Este documento describe la lucha de las comunidades de La Vega, Colombia contra la minería ilegal que amenaza sus recursos hídricos y ha desplazado a muchos residentes. La minería ilegal ha contaminado lagos que abastecen de agua a la región y ha amenazado a líderes comunitarios que se oponen a ella. Las comunidades también enfrentan la amenaza de grandes compañías mineras multinacionales que buscan explotar oro en la región, lo que podría dañar aún más el medio ambiente fr
1. La Vega: la vida por el agua o la muerte por el oro
Esta es la tolva que recibe el material extraído de la montaña, a
través de dos rieles que llegan hasta la carretera intermunicipal que
comunica a La Sierra con La Vega. La roca es sacada en volquetas y
llevada sin saber a dónde.
Diecisiete líderes amenazados y varias montañas carcomidas por la
dinamita son el resultado de la lucha que hoy libran comunidades del
Macizo Colombiano, para que mineros ilegales no sigan robándose el
oro y contaminando el agua.
Por: Edinson Arley Bolaños. ebolanos@elnuevoliberal.com. 20 julio
2014
Mientras, el pasado miércoles 10 de julio las autoridades capturaban
en el norte del Cauca a Parmenides Montero, administrador de la
mina San Antonio de Santander de Quilichao y al ingeniero forestal,
Miguel Ángel Álvarez, presuntos responsables de la muerte de más de
13 mineros que quedaron sepultados tras el derrumbe del entable
minero, en el municipio de La Vega, Cauca, varios líderes se reunían
para saber qué iban a hacer con los mineros paisas que están
dinamitando una montaña en la vereda El Recreo para extraer el oro.
Ni la geografía quebrada, ni la carretera destapada, ni mucho menos
las advertencias de la comunidad y la Corporación Autónoma
Regional del Cauca CRC, han impedido que continúen allí. La semana
pasada, cuando la comunidad nuevamente se reunió con el secretario
de Gobierno del Cauca para definir las acciones a seguir y oponerse a
la extracción del metal, un hombre se infiltró en el salón comunal y
fue sorprendido por uno de los comuneros. De inmediato tuvo que
2. confesar que era minero, mostrar su cédula, expedida en Timba,
Cauca, y quien manifestó querer escuchar qué se decía en la reunión.
Sin embargo, quien lo abordó le dijo que le llevara un mensaje a sus
compañeros: “a quienes lo mandaron aquí dígales que nosotros nos
oponemos a la minería”, sentenció el líder sindical, haciendo retirar al
individuo.
Dos horas después llegó la llamada. Era para el presidente de la junta
de acción comunal de la vereda El Recreo, Arley Guzmán, a quien le
manifestaron: “invertimos $80 millones en esa mina, o me responde
por la plata o me paga con la vida. Deje de joder que varias veces se
lo he dicho”, sentenció el sujeto, mientras el líder hoy evalúa la
posibilidad de salir del territorio.
Días después, dos personas se acercaron a la oficina de la Federación
Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro Popayán), con el
anuncio de que querían hacer parte de la organización porque ellos
eran pequeños mineros, y según su queja, “había un tal Oscar que no
los dejaba trabajar”, cuenta una líder de La Vega. Al día siguiente, a
quien se referían y buscaban era al excandidato a la Cámara de
Representantes por la Unión Patriótica y presidente de Fensuagro,
Oscar Salazar, quien recibió una corona de flores en su oficina y una
sentencia de muerte que sigue rondando su cabeza.
La disputa por la que se ha desatado todo este conflicto tiene un solo
nombre: la mafia de la minería ilegal. A diferencia de los municipios
del norte del Cauca, donde las retroexcavadoras son una mancha
amarilla en la cuenca del río Cauca, en el corazón del Macizo
Colombiano, lo que predominan son montañas carcomidas por la
explosión de la dinamita y dos rieles que se extendieron desde una
montaña de la vereda El Recreo hasta la carretera para bajar el
material extraído, donde un tanque de cemento recibe la roca que es
sacada en volquetas y llevada sin saber a dónde.
A la mina le llaman La Berna, y según el diagnóstico que realizó la
corporación ambiental del Cauca en abril de este año, es evidente la
afectación a la laguna El Guambial (parte alta de la mina), por la
filtración de sus aguas a las bocaminas, como consecuencia de las
actividades de perforación para la extracción del material. Igualmente
el informe señala que se afectó la cubierta vegetal con el uso de
explosivos.
La alerta para la comunidad es máxima. De esas aguas no solo se
surten los acueductos de cuatro corregimientos y más de ocho
veredas aledañas, sino que, montaña abajo el líquido corre hacia el
río Pancitará que posteriormente desemboca en el río Patía. Esto
conllevó a que la CRC, luego de la visita, suspendiera las actividades
en la mina hasta tanto no se haga un resarcimiento de los daños
ambientales ocasionados por la apertura de los túneles, y dictara una
3. medida preventiva contra la señora Claudia María Pérez Zapata,
oriunda de Medellín, quien, según constató la Agencia Nacional de
Minería, tiene una propuesta de contrato de concesión en ese predio,
para explotar minerales de oro y sus concentrados.
