El buen vivir y la política económica de correa revista gestion
Economía politica de la reforma del estado en el perú efraín gonzales de olarte
1. ECONOMÍA POLITICA DE LA REFORMA DEL ESTADO EN EL PERÚ
Efraín Gonzales de Olarte
La fórmula para lograr condiciones favorables para el desarrollo humano es relativamente
simple: crecimiento macroeconómico con generación de empleo + instituciones eficientes
+ gobernabilidad democrática. Lo complicado es cómo se complementan y se
retroalimentan estos factores. Para que se complementen estos procesos un factor crucial
es tener un Estado moderno que funcione como correa de transmisión entre la economía y
la política, para lo cual requiere de una estructura institucional eficaz, fluida y eficiente,
capaz de concordar y coordinar con el sector privado, en materia económica y con la
sociedad civil en los asuntos políticos y sociales.
En América Latina hemos tenido una etapa de crecimiento económico sin empleo, desde
los años 90, luego hemos asistido a una democratización casi generalizada, lo que no ha
estado presente en la magnitud y calidad necesarias han sido los cambios institucionales.
En general, el Estado afectado por las reformas neoliberales, cambió sólo en aquellas
partes funcionales a las privatizaciones, nuevas regulaciones y liberalización de los
mercados, especialmente de los mercados financieros. El resto del Estado y del "ancien
régime", llámese el sistema judicial, la administración estatal, la burocracia, los sistemas
de control y fiscalización del gasto público, la seguridad social, las funciones del Estado,
no han conocidos cambios con un norte compatible con los objetivos esperados de
crecimiento con más empleo y menor desigualdad, es decir con el desarrollo humano. Y
quizás lo más importante y más difícil de cambiar en el Estado es el sistema de
representaciones políticas acordes con la nueva estructura de propiedad, con los nuevos
grupos económicos, los grupos de interés, con los nuevos derechos económicos y
sociales, reformados drásticamente por el neoliberalismo. Los partidos políticos, estos
intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, no se han transformado y los nuevos
movimientos políticos surgidos del desengaño e inoperatividad de los partidos, aún no
pasan de ser movimientos electorales, cuyos objetivos no van más allá de favorecer a sus
seguidores con prebendas estatales, si llegan al gobierno sea éste nacional, regional o
local.
Ha habido, pues, un desfase entre nuevas estructuras económicas y viejas estructuras y
estilos políticos.
En el Perú, las reformas neoliberales de los noventa, hechas dentro de una coyuntura
internacional financiera e institucional favorable, han llevado a la configuración de una
nueva fase de acumulación de capital y, en consecuencia, a un nuevo ciclo económico de
largo plazo, cuya fase expansiva iniciada en los años noventa tendrá aún para unos diez a
quince años más, con una característica peculiar: se trata de un proceso de crecimiento
sin generación de empleo y sin mayor equidad, lo que lleva a una tensión política y social
permanente y a una necesidad de redefinir el rol del Estado en función de estos
2. parámetros. Uno de los principales efectos colaterales de las reformas neoliberales ha sido
haber generado un divorcio entre la actividad económica y los acontecimientos políticos,
es decir, lo que en el lenguaje común se conoce como la autonomización de la economía,
de la política.
Bajo estas circunstancias la reforma del Estado se hace más necesaria, pero adquiere
objetivos adicionales al de la mejora de la eficiencia en el suministro de bienes y servicios
públicos por el Estado, se requiere además hacer del Estado el medio de reconexión entre
la economía y la política y, al mismo tiempo, el motor o el encargado de introducir
mecanismos o instrumentos para hacer que el crecimiento sea más equitativo y, sobre
todo, que cree más empleo decente.
El propósito de este ensayo es tratar de explicar las causas que llevaron a la actual
situación de la economía y de la política en el Perú y explorar los escenarios posibles para
una reforma del Estado que ayude a subsanar las fallas económicas y sociales que se han
generado en los últimos quince años.
Reforma neoliberal y política macroeconómica en el Perú
En este trabajo se describe el experimento neoliberal de los años noventa, ubicándolo en su
contexto histórico. La hipótesis central es que la economía peruana de este decenio carece de un
sistema operativo de políticas monetarias y fiscales, que funcione sin producir grandes trastornos
en el nivel de actividad económica. La autoridad monetaria no cuenta con los instrumentos básicos
que históricamente han sido usados para manejar los shocks externos adversos en la economía
peruana, debido a dos reformas estructurales realizadas en el ámbito financiero: la dolarización del
sistema bancario y la apertura de la cuenta de capitales. El artículo consta de siete secciones.
Comienza con una breve introducción (sección I). Luego describe el experimento neoliberal de los
años noventa, ubicándolo en su contexto histórico inmediato (sección II); analiza el papel que han
tenido la estrategia de crecimiento, la situación económica internacional y la política
macroeconómica en el desempeño de largo plazo de la economía peruana (sección III); describe la
forma en que se manejaron los shocks extemos adversos en el período 1950-1975 (sección IV);
analiza la evolución del régimen de política macroeconómica en los años noventa, examinando sus
limitaciones (sección V); ilustra estas limitaciones con la experiencia macroeconómica reciente
(sección VI) y termina con algunas conclusiones (sección VII).
La fórmula para lograr condiciones favorables para el desarrollo humano es relativamente
simple: crecimiento macroeconómico con generación de empleo + instituciones eficientes
+ gobernabilidad democrática. Lo complicado es cómo se complementan y se
retroalimentan estos factores. Para que se complementen estos procesos un factor crucial
es tener un Estado moderno que funcione como correa de transmisión entre la economía y
la política, para lo cual requiere de una estructura institucional eficaz, fluida y eficiente,
capaz de concordar y coordinar con el sector privado, en materia económica y con la
sociedad civil en los asuntos políticos y sociales.
En América Latina hemos tenido una etapa de crecimiento económico sin empleo, desde
los años 90, luego hemos asistido a una democratización casi generalizada, lo que no ha
estado presente en la magnitud y calidad necesarias han sido los cambios institucionales.
3. En general, el Estado afectado por las reformas neoliberales, cambió sólo en aquellas
partes funcionales a las privatizaciones, nuevas regulaciones y liberalización de los
mercados, especialmente de los mercados financieros. El resto del Estado y del "ancien
régime", llámese el sistema judicial, la administración estatal, la burocracia, los sistemas
de control y fiscalización del gasto público, la seguridad social, las funciones del Estado,
no han conocidos cambios con un norte compatible con los objetivos esperados de
crecimiento con más empleo y menor desigualdad, es decir con el desarrollo humano. Y
quizás lo más importante y más difícil de cambiar en el Estado es el sistema de
representaciones políticas acordes con la nueva estructura de propiedad, con los nuevos
grupos económicos, los grupos de interés, con los nuevos derechos económicos y
sociales, reformados drásticamente por el neoliberalismo. Los partidos políticos, estos
intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, no se han transformado y los nuevos
movimientos políticos surgidos del desengaño e inoperatividad de los partidos, aún no
pasan de ser movimientos electorales, cuyos objetivos no van más allá de favorecer a sus
seguidores con prebendas estatales, si llegan al gobierno sea éste nacional, regional o
local.
Ha habido, pues, un desfase entre nuevas estructuras económicas y viejas estructuras y
estilos políticos.
