Consulta popular: democracia vs presidencialismo (Editorial. Revista R enero-marzo de 2011 - año 3 número 7)‏

R enero-marzo de 2011 - año 3 número 7

La consulta popular, Fernando López Romero,
Carlos Rojas Reyes. Los conflictos de la
“revolución ciudadana”, Mario Unda y Ellis
Bethania. El Sumak Kawsay, Floresmilo Simbaña.
Homenaje al Negro Chiriboga, Raúl Borja. Los
movimientos sociales y los gobiernos de
“izquierda”, Rosa Lucero. La resistencia árabe y
la estrategia imperial, Alejandro Moreano

R enero-marzo de 2011 - año 3, número 7

R, revista para un debate político socialista
año 3, número 7, enero-marzo de 2011
quito, ecuador

Cierre de la edición: 25 de marzo de 2011
Los artículos firmados reflejan el punto de vista de sus autores

Ilustraciones: todas las ilustraciones de este número, incluidas la tapa y la contratapa, son
grafitis de Jquatro en las calles de Quito.

Correspondencia, colaboraciones, opiniones, críticas, sugerencias, dirigirlas a:
R.la.revista@gmail.com
Casilla 17-03-856, Quito-Ecuador

Comité Editorial:
Ellis Bethania
Eduardo Castro
Fernando López Romero
Lucho Moreno Sambonino
Elizabeth Rivera
Floresmilo Simbaña
Mario Unda

Editor: Mario Unda

[2]


índice
R Editorial. Consulta popular: democracia vs. presidencialismo, p. 4
R “Confíen en mí…”. La consulta en tres escenarios
políticos,
Fernando López Romero, p. 7
R Precariedad de la política. Consulta popular 2011,
Carlos Rojas Reyes, p. 14
R El Sumak Kawsay como proyecto político,
Floresmilo Simbaña, p. 21
R Los conflictos de la “revolución ciudadana”,
Mario Unda y Ellis Bethania, p. 27
RMovimientos sociales y gobiernos de “izquierda”.
Los casos de Venezuela y Bolivia,
Rosa Lucero, p. 41
R La resistencia árabe y la estrategia imperial,
Alejandro Moreano, p. 55
R Homenaje a Jorge Chiriboga Guerrero,
Raúl Borja Núñez, p. 64

[3]


Editorial

Consulta popular: democracia
vs presidencialismo

El Presidente de la República llama a consulta popular con el objetivo de
fortalecer el ejecutivo por sobre los otros poderes del Estado, esto pone en
evidencia el carácter de la “revolución ciudadana” como un proceso cada vez
más centrado en un solo ciudadano.
Apelar al pueblo y pedir un voto de confianza para “meter la mano en la
justicia” no tiene fundamento constitucional, mucho menos democrático; por lo
tanto, las razones son enteramente políticas: demuestra una forma de gobernar
cada vez más autoritaria, que tiene la necesidad de manejar todas las
instituciones del Estado con el propósito de controlar a la sociedad. Los 180
juicios por terrorismo y sabotaje contra dirigentes sociales defensores de su
territorio en oposición a la minería; la criminalización de cualquier protesta
social; la persecución judicial en nombre de la majestad presidencial a quien
señale al presidente en la calle; la persecución y deslegitimación a dirigentes
indígenas, estudiantiles, sindicales; las acusaciones de traidores o de derechistas
y oportunistas a quienes discrepen con sus criterios y se planteen en oposición a
su proyecto;… todos estos son claros ejemplos de una forma de gobernar que
no reconoce ni siquiera el marco constitucional construido en los cuatro años de

[4]


su administración. Entonces preguntamos: ¿qué más estamos dispuestos a
permitir los ecuatorianos a nombre de mantener unas cuantas reformas?
Prometer al pueblo que con la extensión de la prisión preventiva y
limitando las medidas sustitutivas a la prisión; que con la reestructuración de la
Función Judicial desde la intervención directa del Presidente de la República;
que con la prohibición a las instituciones del sistema financiero privado para
tener participación en empresas de comunicación de carácter nacional; que
creando una instancia que regule los medios de comunicación, controlada por el
Ejecutivo; prometer que con todo esto se vayan a resolver los problemas graves
del país como la delincuencia, la injusticia, las deficiencias en los procesos de
juzgamiento o las desigualdades sociales es una verdadera demagogia.
Las medidas propuestas en la consulta popular buscan tener un impacto
ideológico sobre la opinión pública; con este fin no se repara en la violación de
derechos y principios establecidos en la Constitución, y a cambio ofrece
medidas que ya la historia ha demostrado como ineficaces.
Mantener en prisión sin sentencia a personas acusadas, limitar la
aplicación de medidas sustitutivas a la prisión (arresto domiciliario,
obligatoriedad de presentaciones periódicas ante el Juez, etc.) en casos de
delitos no graves solo incrementa la impunidad y la incapacidad de la
Administración de Justicia para resolver el problema de la delincuencia, y la
crisis del sistema de “rehabilitación social”. La acción de “meter la mano a la
justicia” por Presidentes ha sido un mecanismo muy utilizado en el Ecuador.
Dos casos tenemos presentes: con el gobierno de León Febres Cordero, en 1984,
cuando se desconoció la elección de magistrados de la Corte Suprema de
Justicia por el parlamento y se impuso otra Corte a su medida; y con la
tristemente célebre “Pichicorte” en 2004, impuesta por Lucio Gutiérrez. En
ambos casos se cambió de nombres pero se mantuvo el sistema. Sin enfrentar
las razones de la violencia, sin cambiar el carácter y el sistema de la
Administración de Justicia, no se cambia nada; todo es jugar con las
necesidades del pueblo.
En cuanto al monopolio privado de los medios de comunicación, la
Constitución, en su Art. 312, ya reglamenta la separación de las empresas de
comunicación y las instituciones del sistema financiero, por lo tanto lo que no
ha existido es una real voluntad política del gobierno para romper
definitivamente este monopolio. Considerando, además, que el Estado es uno
de los mayores contratistas de publicidad, es fácil entender que las intenciones
del gobierno son otras y no la democratización de la información. La normativa
para la regulación de la información es suficiente para establecer
responsabilidades, ¿no será que el pretendido Consejo de Regulación busque
controlar los procesos de comunicación social de los sectores populares?
El objetivo de la pregunta que tipifica como un delito el enriquecimiento
privado no justificado abre mucha polémica; la argumentación del Presidente
dice que es para investigar a algunos empresarios y burócratas que “se
enriquecieron de la noche a la mañana”. Si sólo ese fuera el objetivo, en la
Constitución ya consta, en el art. 233, el delito de “enriquecimiento ilícito”, pero
en cuatro años de revolución ciudadana no hemos visto ningún caso juzgado.
[5]


Introducir en la ley penal el “enriquecimiento privado no justificado” resulta un
concepto bastante impreciso; igual serviría para “juzgar” a un empresario que
haya amasado fortuna ilegalmente como a cualquier ciudadano (trabajador,
comerciante, profesional) que no lleve contabilidad o registro de sus bienes. Si
esto es así, estamos ante un proceso de endurecimiento de los mecanismos de
coerción del Estado y una anulación de lo social y de la democracia; hablamos
entonces de un proceso de des-ciudadanización, donde la capacidad social
desaparece para dar paso a un Estado autoritario.
No se trata de negar el derecho a la consulta como mecanismo de la
democracia, lo que está en juego es defender la posibilidad social de la lucha
política en contra de un Estado excesivamente controlador y abiertamente
autoritario, que ve a la organización y a la movilización social como amenazas.
Nuestra oposición es a los objetivos de Correa para concentrar mayor poder;
nuestra oposición es a la criminalización de la lucha social. Hacemos un
llamado a organizarnos, a crear procesos colectivos y a votar por el No.
¡No al autoritarismo, No a la criminalización de la protesta social, No a la
anulación del pueblo y su capacidad de decisión!
¡No, no, no…, diez veces No!

Comité Editorial de la revista R

[6]


“Confíen en mí…”
La consulta en tres escenarios políticos

Fernando López Romero

Propongo una mirada distinta sobre la Consulta, y acudo al recurso de
colocarla en tres escenarios, lo que significa considerar un entramado de
relaciones políticas y discursivas para cada uno de ellos. Se asume como
discurso, para esta reflexión, no solamente lo dicho, oralmente o por escrito,
sino también los gestos, los lugares, los símbolos y las acciones políticas 1.
La Consulta ha profundizado las contradicciones entre las distintas
tendencias del Movimiento Alianza País, con el progresivo e implacable ajuste
de cuentas del líder con sus subordinados. Él es el único que se considera
autorizado por la historia, seguramente con bendición papal incluida, para
tener “agenda propia”, con el líder máximo como el único con capacidad para
desarrollar las iniciativas políticas, y con la subordinación de las otras funciones
del Estado a su poder y sabiduría.

1No he querido cargar este texto con referencias de pié de página; asumo que compartimos con
los lectores buena parte de la información de sustento.
[7]


En el segundo escenario, se explora la convocatoria a la Consulta en el
terreno de la relación entre Rafael Correa con sus fieles, es decir con su
importante base electoral. Y en el tercero se ubica a la Consulta por fuera de la
base política correísta, catastrada y cuantificada, para pensar en ella en el marco
político general de la sociedad ecuatoriana, tanto hacia la derecha del gobierno,
como hacia su izquierda.

El 30s y la consulta popular
La convocatoria a la Consulta del próximo 7 de mayo es hija legítima del
30 de septiembre, cuando terminó de configurarse una situación política en la
cual la derecha más reaccionaria que se reconoce en Sociedad Patriótica y en los
dinosaurios de la represión de épocas pasadas (Lemos, Pazmiño y cía.), se aisló,
no solo de una parte considerable de la sociedad, sino que redujo sus
posibilidades representar políticamente y ser una real opción de poder para
importantes sectores empresariales. El 30 de Septiembre Lucio Gutiérrez se
quedó casi solo, sin las cámaras empresariales, sin el apoyo de buena parte de la
prensa, y en la vereda del frente de la oposición de derecha, mientras Jaime
Nebot, la figura política más representativa de esta tendencia, cruzaba la calle
para sumarse al coro de los defensores del “Estado de derecho”.
El 30S fue usado también para construir un frente internacional por la
democracia, al que han adherido desde Fidel Castro hasta Sebastián Piñera,
que ha impuesto el candado jurídico acordado en la decisión de UNASUR de
no reconocer a ningún gobierno que sea el resultado de un golpe de Estado.
Pero la consulta también es la hija bastarda de la muerte cruzada con la
que Rafael Correa amenazó en meses pasados a la Asamblea Nacional,
amenaza en la que incluyó a los asambleístas del gobierno, con quienes había
tenido choques desde la época de Montecristi, a quienes acusa, cada vez que es
necesario, de tener “agenda propia”. Fruto de esto es la separación de Ruptura
de los 25 y la derrota política definitiva de la línea participacionista en Alianza
País, que contemplan como el Presidente le disminuye poderes al Quinto
Poder.

