1. A propósito de los primeros “Cien días del Gobierno 2014-2019”
Tema: Seguridad Pública
Jaime Francisco Vigil Recinos, MSc.
Puerto Príncipe, Haití, 3 de Septiembre de 2014
Es muy habitual que los nuevos gobiernos sean evaluados en sus primeros cien días de gestión. Para unos analistas es poco tiempo para el examen, aunque para otros, un periodo más que suficiente como para saber qué es lo que se espera de un gobierno que comienza su gestión. Sin lugar a dudas, cien días de mil ochocientos veinticinco - que dura un gobierno en El Salvador- representan una alta dosis de subjetividad en valorar los resultados que se esperan.
Las encuestas más recientes muestran que la seguridad ciudadana es uno de los temas que más sigue preocupando a los salvadoreños. En este sentido, los nuevos titulares de la seguridad ciudadana presentaron durante los primeros cien días de gobierno una propuesta bajo la categoría de “Plan piloto de policía comunitaria” que fue inaugurado en la Colonia Costa Rica de San Salvador el 11 de Agosto de 2014. Tal propuesta muestra signos alentadores de querer cambiar la gestión de la seguridad en comparación con el gobierno anterior, aunque a decir verdad, la propuesta no es del todo diferente a la que fuera presentada el 2 de Junio de 1999 en Mejicanos bajo el nombre de Patrullas de Intervención Policial Comunitaria (PIP-COM).
El Gabinete de Seguridad también anunció que trabajarán en la implementación de la “Política de Justicia, Seguridad y Convivencia”, misma que fue heredada del gobierno anterior, en depurar firmemente la institución policial, en aumentar el pie de fuerza policial, en desplegar más policías a los municipios con mayor presencia de pandillas y en establecer un “Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana”. Pero quizás lo más sobresaliente del periodo de evaluación es la postura asumida en cuanto a la “tregua con las pandillas”. El Ministro de Seguridad Pública y Justicia fue enfático al principio de su nombramiento en afirmar: “Nosotros no vamos a continuar con la tregua”. Tal postura ha ido cambiando lo largo de los primeros cien días hasta el punto de “abrir espacios de discusión sobre la tal llamada tregua”.
Pero los titulares de Seguridad no son los únicos que ha anunciado medidas, el Vice- Presidente de la Republica ha mencionado que el gobierno lanzará una estrategia de combate a las extorsiones. Por su parte, el Comisionado para la Gobernabilidad anunció recientemente la creación de un fideicomiso que servirá para ejecutar planes de seguridad en el país. Las iniciativas siempre serán bienvenidas si de lo que se trata es de aportar soluciones a los problemas, pero el anuncio hecho por varios funcionarios en tan poco tiempo puede también dejar en claro la falta de una política comunicacional.

2. El legado de la administración 2009-2014 es innegable y absoluto: las cosas siempre fueron mal y el desgaste institucional fue serio para las instituciones responsables de la seguridad. Con la llegada del nuevo gobierno, las medidas anunciadas hasta la fecha representan -de alguna manera- un giro en la gestión de la seguridad, en comparación al anterior gobierno; pero también hay que ser objetivo en señalar que las medidas anunciadas hasta el momento no permiten distinguir con suficiente claridad de si se está transitando en el rumbo correcto y si el legado de la administración 2014-2019 será positivo. Lo visto durante estos cien días, más parece ser el resultado de la necesidad de respuestas mediáticas y urgentes a los hechos criminales que afligen a los salvadoreños mientras se “terminan” los planes propios en la materia.
Ciertamente, todo proceso de transición entre la salida de un gobierno y la llegada de otro, es sumamente complejo, sobre todo si hay un cambio de partido, pero eso no fue necesariamente lo que sucedió en El Salvador, ya que sigue siendo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el que se mantiene al frente del Órgano Ejecutivo.
Está demostrado que las medidas mediáticas por sí solas no generan impactos positivos en la reducción de la criminalidad y por el contrario, desgasta las instituciones puesto que al no tener sustento real terminan tarde o temprano dejando en entredicho la capacidad real de prevenir y combatir la criminalidad del gobierno.
En Política, la forma es tan importante como el fondo, de ahí que el abordaje también importa en aras de legitimar nuevos esfuerzo. Ya son varios los años desde que la Policía Nacional Civil ha caído en una “preocupación” por los resultados operativos del día a día. Bajo dicha óptica, interesa mucho más desarrollar sendas operaciones, particularmente las nocturnas, cuyos resultados redundan en capturas masivas de “pandilleros”, sin que al final se puedan sustentar ante los tribunales. Tal visión, no le permite a la PNC prevenir eficientemente el delito, y mucho menos ocuparse de la atención a la ciudadanía. Más bien, tal forma de operar ha terminado y sigue generando conductas que propenden a la violación de los derechos humanos e impulsando la indiferencia del policía frente al ciudadano.
La PNC avanzó mucho hace algunos años en cuanto al análisis de la criminalidad, sus tendencias, sus variaciones y desplazamientos geográficos. Desafortunadamente, tal avance no parece que haya continuado con el mismo nivel y mucho menos que sea parte esencial de la toma de decisiones para la prevención y el combate eficaz a la criminalidad.
Desde el gobierno anterior, la PNC ha hecho mucho énfasis en el incremento del pie de fuerza policial. De hecho, fue presentado como uno de los logros de la gestión de Mauricio Funes, al pasar de 18,000 a casi 22,000 policías. Efectivamente, los países tratan en lo posible de mantener tasas adecuadas de policías por habitantes, pero también