En el Perú, las reformas neoliberales de los noventa, hechas dentro de una coyuntura
internacional financiera e institucional favorable, han llevado a la configuración de una
nueva fase de acumulación de capital y, en consecuencia, a un nuevo ciclo económico de
largo plazo, cuya fase expansiva iniciada en los años noventa tendrá aún para unos diez a
quince años más, con una característica peculiar: se trata de un proceso de crecimiento
sin generación de empleo y sin mayor equidad, lo que lleva a una tensión política y social
permanente y a una necesidad de redefinir el rol del Estado en función de estos
parámetros. Uno de los principales efectos colaterales de las reformas neoliberales ha sido
haber generado un divorcio entre la actividad económica y los acontecimientos políticos,
es decir, lo que en el lenguaje común se conoce como la autonomización de la economía,
de la política.
Bajo estas circunstancias la reforma del Estado se hace más necesaria, pero adquiere
objetivos adicionales al de la mejora de la eficiencia en el suministro de bienes y servicios
públicos por el Estado, se requiere además hacer del Estado el medio de reconexión entre
la economía y la política y, al mismo tiempo, el motor o el encargado de introducir
mecanismos o instrumentos para hacer que el crecimiento sea más equitativo y, sobre
todo, que cree más empleo decente.
El propósito de este ensayo es tratar de explicar las causas que llevaron a la actual
situación de la economía y de la política en el Perú y explorar los escenarios posibles para
una reforma del Estado que ayude a subsanar las fallas económicas y sociales que se han
4. generado en los últimos quince años.
1. Crecimiento sin empleo decente y sin equidad
El nuevo patrón de crecimiento peruano es un resultado de la crisis de hiperinflacionaria
de finales de los años ochenta, la subsecuente crisis del Estado de bienestar, de la crisis
del estilo populista en las políticas económicas y las reformas estructurales neoliberales
de los años noventa, que desembocaron en tres procesos paralelos: una relativa des-
industrialización, el achicamiento del Estado y un cambio en el régimen del financiamiento
de la inversión. Todos estos cambios generaron paralelamente un sistema de precios
relativos bastante distinto al del período precedente, con un tipo de cambio que tiende al
atraso bajo un esquema de “enfermedad holandesa”, bajos salarios reales y tasas de
interés aún más altas que en el sistema financiero internacional.
En este nuevo contexto el patrón de crecimiento económico se basa en las exportaciones
primarias (en gran parte minerales) y en servicios, cuyo grado de articulación intersectorial
es muy bajo en comparación con el modelo anterior primario-exportador y semi-
industrial. La reducción de la industria tanto en escala como en variedad productiva, ha
reducido la cadena de transmisión que podría darse entre sectores primarios y terciarios.
Esta desarticulación ha tenido como efecto reducir los efectos multiplicadores tanto del
empleo como de la inversión. Un dólar invertido en la minería tiene un multiplicador de la
inversión de apenas 1.2, mientras que un dólar invertido en industria doméstica es mayor
a 2. De la misma manera el multiplicador de empleo de la minería es menos de 0.5
mientras que en la pequeña y mediana industria es de más de 2. Así, en las características
de la nueva estructura económica, es donde comenzamos a encontrar los orígenes de la
limitada creación de empleo y de los bajos ingresos, pese al crecimiento económico. Esto
también conduce a una discusión compleja sobre los mecanismos e instrumentos para
resolver el problema del crecimiento con poco empleo.
a. Crecimiento macroeconómico y pobreza microeconómica
Las causas del “crecimiento sin goteo” son: la desindustrialización-primarización de la
economía, los precios relativos, la “enfermedad holandesa”, la concentración de la riqueza
y la contención salarial. El reducido tamaño del Estado peruano es incapaz de
contrarrestar estos determinantes.
1. La industria es, por definición, un sector que se integra con otros, mucho más que la
agricultura o la minería. Al cerrarse fábricas y talleres, se reduce la demanda de insumos,
materias primas y tecnología, lo que lleva a una disminución del efecto multiplicador de la
demanda y del empleo. Si la economía se hace más minera y primario-exportadora, su
5. capacidad de articular internamente se debilita y los efectos multiplicadores bajan. Así, un
sol producido en el sector minero repercute menos en el resto de la economía que un sol
producido en el sector manufacturero. Por ello, sus efectos sobre el empleo y los ingresos
serán reducidos y, dada la gran oferta de mano de obra existente en el Perú, los salarios
tenderán a caer, o por lo menos no subirán. Adicionalmente, la minería provee a la
economía de divisas en abundancia por lo cual el tipo de cambio se abarata, lo que
incentiva las importaciones, generando más empleo en el exterior que en el propio país.
La demanda por servicios, que son en general más intensivos en mano de obra y de escala
variable, tiene la propiedad de depender de los ingresos generados previamente en otros
sectores. Esto significa que si el sector productivo de bienes materiales (agricultura,
minería, pesca, manufactura) no genera una masa de ingresos considerable, la demanda
por servicios se restringirá. Esto impulsará a los vendedores de los mismos a inventar
todo tipo de prestación de servicios, muchos de ellos inútiles. Es por ello que en el sector
servicios es donde se genera la mayor parte del empleo informal y de baja productividad.
Dado que no genera nueva riqueza y esto hace que los ingresos sean forzosamente bajos,
el sector servicios no contribuye mayormente al crecimiento, sino más bien a atemperar
las tensiones sociales por medio de los “autoempleos” informales.
La “enfermedad holandesa” es la tendencia a la revaluación del tipo de cambio debido a la
sobreabundancia de divisas, y en consecuencia al abaratamiento de su precio interno. Esto
incentiva la importación de todo tipo de bienes y desincentiva la inversión en sectores de
bajas productividades, especialmente aquellos de baja dotación de capital e intensivos en
mano de obra, como la agricultura y la manufactura. La “enfermedad holandesa” que
significa menos empleo y menores ingresos salariales, persistirá en la medida en que la
inversión se concentre en la minería o el gas para la exportación, sobre todo, si ésta es
proporcionalmente mayor que en los sectores más intensivos en mano de obra. Preocupa,
obviamente, que en el futuro los inversionistas más activos continúen siendo las grandes
empresas mineras extranjeras. Obviamente, el narcotráfico contribuye con su cuota de
dólares ilegales a esta enfermedad y, últimamente, las remesas de peruanos en el exterior
han incrementado el flujo de divisas. Por estas razones, el precio del dólar tiende a caer.
La desigualdad distributiva extrema, como la que tiene el Perú, impide el “goteo” de los
frutos del crecimiento macroeconómico hacia las microeconomías de los trabajadores y de
muchas empresas de diferente escala. Habiéndose reducido la demanda de los
trabajadores a un cuarto o a un tercio (las estimaciones existentes sugieren este rango)
del ingreso nacional, Si tenemos en cuenta que más del 50% de la población es pobre,
dentro de la cual, la mayor parte de trabajadores asalariados, entonces el tamaño de la
demanda por bienes de consumo es demasiado pequeño como para causar efectos
multiplicadores sobre las inversiones, empleo e ingresos.
Por otro lado, los ingresos del capital, que representan más del 50% del ingreso nacional,
6. no constituye una demanda por bienes de capital fabricados en el país sino por bienes de
capital importados, en consecuencia la demanda por bienes de capital y tecnología será
satisfecha por importaciones, que además son más baratas. La consecuencia, es que
cualquier incremento de las ganancias empresariales contribuirá a generar relativamente
mayores ingresos y empleo en el exterior que internamente, el efecto será entonces
perverso, sobre las posibilidades de crecimiento con empleo interno.
Si tomamos el problema distributivo desde la perspectiva del 54% de peruanos que está
por debajo de la línea de pobreza, observamos que su pequeña capacidad de compra
privilegia alimentos, algo de vestido y muy pocos servicios. Esto significa que su demanda
está orientada a consumir productos provenientes de la agricultura tradicional (los
alimentos), del sector informal (el vestido), o del Estado (los servicios). Este consumo
tampoco conmueve los fundamentos productivos ni la productividad y, en consecuencia,
tampoco generan mayores niveles de producción, empleo o ingresos. Es la trampa del
equilibrio de bajo nivel, que sólo logra reproducir la pobreza.