Primer escenario: el líder y su movimiento político
Buena parte de la militancia que confluyó en Alianza País llegó desde las
luchas sociales y los colectivos ciudadanos. En ese contingente de la primera
hora, es posible reconocer tres grandes tendencias. La de antiguos izquierdistas
de distintas coloraturas pero similares trayectorias, que han jugado siempre a
saltar con garrocha o caer en paracaídas en los momentos de crisis de los
sectores dominantes y hacerse al arranche con pedazos del gobierno de turno.
De ellos quedan todavía bastantes, en la Asamblea Nacional y en el Gobierno,
como los Rodríguez y los Velasco, pero subordinados completamente a Rafael
Correa, sin expresión como tendencia autónoma, y muchos otros, como
antiguos comunistas, miristas, alfaristas y socialistas, haciendo el trabajo más
sucio en la división de los movimientos y sectores sociales.

[8]


Una segunda tendencia es la de aquellos que estuvieron mucho tiempo
ligados a las luchas sociales en las organizaciones populares, los movimientos
sociales, la iglesia de los pobres y las llamadas acciones e iniciativas ciudadanas.
Esta tendencia puede ser calificada como “participacionista”, por el énfasis que
puso en su momento en la organización social y en los mecanismos de
participación democrática. El giro autoritario a la derecha que se profundiza
cada día ha reducido los espacios para este sector. Nada más lejano a los
intereses y la mentalidad de Rafael Correa que algo que se parezca a una
democracia participativa, y tampoco quiere que exista mediación alguna en su
relación con su electorado.
La tercera tendencia, liderada por Alberto Acosta, más cercana a
expresiones como Ruptura de los 25 y a personas y colectivos de la clase
media tecnocrática, se arropó y expresó en las propuestas del neo
constitucionalismo. Para ellos la Constitución Política es la expresión de un
nuevo pacto social, por medio del cual podría construirse una nueva
institucionalidad y nuevas relaciones sociales. Desde esta perspectiva trabajaron
en la Constituyente de Montecristi donde colocaron el acento en el tema de los
derechos y las garantías.
Rafael Correa tuvo, desde el comienzo, la habilidad para no alinearse con
ninguna tendencia en particular, y para usarlas a todas, mientras consolidaba
su poder personal en el gobierno y tomaba las decisiones más importantes, en
diálogo directo con los grupos empresariales, y en el cálido seno de su más
íntimo círculo personal (Mera, hermanos Alvarado, Patiño), que en su inmensa
mayoría no proviene de las filas de la izquierda, ni de grupos o colectivos
ciudadanos.
El disciplinamiento progresivo y sin cuartel en las filas de Alianza País
ha hecho que el círculo más poderoso de la Revolución Ciudadana, donde se
decide todo lo importante, se estreche cada vez más, mientras crece la lista de
los apóstatas arrojados del templo. Esta ha sido la tarea de Doris Solís, quien ha
empujado la política de lograr esos consensos unánimes en apoyo a las tesis de
Rafael Correa…
La primera forma de relación entre las corrientes, tendencias e
individuos, y con Rafael Correa, en la euforia constitucionalista, se planteó en
medio del entusiasmo y la ilusiones compartidas, como una relación entre pares
y compañeros de un proceso; si estas relaciones no fueron completamente
horizontales, se desarrollaron durante un tiempo por lo menos en la creencia de
que existía algo parecido al centralismo democrático, con el “buró” como
representación del mismo, y con un Rafael Correa que declaraba a cada
momento no ser otra cosa que un instrumento de la Revolución. En este
momento circulaba la tesis de que el gobierno “estaba en disputa”, que sirvió
para encandilar e inmovilizar a muchos izquierdistas, ambientalistas, feministas
radicales, dirigentes sociales. Posteriormente, esta relación se materializó como
una suerte de “división del trabajo” en los distintos espacios o frentes: el
Ejecutivo, la Constituyente, la Asamblea Nacional, los gobiernos locales y las
organizaciones populares. Aquí se vio claramente que Rafael Correa tenía su

[9]


propio programa e imponía sus iniciativas, dejando a la vera del camino los
sueños de perro de tantos izquierdistas acerca del “gobierno en disputa”.
Ahora eso ya no existe; las relaciones en el interior de Alianza País son
verticales, unidireccionales y de sumisión absoluta. El juicio fallido al Fiscal
Pesántez, la elaboración, discusión y aprobación de las leyes, y la Consulta
expresan con claridad que Alianza País es solamente un capítulo renovado,
corregido y aumentado, de lo que el gobierno ha llamado insistentemente
partidocracia. Se trata de una nueva coalición gobernante que es portadora de
un proyecto económico primario exportador, importador y extractivista, con un
proyecto político modernizador del Estado, en el cual se ha concentrado el
poder en manos de un Presidente de la República verticalista y autoritario. Esto
elimina la idea de una Asamblea Nacional como espacio de construcción de
formas de consenso entre los distintos sectores políticos y sociales. Está claro
donde se definen y cómo se hacen las leyes y cuál es el papel de los legisladores
gobiernistas.

Segundo escenario: el líder y sus fieles
La relación de Rafael Correa con su base electoral-social, con “el pueblo
soberano”, es una relación patriarcal y vertical; concebida y practicada de arriba
hacia abajo, en la cual la palabra y los gestos del líder en esa misa de cuerpo
presente con homilía incluida que son las sabatinas, es complementada con la
mezcla de parábolas, cánticos, epístolas y declaraciones de fe comprometida
que emanan durante la semana de los mensajes oficiales, especialmente por la
radio y la televisión. Al comienzo de cada semana, y después de la misa mayor
de cada sábado, las cadenas nacionales codifican la información, y señalan a los
malos y a los buenos del momento en un libreto, que se repite y no parece
agotarse. La Consulta es el mejor escenario para reeditar en la mayor escala
posible el ritual de adhesión, lo que significa renovar los votos para mantener
vigente ese pacto de fe depositada por los de abajo en el de arriba. Estrategia
continua que le permite mantener la iniciativa política y extraer legitimidad en
el ejercicio continuo de las elecciones tipo plebiscitario; recurso utilizado por
otros gobiernos autoritarios de la región, como el de Alberto Fujimori. La
convocatoria por parte de Correa a la Consulta, con el mensaje emocionado
“confíen en mí”, le otorga un carácter plebiscitario en el cual las preguntas son
secundarias, y la discusión sobre su contenido parece destinada solo a ciertos
segmentos de la sociedad.
Más que en el propio contenido de las preguntas de la Consulta, que han
sido sometidas, siguiendo las formas legales, a jueces constitucionales
amenazados previamente y por si acaso…; más que en ello, decimos, es
necesario reflexionar sobre el uso de las formas presidenciales en la relación
con sus votantes. El mensaje más profundo, más íntimo, con mayor
complicidad, de Rafael Correa a la población, al “soberano”, es aquel en que le
pide depositar la confianza en un Presidente dispuesto todavía a mayores
sacrificios, para permitirle que arregle aquellas cosas que están mal. Un

[10]


Presidente que le pide al pueblo que le ceda su “soberanía” y la deposite en sus
manos como un cheque en blanco.
La Consulta se presenta entonces como un nuevo episodio del acto
repetido de pedir-ordenar que realiza el Presidente, cual padre proveedor,
dinámico, incansable, que esgrime sonrisas; ilustrado y pendenciero, que en la
mano izquierda lleva la antorcha encendida de la verdad política de ocasión, y
en la derecha el paquete, hasta ahora infaltable, de las obras redentoras. De
ganar en la Consulta, esta legitimidad política nacida de las urnas le
“autorizará” para profundizar el mandato autoritario y verticalista.
Enmarcada en esta autoridad paternal, la relación Presidente-electores
está planteada como pura reciprocidad: obras materiales y distribución de
dinero, a cambio apoyo electoral, confianza y fe. Esta base de apoyo, que hasta
el pasado reciente casi siempre votó por la vieja derecha, es impermeable a las
críticas, a las denuncias sobre irregularidades, corrupción y autoritarismo del
gobierno. En esa relación Rafael Correa despliega un discurso, que se desliza
desde el “hasta siempre comandante” y la alegoría nacionalista, hasta los
elementos más machistas, conservadores y racistas del rancio y vigente
discurso de la dominación. Desde la arenga encendida y el llamado de ese hijo
y hermano sincero que muchas mujeres y hombres del pueblo quisieran tener,
hasta el uso del lenguaje más furibundo, agresivo, demagógico e irrespetuoso.
Rafael Correa ridiculiza, remeda, arremete, provoca, descalifica, amenaza y
amedrenta. Se divierte a la vez que pacifica su conciencia. Mientras tanto,
favorece a los empresarios con obras de infraestructura como puertos,
aeropuertos, carreteras y caminos para abrir nuevas zonas de penetración
capitalista, todo esto en el marco de antiguos proyectos diseñados por el Banco
Mundial.
La relación con “el soberano” no es otra cosa que un nuevo reciclaje,
material y simbólico, de la vieja dominación. No existe un diálogo de doble vía
entre el mandatario y su base de apoyo; hay cortejo, adulo, simulación
compartida. Hay también rasgos de un profundo menosprecio, nacido de una
concepción católica conservadora de la moral adquirida en su temprana
militancia en los grupos de oración.
Este aspecto es el más peligroso de la Consulta: depositar, en nombre de
la revolución y de la democracia, las decisiones fundamentales en el líder
ungido-elegido-santificado, significa reforzar uno de los rasgos más negativos y
conservadores de la conciencia social. Con ese voto de apoyo a “mi presidente”,
como dice ya la campaña en marcha a través de los teléfonos celulares,
comienza y termina, como en los tiempos de la “larga y triste noche neoliberal”,
la democracia revolucionaria correísta: “Yo estoy arriba y me sacrifico
decidiendo lo mejor para ti; tú estás abajo dándome tu apoyo; entre tú y yo, otra
relación no es posible; y no hace falta…”.
Los proyectos de emancipación humana de la época de la modernidad
(es decir de la época marcada por el proyecto histórico y cultural que depositó
en el ejercicio de la razón la posibilidad para, desde este centramiento, decidir
sobre todo: sobre la economía, la política, la cultura, la vida individual y la
organización de la sociedad) en sus formas más revolucionarias apelaron a la
[11]


auto organización de los trabajadores constituidos en sujetos de su propia
historia. La razón, con su inmenso cargamento de esperanza, se erigía en
contraposición de la fe como creencia ciega en fuerzas exteriores al ser humano.
“No más salvadores supremos, ni César ni burgués ni Dios, nosotros mismos
realicemos nuestra propia redención” son las primeras palabras de “La
Internacional”. Mientras la fe, de raíz religiosa, no es sino la confianza ciega en
una autoridad exterior a las relaciones sociales, que decidirá por hombres, al
final de cuentas incapacitados para razonar y decidir por sí solos. La esperanza
fundada en la razón está asociada con la solidaridad, con los colectivos y
comunidades forjados en la resistencia. A diferencia de la fe pasiva en el líder
que decide por ellos, la esperanza es aquella espera activa y crítica, constituida
en el hombro con hombro y en el cara a cara de las relaciones más horizontales
que existen en las comunidades y en los movimientos sociales.
La esperanza es una mirada puesta hacia adelante. El mensaje
presidencial del “tengan otra vez confianza en mí” no alude a ese tiempo de la
espera activa, de la praxis humana construida alrededor de los fogones, en los
buses de las fábricas, en las esquinas, que camina por las calles, que se forja en
las plazas, en los calabozos, en las imprentas clandestinas y en las asambleas,
pensando a contra corriente, soñando con los ojos abiertos. La fe política que
invoca el Presidente a sus electores se profesa alrededor del televisor, en la
pereza mental y en la resignación del así debe ser, el Presidente debe tener la
razón, confiemos… No es sino, en escala mayor, otra cosa que la aceptación del
Mesías de turno que aparece en las crisis.
El discurso de Rafael Correa como apelación a la fe es un llamado a
desarmar la conciencia. ¿Dónde quedó la idea de la democracia participativa de
la que hicieron su bandera tantos fervorosos correístas de la primera hora? ¿En
qué cheque de quincena la abandonó, la mayoría? ¿Por qué ahora, se reduce
toda la política al voto del “tengan confianza en mí otra vez, estoy dispuesto a
servirles”? ¿Dónde quedan los instrumentos participativos e institucionales
santificados por la propia Constitución de Montecristi?

