Procedimiento administrativo y tratamiento de la documentación

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN
1. ACTO ADMINISTRATIVO
A. Concepto

El término acto administrativo, ante todo debemos circunscribirlo al Derecho Administrativo,
por contraposición al acto jurídico que nos da la noción, nos define y regula el derecho civil.
Dar un concepto dentro del Derecho en cualquiera de sus ramas, siempre ha sido dificil y a
menudo encontramos entre nuestros prestigiosos jurístas diferentes posturas e interpretaciones,
pero se hace más dificil aún cuando estudiamos una rama del derecho no codificada y tan
dinámica como el derecho administrativo.

Para comprender y poder arribar a una noción de acto administrativo debemos tener en claro
que el mismo es el producto de la función administrativa, independientemente del ejercicio de la
misma por parte de un órgano administrativo o de los Poderes Judicial o Legislativo
(recordemos que estos últimos tienen dentro de sus funciones a las llamadas funciones
impropias dentro de las que se encuentra la función administrativa).

La función administrativa se encargara de llevar adelante en la practica los cometidos estatales
(concepto amplio) y para ello se requerirá frecuentemente que la administración pública
(mediante sus órganos o entes) declare o exteriorice su voluntad. Siendo el Estado una persona
jurídica de carácter público exteriorizará su voluntad luego de cumplidos los recaudos
determinados en el Ordenamiento Jurídico Administrativo y el acto por el cual se declara o
exterioriza la voluntad estatal es el acto administrativo.

El acto administrativo es una declaración de voluntad formulada por un órgano del estado en
ejercicio de una potestad administrativa.

Los actos administrativos pueden clasificarse, en relación con las personas, en actos de alcance
general y actos de alcance particular. Son de alcance particular aquellos actos en los cuales la

declaración que los constituye mira a una o más personas o casos individualmente determinados
o determinables. Estos actos son la expresión típica de la potestad ejecutiva de la
administración, y tienen por objeto llevar a cabo, en forma concreta e inmediata, dicha
actividad.

B. Elementos

La existencia del acto administrativo depende de la existencia de ciertos elementos esenciales:
competencia, objeto, voluntad y forma.

Los elementos accidentales son: Condición, Modo y Término.

Estos elementos pertenecen al como y al cuando de la producción de los efectos del acto. Son
elementos de legitimidad los que se relacionan con el cumplimiento de las normas positivas
atinentes al acto. Son elementos de mérito los que se refieren al cumplimiento oportuno y
conveniente de los fines del acto.

ELEMENTOS ESENCIALES:

1) Competencia

Es el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente.

Caracteres de la competencia:

EXPRESA: Porque debe emanar de la Constitución Nacional, Constitución Provincial,
tratados, leyes y reglamentos.

IMPRORROGABLE O INDELEGABLE: porque se halla establecida en interés publico y
surge de una norma estatal, no de la voluntad de los administrados ni del órgano administrativo.
La competencia si bien es improrrogable e indelegable.

Hay excepciones como en los casos de delegación, sustitución o avocación.

IRRENUNCIABLE: Es decir indelegable.

CLASES DE COMPETENCIA:

1) POR LA MATERIA: Se refiere a las actividades que legítimamente puede
desempeñar un órgano administrativo.

Según el carácter de la actividad la materia puede ser:

· Deliberativa: Poder Legislativo.

· Ejecutiva: Intendente.

· Consultiva: Oficina pericial, oficina técnica, Asesoría gral.

· De control: Fiscalía de estado, Tribunal de cuentas de la Nación.

2) POR TERRITORIO: Comprende el ámbito espacial en el cual es legitimo el
ejercicio de la función del órgano administrativo. Se relaciona este punto con las
divisiones o circunscripciones administrativas del territorio del estado.

3) POR EL TIEMPO: Comprende el ámbito temporal en que es legítimo el
ejercicio de la función. La competencia es por lo común permanente pero en ciertos
casos el órgano puede ejercer la función salo en un lapso determinado.

4) POR EL GRADO: La organización administrativa se integra verticalmente.
El grado es la posición o situación que ocupa el órgano dentro de la pirámide
jerárquica. El inferior en grado esta subordinado al superior. La competencia en razón
del grado se refiere a la posición que ocupa un órgano dentro de la ordenación
jerárquica de la administración.

2) Objeto:

Es la materia o contenido sobre el cual se decide, certifica, valora u opina.

Es el contenido del acto. consiste en la resolución, en las medidas concretas que dispone el acto.

El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible; debe decidir todas las peticiones
formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y
siempre que ello no afecte derechos adquiridos.

Interpretando estas dos normas podemos decir que el objeto debe ser:

LICITO: O sea que el objeto del acto administrativo no debe ser prohibido por las normas
jurídicas vigentes.

CIERTO

POSIBLE

DETERMINADO

3) Voluntad:

La voluntad es un impulso psiquico, un querer, una intención.

Concurren en la voluntad administrativa elementos subjetivos y objetivos. La voluntad del acto
Administrativo está compuesta por la voluntad subjetiva (voluntad referente al acto mismo) del
funcionario y la voluntad objetiva del legislador (voluntad sin conocer las circunstancias
particulares de cada caso)

La voluntad puede ser expresa o t cita:

Expresa: Se da cuando la conducta administrativa se exterioriza a través de la palabra oral o
escrita, o por símbolos o signos.

Tácita: La voluntad es tácita cuando el silencio administrativo, por expresa previsión del
ordenamiento jurídico, es considerado acto administrativo.

C. Motivación y notificación

- Motivación:

Existe confusión entre motivación y causa. La motivación reponde al por qué justificativo. La
causa responde al por qué. La motivación aparece cuando en el acto existe la posibilidad de la
discrecionalidad por parte del funcionario público. Si un acto es discrecional debe motivarse si
un acto es totalmente reglado no seria necesaria la motivación. El orden normativo establece
una serie de trámites y actos previos que deben cumplirse antes de la emisión de la
voluntad. La emisión de la voluntad administrativa se deben ajustar según los casos a
los siguientes requisitos o elementos.

1) FINALIDAD: Los agentes públicos deben actuar cumpliendo el fin de la norma. O sea el
acto debe tener en miras la finalidad prevista por el ordenamiento. La finalidad del Acto
Administrativo respondería a la pregunta de PARA QUE ?

Si el ente administrador usa el poder de una norma con otro fin el, acto se considerar viciado.

2) RAZONABILIDAD: Los agentes públicos deben valorar razonablemente las circunstancias
de hecho y de derecho aplicable y disponer medidas proporcionalmente adecuadas al fin
perseguido por el ordenamiento jurídico.

3) DEBIDO PROCESO: La garantía de la defensa en juicio es aplicable en el ámbito del
derecho administrativo.

Antes de la emisión del acto deben cumplirse ciertos pasos legales. Se consideran
necesarios los siguientes:

A) Dictamen previo del servicio permanente de asesoramiento jurídico.

B) Debido proceso o garantía de defensa.

C) Informe contable (cuando haya disposición de fondos públicos).

4) AUSENCIA DE ERROR, DOLOR Y VIOLENCIA: la voluntad administrativa debe ser libre
y conscientemente emitida sin que medie violencia física o moral.

- ERROR: El error sólo existe cuando el administrador emite un acto distinto del
que tenía voluntad de emitir. O sea quiso hacer una cosa y firmo otra.

- DOLOR Y VIOLENCIA: Es difícil que se presenten estos vicios. Dolor

5) AUTORIZACION: Cuando el orden normativo exige la autorización de otro órgano para la
emisión de un acto, debe ser previa y no puede otorgársela después de haber sido emitido el
acto. La autorización es una forma de control preventivo y el acto emitido sin dicha
autorización se encuentra viciado.

6) APROBACION: Los actos sujetos por el orden normativo a la aprobación de otro órgano, no
podrán ejecutarse mientras esta no haya sido otorgada. La aprobación se realiza sobre actos
ya formados, con el objeto de permitir su ejecución y eficacia. El acto no aprobado no produce
efectos jurídicos. La aprobación es declarativa o sea que los efectos del acto se retrotraen
al momento de su nacimiento sin aprobación.

Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos
administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y
procedimientos de arbitraje.

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos
consultivos.

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la
adopción de medidas provisionales siguientes:

En los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá
adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de
rango de Ley.

Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores.

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.

f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en
virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia
competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus
convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos
de la resolución que se adopte.

- Notificación:

Son formas de publicidad la publicación y la notificación. La publicación es aplicable a los
reglamentos, mientras que la notificación lo es a los actos administrativos.

El acto que no ha sido notificado no produce efectos jurídicos inmediatos. No es acto
administrativo en el concepto que hemos señalado. Por lo tanto la notificación es elemento del
acto, forma parte de él.

Las notificaciones se podrán hacer indistintamente por alguno de los siguientes medios:

a) acceso directo del interesado al expediente, dejando constancia expresa de ello;

b) préstamo del expediente;

c) recepción de copias;

d) presentación espontánea del interesado de la que resulta estar en conocimiento fehaciente del
acto respectivo;

e) cédula;

f) telegrama con aviso de entrega o carta documento;

g) edictos;

h) oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción, e

i) por los medios que indique la autoridad postal, a través de sus permisionarios.

Es admisible la notificación verbal sólo cuando el acto válidamente no esté documentado por
escrito. Además, si la voluntad administrativa se exteriorizara por señales o signos, su
conocimiento o percepción importaría notificación.

El acto administrativo no notificado por impulso de la Administración puede llegar a ser eficaz
mediante la invocación de sus efectos por parte del interesado. No ocurre lo mismo con el
reglamento; éste, si no es publicado, no puede ser invocado por los particulares que tengan
conocimiento de él, porque ello violaría la igualdad ante la ley; es necesario que el reglamento
se aplique a la generalidad de los individuos a quienes sus disposiciones contemplan, sin
hacerse distinciones no establecidas en él.

Finalmente, señalamos que la notificación de un acto administrativo supone necesariamente el
otorgamiento implícito acto tácito, conforme a lo precedentemente expuesto de la vista de las
actuaciones en que dicho acto ha sido producido y de los dictámenes, informes, etc., que han
dado lugar a él, sea que éstos coincidan con la decisión o, por el contrario, sean contrarios a ella.

D. Revisión y ejecución

Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el
tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la
buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes (art. 106 LRJ-PAC).

- Límites de la revisión

Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el
tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la
buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes (art. 106 LRJ-PAC).

- Revisión de actos declarativos de derechos

A. Actos nulos de pleno derecho

Las Administraciones Públicas podrán, en cualquier momento, por iniciativa propia y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma, si lo hubiere, declarar de oficio la nulidad de los actos que sean nulos de pleno
derecho.

El procedimiento de revisión de oficio se instruirá y resolverá de acuerdo con las disposiciones
generales del procedimiento administrativo. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el
órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera
causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Transcurrido el plazo de tres meses para
resolver sin que se hubiera dictado resolución se producirá la caducidad del procedimiento (ver
apartado I.6º.2.C).

Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de un acto, podrán establecer en la misma
resolución por la que se declara esa nulidad, las indemnizaciones que proceda reconocer a los
interesados (art. 102 LRJ-PAC).

B. Actos anulables

Las Administraciones Públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos
favorables para los interesados que sean anulables a fin de proceder a su ulterior impugnación
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades
Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración
competente en la materia. Si el acto proviniera de las Entidades que integran la Administración

Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de
éste, por el órgano colegiado superior de la Entidad.

La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se
dictó el acto administrativo (STS de 10-10-2000, RJ 2000, 8245) y exigirá la previa audiencia
de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo (ver apartado I.6º.2.C).

El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a
la fecha de la declaración de lesividad (arts. 103 LRJ-PAC y 46.5 LJCA).

- Revisión de actos desfavorables o de gravamen

Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos, expresos o
presuntos, no declarativos de derechos y los de gravamen, siempre que tal revocación no
constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico (art. 105 LRJ-PAC).

- Corrección de errores materiales

Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (art. 105 LRJ-PAC).

- Resoluciones recurribles:

A) Resolución del procedimiento: contra las resoluciones que no pongan fin a la vía
administrativa podrá interponerse por los interesados el recurso ordinario.

Ponen fin a la vía administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación sustitutivos del recurso de alzada.

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo
que una ley establezca lo contrario.

d) Las demás resoluciones de órganos administrativos, cuando una disposición legal o
reglamentaria así lo establezca.

e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del
procedimiento.

B) Actos de trámite: contra los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un
procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse por los interesados el recurso
ordinario. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados, para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

- Interposición del recurso

El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano
competente para resolverlo que será el superior jerárquico.

El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.

Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles
interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se
produzcan los efectos del silencio administrativo.

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos
los efectos.

- Resolución:

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto de
que el recurso se hubiera interpuesto contra una desestimación presunta en cuyo caso el recurso
se entenderá estimado.

- Sustitución del recurso de alzada:

Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados,
y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de
impugnación o reclamación, incluidos los de conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos
colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los
principios, garantías y plazos que la ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo
procedimiento administrativo (art. 107 LRJ-PAC).

2. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A. Iniciación

- Clases de iniciación:

Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.

- Iniciación de oficio:

Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia
iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por
denuncia.

Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de
información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia
o no de iniciar el procedimiento.

- Solicitudes de iniciación:

Las solicitudes que se formulen deberán contener:

Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la
identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

Lugar y fecha.

Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier
medio.

Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y
fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud,
salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.

De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la
Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de

presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada
por la oficina.

Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos sistemas normalizados de
solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una
serie de procedimientos. Los modelos mencionados estarán a disposición de los ciudadanos en
las dependencias administrativas.

Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o
completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el
órgano al que se dirijan.

- Subsanación y mejora de la solicitud:

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señalados anteriormente y los exigidos,
en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un
plazo de diez días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada mediante resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera
que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento
de la solicitud, así como la desaparación sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución
consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los
hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación
del procedimiento por pacto o convenio, asi como los procedimientos relativos al ejercicio de
derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.

Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo
podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del
órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá
recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ellos
se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

- Medidas provisionales:

Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar,
de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la
eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para
ello.

Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a
instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses
implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos
expresamente por una norma de rango de Ley. Las medidas provisionales deberán ser
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que
deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del
recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo
o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las
mismas.

No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de dificil o imposible
reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que
no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al
procedimiento correspondiente.

- Acumulación:

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la
forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión.

Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

B. Ordenación

- Impulso:

El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de
homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada
en contrario, de la que quede constancia.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de
responsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, será causa de remoción del puesto de
trabajo.

- Celeridad:

Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión
simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la
comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.

- Cumplimiento de trámites:

Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de
diez días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma
correspondiente se fije plazo distinto.

Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne
los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor,
concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.

A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar
decaídos en su derecho al trámite correspondiente; sin embargo, se admitirá la actuación del
interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique
la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

- Cuestiones incidentales:

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la
nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

C. Instrucción

- Actos de instrucción.

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio por el
órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer
aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o
reglamentariamente establecidos.

Los resultados de los sondeos y encuestas de opinión que se incorporen a la instrucción de un
procedimiento deberán reunir las garantías legalmente establecidas para estas técnicas de
información así como la identificación técnica del procedimiento seguido para la obtención de
estos resultados.

- Alegaciones.

Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente
propuesta de resolución.

En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los
que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de
trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas
alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente
responsabilidad disciplinaria.

PRUEBA

- Medios y período de prueba.

Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier
medio de prueba admisible en Derecho.

Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la
naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período
de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan
practicarse cuantas juzgue pertinentes.

El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados
cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

- Práctica de prueba.

La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las
actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.

En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la
advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.

En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización
implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los
mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de
los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los
mismos.

INFORMES

- Petición.

A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean
preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el
precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita.

- Evacuación.

Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o
menor.

De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el
carácter del informe solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean
determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo
de los trámites sucesivos.

Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el
procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias
respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera evacuado, se podrán proseguir las
actuaciones.

El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente
resolución.

PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS

- Trámite de audiencia.

Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se
pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a
las informaciones y datos siguientes

a) Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las
Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a
Derecho Administrativo.

b) Los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado.

c) Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la
protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que
se estén realizando.

d) Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial.

e) Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.

Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar
alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por el interesado.

- Actuación de los interesados.

Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse
en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con
sus obligaciones laborales o profesionales.

Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren
conveniente en defensa de sus intereses.

En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno
respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.

- Información pública.

El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo
requiera, podrá acordar un período de información pública.

A tal efecto, se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma, o en
el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde.

El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular alegaciones, que
en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos
procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de
interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen
derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas
aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras
formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos, directamente o a través de las
organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las
disposiciones y actos administrativos.

D. Terminación

Pondrán fin al procedimiento

- La resolución

- El desistimiento

- La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por
el Ordenamiento Jurídico

- Declaración de caducidad.

- También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo
por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

- Terminación convencional

Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con
personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen
jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos
tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los
mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las
partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo
publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros, los acuerdos que
versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.

Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los
órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y
funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos.

RESOLUCION

- Contenido.

La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los
interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el
órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto en
aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen
pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con
las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y
sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si
procede.

Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada, con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho en los siguientes casos

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos
administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y
procedimientos de arbitraje.

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos
consultivos.

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la
adopción de medidas provisionales previstas en los siguientes casos:

En los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá
adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de
rango de Ley.

Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores.

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.

f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en
virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia
competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus
convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos
de la resolución que se adopte.

Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o
judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio,
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la
inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento
Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición
previsto por el artículo 29 de la Constitución.

5. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se
incorporen al texto de la misma.

DESISTIMIENTO Y RENUNCIA

- Ejercicio.

Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el
Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos.

Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la
renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.

- Medios y efectos.

Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su
constancia.

La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el
procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos
su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento.

Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar
los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

CADUCIDAD

- Requisitos y efectos.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización
por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se
producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice
las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de
las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad
procederán los recursos pertinentes.

No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación
de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no
tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés
general, o fuera conveniente suscitarla para su definición y esclarecimiento.

3. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Es una herramienta para facilitar trámites y vencer la inoperancia, es necesario advertir que
tiene algunas limitaciones que, a pesar de ser obvias, no han sido tomadas en cuenta por
personas inescrupulosas que han pretendido ciertos abusos. es una herramienta para facilitar
trámites y vencer la inoperancia, es necesario advertir que tiene algunas limitaciones que, a

pesar de ser obvias, no han sido tomadas en cuenta por personas inescrupulosas que han
pretendido ciertos abusos.

En primer lugar, es necesario que exista un base de derecho para el pedido. No procede, por
ejemplo, que yo acuda ante el Tribunal Supremo Electoral para pedir que se me nombre
Presidente de la República. Si el Tribunal no contesta en el término de quince días, ¿debería
entenderse que se me debe ungir Presidente? Es obvio que no, porque la elección del Presidente
reclama un proceso debidamente establecido por la Constitución y la ley.
En segundo lugar, es necesario que el pedido se dirija a instituciones u organismos competentes.
Por ejemplo, no se puede pedir al Ministerio de Gobierno que autorice una concesión minera.
En tercer lugar, que la vía escogida sea la prevista en la ley. No procedería que, a través de
reclamo administrativo, se pidiera al Presidente de la República el pago de una indemnización
que debería tramitarse y declararse por acción judicial y vía ordinaria.
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en Resolución 128-2000-TP (24 de julio de 2000),
dentro del caso 1119 de amparo constitucional, dijo "Que, no cabe aplicar el silencio
administrativo para actos que no contempla el artículo 28 de la Ley de Modernización, pues,
bastaría que un buen número de personas pidan sumas de dinero y si el Presidente no avanza a
contestar dentro del plazo previsto, tendrían derecho a cobrar, mediante amparo, sin que se haya
establecido la procedencia del requerimiento".
En cambio si una persona, natural o jurídica, cumpliendo los requisitos previamente
establecidos, pide al Ministerio de Educación que apruebe el funcionamiento de un
establecimiento educativo, el Ministerio no puede abstenerse de un pronunciamiento más allá
del término que la Ley de Modernización establece, salvo el caso que su propia ley contemple
otros términos, como efectivamente ocurre. En este supuesto, la solicitud debe ser contestada en
los términos de esta ley. De no ocurrir así, se debe entender aceptada. Conozco la situación de
varios colegios e institutos particulares que, no obstante presentar solicitudes documentadas, no
recibieron contestación en uno, dos y más años. Es evidente que, en esos casos, operó la
aceptación tácita aunque los funcionarios del Ministerio de Educación quieran desconocerlo
porque no existe el acuerdo ministerial que aprobó la escuela o colegio.

De acuerdo con la Constitución, la ley y el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función
Ejecutiva, (arts. 89 al 96), la administración no puede revocar o dejar sin efecto arbitrariamente
un acto (tácito en este caso) que ha creado derechos de los administrados sino que debería
recurrir al juicio de lesividad, equivalente a la nulidad, ante el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo.
Si de hecho la administración emitiera una resolución posterior y extemporánea que
desconociera el derecho que ya fue consagrado, la persona afectada podría intentar una acción

de amparo constitucional porque representa un atentado contra el derecho constitucional de
petición o la acción contencioso administrativa por revocatoria de la resolución tácita.

El art. 20 de la Constitución advierte que "Las instituciones del estado, sus delegatarios y
concesionarios están obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les
irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos
de sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos".
Indica también que estas instituciones "tendrán derecho de repetición y harán efectiva la
responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave, judicialmente
declarada, hayan causado los perjuicios".
El artículo 28 de la Ley de Modernización, ya citado, pero, que vale la pena repetir, advierte en
su segundo y tercer incisos: "En el evento de que cualquier autoridad administrativa no aceptare
un petitorio, suspendiere un procedimiento administrativo o NO EXPIDIERE una resolución
dentro de los términos previstos, SE PODRA DENUNCIAR EL HECHO A LOS JUECES
CON JURISDICCIÓN PENAL como un acto contrario al derecho de petición garantizado por
la Constitución, de conformidad con el artículo 213 del Código Penal, sin perjuicio de ejercer
las demás acciones que le confieren las leyes.
La máxima autoridad administrativa que comprobare que un funcionario inferior ha suspendido
un procedimiento administrativo o se ha negado a resolverlo en un término no mayor a quince
días a partir de la fecha de su presentación, comunicará al Ministro Fiscal del respectivo Distrito
para que éste excite el correspondiente enjuiciamiento".
Reconozco que, debido la temor reverencial de los administrados frente a posibles represalias de
la administración, muy pocos ensayarán la vía penal, pero, ahí está el derecho como una espada
de Damocles que, en cualquier momento, puede caer sobre la cabeza de quienes por negligencia
o conveniencia no atienden ni resuelven oportuna y debidamente los reclamos.

