primer semestre de 2009 se dieron 95 casos y 180 víctimas. Entre los
sectores más afectados se hallan: los jóvenes, los trabajadores y los habitantes de la calle. Este tipo de
acciones se han presentado en 21 de los 32 departamentos del país. El departamento con mayor número
de víctimas es Santander, presentándose una situación preocupante en el municipio de Barrancabermeja.
Luego siguen los casos de los departamentos de Quindío, Valle del Cauca, Antioquia y Cesar. En un
punto intermedio se encuentran los departamentos de Norte de Santander, Córdoba y Cauca; los
departamentos con menor número de víctimas son Bolívar, Boyacá, Guaviare, Huila y Meta. Los hechos
de intolerancia social durante 2006-2009 son atribuidos en su mayoría a grupos paramilitares ó a
responsabilidad compartida entre la Policía Nacional y paramilitares. También se atribuyen algunos casos
a tropas del Ejército Nacional y a grupos mal llamados de “limpieza social”.
En segundo lugar, es igualmente preocupante el aumento significativo que han experimentado las
amenazas colectivas (muchas veces bajo la forma de panfletos) en el periodo entre enero de 2006 y
junio de 2009, las cuales se han presentado en 24 de los departamentos del país, teniendo el primer
semestre del 2009 como el periodo con el mayor número de casos (82 casos frente a 16 que se habían
presentado en el 2008) y Bogotá como el municipio con más ‘campañas’ de amenazas colectivas. La
mayoría de los casos tienen como presunto responsable a grupos paramilitares (en sus distintas
denominaciones), en menor proporción acciones efectuadas de manera conjunta entre efectivos de la
Policía Nacional y miembros de grupos paramilitares. Los principales sectores amenazados son:
habitantes de la calle, trabajadoras sexuales, vendedores y consumidores de droga, jóvenes,
delincuentes, homosexuales, trabajadores, pobladores de los municipios y barrios amenazados.
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4. RECOMENDACIONES
Al Gobierno:
• Continuar con la ejecución y seguimiento de las 15 medidas adoptadas en 2008; asimismo con
las investigaciones de los casos de falsos positivos, tomando las acciones necesarias para que
los familiares de las víctimas puedan hacer sus denuncias y se les garantice su seguridad.
• Derogar el Decreto 1400 de 20061 y la Directiva Ministerial 029 de 20052.
• Examinar y reformular la política pública de seguridad a nivel nacional, departamental y
municipal, para garantizar, sin discriminación, el bienestar, protección y seguridad de todos los
sectores sociales, particularmente a nivel urbano.
A la Comunidad Internacional:
• Reconocer el avance en el tema de ‘falsos positivos’ pero hacer un fuerte llamado de atención
respecto a las otras modalidades de violación de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario que se están presentando como lo son los hechos de Intolerancia Social y
Amenazas Colectivas.
• Mantener un seguimiento a estas “nuevas” prácticas que atentan contra la vida de ciertos
sectores de la sociedad colombiana, particularmente en aquellos departamentos que presentan
mayor victimización.
• Mantener el apoyo a prácticas y políticas que favorezcan la vigencia de los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario en Colombia.
A las ONG nacionales:
• Documentar los casos de las diferentes modalidades de violación de Derechos Humanos que se
presentan en el país.
• Acompañar a los sectores sociales prestando asesoría jurídica a las víctimas y familiares de
estas.
A los medios de comunicación:
• Seguir dando cuenta de la situación que vive el país en materia de Derechos Humanos de la
forma más veraz y amplia posible, considerando los distintos tipos de violaciones que se
presentan, teniendo en cuenta que un adecuado cubrimiento periodístico puede ser un factor
clave para lograr un mayor respeto de los Derechos Humanos, como se vio en el caso de los
‘falsos positivos’.
1 Con el que se crea la bonificación por operaciones de importancia nacional, Boina.
2 En la cual se desarrollan los criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de
las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre
actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de
inteligencia y el posterior planteamiento de operaciones. Esta directiva fue promovida por el entonces Ministro de Defensa
Nacional Camilo Ospina Bernal.
