1. Deuda Externa Nacional
Índice
• INTRODUCCION
• INICIO DE LA DEUDA EXTERNA NACIONAL
• LOS ANTECEDENTES: EL INGRESO DE LA ARGENTINA A
LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
• EL GOBIERNO MILITAR, 1976-1983
SU EVOLUCIÓN BAJO EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO DE
ALFONSÍN, 1983-1989
• EL CAMBIO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA ARGENTINA: EL
GOBIERNO NEOLIBERAL DE MENEM, 1989-1999
A) LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO
IDEOLÓGICO Y SU PROBLEMÁTICA
B) LA CAÍDA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA DÉCADA
DE LOS NOVENTA
C) LA SITUACIÓN SOCIAL
D) EL DESARROLLO DE LA DEUDA EXTERNA

2. DEL GOBIERNO DE DE LA RÚA AL DEFAULT
• DE DUHALDE HASTA LA ASUNCIÓN DE KIRCHNER (MAYO
DE 2003)
• LA SALIDA DEL DEFAULT
EL PRIMER PASO
EL SEGUNDO PASO
EL TERCER PASO: LA SITUACIÓN LUEGO DEL CANJE
• EL INFORME CRÍTICO SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TUVO
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN LA CRISIS
ARGENTINA DE 2001
• ANEXOS:
DEUDA PÙBLICA Y PRESUPUESTO 2012
En los últimos dos años, la deuda externa creció US$
23.300 millones
El Gobierno vuelve a usar las reservas del Central para
pagar deuda

3. Afirman que la deuda externa se redujo 70% por la política
de desendeudamiento
La deuda externa argentina ascendió a 141.803 millones
de dólares
• CONCLUSION Julieta:
• CONCLUSION Victoria:
INTRODUCCION:
La finalidad de esta monografía es desarrollar y detallar cuál fue la evolución de la
Deuda externa Argentina a lo largo del tiempo. En primer lugar nos remontamos a
la época del Virreinato donde la Argentina recién comenzaba a independizarse de
España, estableciendo ciertos puntos que dieron origen a una deuda externa en el
país. Sin embargo destacamos que el primer gran endeudamiento argentino
ocurrió poco después de la independencia de la mano de Rivadavia quien
aprovecho la burbuja “especulativa inglesa”.
Luego nos enfocamos en la evolución de esta deuda externa a partir del ingreso y
el comportamiento de la Argentina en el sistema mundial que estaba en
funcionamiento, a partir de la caída del presidente Perón en septiembre de 1995.
En tercer lugar explicamos el período comprendido entre el golpe militar de 1976
hasta la caída del gobierno constitucional de De la Rúa en diciembre de 2001 en
los aspectos relativos a las políticas económicas implementadas y a sus
negociaciones y aplicaciones directas sobre el endeudamiento externo del país.
Finalizando así con el período de la presidencia de Duhalde hasta la asunción de
Kirchner y la salida del default. De esta manera, obtuvimos una visión mucho más
amplia y dinámica de los sucesos acontecidos y que marcan la realidad argentina
del momento actual.
INICIO DE LA DEUDA EXTERNA NACIONAL.

4. Conozcamos a dos funcionarios del gobierno involucrados en el inicio de la
llamada “deuda externa Argentina”, y que creen… ¿Qué fueron presos?
En el inmenso territorio del Virreinato, Buenos Aires era tan sólo la sede política
del gobierno, en buena medida por la necesidad de evitar o al menos contrarrestar
los avances portugueses en el Plata; su territorio más importante no estaba
formado por lo que hoy es la provincia de Buenos Aires (que sólo se extendía
hasta el Río Salado) sino por las actuales provincias de Entre Ríos, Santa Fe y
Corrientes, por la Banda Oriental y por las Misiones. De estas zonas provenían los
productos que salían al exterior para pagar las importaciones, que eran
suministradas en abundancia por el Litoral y embarcaban, indistintamente, por
Buenos Aires o por Montevideo.
Por ese motivo en Buenos Aires se hallaba el grueso del comercio de
intermediación el cual actuaba en forma singular: abonaba las importaciones la
mayoría de las veces con el producto de las exportaciones (cuero y salazones) o
con el metal proveniente del Alto Perú, actuando en el interior por medio de
representantes o consignatarios que, en el litoral, compraban cueros que pagaban
con los productos importados y en el Noroeste y el Alto Perú vendían productos
importados que les eran abonados con plata.
La apertura del puerto coincidió con el proceso de emancipación y éste trajo la
guerra no en Buenos Aires pero sí en el Noroeste y el Alto Perú, y es en este
último donde los errores cometidos por los enviados de Buenos Aires, unidos a la
resistencia española, cortaron casi inmediatamente el tráfico comercial.
A partir de la derrota de Huaqui se interrumpió la corriente de metales desde el
Alto Perú, y la guerra comenzó a asfixiar a provincias ricas como Salta y Jujuy
entre 1811 y 1820. Las autoridades "Nacionales" Buenos Aires empezaron a
convivir con el ahogo financiero e ingresos cada vez más disminuidos. El gobierno
lanzó "empréstitos forzosos", préstamos de guerra disfrazados que nunca eran
devueltos o que lo eran a cambio de papeles del mismo gobierno que sólo servían
para pagar otros impuestos.
Oportunamente, un grupo de comerciantes y prestamistas ingleses comenzó a
establecer sus negocios en el país: son los De Forest, Zimmerman, Robertson, G.
P. Ford, Higginbotham, etc. Recuérdese que la plata no era solamente un metal
buscado con avidez: también era la base de un sistema monetario bimetalista
junto al oro, que lógicamente se asentaba sobre el metal de menor valor. Las
Onzas abundaban, pero con ellas sólo era posible realizar grandes operaciones
comerciales; el Peso y los Reales Plata, en cambio, eran escasos y se
necesitaban para las transacciones cotidianas. Una Onza de oro sellado equivalía

5. a 16 o 17 Pesos Plata; cada Peso se dividía en 8 Reales Plata, los que a su vez
se subdividían en Cuartos de Real.
El 6 de septiembre de 1822 abrió sus puertas el Banco de Descuentos, una
iniciativa privada formada básicamente por capitales ingleses. La Sala de
Representantes de la Provincia de Buenos Aires le otorgó el privilegio de ser el
único banco del país por un período de veinte años. (Si piensan que eso es
monopolio, ¡es verdad!) "En una plaza comercial en la cual intereses del 3,4 y
hasta del 5 por ciento mensual (como ahora…) era cosa corriente, era muy difícil
que un banco, que sólo logró repartir 12 por ciento en su primer año de vida,
consiguiera entusiasmar a nadie".
De acuerdo a su Carta Orgánica el Banco no sólo se ocuparía de los Descuentos,
sino también de la emisión, con un capital de un millón de Pesos Plata que serviría
como "encaje" de la emisión de billetes de veinte, cincuenta o cien pesos, que
podrían ser canjeados en cualquier momento por el metal que representaban.
Los bancos eran, en aquel momento, algo del todo novedoso en Sudamérica;
recién empezaban a ser aceptados y conocidos en Europa y Estados Unidos. Tal
vez por eso los capitales que se suscribieron fueron escasos: a fines de 1822
llegaron a los 400.000 pesos. Ello no impidió, sin embargo, que el Banco de
Descuentos comenzara a funcionar y que al año siguiente, en 1823, quedara en
absoluta y total libertad de acción, desembarazándose de la vigilancia que debía
ejercer sobre el Banco la Sala de Representantes, para iniciar una emisión
descontrolada y sin respaldo metálico. El Banco no solucionó la escasez de
moneda, y a fines de 1822 la provincia encargó monedas de cobre a Inglaterra.
El 24 de febrero de 1823 durante el gobierno de Martín Rodríguez la Sala de
Representantes ante "la penuria de moneda menor que ha crecido
incesantemente" decidió la emisión de "vales menores", de uno, tres y cinco
pesos, canjeables por onzas, billetes del Banco o monedas de cobre.

6. Por la actuación de los “Funcionarios” Manuel J. García y Bernardino de la
Trinidad González Rivadavia y Rivadavia (Alias “Bernardino Rivadavia”), se
autorizó a que fuera el Banco el que realizara la emisión, "en cuyo caso el
gobierno retiraría sus vales y no emitiría otros". A los pocos días el Banco encargó
a Londres la impresión de un millón de pesos. Hasta ese momento la emisión de
billetes no superaba los trescientos mil pesos, pero emitiendo un millón a un
interés del 9 por ciento anual (tasa a la que se resolvió bajar los intereses el 4 de
julio), la ganancia extra era considerable.
Una vez conseguida la libertad de acción con el episodio de los valores menores,
el Banco inicia la emisión masiva de billetes y el consiguiente préstamo de los
mismos, con lo cual logra elevar apreciablemente sus dividendos. Estas
ganancias, que en el primer año fueron sólo de un 12 por ciento se elevaron al 10
por ciento más en el semestre siguiente, aun cuando los intereses cobrados por
los préstamos fueron reducidos a la mitad, del 18 al 9 por ciento.
En el balance de 1824 los préstamos excedían en 800.000 pesos a las
disponibilidades. En un año el Banco había quintuplicado su emisión.
En septiembre de 1824 consiguió que el gobierno ordenara a Baring Brothers de
Londres la remesa de 500.000 pesos fuertes (98.950 libras esterlinas) para
"proveer a las necesidades de moneda metálica que ya se hacía sensible, ya que
con previsión, debía acudirse al remedio para no tocar resultados que fuesen en
mengua del crédito del Banco" (Libro de Actas del Banco, 17 de septiembre de
1924).
La actitud del gobierno salía, a la vez, a defender al Banco de Descuentos ante la
posibilidad de una competencia autorizada: el Banco Nacional, cuya creación
comenzó a discutirse.