Para mayor ilustración me permito citar el concepto de silencio administrativo que maneja la
Corte Suprema de Justicia en fallos reiterados constantes en la jurisprudencia de casación gaceta
judicial Año XCVII, serie 16, No. 10, Pág. 2716.
En sentencia de 10 de diciembre de 1997, frente a los recursos de casación planteados por los
señores Ministro de Energía y Minas y Gerente de la Empresa de Comercialización y
Transporte de Petróleos del Ecuador PETROCOMERCIAL respecto de la sentencia dictada por
la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, el 11 de junio de
1996, en el juicio seguido por Andrea Menozzi, representante legal de la Compañía AGIP
ECUADOR, contra los recurrentes y contra el Procurador General del Estado, la Sala de lo
Contencioso Administrativo manifestó:
"El derecho que se establece por el ministerio de la ley como consecuencia del silencio

administrativo en el término señalado, es un derecho autónomo, que conforme lo dicho por la
doctrina y por jurisprudencias tan importantes como los fallos del Consejo del Estado francés y
de su similar colombiano, nada tiene que ver con los hechos o circunstancias administrativas
anteriores a su origen y al que ni siquiera le afecta la contestación negativa del organismo al que
se dirigió el pedido, cuando tal declaración es emitida después del término que la ley establece
para dar oportuna contestación a un petitorio; por lo cual, la acción que se endereza ante el
órgano jurisdiccional no está dirigida a que se declare el derecho, que, como señalamos se
encuentra firme, sino a que dicho órgano disponga su ejecución inmediata; de tal forma que una
acción de esta clase no da origen a un proceso de conocimiento sino a uno de ejecución. Desde
luego que el legislador ha establecido en el Art. 28 de la Ley de Modernización, el efecto
positivo del silencio administrativo, en reemplazo del efecto negativo que consagra la anterior
legislación, no de manera arbitraria, pues, tal efecto rebasa el propósito negativo, que
únicamente tenía por objeto posibilitar la continuación y desenvolvimiento del proceso
contencioso administrativo, ya que, además, y principalmente, mediante el positivo se da un
efecto práctico a la garantía o derecho de petición y oportuna respuesta, consagrado en el Art.
19 numeral 11 de la Constitución Política del Estado, precisamente por ello, el efecto positivo
del silencio administrativo, no es una presunción de hecho que admite prueba en contrario, sino
más bien, una presunción de derecho que da origen a un accionar procesal autónomo".

4. EL RECURSO ADMINISTRATIVO

Los recursos que caben contra los actos administrativos dependen de la naturaleza del acto que
consideramos. Existen muy diversas clasificaciones de actos administrativos, pero, a los efectos
de recursos administrativos, hay que tener presentes dos de ellas: la que distingue entre actos
definitivos y de trámite y, por otra parte, la que distingue entre actos que ponen fin a la vía
administrativa y los que no agotan dicha vía.

Los actos administrativos de trámite son los que impulsan y ordenan el procedimiento pero sin
llegar a resolverlo; los actos definitivos son los que le ponen fin resolviéndolo y expresando la
voluntad de la Administración.

Los actos que no ponen fin a la vía administrativa son aquellos, que a pesar de resolver un
procedimiento (y ser, por tanto, definitivos), permiten su impugnación ante la misma
Administración, sea ante el propio órgano que dictó el acto o bien ante su superior jerárquico.
Por el contrario, los actos que agotan la vía administrativa, le ponen fin o causan estado, no
permiten más recurso ante la Administración (salvo el de revisión, que después veremos, o, en
su caso, el potestativo de reposición) y sí ante los Tribunales de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Los actos que ponen fin a la vía administrativa varían según la Administración considerada;
veamos los supuestos más importantes: Con carácter general, el artículo 109 LRJPAC señala
que ponen fin a la vía administrativa:

- Las resoluciones de los recursos de alzada:

Las resoluciones de los procedimientos de impugnación que pueden sustituir al recurso de
alzada (procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante
órganos colegiados y comisiones específicas en casos determinados y cuando la especifidad de
la materia así lo aconseje.

Las resoluciones de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico salvo que una
ley establezca lo contrario.

Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición de rango legal o
reglamentario así lo establezca (por ejemplo, una resolución dictada por delegación de un
órgano cuyas resoluciones sí pongan fin a la vía administrativa).

Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del
procedimiento.

En el ámbito de la Administración del Estado, la Disposición Adicional 15ª de la Ley 6/1997, de
14 de abril (L.O.F.A.G.E), concreta qué actos agotan la vía administrativa; son, principalmente,
los que dicten los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que
les son propias, los que emanen de órganos directivos con nivel de Director general o superior,
en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal y, por último, los
emanados de los máximos órganos, unipersonales o colegiados, de los Organismos públicos
adscritos a la Administración del Estado. Cabe destacar que el artículo 82 de la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social precisa algunos casos
en los que los actos que proceden de los máximos órganos de los Organismos públicos no
agotan la vía administrativa y son susceptibles de recurso ante el Ministro del que dependen (es
un ejemplo de recurso de alzada "impropio", puesto que entre el Organismo público y el
Ministro no hay una relación de jerarquía, que es lo propio de la alzada).

Por lo que respecta a las Comunidades Autónomas, sus propias leyes de organización
determinan qué actos de los órganos de cada una de ellas agotan la vía administrativa.
Reconociendo su competencia de autoorganización (consagrada en el artículo 148.1.1ª de la
Constitución), podemos decir que, con carácter general, causarán estado los actos dictados por
el Presidente del Consejo de Gobierno, los del propio Consejo de Gobierno y los de las

Comisiones Delegadas de éste. También agotan la vía administrativa los actos de los Consejeros
salvo que se prevea recurso ante otro órgano (el Presidente o el Consejo de Gobierno).

El artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local es el que determina
qué actos de las Entidades Locales ponen fin a la vía administrativa; éstos son: los del Pleno, los
Alcaldes o Presidentes (de las Diputaciones Provinciales) y las Comisiones de Gobierno salvo
en los casos excepcionales en que se requiere la aprobación del Estado o de la Comunidad
Autónoma o se prevé recurso ante uno u otra (otro ejemplo de recurso de alzada impropio, pues
no existe jerarquía entre entes locales, Comunidades Autónomas y Estado).

Una vez hecha esta necesaria aproximación a la materia, estamos en condiciones de distinguir
los diversos recursos administrativos y saber ante qué clase de acto podemos interponer cada
uno de ellos (artículos 107 y siguientes de la LRJPAC):

- El recurso de alzada:

Es un recurso que se interpone ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto
recurrido, siempre que dicho acto no agote la vía administrativa. Tampoco pueden recurrirse
en alzada (ni de modo alguno ante la Administración) las disposiciones de carácter general
(Reglamentos). El plazo para interponer el recurso es de un mes si el acto es expreso, es
decir, si nos ha sido notificado y de tres meses si no es expreso, es decir, producido por
silencio administrativo (ver F.A.Q correspondiente). El plazo para resolverlo es de tres
meses y el silencio (la falta de resolución en esos tres meses) tiene efecto desestimatorio.
Contra el acto que resuelve el recurso de alzada no cabe nuevo recurso de alzada aunque sí,
naturalmente, recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales.

- El recurso de reposición:

Es un recurso potestativo o voluntario que procede frente a los actos que ponen fin a la vía
administrativa. Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, que es,
también, el encargado de resolverlo, El plazo para presentarlo es el de un mes para actos
expresos y de tres meses para actos que no lo sean. Ha de ser resuelto en el plazo de un mes
y el silencio es negativo o desestimatorio. No cabe un segundo recurso de reposición. El
carácter potestativo de este recurso hace que los interesados, ante un acto que agota la vía
administrativa, puedan optar entre tratar de obtener un nuevo pronunciamiento de la
Administración que les satisfaga, a través de este recurso, o bien acudir directamente a los
Tribunales.

Contra los actos de trámite sólo cabe recurso de alzada o potestativo de resposición si deciden
directamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. La oposición a los
restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la
resolución que ponga fin al procedimiento.

Los recursos de alzada y de reposición podrán fundarse en cualquier motivo de nulidad o
anulabilidad de los artículos 62 y 63 de la LRJPAC. Son denominados, por esta amplitud de los
motivos en que pueden basarse, recursos ordinarios.

- El recurso de revisión:

Presenta un carácter extraordinario pues sólo se puede basar en unos motivos tasados que ahora
veremos. Este recurso cabe ante actos firmes en vía administrativa. Un acto es firme en vía
administrativa cuando, por haber transcurrido los plazos previstos para su impugnación
ordinaria, no es susceptible de recurso administrativo. Se trata, por tanto, de un remedio
extraordinario para corregir resoluciones injustas, cuya injusticia se pone de manifiesto por
circunstancias ocurridas o conocidas después de los plazos de los recursos ordinarios. Los
motivos tasados en que puede basarse son los siguientes.