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5. PRIMER SEMESTRE DE 2009: DE LOS ‘FALSOS POSITIVOS’ A LA
INTOLERANCIA SOCIAL Y LAS AMENAZAS COLECTIVAS
El balance sobre la situación de Derechos Humanos en el primer semestre de 2009 indica que se
presenta un cambio de tendencia, donde se constata la disminución de algún tipo de violaciones y el
aumento de otras. Por una parte, se puede observar una importante disminución de ejecuciones
extrajudiciales y otras violaciones que revisten el carácter de ‘falsos positivos’ pero, por otra parte, se
presenta un preocupante incremento en otro tipo de violaciones por intolerancia social y por amenazas
colectivas, que atentan contra la vida de algunos sectores de la población colombiana. En otras palabras,
se pasa de una violación de derechos con énfasis en la persecución política a una violación de derechos
que aparece marcada por la intolerancia social.
‘FALSOS POSITIVOS’ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2009
Al revisar y actualizar nuestra Base de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política encontramos
una importante disminución de casos y víctimas durante el primer semestre de 2009 en comparación con
lo ocurrido en 2008 puesto que se pasa de 106 casos y 197 víctimas a 2 casos y 4 víctimas.
Sin embargo, el Banco de Datos ha tenido conocimiento de nuevos casos de ‘falsos positivos’ ocurridos
en semestres anteriores, que permiten actualizar el registro de casos y víctimas durante 2001-2008. Se
encontraron 48 nuevos casos que implicaron 82 víctimas (ver Tabla 1). Al mirar el acumulado de ‘falsos
positivos’ durante 2001-2009 se encuentra que se han registrado 465 casos y 940 víctimas que en su
mayoría habían sido clasificados como acciones en combate.
Tabla 1. Actualización Casos Falsos Positivos 1º Semestre de 2009 y semestres anteriores
FALSOS POSITIVOS 2001-2009 CINEP - PPP
CASOS VÍCTIMAS ACTUALIZACIONES VICTIMAS NUEVAS TOTAL TOTAL
REGISTRADOS REGISTRADAS Y/O NUEVOS Y/O CASOS VÍCTIMAS
PREVIAMENTE CASOS ACTUALIZACIONES
2001 3 4 1 1 4 5
2002 7 40 2 4 9 44
2003 12 35 1 1 13 36
2004 31 64 3 8 34 72
2005 34 49 6 14 40 63
2006 72 174 6 9 78 183
2007 163 306 18 35 181 337
2008 93 174 11 22 104 196
2009 0 0 2 4 2 4
TOTAL 415 846 50 97 465 940
Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política – CINEP-PPP, Septiembre de 2009
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6. En términos geográficos se encuentra que en el periodo 2001-2009 se registraron hechos en 27 de los 32
departamentos. El departamento con mayor número de casos es Antioquia con 89, en especial el
municipio de Granada con 21 hechos. Luego le sigue Meta con 68, Huila con 43 y Norte de Santander
con 31 casos. Eso quiere decir que en estos departamentos se presentaron el 49.67% del total de casos
registrados. Le siguen Cundinamarca (incluyendo Bogotá) con 19 casos, Casanare con 18, Arauca con
17, Boyacá, Quindío y Tolima con 16 cada uno; Cauca con 15, Caquetá 14, Cesar y Valle del Cauca con
13 cada uno, Bolívar con 12 y Putumayo con 10 casos. Este segundo grupo de departamentos ha
registrado el 38,49% del total de casos. Finalmente, los departamentos con menor registro de hechos
son: Córdoba y Risaralda cada uno con 9, Sucre con 8, Santander 7, Caldas 5, Guaviare y La Guajira con
4 cada uno, Chocó, Magdalena, Nariño y en el exterior (Ecuador) 2 casos por cada uno y el Atlántico con
un solo caso. Este grupo de casos equivale al 11.82% del total de casos registrados (ver Mapa 1).