La contención salarial originada en los años ochenta y reforzada en los noventa con la
flexibilización laboral, ha hecho que las posibilidades de aumento de salarios por medios
políticos o legales sean prácticamente nulas. Los empleados del sector público no reciben
aumentos reales prácticamente desde hace veinte años y son los que más han sufrido la
compresión de las remuneraciones.
Este conjunto de aspectos muestran las dificultades que tiene la economía peruana para
que el crecimiento global logre favorecer a más sectores y ayude a reducir la pobreza.
Frente a estas características económicas y sociales, un Estado chico como el peruano es
incapaz de contrarrestar los factores negativos del crecimiento sin equidad. En la medida
que la presión tributaria es muy baja (a lo que contribuye el alto nivel de exoneraciones
tributarias) el nivel de gasto público es insuficiente para balancear las desigualdades,
sobre todo porque el gasto neto redistribuible se ve reducido por el peso del pago de la
deuda externa y por las pensiones de jubilación, las cuales en conjunto reducen la
capacidad de gasto a menos de 10% del PBI. Con este nivel de gasto es imposible esperar
mayor inversión pública o mejores sueldos y salarios públicos, lo que significa que el
Estado es incapaz de contribuir a que el “chorreo” de los sectores más ricos se convierta
en “goteo” hacia los más pobres.
b. Hacia un nuevo modelo de acumulación del capital
En el fondo la economía peruana ha entrado en un nuevo modelo de acumulación de
capital, cuyas características principales están en cuatro aspectos:
1. La mayor participación del financiamiento (ahorro) externo en la inversión productiva
7. centrada en los sectores extractivos (minería, gas) y de servicios (comercio, hoteles,
bancos).
2. La configuración de un dualismo tecnológico debido a que las inversiones de mayor
escala tienen tecnologías indivisibles o inaccesibles para los pequeños y medianos
inversionistas, además la tecnología es mayormente importada en consecuencia no genera
una demanda efectiva interna por bienes de capital o de procesos tecnológicos. Un efecto
importante de este dualismo tecnológico es la baja generación de empleo decente.
3. La insuficiencia del ahorro doméstico invertible, pese al notable incremento de las
ganancias empresariales. Esto se debe a dos factores, la repatriación de utilidades, los
pagos de los servicios de la deuda externa y la reducción de la capacidad de ahorro
público al compás de la caída de la presión tributaria.
4. El efecto más importante de este régimen de acumulación es la generación de una
estructura distributiva en la que la parte de los ingresos del capital (ganancias e intereses)
constituyen más de la mitad del ingreso disponible, mientras que la parte del ingreso del
trabajo (sueldos y salarios) son menos de un tercio. Obviamente, sobre esta base se ha
generado una desigualdad en la distribución del ingreso personal, señalada por estudios
del Banco Mundial y de especialistas como Javier Herrera.
Un régimen de acumulación con estas características ha de resultar empujando hacia una
segmentación productiva y al reforzamiento del dualismo tecnológico, cuyo efecto
secundario es el de convertirse en un modelo explosivo desde el punto de vista social.
Cuando parte importante del financiamiento de la inversión proviene del ahorro externo,
las presiones futuras sobre la balanza de pagos van a generar un déficit crónico de
inversión y se ha de necesitar permanentemente atraer a más inversiones del exterior, a
menos que se genere un superávit compensatorio en la balanza comercial, que es el caso
peruano. Sin embargo, cuando esto sucede el tipo de cambio se tiende a abaratar, en
consecuencia, inhibe la inversión en sectores de baja productividad o de alta intensidad de
mano de obra, con lo cual se fomenta la “enfermad holandesa” cuyo efecto sobre el
empleo y sobre la demanda, descrito líneas arriba, es altamente nocivo para el empleo y
los ingresos salariales. En consecuencia, el país se orienta a un dualismo tecnológico, que
hace que los sectores modernos y exportadores no sirvan de palanca para el desarrollo de
los sectores tradicionales y orientados al mercado interno. Así aparece una economía
moderna que coexiste con una tradicional, sin que haya un proceso de absorción de la
segunda por la primera. El Perú está volviendo a los años cincuenta del siglo pasado. Aquí
es donde aparece el sector comercial importador que comienza a reemplazar a los
antiguos sectores industriales, llevando al modelo económico a uno de carácter primario-
exportador y de servicios. La desigualdad distributiva es un resultado de un modelo con
estas características y, en el largo plazo , no es viable salvo que el Estado tenga un
tamaño y una eficiencia capaz de resolver las brechas de desigualdad y de tecnológica. El
modelo de acumulación de capital en el Perú, tal como esta funcionando ahora, tiene el
germen de la explosión social, dado que en su conjunto el sistema económico (privado y
público) no genera oportunidades iguales para todos.
8. Es dentro de esta perspectiva que es necesario entender el papel del Estado, como
institución funcional a resolver los problemas que hacen inviable el modelo en el largo
plazo. Dentro de este contexto el Estado debe convertirse en un igualador de
oportunidades, económicas, tecnológicas y sociales, como un agente activo y efectivo para
complementar la inversión y para redistribuidor ingresos y bienestar. La reforma del
Estado no se puede hacer sin definir previamente el rol que debe tener el Estado.
2. El divorcio entre economía y política.
Un resultado inesperado de las reformas estructurales neoliberales ha sido el
debilitamiento, sino desconexión, de la economía con la política. Pese a que el Perú ha
tenido una estabilidad remarcable en los últimos diez años, baja tasa de inflación, déficit
fiscal controlado, tipo de cambio en un régimen de flotación, tasas de interés en baja, y
salarios reales sin crecimiento, hoy la tasa de crecimiento es cercana al 5% al año, sin
embargo, el gobierno recibe un porcentaje muy bajo de ejecución. Existe, pues, un
descontento social que proviene de los resultados distributivos del modelo, antes que de
los resultados productivos y el gobierno no tiene una respuesta adecuada. Esta situación
ha generado un ánimo y una atmósfera social de incredulidad que ha generado una
inestabilidad política bastante visible.
¿Cuánta inestabilidad política puede aguantar la democracia, pese al crecimiento
económico?
Se ha dado así un divorcio entre logros económicos globales (estabilidad y crecimiento) y
popularidad del régimen y, quizás más importante, existe una creciente incapacidad del
Gobierno y del Estado para resolver los distintos conflictos que se han suscitado. Para
tratar de entender este complejo problema hay dos entradas: la económica y la política.
La económica se sustenta en la desconexión entre los resultados macroeconómicos y los
microeconómicos. Mientras la gente no vea que todos avanzan en la misma dirección, que
todos ganan cuando hay crecimiento, que la inversión y el crecimiento del PBI se vean
reflejados en el empleo, o por lo menos que se tenga la sensación de que en el futuro se
irán creando nuevas fuentes de ingreso y empleo, entonces la democracia no les es útil en
la medida que las oportunidades económicas no son favorables y los políticos y la política
no son medios eficaces para resolver los conflictos distributivos y de empleo. En realidad,
las bajas aceptaciones que tienen el presidente, el ejecutivo, el congreso y los partidos
políticos son reflejo de la percepción sobre su incapacidad para resolver estos problemas.