7. Los Hermanos Robertson, Braulio Costa, Félix Castro, J. P. Sáenz Valiente,
Miguel de Riglos y Sebastián Lezica montaron una audaz operación de Bolsa a
partir de la llegada del préstamo de Baring: las acciones del Banco que el 25 de
junio cotizaban con un "premio" máximo del 7 al 8 por ciento llegaron al 80 por
ciento para rebasar en julio el 160 por ciento.
El periódico Argos del 10 de julio señaló que "en estos días han parecido felices
cuantos han podido desembarazarse de sus onzas de oro en cambio de papel".
Sólo se enriquecieron aquellos que vendieron en pleno auge y compraron oro, el
que, un año más tarde, al desatarse la guerra con Brasil, multiplicó su precio. No
sólo habían ganado un cien por ciento con la venta de sus papeles, sino que
lograron, un año después, ganancias de hasta el trescientos por ciento con la
cotización del metal.
El Banco, en sus tres años de vida, "empapeló" la provincia. Pero no obstante ello,
hasta fines de 1825 no se dieron cuenta de los efectos de la operación
fraudulenta.
A comienzos de enero de 1826 los directores del Banco solicitaron al ministro
Manuel J. García la inconversión de los billetes, es decir, la obligación, para toda
la provincia, de aceptarlos como moneda. García llevó su posición ante el
Congreso Constituyente, planteándolo como una consecuencia nefasta de la
Guerra con Brasil, y no como el final de una serie de operaciones irregulares.
En el Congreso se enfrentó con la oposición de Julián de Agüero, que buscaba
cerrar el Banco de Descuentos para erigir en su lugar el Banco Nacional. La
influyente presión de García logró el colmo: se decretó la inconvertibilidad por tres
meses, y el Banco de Descuentos aceptó una "indemnización" del 40 por
ciento de ¡su capital de libros!, para luego entrar a formar parte del nuevo Banco
Nacional. En poco más de cinco años el nuevo Banco Nacional cubrió aquel 40
por ciento, descapitalizándose. Una muestra cabal dada por sus balances: en
1831 el capital real del Banco Nacional, que debía ser de 5.250.000 pesos, era de
sólo un millón.
Alejandro Olmos Gaona relata el último capítulo de la historia del empréstito
Baring Brothers: "Después de transcurridos los años retenidos en concepto de
intereses adelantados no pudieron pagarse los intereses, y debió recurrirse a la
venta de dos barcos para afrontar el pago de las obligaciones. Rosas se enfrentó
con una deuda que ya era cuantiosa y trató de demorar los pagos, aun cuando las
presiones se hicieron cada vez más intensas.

8. En 1842 un representante de los banqueros trató de llegar a un acuerdo y
entonces Rosas ordenó a su ministro en Londres, el Dr. Manuel Moreno, que
explorara la posibilidad de entregar las Islas Malvinas a cambio de la cancelación
de la deuda, previo reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas. La
negociación no prosperó y a pesar de los dos bloqueos que soportó el Puerto de
Buenos Aires y a las difíciles condiciones de la administración sólo se pagaron
alrededor de diez mil libras.
Bernardino Rivadavia fue el inventor local de “la deuda eterna”. En 1824, siendo
Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, autorizó pedir un préstamo
a la Baring Brothers (Inglaterra) por un millón de libras esterlinas. Este préstamo
fue impuesto como parte de la estrategia geopolítica de dominación de Gran
Bretaña, para condicionarnos económicamente e impedir nuestro crecimiento
como Nación independiente. Respondió más a las necesidades inglesas de
asegurarse la subordinación colonial que a necesidades locales.
El argumento para pedir el préstamo fue el supuesto propósito de construir un
puerto, fundar ciudades y dar aguas corrientes a Bs.As. (nada de eso se hizo
finalmente). Con algunas honrosas excepciones y resistencias, se aprobó pedido y
se autorizo a un ”consorcio” (Guillermo y Juan Parish Roberston, Braulio costa,
Miguel Siglos y J. Pablo Sáenz Valiente) para negociarlo en Londres al 70 % de su
valor. La estafa era tan evidente que el principal banquero ingles (Nathan
Rostschild) se abstuvo de participar, y finalmente se negoció con la casa Baring.
El país se comprometió por una deuda de 1.000.000 de Libras al 6 % de interés
anual garantizada con rentas y hasta con tierra pública. Del millón de Libras se
descontó la comisión del “consorcio” (120.000), intereses y “servicios”
adelantados, quedando en definitiva un saldo de 560.000 Libras, que debía recibir
Bs.As. por el 1.000.000 que se endeudaba. Cuando el gobierno reclama el envío
del dinero, Baring remite 2.000 en monedas de oro, 62.000 en letras de cambio
(papelitos) y propone por “prudencia de mandar dinero a tanta distancia”, dejar
depositado en su banco los 500.000 restantes, pagando 3 % de interés anual. (Un
negocio redondo. Pedir dinero, al 6 % y prestarlo al 3 % “al mismo prestamista”) Ni
se construyó el puerto ni se puso un solo caño en Bs.As. Se pago catorce veces la
deuda, hasta cancelarla en 1.904.
Los Hermanos Baring no eran solamente banqueros, sino funcionarios de los
organismos de la política imperial: la Tesorería Británica, el Ministerio de
Hacienda, y de la Compañía de Indias. Rivadavia garantizó el pago de esa deuda
con las tierras públicas de Buenos Aires (Ley de enfiteusis). Posteriormente
extendió la garantía hipotecaria a todas las tierras públicas de la Nación. (“quedan
especialmente afectadas al pago de la deuda nacional, la tierra y demás bienes

9. inmuebles de propiedad pública cuya enajenación se prohíbe”).Ya no pudieron
venderse tierras públicas con fines de colonización.
Con el mismo propósito el Imperio Británico concedió préstamos a varios países
latinoamericanos (México, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica) que se estaban
independizando de España. Firmaron, también, “acuerdos de comercio y amistad
recíprocos”, que otorgaron beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban
en esas regiones.
Como era lógico suponer, faltó dinero para pagar esa deuda. En consecuencia, en
1828 se liquidó la escuadra naval y se dieron en pago dos fragatas que se
estaban construyendo en Inglaterra. De este modo, cuando se produjo la
usurpación de las Malvinas por los ingleses, cinco años más tarde, no hubo fuerza
naval para contrarrestarla. Obviamente, esto estuvo planificado por los
acreedores, y su cómplice, Rivadavia. Los mismos ingleses, admitieron el carácter
fraudulento de esta negociación. Ferdinand White, espía inglés, enviado por la
Baring al Río de la Plata, condenó los aspectos delictuosos de este acuerdo. Fue
una operación usurera, un acto de saqueo y sumisión y el primer acto de
corrupción ligado a la deuda externa. Según Scalabrini Ortiz, de la suma recibida,
sólo llegaron al Río de la Plata en oro, como estaba convenido, el 4% de lo
pactado, o sean 20.678 libras.
El primer negociador del empréstito Baring fue Manuel José García, ministro de
Hacienda de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824.
Rivadavia, también fue ministro de este gobierno. García utilizó toda su influencia,
para que se perdiera el Alto Perú. Fue agente de Rivadavia, cuando se pactó la
entrega de la Banda Oriental al Emperador de Brasil. Llevó adelante una política
antinacional que favoreció los intereses británicos. Fue por esa época que el
ministro inglés dijera “América española es libre y si sabemos actuar con habilidad
será nuestra” (George Canning, después de reconocer la independencia de las
colonias latinoamericanas en la época en que el grupo rivadaviano concertaba el
primer empréstito con la Baring) (Historia universal. Editorial Daimon) Rivadavia
hacía “oídos sordos”.
En el conflicto de la Confederación con el Imperio, Argentina había vencido a
brasil en Ituzaingo, y faltaba el empujón final. Alvear quería llegar hasta Río de
Janeiro, pero los ingleses tenían otros planes. la “Federación del Uruguay”. Era un
proyecto británico para formar un Estado reuniendo a la Banda Oriental, Río
Grande, Entre Ríos, Corrientes y Paraguay, que compensara el poderío de la
Confederación y del Imperio. Rivadavia, más interesado en el negocio con los
ingleses y en someter al interior, hizo regresar el ejército y firmar un tratado

10. vergonzoso a través de García. Las provincias del interior querían terminar una
guerra ya ganada, pero Rivadavia estaba más interesado en sus negocios
mineros con los ingleses, que en su patria, y prefiere que regrese el ejercito para
imponer “la organización a palos” en el interior, aun a costa de ceder la Banda
Oriental. Prevalecen las palabras del ministro Agüero de “la paz a cualquier
precio” Los federales piden el gobierno y que les dejen a ellos el peso de la guerra
pero Rivadavia prefería perder la guerra y la banda oriental, antes que dejarle el
gobierno a los federales. e instruye a García para que vaya a Río de Janeiro a
terminar la guerra “a cualquier precio”. Fue un arreglo tan vergonzoso que ante la
indignación popular Rivadavia intentó usar a García de chivo expiatorio: “no solo
ha traspasado sus instrucciones sino contravenido a la letra y espíritu de ellas”
que ”destruye el honor nacional y ataca la intendencia y todos los intereses de la
República” e intenta desconocer el arreglo.
“El tribuno”, de Dorrego, publica el “Reports” del capitán Head y la
correspondencia entre éste y Rivadavia sobre el escandaloso negociado de las
minas del Famatina. Se da cuenta de los sueldos según “libros” de la Mining a
Rivadavia, las comisiones, trafico de influencias, etc. (Para mas detalles ver JM
Rosa Hist.Arg. t IV)
Rivadavia no puede tapar tanta mugre con un pañuelo, y renuncia
verborrágicamente:
“Me es penoso no poder exponer a la faz del mundo los motivos que justifican mi
irrevocable decisión ...He dado a la patria días de gloria …he sostenido hasta el
último punto la honra y dignidad de la Nación …Dificultades de nuevo orden que
no me fue dado prever .han venido a convencerme de que mis servicios no
pueden en lo sucesivo serle de utilidad alguna….sensible es no poder satisfacer al
mundo de los motivos irresistibles que justifican esta decidida resolución... Quizás
hoy no se hará justicia a la nobleza y sinceridad de mis sentimientos, mas yo
cuento con que al menos me hará algún día la posteridad, me hará la historia”
Dorrego quiere seguir la guerra a toda costa pero hasta el banco de la provincia
(manejado por intereses y accionistas ingleses) le niega todo crédito. Regresado
el ejército, Lavalle derroca ilegalmente a Dorrego y lo fusila (incentivado por
unitarios, del Carril entre ellos)
En semejantes circunstancias llega San Martín de Europa (embarcado por
precaución con el apellido materno) a Montevideo y se entera del fusilamiento de
Dorrego. San Martín es mal recibido, y Paz (gobernador interino) le escribe a
Lavalle:”Calcule Ud las consecuencias de una aparición tan repentina”.