De la información consolidada por nuestro Banco de Datos el sector social con el porcentaje mayor de
víctimas es el “campesino” con 40.14% (377 víctimas); “sin información”3 con 31% (290 víctimas),
“jóvenes” con 11.60% (109 víctimas) y los “trabajadores”4 con 8.73% (82 víctimas) (ver Grafico 1). El
porcentaje restante 8.53% (81 víctimas) comprende las víctimas de sectores sociales menos afectadas
por violación de derechos con énfasis en persecución política, entre los cuales se encuentran: Indígenas,
líderes (campesinos, jóvenes y políticos), desempleados, entre otros.
Gráfico 1. Desplazamiento Violaciones por Sector
Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política – CINEP-PPP, Septiembre de 2009
3 “Sin información” hace referencia a las víctimas que no pudieron ubicarse en algún sector social ya que no se contaba con ese
tipo de dato en nuestra base de datos tras la revisión respectiva de casos.
4 En este sector se encuentran tanto trabajadores formales como informales.
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7. En cuanto a los presuntos responsables de los hechos se encontró: En 2001 tropas del Ejército Nacional
cometieron el 75% de las violaciones, el 25% restante la Policía Nacional; en 2002 el 100% se atribuyen a
tropas del Ejército Nacional, para 2003 la situación no varía respecto al año anterior y se destaca la
participación del Batallón 21 Vargas del Ejército Nacional.
En 2004 el Ejército aparece como presunto responsable en el 99% de los hechos, llamando la atención el
Batallón Artillería Bajes 4 de la Brigada 4 con 17% de las violaciones. El 1% que completa el total de
casos de este año corresponde a la Policía Nacional. En 2005 el 98% corresponde a Fuerzas del Ejército
y el 2% a grupos paramilitares; para 2006 el 97% de los presuntos responsables son, por una parte el
Ejército Nacional y sobresale la actuación del Batallón Los Muiscas de la Brigada 5 y la Brigada Móvil 12;
por otra, la Policía con una participación en el 3% de los casos.
La mayoría de los hechos registrados en 2007 muestran como presunto responsable al Ejército Nacional
en especial el Batallón Pigoanza, Batallón Magdalena y Tropas de la Brigada 12 con el 17% de las
violaciones. Para 2008, los responsables en su mayoría son del Ejército, especialmente las fuerzas de la
Brigada Móvil 15 y el Batallón Magdalena; en algunos casos, hubo participación esporádica de miembros
de la Policía. Por último, en 2009, los presuntos responsables son en su totalidad miembros del Ejército
Nacional.
La disminución de ‘Falsos Positivos’ puede ser explicada por los siguientes factores:
• Las 15 medidas formuladas y adoptadas en noviembre de 2008 por parte del Ministerio de
Defensa Nacional, tras el reconocimiento de ejecuciones de la población civil por parte de
miembros de la Fuerza Pública y la apropiación del tema por parte de sectores sociales y
políticos, además de la visibilidad adquirida en la agenda mediática.
• La preocupación manifiesta por parte de ONG, la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (visita del Relator Especial para ejecuciones extrajudiciales
de Naciones Unidas al país a varias ciudades, para tener información de primera mano de
víctimas y actores relevantes) y la Comunidad Internacional.
• Las investigaciones de los casos denunciados por parte de la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría, que han llevado a elevar cargos contra los militares involucrados y han generado
destituciones y medidas de aseguramiento en algunos casos.
La eficacia de las demandas, el despliegue en los medios de comunicación, las medidas adoptadas por
parte del gobierno y la presión internacional indudablemente contribuyeron a la disminución de nuevos
casos de ‘falsos positivos’, lo cual es un logro positivo.
Sin embargo, otras modalidades de abusos y violaciones a los derechos humanos vienen creciendo en
forma alarmante, sobre las cuales queremos llamar la atención en la segunda parte de este informe.
OTRAS MODALIDADES DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
QUE PREOCUPAN EN LA ACTUALIDAD
Violaciones de Derechos Humanos por intolerancia social
En primer lugar, hemos podido identificar un incremento significativo de víctimas por intolerancia social en
el periodo 2006-2009 (ver Tabla 2). Consideremos la evolución anual de estas violaciones.