La política pasa mas bien por una doble crisis de credibilidad y una un poco más
compleja, que es la incapacidad del gobierno –sobre todo del presidente- de hacer
cambios en el modelo económico, que es percibido como la causa de la falta de empleo y
9. la pobreza. En consecuencia, hay una crisis de representación, en la medida que el
gobierno no representa los intereses y demandas de los que lo eligieron, lo cual se refleja
en las encuestas de popularidad. En realidad, todas las promesas hechas por el presidente
antes y después de las elecciones del 2001 representaban, de alguna manera, las
aspiraciones de los electores que eran la de mayor empleo, menor pobreza y mayor orden
y seguridad. Para lograr esto se requería de una política económica y una estrategia de
desarrollo distinta a la del Consenso de Washington, que el gobierno no ha modificado ni
menos ha abandonado.
La desconexión entre economía y política se refleja en la paradoja siguiente: Por un lado el
Perú tiene un crecimiento económico de tres años continuados y bajas tasas de inflación,
sin embargo el gobierno tiene las más bajas tasas de aprobación en las encuestas de
opinión. El eslabón de la cadena que falta es el conjunto de políticas y mecanismos
capaces de convertir los logros económicos en bienestar social. Aquí es donde
encontramos que la estructura del Estado, más allá del estilo y composición del gobierno,
no tiene la capacidad, el diseño y la burocracia para llevar a cabo una misión tan difícil,
como es la de ayudar a conectar la política con la economía. Por ello, la reforma del Estado
va más allá del simple replanteamiento administrativo y eficiencia de los organismos
estatales. La reforma debe hacer esto y mucho más, es decir, recrear un Estado capaz de
administrar el nuevo régimen de acumulación del capital, con las características que
hemos descrito y, al mismo tiempo, convertirse en el eslabón capaz de generar los canales
y mecanismos de chorreo del crecimiento macreconómico hacia los excluidos del sistema
económico, los pobres y los subempleados.
Adicionalmente, la reforma del Estado tiene que ver con su tamaño, pues el Perú tiene un
Estado pequeño frente a una desigualdad socio-económica grande. Los recursos y
capacidades del Estado no son suficientes para afrontar los problemas de pobreza y de
desempleo, lo que lleva al problema de cómo reformar un Estado chico para hacer frente a
problemas que van más allá de sus capacidades. La solución está entre dos extremos: o se
incrementa el tamaño del Estado, el problema es cómo, o se transfiere sus funciones al
sector privado, el problema es saber si el sector privado lo puede hacer a un menor costo
del estado.
Paradójicamente, en un mundo liberal en el cual se promueve un Estado pequeño y
mínimo, en el caso peruano se requiere de un Estado más grande, precisamente para que
el modelo económico liberal pueda funcionar. Es dentro de estas paradojas que es
necesario reflexionar sobre la reforma del Estado.
3. El debilitamiento del Estado
Durante la década de los noventa del siglo pasado, el Estado peruano se achico en varios
aspectos y creció en otros. Por ejemplo, en 1990 el número de contribuyentes registrados
10. era menos de 300 mil, a la fecha se decuplicado, en cambio la actividad productora del
Estado se ha reducido drásticamente a raíz de las privatizaciones. En su conjunto el Estado
fue reformado indirectamente por el ajuste estructural neoliberal, cuya meta era tener un
estado chico, sin embargo el resultado fue que se generó un estado débil, con una
economía fiscal relativamente pequeña si la comparamos con otros países de la región. La
presión tributaria bordea apenas el 14% del PBI mientras que en Chile ésta alcanza casi
25%, sin embargo su capacidad efectiva de gasto se ha reducido por el efecto del pago de
la deuda pública externa y por el pago a los pensionistas. Su capacidad de gasto efectivo
para “hacer política” es limitada, en consecuencia genera las sensación de inefectividad, si
a esto agregamos el debilitamiento institucional de sus principales reparticiones, la
mediocridad de buena parte de la burocracia y la corrupción, estamos frente a un estado
débil. Independientemente de su tamaño, si el Estado no es capaz de controlar la altísima
tasa de accidentes de carretera, si la gente se pasa el semáforo rojo, si los pobladores
hacen justicia por propia mano, si un alcalde puede ser linchado por la turba y el poder
judicial es incapaz de poner en la cárcel a los culpables, si el Estado no puede hacer un
censo de población y si la Constitución se trasgrede constantemente, tenemos un estado
débil.
El debilitamiento del Estado ha sido, pues, el resultado de múltiples factores económicos,
políticos, ideológicos e institucionales. En consecuencia, es seguro que ya no se necesita
sólo una reforma convencional, sino quizás una refundación del Estado, porque su
situación y capacidad operativa no le permite asegurar los bienes y servicios básicos que
debería ofrecer, por cuya razón la población tiene tan poca confianza y credibilidad sobre
el congreso, el gobierno, el poder judicial. El Estado peruano es pues un eslabón débil en
la estructura social, pero al mismo tiempo es el único capaz de articular nuevamente la
sociedad.
4. La reforma del Estado: el eslabón perdido entre la primera y segunda generación de
reformas
Hasta finales del siglo pasado, cuando el Consenso de Washington seguía siendo el norte
del reformismo neoliberal, se discutía sobre la necesidad de hacer reformas de segunda
generación (institucionales) para complementar y, en lo posible, ayudar a resolver los
efectos de las reformas de primera generación (económicas). En verdad, las reformas de
segunda generación apuntaban a una amplia reforma del Estado y de los mecanismos y
reglas de relacionamiento del Estado con el sector privado y con la sociedad civil. Luego
de la caída en desagracia del Consenso de Washington a raíz de la crisis asiática, las
reformas de segunda generación comenzaron a desdibujarse, o mejor perdieron el ímpetu
que requerían para convertirse en paradigmáticas. Desde entonces la reforma del Estado y
de las instituciones ha ido a la deriva, tanto más si en varios países latinoamericanos
donde se llevaron a cabo vigorosas reformas neoliberales, los gobiernos que las hicieron
terminaron acusados de flagrantes procesos de corrupción, que debilitaron las propuestas
11. de reformas del Estado y pusieron en primer plano de la agenda de reformas, el cómo
combatir y reducir la corrupción, sobre todo cuando esta fue posible porque gobiernos y
funcionarios corruptos utilizaron y modificaron los organismos, las reglas e instituciones
estatales para facilitar su vigencia en el poder. Así el gobierno se convirtió en el Estado y
las políticas de estos gobiernos se convirtieron en políticas de Estado. En consecuencia, a
la reducción del tamaño del Estado se ha sumado su laceración por los mecanismos y la
cultura de la corrupción, que hace difícil cualquier reforma del Estado, pues, quienes
deberían ser reformados no tienen interés en hacerlo, en la medida que la reforma les
haría perder el control del poder y de sus ingresos provenientes del funcionamiento del
Estado, o simplemente de la corrupción.
Bajo este panorama cualquier propuesta de reforma del Estado debería tener en claro
cuatro temas: 1. Quién y con qué autonomía se reforma el Estado. El problema de la
voluntad y el diseño político. 2. Las reformas para tener un Estado funcional capaz de
resolver las “fallas del modelo neoliberal” y del modelo de acumulación. El problema de los
componentes económicos e institucionales de la reforma del Estado 3. Cómo se hace una
reforma estatal. El problema de la estrategia de la reforma, la coordinación, la fiscalización
y la secuencia. 4. Cómo se reconecta la política con la economía, a través de la reforma del
Estado.
a. Quién reforma el Estado
El primer problema es quién tiene la voluntad de reformar el Estado y cómo se traduce ella
en un mandato político. Si bien hay distintas posibilidades de manifestarse esta voluntad
es mejor partir de lo avanzado. En el caso peruano el Acuerdo Nacional debería ser el
punto de partida político para la reforma del Estado. La voluntad política debería emanar
del acuerdo entre los participantes del AN, especialmente de los partidos políticos y de las
organizaciones de la sociedad civil y transmitirla al gobierno para que éste la traduzca en
una política de Estado. Llegar al convencimiento que la reforma del Estado es una
necesidad sólo se dará en dos circunstancias, o cuando el sistema político y el propio
Estado este bajo amenaza de colapso, o cuando exista un firme convencimiento en los
principales actores políticos de que la reforma puede beneficiarlos. Como toda reforma, la
del Estado debe favorecer a quien tiene la voluntad de hacerla, por ello no basta la
voluntad, sino que ésta debe formarse en torno a los objetivos y alcances de la reforma.