Tercer escenario: los no correístas
En un tercer escenario, la Consulta plantea también una serie de
cuestiones sobre la relación de Rafael Correa con el resto de la sociedad.
Contra aquellos sectores de la población ideológicamente conservadores,
con los cuales se ha confrontado desde el comienzo, el gobierno pretende otra
vez un despliegue de fuerza, que ratifique, en los mecanismos de la democracia
formal, quién manda. Pero, sobre esa base, sostiene e impulsa un proyecto que
se desliza cada vez más hacia la derecha…, mientras los sectores de esta
tendencia se encuentran en plena crisis de representatividad política, con Jaime
Nebot sospechosamente estático, con escasa presencia en los temas nacionales,
y más bien reducidos a su enclave guayaquileño.
El contenido fundamental de la Consulta resulta también un verdadero
aprieto para la derecha política tradicional, para la que responder no a las
reformas a la justicia resultará algo parecido a negar al padre y a la madre.

[12]


Rafael Correa, quien se apropió de buena parte del programa de la izquierda
año y medio antes de que arranque la campaña presidencial, despojaría a la
vieja derecha de una de sus banderas más importantes: la seguridad y el uso de
la fuerza para apoyar la modernización capitalista. La Consulta es de Correa,
pero las principales preguntas son de Jaime Nebot, como rezaba una caricatura
en la prensa, resume este enroque político hacia la derecha.
Ninguno de los sectores en los que se encuentra organizada la vieja
derecha política puede encauzar la posibilidad de un frente común de las
derechas en torno a una posición que diga no a todas las preguntas. El escenario
de un voto diferenciado significaría también jugar en la cancha, con el árbitro,
con la pelota y con las reglas de Rafael Correa. Tampoco parece posible, ni
deseable, que la oposición de la derecha y de izquierda confluya en una misma
iniciativa política, sobre todo porque las clases económicamente dominantes
parecen sentirse a gusto con el Gobierno de Rafael Correa que con un lenguaje
de izquierda se ha convertido en la mejor garantía del capital. Esto es evidente
en las inversiones a las que ha empujado al Banco del IESS en el sector de la
construcción, tradicionalmente dominado por la banca privada, especialmente
por el Banco Pichincha. Los proyectos de vivienda, eje de la propaganda oficial
en las últimas semanas, se realizan con el dinero de los trabajadores y
proporcionan enormes ganancias a las empresas privadas. El Banco del IESS
también es el soporte financiero de grandes proyectos de infraestructura y de
explotación petrolera.
Pero la Consulta también mueve a la sociedad. El escenario de las luchas
particulares, característico del período último, está siendo abandonado por los
sectores sociales, los movimientos sociales y la izquierda no subordinada, que
han retomado la reflexión sobre las tareas comunes y generales.
En la historia no hay jamás situaciones cerradas, y las convulsiones del
Magreb y del Medio Oriente lo vuelven a demostrar. Si Rafael Correa juega en
la Consulta con cartas marcadas, su estrategia también alienta la posibilidad de
activar las resistencias sociales que podrían terminar pateando el tablero…
Febrero 7/2011

[13]


Precariedad de la
política.
Consulta popular 2011
Carlos Rojas Reyes

1. Una aproximación a la precariedad social y política
La precariedad en Occidente, más aún en estos momentos de la gran crisis
del capitalismo, se expresa en el ámbito del trabajo. Precisamente trabajo
precario significa:
“…designa en particular el área del mercado laboral en la que no hay reglas fijas
para el empleo, el salario y la jornada de trabajo” 2.

2
Gerald Raunig: Mil máquinas. Breve filosofía de las máquinas como movimiento social, Traficantes de
Sueños, Madrid, 2008, p. 80.
[14]


La crisis tiene como una de sus manifestaciones centrales, el desempleo
que en países como España supera el 20%. Y junto con esto, la búsqueda
insaciable de trabajos parciales, mal remunerados, sin ningún tipo de protección
social.
Lejos de permanecer en el ámbito económico de las relaciones laborales,
el conjunto de la sociedad adquiere este carácter precario:
“… es obligado constatar que el espectro del fenómeno de la precarización se
extiende mucho más allá de las condiciones laborales: debido a la revocación del
empleo garantizado y estable.” 3
Aún podemos ir más lejos y decir que las condiciones generales de
reproducción de la vida humana terminan por ser precarias, desde el trabajo
hasta las formas de existencia personal, subjetiva, individual, sin olvidar las que
se refieren al deterioro acelerado del planeta por el calentamiento global. La
existencia de los seres humanos sobre el planeta se ha vuelto precaria:
“…ampliar su sentido hacia las dimensiones biopolíticas de la precarización
social y de la vida precaria…” 4
Y sobre todo insistir en que:
“La incertidumbre de las condiciones de trabajo, los modos irregulares de vida y
la omnipresencia de la precarización hacen que la ansiedad se difunda en todas
las situaciones sociales como un problema que ya no es solamente mental.” 5
Una democracia que se asienta sobre este carácter precario generalizado,
tiene que relacionarse con una masa cuyos intereses comunes son difíciles de
apreciarse, en donde las confluencias son problemáticas y aquello que se logra
emprender de manera coordinada siempre es frágil e inestable.
Una legimitidad basada sobre la precariedad siempre es provisional; y
por esto tiene que rehacerse una y otras, generalmente apelando a la opinión
pública, a los mecanismos plebiscitarios, al control cada vez más estricto de los
medios de comunicación, a la producción de una ideología que sustente la
sociedad capitalista a pesar de su crisis.
¿Cómo hacer política con esta masa precaria que fluye sin contención?:
“…dispersión, fragilidad, multitud: no representa una formación unificada,
homogénea u ontológica, sino que más bien se distribuye y dispersa en muchos
«puntos calientes»; y esto es así no sólo por su debilidad o incapacidad, sino
también por su discontinuidad geográfica, por su distribución en el espacio y por
la dispersión de su producción.” 6
Entonces, una masa precaria que se caracteriza por una dispersión que
dificulta el encuentro en un frente común; y, por otro lado, paradójicamente,
una multitud abierta a nuevas propuestas, a oponerse quizás con estrategias de
tipo anarquista, que quizás son las únicas que realmente funcionan en la época
en la que vivimos. (Aunque este no es el momento, se puede mencionar las
campañas de apoyo a Wikileaks con el tema de los papeles del departamento de
Estado norteamericano.)

3Ibid., p. 74.
4
Ibid., p. 76
5Ibid., p. 104
6 Id., p. 95.

[15]


“En la actual situación, la dispersión no tiene una connotación claramente
negativa, en el sentido de que obstruya todo tipo de trato social. Las condiciones
presentes apuntan más bien hacia una situación ambivalente, pues se
manifiestan en la falta de comunicación directa y también en las nuevas formas
de comunicación que en potencia existen en la dispersión” 7
Por eso se sostiene que: “…el precariado es un monstruo que no conoce el
sueño…” y que se halla en un estado de permanente agitación:
“Lo que encontramos a propósito del precariado es un devenir, un
cuestionamiento y una lucha constantes.” 8
Podemos concluir esta parte citando la consigna de una de las iniciativas
de las organizaciones que luchan contra la precariedad:
“¡Mayday, Mayday! Sin límites, no la precariedad, derrotemos a la nueva
desigualdad.” 9
Nótese la ambigüedad con la que se usa el término: Mayday, que en este
contexto es tanto señal de auxilio, de llamado a la lucha como referencia al día
del trabajo.

2. La precariedad de la democracia
A pesar de los años de democracia –desde 1979- su consolidación parece
cada vez más lejana e incierta. Hemos echado gobiernos abajo solo para ver
cómo otros peores tomaban el poder. El gobierno de Correa llega con esta
promesa de una democracia y se sostiene todavía en ella, porque las
experiencias de tumbar gobiernos están desacreditadas.
Sin embargo, la ampliación y consolidación de la democracia no asoma por
lado alguno. Por el contrario, como la mayoría de cosas en este país, se
contamina de la precariedad que lo atraviesa todo.
Esa inmensa masa de trabajadores informales, nombrados estadísticamente
como subempleados –casi la mitad de todos los ecuatorianos viven en esa
situación- hace que su lógica, que su forma de vida, penetre en todos las esferas.
Añádase a esta masa, alrededor de tres millones de ecuatorianos migrantes
cuyas condiciones de vida son igualmente precarias: salarios bajos sin
beneficios sociales, ilegalidad, sometidos a prejuicios racistas, golpeados por la
crisis del mercado laboral norteamericano y europeo.
El miedo colectivo se extiende cada vez más: desde la inseguridad en las
calles, en las carreteras hasta la fragilidad del empleo, de la subsistencia diaria,
del futuro mismo, busca un asidero político en un gobierno que canaliza cada
sábado su odio: hay que insultar a alguien para descargar ese inmenso
descontento de la gente con todo lo que pasa y que no encuentra responsables
concretos.
Son esos sectores la base social difusa y al mismo tiempo permanente de un
gobierno pequeño burgués, que moderniza el Estado mientras da palazos para

7 Id., p. 100.
8 Id,. p. 100.
9 Tomado de: http://www.euromayday.org/about.php

[16]


deshacer cualquier organización y movilización social, no importa en dónde se
origine. Y que, además, garantiza de la mejor manera la reproducción ampliada
del capital financiero.
Precariedad de la democracia que se muestra en el anuncio de que habrá
tantas consultas populares como sean necesarias. Esto desde luego sería
magnífico. En principio estamos a favor de convocar a que el pueblo se
pronuncie todas las veces que sean necesarias.
Se pretende, ante todo, deshacer los mecanismos democráticos, manipular la
constitución, alterarla para someterla a las necesidades inmediatas del poder,
cambiar la relación de fuerzas entre los poderes del Estado y negar el valor de
lo que el propio sistema ha creado: la maquinaria de la representación,
empezando por su Constitución.