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8. Tabla 2. VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS POR INTOLERANCIA SOCIAL. CINEP - PPP
VÍCTIMAS 1º VÍCTIMAS 2º CASOS 1º CASOS 2º TOTAL TOTAL VÍCTIMAS
SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE CASOS POR AÑO
POR AÑO
2006 16 15 6 11 17 31
2007 56 39 13 26 39 95
2008 48 89 25 42 67 137
2009 180 - 95 - 95 180
Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política – CINEP-PPP, Septiembre de 2009.
2006
Durante el primer semestre de 2006 se presentaron 6 casos con 16 víctimas, hechos que se registraron
en 4 de los 32 departamentos; es necesario resaltar la situación de Antioquia que con 12 víctimas
representa el 75 % de víctimas del semestre e Itagüí como el municipio con mayor número de víctimas (7
en total). Los sectores sociales más afectados durante este semestre son: personas “sin información”
69%, habitantes de la calle 19%, jóvenes y trabajadores con 6% cada uno. El 81% de los hechos tienen
como presunto responsable a grupos paramilitares, y en los casos restantes son atribuibles a miembros
del Ejército Nacional.
En el segundo semestre de 2006, el número de casos respecto al semestre anterior aumenta, se
registraron 11 casos, pero se presentó una leve disminución respecto a las víctimas puesto que eran 16
para dicho semestre. En cuanto a la ubicación geográfica de los hechos continúan presentándose en 4
departamentos y el único que repite es Antioquia, que para el 2º Semestre de 2006 presenta el 33% de
las víctimas; Santander con el 40% de víctimas presenta una situación inquietante en Barrancabermeja
en donde se registraron las mismas 5 víctimas que en Antioquia. En el mismo 2º Semestre de 2006 los
sectores victimizados son: los habitantes de la calle, pobladores de municipios y líderes con 20% cada
uno, le sigue personas “sin información” con 13% y jóvenes, trabajadores, defensores de derechos
humanos y marginados con 7% cada uno. Los presuntos responsables de la violación de derechos por
intolerancia social son los paramilitares, los cuales cometieron el 87% de los hechos y el 13% restante es
presuntamente atribuible a miembros de la Policía Nacional.
2007
El primer semestre de 2007 se caracterizó por un leve aumento en el número de casos respecto al
semestre anterior, que pasan de 11 a 13; pero hay un incremento sustancial en cuanto a las víctimas que
llegan a 56 en el periodo, en contraste con las 15 víctimas que se habían presentado en el segundo
semestre de 2006. En este semestre los departamentos con violaciones fueron 6. Córdoba presenta el
mayor número de víctimas con 23 (41%) y Sucre con 17 (30%), mientras que Cauca y Caldas son los que
tienen menos. Los sectores más victimizados son: personas “sin información” 84%, jóvenes 9%,
trabajadores 4%, drogadictos y marginados 2% cada uno. El 80% de los hechos cometidos durante el
primer semestre de 2007 tienen como presuntos responsables a grupos paramilitares y el 20% a
miembros del Ejército Nacional.
Para el segundo semestre de 2007 el número de casos aumenta de 13 a 26 pero disminuye el número de
víctimas de 56 a 39. Asimismo, la cobertura territorial pasa de 6 departamentos a 7. Santander se
destaca con el 62% de víctimas; sigue Caldas con el 17% y los otros departamentos completan el total. El
sector social más afectado en este periodo son los jóvenes con el 46% (18 víctimas). Los paramilitares
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9. son los principales responsables de la violación de derechos por intolerancia social, puesto que aparecen
como presuntos responsables del 98% de las víctimas en este semestre, el 2% restante es atribuible a la
Policía Nacional-Sijín.