11. Desacreditados los revolucionarios “Decembristas”, le ofrecen a San Martín el
Gobierno, para “salvar la revolución con su prestigio”, pero San Martín se rehúsa a
aceptar, y en carta a O´Higgins le explica los motivos:
“El objeto de Lavalle era el que yo me encargase del mando del ejército y
provincia de Buenos Aires y transase con las demás provincias a fin de garantizar
a los autores del movimiento del 1 de diciembre. Pero Usted reconocerá que en el
estado de exaltación a que han llegado las pasiones, era absolutamente imposible
reunir los partidos en cuestión, sin que quede otro arbitrio que el exterminio de uno
de ellos. Los autores del movimiento del 1 de diciembre son Rivadavia y sus
satélites y a Ud le consta los inmensos males que estos hombres le han hecho no
solo a este país sino al resto de América con su infernal conducta; si mi alma
fuese tan despreciable como las suyas yo aprovecharía esta ocasión para
vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres, pero
es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre de bien y un
malvado” (J. de San Martín).

12. El primer gran endeudamiento argentino ocurrió poco después de la
independencia. Rivadavia aprovechó la burbuja especulativa inglesa, y hasta les
aseguró que las pampas estaban cubiertas de oro. Jorge Gaggero vincula esa
historia con el presente.
LOS ANTECEDENTES: EL INGRESO DE LA ARGENTINA A LOS
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
El gobierno que derrocó a Perón en 1955, conocido como “La Revolución
Libertadora”, mediante la sugerencia de su asesor el Dr. Raúl Prebisch a través de
su informe “Plan de Restablecimiento Económico”, señalaba la conveniencia
de”ingresar al Fondo Monetario y al Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento…La Argentina es el único país de la América Latina que no participa de
sus instituciones públicas…”. Luego de algunos estudios el Poder Ejecutivo por
Decreto ley 7103 del 19 de abril de 1956, dispuso iniciar los trámites y por Decreto
ley N° 15.960 del 31 de agosto del mismo año ratificado por la Ley 14.467 se
aprobó la incorporación de la Argentina al Banco Mundial y al Fondo Monetario
Internacional. A mediados de 1956, dos integrantes de la generación de liberales
de posguerra, Carlos Coll Benegas y Adalbert Krieger Vasena, habían viajado
para firmar la entrada de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, y para
gestionar, de paso, un crédito bancario. Planeaban quedarse no más de dos
semanas, pero volvieron tres meses después, con 100 millones de dólares del
Export Import Bank de los Estados Unidos para tratar de mejorar el sistema de
transportes.
Por otro lado, a través del “Acta de París”, cuyos propósitos eran instrumentar las
bases para poner en práctica el sistema multilateral de comercio y pagos y donde
se establecían pautas para la refinanciación de la deudas externas argentinas, fue
suscripta en París el 30 de mayo de 1956 por los representantes de varios países
europeos y por lógica, por los representantes del gobierno argentino, que de esta
manera ingresaba a dicho organismo.
En los años que siguieron, los vínculos se hicieron más intensos. El presidente
Arturo Frondizi (1958-1962) firmó el primer crédito directo con el organismo a fines
de 1958. El Ministro de Economía Donato del Carril consiguió 75 millones de
dólares. En 1962, durante el gobierno de José María Guido, el entonces Ministro
de Economía Álvaro Alsogaray, decidió apartarse de las metas de emisión de
dinero comprometidas, por lo que el Fondo Monetario Internacional envió a un
funcionario importante, Irving Friedman para presionar con la interrupción del
stand by vigente. A partir de estos hechos, surgió el papel de los llamados
“troubleshooters”, los “solucionadores de problemas técnicos” que el Fondo
Monetario Internacional despacha con una posición de máxima dureza. El
gobierno del radical Arturo Illia (1963-1966) no tuvo stand by. Su política
económica no estaba de acuerdo con la ortodoxia neoliberal, pero tampoco se dio
una ruptura con el organismo. Cuando asume el general Onganía, luego del golpe

13. de estado de 1966, se aducía que la Argentina estaba por quedarse al margen de
la comunidad internacional. Es cuando en esa época, comienzan a tener
importancia los bancos privados, entrando en escena, Morgan Stanley, Credit
Suisse o Credit Lyonnais, de la mano del entonces Ministro de Economía Krieger
Vasena, quien dio el puntapié inicial para la formación del mercado de títulos
externos. Fue una época con menos asperezas con los técnicos de los
organismos, en donde la relación era muy buena.
En la primera mitad de los años setenta, las relaciones no fueron cordiales. El 26
de setiembre de 1973, José Gelbard, Ministro de Economía del tercer gobierno
peronista (1973-1976) encabezó la delegación argentina a la Asamblea Anual del
Fondo Monetario Internacional, en Nairobi. Allí, los países de América Latina
actuaron por primera vez en bloque.
La etapa de la Dictadura Militar (1976-1983), daría pie a una de las actitudes que
más se le critican al Fondo Monetario Internacional: no darle importancia al
creciente aumento de la deuda externa. A los pocos meses de haber derrocado al
gobierno de María Estela Martínez de Perón, en agosto de 1976 se suscribió un
acuerdo que permitió el giro inmediato de 180 millones de dólares y facultó,
además, la tramitación de un préstamo con un consorcio de bancos
norteamericanos, europeos y japoneses, que remesaron en octubre de ese año,
1000 millones de dólares, iniciándose de esta manera el crecimiento vertiginoso
de la deuda externa que todavía pesa sobre la Argentina.
EL GOBIERNO MILITAR, 1976-1983
El crecimiento de la deuda externa argentina se incrementó a partir del gobierno
de facto que derrocó a María Estela Martínez de Perón y asumió el 24 de marzo
de 1976. Los objetivos del programa del Ministro de Economía, José Alfredo
Martínez de Hoz, apuntaron a la reconversión a largo plazo del aparato productivo
interno según criterios de eficiencia y especialización basados en las ventajas
comparativas internacionales del país y el redimensionamiento del aparato estatal
para que fuera compatible con el papel central que se reservaba a la empresa
privada.
La evolución de las principales líneas de la política económica fueron las que a
continuación se detallan:
-Cambios en la estructura de la oferta y la demanda global que se dieron a través
del avance de las importaciones, la desindustrialización del aparato productivo, la
declinación del consumo y el avance lento de las exportaciones.
-El Producto Bruto Interno sufrió cambios en su estructura por la fuerte pérdida de
la gravitación de la industria, el avance del sector servicios, del sector financiero
(con la reforma Financiera de 1977) y la declinación de la actividad comercial. Sin
embargo, hasta 1980 se da un crecimiento de la inversión pública y también del

14. consumo público, pero disminuye el consumo privado. A pesar de esto, el PBI es
negativo entre 1976 y 1982, porque precisamente cae la demanda interna, en
particular del consumo, y se reemplaza la producción interna por las
importaciones. Al producirse la apertura comercial externa fue notable la
disminución del componente nacional en la inversión en equipos durables de
producción local.
-Baja del empleo en el sector industrial en un 35% entre 1974 y 1982,
incrementándose la población ocupada en el sector servicios.
-Reducción del nivel de ingresos del sector asalariado que se reflejo en el PBI,
que en el año 1974 era del 39% y que pasó al 34% en 1982.
-Con lo mencionado hasta aquí, se produce en marzo de 1980 la crisis del sistema
financiero con estas características:
-el atraso cambiario.
-el incremento de la deuda externa.
-las altas tasas de interés generadas por la insuficiente reducción del déficit fiscal.
-la excesiva expansión del crédito interno y el mantenimiento del régimen de
garantía oficial de los depósitos en un marco de tasas libres.
La combinación en sus efectos de las elevadas tasas de interés, de la
competencia de bienes importados y la baja del salario real, generó
simultáneamente la caída de la rentabilidad con un aumento de la insolvencia en
una gran cantidad de empresas de tamaño y sectores, especialmente el
manufacturero, textil, electrónico y de bienes de consumo durables.
Para paliar la situación de los pasivos empresarios se dispuso en 1981, la
ampliación de los plazos de financiamiento de las deudas contraídas a través de la
emisión del “Bono de Consolidación de Deudas” (Bono Sigaut) que permitió la
refinanciación de una parte de deudas morosas con plazos de hasta siete años,
utilizando el ajuste financiero según el índice de la circular 1050. Los objetivos no
se lograron porque prevaleció una aguda recesión y altas tasas de interés.
La crisis financiera de marzo de 1980, se desencadenó con la liquidación del
Banco de Intercambio Regional (BIR), que dio lugar a una de las corridas
bancarias más importantes de la historia económica y financiera argentina hasta
entonces y que se generalizó con el cierre de otras tres entidades de gran
importancia: Banco Internacional, Banco Oddone y Banco Los Andes. Todo ello
provocó la caída de los depósitos y la gran demanda de activos externos.
La devaluación cambiaria programada en la “tablita” que señalaba los valores fijos
en los períodos futuros debió abandonarse, y en el plazo de seis meses la