Es decir, para que se genere una voluntad debe crearse una idea del nuevo Estado que se
busca con la reforma.
Una vez convencidos los actores políticos sobre la necesidad de una reforma, ésta debe
convertirse en una política de Estado, es decir, que el Acuerdo Nacional debe ser
mandatario en cuanto a los objetivos de la reforma y a su continuidad en el tiempo, para
lo cual es necesario un plazo definido para llevarla a cabo, sobre todo en las principales
reformas. En muchos aspectos la reforma del Estado puede tomar más tiempo que el
12. período de un gobierno y el siguiente la debe continuar, además cuando las metas son
claras, estas se constituyen en parámetros de la acción de los gobiernos, evitando o
reduciendo el voluntarismo y la tentación de medidas imprevistas.
El siguiente paso es la definición de objetivos económicos, políticos, sociales y
administrativos de esta reforma y sus principales componentes. El objetivo general de
toda reforma del Estado debe ser la de mejorar las condiciones para el desarrollo humano.
Los objetivos específicos pasan por definir el rol económico del estado, si sólo debe ser
regulador y prestador de servicios e infraestructura básica, o además debe ser un
promotor del desarrollo e igualador de oportunidades tecnológicas y sociales. El Estado
que necesita el Perú requiere que tenga todas estas funciones, para cuyo cumplimiento se
requiere de instrumentalizarlas. El objetivo político de la reforma es crear un nuevo pacto
social de gobernabilidad a través de una organización estatal capaz de traducir las
preferencias y carencias de los ciudadanos, de manera fluida, informada y transparente.
Por ejemplo, se requiere de una mayor precisión de las funciones de los tres niveles de
gobierno existentes y de su coordinación, para que el ciudadano se sienta representado y
pueda participar de manera civilizada. El objetivo social de la reforma del estado es
permitir al ciudadano corriente a los bienes y servicios producidos por estado de la
manera más simple y equitativa. Finalmente, el objetivo administrativo es reorganizar el
sistema de toma de decisiones, generar procedimientos claros y conocidos, establecer
normas de simplificación administrativa, es decir, hacer que el estado funcione con
fluidez, con mecanismos de control y fiscalización.
Casi todos estos objetivos están contenidos en la agenda del Acuerdo Nacional y deberían
convertirse en la agenda de la reforma. Es decir, en general las ideas están disponibles, lo
que falta es la voluntad, la decisión y la acción.
Un enemigo importante de la reforma del estado es el “establishment” estatal existente.
Los políticos y burócratas que medran del estado, tal y cual funciona, son y serán los
enemigos de la reforma, porque perderán poder y prebendas. Además, cuando la
corrupción se ha hecho la norma de funcionamiento en las reparticaciones del estado,
estos agentes perderán aún más. Por ello, es importante quién y cómo se hace la reforma
del Estado, de tal manera que se neutralice a los enemigos internos y externos del
cambio.
b. Los cinco componentes esenciales de la reforma y dos temas
transversales:
Para que la reforma del Estado pueda contribuir a generar condiciones más favorables
para el desarrollo humano, tomando en cuenta la situación y tamaño del Estado peruano,
hay cinco reformas esenciales y dos reformas transversales. Las esenciales son: del
sistema político, del poder judicial, del sistema de seguridad, administrativa y del sistema
13. social, y las transversales son la descentralización y la política anticorrupción.
La reforma del sistema político es en realidad el núcleo de la reforma del Estado, pues, de
ella depende el resto. Si bien la Constitución tiene los lineamientos para el funcionamiento
del sistema político, los desarrollos legislativos posteriores son importantes, por ejemplo
se requería de una ley de partidos que ya fue dada, pero es necesario varias otras, por
ejemplo: la ley que determine las funciones del gobierno central, de tal manera que
conjuntamente con las leyes de gobiernos regionales y municipales se defina las funciones
y organización del Estado. Así mismo está por redefinirse la bicameralidad del Congreso,
lo que permitiría mejorar la calidad legislativa y debería favorecer una mejor
representatividad, en la medida que se propone una representación nacional en el Senado
y representaciones regionales en la Cámara de Diputados. Lo que necesita el Perú es un
sistema político en el cual los ciudadanos participen activamente en la elección y
fiscalización de sus gobernantes, que los gobernantes representen los intereses de sus
electores y que el aparato del Estado convenientemente gobernado sirva para producir los
bienes y servicios públicos que se necesitan, articule y represente a la nación y arbitre
equitativamente los conflictos de interés económico, político y social que caracterizan a
una sociedad moderna.
Una de las reformas más ansiadas, pero más difíciles de llevar a cabo con éxito es la del
poder y el sistema judicial. Existen ya varios diagnósticos sobre su situación, pero lo que
falta es una estrategia para llevarlo a cabo y la voluntad política. Los tres temas esenciales
de la reforma judicial son cómo lograr mayor eficiencia en los procesos judiciales, cómo
reorganizar y hacer una reingeniería del cuerpo judicial (magistrados, funcionarios y
trabajadores) y cómo establecer mecanismos de ética, que constituyan la base de las
normas de comportamiento de los servidores y de los usuarios del poder judicial. Como se
observa la agenda es bastante ardua y difícil de llevar a cabo, pero no imposible si se
cuenta la estrategia y las personas adecuadas.
La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de la gente. Por la
pobreza, la exclusión social, el incremento de la corrupción, la debilidad del Estado, la
falta de referentes morales, la violencia en los comportamientos sociales se ha hecho
parte de la vida cotidiana. Obviamente, es necesario reformar el sistema de seguridad
ciudadana, y esto debería iniciarse por una redefinición del concepto de seguridad
ciudadana, que debería basarse en la asociación y cooperación entre el Estado y la
ciudadanía. El Estado representado por la Policía Nacional y las municipalidades y la
ciudadanía organizada. También sobre esta reforma existen diagnósticos e incluso se ha
avanzado por ejemplo en la reforma policial, sin embargo no se ha avanzado en la parte
que corresponde a una mejor coordinación entre policía nacional y municipalidades y,
bajo que mecanismos y reglas se integra a la población en el concepto de “seguridad
integral”. La reforma debería partir de lo avanzado, precisar el camino a seguir,
planteando metas precisas, que se puedan evaluar.
14. El sistema de seguridad social del Estado, conformado principalmente por salud,
alimentación, educación, infraestructura básica, sistema de pensiones y registros públicos
requiere de un replanteamiento integral con una visión de conjunto (el algoritmo del
desarrollo humano) y un conjunto de reformas particulares. En el replanteamiento, lo
principal es el concepto de la función del Estado respecto al suministro de condiciones y
bienes y servicios elementales para la vida en sociedad, algo así como el piso mínimo que
debería recibir de la sociedad a través del estado cualquier persona, independientemente
de su condición social o económica. El segundo tema es el establecimiento de un sistema
de coordinación, sino planificación, del sistema, que permita el uso eficiente de recursos
humanos y materiales y la priorización de acciones de las diferentes reparticiones y
unidades que hacen parte del sistema. En cuanto a las reformas particulares, la reforma
educativa es probablemente la que menos ha avanzado y la de salud y pensiones la que
más progresos han hecho, en las otras (alimentación, infraestructura, registros públicos)
se requiere de un replanteamiento de sus objetivos, recursos y agentes involucrados
dentro de una perspectiva sistémica, es decir, como parte del sistema de seguridad social.