2008
Al observar la situación del primer semestre de 2008 encontramos un caso menos que en el semestre
anterior pero un incremento de 39 a 48 víctimas. Los casos se presentaron en 6 departamentos, donde
Tolima y Santander son los más preocupantes ya que tienen respectivamente el 35% y 33% de las
víctimas durante el semestre. Venadillo, en el Tolima, y Barrancabermeja, en Santander, son los
municipios con mayor número de víctimas (17 y 16 víctimas cada uno). Los departamentos de Quindío,
Norte de Santander, Cesar y Atlántico también fueron escenarios de estas violaciones. El 83% de los
casos tiene como presunto responsable a grupos de paramilitares, 12% la Policía Nacional y el 5%
restante se atribuye a grupos de “limpieza social” no identificados. El sector social más afectado por este
tipo de prácticas son los delincuentes5 con 35% de víctimas, luego se encuentra un 19% de víctimas “sin
información”6; jóvenes con 17% y los trabajadores7 con 13%, el porcentaje restante lo completan
drogadictos, habitantes de la calle, homosexuales, entre otros.
El segundo semestre del mismo año en comparación con la situación presenciada en el primer semestre,
presenta un incremento en casos y víctimas: pasó de 6 casos a 42 y de 48 a 89 víctimas. El sector social
más victimizado son personas “sin información” con 64%, siguen los jóvenes con 13%, trabajadores con
11% y habitantes de la calle con 8%; el porcentaje restante responde a drogadictos, paramilitares
desmovilizados y soldados, con el 1% cada uno. El registro de casos en este semestre fue en 8
departamentos en donde Santander con 35% de víctimas de este periodo es el departamento con mayor
número de violaciones, luego Córdoba, Bolívar y Cesar con 18%, 16% y 13% respectivamente.
2009
Este semestre presenta un incremento sustancial respecto al semestre anterior en la medida que
ocurrieron 95 casos y 180 víctimas. Este incremento se presentó en 14 departamentos y la situación de
Santander es nuevamente llamativa con 19% (34 víctimas) del total del semestre y Barrancabermeja con
el 62% de las víctimas en este departamento. Le sigue Tolima con el 14% y todas las víctimas se
presentaron en Ibagué y Valle del Cauca con 13% (Buga y Tuluá con el 30% cada una reflejan la
situación del departamento). Por otro lado Guaviare, Cesar y Boyacá tuvieron el porcentaje más bajo
durante este periodo con el 1% cada uno.
Los sectores sociales afectados son: víctimas “sin información” 51%, jóvenes 18%, trabajadores 11%,
delincuentes y habitantes de la calle con 6% cada uno, drogadictos 3%, trabajadoras sexuales 2%,
campesino, paramilitar desmovilizado y homosexuales con 1% cada uno. Los principales presuntos
responsables de los hechos son los paramilitares con 84%, 12% son acciones efectuadas de manera
conjunta entre efectivos de la Policía Nacional y miembros de grupos paramilitares y el 4% restante
responde a miembros de la Policía.
Al consolidar el número de casos y de víctimas durante todo el periodo de 2006 – 2009 se encuentra un
total de 216 casos y 416 víctimas. Entre los sectores más victimizados se hallan: jóvenes, trabajadores,
habitantes de la calle y un número de víctimas importante “sin información” (ver Tabla 3 y Gráfico 2).
5 Delincuente agrupa: ladrón, atracador, vendedor de licor adulterado, apartamentero, jaladores de carros, rateros, ladrones
callejeros, mancheros (ladrones de productos agrícolas de las fincas), entre otras nominaciones usadas.
6 La información sobre este grupo de víctimas no permite clasificarla en algún sector social.
7 Esta categoría agrupa a trabajadores formales como informales.
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10. Tabla 3. Violación de DD.HH - DIH por Intolerancia Social
SECTOR SOCIAL 2006 2007 2008 2009 Total general
CAMPESINO 1 2 3
DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS 1 1
DELINCUENTE 1 10 11
DROGADICTO 2 4 6 12
HABITANTE DE LA CALLE 6 6 8 11 31
HOMOSEXUALES 2 2 4
JÓVENES 2 23 20 33 78
LIDER 3 3
MARGINADO 1 1 2 4
PARAMILITAR DESMOVILIZADO 1 2 3
POBLADORES 3 3
SIN INFORMACIÓN 13 55 56 91 215
SOLDADO 1 1
TRABAJADOR 2 5 16 20 43
TRABAJADORA SEXUAL 1 3 4
Total general 31 95 110 180 416
Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política – CINEP-PPP, Septiembre de 2009.