15. moneda argentina se devaluó tres veces en un 10%, 30% y otro 30%
respectivamente, que si bien mejoró el cambio real y el sector exportador, agudizó
la recesión, cayendo el salario real y empeorando la situación de las empresas
endeudadas con el exterior.
La situación política se tornó cada vez más inestable, especialmente a fines de
1981 y se agudizó aun más en 1982 con la guerra de las Malvinas con Gran
Bretaña, siendo el primer semestre de ese año el período en que se pierde el
acceso a los mercados financieros internacionales.
A partir del 30 de junio de 1982 se modifico la política económica, al dictarse la
Ley 22.259, de “Consolidación del Sistema Financiero”, que cambió las
regulaciones de la reforma de 1977 para evitar la necesidad de liquidar las
entidades financieras, adaptándose una política de intervención cautelar del Banco
Central de las entidades con dificultades y las tratativas para que en lugar de su
liquidación pudieran resolverse tales inconvenientes por medio de cambios
estructurales (fusiones, absorciones de las entidades pequeñas por las de mayor
tamaño) o por compra por bancos del exterior.
El incremento de la deuda pública externa desde 1976, llegó a niveles muy
elevados a partir de 1980, sobre todo por la liquidez internacional como
consecuencia del “reciclaje” de los fondos de los países petroleros (OPEP),
juntamente con la creación de “liquidez de base” en los países industrializados y la
disminución de la demanda de créditos, lo que generó fondos disponibles para los
países subdesarrollados. Los bancos internacionales eran los principales focos de
la canalización del endeudamiento externo de los países menos desarrollados
cuando la abundancia de recursos financieros no fue demandada por los
prestatarios tradicionales. La deuda pública argentina creció sin contrapartida del
crecimiento de su PBI, empleándosela para sostener una política económica que
significó el aumento del desempleo y una caída excepcional del nivel de actividad
económica interna. La deuda externa privada se generó por: sus mayores costos
financieros, los subsidios otorgados para que el sector privado no cancelase sus
obligaciones en el exterior, y los mecanismos de seguros de cambio a 540 días
por los intereses y las obligaciones aún no vencidas.
SU EVOLUCIÓN BAJO EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO DE
ALFONSÍN, 1983-1989
Al llegar a este punto, debemos, en primer término, repasar algunos conceptos
básicos sobre la deuda externa. La misma, debe medirse relacionando la tasa de
interés efectivamente pagada (tasa de mercado, más spread, más comisiones,
etc.) con la variación de los precios de los productos de exportación, ya que afecta
a la capacidad de pago del país cuando los precios de esos productos han sufrido
una notable caída en el mercado internacional, agravado por los subsidios a la

16. producción agrícola que otorgan los países acreedores de su deuda (EE.UU.: y la
Unión Europea). Cabe aclarar estos conceptos, ya que durante este período esto
fue lo que sucedió, impidiendo al país reponerse rápidamente de las crisis que se
provocaron.
En 1983, la deuda externa (heredada del régimen militar) ascendía a 45.000
millones de dólares y la inflación del año fue del 430%. Bajo estas durísimas
condiciones a fines de 1983, luego de las elecciones democráticas de octubre de
ese año, asumía la magistratura del país el Dr. Raúl Alfonsín, luego de siete años
de régimen militar.
En 1984, el presidente Alfonsín en la Asamblea de la ONU, planteaba la cuestión
de la deuda externa junto con Brasil y otros países latinoamericanos, pidiendo una
reconsideración de la misma.
Para paliar la grave situación económica, se lanzó el PAN, el “Plan Alimentario
Nacional”, que consistía en la entrega de cajas con alimentos para los sectores
más desposeídos de la sociedad. Se crea el “Consejo del Salario Mínimo, Vital y
Móvil”. El gobierno otorga aumentos salariales y la inflación se dispara: hacia fines
de año llegó casi al 700%. El dólar pasó de 30 a 200 pesos.
Como ya dijimos, en cuanto al problema de la deuda externa, el país debía 45.000
millones de dólares. Por los intereses, el gobierno argentino debía abonar cada
año un 8% de su PBI. Pero, con el alza de las tasas a nivel internacional, la deuda
se incrementaba permanentemente.
Los bancos acreedores exigieron al gobierno un acuerdo con el FMI para
implementar un “plan de ajuste”, antes de renovar sus créditos. Estos sectores
ejercieron una fuerte presión diplomática especialmente sobre el presidente
norteamericano Ronald Reagan, quien aconsejaba negociar con el FMI. Durante
varios meses el gobierno de Alfonsín estuvo frenando dicha propuesta. Hasta trató
de convocar a una acción solidaria con los países latinoamericanos, y amenazó
con declarar una moratoria unilateral. Pero el esfuerzo resultó en vano, la presión
económica internacional se impuso. A fines de 1984, el gobierno tuvo que firmar
un nuevo acuerdo con el FMI.
La gravedad de este problema se manifestó precisamente a fines de 1984, cuando
la deuda del país se componía de cerca de 40 mil millones de dólares en concepto
de capital y 6 mil millones en concepto de intereses (que venían en su mayoría del
período anterior). Esto nos revelaba la magnitud del problema a tratar.
Durante 1985, Alfonsín realizó una fuerte apuesta sobre la política exterior,
incorporando a la Argentina al “Movimiento de Países no Alineados” y al “Grupo
de Cartagena” para el tratamiento más equitativo de la deuda externa. También
apoyó al “Grupo de Contadora” que mediaba en el conflicto de América Central.

17. Juan V. Sorrouille, es designado Ministro de Economía y el presidente Alfonsín
anunciaba una “economía de guerra”. La inflación alcanzó al 30% mensual y la
desocupación al 4.5%.
El 14 de junio de 1985, el Ministro Sorrouille anunciaba el “Programa de Reforma
Económica” por el alto impacto de la inflación. El “Plan Austral”, proponía un
tratamiento de shock: el Banco Central cesaba de emitir moneda para financiar el
déficit fiscal. Se creaba un nuevo signo monetario, el “austral”, que valía 1.000
pesos argentinos y se fijaba así una nueva paridad con cada dólar (a 0.80). Se
aplicaba un desagio a los contratos, para eliminar la indexación prevista y se
congelaban precios y salarios, luego de un aumento previo del 22%. La clave
residía en eliminar las expectativas que traía aparejado un rebote inflacionario,
que a su vez, generaba un círculo vicioso. En sus comienzos, se impone el “Plan
Austral” con éxito ya que es acompañado por la opinión pública: la inflación baja
del 30% mensual al 2% y se produce una reactivación del consumo. Como
contrapartida, a pesar de la caída de la inflación, el poder adquisitivo de los
salarios baja un 21%. La CGT inició un plan de lucha oponiéndose a estas
medidas económicas implícitas en el “Plan Austral”.
La falta de recursos para el pago de esa deuda, obligó a la Argentina a contratar
un nuevo sistema de financiamiento denominado “onlending”, que instrumentaba
un acuerdo entre el Banco Central (en calidad de deudor) y el gobierno argentino
(en calidad de garante), con el “Comité” de bancos acreedores del exterior
representados por uno de los bancos en calidad de banco agente.
Dicho convenio se firmó el 27 de agosto de 1985 y se llamó “Term Credit
Agreement” que otorgó un préstamo de 3.700 millones de dólares a un plazo de
10 años de devolución.
La finalidad de esta nueva financiación fue en permitirle al Banco Central lo
siguiente: a) cancelar deudas externas vencidas y a vencer durante 1985; b)
prorrogar el vencimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a la firma
de este acuerdo; y c) mejorar el rendimiento del comercio exterior argentino. Los
bancos del exterior dieron el préstamo en cuatro pagos, cuando el FMI entregó los
fondos prometidos en la refinanciación de la deuda externa argentina. Los fondos
se destinaron el 33% al Banco Central y el 66% al sistema “onleading” de
préstamos.
Por otro lado, en una reunión partidaria, Alfonsín anunciaba en “Parque Norte” que
se estudiaría una “Reforma del Estado”. También inicia una visita a los Estados
Unidos. En su reunión en la Casa Blanca, Reagan criticó al régimen marxista-
leninista de Nicaragua, mientras Alfonsín defendió el principio de
autodeterminación de los pueblos y a su vez criticaba el apoyo de los Estados
Unidos a los “contras” en ese país centroamericano. En el Congreso
norteamericano, Alfonsín protestó contra la presión de los acreedores extranjeros
en el cobro y los intereses de la deuda. Sin embargo, en Houston, frente a los
grandes empresarios petroleros norteamericanos, anunciaba la apertura de la

