1. Libertad para los presos políticos en huelga de hambre y víctimas de la masacre en
Predio Marina Cué, Paraguay
La Vía Campesina Paraguay - conjuntamente con otras organizaciones internacionales y
nacionales - ha elaborado un pronunciamiento internacional solidarizándose con los presos
políticos de la masacre de Marina Cue el pasado 15 de junio en Paraguay, que están en huelga
de hambre y presentan un estado de salud muy delicado.
En la carta estamos solicitando a la comunidad internacional separar al fiscal como fiscal del
caso, la liberación de campesinos y campesinas imputados arbitrariamente, la entrega de la
tierra de Marina Cué a las familias afectadas por el conflicto de forma urgente, entre otros.
Es urgente comenzar a difundir este pronunciamiento a la comunidad internacional pero
necesitamos que otras organizaciones internacionales se sumen al mismo para darle más
fuerza política.
Por favor, apoyen este pronunciamiento con la adhesión de la organización internacional a la
que pertenece. Ustedes pueden dirigir su adhesión al siguiente correo de la CLOC - LA VÍA
CAMPESINA PARAGUAY: cloc.lvc.paraguay@gmail.com quienes recogerán las
adhesiones hasta el 22 de noviembre.
Adjunto encuentran el pronunciamiento internacional al que solicitamos su apoyo.
PRONUNCIAMIENTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS EN HUELGA DE HAMBRE Y
VÍCTIMAS DE LA MASACRE EN PREDIO MARINA CUÉ, PARAGUAY
Las organizaciones firmantes rechazan la detención que calificamos como arbitraria de:
Dolores López, Felipe Balmori, María Fani Olmedo Paredes, Juan Carlos Tillería,
Arnaldo Quintana Paredes, Adalberto Castro Benítez, Lucía Agüero, Alcides Ramírez,
Luis Olmedo, Nery Urbina; en la penitenciaría de Coronel Oviedo, departamento de
Caaguazú, Paraguay. Estas personas se encuentran en huelga de hambre desde hace 53 días en
señal de protesta por la falta de respuesta de las autoridades responsables del gobierno de
facto de Federico Franco.

2. Estas personas, a las que consideramos presos políticos, son víctimas de la masacre ocurrida
el día 15 de junio en la tierra mal habida de Marina Cué, en el departamento de Canindeyú, la
cual terminó con la vida de 11 campesinos y 6 policías. En su informe preliminar, la Misión
Internacional1 realizada del 5 al 11 de septiembre pasado, concluyó que la orden de
allanamiento de parte del juez de la ciudad de Curuguaty, José Benítez, fue improcedente y
provocó un desalojo de facto –que incumplió con todos los estándares de derechos humanos
aplicables– y el asesinato de campesinos y campesinas inocentes que buscaban acceder a la
tierra estatal para garantizar su derecho y el de sus familias a alimentarse.
Los diez presos políticos de Marina Cué son parte de un grupo de 54 personas que han sido
imputadas arbitrariamente con 7 cargos penales que incluyen: hecho punible de homicidio
doloso, homicidio en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave,
coacción e invasión. Sin embargo, de acuerdo a la citada misión internacional “se carece de
indicios mínimamente suficientes que permitan presumir la responsabilidad de las mismas en
los hechos que se les atribuyen. Incluso se ha llegado a incluir en la lista de personas
imputadas a algunas que ni siquiera estaban presentes en el lugar del conflicto, en base a un
antiguo listado de familias asentadas en el lugar.”2
Las organizaciones firmantes impugnamos el nombramiento de Jalil Amir Rachid como fiscal
encargado de la causa por su falta de objetividad y parcialidad en sus actuaciones, que atenta
contra los intereses de los/as campesinos/as imputados. De acuerdo al informe de la
Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), el papel del fiscal
es cuestionado por el hecho de negarse a investigar el papel de la fiscal Ninfa Aguilar en el
desalojo de facto ocurrido el 15 de junio, la falta de título de propiedad del agroempresario
Blas Riquelme y sus requerimientos a las autoridades sin fundamento legal, las torturas y
detenciones arbitrarias a campesinos y campesinas víctimas, el accionar de la policía después
de la balacera, entre otros.3 De acuerdo a dicho informe, el fiscal ha tomado declaración a
los/as imputados/as violando las garantías judiciales exigidas en el Código Penal al no
garantizar la traducción y hacer firmar a los imputados declaraciones que no fueron leídas en
el idioma guaraní, incumpliendo de plano con el derecho al debido proceso de los acusados.
De acuerdo con las reglas mínimas del debido proceso, el mencionado fiscal debería estar
inhabilitado para conocer de este caso específico, debido a un claro conflicto de intereses. En
efecto, Jalil Amir Rachid es hijo del ex senador y ex presidente del Partido Colorado, Bader
Rachid, amigo íntimo de Blas N. Riquelme, asimismo ex senador y presidente del mismo
partido, 4 quien además fuera gran terrateniente y propietario de la agroempresa “Campos
Morombí”, beneficiario de tierra mal habida y disputaba con el Estado, la tierra de Marina
1
FIAN Internacional, Campaña Global por la Reforma Agraria (Vía Campesina Centroamérica), el Grupo de
Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de
Cataluña, Radio Mundo Real (Amigos de la Tierra Internacional), ANAMURI (Vía Campesina Sudamérica).
Conjuntamente con organizaciones nacionales de Paraguay pertenecientes a la Vía Campesina: MCNOC, OLT,
CONAMURI, MAP, MCP y ONAI
2
Informe Preliminar Misión de Investigación Caso Marina Cué, 5-11 de septiembre 2012, Paraguay, página 6.
3
Informe Masacre de Curuguaty, Plataforma de estudio e investigación de conflictos campesinos (PEICC), pág.
173-174.
4
Informe Masacre de Curuguaty, Plataforma de estudio e investigación de conflictos campesinos (PEICC), pág.
154-155.