Grafico 2. Víctimas Intolerancia Social por Sector Social 2006 - 2009
Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política – CINEP-PPP, Septiembre de 2009
En términos geográficos, se encuentra que en el período 2006-2009 se presentaron hechos en 21 de los
32 departamentos. El departamento con mayor número de víctimas fue Santander con 83, donde vale la
pena destacar el municipio de Barrancabermeja con 67 víctimas (81% del departamento). Luego
encontramos el caso del Quindío con 21 víctimas, el Valle del Cauca con 20, Antioquia con 14 y Cesar
con 13. En un punto intermedio se encuentran los departamentos de Norte de Santander con 9 víctimas,
Córdoba con 5 y Cauca con 4. Los departamentos con menor número de víctimas son Bolívar, Boyacá,
Guaviare, Huila y Meta con 1 víctima cada uno.
Durante 2006-2009, el 87% de los hechos de intolerancia social tienen como presuntos responsables a
grupos paramilitares (en sus distintas denominaciones), el 5% son acciones atribuibles a una
responsabilidad compartida entre miembros de la Policía Nacional y paramilitares; el 4% a miembros de la
Policía Nacional, el 3% a tropas del Ejército y 1% a grupos mal llamados de “limpieza social”.
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11. Violación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por amenazas colectivas
En segundo lugar, al revisar en nuestro Banco de Datos se pudo encontrar que en lo que va corrido del
segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez se ha presentado un aumento exponencial en las
amenazas colectivas a diferentes sectores sociales, a través de ‘panfletos’ y otras formas de amenazas
como la intimidación directa. Veamos el comportamiento año por año de las mismas.
2006
Las amenazas colectivas se presentaron en Santander (Bucaramanga y Piedecuesta); Cauca (Popayán)
y Antioquia (Medellín). Las amenazas durante este año fueron realizadas por presuntos grupos
paramilitares, se presentaron 5 casos y estaban dirigidas a más de un grupo social, especialmente contra
drogadictos y pobladores de los diferentes municipios.
2007
En este año hubo amenazas colectivas en Caldas (Chinchiná), Córdoba (Lorica); Cauca (Santander de
Quilichao), Chocó (Condoto), Cesar (Valledupar), Santander (Barrancabermeja) y Sucre (Sincelejo). Se
registraron 8 casos y las amenazas fueron realizadas por paramilitares. Los grupos señalados en los
panfletos fueron: jóvenes, pobladores de municipios y barrios amenazados, vendedores y consumidores
de droga.
2008
Se registraron amenazas colectivas en Antioquia (Medellín, Vigía del Fuerte y Puerto Berrío), Atlántico
(Barranquilla), Bolívar (Magangué), Cesar (Valledupar), Chocó (Bojayá), exterior (zona fronteriza con
Venezuela), Meta (Villavicencio), Nariño (Pasto y Samaniego), Quindío (Armenia y Calarcá), Santander
(Barrancabermeja) y Valle del Cauca (Guacarí). En total se presentaron 16 casos y la mayoría de las
amenazas fueron efectuadas por grupos paramilitares, sin embargo, en un caso presuntamente participó
o colaboró la Policía Nacional (Bojayá). Los sectores principalmente amenazados en este periodo fueron:
pobladores de barrios amenazados, jóvenes, supuestos delincuentes, habitantes de la calle y
drogadictos.
2009
Durante el primer semestre se presentaron 82 casos: en Antioquia (Medellín, Apartadó, Dabeiba y Puerto
Berrío); Bogotá (en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usaquén, Suba y en los barrios de
Monte Blanco, Venecia, Tunjuelito, San Carlos, Villa del Sol, entre otros); Bolívar (Cartagena y Carmen de
Bolívar); Boyacá (Chiquinquirá, Nobsa, Moniquirá, Otanche, Puerto Boyacá y Sogamoso); Caldas
(Anserma, Chinchiná, Manizales, Pácora, Salamina y Villa María); Caquetá (Florencia), Casanare (Yopal),
Cauca (Corinto y Popayán), Cesar (Valledupar), Chocó (Condoto, Itsmina, Quibó y Tadó); en Córdoba
(Cereté, Ciénaga de Oro, Lorica, Momil, Montelíbano y Montería), Cundinamarca (La Calera), La Guajira
(Maicao); Magdalena (Ciénaga, Fundación y Guamal); Meta (Puerto Gaitán, Puerto López, El Castillo y
Granada), Nariño (Pasto y Samaniego), Norte de Santander (Ocaña), Quindío (Armenia, Circasia y
Quimbaya), Risaralda (La Virginia y Pereira); Santander (Barbosa, Bucaramanga, Barrancabermeja,
Piedecuesta, San Gil y Sabana de Torres), Sucre (Sincelejo), Tolima (Espinal, Fresno, Honda, Ibagué, La
Dorada y Lérida) y Valle del Cauca (Bugalagrande y Cali).
