Este documento discute las motivaciones de los gobiernos para adoptar software libre y estándares abiertos en la administración pública, incluyendo ahorros económicos, seguridad de la información, autonomía tecnológica e independencia de proveedores. También menciona que el software libre y los estándares abiertos permiten una mayor socialización del conocimiento y reducen la dependencia tecnológica de países menos desarrollados.