3. Los orígenes del autoritarismo
Nos preguntamos, con desazón y malestar, por qué los gobiernos
democráticos tienden a volverse autoritarios, salvo por contadas excepciones.
Las respuestas más radicales suelen vincular estos procesos a las necesidades
represivas de control del movimiento de masas que evite la caída del sistema
capitalista.
Sin embargo, este no es el caso. Se tiene que reflexionar sobre los orígenes de
esta otra variante de autoritarismo. Intentemos algunas hipótesis provisionales
para el caso ecuatoriano:
1. El gobierno de Correa emerge en el momento de la derrota más profunda
del movimiento de masas en nuestro país, cuando el movimiento indígena que
había sido el último bastión de resistencia popular sale golpeado políticamente
de la coyuntura, sin lograr rehacerse como líder de la nación. Subido sobre esta
lógica, Correa se propone terminar por deshacer cualquier trama social
organizada incluso aquella que pudiera apoyarle.
Por esto, su modo de relación con el movimiento de masas originado en la
representación, se traslada rápidamente a la aclamación y sobre todo al vínculo
directo con los sectores populares. Sin ninguna mediación ni social ni política,
la única manera de aproximarse al pueblo es una forma autoritaria, en la
medida en que se apropia del conjunto de la representación social y política,
que queda secuestrada en una sola persona.
2. La estructura autoritaria de la sociedad ecuatoriana viene de muy lejos. El
presidencialismo si bien se refiere a un tipo de régimen, es en nuestro caso
mucho más que eso. Desde el presidente de la república hasta el presidente de
la junta parroquial se repite el mismo modelo autoritario, la concentración del
poder en una sola persona en detrimento de los mecanismos de representación.
La participación es apenas una palabra sin mucho contenido; y cuando
efectivamente se da, suceden dos fenómenos: por una parte, los términos de la
participación son impuestos desde arriba; y por otra, las decisiones de las bases
son ignoradas.
Y no solo la estructura social es autoritaria sino el conjunto de la sociedad
civil: desde la familia hasta el sistema educativo pasando por las iglesias, que es

[17]


en donde se forma la mentalidad autoritaria; hasta los otros espacios
pretendidamente más abiertos, como los culturales.
El autoritarismo del gobierno –y el hiperpresidencialismo– se levanta sobre
esta pirámide autoritaria que atraviesa el conjunto de la sociedad.
Hay una lógica perversa en la democracia burguesa: los procedimientos de
representación –todas las formas de elección- entregan al representante toda la
voluntad popular sin residuo; las formas de expropiación de la soberanía
popular parecen ser completas.
¿Qué de extraño hay, entonces, en esa resistencia al poder que penetra por
todos los poros de la sociedad ecuatoriana, aunque a veces se manifiesta en un
desistimiento, en una permanente huelga de brazos caídos?
3. La precariedad política a lo que me referí ya en el primer punto y que
puede resumirse como la exterioridad de más de la mitad de la población a los
procesos productivos y sociales formales.
4. El largo desgaste de la democracia burguesa en Occidente que no ha
logrado resolver los problemas cruciales de la humanidad, incluyendo a la
naturaleza que se encuentra en proceso de destrucción.
Y que en vez de ampliarse y profundizarse, se contamina con el
autoritarismo –e incluso con inicios de formas fascistas-, como es el caso de Irak,
Abu Grahib, el trato a los migrantes e indocumentados.
Ciertamente que cabe la pregunta: ¿hasta qué punto este desgaste histórico
de la democracia burguesa contamina a nuestra democracia?
5. Inexistencia de organizaciones políticas modernas en su pleno sentido:
con mecanismos de representación, vida interna, debate abierto, con una base
social debidamente estructurada y formada en una ideología definida.

4. Un modo plebiscitario de gobernar
Hay una serie de debates en el ámbito académico sobre este tipo de
gobiernos en América Latina. Una corriente grande sostiene que tienen un
carácter populista. Sin entrar de lleno en este tipo polémicas, una de las
cuestiones que se tienen que clarificar es la relación de estos gobiernos con las
masas.
En el caso del gobierno de Correa algunas cosas están bastante claras: el odio
feroz a cualquier tipo de organización social y política. Un doble discurso se
mantiene casi sin variación desde el origen del movimiento: se triunfa en base
de la crítica de la partidocracia y se batalla contra las dirigencias burocratizadas
de los movimientos sociales. En este segundo caso, se utilizan los errores de
estas dirigencias para golpear y desbaratar a los movimientos sociales.
Desde esa perspectiva, ¿cómo construir un partido aunque sea de gobierno,
cómo organizar a la base si se ha batallado todo el tiempo contra la
partidocracia? Un partido sin partido, en donde hay una sola figura, como en el
gobierno, que lo decide todo. Un movimiento en donde la organización de la
base social no importa, no está al orden del día, y que a lo mucho se conforma
como ser un aparato electoral.

[18]


Y, por otro lado, la imposibilidad de apoyarse sobre una base social
medianamente organizada. Quizás aquí yace la diferencia con el populismo, al
menos en su versión clásica. El populismo crea mecanismos que penetran
profundamente en la estructura social para controlarla desde dentro.
¿Cómo acceder, entonces, a la base social? El gobierno de Correa desde el
inicio tiene en los procesos electorales y de consulta uno de sus instrumentos
claves. A través de estos rehace su legitimidad, accede no solo “al poder, sino a
la gloria”, coloca los procedimientos de aclamación por encima de los de la
representación.
La consulta popular, más allá de los detalles específicos que se pueden
discutir, tiene como finalidad mostrar que todavía tiene la capacidad de ganar
cualquier elección que se ponga delante y desprender de allí el máximo poder
posible.
El modo de gobernar –en términos técnicos: el carácter del régimen–, es un
hiperpresidencialismo que se asienta sobre una forma plebiscitaria de gobernar.
Aquí hay un vínculo con el autoritarismo que se vuelve una característica
cada vez más presente en este gobierno: ya que las masas aprueban todo lo que
les consulto, ya que siempre votan abrumadoramente por “mí”, puesto que mi
popularidad no baja del 70%, estoy “yo” autorizado a todo, sin importar las
estructuras de la democracia. “El Estado soy yo”.
Concretamente el gobierno ataca dos frentes: uno que hasta ahora se le
escapa y que viene del pasado, que es la justicia; y el otro que no termina por
ser derrotado: la prensa.
Se trata de reorganizar las cortes proponiendo un mecanismo en donde el
ejecutivo directamente y a través de las instancias que controla, tendrá el poder
completo. De esta forma, se rehará la justicia a lo largo y ancho del país desde el
palacio de gobierno. Quizás en ese momento la democracia haya terminado en
Ecuador.
Y contra la prensa que sigue pataleando, que constituye todavía un refugio
de la oposición burguesa. Una parte de los medios de comunicación ya fueron a
aliados del gobierno. Otra todavía está en manos del Estado. Y no se ve por
ningún lado aparecer una prensa independiente, alternativa o popular.
Así que esta consulta popular se origina tanto en necesidades estructurales
del régimen como aspectos coyunturales. Entre estos últimos están los hechos
del 30S.

5. Los efectos del 30S
Más allá de las interpretaciones específicas del levantamiento de la policía
del 30 de septiembre, se puso de manifiesto que el gobierno, a pesar de su
fortaleza, era vulnerable. Aunque hubo pocas probabilidades, hasta era posible
su caída.
La opinión pública estuvo en contra de cualquier cambio de gobierno de
manera mayoritaria. Sin embargo, no se observaron movilizaciones masivas a
favor del régimen; y algunas que se organizaron fueron tardías y poco

[19]


importantes. El gobierno rehace rápidamente su apoyo en las encuestas y al
parecer “sale fortalecido”.
En la medida en que es un gobierno que se sostiene en los mecanismos
plebiscitarios antes que en las fortalezas de la representación, el 30S significó un
golpe importante. Se desnudó en la contradicción que le atraviesa: un enorme
apoyo y popularidad por un lado, y por otro la imposibilidad de la
consolidación política y social del proyecto. Al final pudimos ver que tenía pies
de barro.
La consulta popular planteada por el gobierno también tiene esta finalidad:
rehacer en la base social la imagen de “invencible” en cualquier contienda.
Necesita de un baño de popularidad, de un gesto masivo de aclamación en las
urnas, que borre en los ecuatorianos la memoria del 30S.
El 30S le mostró al gobierno que el control de la justicia era insuficiente y
que necesitaba su supeditación total; y que a pesar de todo, se le escaparon
algunos medios de comunicación, que dieron otra versión del levantamiento
policial.
Se quiere, entonces, cerrar una brecha abierta que muestra la fragilidad del
gobierno, que le hace depender casi exclusivamente de la opinión pública, de
las encuestas, de la capacidad de controlar los medios de comunicación y ahora,
la justicia.

6. La consulta: una oportunidad para todos
La consulta popular no solo es una oportunidad para el gobierno; es una
oportunidad para todos. Se abre un período de politización, de campaña
electoral, de posibilidad de incidir sobre el electorado. Aunque será difícil por la
capacidad del gobierno de control sobre los medios de comunicación, se puede
crear un espacio de educación política de las masas, de reflexión, de cambiar la
relación de fuerzas con el gobierno.
La justicia, y las cortes, siempre fueron un tema sensible para los
ecuatorianos. Algunos gobiernos cayeron al intentar el manipular la justicia. No
sabemos en qué medida este elemento sigue presente. Sin embargo, hay que
apelar a esa memoria histórica y organizar el discurso en torno a este eje:
impedir por todos los medios el secuestro de la justicia por el gobierno de
turno.
De igual manera, la consulta crea el espacio político para la construcción de
las fuerzas políticas hacia la izquierda del gobierno, que se muestren como una
alternativa de defensa de la democracia, que impidan que la justicia caiga en
manos de la “nueva partidocracia”, en este caso del partido de gobierno.

[20]


El Sumak Kawsay
como proyecto político
Floresmilo Simbaña

El Sumak Kawsay es uno de los conceptos que provoca amplios debates tanto
en ámbitos académicos como políticos. Esta irrupción no se debe únicamente a
que forme parte de la estructura normativa de las Constituciones de Bolivia y
Ecuador, sino también porque fue uno de los discursos fundamentales que le
permitió al movimiento indígena y otras organizaciones sociales enfrentar al
neoliberalismo.
Pero si queremos acercarnos a una definición, obligadamente tenemos
que remitirnos a la memoria historia de los pueblos originarios, pues de ella
viene; por lo que es en la combinación de estos dos procesos o tiempos en
donde se deben buscar los elementos que nos posibiliten una mejor
comprensión. Es preciso tener presente esto para no caer en el común absurdo
de mostrar al Sumak Kawsay como una noción más bien cuantitativa, donde se
amontonan, como si de una caja vacía se tratase, derechos, políticas, pautas
morales y todo lo que se nos ocurra poner para mostrarnos amplios y originales
y así asegurar que el Sumak Kawsay es “la satisfacción de las necesidades, la
consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el
[21]


florecimiento saludable de todos, en paz y armonía con la naturaleza, para la
propagación de las culturas humanas y de la biodiversidad” 10.
Este debate está determinado por las circunstancias políticas del proceso
constituyente del 2008 y el subsecuente proceso postconstitucional,
caracterizado por las políticas adoptadas por el gobierno de la revolución
ciudadana para la edificación del nuevo marco jurídico e institucional del
Estado y su modelo económico. En él, el movimiento indígena y el gobierno
nacional enfrentan sus argumentos y propuestas, que en ningún momento se
reduce a “una pelea por celo político”, menos aún por “defender espacios y
privilegios” como aseguran funcionarios gubernamentales. Lo que está en juego
son visiones distintas de propuestas que permitan enfrentar el modelo
capitalista y construir un proceso revolucionario.