18. explotación de hidrocarburos a las empresas privadas. En 1986, se firma el “Acta”
de integración económica con el Brasil.
El Ministro Sorrouille anunciaba la segunda fase del Plan Austral, donde se trataba
de incrementar las exportaciones y de promover importaciones (que no se
concretaron en su debida forma) y también de “Flexibilizaciones”: con un aumento
controlado de tarifas y tipo de cambio, otorgando incrementos salariales. Se
produce un rebrote inflacionario: en julio es del 8.8% y el dólar vale 1.02 australes.
Por intermedio del Banco Central se dicta la “ley de blanqueo de capitales”. A fin
de año, la inflación es del 80% y las exportaciones caen notablemente.
En 1987, la Argentina integra con Brasil y México el “grupo de los tres mayores
deudores” para tratar en común el grave problema de la deuda externa.
Se lanza el “Australito” que consistió en un nuevo ajuste. Al aumentarse los
salarios, la inflación llegó en agosto de 1987 al 13% mensual. Para profundizar las
medidas económicas se crea un “Consejo Empresario Asesor”. Se anuncian
privatizaciones y desregulaciones de empresas y servicios públicos. Algunos
miembros del elenco gobernante, la Unión Cívica Radical, proponen un plan
económico alternativo. La inflación anual es del 170%. Quedaban solamente 500
millones de dólares, como saldo del comercio exterior. Se produce un agotamiento
de las reservas.
Con el “Plan Primavera” se trató de lograr un acuerdo con el sector empresario
para estabilizar los precios. La CGT lanza en contra de este plan el duodécimo
paro general, mientras se logra un acuerdo con el Banco Mundial para refinanciar
deudas y obtener préstamos. La inflación se redujo al 7% mensual. Se inician
acuerdos económicos para privatizar bienes del Estado: Aerolíneas Argentinas,
ENTEL y Telefónica y nuevos contratos petroleros
En 1989, continua el proceso inflacionario, que en agosto alcanzó al 27%
mensual. Para complacer a los gobernadores peronistas (del principal partido de
la oposición) se lanza un bono especial y se aprueba una nueva ley de
coparticipación federal. En la exposición rural, el sector se queja fuertemente de la
política radical, especialmente en cuanto a la retención de las exportaciones
agropecuarias.
En ese año, las dificultades financieras hicieron fracasar las gestiones ante los
bancos acreedores. La inflación subió en enero al 8.9%. Fracasa el “Plan
Primavera”, se toca el tipo de cambio y se da una corrida hacia el dólar. Renuncia
el Ministro de Economía, Sorrouille, siendo reemplazado por Juan Carlos Pugliese.
La inflación llega en abril al 33%. Se produce el “estallido social”. El candidato
justicialista Menem se impone en las elecciones presidenciales. En mayo la
inflación llega al 78.4%. Se produce una fuerte suba de los precios y del dólar, hay
desabastecimiento. Alfonsín traspasa, adelantándose seis meses, el poder a
Carlos Menem, quien asumirá el 8 de julio. La inflación de junio es del 114% y la
de julio el 196%:
El 6 de febrero de 1989, el gobierno de Alfonsín dejó de sostener el tipo de

19. cambio, por lo tanto el dólar se dispara, al igual que los precios. A medida que se
aproximaban las elecciones presidenciales, avanza el proceso inflacionario y se
entra en “Hiperinflación”. Los precios son en dólares, se corta el circuito
económico y se da el desabastecimiento. La desvalorización avanza tan
rápidamente, que muchas personas, el mismo día de cobro convierte su sueldo en
mercaderías. Se producen, por otro lado, ataques a supermercados en varias
partes del país. Bajo estas condiciones asumirá el nuevo gobierno peronista.
De todos modos, hay que destacar que el gobierno de Alfonsín, a pesar de todos
los inconvenientes señalados, avanzó en la reestructuración de las obligaciones
de la deuda externa por medio de la renegociación de los vencimientos, la
implantación de políticas de ajuste como el “Plan Austral” para el logro de la
estabilidad, y la apertura de la economía tratando de acentuar la exportación de
bienes nacionales y de reactivar el nivel de actividad interna.
EL CAMBIO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA ARGENTINA: EL
GOBIERNO NEOLIBERAL DE MENEM, 1989-1999
A) LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO IDEOLÓGICO Y SU
PROBLEMÁTICA
Al arribar a este período, debemos analizar los cambios ocurridos en la política
económica durante las dos presidencias de Menem, ya que los mismos implicaron
un cambio fundamental en la realidad socio-económica de la Argentina, al
implementar el modelo neoliberal, que, si en sus comienzos parecía que
constituiría la solución a todos los problemas del país, en definitiva, acarrearon
una angustiosa situación que hasta el presente resulta difícil de sobrellevar.
Las condiciones básicas para el desarrollo de la nueva política económica
argentina efectuada a partir de la primera presidencia de Menem, tuvieron su
origen en los efectos generados por el abrupto final de la confrontación ideológica
Este-Oeste, y la consolidación de los principios de la libertad económica propios
del modelo de mercado libre.
La reforma económica instauró una economía de mercado. La base ideológica de
esta cuestión diseñaba un sistema en el cual se estableció con claridad que
correspondía a la empresa, y no al Estado, que fuera el motor de la actividad
económica.
En este sistema, la competencia y las leyes del mercado, procuraban alcanzar la
eficacia en la asignación de los recursos disponibles, buscando el crecimiento
económico fundamentalmente de la actividad privada.

20. Las reformas económicas introducidas en el país a partir de la primera presidencia
de Menem en 1989, fueron esencialmente:
-La convertibilidad.
-La reforma del Estado.
-La apertura de la economía tanto al movimiento de bienes como de capitales.
-Un marcado proceso de integración regional: el Mercosur.
-La desregulación y las privatizaciones.
Una de las medidas más importantes fue la introducción conjunta de la ley de
convertibilidad y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La convertibilidad establecía una política monetaria predecible cuya prioridad
absoluta era la estabilidad de precios. La Carta Orgánica del Banco Central
brindaba el instrumento para lograr el objetivo de establecer la independencia de
sus autoridades del Poder Ejecutivo y de fijarle un margen muy estrecho para
desenvolver sus actividades, impidiendo todo tipo de discrecionalidad que pudiera
alterar aquel objetivo.
Estas reformas establecieron el marco necesario para lograr la estabilidad
monetaria y como consecuencia, lograr la estabilidad de precios, prerrequisito
indispensable para que los agentes económicos pudieran hacer planes de
inversión y consumo de mediano y largo plazo, y para que pudieran asignar
eficientemente los recursos.
Al lograrse la estabilidad de precios, el sector privado varió su comportamiento en
la toma de decisiones, pues no se producirían cambios en el valor de la moneda y
además la especulación financiera ya no constituiría una actividad rentable.
La estabilidad, llevó a un aumento por parte de los empresarios de las inversiones
ya existentes y en la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión, al sustituir
a las políticas de las devaluaciones y de la especulación.
Otra reforma importante fue la del sistema financiero, que permitió asegurar su
estabilidad. Esta consistió en la creación de un nuevo marco regulatorio
prudencial, que abrió el sistema a la competencia e impuso niveles de capital y
liquidez acorde con los parámetros internacionales, adaptados a las
características de nuestra economía.
En la medida en que el Banco Central dejo a un lado el papel de controlar los
movimientos de capitales, las tasas de interés y la asignación de crédito, para
pasar a ocuparse de regulaciones prudenciales para la actividad bancaria, se creó

21. un marco de previsibilidad sobre su accionar que le dio mayor confianza a las
inversores en el sistema financiero internacional.
También el país trató de lograr la estabilidad fiscal, sin duda una precondición
para la estabilidad de precios, ya que el Estado no podía gastar más de lo que
recaudaba. La idea de que el equilibrio presupuestario era fundamental para la
estabilidad de precios, generó un compromiso político con la disciplina fiscal., que
no siempre se cumplió.
Este nuevo tratamiento del presupuesto también se asentaba en la apertura de la
economía y en particular de su cuenta de capital, que permitió que estos capitales
ingresaran o se fueran del país sin ningún tipo de restricciones. Esta reforma
económica importante implicó también un significativo cambio institucional, pues
llevó a un permanente monitoreo por parte de los inversores externos, quienes
permanentemente estaban y “están” atentos para reaccionar frente a cualquier
cambio en los indicadores de la economía argentina y en particular sobre todos
aquellos que indicaran una posible modificación en la solvencia del Estado frente
al cumplimiento de pagos de sus obligaciones internacionales.
La reforma del Estado, que lo ha redimensionado concentrándolo en tareas
específicas, también ha traído aparejada múltiples cambios institucionales. La
privatización de empresas públicas redujo su capacidad de hacer política a través
del manejo de las tarifas, del empleo y de los programas de inversión de esas
empresas.
La desregulación al eliminar la intervención del Estado en la fijación de precios de
bienes y servicios, significó liberar importantes sectores de la actividad privada de
la tutela oficial, sin como contrapartida asegurarse el control y el cumplimiento de
las metas acordadas entre ambos sectores, el público y el privado. Generando,
por otra parte, una masa de empleados públicos desocupados que no tuvieron
una capacitación adecuada en lo laboral para poder ingresar al nuevo mercado de
trabajo que imponía el sector privado, especialmente en cuanto al conocimiento y
el manejo de nuevas tecnologías, quedando de esta manera al margen del
sistema productivo.
La apertura de la economía y en particular los acuerdos logrados en el marco
regional del Mercosur, más la adhesión a las regulaciones de la Organización
Mundial de Comercio, hicieron más previsible la política arancelaria argentina,
pero que en definitiva no lograron beneficiar a la producción nacional ni
incrementaron mayormente el nivel de recaudación del Estado.
En su concepción ideológica, para el primer gobierno de Menem (1989-1995),
existía una corrupción institucional que se hallaba en ese Estado regulador,
empresario y deficitario, porque precisamente, el Estado no sólo recurría a
permanentes cambios en los precios de bienes y servicios, ya sea por vía de
regulaciones o bien, como consecuencia de su accionar empresario, sino que
además, adicionalmente por vía del manejo de la política monetaria y cambiaria,