3. hay que señalar que no es solo el incremento del pie de fuerza de una institución policial lo que cuenta. De manera complementaria, es importante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, mismas que de lograrse harían la diferencia en la prevención y combate al crimen. Pero he allí, uno de los talones de Aquiles de las últimas administraciones policiales.
Anunciar aumentos de efectivos policiales sin mayor análisis presupuestario también puede generar un impacto negativo en el mediano y largo plazo, particularmente en cuanto a la carga salarial y prestacional que se impone al Estado. En varios análisis, ya se ha demostrado que más policías en la calle no necesariamente previenen ni disuaden la comisión de delitos. Por el contrario, un análisis a conciencia y metodológico de las áreas en donde se ha concentrado el delito en los últimos años ayudaría grandemente a fin que los policías salgan a la calle con una misión. De poco o nada sirve que salgan a patrullar de modo aleatorio por las calles sin saber que harán durante la jornada laboral.
El actual Ministro de Seguridad Pública y Justicia ha señalado que el presente gobierno implementará la “Política de Justicia, Seguridad y Convivencia” que el anterior gobierno prometió y nunca cumplió. Vale la pena aplaudir tal desafío y ojala que se logre implementar en el más corto plazo. Pero el Ministro también ha prometido crear un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que será responsable entre otras funciones de brindar insumos a la política, así como garantizar su materialización y aplicación. Entonces, por un lado se dijo desde un principio que la herencia del anterior gobierno había sido el legado de la Política de Seguridad, y por otro lado se anuncia una medida para seguir trabajando la Política. ¿En que quedamos? Por otra parte, resulta curioso que el Consejo anunciado, no aparece reflejado en el Plan de Gobierno del FMLN “El Salvador Adelante, 2014-2019”. Mucho más curioso aun, la creación de tal instancia, no tiene asidero legal. Más bien, la “Ley Orgánica de la PNC”, en vigor desde el año 2001, señala que es el “Consejo de Ética”, institución que desapareció durante el gobierno anterior, el responsable de la función prioritaria de “Verificar y supervisar que se están cumpliendo las políticas de seguridad y que se esté ejecutando el Plan de Seguridad y los planes específicos en material de seguridad ciudadana”.
Implementar una Política de Seguridad Ciudadana implica entre varios factores, el de generar condiciones de seguridad ciudadana que involucren de manera directa la responsabilidad de las autoridades locales y nacionales, las cuales deben focalizar todos sus esfuerzos y recursos en las zonas en las cuales se concentra la delincuencia y la violencia. Aún es muy temprano para hacer inferencias en tal sentido, puesto que es muy poco lo que se ha anunciado.
En lo que va del periodo del presente gobierno, el sentimiento de inseguridad sigue en aumento, mientras que el número de homicidios y extorsiones sigue rampante. Aproximadamente 1,100 homicidios se han cometido desde que asumió el presente

4. gobierno central. Siendo la seguridad ciudadana uno de los temas más sensibles, la ciudadanía continúa escuchando más de lo mismo y sufriendo los mismos problemas derivados de la inseguridad.
Finalmente, ¿Son suficientes cien días como para saber si los salvadoreños podremos vivir en un mejor clima de seguridad? A mi juicio, todavía es muy difícil saberlo, puesto que aunque lo divulgado hasta la fecha muestra algunos giros significativos, también y de alguna manera ha dejado al descubierto una falta de coherencia y creatividad en las medidas anunciadas. Esperemos que las cosas cambien y que pronto se comiencen a obtener buenos resultados.