Cuando al dictar el acto recurrido se haya incurrido en manifiesto error de hecho que resulte de
los propios documentos incorporados al expediente.

Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean
posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos
por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución.

Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia,
maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia
judicial firme.

El recurso de revisión podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto recurrido que también
lo resolverá. El plazo para interponerlo, en el primer caso mencionado, es de cuatro años desde
la notificación de la resolución. En el resto de los supuestos el plazo es de tres meses a contar
desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme. El plazo para

resolverlo es de tres meses y la falta de resolución de la Administración en ese plazo tiene
carácter desestimatorio y deja libre el acceso a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Cuando, al resolver un recurso, se dicta un acto más perjudicial para el recurrente que el propio
acto recurrido estamos ante la "reformatio in peius". Ya la jurisprudencia anterior a la LRJPAC
se había mostrado contraria a la reformatio in peius. La Ley es suficientemente explícita: "...la
resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún
caso pueda agravarse su situación inicial" (artículo 113 LRJPAC in fine).

La regla general es la no suspensión del acto en caso de recurso. No obstante, el órgano a quien
corresponda resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el
perjuicio que causaría al interés público o al de terceros la suspensión y el perjuicio que se causa
al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de
oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias: que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil
reparación o que la impugnación se fundamente en algunas de las causas de nulidad de pleno
derecho del artículo 62.1 (vide F.A.Q correspondiente).

Además, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días
desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente
para decidir sobre la misma éste no ha dictado resolución expresa al respecto.

Si la suspensión pudiera perjudicar el interés público o de terceros, al dictar el acuerdo de
suspensión, se podrán adoptar las medidas cautelares para asegurar su protección, además de
poder exigirse caución o garantía suficiente para responder de los posibles perjuicios.

Por último, la suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando
exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía jurisdiccional contencioso-
administrativa, hasta que el órgano jurisdiccional se pronuncie acerca de la suspensión.

No es posible presentar una demanda, basada en derecho privado o laboral, ante una
Administración Pública sin haber presentado la oportuna reclamación en vía administrativa
salvo en aquellos casos es que una norma, con rango de ley, lo exceptúa expresamente (artículos
120 y siguientes de la LRJPAC).

Como normas comunes la Ley contiene éstas: si planteada una reclamación ante las
Administraciones Públicas, ésta no ha sido resuelta y no ha transcurrido el plazo en que deba
entenderse desestimada, no podrá deducirse la misma pretensión ante la jurisdicción
competente. Pero, planteada una reclamación previa se interrumpirán los plazos para el ejercicio

de las acciones judiciales, que volverán a contarse a partir de la fecha en que se haya practicado
la notificación expresa de la resolución o, en su caso, desde que se entienda desestimada por el
transcurso del plazo.

En caso de una controversia de carácter civil con una Administración Pública (surgida en una
relación jurídica en la que la Administración no ejercite potestades administrativas), la
reclamación previa en vía administrativa, se sujeta, básicamente, a las siguientes normas: debe
dirigirse al órgano competente (en la Administración General del Estado será el Ministro del
Departamento que por razón de la materia sea competente); resuelta la reclamación se notificará
al interesado y, en caso de no notificarse la decisión en el plazo de tres meses, el interesado
podrá considerar desestimada su reclamación y formular la oportuna demanda ante los
Tribunales del orden jurisdiccional civil (generalmente, los Juzgados de Primera Instancia).

Si una persona vinculada laboralmente (por medio de un contrato de trabajo, excluyendo, por
tanto, a los funcionarios públicos) con una Administración pretende demandar a ésta ante los
Tribunales de lo Social, debe, previamente, formular la preceptiva reclamación en vía
administrativa que se sujetará a las siguientes reglas: debe dirigirse al Jefe administrativo o
Director del establecimiento u Organismo en que el trabajador preste sus servicios. Transcurrido
un mes sin haberle sido notificada resolución alguna, el trabajador podrá considerar desestimada
la reclamación a los efectos de la acción judicial laboral, que, según el artículo 69.3 del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de
Procedimiento Laboral, será de dos meses o de veinte días si se trata de una acción de despido.

5. LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS

El proceso contencioso- administrativo se diseñó en su origen, a mediados del siglo XIX, sobre
la plantilla de un proceso civil de primera instancia, que se iniciaba por demanda del particular
(que tenía que esgrimir, como vimos, la vulneración de un derecho por la Administración), sin
necesidad de acto ni recurso administrativo previo y sin sujeción a plazo de interposición. Con
el tiempo, sin embargo, el proceso evolucionó hacia un modelo similar al de apelación civil, en
cuanto se impuso una concepción del proceso como revisor de lo previamente decidido por la
Administración. Así se reconoció primero en la jurisprudencia y se consagró después en la Ley
de Santamaría de Paredes de 1888 y en la Ley Jurisdiccional de 1956.

Esta concepción del proceso conlleva diversas restricciones o insuficiencias del proceso
contencioso- administrativo desde la perspectiva de la garantía judicial efectiva, entre las que
pueden destacarse las dos siguientes

• la restricción derivada de la exigencia del acto previo, pues de la misma manera
que no se concibe una apelación civil sin una sentencia del juez de primera
instancia, tampoco se concibe un proceso contencioso- administrativo sin acto
previo, de modo que la jurisprudencia declara inadmisible cualquier pretensión que
no traiga causa de resoluciones o acuerdos de la Administración. La prueba, sin
embargo, se admite con mayor amplitud que en la apelación civil.

• Del carácter revisor o de apelación que se otorga al proceso contencioso-
administrativo se deriva también que, del mismo modo que la sentencia civil de
primera instancia deviene inatacable si no se apela en el breve plazo establecido en
la Ley, también el acto administrativo se convierte en acto firme y consentido y
resulta inatacable si no se recurre en el plazo de dos meses establecido por la Ley de
la Jurisdicción.

La Ley de 1998 mantiene la principal consecuencia del carácter revisor del proceso
contencioso- administrativo, como es “la inadmisibilidad del recurso contra actos firmes y
consentidos” (art.28), lo que justifica en razones de seguridad jurídica a favor del interés general
y de quienes puedan resultar beneficiados o amparados por el acto administrativo.

Aunque mantiene ese principal efecto del carácter revisor del proceso, la Ley de 1998 intenta
superar algunas de las restricciones que para la tutela judicial efectiva entraña esta concepción,
mediante la introducción de dos tipos de procesos que ya hemos expuesto y cuyo objeto no es la
revisión de una decisión previa de la Administración sino una conducta omisiva o agresiva de
ésta: el recurso contra la inactividad de la Administración y el recurso contra la vía de hecho

En ambos casos, como dice la Exposición de Motivos de la Ley, lo que se impugna es,
directamente, la inactividad o actuación material correspondiente, aunque se interponga antes
una reclamación o requerimiento previo en vía administrativa para dar a la Administración la
posibilidad de resolver el conflicto y de evitar la intervención judicial.

El recurso contencioso- administrativo común, esto es, el que comienza a instancia de los
particulares contra la Administración, se iniciará por un escrito de interposición reducido a citar
la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de la vía de hecho que se impugne y a
solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, debiendo acompañarse el mismo de los
documentos acreditativos de la representación del compareciente, la legitimación del actor y de
la copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran. El trámite del escrito de
interposición del recurso no es, sin embargo, necesario en el recurso dirigido contra una
disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en que no existan terceros interesados, que

podrá iniciarse directamente mediante demanda en que se concretará la disposición, acto o
conducta impugnados y se razonará su disconformidad a Derecho.

El plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo es de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o
publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el
plazo será de seis meses.