Sumak Kawsay vs. neoliberalismo
Desde una perspectiva histórica el Sumak Kawsay subsistió en la
memoria histórica de las comunidades indígenas de la región andina como un
sentido de vida, una ética que ordenaba la vida de la comunidad. Pero en
tiempos de los Estados originarios no solo servía para organizar la comunidad,
sino toda la sociedad, incluido el Estado. Ésta última característica, obviamente,
no sobrevivió tras la destrucción de los Estados precolombinos con la conquista
y la colonia. El Sumak Kawsay fue rescatado y practicado por las familias, el
ayllu: la comunidad. Los actuales movimientos indígenas retomaron y
reivindicaron este principio como perspectiva ética-civilizatoria.
Y es justamente de aquí de donde se toma para su actual elaboración
como proyecto político. Durante los años de ajuste estructural, la resistencia anti
neoliberal se concentra en la lucha contra los tratados de libre comercio. La
movilización cuestiona el discurso neoliberal que se presenta como una
respuesta definitiva a la crisis permanente de Latinoamérica mediante la
entrada incondicional al mercado mundial y la globalización. Para los
neoliberales era el único camino posible para el progreso y desarrollo. Este
discurso, además de sus referencias y promesas de libertad y democracia, hacía
énfasis en un modelo económico de abundancia y de libre acceso a la
modernización tecnológica, de flujo de alimentos, etc.
Este discurso es el que el movimiento indígena y campesino tuvo que
denunciar y combatir y alrededor del cual desplegó sus propuestas alternativas;
elementos para un modelo de economía opuesto a la ofrecida por el
neoliberalismo. En el caso ecuatoriano, las propuestas se movieron desde lo
económico a lo agrario y desde aquí hacia la soberanía alimentaria y la reforma
agraria como condición indispensable para un modelo económico contrario al
presentado por el capitalismo. Pero la idea de una reforma agraria como base
de la soberanía alimentaria no podía repetir las experiencias de las reformas de
los años 60 y 70 del siglo pasado, y tampoco las experiencias realizadas por los

10René Ramírez Gallegos: Socialismo del sumak kawsay o biosocialismo republicano. En
Socialismo y Sumak Kwsay, los nuevos retos de América Latina. SENPLADES, Quito, 2010,p.
61
[22]


antiguos procesos socialistas. En esta necesidad de nuevas respuestas es que el
concepto que subyacía en la memoria y en el espíritu de los pueblos indígenas
se transforma en proyecto político: hablamos del Sumak Kawsay.
Así es como actualmente el movimiento indígena ecuatoriano promueve
su propuesta de construir el Estado Plurinacional, mediante una revolución
agraria para el Sumak Kawsay.
Estas propuestas: la Plurinacionalidad y el Sumak Kawsay, se
desarrollaron al calor de la resistencia contra el neoliberalismo, y su fuerza y
asimilación social fue tal que en este nuevo periodo marcado por el gobierno de
Rafael Correa, sobre todo en la Asamblea Constituyente, no tuvieron otra
alternativa que asumirlos y consagrarlos en la nueva Constitución y en los
discursos del gobierno.

Elementos para una conceptualización
El fundamento capital de la filosofía occidental es concebir al ser humano
como entidad separada de la naturaleza: una sociedad es más civilizada
mientras más alejada está del mundo natural; tener cualquier percepción o
relación con la naturaleza como vínculo activo era prueba de su barbarismo. La
naturaleza es concebida como contraposición a lo civilizado, a lo humano, a la
razón; por lo tanto, hay que controlarla y someterla como mero objeto de
dominio y máxima fuente de riqueza.
Fuera de la órbita occidental, e incluso dentro de ella, otros pueblos
tuvieron, tienen, otras concepciones. Para ellos, para alcanzar niveles altos de
civilización necesariamente tenían que estar ligados a la naturaleza, porque no
podían entenderse fuera de ella: sociedad y naturaleza eran-son una totalidad;
por lo tanto, concebirse “parte de” no es sinónimo de barbarie. Este es el caso de
los pueblos originarios de América; para estos pueblos, Abya Yala no era un
continente rico en recursos naturales, sino la “tierra de abundante vida”, de ahí
que la naturaleza no era un recurso, sino la Pachamana, la “madre” de todo lo
existente.
El Sumak Kawsay es un concepto construido históricamente por los
pueblos indígenas de lo que hoy conocemos como área andina de Sudamérica.
Hace referencia a la consecución de una vida plena, un vivir bien; pero, para
que esto sea posible, la vida de la naturaleza y de la sociedad deben regirse bajo
el principio de la armonía y el equilibrio: “en armonía con los ciclos de la Madre
Tierra,… de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia” 11.
Esto involucra la dimensión social, cultural, económica, ambiental,
epistemológica, política, como un todo interrelacionado e interdependiente,
donde cada uno de sus elementos depende de los otros; la vida humana no
puede pervivir sin la naturaleza. Por eso, dentro del Sumak Kawsay subyace el
concepto de Pachamama, que hace referencia al universo, como la madre que
da y organiza la vida. Por lo tanto, garantizar el Buen Vivir de la sociedad,
implica considerar a la naturaleza como “sujeto”.

11Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI. Buen Vivir-Bien Vivir, Filosofía,
Políticas, Estrategias y Experiencias Regionales Andinas. CAOI. Lima-Perú. 2010. Pág. 34.
[23]


Bajo esta perspectiva, el Buen Vivir, no depende del desarrollo
económico, como dicta el capitalismo, mucho menos del crecimiento económico
exigido por el neoliberalismo; pero tampoco del extractivismo. Depende de la
defensa de la vida en general. Por lo tanto, el Sumak Kawsay no es una
referencia moral individual o idea abstracta o bacía, como algunos funcionarios
gubernamentales intentan imponer: “El sumak kawsay implica mejorar la calidad
de vida de la población, desarrollar capacidades y potencialidades; contar con
un sistema económico que promueva la igualdad a través de la redistribución
social y territorial de los beneficios del desarrollo”12. Para ellos, el Sumak
Kawsay se reduciría a “redistribuir los beneficios del desarrollo”, por lo tanto
no sería necesario cambiar de modelo ni destruir las estructuras reales que lo
sostienen. Pero algunos son más audaces, pues intentan convencernos que es
una referencia moral individual, pues se sustentaría “no solo en el «tener» sino
sobre todo en el «ser», «estar», «hacer» y «sentir»: en el vivir bien, en el vivir a
plenitud” 13.
El Sumak Kawsay, como sistema, del brazo de los derechos de la
naturaleza exige una reorganización y nuevos enfoques en el modelo político-
económico, lo que transforma a su vez no sólo a la sociedad, sino, y sobre todo,
al Estado.
No se puede pensar en sostener, o lo que es peor expandir, la explotación
petrolera, minera y de otros bienes naturales bajo la promesa de una
redistribución y una mayor participación estatal y no darse cuenta de que con
ello se sigue debilitando la economía social de los pueblos. En el caso
ecuatoriano, el modelo aplicado por la revolución ciudadana está demostrando
que en último resultado termina asentándose en la sobreexplotación de la
naturaleza, manteniendo el vigor de las economías no productivas (financiera y
comercial) y potenciado otras nuevas como los agronegocios y agroalimentos,
que son las economías que más dinámica de crecimiento tuvieron en los cuatro
años del gobierno de Rafael Correa, concentrados además en dos grandes
monopolios. Como es obvio, esta “nueva realidad” agrava los conflictos
sociales.

Lo Comunitario en el centro del Sumak Kawsay
Lo comunitario es el elemento capital de la propuesta de la
plurinacionalidad, por ende del Sumak Kawsay.
Existen por lo menos dos entendimientos de este concepto (y de esta
realidad). Por un lado, es visto únicamente como una forma de organización
social de un segmento reducido y marginal de la sociedad, básicamente rural,
que se adopta como estrategia para acceder a bienes (tierra) y/o servicios
(agua potable, vías de comunicación, etc.), pero que es anacrónico e ineficiente
para gestionar, administrar y para la reproducción socioeconómica; así que, en
última caso, se le reconoce un valor cultural aún vigente. Dentro de este

12Ana María Larrea: La disputa de sentidos por el buen vivir como proceso contrahegemónico.
Socialismo y Sumak Kwsay, los nuevos retos de América Latina, cit., p. 22.
13René Ramírez Gallegos, ob. cit., p. 61.

[24]


enfoque, no tiene cabida lo comunitario en tanto sistema político, económico,
cultural y jurídico. De ahí que el Estado le reconozca un débil respaldo
institucional.
En el Ecuador, ese fue el pecado original de la legislación. Desde la
primera ley de comunas, de 1937, se afirmaba un extendido entendimiento
administrativo, con leves referencias a la propiedad y sin ningún
reconocimiento de autogobierno social. Con las leyes de reforma agraria de
1964 y 1973, la lógica fue la misma: se hacía una mención abstracta, meramente
administrativa de la propiedad comunitaria. Pero en las políticas públicas
concretas se promovía el cooperativismo primero, luego la “libre asociación de
productores individuales”, que en épocas neoliberales, sobre todo con la Ley de
Desarrollo Agrario -1994-, dejó en indefensión a las comunas, que se vieron
obligadas a adoptar, o “transformarse” en, otras formas organizativas como
medida de subsistencia.
Pero esta manera de concebir y “reglamentar” lo comunitario no
provocó, a su pesar, el fin de su existencia y de su pertinencia histórica: ni de lo
comunitario, menos aún de lo indígena.
Aquí, entonces, surge la otra visión, aquella dada por las propias voces
de los pueblos indígenas. Según escribe Luis Macas 14, uno de sus dirigentes más
destacados, la comuna es una de las instituciones vertebradoras “en el proceso
de reconstrucción de los pueblos y de las naciones ancestrales […,] que se han
establecido a lo largo de [la] historia y cuya función primordial es la de
asegurar y dar continuidad a la reproducción histórica e ideológica de los
pueblos indios. Para nosotros”, continúa Macas, “la comuna es la llacta, o el
ayllu o jatun ayllu. La comuna es la organización nuclear de la sociedad
indígena. Desde nuestra comprensión, la institución de la comuna constituye el
eje fundamental que articula y da coherencia a la sociedad indígena”.
Como podemos ver, desde este enfoque la comuna y/o lo comunitario
no se reducen a un instrumento puntal o circunstancial, sino que va mucho más
allá: abarca más ámbitos de la vida, va desde lo material, hasta lo histórico y
subjetivo (lo cultural y lo espiritual), “es la base fundamental de concentración
y procesamiento cultural, político social, histórico e ideológico”.
Siguiendo a Luis Macas, en el espacio comunitario se recrea los siguientes
principios:
a. La reciprocidad
b. Un sistema de propiedad
c. La relación y convivencia con la naturaleza
d. La responsabilidad social
e. Los consensos
Estos principios son normas éticas y prácticas de convivencia y de relaciones
colectivas e individuales: imaginarios, ideología, el “deber ser”; es el “centro
articulador de la cosmovisión indígena” y de la identidad; son parámetros
cognitivos, pero también son modelos concretos y defendidos en abierta

14Luis Macas: “Instituciones Indígenas: La comuna como eje”; en: Boletín ICCI Ari Rimay.
Quito. 2000.
[25]


contradicción con el liberalismo capitalista y sus paradigmas de progreso y
desarrollo.
Por eso el comunitarismo es uno de los principios organizadores del
proyecto político de la organización nacional de los pueblos y nacionalidades
indígenas del Ecuador, CONAIE. En un importante documento, redactado en
1994 y revisado en el 2007, podemos encontrar la siguiente definición:
Las Nacionalidades y los Pueblos indígenas históricamente hemos construido y practicado
milenariamente el modo de vida comunitario.
El comunitarismo es el principio de vida de todas las Nacionalidades y los Pueblos indígenas,
basados en la reciprocidad, solidaridad, igualdad, equidad y autogestión. Por lo tanto, para
nosotros, el comunitarismo es un régimen de propiedad y sistemas de organización
económica y socio-política de carácter colectivo, que promueve la participación activa y el
bienestar de todos sus miembros.
Nuestros sistemas comunitarios se han ido adaptando históricamente a los procesos
económicos y políticos externos; se han modificado, pero no han desaparecido, viven y se los
practica en las Nacionalidades y Pueblos indígenas cotidianamente, dentro de la familia y la
comunidad.
El modelo sociopolítico que propugnamos, es una Sociedad Comunitaria e intercultural. En
el nuevo Estado Plurinacional se reconocerá y fortalecerá la propiedad familiar, comunitaria,
pública y su economía se organizará mediante formas comunitarias, colectivas y familiares.
Como podemos ver, el Sumak Kawsay no es un concepto que se puede
entender por sí mismo, necesariamente está unido al de Plurinacionalidad y
éstos se encuentran directamente ligados a lo comunitario, que es la base
constitutiva de ambos.