Hay dos temas principales a tener en cuenta en las reformas particulares y en la
coordinación: por un lado, la descentralización total o parcial de la administración de los
bienes y servicios hacia los gobiernos regionales o locales obliga a prever procesos de
transición, y de otro lado el financiamiento que haga viable y sostenible el sistema
reformado.
La reforma administrativa, a menudo tomada como la única o la más importante reforma
que hay que hacer en el Estado, debe ser en realidad un resultado de los cambios
organizativos e institucionales generados por las otras reformas. La administración
siempre está en función de otros objetivos. Hay básicamente tres problemas que debe
resolver la reforma administrativa: cómo simplificar la administración, hacerla más
eficiente (minimizar los costos de transacción) y hacerla eficaz, es decir que cada
repartición, dirección u oficina del Estado cumpla con su función de una manera rápida,
simple, a bajo costo y a satisfacción de los usuarios. Para ello, es necesaria una
reingeniería de la burocracia, la creación de una carrera pública y un sistema de sueldos e
incentivos acordes. En el Perú la administración pública está relativamente sobrepoblada,
mal pagada, heterogéneamente capacitada y los sistemas organizativos en su mayor parte
ya no corresponden a lo que debe ser un Estado moderno y descentralizado. La reforma
administrativa debería tener como metas cambiar esta situación. Un aspecto importante
de la reforma administrativa es que ésta sea funcional para que las políticas macro,
sectoriales y sociales, adecuadamente coordinadas, puedan operar para resolver las fallas
de mercado y de estado. Además, se debe tomar en cuenta la descentralización como
reforma transversal, para lograr una reforma administrativa descentralizada eficiente.
La descentralización como reforma transversal debe ser incorporada, sobre todo dados los
avances en este proceso. En muchos casos la claridad sobre que nivel de gobierno debe
15. dar uno u otro bien o servicio es muy importante, pues esto significa que las funciones del
Estado tomarán en cuenta los aspectos territoriales y, al mismo tiempo, los aspectos de
grado de responsabilidad en función del nivel de gobierno. En un mismo territorio el
Estado puede brindar servicios a través de sus niveles de gobierno, por ejemplo en una
determinada localidad el gobierno distrital debería ofrecer los programas alimentarios
para pobres extremos, el gobierno provincial debería ser responsable del suministro de la
educación primario o secundaria, el gobierno regional el responsable de la construcción
de carreteras o de sistema energéticos y el gobierno central el responsable de suministrar
los servicios de registro público o de justicia. La reforma del Estado tiene, en
consecuencia, una dimensión espacial o territorial que obliga a una organización
descentralizada capaz de responder con eficacia y eficiencia en todos los lugares del
territorio nacional, dando las mismas oportunidades a todas personas.
La lucha contra la corrupción es también un tema transversal, que debe darse en todo
nivel del Estado y en todo el territorio nacional. Todas las reformas generales y
particulares de los organismos y funciones del Estado deben incluir mecanismos de
advertencia contra actos de corrupción, de detección, de procesamiento a los corruptos y
de sanciones drásticas. La creación de un sistema de vigilancia de la corrupción y la
simplificación del ya farragoso sistema de checks and balances existente, que trata de
evitar la corrupción, debe estar entre los componentes de la reforma del Estado.
Obviamente, un código ético debería ser generalizado como parte del proceso de reforma
del Estado. No basta con reformar las reglas, las organizaciones y procedimientos, es
necesario que todo ello desemboque en una nueva cultura con códigos y liderazgos éticos
renovados.
c. La estrategia de la reforma
Ningún proceso de reforma tendrá éxito si no se plantea una estrategia y una secuencia.
La estrategia debe tener los siguientes componentes y orientaciones: debe ser integral,
debe ir de lo político a lo administrativo, debe tener metas y plazos precisos, se debe
tercerizar la implementación algunas de las reformas y debe estar disponible el
financiamiento.
La reforma del estado se debe concebir de manera integral, es decir, deben ser
involucrados todos los sectores y reparticiones, para tener un panorama completo de la
nueva estructura del estado, sus funciones y organización. Esto no significa que haya que
reformar simultáneamente todo el estado, sino que es necesaria una idea integral previa,
con objetivos claros para todos los sectores. La ejecución puede ser hecha por partes, en
paralelo y con una cierta secuencia. Si no es así, lo que se tiene es una reforma que podría
generar un estado reformado lleno de parches.
16. Para que esto sea más fácil es necesaria la conformación de una autoridad que sea la
responsable política de la reforma, la que podría emanar del Acuerdo Nacional y
paralelamente debería constituirse un cuerpo técnico de coordinación de las distintas
reformas específicas. Es importante la autonomía e independencia del reformador para
que el proceso llegue a funcionar.
La reforma debería ir de los procesos más políticos a los más técnicos y administrativos.
Es decir, es necesario estar convencidos de que la reforma del Estado es ante todo una
reforma política que, al final, debe funcionar administrativamente para cumplir
eficazmente las funciones del estado. Por ello, es necesario iniciar y poner como primera
prioridad la reforma del sistema político, luego la reforma del sistema judicial, en seguida
la reforma del sistema de seguridad y del sistema de seguridad social, para concluir con la
reforma administrativa en función o como resultado de las otras reformas. La
descentralización y la política anticorrupción deben ir en paralelo, como reformas
transversales que son.
Las metas de la reforma deben ser, en lo posible, pocas, bien precisas y se debe
establecer los mecanismos ejecutivos para alcanzarlas. Las metas y los plazos deben ser
conocidas para que haya una cierta presión hacia los reformadores, para alcanzar sus
objetivos. Esto debe ser así, tanto en las metas generales de la reforma, como en cada
reforma específica. La aprobación y la comunicación pública del cronograma de reformas
debería ser el punto de partida.
Algunas reformas específicas deberían ser tercerizadas en su ejecución técnica, siempre
bajo la supervisión del ente responsable político. La idea es que en varias reparticiones del
estado, es imposible esperar buenos resultados si la reforma es hecha por los reformados,
en consecuencia cabe encargar a una institución externa como una Universidad, una o un
grupo de ONGs, o empresas especializadas para que implementen los cambios. Esta sería
la única forma de lograr progresos en el funcionamiento y organización de algunas
reparticiones. Por ejemplo, el sistema judicial que hasta ahora no ha logrado grandes
avances en llegar a la meta de la reforma, que es el permitir una administración de
justicia, eficaz, ajustada a ley y sin corrupción, sólo podrá reformarse si paralelamente se
crea otro sistema judicial que progresivamente va absorbiendo al antiguo, dentro de una
nueva organización y otros valores, al mismo tiempo que va extinguiendo el anterior.
Obviamente, la creación del nuevo sistema judicial debería ser gestionada por un
organismo tercero, que se encargue del monitoreo de su proceso de creación y del
seguimiento del proceso de extinción del anterior.
Una reforma estatal no debería ser muy costosa, en la medida que los cambios lleven a
una mayor eficiencia económica, a un ahorro de recursos y a una mayor productividad del
Estado. El financiamiento de los costos de implementación de las reformas serán
recuperados en el tiempo, a través de menores costos o mejores servicios prestados por
17. las distintas reparticiones públicas.