Iniciado el recurso por medio del escrito de interposición o la demanda, el órgano juzgador
podrá acordar de oficio o en todo caso si lo solicita el recurrente, que se anuncie el recurso en el
diario oficial que proceda, con el objeto de llamar a los terceros interesados para que
comparezcan si les interesa. Al propio tiempo, el órgano jurisdiccional requerirá de la
Administración la remisión del expediente administrativo, ordenándole que emplace a quienes
aparezcan como interesados en él, para que puedan personarse en el plazo de nueve días. La
reclamación del expediente produce formalmente el efecto de emplazamiento de la
Administración y su envío equivale a la personación en el proceso.

Tras los trámites de interposición, reclamación del expediente, emplazamiento y personación, la
Ley establece un trámite de admisión para que el órgano juzgador pueda rechazar sin discusión
las acciones más evidentemente infundadas. Podrá el juzgador declarar la inadmisión del
recurso, previa reclamación y expediente administrativo, cuando concurran alguna de las
siguientes causas:

• cuando constare de modo inequívoco y manifiesto la falta de jurisdicción o la
incompetencia del juzgado o Tribunal, la falta de legitimación del recurrente, haberse
interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación, o haber
caducado el plazo de interposición;

• cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales
por sentencia firme;

• cuando se impugne una actuación material constitutiva de vía de hecho, si fuera
evidente que la actuación administrativa se ha producido dentro de la competencia y
en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido;

• cuando se impugne la no realización por la Administración de sus obligaciones si
fuera evidente la ausencia de obligación concreta de la Administración respecto de los
recurrentes.

Si se admite el recurso, se pasa el expediente administrativo al recurrente para que formalice la
demanda en el plazo de veinte días. Si las partes estimasen que el expediente administrativo no
está completo, podrán solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestación,
que se reclamen los antecedentes para completarlo con suspensión del plazo correspondiente.
En la demanda se consignarán, con la debida separación, los hechos, fundamentos de derecho y
las pretensiones que se deduzcan, y se acompañarán los documentos en que los recurrentes
funden su derecho.

El actor podrá pedir por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de
recibimiento a prueba ni vista o conclusiones. Si la parte demandada no se opone, el pleito será
declarado concluso para sentencia, una vez contestada la demanda.

Las partes demandadas podrán formular dentro de los primeros cinco días del plazo para constar
la demanda, alegaciones previas sobre inadmisibilidad, referidas a los motivos que pudieren
determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso. Del
escrito formulando alegaciones previas se dará traslado al actor por cinco días, el cual podrá
subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez días. El auto desestimatorio de las
alegaciones previas no será susceptible de recurso y dispondrá que se conteste la demanda en el
plazo que reste.

La contestación a la demanda, escrito parejo a ésta, debe formularse en el plazo de veinte días o
de los que resten después de los invertidos en el trámite de alegaciones previas, y tiene la misma
estructura formal y las mismas reglas sobre acompañamiento de documentos que la demanda.
La jurisprudencia española, ante el silencio de la Ley, niega la posibilidad de que la parte
demandada introduzca en el escrito de contestación lo que en el proceso civil se conoce como
reconvención, que consiste en una acción nueva -no necesariamente contraria- que el
demandado ejercita frente al actor, para que se sustancie en el mismo proceso y se decida en la
misma sentencia.

En la prueba rige, como en el proceso civil, el principio dispositivo de forma que el
recibimiento del proceso a prueba se solicita por medio de otrosí, en los escritos de demanda y
contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán las partes
expresar en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba

Al margen de la voluntad de las partes, el juez puede acordar de oficio el recibimiento a prueba
y disponer la práctica de cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto.

La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil,
si bien el plazo será de quince días para proponer y treinta para practicar. No obstante, se podrán
aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte
que las propuso.

El proceso contencioso- administrativo termina con una fase de recapitulación y valoración de
lo actuado, cuya existencia se remite a la voluntad de las partes, pues éstas podrán solicitar en la
demanda y en la contestación:

• Que se celebre vista

• Que se presenten conclusiones o

• Que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia.

Dicha solicitud habrá de formularse por otrosí en los escritos de demanda o contestación o por
escrito presentado en el plazo de tres días contados desde que se declare concluso el período de
prueba y el juez proveerá según lo que coincidentemente hayan solicitado las partes.

En el acto de la vista, cuando se acuerde por el juez su celebración, se dará la palabra a las
partes por su orden para que de forma sucinta expongan sus alegaciones.

Cuando se acuerde el trámite de conclusiones, las partes presentarán unas alegaciones sucintas
acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que se apoyen sus
pretensiones en el plazo de 10 días, sin que puedan plantearse cuestiones que no hayan sido
suscitadas en los escritos de demanda y contestación, salvo que el juez estime las relevantes
para el fallo.

Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el juez o Tribunal declarará que el pleito ha
quedado concluso para sentencia, salvo que haga uso de su facultad de acordar determinadas
pruebas para mejor proveer, en cuyo caso la declaración de concluso se hará inmediatamente
después de que finalice la práctica de las diligencias de prueba acordadas

El procedimiento Contencioso- administrativo, como los pleitos civiles y laborales, concluye
por sentencia, por desistimiento del actor y por allanamiento del demandado. Además puede
terminar por reconocimiento en vía administrativa de las pretensiones del demandante o por
conciliación judicial.

A) La sentencia: contenido, extensión y límites

La sentencia es el modo normal de terminación del proceso y por ella el órgano jurisdiccional
decidirá sobre la regularidad del proceso y sobre las pretensiones de las partes.

Se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá
todas las cuestiones controvertidas en el proceso, bien mediante la inadmisibilidad del recurso,
bien con su estimación o desestimación, y en todo caso se pronunciará respecto de las costas.

Se declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones cuando: el Juzgado o
Tribunal Contencioso- administrativo carezca de jurisdicción; se hubiera interpuesto por
persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada; tuviere por objeto disposiciones,
actos o actuaciones no susceptibles de impugnación, recayera sobre cosa juzgada o existiera
litispendencia; cuando se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo
establecido.

El recurso se desestimará cuando se ajusten a Derecho la disposición, acto o actuación
impugnados.

Por el contrario, se estimará cuando los mismos incurrieran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, en cuyo caso la sentencia estimatoria
contendrá alguno de estos pronunciamientos:

a. Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o
parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se
modifique la actuación impugnada.

b. Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una
situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y
adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de
la misma.

c. Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una
actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para
que se cumpla el falto.

d. Si fuera estimatoria de una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se
declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién
viene obligado a indemnizar, y fijando la cuantía de la indemnización
cuando lo pida expresamente el demandante. En otro caso, se establecerán
las bases para la determinación de la cuantía.

Un límite importante a los poderes del juez es la prohibición de determinar el contenido de los
preceptos de una disposición general en sustitución de los anulados o el contenido discrecional
de los actos administrativos.

En principio, la sentencia sólo produce efectos entre las partes, pero si se trata de una
disposición general los tendrá erga omnes desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos
anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada. También
se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una
pluralidad indeterminada de personas.

B) Desistimiento, allanamiento y conciliación judicial

El desistimiento del actor en el proceso contencioso- administrativo, a diferencia de lo que
ocurre en el proceso civil, provoca que el actor pierda el derecho a las pretensiones ejercitadas,
en cuanto el acto recurrido se convierte en acto consentido y por tanto en acto posteriormente
inatacable. Pero la Ley admite también un desistimiento del actor sin renuncia al derecho
material fundado en que la Administración demandada hubiera reconocido totalmente en vía
administrativa las pretensiones del demandante.

El allanamiento es un comportamiento procesal del demandado que acepta mediante una
manifestación de voluntad las pretensiones del actor. Admite dos variantes, según se produzca
dentro del proceso o se trate de un allanamiento extraprocesal: cuando la Administración
reconoce totalmente las pretensiones del demandante fuera del proceso. En ambos casos, el Juez
dictará un auto en el que declarará terminado el procedimiento salvo que el reconocimiento de
las pretensiones del demandante infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico, en cuyo
caso dictará sentencia ajustada a Derecho.