22. podía producir importantes redistribuciones de riqueza según lo deseara. Por el
contrario, lo que quería y lo que finalmente obtendría, fue una redistribución de la
riqueza, pero no a favor de aquellos sectores que más lo necesitaban, sino por el
contrario, de los más favorecidos por el nuevo contexto del país: los sectores que
respondían al capital extranjero.
Sin embargo, durante los diez años y medio de gobierno menemista, lo se trato de
corregir y no se logro, fue la cuestión de los altos niveles de evasión impositiva,
que imposibilitaron al país cerrar con eficiencia sus cuentas públicas.
En síntesis, las reformas económicas introducidas a partir de julio de 1989, lo que
si lograron fueron la estabilidad de precios y un crecimiento económico
significativo, que favoreció a las empresas trasnacionales.
Uno de los resultados del “Plan de Convertibilidad” (un peso argentino equivalía a
un dólar), fue que permitió el ingreso de capitales del exterior por un valor
aproximado a los 18 mil millones de dólares. Desde esta perspectiva la deuda
pública aumentó, alcanzando el 18.23% del Producto Bruto Interno en 1995.
Por otra parte, el gobierno nacional no continúo con su política de la fijación de los
salarios del sector privado. La determinación de precios y salarios paso a ser libre
y sujeta como norma al comportamiento de los mercados. También se estimulo un
cambio profundo del sistema de jubilaciones (con la introducción del sistema
privado) y del sistema laboral, empezándose a generalizar la denominada
“flexibilización laboral”. De esta manera, en vez de incrementar la mano de obra
ocupada provocó un aumento importante en los niveles de desocupación, que si
durante el gobierno de Alfonsín había llegado al 8%, durante las dos presidencias
de Menem, prácticamente sus índices se habían duplicado.
Durante este período, se trató de aplicar algunos principios del “Consenso de
Washington”, como la disciplina fiscal, la apertura del mercado y el equilibrio de la
balanza de pagos. Hechos que efectivamente se implementaron (muchos sin
resultados exitosos) pero que dejaron a un lado un principio fundamental que
proclamaba: que estos instrumentos debían darse en el marco del control del
Estado Nacional, no quedando librados a la voluntad de las empresas privadas
fundamentalmente de capital extranjero.
Si bien los años noventa fueron la década de los economistas liberales, la
convicción de que el “mercado” compensaría los efectos negativos de las
privatizaciones, de la teoría neoliberal del “derrame”, según la cual el mercado
haría que la riqueza llegase a la sociedad, de la apertura de los mercados y de la
reducción de gastos en el sector público (de empleados especialmente), demostró
su terrible equivocación porque el Estado no actuó en su medida contra la
concentración de la riqueza y de la renta de quienes participaron activamente en el
proceso de apertura y globalización. Esto significó que el Estado estuvo “ausente”,
lo que generó en la sociedad argentina una gran concentración y desigualdad en
el reparto de esa riqueza nacional.

23. Sus fallas más notorias fueron que:
-Los trabajadores no participaron en la medida necesaria en las ganancias de las
empresas, ni privatizadas ni de las que se instalaron en el país.
-Faltó una mayor distribución de la renta.
-No se dio una mayor reducción de las desigualdades sociales.
-No se pudo corregir ni eliminar el grave problema estructural de la corrupción
gubernamental.
En abril de 2004, la titular por entonces interina del Fondo Monetario Internacional,
Anne Krueger, de los Estados Unidos opinaba que: “La experiencia argentina en la
década del noventa poseía una reticencia a seguir adelante, a confrontar los
cambios estructurales que hubieran sido necesarios para una reforma
macroeconómica”. Luego, se refirió específicamente a como el control fiscal fue
erosionado por una serie de gastos fuera de presupuesto. Señalaba que de un
presupuesto balanceado en 1992-1993, el gobierno de Menem generó un déficit
del 2.75% del Producto Bruto Interno hacia 1998. Esto sucedió porque para ese
año, el país “tenía demasiada credibilidad, eso fue casi parte del problema”.
Credibilidad dada principalmente por la entidad que lideraba Anne Krueger, junto a
otras como el Banco Mundial, por ejemplo.
Según Krueger, en los primeros años del gobierno menemista, el crecimiento
económico superó el 10%, y hubo una enorme entrada de capitales. Pero este
“aparentemente impresionante desempeño encubría debilidades estructurales que
no fueron enfrentadas”: Entre las cuales mencionaba:
-Los gastos fuera de presupuesto provocados por fallos judiciales a favor de pagos
de compensaciones luego de la reforma de la seguridad social y por el pago de
deudas a los proveedores. Con el consecuente aumento del endeudamiento.
-El crecimiento de las importaciones mucho más rápidamente que el de las
exportaciones.
-La debilidad estructural del sistema bancario, al no existir un estricto control sobre
sus operaciones por parte de las autoridades nacionales respectivas.
-La reforma del sistema laboral, que llevó a un desempleo del 12%, cifras
inferiores a las que realmente hemos mencionado anteriormente.
-La convertibilidad en sí misma que exigía un control fiscal que finalmente el
gobierno no produjo.
B) LA CAÍDA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

24. La industria fue la que soportó el costo más elevado del ajuste en los años
noventa. Durante los años comprendidos entre 1993 y 2001, la economía
argentina creció al 1.38%, pero la industria se contrajo a un ritmo del 0.73% por
año. En tanto que algunos sectores, como el financiero creció al 6.92%, la
actividad minera el 4.7% anual y el campo al 2.78%.
En términos estructurales, el sector manufacturero representaba el 35% del
Producto Bruto de la Argentina en 1970. Pero ya en 1993, se había reducido al
18%, continuando el proceso de desindustrialización durante toda la década del
noventa. En el 2001, la participación industrial en la economía había descendido al
16%.
Esa caída generalizada de la industria fue despareja, ya que al final de la década
del noventa, hubo sectores más favorecidos y otros que no lo fueron tanto.
Veamos:
-Se notó una mejoría de las actividades que componían el complejo agroindustrial.
-Dentro del conjunto de manufacturas de origen industrial, creció el tabaco, papel,
siderurgia básica (metales comunes), radio y televisión. La siderurgia básica fue la
única que mostró un alto crecimiento, el 3.38%, a pesar de que sus clientes
(elaboración de metales, maquinaria y equipo, automotores y transporte)
terminaron la década con resultados negativos.
-El personal ocupado disminuyó el 3.99% entre 1993 y el 2001. En los últimos
treinta años, la industria perdió casi la mitad de su personal: de 1.716.900
ocupados en 1970, el plantel total cayó a 1.089.360 trabajadores industriales en
2001. Tomándose en cuenta, que la Argentina pasó de tener 20 millones de
habitantes a casi 36 millones.
-La productividad laboral, por el contrario, creció el 3.24% anual, ya que compensó
la diferencia entre la relativamente caída de la industria y el fuerte racionamiento
de personal. Sólo las industrias textiles (-0.38%) y la metalúrgica (-1.23%) tuvieron
una productividad negativa. Pero no fue porque tomaron más mano de obra, sino
al revés: su caída fue tan profunda, que el producto declinó más que la expulsión
de trabajadores.
El salario real por trabajador ocupado cayó el 0.69% y a nivel sectorial la caída fue
más pronunciada entre los productores de tabaco, textiles y cuero. En cambio,
crecieron los salarios de las industrias petroleras, química, las cementeras, y
sobre todo, en las siderúrgicas.
-La participación de los obreros industriales en la distribución de ingresos, que era
del 42% en 1970, cayó al 24% en el 2001.
-El costo laboral por cada trabajador se redujo 3.35% en cada uno de los años
estudiados. Sólo se hizo más oneroso el costo laboral unitario en las cementeras,
las metalúrgicas y productoras de instrumental médico. Cabe aclarar que se basó

25. más en el desempleo y la congelación de los salarios unitarios de los trabajadores,
que en el efecto permanente de medidas de competitividad centradas en las
innovaciones tecnológicas y de organización.
Lo que se nota tras analizar todo el período, es una estructura productiva sin
cambios, un proceso de involución estructural, típica de los modelos de
desarticulación de capital.
C) LA SITUACIÓN SOCIAL
La Argentina presentó en el año 2004 la peor distribución de la riqueza en los
últimos treinta años, fecha desde la cual el “Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos” (INDEC) comenzó a efectuar esa medición. Luego de la salida del uno a
uno entre el peso y el dólar de la convertibilidad este fenómeno se acentuó. El
comportamiento de esa variable siguió una línea de continuidad que arrancó a
mediados de los años setenta y que se profundizó en los noventa.
Al terminar de procesar los datos oficiales de fines de 2003 para todo el país,
surge que el 10% más rico de la población se queda con el 38.6% de la torta
nacional y gana 31 veces más que el 10% más pobre. La desigualdad es más
acentuada si se analizan los datos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires
específicamente el 10% más rico se queda con el 44.5% de la riqueza producida y
mantiene una distancia de 50 veces con el sector más pobre. Esta desigualdad en
la región más poblada del país constituye una cifra récord. En 1974, cuando
arrancó la medición, esa brecha era de apenas el 12%.
Todos los sectores, tanto los más pobres como los sectores medios bajos y altos,
que suman el 90% de la población, resignaron posiciones a favor del sector que
está ubicado en lo más alto de la escala social. De esta manera, no sólo los que
eran pobres en los años setenta, ochenta y noventa, descendieron varios
escalones, sino que también la extensa clase media, que fue transfiriendo
ingresos hacia el estrato más alto de la población.
La Argentina tenía en 1974 una distribución de la riqueza que se asemejaba a la
de muchos países europeos de desarrollo medio. Pero en el 2004 presentaba un
esquema distributivo que se ubica entre los más desiguales de América Latina.
De las cifras difundidas por el INDEC, surge el siguiente cuadro de situación:
-El índice de desigualdad de ingresos de todo el país y de la región metropolitana
es el más alto desde que el INDEC lleva esos registros.
-Entre 1974 y 2001, el 10% más rico incrementó su porción de la torta en un 35%.
Los más pobres perdieron el 37%, los medios bajos el 24% y los medios altos
crecieron el 12.8%.

