La concentración de la actividad económica por empresas transnacionales les permite actuar como una auténtica clase social internacional cuyo objetivo es defender sus intereses económicos frente al bien común. Desde hace años funcionan foros empresariales internacionales para influir en las instituciones internacionales

1. Pero ¿quién (des)gobierna este mundo?
La concentración de la actividad económica por empresas
transnacionales les permite actuar como una auténtica clase social
internacional cuyo objetivo es defender sus intereses económicos
frente al bien común. Desde hace años funcionan foros empresariales
internacionales para influir en las instituciones internacionales
Economistas Sin Fronteras - María Eugenia Callejón
27/06/2014 -
Entre los principales retos que se nos plantean en este mundo
globalizado, el aumento de la desigualdad debida a la creciente
concentración de la riqueza ocupa un lugar prioritario. El famoso lema
del movimiento Occupy, "Somos el 99%", implica que el 1% restante
de la población es la que concentra la riqueza. Pero esa cifra resulta
excesiva. En realidad, tan solo el 0,001% de la población mundial
(algo más de 100.000 personas) controla el equivalente a una quinta
parte del PIB mundial, según pone de manifiesto el informe sobre
el estado del poder 2014 de la organización Transnational Institute
(TNI). Esta concentración de la riqueza económica se corresponde
con un dominio cada vez mayor de las empresas transnacionales en
la economía mundial.
Si bien es cierto que los gobiernos siempre han ejercido su poder
político en beneficio de ciertos intereses, en la actualidad en muchos
casos son las propias transnacionales, a través de sus lobbies, las que
dictan leyes y regulaciones, incluidas las políticas industriales,
presupuestarias, financieras, laborales, sociales o medioambientales.
La concentración de la actividad económica por esas grandes
empresas transnacionales les permite actuar como una auténtica
clase social internacional cuyo objetivo es defender sus intereses

2. económicos frente al bien común. Pero además, buscan legitimar su
ejercicio del poder y acabar con conceptos como el interés público, el
estado de bienestar o el bien común.
Para ello, desde hace años están funcionando foros empresariales
internacionales para influir en las instituciones internacionales,
impidiendo o desmontando cualquier barrera regulatoria y sentando
las bases que faciliten su crecimiento. Por ejemplo, la European
Round Table of Industrialists (ERT), red de unas 50 grandes
empresas europeas que desde principios de los años ochenta
decidieron trabajar conjuntamente para dar forma a la política
europea y fomentar el desarrollo de un mercado interior
"competitivo", mediante una regulación (o desregulación) favorable a
sus intereses.
En el ámbito de las Naciones Unidas, las grandes empresas
transnacionales están posicionándose también en los debates sobre la
agenda del desarrollo. Su voluntad de participar activamente en
el rediseño de la gobernanza global se constata en las declaraciones e
iniciativas del Foro Económico Mundial o Foro de Davos (WEF, en sus
siglas en inglés), la mayor y más conocida asociación de líderes
empresariales del mundo desde la que se apuesta por un nuevo
sistema de gobernanza en el que los asuntos mundiales sean
gestionados no por los Estados, sino por alianzas formadas por los
grupos de interés (stakeholders), es decir, por las empresas
transnacionales, los gobiernos más poderosos, un grupo de
intelectuales escogidos y algunos miembros invitados de la sociedad
civil.
Esta apuesta por la concurrencia de los "múltiples agentes
interesados" (multistakeholderism) para definir las soluciones a los
asuntos globales está penetrando cada vez más el sistema de
gobernanza global. Como resultado, son las empresas
transnacionales las que están asumiendo el protagonismo, dado su
enorme poder al que difícilmente pueden enfrentarse otros actores,
como las organizaciones de la sociedad civil o incluso otros gobiernos
o los parlamentos nacionales.
Las grandes trasnacionales están participando, e incluso asumiendo el
protagonismo, en varios de los programas y procesos en marcha en
Naciones Unidas, en especial en los relacionados con temas tan
sensibles como la alimentación, el agua o la energía.
Ya desde 2002, a raíz de la Cumbre de Johannesburgo sobre el
Desarrollo Sostenible, se desarrolló un Plan de Aplicación que dio
lugar a cerca de 200 alianzas para el desarrollo sostenible, la mayoría
con la participación del sector privado empresarial. Del mismo modo,
desde la Secretaría General de Naciones Unidas se han promovido
alianzas específicas para acelerar el logro de los Objetivos de