En síntesis, en el primer semestre de 2009 ocurrieron 82 casos de amenazas, en 66 municipios y en 24
departamentos. El presunto responsable de los hechos en el 98% es atribuido a grupos paramilitares y el
2% restante a la participación y/o colaboración de miembros de la Policía Nacional en asocio con
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12. paramilitares. Los principales sectores amenazados fueron: habitantes de la calle, trabajadoras sexuales,
vendedores y consumidores de droga, delincuentes, homosexuales, trabajadores y pobladores de los
municipios y barrios amenazados.
El ranking de ‘campañas’ de amenazas colectivas del semestre es: Bogotá con 10; Córdoba con 9;
Santander con 7; Boyacá y Caldas con 6 cada uno; Antioquia, Bolívar y Tolima con 5 cada uno; Cauca y
Chocó con 4; Quindío y Magdalena con 3; Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Valle con 2; Caquetá,
Casanare, Cesar, Cundinamarca, Meta, La Guajira y Sucre cada uno de estos con 1 cada uno.
Como características de estas ‘campañas’ de panfletos el Equipo del Banco de Datos resalta:
• El contenido es el mismo, los escritos están hechos en computador del tamaño de una hoja tipo
carta, con la imagen de un hombre armado con el rostro cubierto y contienen 10 párrafos, en los
cuales se usan insultos contra trabajadoras sexuales a quienes señalan de ser propagadoras de
sida. También se sentencia a quienes frecuentan a estas mujeres y los lugares donde ellas se
establecen. Del mismo se insta a los padres de familia a que no permitan que sus hijos salgan
después de las 10:00 p.m. a la calle. Igualmente, se anticipan al asesinato de inocentes y ante
esto piden disculpas a los familiares.
• Las opiniones de los comandantes de Policía de los distintos departamentos donde se han
propagado los panfletos es la misma. El discurso es que los panfletos son hechos por
delincuentes comunes o particulares, son reproducidos por internet con el fin de crear zozobra y
ofrecen garantías a las personas amenazadas y recompensa económica que permita identificar
a los autores de los anónimos.
• Los panfletos en muchos casos han sido distribuidos casa a casa y sobre todo en barrios
populares, en otros por hombres vestidos de negro que se movilizan en motocicletas o en
vehículos y otros, como en el caso del municipio de Lorica, Córdoba, donde asesinan a una
persona conocida con el alias de “El Nuco” e inmediatamente reparten los panfletos los cuales
están encabezados por el nombre de la víctima.
La información recopilada por el Banco de Datos indica que estamos ante un fenómeno de carácter
predominantemente urbano, que denota un creciente problema de seguridad en las ciudades y la
tendencia a realizar “campañas de limpieza social”, como ya se vivió en el país en determinados
momentos de los años ochenta y noventa. En ese sentido, ciertos sectores sociales marginales sufren
mayores amenazas contra su seguridad, son más propensos a que sus derechos sean irrespetados y
tienen menos capacidad para prevenirlo y hacerle frente. Estos tipos de violaciones permanecen
habitualmente sin registrar y corregir. Es el momento para que la política de seguridad sea examinada y
de un giro teniendo en cuenta que los ciudadanos deben ser el principal objeto de protección estatal de
forma integral, para así garantizar el bienestar y los derechos de toda la población, como lo pide la
Constitución Nacional.
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13. ANEXOS
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