Y aquí viene la otra preocupación de las comunidades de La Vega,
pues no solo la minería ilegal amenaza la laguna El Guambial, sino
que esa solicitud que está activa, podría en cualquier momento entrar
en etapa de exploración, sin tener en cuenta que de esa agua beben
muchos pobladores de la zona.
En ese sentido, el pasado jueves en una reunión en la Gobernación
del Cauca, a la que estaban citados todos los alcaldes del
departamento, y a la que solo asistió el de La Vega, las comunidades
agrupadas en el Proceso Campesino y Popular de este municipio,
volvieron a exigir la demolición inmediata de la estructura de
cemento, que no solo permitiría que los mineros ilegales, de
procedencia de Antioquía y Chocó, reiteren su intención de seguir
extrayendo la tierra del Macizo Colombiano, sino también, porque
impediría que INVIAS continúe con las obras de pavimentación del
anillo vial de esta región.
En últimas, lo que también ha solicitado el Consorcio Consultores
AMV, encargado del mantenimiento de esta vía intermunicipal, es la
actuación del alcalde de La Vega, para iniciar el proceso de restitución
de la carretera que comunica a Rosas, La Sierra, La vega y San
Sebastián, toda vez que la obra, que está terminada, construyó una
tolva de uso minero e instaló unos cables que atraviesan la vía sin
ningún permiso de INVIAS.
Ante esta situación, la comunidad reiteró el descontento por la no
actuación del alcalde Jorge Octavio Guzmán, a quien el procurador
Regional instó a emitir el acto administrativo que ordene la
demolición de dicha estructura. “La decisión de demolerla está desde
hace algunos días, lo que sucede es que no tenemos el apoyo de la
fuerza pública para que haga el acompañamiento, de todas maneras
ya se está coordinando con ellos para que se desplieguen unas
unidades a la zona”, dijo el mandatario local.
No obstante, la molestia de las comunidades del Proceso Campesino
Popular de La Vega con el primer mandatario aún continúa, pues
como él mismo le reconoció a El Nuevo Liberal, sólo hasta el jueves
pasado se enteró, por boca de la Defensoría Regional del Pueblo, de
los 17 líderes amenazados en el último mes, y de los 78 casos de
desplazamiento que ha generado la minería ilegal durante este año
en ese municipio del sur oriente caucano.
La amenaza de las multinacionales
4. En medio de la amenaza de los mineros ilegales que continúan en la
zona, la comunidad de La Vega también ha tenido que lidiar con dos
empresas multinacionales que desde el año 2003 han adelantado
procesos de exploración, actividad que se ha intensificado desde el
año 2011 hasta la actualidad.
Las dos grandes mineras que pretenden llegar al corazón del Macizo
Colombiano son: Carboandes y Continental Gold, la primera tiene un
título, para explotar oro y sus concentrados, de 3625 hectáreas y la
segunda un título de 24.950. Ambas, según lo constatan oficios
intercambiados entre la Agencia Nacional Minera y las empresas, han
intentado desde el 2011 llegar a afianzar sus procesos de exploración
en la zona, sin embargo, el impedimento siempre ha sido el problema
de orden público y la presencia de grupos armados en estos
municipios.
En ese sentido, aunque parezca paradójico, un revés para estas
comunidades sería el proceso de paz, pues según ellos, una vez
desmovilizadas las guerrillas, las multinacionales entrarían al Macizo
Colombiano, catalogado por la UNESCO como reserva de la biosfera
por suministrar el 70% del agua potable que hoy consume el país.
Según documentos de la propia Continental Gold, uno de los siete
megaproyectos más importantes que desarrollarían en Colombia será
el que cobija los municipios de La Vega, Almaguer, Bolívar y Sucre, y
que se denomina proyecto Dominical. Según información de la propia
multinacional, en esta zona hay venosos sistemas de oro y plata, y el
terreno es muy similar al del proyecto Buriticá, en Antioquía. (Ver
mapa)
5. El otro proyecto es el de Carboandes. Abarca los municipios de La
Sierra y La Vega, y está concesionada un área de 3625 hectáreas.
Según documentos de la Agencia Nacional de Minería, la
multinacional desde noviembre de 2013 hasta noviembre de 2014,
tendría plazo para realizar la construcción y el montaje de los equipos
con los que iniciaría la etapa de explotación el 23 de noviembre de
2015. Sin embargo, aclara la Agencia de Minería, a mayo de este
año, “en el expediente no reposa acto administrativo ejecutoriado y
en firme de otorgamiento de la licencia ambiental al proyecto minero,
ni constancia de trámite, expedida por la autoridad ambiental
competente”, se lee en la evaluación integral del expediente que hizo
la Agencia Nacional Minera en mayo de este año.
Así las cosas, los desafíos que tiene el Cauca de cara a erradicar la
minería ilegal, son mínimos, comparados con los que tendrá que
enfrentar con multinacionales que pretenden explotar oro, plata y
otros metales, en un territorio que el propio gobierno nacional ha
denominado frágil, por sus características, e importante para la
conservación del agua: el Macizo Colombiano.
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