Mediante la conciliación judicial, por último, el juez, de oficio o a solicitud de parte, una vez
formuladas la demanda y la contestación, somete a la consideración de las partes el recono-
cimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin
a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en
particular, cuando verse sobre estimación de cantidad. Si las partes llegaran a un acuerdo que
implique la desaparición de la controversia, el juez o Tribunal dictará auto declarando
terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al
Ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros (art. 77).

6. TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN

A. Documentos y expedientes: concepto, clases y reglas de tramitación y
conservación

La actividad administrativa se distingue por su carácter documental, es decir, por reflejarse en
documentos que constituyen el testimonio de la mencionada actividad. Los documentos
administrativos son el soporte en el que se materializan los distintos actos de la Administración
Pública, la forma externa de dichos actos.

Son dos las funciones primordiales que cumplen los documentos administrativos:

1. Función de constancia. El documento asegura la pervivencia de las actuaciones
administrativas al constituirse en su soporte material. Se garantiza así la conservación
de los actos y la posibilidad de demostrar su existencia, sus efectos y sus posibles
errores o vicios, así como el derecho de los ciudadanos a acceder a los mismos.
2. Función de comunicación. Los documentos administrativos sirven como medio de
comunicación de los actos de la Administración. Dicha comunicación es tanto interna -
entre las unidades que componen la organización administrativa - como externa - de la
Administración con los ciudadanos y con otras organizaciones.

Se pueden apreciar una serie de características que determinan el que un documento pueda ser
calificado como documento administrativo.

- Producen efectos

No cabe calificar de documento administrativo a aquellos documentos que no están destinados a
la producción de efecto alguno como son, por ejemplo, los resúmenes, extractos...Los
documentos administrativos siempre producen efectos frente a terceros o en la propia
organización administrativa.

- Son emitidos por un órgano administrativo

El emisor de un documento administrativo - aquél que lo produce - es siempre uno de los
órganos que integran la organización de una Administración Pública

- Su emisión es válida

Un documento es válido cuando su emisión cumple con una serie de requisitos formales y
sustantivos, exigidos por las normas que regulan la actividad administrativa.

Los documentos administrativos de utilización más común en la tramitación de cualquier
procedimiento administrativo pueden incluirse dentro de alguna de las tres fases de tramitación
de que consta todo procedimiento.

Esta clasificación sería la siguiente:

• Documentos de iniciación

Es el documento por el que se inicia un procedimiento administrativo de oficio, por ejemplo: el acuerdo
de iniciación de un procedimiento sancionador. Los procedimientos se inician de oficio en los siguientes
casos: cuando por propia iniciativa el órgano competente lo considera oportuno, como consecuencia de
orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia. El documento debe, además, ser
notificado a los posibles interesados.

Es el documento a través del cual se comunica al interesado en un procedimiento que la solicitud por el
presentada no reune todos los requisitos o no acompaña todos los documentos que se exigen en la
normativa correspondiente, por lo que se notifica esta incidencia a efectos de que subsane tal deficiencia
en un plazo determinado (10-15 días), ya que de lo contrario se considera que ha desistido y el
procedimiento se archivaría, terminando su tramitación.

Este documento puede ser utilizado en aquellos procedimientos que se han iniciado a solicitud del
interesado, y en el que el órgano competente aprecia que la solicitud recibida puede ser modificada o
mejorada voluntariamente por el interesado por considerarlo conveniente para el desarrollo del
procedimiento. Por ejemplo un procedimiento de concesión de una subvención, iniciado por un interesado
que solicita unos importes menores a los que en la norma reguladora de ese procedimiento se le conceden,
por lo que cabría modificar o mejorar esa solicitud.

Estos acuerdos se adoptan en aquellos procedimiento administrativo en los que se quiere, existiendo
elementos de juicio para ello, asegurar los efectos de la resolución que en su día se dicte y para ello el
órgano administrativo competente acuerda las oportunas medidas provisionales que estarán vigentes
durante el tiempo que dure el procedimiento.

La acumulación de procedimientos se da en aquellos supuestos en que tanto si estos se han iniciado de
oficio como a solicitud del interesado se detecta que por tener elementos comunes, por ejemplo en el
contenido del procedimiento, pueden acumularse o unirse para que su tramitación se lleve a cabo
conjuntamente.

Es el documento a través del cual se notifica a las personas interesadas en un procedimiento que se van a
llevar a cabo varios trámites del procedimiento en un mismo acto al tener entre ellos una naturaleza
similar.

• Documentos de instrucción

Es el documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento notifica a
las personas interesadas en el mismo que se abre un período probatorio, en el que se practicarán pruebas
(bien las solicitadas por los interesados, bien las acordadas por el órgano) para acreditar los hechos que se
valoran en el procedimiento.

Es el documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento comunica a
las personas interesadas en el mismo, el día, hora y lugar en que se llevaran a cabo las pruebas cuya
práctica se ha acordado en el procedimiento.

Es el documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento rechaza las
pruebas que han sido propuestas por el interesado o interesados en el procedimiento, notificando esta
circunstancias a los mismos e indicando los motivos de ese rechazo.

Los oficios son documentos que se utilizan para la comunicación entre unidades y órganos
administrativos, en concreto con este tipo de oficio se solicitan aquellos informes que no siendo
preceptivos por establecerse así en la normativa aplicable,a juicio del órgano competente no resultan
imprescindibles para la resolución del procedimiento. Si estos informes no son emitidos en el plazo
previsto legalmente no se interrumpe el plazo que se tiene para resolver un procedimiento, sino que se
continua la tramitación del mismo.

administrativos, en concreto con este tipo de oficio se solicitan aquellos informes que, siendo preceptivos
por establecerse así en la normativa aplicable, a juicio del órgano competente resultan imprescindibles
para dictar la resolución de un procedimiento. Si estos informes no son emitidos en el plazo previsto
legalmente se interrumpe el plazo para resolver el procedimiento, y por tanto no se podrá seguir con la
tramitación del mismo hasta que no se reciba dicho informe.

administrativos, en concreto con este tipo de oficio se solicitan aquellos informes que sirven para obtener
datos, opiniones o valoraciones que el órgano administrativo estima convenientes para resolver un
procedimiento, pero que la normativa aplicable no exige que se soliciten. En ningún caso su no recepción
puede suponer una interrupción de plazos en la tramitación de dicho procedimiento.

La citación es una notificación a través de la cual se le comunica al interesado o interesados en un
procedimiento que han de comparecer ante las oficinas públicas, indicándose al efecto el lugar, fecha,
hora y objeto de la comparecencia, asi como las consecuencias que acarrea el no personarse en las citadas
dependencias.

Es el documento a través del cual se notifica al interesado o interesados en un procedimiento que se ha
iniciado el trámite de audiencia. Con este trámite el interesado o interesados tienen la posibilidad de
examinar,en un plazo que viene determinado legalmente, el procedimiento que se esta llevando a cabo, a
la vista del cual pueden formular nuevas alegaciones o aportar nuevos documentos que consideren
importantes para la resolución que en su día se dicte.

Es el documento a través del cual se notifica al interesado o interesados en un procedimiento la decisión
del órgano competente de abrir un periodo de información pública para dar a conocer a cualquier persona
física o jurídica que este interesada los trámites de un procedimiento, para ello se determina, un lugar un
plazo y un horario, durante el cual se podrán presentar las alegaciones que se estimen convenientes.

Es un documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento notifica al
interesado o interesados en el procedimiento que se han ampliado los plazos que legalmente estan
establecidos para resolver el mismo, ello siempre y cuando no se perjudiquen derechos de terceras
personas y las circunstancias del procedimiento asi lo aconsejen. Esta amplicación de plazos la puede
conceder la Administración de oficio o a petición de los interesados. Existen dos supuestos de
ampliación: 1.- Una ampliación de plazos que no exceda de la mitad de los establecidos por la normativa
aplicable. Esta ampliación puede concederse de oficio por la Administración o a petición del interesado y
siempre que no se perjudiquen derechos de terceras personas. 2.- Una ampliación de plazos no superior al
plazo inicialmente establecido por la normativa aplicable a la tramitación de un procedimiento. Esta
ampliación la decide de oficio la Administración en aquellos supuestos en que el volumen de solicitudes
formuladas por los interesados en un procedimiento impidan el cumplimiento de los plazos previstos en el
citado procedimiento.