3. Desarrollo del Milenio. La cuestión que se plantean numerosas
organizaciones de la sociedad civil es: ¿cómo se puede aceptar
financiación para la consecución de los ODM de transnacionales y sus
fundaciones mientras que sus políticas empresariales despojan de
derechos a grandes grupos de población?
Este nuevo modelo de gobernanza que se está imponiendo en
Naciones Unidas, y las soluciones propuestas, supone la imposibilidad
de debatir sobre modelos alternativos al actual, al incorporar al sector
privado empresarial como parte de la solución sin reconocer que
también es parte del problema. Además, se está produciendo una
drástica rebaja de los estándares de referencia de Naciones Unidas.
Por ello, desde la sociedad civil se reclama que Naciones Unidas
vuelva a asumir un papel central en la transformación para el cambio,
en lugar de legitimar la idea de que no hay alternativa a las
imposiciones del "libre mercado".
Entre los principales problemas que plantea este modelo de
gobernanza cabe destacar que la participación del sector privado
empresarial en el desarrollo implica riesgos, que son soportados por
el sector público, mientras los beneficios son para los inversores
privados y las empresas. El sector privado empresarial no asume
responsabilidades ni tiene obligación de rendir cuentas. Además,
existe un evidente desequilibrio de poder entre las partes, por no
hablar de la ausencia total de democracia en este nuevo modelo de
gobernanza global.
A pesar de todo ello, tanto estados comprometidos con el bienestar
de su población como organizaciones de la sociedad civil trabajan
para evitar esta situación. En estos días se ha celebrado el 26º
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
(CDH), en el que Ecuador ha liderado una iniciativa de 85 países
miembros para establecer un instrumento legal obligatorio que haga
cumplir a las empresas transnacionales con las normas relacionadas
con los derechos humanos y que sancione su violación en los
territorios donde dichas empresas llevan a cabo su actividad. Esta
iniciativa se enfrenta a la oposición, entre otros, de la Unión Europea,
Japón o Estados Unidos, países en los que tienen su sede muchas de
las transnacionales.
Por otro lado, numerosas organizaciones de la sociedad civil, tanto en
los países del Norte como del Sur, llevan a cabo campañas de
incidencia política y de sensibilización de la población sobre la
gravedad de la impunidad con que actúan las empresas
transnacionales, así como sobre sus planes para sustituir la
democracia por una gobernanza guiada por esas grandes empresas.
Ejemplo de ello es la campaña global " Desmantelemos el poder
corporativo", que reúne a más de 100 organizaciones de Europa,

4. África, América Latina, Norte América y Asia con el objetivo de
promover acciones de solidaridad entre movimientos sociales y redes
locales y nacionales para aumentar la visibilidad de las campañas
existentes sobre violaciones de derechos humanos por parte de las
transnacionales en todo el mundo.
Asimismo, se está generando entre las organizaciones y movimientos
sociales a ambos lados del Atlántico una amplia oposición al Tratado
Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP), que está
siendo negociado en la actualidad por la UE y Estados Unidos,
con amplia participación de los lobbies empresariales, mientras las
negociaciones se mantienen en secreto para el resto de la ciudadanía.
Entre los numerosos temas preocupantes que podría incluir este
Tratado se encuentra el llamado Mecanismo de Solución de
Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en
inglés), que permite a las empresas demandar directamente a los
estados en tribunales de arbitraje internacionales (creados ad hoc y
que escapan a cualquier control, pasando por encima de gobiernos y
sistemas judiciales nacionales) cuando esas empresas o inversores
consideren que ciertas medidas gubernamentales han afectado a sus
intereses como inversores. Las compensaciones a las empresas
pueden llegar a ser de miles de millones de dólares. Estos
mecanismos de solución de controversias están ya implantados a
través de numerosos acuerdos comerciales y de inversión bilaterales,
y existen numerosos casos de demandas por parte de empresas a
estados soberanos.
En la actualidad, la Comisión Europea tiene abierta, hasta el 6 de
julio, una consulta pública sobre el ISDS. Si bien esta consulta
consiste en un extenso documento de 44 páginas, con preguntas muy
técnicas y difíciles de contestar por no especialistas en inversiones,
varias organizaciones sociales consideran relevante contestar a dicha
consulta para mostrar a la Comisión nuestro desacuerdo, por lo que
han desarrollado una herramienta online que permite responder
individualmente a la consulta de manera sencilla. Esta herramienta
está disponible en la web www.no2isds.eu.
Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autora.