Mientras el juicio contra el dictador Ríos Montt por actos de genocidio toca a su fin, el Gobierno de Guatemala, presidido por Otto Pérez Molina -otro general retirado-, ha ordenado de nuevo al Ejército ingresar en los territorios indígenas para proteger las inversiones de las empresas transnacionales.

1. ¿Vuelve el Ejército a los territorios indígenas?
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
GUATEMALA.- Mientras el juicio contra el dictador Ríos Montt por actos de
genocidio toca a su fin, el Gobierno de Guatemala, presidido por Otto Pérez
Molina -otro general retirado-, ha ordenado de nuevo al Ejército ingresar
en los territorios indígenas para proteger las inversiones de las empresas
transnacionales.
Desde que tomó posesión de su cargo en enero de 2012, Pérez Molina ha
decretado dos estados de sitio. El primero de ellos, en el municipio de
Barillas (territorio q'anjobal, departamento de Huetenango) y el segundo en
los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, afectando al territorio del pueblo
xinka de Xalapán, entre otros. Estas decisiones desembocan en la ocupación
militar de decenas de comunidades, ocasionando numerosas violaciones a sus
derechos humanos.
Con fecha 4 y 5 de mayo de 2013, una delegación conformada por Autoridades
Ancestrales, representantes de diferentes pueblos y organizaciones indígenas,
campesinas, sindicales, medios de comunicación y de organizaciones no
gubernamentales, visitaron los municipios en los que se declaró el último
estado de sitio el pasado 1 de mayo (municipios de Jalapa y Mataquescuintla
del Departamento de Jalapa y los Municipios de Casillas y San Rafael las Flores
del Departamento de Santa Rosa). Tras la visita, emitieron un Informe
Preliminar de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos que
analiza la naturaleza de este instrumento legal y recoge los impactos que
proyecta sobre la población.
Es de reseñar que, tras las protestas y las dudas sobre su legalidad, el día 9
de mayo el Gobierno dejó sin efecto la declaratoria del estado de sitio,
para pasar a imponer en estos mismos municipios el estado de prevención,
manteniendo el mismo número de efectivos militares en los territorios, así
como el recorte de las garantías constitucionales.

2. Estados de sitio, o la “legalización de los peores abusos y las más
perniciosas arbitrariedades”
El estado de sitio representa un concepto equivalente al de estado de
guerra, otorgando a las fuerzas armadas facultades para el mantenimiento
del orden interno. Durante el mismo quedan suspendidos temporalmente los
derechos constitucionales de la población afectada.
El Relator Especial de las Naciones Unidas Leandro Despouy sobre los derechos
humanos y los estados de excepción, en su informe de 23 de junio de 1997,
indicó que, “en muchos casos, los estados de excepción se habían
transformado en el instrumento jurídico mediante el cual se pretendía
"legalizar" los peores abusos y las más perniciosas arbitrariedades”. En
efecto, casi ninguno de los regímenes de la época resistió a la tentación de
justificar su irrupción o mantenimiento en el poder a través de este accionar
represivo
Según señala el citado Informe de Verificación, “el decreto del estado de sitio
forma parte de una política de remilitarización del Gobierno de Otto Pérez
Molina, como soporte de la concesión de licencias a megaproyectos
extractivos"
En la Guatemala actual, esta nueva declaración de estado de sitio evidencia
la arbitrariedad con la que se trata de imponer el orden en territorios en
los que pueblos indígenas están protagonizando movilizaciones y
resistencias para exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
Derechos que, por otra parte, están recogidos en el Convenio 169 de la OIT, el
cual forma parte del ordenamiento jurídico guatemalteco.
Según señala el citado Informe de Verificación, “el decreto del estado de sitio
forma parte de una política de remilitarización del Gobierno de Otto Pérez
Molina, como soporte de la concesión de licencias a megaproyectos
extractivos enmarcados en un modelo de desarrollo inconsulto y destructivo.
Es importante mencionar, que desde su llegada a la primera magistratura, se
ha registrado un progresivo incremento a la represión, y se evidencia que los