La secuencia de la reforma debe ser acorde con los objetivos señalados, es decir debe ir
de la reforma del sistema político, seguir con la reforma del sistema judicial, y luego hacer
simultáneamente la reforma, la social de la seguridad y la administrativa. También esta
secuencia tiene que estar convenientemente cronogramada, no sólo para estimar el
presupuesto y ejecución, sino también para hacer el seguimiento por la opinión pública.
6. Reflexiones finales
La reforma del Estado es al mismo tiempo un medio y un fin en sí mismo. En general se la
toma como un proceso instrumental, con la serie de modificaciones administrativas, de
reglas, funciones, organizativas que son necesarias para que el Estado cumpla su papel de
manera eficaz y eficiente. Sin embargo, al mismo tiempo todas estas modificaciones
cambian los términos de la relación entre el Estado y el sector privado y la sociedad civil, y
entre estas dos últimas. Ocasiona un cambio social , político y cultural, que reforma la
percepción de las personas, los gobernantes, los actores políticos y los agentes
económicos, sobre su propio papel y sobre el rol del Estado. Por ello, en buena medida la
reforma del Estado es una reforma cultural, nacida de los cambios en la economía pública,
en la administración gubernamental y en las funciones del Estado.
La mayores dificultades para reformar el Estado en el Perú, y en varios países de América
Latina, son cuatro: 1. El punto de partida es el conjunto de “fallas de mercado y de Estado”
que emergieron de las reformas de primera generación del Consenso de Washington y del
modelo de desarrollo anterior. 2. El debilitamiento del Estado por los procesos
hiperinflacionarios y por la corrupción. 3. Los compromisos adquiridos por el Estado
durante las reformas de primera generación, como los contratos de estabilidad tributaria
para algunos sectores privilegiados, que limitan las posibilidades de reforma por ejemplo
por la enorme dificultad que tienen los gobiernos para aumentar la presión tributaria. 4. El
debilitamiento y reducido tamaño del Estado, post reformas de Washington.
Durante los últimos quince años el modelo económico peruano ha cambiado, ha pasado
de uno primario exportador y semi-industrial a uno en el que se ha reforzado su carácter
primario exportador y se ha expandido el sector de servicios, este último con un fuerte
componente informal. Si bien este modelo ha logrado estabilidad económica, ha generado
un crecimiento sin goteo, debido básicamente a la reducida generación de empleo
decente, debido a la relativa desindustrialización, “la enfermedad holandesa, la
desigualdad ditributiva y la pobreza, y el achicamiento de la capacidad reditributiva del
Estado.
Este nuevo modelo ha generado un país en el que las expectativas sociales sobrepasan las
18. capacidades del Estado y, hasta cierto punto, han dejado obsoleta la estructura estatal
existente, sobre todo en aquellas partes que no se ha reformado. Por ello se requiere una
reforma estatal radical, capaz de responder a las expectativas sociales, de reconectar la
política con la economía, de generar nuevas condiciones para que el crecimiento
macroeconómico se convierta en bienestar macroeconómico, para lo cual es necesario
cambios de fondo en los fundamentos del estado, tanto en el sistema político como en la
estructura del mismo estado.
Dentro de este contexto, es necesario tener una perspectiva dinámica de la reforma del
Estado y de su relación con el proceso económico. Hacer una reforma de Estado cuando se
da un crecimiento económico es más fácil que cuando hay recesión, sobre todo porque
esto permite disponer de mayores recursos fiscales. Pero, todos estos factores son sólo
medios para un objetivo mayor: el desarrollo humano. La reforma del Estado, el
crecimiento económico y la gobernabilidad democrática que emerge son los medios para
esperar que se expandan los derechos, capacidades y libertades de las personas.
Nuestra propuesta es que la reforma del Estado peruano no sólo debe servir para que éste
provea mejor los bienes y servicios públicos, sino que tenga la capacidad de gobernar el
mercado, para reducir sus fallas y al mismo tiempo tenga las funciones y los medios para
ayudar a corregir las fallas del modelo primario exportador y de servicios, que no es capaz
de generar empleo decente de manera suficiente. Por ello que la reforma del Estado debe
ir más allá de la sola reforma administrativa.
Para que la reforma del estado tenga legitimidad y una amplia base política es
recomendable que su base de sustento sea el Acuerdo Nacional, quien debería promover
la conformación de un organismo con autoridad y autonomía suficiente para hacerse
cargo de la dirección y administración del proceso de reformas, tanto de la general como
de cada reforma particular, con una clara responsabilidad política frente a los miembros
integrantes del Acuerdo Nacional. Paralelamente se requerirá un organismo técnico que
sea capaz de llevar a cabo el proceso de manera eficaz y al margen de las presiones de los
reformados.
Son necesarias cinco reformas centrales y dos transversales, que en su conjunto generan
una matriz de reforma del Estado. La reforma del sistema político debería ser un
prerrequisito de las otras reformas: sistema judicial, seguridad, sistema social y la
administrativa. Las cuales deben ser cruzadas por la descentralización y la política
anticorrupción como reformas y medidas tranversales.
Será fundamental contar con una estrategia para la reforma, con metas claras,
procedimientos transparentes y mecanismos de fiscalización y control. Además de una
secuencia coherente.
20. pueden aún considerarse consolidados. Finalmente, José Luis Pérez Sánchez-Cerro incide
en la importancia de advertir la presencia de un discurso que asocia protección y
seguridad con la flexibilización del respeto a los derechos humanos.
La sexta sección se ocupa de las políticas que ha asumido y los retos que enfrenta
el Perú en el contexto de un mundo globalizado. Farid Kahhat retrata una política poco
coherente que fluctúa entre las negociaciones multilaterales y los proyectos de integración
regional o subregional; mientras que Michael Shifter destaca los principales rasgos
de la integración del Perú en la economía mundial.
En la siguiente sección Óscar Dancourt, ex presidente del Banco Central de Reserva,
se ocupa de las variables de las que depende que el celebrado crecimiento económico,
generado principalmente por las condiciones internacionales, pueda revertir en
el crecimiento sostenible del mercado interno y la redistribución de los ingresos. En la
última sección, Elmer Cuba analiza el panorama socioeconómico del país, marcado por
el crecimiento económico y la desigualdad.
Finalmente, Luis Pásara, editor del volumen, ofrece una reflexión sobre los aportes
de los diferentes trabajos basada en cuatro ejes: el problema del Estado, el impacto
duradero de la guerra interna, la esperanza y el fracaso en la historia nacional y la responsabilidad
de las dirigencias en la trayectoria del país.
Sara ESTEBAN
Sonia FLEURY, Joan SUBIRATS e Ismael BLANCO (eds.). Respuestas locales a inseguridades
globales. Innovación y cambios en Brasil y España. Barcelona: Fundación CIDOB,
2008. 453 pp. ISBN 978-84-92511-05-L.
En la actualidad, se puede hablar de una transición de la sociedad liberal capitalista
industrial a una neoliberal también capitalista pero postindustrial, donde la variable
internacional adquiere gran peso en el escenario político-social local. Toda la
estructura social ha sido afectada por estas transformaciones: la esfera mercantil, la relacional,
la doméstico-familiar y la estatal. Por ese motivo es importante pensar en soluciones
locales para problemas que, por lo que se puede observar, son sentidos en todos los
El siglo XXI
El 9 de abril del 2000, tras unas cuestionadas elecciones, Fujimori logra un tercer mandato. La oposición,
conformada por los diversos partidos políticos y organizaciones civiles de diversa índole, intentó evitar la
juramentación del tercer periodo presidencial de Fujimori pero no lo logró. Seis semanas después, el 14 de
septiembre, se difunden filmaciones donde se mostraba claramente el soborno de algunos Congresistas de
oposición y empresarios para que favorezcan al Gobierno, lo que precipitó la caída del régimen. Fujimori
abandonó el país solicitando permiso para ausentarse a la cumbre de la APEC para luego dirigirse al Japón,
país del cual era ciudadano y desde el cual renuncia por Fax y donde se refugia. El Congreso no acepta la
renuncia y lo destituye, inhabilitándolo para ejercer todo cargo político, irónicamente, por diez años. El
entonces Presidente del Congreso, Valentín Paniagua, es investido como nuevo Presidente de la República
ante la renuncia de los dos Vicepresidentes el 22 de noviembre.
