Este documento resume dos artículos sobre una acción de inconstitucionalidad presentada por el Consejo de los Pueblos del Occidente (CPO) en contra de la ley de minería de Guatemala. La Corte Constitucional de Guatemala celebró una audiencia sobre el caso, en el que el CPO argumenta que la ley no cumple con los requisitos de consulta a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas también argumentaron ante la corte que la ley viola el Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígen

1. Dos artículos acerca de una acción de inconstitucionalidad presentada
por el Consejo de los Pueblos del Occidente (CPO) en contra la ley de
minería en Guatemala
- Corte Constitucional de Guatemala convoca audiencia en caso histórico en
contra de la Ley Minera. CPO. 20 de julio de 2012.
- Pueblos indígenas argumentan inconstitucionalidad de la Ley de Minería.
Comité de Unión Campesina (CUC). 20 de julio de 2012.
Corte Constitucional de Guatemala convoca audiencia en caso histórico
en contra de la Ley Minera
http://www.miningwatch.ca/es/news/corte-constitucional-de-guatemala-
convoca-audiencia-en-caso-hist-rico-en-contra-de-la-ley
Viernes, Julio 20, 2012
Fuente:
Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO) - Centro para el Derecho
Ambiental Internacional (CIEL) - Alerta Minera Canadá
(Washington D.C./Guatemala City) Hoy, la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala llevará a cabo una audiencia en un caso que cuestiona la
constitucionalidad de la ley minera de 1997 por falta de consultación con los
pueblos indígenas del país, quienes constituyan más de la mitad de su
población. La demanda, presentado por el Consejo de los Pueblos de
Occidente (CPO), argumenta que tanto la ley nacional como la ley internacional
requiere que el gobierno consulte a los pueblos indígenas antes de aprobar
políticas que tendrán impactos significativos sobre sus territorios.

2. Hace tres semanas, el Presidente Otto Pérez Molina propuso reformas
contravertidas a la ley minera actual, incluído la participación del Estado en los
proyectos mineros. También, levantó la moratoria interpuesta por la
administración anterior sobre el otorgamiento de concesiones mineras nuevas.
La moratoria empezó en 2008 cuando la Corte de Constitucionalidad falló en
contra de la constitucionalidad de siete artículos en la ley minera, postergando
la aprobación de cualquier licencia minera nueva hasta que se pudiera lograr
consensos sobre las reformas mineras.
Después de solamente seis meses del nuevo gobierno, la administración de
Pérez Molina ya ha aprobado 68 nuevas licencias para la explotación y
exploración minera. En total, se han otorgado 387 concesiones mineras hasta
la fecha, con 734 en trámite, muchos en territorios indígenas.
“En 1996, el gobierno de Guatemala ratificó el Convenio 169 sobre los
derechos de los pueblos indígenas de la Organización Internacional de Trabajo
y firmó el Acuerdo sobre los Derechos y la Identidad de los Pueblos Indígenas
como parte de los Acuerdos de Paz. Hace mucho que se debería cumplir con
su obligación para respetar los derechos de los pueblos indígenas de este
país,” dijo Francisco Mateo Morales del CPO. “Esta es una oportunidad
histórica para la corte superior de Guatemala.”
La falta de consulta y consentimiento previo a nivel de las políticas y de los
proyectos en el sector minero guatemalteco es al raíz de mucho conflicto y
violencia. Hasta la fecha, más que 70 municipalidades han convocado
consultas populares en donde casi un millon de personas han votado en contra
de la minería en sus tierras y territorios, pero ni el gobierno ni las empresas
mineras han respetado los resultados. Mientras tanto, la violencia y la
criminalización de los que se oponen a la minería siguen creciendo.
En el noroeste de Guatemala, la mina Marlin de la empresa
minera Goldcorp ha sido sitio de conflicto desde hace antes de entrar en
operación en 2005, y por lo tanto diversos organismos de los derechos
humanos a nivel internacional han recomendado que se suspende la mina por
falta de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas Maya Mam y
Sipapakense, además por amenazas a las fuentes de agua y la salud
pública. El Tribunal Popular Internacional de la Salud llevado a cabo en la
municipalidad de San Miguel Ixtahuacán hace una semana también falló que
Goldcorp debería suspender sus operaciones debido a tales riesgos.
En el este de Guatemala, en la municipalidad de El Estor, el conflicto sobre la
mina de niquel Fénix ha resultado en tres demandas en contra de la empresa
minera HudBay Minerals ante las cortes canadienses. Las demandas
interpuestas refieren a la violación de once mujeres durante el despojo forzado
de la comunidad de Lote Ocho en enero de 2007, y el asesinato del líder
comunitario Adolfo Ich y el herido de Germán Choc en septiembre de 2009.
Cerca la capital de Guatemala, miembros de las municipalidades de San José
de Golfo y de San Pedro Ayampuc mantienen un bloqueo en contra de la
entrada de la empresa minera Radius Gold con sede en Vancouver. Voceros