Es el documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento acuerda
bien de oficio o bien a solicitud del interesado la reducción a la mitad de los plazos establecidos
legalmente para la resolución un procedimiento.

Es una diligencia a través de la cual consta que se ha practicado la notificación al interesado o interesados
en la tramitación de un procedimiento de un determinado acto o actos. En este documento se reflejan
entre otras cuestiones ,el medio utilizado para llevar a cabo la notificación: fax, servicio postal,
mensajeria, etc., asi como las circunstancias que han concurrido en la practica o no de la notificación: si
se ha notificado al interesado, su representante, si la notificacón ha sido rechazada, si es desconocido el
lugar de la notificación, etc..

• Documentos de terminación

Esta resolución la adopta el órgano administrativo competetente en aquellos procedimientos iniciados a
solicitud del interesado y que por motivos imputables al mismo el procedimiento ha quedado paralizado
durante un tiempo superior al establecido legalmente, llegándose en este caso al archivo del expediente y
a su notificación al interesado.

Esta resolución la adopta el órgano administrativo competente en aquellos procedimientos que se han
iniciado de oficio y en los cuales no se ha dictado resolución expresa en el plazo máximo para resolver y
notificar. Esta resolución sólo se produce en aquellos supuestos de procedimientos iniciados de oficio y
que sean susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen.

La resolución es el documento administrativo que recoge las decisiones del órgano competente que pone
fin a un procedimiento, resolviendo todas las cuestiones planteadas en éste.

Es el documento que recoge las decisiones del órgano competente en cuanto a la inadmisión de una
solicitud de reconocimiento de derechos que no estan previstos en el Ordenamiento Jurídico o son
manifiestamente carentes de fundamento.

Es un documento que la Administración expide a petición del interesado cuando la misma no ha dictado
resolución expresa en un procedimiento en el plazo legalmente establecido. La certificación de acto
producido por silencio administrativo tiene la misma validez que si se hubiese dictado resolución expresa.

Este acuerdo lo adopta el órgano administrativo competente, bien de oficio o a solicitud del interesado, en
aquellos procedimientos en los que la ejecución de la resolución pudiera causar perjuicios de imposible o
difícil reparación para lo cual pueden adoptarse las medidas cautelares necesarias para asegurar la
protección del interés público y la eficacia de la resolución.

B. Los Registros Públicos

- Registro civil

Es la institución destinada a dar publicidad a los hechos relativos al estado civil de las personas,
inscribiéndose también otros hechos que determina la ley. Constan en el Registro Civil el
nacimiento, el matrimonio, la defunción, el nombre y apellidos, las indicaciones del régimen
económico – matrimonial, la nacionalidad, vecindad.
El Registro Civil, por tanto, constituye la prueba de los hechos en él inscritos.

- Registros Municipales
Existe uno, al menos para cada término municipal y están a cargo de los Jueces de Primera
Instancia. En las localidades en las que no hay Juez de Primera Instancia, el Registro Civil está
encomendado a los Jueces de Paz. Los Jueces de Paz actúan por delegación del Encargado y con

iguales facultades, salvo en los expedientes. Extenderán las inscripciones dentro de plazo de
nacimiento de hijos habidos en matrimonio, las ordinarias de defunción, las de matrimonio en
forma religiosa mediante la certificación respectiva, las de matrimonio en forma civil cuyo
previo expediente haya instruido. Expiden certificados de nacimiento y defunción y de fe de
vida y estado (soltería, viudedad y divorcio).
En los Registros Municipales constan todos los hechos inscribibles acaecidos en España, aunque
afecten a extranjeros.
Registros Consulares
Están a cargo de los Cónsules de España en el extranjero. Sus funciones alcanzan a los actos
de estado civil acaecidos en el extranjero y que afecten a españoles.

- Registro Central
Está ubicado en Madrid. Su misión es concentrar en una oficina el contenido de todos los
Registros Consulares y ejercer de Registro Civil supletorio.

Los tres órganos del Registro Civil se comunican directamente entre sí. Los particulares pueden
formular peticiones ante el Registro Civil de su residencia o domicilio, cuando la oficina
competente, a la que se dará inmediato traslado, radique en otro término o demarcación.

- Registro de la propiedad:

En el registro de la propiedad, se puede verificar, mediante una nota simple informativa, que el
vendedor es realmente el titular y propietario de la vivienda que quieres comprar y cerciorarte si
existe algún tipo de carga sobre la misma. La nota simple informativa, se produce,
normalmente, el mismo día o al día siguiente, de solicitarla. Tiene un precio aproximado de 3,50
€. La consulta al registro de la propiedad tiene el fin de evitar futuros problemas ya que es una
garantía jurídica.

Es un registro de títulos (derechos), basado en la certeza y veracidad de lo inscrito y en la
calificación de un funcionario técnico e independiente. Es un registro de fe pública registral. No
es un registro de escrituras. No hay transcripción de documento ni archivo de títulos.

El registro de la propiedad como instrumento de garantía de las transacciones inmobiliarias,
asegura al adquirente, con los requisitos legales, el mantenimiento en su adquisición.

Es el Registro jurídico privado por antonomasia de que habla el art. 149.1.8ª de la Constitución
española, por contraposición a aquellos otros, de carácter administrativo, que utilizando el

mismo nombre de Registro cumple una función censal o de control, al margen, pues, de la
eficacia substantiva de su contenido.

El Registro tiene por objeto publicar la situación jurídica de las fincas y de los bienes inmuebles
en general.

Es, así, de suma importancia para todos, ya que:

• Garantiza la propiedad de un inmueble -si se es propietario- o los derechos reales que se
puedan tener sobre fincas ajenas, como el usufructo o una servidumbre de paso, por
ejemplo.
• En consecuencia, permite conocer en cualquier momento quién es el propietario de una
finca determinada, así como si ésta se halla o no libre de cargas (hipotecas, embargos,
etc.), lo que constituye una información fundamental si se tiene interés en comprarla o
realizar cualquier operación con la misma.
• Facilita el crédito tanto al propietario del inmueble, que obtendrá sin grandes
dificultades, como al que presta, quien tendrá con la hipoteca la plena seguridad de
recobrar lo que prestó.
• Colabora, en definitiva, de forma decisiva en la circulación de la riqueza del país,
dotando de seguridad a las transmisiones de fincas y demás operaciones inmobiliarias
en general.

Al frente de cada Registro de la Propiedad hay un Registrador de la Propiedad, cuya función
fundamental es la de calificación, que consiste en el examen de los documentos cuya
inscripción se solicita para apreciar si los derechos en ellos contenidos están correcta y
legalmente extendidos y guardan la necesaria conexión con la titularidad previamente inscrita
en el Registro. Si en dicho examen llega a la conclusión de que todo está bien, procede a la
inscripción solicitada. En caso contrario, rechaza dicha incripción, indicando los defectos
advertidos y el modo, en su caso, de subsanarlos.

Las consecuencias que tiene la inscripción ponen de manifiesto la importancia de la función del
Registrador, así como la necesidad de una preparación jurídica especializada para dicho cargo,
al que se accede a través de unas oposiciones entre Licenciados de Derecho. En este sentido, la
presencia continua de los Registradores entre los más importantes tratadistas y autores de
trabajos jurídicos -así como entre las más altas instituciones españolas- avalan su trabajo.

Procedimiento administrativo y tratamiento de la documentación

Procedimiento administrativo y tratamiento de la documentación

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Procedimiento administrativo y tratamiento de la documentación

Similaire à Procedimiento administrativo y tratamiento de la documentación (20)

Plus de Estudiantes por Derecho Inc.

Plus de Estudiantes por Derecho Inc. (20)

Dernier

Dernier (20)

Procedimiento administrativo y tratamiento de la documentación