[26]


Los conflictos de la
“revolución ciudadana”
Mario Unda y Ellis Bethania

Del año 1 al año 4
En los primeros días de 2011 se cumplieron ya cuatro años de la “revolución
ciudadana”, el período de mayor estabilidad política desde 1996. Cada uno de
ellos ha ido marcando el recorrido del proceso iniciado en enero de 2007 con la
posesión presidencial de Rafael Correa (o incluso antes: en noviembre de 2006,
cuando Correa ganó la segunda vuelta presidencial).
2007 fue el año de la Constituyente, año de expectativas y de conflictos
con las derechas; detrás de unas y de otros se obscurecieron para muchos las
contradicciones que comenzaban a manifestarse con los movimientos sociales
(por ejemplo, alrededor de la minería y de la respuesta represiva del gobierno a
las movilizaciones). 2008 fue el año de la aprobación de la nueva Constitución,
cuando las expectativas comenzaron a mezclarse con las realizaciones y parecía
lícito dejar en segundo plano aspiraciones de reformas más profundas para
cuidar “lo que se había alcanzado” y tolerar el sacrificio de algunos en aras del

[27]


interés general (por ejemplo, la proscripción de la organización y de la lucha de
los trabajadores públicos). 2009 fue el año de la ratificación, la segunda elección
de Correa y la promesa de “radicalización de la revolución ciudadana”; pero
fue también el año en que la crisis del capitalismo mundial inspiró al gobierno
políticas que fueron el inicio de los rumbos por donde iba a caminar la
radicalización: por la vera de los intereses generales del capital. 2010 fue el año
en que quedaron evidenciados los distintos componentes de su propuesta y su
verdadero sentido: un proyecto de modernización capitalista enfrentado a los
movimientos sociales; pero también fue el año en que quedaron evidenciadas
sus debilidades: los límites políticos de la vía conservadora de modernización, y
las debilidades sociales, pues, a pesar de todo, no ha logrado movilizar más que
un consenso pasivo en respaldo a su gestión.

2010: el balance del gobierno y algo más
En reunión con su gabinete ampliado, el presidente hizo un balance de
los cuatro años de su gestión 15. Lo considera positivo básicamente por tres
razones: a) por haber logrado estabilidad política (vinculada a los altos índices
de popularidad del gobierno y a una mayor participación del pueblo en
continuadas elecciones), b) por haber “recuperado el Estado” (en concreto: sus
capacidades de “rectoría”, planificación y control, y la coordinación y
coherencia de la acción del Ejecutivo), y c) por haber multiplicado la inversión
social.
Pero hay un elemento adicional, que no es visible en la autoimagen del
gobierno ni en su discurso: durante el año 2010 ha reordenado su campo de
alianzas, sobre todo las alianzas sociales. Lo más significativo es el acercamiento
con los gremios empresariales, lo que ha podido hacer con ocasión del Código
de la Producción, a través del cual el gobierno quiere presentarse como el
representante de los intereses generales del capital, ofreciéndole unas
adecuadas condiciones para la acumulación. Del otro lado, los gremios
empresariales también han comenzado a cambiar su discurso frente al gobierno:
de la confrontación inicial, han pasado a señalar que existen diferencias, pero
que hay una importante apertura a raíz de la discusión del mencionado Código
(vale la pena recordar que el gobierno tuvo siempre cerca a grupos
empresariales 16, incluso de los más grandes del país, pero las Cámaras
empresariales, hasta mediados del año 2010, se habían ubicado en la oposición,
incluso beligerante). Aunque la coyuntura de la consulta popular genere un
distanciamiento ahora, el trayecto de las aproximaciones ya ha sido marcado.
En cambio, respecto a los movimientos sociales, la confrontación se
mantiene, si bien, después del 30 de septiembre, el gobierno ha “bajado el
tono” en los discursos; al mismo tiempo, ha comenzado a tratar de organizar su

15 Pedro Rioseco: Ecuador: estabilidad política, rectoría estatal e inversión social, 13 de enero de 2011; en
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id= 254737.
16 Al respecto, véase nuestro trabajo “Burguesía «ciudadana», nueva hegemonía, nueva alianza
de clases”, en R, número 3 enero-febrero de 2010, pp. 17-29.
[28]


propia base social, pero siempre tratando de atraerse organizaciones con poca
capacidad política, incluso creando algunas desde el propio Estado.
El modelo económico sigue en la misma línea: utilizar al Estado y a la
inversión pública como motor de la economía; pero esto se combina ahora con
la mano extendida al gran capital, lo que finalmente es lógico dentro de la
perspectiva de modernización capitalista que propone. La transformación de la
base productiva sigue esperando: queda claro que, para el gobierno, la vía para
salir de la economía extractiva (petrolera) es la misma economía extractiva
(petróleo + minería). Hay quienes sostienen que la economía podría traerle
sobresaltos este año, pues todo sigue dependiendo aún del precio del petróleo,
lo que es un imponderable de siempre para economías dependientes. El
gobierno intenta enfrentar esa dificultad por la vía del endeudamiento (sobre
todo con China), de la inversión pública (con herramientas que no se habían
utilizado hasta ahora: el ingreso del IESS al financiamiento de las inversiones
públicas ha sumado ya cerca de 6.000 millones de dólares, que,
comparativamente, significa algo así como un 25% del presupuesto general del
Estado) y de la imposición de mayores cargas impositivas. Pero, además,
comienza a mostrar algunos retrocesos, como el empeño puesto a la firma de un
tratado de libre comercio con la Unión Europea (poco importa que ahora se los
bautice como “acuerdos comerciales”).
Al mismo tiempo, continúa avanzando la reforma jurídica, aprobándose
una serie de leyes que, en principio, se desprenderían de la nueva Constitución.
Sólo que la tendencia en todas las leyes sigue siendo fortalecer el control por
parte del Estado; dentro del Estado, por parte del Ejecutivo; y dentro del
Ejecutivo, todo termina recayendo en las manos del presidente. El gobierno de
Alianza País refuerza y extrema la tendencia presidencialista que ha marcado
tradicionalmente la política ecuatoriana. Al mismo tiempo, y en consecuencia,
la participación se ve desvalorizada. Mencionada tantas veces en la
constitución, ahora es apenas un apéndice de la política pública, buena para la
consulta y para la “socialización”, pero ni un gramo de capacidad de decisión.
El gobierno se justifica diciendo que la democracia participativa no reemplaza a
la democracia representativa, sino que la complementa. Y el complemento,
como se ve, es desde un rol por entero subordinado.
Hay otros “agujeros negros” en la puesta en práctica de la constitución:
los derechos de la naturaleza (subordinados a la visión desarrollista que
predomina en el gobierno) y la plurinacionalidad, que se reconoce sólo en tanto
se subordinen a la visión cultural occidental (o mestiza).
En fin: año de conflictos y de sobresaltos, 2010 ha sido igualmente un año
de definiciones o, por lo menos, de clarificaciones. A lo largo de estos 12 meses
hemos visto cómo se desplegaban, afinaban y afirmaban las líneas de alianzas
establecidas por el gobierno y, con ellas, el propio proyecto de la así llamada
“revolución ciudadana”. Pero también han quedado de manifiesto las
debilidades y limitaciones que lo acompañan.

[29]


Los conflictos y las alianzas
Aun cuando el período de Correa no ha sido precisamente calmo, el 2010
puede considerarse como uno de los años más conflictivos. Dos conflictos, sobre
todo, fueron reveladores, a su turno, de la línea de despliegue de las tensiones
desatadas. El primero, en abril, el conflicto de la ley de aguas; el segundo, en
septiembre, la sublevación policial que fue interpretada por el gobierno como
un proceso de golpe de Estado. El conflicto de la ley de aguas (o ley de Recursos
Hídricos, su nombre oficial) mostró límites políticos de la propuesta
gubernamental en tanto propuesta de reforma, y reveló, igualmente, que el
límite está situado en su relación con los movimientos sociales, en la medida en
que estos tengan capacidad de avanzar así sea lineamientos de un proyecto
propio para el conjunto de la sociedad. Por su parte, el 30 de septiembre mostró
límites internos del proyecto: por un lado, límites de la reforma estatal; por otro
lado, límites en la construcción de su base social. Pero fue también la ocasión
para transparentar las modificaciones en la política de alianzas del régimen, un
proceso que había venido produciéndose de modo más callado desde
noviembre del año anterior, y que ahora pudo salir a la luz.
Los conflictos que se han desplegado en el 2010 han continuado por los
andariveles en que habían transcurrido durante los años anteriores. Por lo
demás, el campo continúa marcado por la relación entre tres actores centrales:
por un lado, el gobierno (que ocupa el centro y, por lo general, impone las
iniciativas);por otro lado, la derecha (en sus dos caras: la derecha política: los
partidos y movimientos políticos, y la derecha económica; los gremios
empresariales); y, en tercer lugar, los movimientos sociales.

a. los conflictos con la derecha
Dividimos en dos segmentos los conflictos del gobierno con la derecha:
los conflictos con la derecha política (los partidos y movimientos de derechas,
igual los antiguos que los nuevos, igual los “orgánicos” que aquellos que, sin
serlo, se postulan como sus mejores defensores 17.

a.1 ¿Con la derecha política o con la “oposición partidista”?
Al centrarse este conflicto en la Asamblea, el motivo visible está en las
leyes y códigos: de Comunicación, de Aguas, de Educación Superior, Cootad
(Código de Ordenamiento Territorial). Pero esto, que no es sino una de las
manifestaciones de la conflictividad, parece en ocasiones ocupar el lugar central