26. El grueso de la población y en particular la clase media transfirió al estrato alto, a
valores de 2001, el equivalente anual a 15 mil millones de dólares. Este proceso,
se explica por el perfil de sociedad dual y desintegrada que adquirió la Argentina
desde el “Rodrigazo” en 1975 y el proceso militar iniciado con el golpe de Estado
del 24 de marzo de 1976.
Con la caída de la convertibilidad y la devaluación el 6 de enero de 2002, se
produjo un tremendo achicamiento de la economía. Pero, aunque se redujo la
torta, la franja más alta siguió aumentando su participación. Y en el 2003 con el
repunte del 8.8% de la economía la concentración volvió a pegar un salto. Así,
durante ese año, el 10% más rico pasó de acaparar el 38.8% al 44.6%. De esta
manera, la distancia entre los más ricos y los más pobres pasó a ser de 50 veces,
en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Así, la tendencia de distribución de
los ingresos no varió tras el cambio de etapa que supuso la devaluación y la
concentración de la riqueza siguió profundizándose sin registrar modificaciones,
continuando deprimidos los salarios y las jubilaciones.
D) EL DESARROLLO DE LA DEUDA EXTERNA
En julio de1989 cuando asume Menen, el Estado se encontraba en cesación de
pagos. En el orden externo la banca acreedora privada y el de los acreedores
estatales (FMI) originó una serie de concertaciones que, con el apoyo de la banca
particular y el saneamiento de la economía argentina, junto al “Plan de
Convertibilidad”, permitieron acordar el “Plan Brady” en marzo de 1992.
¿En que consistió el Plan Brady? En primer término, debemos tener en cuenta
para su análisis que el gobierno argentino le debía a los bancos comerciales
30.954 millones de dólares, de los cuales 7.880 millones correspondían a
intereses vencidos. El 30 de enero de 1992, en Nueva York, al comité de bancos
acreedores, el entonces Ministro de Economía, Cavallo le proponía pagar dicha
deuda con bonos. Esta propuesta ya tenía el visto bueno del Fondo Monetario
Internacional.
La oferta argentina tuvo la forma de un menú integrado por varias alternativas, de
las cuales el banco acreedor elegiría la más conveniente a sus intereses.
Finalmente el acuerdo logrado estipulaba, las siguientes características
principales: a) el pago al contado de 400 millones de dólares; b) una quita del 35%
en los bonos con descuento; 3) la tasa de interés Libor (nunca superior al 9%
anual) más un porcentaje para los bonos con descuento; d) una tasa de interés
anual, aumentando un cuarto de punto porcentual por año hasta alcanzar el 6%
anual en el séptimo año, en los bonos par; e) compra de bonos cupón cero de la
Tesorería de los Estados Unidos por 3.000 millones de dólares, para garantizar la
operación.

27. Este acuerdo, convirtió al Plan Brady en un mecanismo de “refinanciación” más
que de “reducción” de la deuda. Por otro lado, ¿quiénes se beneficiaron con el
Plan Brady? Todos aquellos que pudieron aprovechar la mayor oferta de créditos
externos (los bancos intervinientes, los deudores que ya existían y los nuevos,
alentados por los nuevos créditos que se otorgaban): Los que se perjudicaron
fueron los contribuyentes impositivos, en la medida que para pagar había que
aumentar la recaudación. Cabe aclarar que hasta el presente, esa “posible
solución” para el primer gobierno de Menem, todavía la seguimos padeciendo: aún
seguimos pagando y refinanciando lo que dejo el Plan Brady.
Por otra parte, los préstamos otorgados por el FMI, el préstamo “stand by” y el
acuerdo posterior de “facilidades de entendimiento” fueron las bases a ese
“Convenio” de reducción y consolidación de la deuda externa que luego, también
se celebraría con la banca privada.
En julio de 1992 se acordó un contrato de refinanciamiento como el anterior con el
“Club de París”. Estos pactos fueron aceptados por la banca internacional,
abriéndose así un flujo de capitales por la colocación de “obligaciones
negociables” de varias firmas locales e inclusive por la emisión y aceptación de
“euro bonos” emitidos por un banco oficial. A ello hay que agregarle el aumento y
la fluidez del comercio internacional y el restablecimiento de las transacciones
comerciales, que ayudaron a la renegociación de la deuda externa argentina,
beneficios que al gobierno de Alfonsín no se le había presentado.
Otro factor que ayudó para el financiamiento de la deuda externa fueron las
“Privatizaciones” que le permitieron al Estado reducir la deuda interna y externa
cerca de 6 mil millones de dólares, aunque sin medir sus consecuencias sociales,
que se notaron en la gran cantidad de empleados públicos que de pronto se vieron
sin su fuente natural de ocupación al quedar al margen del sistema laboral.
Completando la acción en el reordenamiento del endeudamiento externo, el
gobierno de Menem encaró un severo ajuste fiscal en el orden interno para
corregir el déficit estatal. De esta manera, dispuso la Reforma del Estado y de
Emergencia Económica reguladas por las leyes 23.696 y 23.6697,
respectivamente. Estas leyes reconocían como antecedentes a los Decretos
640/87, 679/88 y el 680/88, sancionados por el gobierno anterior, que suspendían
las ejecuciones contra las cajas de previsión por el cobro de reajustes jubilatorios
contra el Estado y se efectuaba una auditoria de los juicios.
La ley 23.696 disponía la ejecución de sentencias y laudos arbitrales con algunas
excepciones. Esto no fue suficiente y al continuar el estado de “Emergencia
Económica Nacional”, se dispuso en 1991 por medio de los Decretos 34/91, 53/91
y 383/91, convalidados por la ley 23.982, la suspensión de todos los juicios que se
tuvieran por cobro de dinero contra la Administración Pública Nacional, entidades
autárquicas, empresas y organismos del Estado. La suspensión de los pagos y los
juicios se prorrogó hasta el 23 de agosto de 1991, fecha en que se dictó la Ley de
Consolidación de la Deuda Pública.

28. Por esta ley 23.982, se consolidaban en el Estado las obligaciones que consistían
en el pago de dinero, con fecha límite de las contraídas hasta el 1° de abril de
1991.
Las obligaciones que se consideraban consolidadas eran las reconocidas por el
sistema judicial, un acto administrativo, un laudo arbitral o un acuerdo
transaccional.
Se establecía una “gran moratoria” con vencimientos de los pasivos internos hasta
un plazo un plazo máximo de 16 años, con 7 años de gracia, a partir del cual el
Estado amortizaba el capital en 120 cuotas mensuales y conjuntamente se
pagaban los intereses. Los acreedores podían optar por suscribir a la par por el
importe de los créditos “Bonos de Consolidación” (BOCON) cuyo primer pago
comenzaría a efectuarse en 1997.
Con el gobierno de Menem se produce el reordenamiento de la deuda pública
interna, hechos que exigen un gran esfuerzo para su cancelación, atento al
compromiso asumido. Así por ejemplo, en el orden externo, como lo tratamos, a
partir del Plan Brady, debieron desembolsarse pagos de 3.000 millones de dólares
por los tres años siguientes.
A comienzos de 1995 la economía argentina sufrió los efectos de factores
externos que puso cuestionamientos al “Plan de Convertibilidad” por la
devaluación mexicana en diciembre de 1994, el efecto “Tequila”, que frenó a las
inversiones extranjeras y la entrada de capitales (que por el contrario provocó su
salida masiva) que habían sostenido la economía argentina. Los Estados Unidos y
Europa, a raíz de un crecimiento sostenido de sus economías, fueron en
contrapartida, quienes atrajeron los capitales que iban en su momento hacia los
mercados emergentes.
A fines de 1995 los capitales emigrados volvieron al país, cerca de 18 mil millones
de dólares. Sin embargo, el déficit fiscal no obstante el ingreso por las
privatizaciones (25 mil millones de dólares) y la evolución de las exportaciones no
pudo se cubierto ante la baja de la recaudación impositiva. A ello se sumaba el
problema que plantea la deuda externa y es de que no sólo deben elevarse los
ingresos para atender sus servicios sino que ellos deben ser obtenidos en moneda
extranjera porque están concertados en la mayoría de los casos en dólares.
En 1996, aunque las exportaciones aumentaron en cifras récord, y la inflación se
mantuvo a niveles inexistentes, la deuda pública aumentó y el 31 de marzo llegó a
88.140 millones de dólares, con tendencia ascendente porque los gastos no se
redujeron y la recaudación no llegó a los niveles proyectados en el presupuesto de
1996. En 1999, la situación continuaría igual con su sucesor Fernando de la Rúa.
DEL GOBIERNO DE DE LA RÚA AL DEFAULT

