El informe insta al Estado español a quitar los símbolos y monumentos franquistas, mejorar la educación sobre la Guerra Civil y el franquismo, capacitar a policías y jueces sobre los crímenes de la época, establecer una comisión independiente para investigar la información sobre víctimas, permitir el acceso a archivos, participar en exhumaciones de fosas comunes, revisar la Ley de Amnistía, colaborar con la justicia argentina, e incluir a todas las víctimas en la ley de víctimas.

1. INFORME DEL RELATOR ESPECIAL DE LA
ONU, PABLO DE GREIFF, SOBRE LA
PROMOCION DE LA VERDAD, LA JUSTICIA
Y LA REPARACION A LAS VICTIMAS Y
GARANTIAS DE NO REPETICION, EN EL
ESTADO ESPAÑOL.
INSTA AL ESTADO A:

2. QUITAR TODOS LOS SÍMBOLOS Y
MONUMENTOS QUE ENSALCEN EL
FRANQUISMO. El valle de los Caídos
constituye en sí mismo la exaltación del
franquismo.

3. EDUCACIÓN DEFICIENTE. Se está
educando en la idea de que la Guerra Civil
fue “un conflicto entre dos Españas”, y la
política de “borrón y cuenta nueva”, en lugar
de destacar la violencia y los abusos del
Régimen Franquista.

4. POLICÍAS MILITARES Y JUECES. No son
formados sobre las graves violaciones a los
derechos humanos, ni sobre la
responsabilidad de estos cuerpos en la
comisión de estos delitos, ni en la obligación
del Estado en la persecución de delitos
internacionales como el genocidio y
crímenes de lesa humanidad y los crímenes
de guerra.

5. FALTA DE INFORMACIÓN. No existen
censos oficiales de víctimas, ni datos sobre
el número total de víctimas de la guerra y la
Dictadura. Insta al Gobierno a establecer una
institución “independiente pero oficial” de
búsqueda exhaustiva de información, como
la “Comisión de la Verdad”.

6. FALTA DE INFORMACIÓN. No se permita el
acceso libre a numerosos archivos
“invocando riesgos a la seguridad nacional”.
“La ley de Transparencia” del Gobierno
Rajoy no ha abordado los vacíos legales que
generan este problema.

7. EXHUMACIONES PRIVATIZADAS. Desde
2011, el Presupuesto para la Ley de la
Memoria, incluyendo las exhumaciones, ha
sido anulado. No existen registros oficiales
sobre lo que encierran unas 2.382 fosas
ilegales, que pueden contener los restos de
45.000 personas. Las autoridades no están
participando en las exhumaciones.

8. EL OBSTÁCULO DE LA LEY DE AMNISTÍA.
Los efectos de la Ley de Amnistía, son
incompatibles con los compromisos
internacionales que ha suscrito España, como
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, ratificado meses antes de aprobar la
ley. En cualquier caso siempre se requiere
una investigación de los hechos.

9. JURISDICCIÓN UNIVERSAL. El Gobierno
español tiene la obligación de colaborar con
la justicia argentina en la causa abierta
contra los crímenes de la Guerra Civil y la
Dictadura: sólo podrá denegarse la
extradición de los acusados, si la justicia
española inicia las investigaciones y juzga a
los responsables.

10. VÍCTIMAS “DE SEGUNDA”. El relator
recomienda al Gobierno español que,
aproveche los debates del Anteproyecto de
Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima,
como oportunidad para incluir “todas” la
categorías de víctimas”.