3. locales han registrado denuncias por amenazas recibidas, mientras
que Yolanda Oquelí se encuentra recuperando de que dos sujetos le disparó el
13 de junio cuando estaba saliendo del bloqueo.
En la municipalidad suroeste de San Rafael de las Flores, en donde Tahoe
Resources quiere realizar su proyecto Escobal, terceras partes respaldadas por
la empresa han utilizado procesos judiciales en contra de un grupo de
organizadores comunitarios quienes recogieron unos 1,000 firmas para que la
municipalidad convoque una consulta vecinal para que ellos no pudieron
participar en la comisión responsable de vigilar el proceso de consulta.
“La ley internacional claramente protege los derechos de los pueblos indígenas
a ser consultados sobre legislación que afectará sus territorios,” comentó Kris
Genovese, abogada en el Centro para el Derecho Ambiental Internacional en
Washington D.C. “Un fallo favorable en este caso sería un paso necesario para
atender los conflictos existentes y para demostrar a la comunidad internacional
que el estado de derecho existe en Guatemala.”
La Corte Constitucional tendrá veinte días hábiles después de la audiencia para
emitir su fallo. En el caso de que la Corte no emita un fallo en su favor, el CPO
recurrirá a la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, habiendo
agotado los recursos legales disponibles en el país para atender las violaciones
a los derechos humanos e indígenas como resultado de la ley minera.
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Contactos:
 KrisGenovese, Center for International Environmental Law (CIEL),
kgenovese(at)ciel.org, (202) 742-5832
 Jennifer Moore, Alerta Minera Canadá, jen(at)miningwatch.ca, (613) 569-
3439
-
Pueblos indígenas argumentan inconstitucionalidad de la Ley de
Minería…
http://www.cuc.org.gt/es/index.php?option=com_content&view=article&i
d=468%3Aautoridades-ancestrales-y-pueblos-indigenas-entregan-
argumentos-juridicos-historicos-y-politicos-que-evidencian-la-violacion-
al-convenio-169-de-la-oit&catid=34%3Acontenido&Itemid=53
Viernes, 20 Julio 2012 14:22
Autoridades ancestrales y pueblos indígenas de Guatemala dieron a conocer a

4. los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, CC, sus argumentos
jurídicos, históricos y políticos que evidencian la violación al Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, por parte del sector empresarial y
el Decreto del Congreso de la República 48-97, Ley de Minería.
Los pueblos indígenas a través de sus abogados expusieron esta mañana (20
de julio) a los magistrados de la CC que la ley de minería es inconstitucional
porque no toma en cuenta a los pueblos originarios, afectados directos por la
explotación minera.
Diego Cotí, anciano mayor, de los pueblos indígenas expresó a los
magistrados que ellos no escapan a los efectos negativos en la salud humana
que produce la explotación minera. “La explotación minera avalada por la Ley
de Minería vigente afecta la vida nuestra y de las futuras generación y ustedes
no escapan de eso” fue lo expresado a los magistrados por Cotí.
En su alegato el abogado Edgar De León, de la Asociación de Abogados
Mayas, expresó: “hay guatemaltecos que están vendiendo a su madre, porque
todas y todos somos hijos de la Madre Tierra”.
Por su parte abogados del Consejo de Pueblos de Occidente y organizaciones
indígenas y campesinas que se acreditaron como terceros interesados en la
presentación del recurso de inconstitucionalidad ejemplificaron como en otros
países se ha declarado nociva para la salud y la vida de seres vivos la
explotación minera a cielo abierto.
Cacif se defiende
En su espacio Mario Destarac, abogado del Cacif, adució que el Decreto 48-97
no contraviene la Carta Magna porque llevó todo el proceso que la Constitución
de la República manda. Asimismo alegó que cuando fue aprobada la normativa
minera aún no estaba vigente el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo.
Sin embargo, el mismo Ministerio Público a través de Carla Valenzuela, fiscal
de Puntos Constitucionales, hizo un llamado a los magistrados de la Corte de
Constitucionalidad a exhortar a los diputados del Congreso de la República de
readecuar la Ley de Minería para respetar los derechos colectivos de los
pueblos indígenas.
Valenzuela resaltó que es indudable que la exploración y explotación minera
causa daños ecológicos y daña la vida de las personas que habitan a los
alrededores. Asimismo dijo que los pueblos originarios tienen derecho a ser
consultados mencionando el aludido convenio 169 y otras convenciones
internacionales.
Los representantes de los pueblos originarios de Guatemala señalan que ven
con buenos ojos que el Ministerio Público se pronuncie a favor de sus derechos
y se base en convenios y tratados internacionales para ello, sin embargo están
claros que la lucha por la Madre Tierra y sus territorios debe continuar

5. realizándose por diferentes vías y formas.
Postura del CUC ante la minería y su normativa
El Comité de Unidad Campesina CUC apoya y respalda la lucha que han
iniciado los pueblos indígenas de Guatemala para exigir la inconstitucionalidad
de la Ley de Minería porque se tiene claro que contradice la Carta Magna al
marginar a los pueblos originarios y exige a la Corte de Constitucionalidad la
resolución para anular la el Decreto 48-97 del Congreso de la República.
El Cacif está violando el Convenio 169 de la OIT, porque al desconocerlo
también desconoce los derechos colectivos de los pueblos, como el derecho a
ser consultados. Por otro lado la minería y la ley que lo ampara es lesiva para
la salud de los habitantes de Guatemala, pero primordialmente para la
población aledaña a los proyectos mineros.
“El resultado de la minería es el rompimiento del tejido social, la expulsión de la
gente donde se instalan lo megaproyectos y la contaminación ambiental que
trae consigo la destrucción de la vida humana y demás seres vivos” (animales y
plantas), expresó Daniel Pascual coordinador del CUC.
También hacemos ver de que es histórico para la población guatemalteca de
que los pueblos mayas le den el beneficio de la duda a la CC. Institución que
ahora tiene en sus manos los argumentos jurídicos suficientes para justificar la
nulidad de esta norma. De acuerdo con la ley a partir de hoy la Corte de
Constitucionalidad tiene cinco días hábiles para emitir su sentencia.
Amandine Grandjean
Collectif Guatemala