El Gobierno de transición se orientó a la organización de nuevas elecciones y a una profunda campaña de
moralización del aparato público y las fuerzas militares que habían caído bajo la influencia del sistema. El
Presidente firma contratos de explotación para los yacimientos de gas de Camisea, y convoca a una
polémica Comisión de la Verdad para investigar la lucha contra el terrorismo de los últimos años.
En las elecciones del 8 de abril de 2001, Alejandro Toledo es declarado como nuevo Presidente de la
República. Estas se caracterizan también por el retorno de Alan García y su muy sorpresivo segundo lugar en
la contienda electoral. La paradoja de su gobierno es que gozó de baja popularidad, envuelto en acusaciones
de corrupción de la más variada índole, mientras la economía peruana logro superar la recesión y tuvo un
gran crecimiento especialmente en la capital, la sierra central y la costa norte. En este período se inicia la
negociación de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos el cual en su momento no era visto con
buenos ojos por los campesinos del país porque temían que tuviera un efecto negativo sobre sus economías.
21. En las elecciones del 9 de abril y 4 de junio de 2006, en medio de un ambiente de incertidumbre por el futuro
de la democracia, es reelegido Presidente de la República Alan García, (con un discurso y perfil más
moderado y revindicador pese a su primer gobierno) frente al ex militar Ollanta Humala.
En las elecciones del 2011 10 de mayo y 5 de junio, ex militar Ollanta Humala pasó a segunda vuelta junto
con Keiko Fujimori, hija del ex-presidente Alberto Fujimori. El ex militar Ollanta Humala ganó por un alto
puntaje en la primera vuelta dejando a Keiko Fujimori en empate técnico ante el economista y candidato
liberal, Pedro Pablo Kuczynski. En la segunda vuelta, el nacionalista Ollanta Humala es elegido presidente de
la república por un margen de 3% de ventaja.
En el año 2002, se instaló el llamado Acuerdo Nacional. Fue la primera vez que el Estado -
representado por el mandatario-, los partidos políticos (Perú Posible, Acción Popular, el
Partido Aprista Peruano, Unidad Nacional, el Frente Independiente Moralizador, Somos
Perú, Unión por el Perú), así como las principales instituciones de la sociedad civil (la
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, el Concilio Nacional Evangélico del
Perú, la Conferencia Episcopal Peruana, la Confederación General de Trabajadores del
Perú, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la Coordinadora
Nacional de Frentes Regionales, la Sociedad Nacional de Industrias), se ponían de acuerdo
para proponer una visión de país de largo alcance. Los objetivos del Acuerdo Nacional
fueron:
Servir eficazmente a la transición democrática, promoviendo el diálogo nacional
para luchar contra la pobreza, elevar la competitividad del Perú y construir un
Estado al servicio de las personas.
Ofrecer al país la estabilidad necesaria para crecer con equidad social, en
democracia y en justicia social.
Crear una visión común del país a futuro.
Crear e institucionalizar una cultura de diálogo democrático.
Crear consensos que permitan administrar las divergencias.
Generar crecimiento económico.
Economía
Durante el gobierno de Toledo se trató de atraer las inversiones extranjeras e impulsar el comercio exterior
mediante la firma de importantes convenios. Un decisivo paso al futuro lo constituyó el inicio de la explotación
del gas de Camisea. Asimismo, en junio de 2006, a pocas semanas de terminar su período presidencial, el
Congreso ratificó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (aunque aún quedan asuntos que el
gobierno de García debe atender). En términos generales, la economía peruana mantuvo un crecimiento
sostenido, pero los niveles de pobreza no disminuyeron
Problemas domésticos
Si algo caracterizó al gobierno de Toledo fueron los numerosos «escándalos» que protagonizaron sus
colaboradores más cercanos y familiares. Algunos de estos escándalos todavía son objeto de investigación
por el Poder Judicial. De otra parte, como en cualquier otro gobierno, se tachó al presidente por no cumplir
sus promesas electorales. Hubo reclamos y huelgas de los gremios de trabajadores, de profesores y de
médicos y enfermeras. Los bloqueos de carreteras por parte de los algodoneros y cocaleros fueron
particularmente graves, así como las protestas de los campesinos contra las empresas mineras. Todo ello
repercutió negativamente en la imagen de la gestión de Toledo.
22. La extradición de Fujimori
El proceso de extradición del ex presidente Fujimori, acogido por el Japón, avanzó muy lentamente, debido no
solo a la poca colaboración del gobierno japonés, sino a los tropiezos habidos en la traducción de los
cuadernillos de extradición. En los meses previos a las elecciones de 2006, Fujimori sorpresivamente viajó a
Chile. La justicia chilena lo detuvo y el Perú inició un nuevo proceso de extradición. Actualmente, Fujimori
goza de libre tránsito en territorio chileno, pero se halla impedido de abandonar ese país o de hacer
declaraciones políticas. El proceso de extradición parece que será largo.
CONCLUSIONES
El neoliberalismo consiste en liberizar, disminuyendo así el poder del Estado y dándole un
mayor poder al mercado.
El sistema neoliberalista favorece a los grandes: multinacionales, fondos monetarios, banco
mundial y excluye a la mayor parte del mundo, siendo un modelo que genera mayor pobrezay
desigualdades, no puede ser considerado favorable. La existencia y el uso de los
instrumentos económicos deben estar al servicio de todos, y no solo de algunos.
En la conceptualización de la teoría se puede observar que el impulso económico que se
puede lograr, no beneficia al pueblo sino al gobierno.
Las ventajas del neoliberalismo se concentran en: mayor importación y preparación,
exportación, competencia laboral, presencia del país en la economía mundial, menos
intervención del gobierno en la economía.
Sus desventajas podemos resumirlas en: mayor número de desempleo, más impuestos y
gastos, inflación y peores salarios.
La desigualdad socioeconómica tradicional se acrecienta al oponerse a la intervención
redistributiva del Estado. Con esto se profundizan los efectos que genera la injusticia en la
redistribución del ingreso y la riqueza, la pobreza, el escaso capital social y la exclusión o
desigualdad en las relaciones de intercambio.
La búsqueda del equilibrio de las fuerzas del mercado, donde la comunidad se torna
irrelevante y el bien común es inútil es lo más importante.
El estado sigue siendo intervencionista, más no conductor del proceso económico ya que
interviene regulando el mercado, vía pactos sociales y recuperando su espacio estrictamente
político.
Al preguntarnos acerca del predominio del paradigma neoliberal se considera que pudiera
ser explicado por la amplia y total coincidencia de los ciudadanos latinoamericanos en la
necesidad del cambio social. La aceptación de acceder a la modernidad y la ausencia de
23. alternativas que busquen cambios estructurales conduce a apoyar proyectos e
reestructuración capitalista y de construcción democrática.
Una sociedad no puede desprotegerse a razón de argumentos estrictamente monetarios o
económicos, pareciera que el paradigma reinante se olvida de toda lógica humana en
sentido de justicia, equidad social y pobreza, para apostarle únicamente a la competitividad
y eficiencia productiva.
viabilidad
1. f. Posibilidad de llevar a cabo algo:
viabilidad de un proyecto