17 Los partidos orgánicos de la derecha son aquellos que han surgido, durante el período
abierto con el retorno a la constitucionalidad en 1978, como representación política “natural” de
las clases dominantes: el partido Socialcristiano, la Democracia Cristiana, la Izquierda
Democrática, el Partido Renovador Institucionalista de Acción nacional (PRIAN), etc., y
aquellos que ahora se quieren presentar como “nuevos rostros” ante la crisis de los partidos
tradicionales: UNO, Concertación Nacional, Madera de Guerrero, etc. El que se postula como
defensor de las clases dominantes sin ser su representante orgánico es, sobre todo, el partido
Sociedad Patriótica (PSP)
[30]


dada la importancia que el proyecto de Alianza País le ha dado a las reformas
legales 18.
Por otro lado, al tocar temas que interesan a diversos grupos sociales, el
conflicto legislativo suele combinarse con la oposición fuera de la Asamblea,
mezclándose o superponiéndose, sea con la acción de los medios de
comunicación (empresarios, gremios periodísticos en cuanto a la ley de
Comunicación), sea con las movilizaciones indígenas y campesinas (en cuanto a
ley de Aguas), sea con las manifestaciones universitarias (respecto a la ley de
Educación Superior), etc. La oposición de derecha ha tratado de aprovechar
estas superposiciones para fingir una oposición unificada de todos los sectores
políticos y sociales que no concuerdan con el proyecto oficialista.
Aunque en cada ley hay aspectos particulares que se disputan, en
general el contenido del conflicto se desdobla en dos direcciones: por una parte,
en torno al papel del Estado (del Ejecutivo en particular). Por otra parte, una
disputa ideológica que, en la Asamblea, se ha batido entre el neoliberalismo que
sostienen las oposiciones de derecha y las diversas ideologías que alimentan la
propuesta modernizadora que adelanta el gobierno. Las posiciones de
izquierda muchas veces no han logrado mostrarse con claridad y autonomía.

a.2 Con los gremios empresariales
Las oposiciones con la derecha partidista reflejan, en cierto sentido, las
oposiciones con un sector de las clases dominantes que hasta ahora se había
representado más o menos homogéneamente en ellas. Como se sabe, una vez
que se afirmó el modelo neoliberal, la derecha partidista y la derecha económica
coincidían en el sentido general de sus propuestas. No obstante, se perciben
ahora ciertos cambios, de modo que conviene analizarlas por separado, sin
descuidar los vínculos que las unen.
En estos meses, la burguesía como clase (o como fracciones de clase) tuvo
dos momentos de conflictividad con el gobierno: la ley de Aguas y el Código de
la Producción. Durante la discusión de la ley de Aguas el conflicto se presentó
con sectores específicos de la burguesía: embotelladores de agua y camaroneros;
se pronunciaron también empresarios florícolas y bananeros. El contenido de la
disputa se centraba en los artículos del proyecto de ley que podrían limitar el
campo de acción de empresas privadas de embotellamiento de agua y ponían
un impuesto al uso del agua de mar. El proyecto era defendido en la Asamblea
Nacional y ante el público por la Senagua (Secretaría Nacional del Agua). Pero
todo fue hasta que Rafael Correa, primero en una entrevista radial en
Guayaquil y, a renglón seguido en uno de sus acostumbrados “enlaces
ciudadanos” de los sábados, puso las cosas en su sitio: desautorizó
públicamente al secretario del Agua y respaldó el punto de vista de los
empresarios. En consecuencia, se retiraron los artículos polémicos del proyecto

18En el discurso (y a lo mejor en las creencias) del gobierno las leyes son la vía para reformar el
país. Claro que, cuando no ha podido imponerlas, Correa ha descubierto de repente que “no
son prioritarias” para su proyecto.
[31]


de ley y se retiró también el secretario del Agua. De todas formas, el proyecto
fue congelado al calor de la movilización indígena.
Y si las vicisitudes de la ley de Aguas mostraron y reafirmaron el rumbo
de los desplazamientos de la “revolución ciudadana”, el tratamiento del Código
de la producción muestra que los desplazamientos son simétricos. El proyecto fue
negociado durante tres meses por el ministerio coordinador de la Producción
con los gremios empresariales. Tras el envío del proyecto del Código a la
Asamblea, los dirigentes empresariales lo criticaron, afirmando que el gobierno
les daba incentivos con una mano y condicionamientos con la otra, y lo
achacaron a la existencia de dos tendencias existentes dentro del gobierno. Pero,
sobre todo, resaltan la apertura del régimen a sus planteamientos y la actitud de
la ministra Nathalie Cely. Aunque encuentran que el texto enviado no responde
plenamente a sus expectativas, delinean una posición menos confrontativa, y se
decantan por el lobby parlamentario, sobre todo ante Alianza País. Estos
indicios de una nueva conducta política de los gremios empresariales resultan
importantes para este análisis porque se hicieron públicos durante e
inmediatamente después de los acontecimientos del 30 de septiembre, y muy
probablemente guiaron su posición en la coyuntura.
Si miramos estos conflictos en la perspectiva del acercamiento iniciado
por el gobierno desde noviembre de 2008 con las políticas anticrisis, se verá que
se afirman las aproximaciones entre el régimen y los empresarios hacia un
terreno de negociación que vele por las condiciones generales que asegure la
buena salud de los negocios: seguridad jurídica –es decir, reglas claras y
condiciones estables– y ventajas tributarias son las demandas explícitas de los
empresarios.
Así que estamos ante dos caras de las derechas, y, por primera vez
durante el gobierno de Correa, no coinciden las expresiones de sus
representantes políticos y de sus representantes económicos, oscilando entre la
ideología y el pragmatismo.

b. los conflictos con los movimientos sociales
Podemos distinguir las confrontaciones del gobierno con los
movimientos sociales según su intensidad en el período. Desde esta
perspectiva, los conflictos de mayor intensidad opusieron al gobierno con el
movimiento indígena y con los trabajadores públicos; mientras que conflictos
secundarios mantuvo con maestros, trabajadores de la salud, jubilados y
pescadores. En este análisis nos centraremos en los primeros.

b.1 Con el movimiento indígena se han producido dos momentos de alta
conflictividad, seguido uno del otro y relacionados por los motivos políticos
esgrimidos por el gobierno: la ley de aguas y la justicia indígena.
El conflicto en torno a la ley de aguas opuso al gobierno con el conjunto
del movimiento indígena y campesino. Se desarrolló en abril y mayo, como una
secuencia de los enfrentamientos que se habían dado en septiembre de 2009, y
que terminó en violentos enfrentamientos en los cuales murió un profesor
indígena a causa de disparos de perdigón. En esta ocasión se produjo, por
[32]


primera vez desde el inicio del gobierno de Correa la unidad de la Conaie, la
Feine, la Fenocin y las Juntas de Aguas. El contenido del conflicto se centró en el
control, el uso y la distribución del agua. El gobierno y las organizaciones
indígenas concordaban en la necesidad de establecer una “autoridad única del
agua” (establecida en la Constitución), pero divergían en cuanto a la instancia
estatal que debía tener primacía: para el gobierno, debía ser el Ejecutivo y, en
última instancia, el propio presidente. Los indígenas planteaban que ese rol
debía jugarlo el Consejo Plurinacional de Agua (previsto también en el proyecto
de ley). Una discusión conexa se refirió, entonces, a la participación, que debía
ser decisoria para el movimiento indígena, y apenas consultiva para el
gobierno. Entre otras cosas, el conflicto reafirmó la tendencia del gobierno a la
concentración de las decisiones en el Estado, en el Ejecutivo, en el presidente.
La resolución misma fue conflictiva: por una parte, el movimiento
indígena quedó relativamente fortalecido, pues logró la unidad de sus
principales organizaciones y detuvo el trámite de la ley (Rafael Correa mismo
declaró entonces que la ley “no era prioritaria” para el proyecto de la
“revolución ciudadana”). Pero, por otra parte, se ensancharon las brechas que
lo separaban de los sectores sociales urbanos debido, sobre todo, a la intensa
campaña de deslegitimación y desprestigio emprendida por el gobierno (y, en
primer lugar, por Correa); esto se tradujo en un rebrote de sentimientos racistas
entre la población. Al mismo tiempo, el gobierno enviaba a la policía y al
ejército a reprimir fuertemente las movilizaciones. Acusaciones de terrorismo y
sabotaje, indagaciones fiscales e inicios de juicios penales fueron armas
utilizadas por Correa contra el movimiento indígena.
El conflicto alrededor de la justicia indígena siguió cronológica y
políticamente al conflicto sobre la ley de aguas. Cronológicamente, porque se
desarrolló prácticamente a continuación, en junio y julio. Políticamente, porque
fue desatado por el gobierno buscando revertir la posición ventajosa en que
había quedado el movimiento indígena tras el enfrentamiento del agua. Para el
efecto utilizó un caso de enjuiciamiento indígena del asesinato de un joven
comunero en La Cocha (provincia de Cotopaxi); en un determinado momento,
la asamblea de la comunidad dijo que podría ajusticiar a los asesinos, y esa fue
la ocasión aprovechada por Correa, que acusó a los comuneros de delincuentes
y torturadores, y pidió su enjuiciamiento.
El contenido del conflicto, por lo menos el contenido aparente, fue la
legitimidad de la justicia indígena. La Constitución del 2008, al declarar al
Ecuador una nación intercultural y plurinacional, reconoció la legitimidad de
formas de gobierno y de justicia ancestrales. No obstante, en medio de su
conflicto con el movimiento indígena, el gobierno demuestra las limitaciones de
su comprensión de la plurinacionalidad: un reconocimiento monocultural 19. Las
otras culturas, sus formas de autoorganización, su justicia, sus saberes en
educación y salud, todo puede ser reconocido, siempre y cuando se sometan a
los criterios y parámetros de la cultura dominante. De este modo, el gobierno

19 Recogemos acá una observación de Boaventura de Souza Santos durante una conferencia
brindada en el auditorio de la Senplades en enero de 2010.
[33]


presiona para que la justicia indígena se subordine a la “justicia ordinaria”,
mientras que el movimiento indígena lucha para que sean reconocidas de igual
jerarquía. El gobierno, iniciador de la confrontación, lanzó una nueva campaña
de desprestigio contra el movimiento indígena, rayando en expresiones racistas,
presentando a los indígenas como salvajes e incivilizados. Nuevas indagaciones
fiscales y juicios cayeron sobre dirigentes comuneros.
En ambos casos, el gobierno emprendió una campaña que pretendía
separar a las organizaciones y sus dirigentes de las bases: Correa llamaba en sus
enlaces radiales a que los indígenas desconozcan a su dirigencia. Y, por otro
lado, pretendía separar a la población urbana y mestiza del conjunto del
movimiento indígena, con sus reiterados llamados a “defender la revolución
ciudadana” contra el movimiento indígena.

b2. Con los trabajadores públicos hubieron dos conflictos fundamentales, que se
combinaron: la aprobación de la LOSP (Ley Orgánica de Servicio Público), que
generó malestar en amplios sectores de trabajadores del Estado, y el despido de
varios centenares de trabajadores petroleros, ambos muy cerca del 30 de
septiembre, casi superponiéndose.
Respecto a la LOSP –debe recordarse que el veto de Correa a los
acuerdos a que se habían llegado en la Asamblea Nacional sobre esta ley fue el
detonante visible de la crisis se septiembre–, los puntos de debate centrales se
situaron en torno a las “renuncias forzosas” de los trabajadores que hubieran
sobrepasado los 70 años de edad, renuncias que serían pagadas hasta en un 50%
con bonos del Estado; pero, detrás de esto, los trabajadores miraban con temor
anunciados despidos masivos para “racionalizar” el aparato estatal.
En cuanto al despido de más de 600 trabajadores petroleros, se trata del
más reciente episodio de una relación tensa que ha incluido posturas muy
críticas de la dirigencia sindical frente al manejo de la empresa petrolera estatal
y de varios contratos que ella ha firmado. En este caso, el origen fue una
denuncia presentada por el entonces secretario de Transparencia de la Gestión,
Juan Sebastián Roldán, que los acusó de “falta de probidad moral” por ser
accionistas de Gaspetsa, una empresa constituida en 1999 por los socios de la
Corporación de Ayuda Mutua de los Trabajadores de Petroecuador, y que,
desde 2002 mantiene contratos por servicios con Petroecuador para producir
combustible destinado a los pescadores artesanales de Esmeraldas. No obstante,
al momento de constituirse la empresa y firmarse el contrato estaba vigente la
ley de modernización y la constitución de 1998 que expresamente animaban
este tipo de contrataciones como el componente “participativo” de las
privatizaciones: “Los trabajadores o servidores públicos que presten sus
servicios en las correspondientes entidades u organismos tendrán derecho a
participar en las distintas modalidades de desmonopolización y privatización”,
decía el artículo 50 de la ley de modernización 20. Dicho de otro modo, se trataba
de convertir a los trabajadores en propietarios accionistas de “sus” empresas…,
más o menos lo mismo que ahora propone la “revolución ciudadana”, dicho sea

20http://www.gaspetsa.com/proyectos.html.