3. destacamentos militares creados se ubican cercanos a las instalaciones de
los megaproyectos”.
El antecedente: el estado de sitio en Barillas
Durante el estado de sitio de Barillas, las comunidades denunciaron el
hostigamiento permanente de las fuerzas de seguridad del EstadoEn mayo de
2012, y a raíz de la movilización comunitaria contra la empresa Hidro Santa
Cruz (subsidiaria de la española Hidralia Energía), se declaró un estado de
sitio en el municipio, que duró 17 días. Durante el mismo, las comunidades
denunciaron el hostigamiento permanente de las fuerzas de seguridad del
Estado, que allanaron más de 30 viviendas, y que contaban con 50 órdenes de
captura contra líderes comunitarios. Durante los allanamientos se produjeron
agresiones sexuales y continuas faltas de respeto contra los y las pobladoras,
así como acciones contrarias a la cosmovisión maya, en una reedición de las
prácticas contrainsurgentes de los años 80.
Como resultado de esta ocupación militar fueron detenidos 14 dirigentes
indígenas, de los cuales 8 pasaron más de 8 meses en prisión
preventiva (siendo liberados finalmente en enero de 2013), sin que llegara
finalmente a celebrarse juicio alguno.
Puedes acceder a mayor información sobre este caso en el mapa "La Tierra se
defiende".
Un estado de sitio para defender los intereses de las mineras
Con fecha 1 de mayo de 2013 el Gobierno declara un nuevo estado de sitio en
los municipios de Jalapa y Mataquescuintla (territorio xinka) del
Departamento de Jalapa; y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores
del Departamento de Santa Rosa, durante treinta días.
La llegada de la mina San Rafael, propiedad de la empresa canadiense
Tahoe Resources al territorio xinka suscitó desde el inicio una decidida
resistencia por parte de las comunidades -muy especialmente, de las
mujeres- para defender sus territorios y sus bienes naturales, en ejercicio de

4. sus derechos colectivos. Frente a ello, la respuesta gubernamental se centró
en la persecución jurídica, la criminalización y la difamación de líderes y
autoridades ancestrales del pueblo xinka de Xalapán. En este contexto, se
produjo un aumento de la represión contra los dirigentes, que desembocó en
el secuestro de cuatro miembros del Parlamento Xinka, y en el asesinato de
Exactación Marcos Ucelo, el pasado 17 de marzo de 2013.
Frente a la resistencia comunitaria, la respuesta gubernamental se centró en
la persecución jurídica, la criminalización y la difamación de líderes y
autoridades ancestrales del pueblo xinka de Xalapán.
En el departamento de Santa Rosa, el ingreso de la empresa GoldCorp,
subsidiaria de Tahoe Resources, para la exploración de la mina El Oasis,
marcó el inicio en 2010 de la conocida como revolución de las flores:
“marchas silenciosas realizadas por la población desde el pueblo [San Rafael
las Flores] hasta la entrada de la mina, depositando flores para pedirles que
se retiren, a la vez que se realizan plantones frente a la embajada de Canadá
y las oficinas de la Minera San Rafael, para que respondan por los atropellos
de las empresas mineras de ese país”. Ante la nula respuesta por parte de la
empresa y de las administraciones, y de manera legal y pacifica, la población
decidió instalar un plantón (campamento) en un predio cercano a la mina para
impedir la continuidad de las obras.
Son estos hechos de resistencia los que han servido de excusa al Gobierno de
Pérez Molina para declarar un estado de sitio de dudosa legalidad -tanto, que
finalmente tuvo que desistir de él para convertirlo en un estado de excepción-
, que hasta el momento ha causado las siguientes violaciones de derechos
humanos, según el Informe de Verificación:
 Uso desmedido y desproporcionado de la fuerza (allanamientos de viviendas,
registros violentos, destrozos).
 Amenazas e intimidaciones a autoridades ancestrales y dirigentes sociales.
 Robos.
 Humillaciones contra las mujeres.
 Efectos psicosociales.
Estas prácticas causan un impacto enorme en las comunidades afectadas, que
observan cómo los mismos actores armados que desplegaron una cruenta

5. represión durante el conflicto armado vuelven a ocupar violentamente sus
territorios.
Y lo hacen, de nuevo, para defender unos intereses ajenos a los de los
pueblos de Guatemala.
Puedes descargar el informe completo aquí.