3. Cué. Mantener al fiscal como responsable del caso en estas condiciones es contrario a las
obligaciones mínimas del derecho internacional, asumidas por el Estado paraguayo.
Los imputados de Marina Cué llevan meses en prisión preventiva a pesar de que el fiscal no
ha aportado el menor indicio que pueda señalar que estos procesados podrían ser autores de
los hechos. Esto contraviene el artículo 242 del Código Procesal que establece como requisito
para la prisión preventiva que “existan hechos suficientes para sostener, razonablemente, que
es autor o partícipe de un hecho punible”. Así mismo esto incumple con el principio de
presunción de inocencia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional de
Paraguay. Resaltamos que, en caso específico, no es aplicable la reciente modificación del
artículo 245 del Código Procesal Penal que impide la aplicación del arresto domiciliario,
puesto que esta norma no se puede aplicar retroactivamente al hecho ocurrido previo a la
reforma.
Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes expresamos la necesidad de que la
comunidad internacional se exprese ante el gobierno de facto de Paraguay a fin de exigir a las
autoridades que cumplan con el derecho al debido proceso, mediante las siguientes medidas:
 Separar al fiscal de Jalil Amir Rachid como fiscal del caso Marina Cué y garantizar la
objetividad e imparcialidad en la investigación, eludiendo la presión que pudieran ejercer
sobre dicha investigación los hechos de índole política que acontecieron en Paraguay en el
mes de junio del año en curso;
 En cumplimiento del artículo 242 del Código Procesal y del artículo 17 de la
Constitución Nacional sobre presunción de inocencia, dictar la libertad y el
sobreseimiento de los campesinos y campesinas imputados arbitrariamente, Dolores
López, Felipe Balmori, María Fani Olmedo Paredes, Juan Carlos Tillería, Arnaldo
Quintana Paredes, Adalberto Castro Benítez, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Luis
Olmedo, Nery Urbina, en el caso Marina Cué, desvinculándolas definitivamente de los
procesos penales en su contra;
 Constituir, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo en Paraguay, una Comisión
Internacional de Observación a fin de acompañar la investigación de todos los crímenes y
diversas violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas cometidos
en el caso Marina Cué, para asegurar que se cumpla con las obligaciones internacionales
de derechos humanos del Estado paraguayo;
 Asegurar que se implemente el derecho a la alimentación de las comunidades
afectadas mediante la entrega de la tierra de Marina Cué a las familias afectadas por el
conflicto de forma urgente, así como el otorgamiento de una indemnización justa y
adecuada a las familias de las víctimas, acorde a sus necesidades reales.
19 de Noviembre 2012
Organizaciones firmantes
CLOC/Vía Campesina Paraguay

4. Fian internacional
Cátedra Unesco de DDHH UPC, España
Campaña Global por la Reforma Agraria
Radio Mundo Real – Amigos de la Tierra Uruguay
MNCI – Vía Campesina Argentina
CLOC/Vía Campesina Chile
Fian Paraguay