[34]


de paso. Los trabajadores, además, reclamaban por el distinto trato que se les
da: a los banqueros se les dio un plazo de dos años para que se deshagan de sus
acciones en los medios de comunicación; a ellos, “ni un solo día”. Los despidos
se tramitaron casi sumariamente en medio de un discurso más o menos
escandaloso que achacaba a los trabajadores de corruptos y que se sumó a la
campaña de deslegitimación social de organizaciones y dirigentes sindicales,
que no han sido pocas durante este gobierno.
¿Lograron expresión política todas esas luchas? Si por política entendemos la
presencia parlamentaria, los resultados son modestos y más bien ambiguos. Fue
evidente la incapacidad de la izquierda parlamentaria de presentar una
posición definida y diferenciada, que la ha dejado muchas veces a la sombra de
la hegemonía de la oposición de derechas (donde confluyen desde
socialcristianos hasta socialdemócratas). El intento de constituir una suerte de
bloque de izquierdas entre Pachakutik y el MPD, diferenciado de la posición de
derechas, logró cierta presencia al momento del conflicto en torno a la ley de
Aguas, pero fue desdibujándose posteriormente, a medida que la conflictividad
se agudizaba. Su posición frente a los hechos del 30 de septiembre fue también
bastante triste, hablando de demandas sociales, dejando de lado efectos
políticos y juntándose a parlamentarios de la oposición de derecha en
declaraciones desafortunadas.
Pero si por política entendemos la construcción de un campo de lucha
que tiene la capacidad de disputar sentidos de un proyecto de sociedad a nivel
(más o menos) general, el balance es diferente. La lucha de los trabajadores
públicos no ha rebasado el horizonte de los conflictos particulares; si bien, tanto
en el caso de los maestros como en el de los funcionarios, se presentaban aristas
del conflicto que podrían poner en cuestión al menos algunos elementos de la
propuesta gubernamental (por ejemplo: en el ámbito educativo, una visión
tecnicista de la educación y una comprensión administrativa de la relación entre
los actores –la lectura burocrática de la evaluación–; o, en el caso de los
funcionarios, el sentido del derecho al trabajo y a la organización, la
discriminación jurídica de los trabajadores públicos, etc.), lo cierto es que las
respuestas de unos y otros se movieron únicamente en el marco del propio
discurso gubernamental.
En cambio, en el caso de las luchas indígenas el panorama fue diferente.
Tanto en el tema del agua cuanto en el de la justicia indígena se encuentra en
cuestión el sentido de la posible realización de algunos preceptos
constitucionales: la plurinacionalidad, la defensa de la pachamama, los
derechos de la naturaleza, el Sumak Kawsay; pero también está en juego el
sentido de la participación y de la democracia. Sin embargo, el movimiento
indígena ha mostrado debilidades: los modos del debate muchas veces se han
quedado en un duelo verbal con Correa, y eso no permite visualizar
adecuadamente los contenidos más profundos del conflicto.
En síntesis, los movimientos sociales, sobre todo el movimiento indígena,
no han visto su lucha social acompañada por una nítida representación política
formal, marcándose una distancia que, en cualquier caso, no es de ahora.

[35]


c. Los conflictos pluriclasistas
Entre los conflictos del período se encuentran también algunos que
podríamos calificar de pluriclasistas. En ellos, el gobierno aparece opuesto a una
concurrencia de actores de diverso origen y situación.
Con las Universidades el conflicto se relacionó con la ley de Educación
Superior (agosto y septiembre) y produjo un acercamiento de las universidades
públicas con las universidades privadas (que, por lo demás, expresan por lo
general posiciones divergentes). El punto nodal del conflicto se situó en la
concepción de autonomía, visiblemente recortada en la versión gubernamental,
que somete el quehacer universitario del país al plan nacional de desarrollo y al
control directo del Ejecutivo, que domina las instancias que regirán a las
universidades. No obstante, en el trayecto el bloque de Alianza País llegó a
acuerdos con los bloques de oposición y con las autoridades universitarias para
flexibilizar la posición inicial del gobierno, y el proyecto fue aprobado con
algunos cambios en la composición de los organismos rectores. Sin embargo,
Correa responde vetando parcialmente la ley y dando reversa a los acuerdos. La
mayoría de AP no se sostiene en su posición inicial y se allana al veto sin
presentarse a discutirlo, de manera que la ley de Educación Superior entró en
vigencia “por el ministerio de la ley”. Después, continuaron las movilizaciones
de protesta de los universitarios hasta las inmediaciones del 30 de septiembre.

d. Los conflictos de la minería
Los conflictos de la minería deben tomarse muy en cuenta. Si bien su
presencia fue de algún modo secundaria durante 2010, han sido recurrentes
durante el gobierno de Correa, sobre todo con comunidades indígenas y
campesinas opuestas a la actividad minera en sus territorios, y son una suerte
de conflictos “endémicos”: es que, para el régimen, el desarrollo de la gran
minería es estratégico, pues supone que de ella pueden provenir los recursos
para financiar la transformación productiva que se plantea. En esta ocasión, el
enfrentamiento fue con empresarios mineros ilegales, pequeños mineros y
trabajadores de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (15 y16 de
septiembre). En el discurso, el gobierno se presenta como defensor de la
naturaleza contra los destrozos ambientales causados por la minería ilegal
(Correa ha sostenido siempre que la pequeña minería es más contaminante que
la gran minería). El conflicto se resuelve de modo violento: el gobierno envía
miles de efectivos militares y policiales que ocupan la zona de explotación,
desalojan a los trabajadores y confiscan maquinarias y herramientas. Además,
se inician juicios contra los mineros que resistieron la ocupación militar y
policial. La violencia y la excesiva demostración de fuerza represiva han sido
una constante en el modo en que el gobierno ha enfrentado estos conflictos. Así
que, tomando en cuenta la línea central de la conflictividad minera, podría
decirse que el contenido latente es el control de los territorios con potencial
minero.

[36]


e. Los conflictos al interior de AP
Alianza País no se ha caracterizado precisamente por su fuerza
organizativa y por su claridad política; y ha sido evidente, desde aquellos
tiempos de la Asamblea Constituyente, que las decisiones son tomadas en el
círculo inmediato de la presidencia de la república, restándole poder a todos los
demás espacios, tanto de Alianza País como del Estado. En este marco, las
discrepancias internas han sido deslegitimadas por Correa desde el inicio de su
gestión, calificándolas como “agendas ocultas”. Aparte de la disputa con
Alberto Acosta al final de la Asamblea Constituyente, no parecen haber jugado
un papel importante en la correlación de fuerzas general; sin embargo, han
tenido un rol significativo en la correlación de fuerzas al interior de Alianza
País: se han saldado con la derrota de las corrientes más progresistas y
democráticas, que han terminado por quedar excluidas, primero de las
instancias de dirección real, y finalmente del propio movimiento y del gobierno.
Durante el 2010 y lo que va de 2011 se hicieron más visibles los conflictos
internos, las vías antidemocráticas de resolución y sus efectos políticos. Han
salido a la luz conflictos en torno al accionar de la Asamblea Nacional y de las
dos funciones que, se supone, le competen: la legislación y la fiscalización. En
abril de 2010, un grupo de cuatro asambleístas de AP planteó un juicio político
al fiscal general. En un principio, Correa pareció dejar el asunto en manos del
bloque parlamentario, aun expresando que se trataba de algo inconveniente.
Pero pronto, cuando los interpelantes no desistieron de su empeño, Correa se
pronunció abiertamente a favor del fiscal y utilizó contra los interpelantes el
mismo tono que acostumbra usar contra los opositores. Desautorizados y
deslegitimados por el presidente los contradictores del fiscal, el juicio político
naufragó sin llegar a comenzar.
En los meses siguientes, las tensiones entre la presidencia y la bancada
oficialista tuvieron ocasión de mostrarse con motivo de la discusión de las leyes
de Educación Superior y de Servicio Público. Encabezado por el presidente de
la Asamblea, Fernando Cordero, el bloque de Alianza País logró llegar a
acuerdos con otras fuerzas parlamentarias en algunos puntos polémicos de
ambas leyes. No obstante, mientras todavía se realizaban las negociaciones en
busca de acuerdos, Rafael Correa las desautorizó públicamente y anunció que
vetaría lo que no se ajustara a sus propuestas, como en efecto hizo. El fracaso de
la capacidad negociadora de AP se revela finalmente en el hecho de que los
asambleístas que aprobaron las leyes se doblegaron ante el veto de Correa.
A inicios de 2011 se vuelven nuevamente visibles los conflictos al interior
de Alianza País. El motivo fue ahora la consulta popular con la que Correa y su
círculo íntimo pretenden relegitimar al régimen tras las fisuras y debilidades
evidenciadas el 30 de septiembre. Las preguntas no fueron consultadas en
ninguna instancia orgánica del movimiento de gobierno, ni siquiera en su
dirección recién electa el 15 de noviembre pasado, menos aún con el bloque de
asambleístas, lo que ponía al descubierto -¡otra vez!– su funcionamiento casi
nada democrático. Por lo demás, las preguntas sobre violencia e inseguridad
recurrían a los tópicos de la derecha, y aquellas otras referidas a la
reorganización de la justicia mostraban claramente los apetitos de
[37]

Consulta popular: democracia vs presidencialismo (Editorial. Revista R enero-marzo de 2011 - año 3 número 7)‏

Consulta popular: democracia vs presidencialismo (Editorial. Revista R enero-marzo de 2011 - año 3 número 7)‏

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Consulta popular: democracia vs presidencialismo (Editorial. Revista R enero-marzo de 2011 - año 3 número 7)‏

Similaire à Consulta popular: democracia vs presidencialismo (Editorial. Revista R enero-marzo de 2011 - año 3 número 7)‏ (20)

Plus de ECUADOR DEMOCRATICO

Plus de ECUADOR DEMOCRATICO (20)

Consulta popular: democracia vs presidencialismo (Editorial. Revista R enero-marzo de 2011 - año 3 número 7)‏