29. Con el gobierno de De la Rúa (al que debe sumarse el período menemista) al 30
de junio del 2000 la deuda pública se incrementó hasta superar los cien mil
millones de dólares. La deuda pública colocada a largo y mediano plazo era de
118.829 millones de dólares, de los cuales 88.119 millones estaban invertidos en
títulos públicos y 30.709 millones correspondían a préstamos de organismos
internacionales y oficiales. Además, el 95% de la deuda en títulos públicos (83.531
millones) estaba en moneda extranjera, y el 5% (4.588 millones) en moneda
nacional.
Las consecuencias de los gobiernos de Menem y De la Rúa fueron catastróficas,
en donde el default que luego se produciría, fue la culminación de una serie de
acontecimientos fallidos que hicieron eclosión en 2001 con la crisis. En ese año,
se fugaron de la Argentina capitales por un valor de 13.000 millones de dólares y
se tuvo que destinar más del 20% del presupuesto nacional para pagar solamente
los intereses de la deuda externa.
A partir de entonces, el país se quedo sin acceso al crédito externo. Para tratar de
salir de esta durísima situación, el presidente De la Rúa nombró a Domingo
Cavallo como nuevo Ministro de Economía, el cual llevó a cabo el “mega canje”
que consistió en una reprogramación de la deuda argentina. De esta manera, el
Estado Nacional tuvo que asumir obligaciones adicionales por un monto de 55.281
millones de dólares. A pesar de esta medida, continuó la fuga de capitales hacia el
exterior. Por lo tanto, el 1° de diciembre de 2001, el ministro Cavallo anunciaba
una restricción al retiro de los depósitos bancarios, conocido como el “corralito”. A
partir de entonces, se autorizaba a retirar del banco un máximo de mil dólares. La
situación social se volvió muy caldeada, en medio de una recesión que se
extendería hasta el 2002, en la cual la pobreza había crecido un 15.4% en 1994 al
38.3% en 2001.
El 13 de diciembre comenzaron los saqueos en la ciudad de Rosario, y el mismo
día la CGT llamaba a una huelga general contra las restricciones bancarias del
gobierno. Los asaltos a supermercados se extendieron a diversos sitios del país y
que rápidamente llegaron a Buenos Aires.
El presidente De la Rúa, equivocadamente, decretó el estado de sitio, pero ya
todo era demasiado tarde. El 19 y el 20 de diciembre, miles de personas salieron a
manifestarse a las calles en todo el país, provocando violentos choques y
enfrentamientos con la policía, durante los cuales murieron varias personas.
Estos sucesos, provocaron finalmente el 20 de diciembre de 2001, la renuncia del
presidente Fernando de la Rúa en medio del conflictivo “corralito” financiero sobre
los depósitos y en un contexto de fuerte fuga de capitales. Tras un interinato de
dos días a cargo del senador Ramón Puerta, el 23 de diciembre asumía como
presidente Adolfo Rodríguez Saá, hasta ese momento gobernador de la provincia
de San Luis. Ese mismo día declaró la cesación de pagos, el “default” según la
terminología financiera, de una parte de la deuda pública. Esta decisión fue
recibida con una ovación por la Asamblea Legislativa.

30. Durante la semana que duró su gestión continuaron normalmente los pagos de la
deuda a los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este
criterio se sigue manteniendo hasta el presente, manteniendo a estos como
“acreedores privilegiados”, que no tendrían quitas con sus acreencias. A fines de
2001, la deuda pública sumaba 145.000 millones de dólares.
En poco más de una semana la Argentina tuvo cinco presidentes. A De la Rúa le
sucedió, como presidente interino, Ramón Puerta, en su carácter de Presidente
provisional del Senado, porque no estaba cubierto el cargo del vicepresidente tras
la renuncia de Carlos Alvarez. El 23 de diciembre, la Asamblea Legislativa designó
a Adolfo Rodríguez Saá. Pero éste renunció el 31 de diciembre, luego de que los
gobernadores le quitaron el apoyo debido a ciertas medidas que no favorecían a
ningún sector en general. El titular de la Cámara de Diputados, Eduardo
Caamaño, asumió la presidencia interinamente. El 1° de enero de 2002, la
Asamblea eligió a Eduardo Duhalde, quien fuera ex vicepresidente de la Nación y
gobernador de la provincia más importante del país Buenos Aires durante los diez
años y medio de la gestión menemista, quien asumió la Presidencia para
completar el mandato de De la Rúa, hasta diciembre de 2003.
DE DUHALDE HASTA LA ASUNCIÓN DE KIRCHNER (MAYO DE
2003)
Apenas asumió, Eduardo Duhalde designó como Ministro de Economía a Jorge
Remes Lenicov. Este funcionario ya había ocupado el mismo cargo en la provincia
de Buenos Aires. Entre sus primeras medidas, anunció la devaluación del peso, se
comprometió a devolver los ahorros en la misma moneda en que habían sido
depositados en los bancos y envió al Congreso Nacional un proyecto de ley
declarando la “Emergencia Pública”, que dotaba al Poder Ejecutivo de poder
ampliar sus facultades para modificar las reglas de juego de la economía y
devaluar.
En sus inicios, el gobierno de Duhalde, fijó el valor del dólar en 1.40 pesos, con
restricciones para la compra de divisas. Los depósitos se pesificaron a 1.40 pesos,
pero las deudas bancarias se pesificaron 1 a 1, proceso que se denominó la
“pesificación asimétrica”. Así, se generó un mercado de cambios paralelo con un
dólar cercano a los 2 pesos. Pero, a comienzos de febrero de 2002, por presión
del Fondo Monetario Internacional, el gobierno liberó el mercado de cambios. En
medio de largas colas de personas frente a las casas de cambio, rápidamente el
dólar superó los 2 pesos y en marzo llegó a cotizar cerca de los 4 pesos. Esto
provocó nuevamente una fuerte fuga de capitales.
A fines de abril, en medio de un feriado bancario y cambiario por tiempo indefinido,
el gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto para convertir
compulsivamente los depósitos retenidos en el “corralito” y en el “corralón” en

31. bonos, los denominados “Boden”. Esto provocó protestas de los ahorristas y los
senadores tuvieron que suspender la sesión donde se trataban estas medidas.
Entre tanto, el grupo de los siete países más industrializados del mundo, conocido
como el Grupo de los 7, insistió en que la Argentina debía reducir el gasto público
y cumplir con otras exigencias, como la modificación de la ley de “subversión
económica”, que trataba sobre la evasión económica y de capitales. Entonces,
ante la falta de apoyo interno y externo, el ministro Remes Lenicov presentó su
renuncia. Luego de un acuerdo con los gobernadores, el 27 de abril asumía como
nuevo Ministro de Economía Roberto Lavagna, quien hasta ese momento ocupaba
el cargo de embajador argentino ante la Unión Europea desde la gestión de De la
Rúa. El nuevo funcionario fue aplicando medidas para liberar de manera gradual
el “corralito y el corralón” financieros.
Frente a la presión de los ahorristas que tenían inmovilizados sus capitales y
también de los bancos afectados por la pesificación, el gobierno tuvo que
comenzar a emitir deuda nueva, los bonos conocidos como “Boden” para pagar
las compensaciones por la” pesificación asimétrica” y para entregarlos a los
ahorristas en canje por sus depósitos, entre otros usos. La nueva emisión sumó
18.000 millones de dólares.
Ante la fuerte protesta social en todo el país y también para descomprimir el tenso
clima político imperante, el 2 de julio Duhalde decidió convocar a elecciones
presidenciales anticipadas para abril del año siguiente.
Las elecciones se realizaron el 27 de abril de 2003. Carlos Menem obtuvo la
primera minoría, con casi el 25% de los votos. En segundo lugar, con el 22.2% se
ubicó Néstor Kirchner, quien contaba con el respaldo de Duhalde. Estos
resultados obligaban a convocar a una segunda vuelta. Sin embargo, descontando
una derrota, Menem decidió no presentarse en el ballotage. Así, el 25 de mayo de
2003, Néstor Kirchner asumió la Presidencia, tras la deserción de Menem. Uno de
sus señales más claras fue mantener a Roberto Lavagna como Ministro de
Economía. A su vez, para salir del default, propuso en principio, una “quita” del
50% y el canje que culminaría luego de arduas negociaciones.
Mientras tanto, debemos recalcar que la relación con el Fondo Monetario
Internacional había quedado interrumpida desde poco antes de la caída de De la
Rúa. A fines de 2001, Washington le cerró las puertas al entonces Ministro de
Economía Domingo Cavallo (el artífice del Plan de Convertibilidad y de las
privatizaciones durante la primera etapa menemista) al no renovar un vencimiento.
Después, durante la gestión de Duhalde hubo una tensa relación con el organismo
hasta que en enero de 2003 se logró firmar un “acuerdo provisorio”, que concluía
en agosto de 2003. Recién en setiembre de ese año, Kirchner y Lavagna lograron
cerrar un acuerdo de tres años con el Fondo Monetario Internacional. A cambio de
que la Argentina pagara los intereses de esa deuda, el organismo se comprometió
a refinanciar los vencimientos de capital hasta agosto de 2006.

32. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluyó por primera vez
condiciones que dejaron al descubierto la influencia de algunos grupos de poder
internacionales sobre el organismo, como los bancos extranjeros, las
multinacionales que controlan las empresas privatizadas y los países ricos. Así,
Argentina se comprometía a lograr un acuerdo con los bonistas, subir las tarifas y
resolver las compensaciones a los bancos.
LA SALIDA DEL DEFAULT
EL PRIMER PASO
El 22 de setiembre de 2003, durante la reunión anual del FMI realizada en Dubai,
Emiratos Árabes, el gobierno argentino propuso a los acreedores privados
reconocerles, en nuevos bonos, 20.300 millones de dólares sobre una deuda en
default de 81.800 millones. La propuesta representaba una quita nominal del 75%.
Los intereses vencidos desde diciembre de 2001 no serían reconocidos y los
nuevos bonos además serían emitidos a mayores plazos y menores tasas de
interés. Así, en valores de entonces, representaba una quita muy importante.
Esta oferta argentina provocó un fuerte rechazo por los bonistas y también de los
organismos financieros y del Grupo de los 7 quienes acusaron al gobierno de no
negociar con los acreedores. A partir de allí se forma el “Comité Global de
Acreedores”, que encabezaban el italiano Incola Stock y el norteamericano Hans
Humes, representando a tenedores de bonos de la deuda argentina por el
equivalente a 37.000 millones de dólares. Al poco tiempo, el Ministro de
Economía, Lavagna rompe relaciones con ellos por considerar que sólo
representan los intereses de bancos e intermediarios que habían lucrado con la
colocación de bonos de la deuda argentina entre los ahorristas pequeños.
En junio de 2004, Lavagna presentó una nueva oferta al subir de 20.300 millones
a un máximo de 43.200 millones de dólares el reconocimiento de la deuda en
nuevos bonos. La quita nominal del 75% se redujo a una poda de un 50% de
promedio. Además, fijó nuevos plazos y tasas de interés más altas. Esto y las
nuevas condiciones financieras internacionales llevaron a estimar que la quita se
acercaba al 66%. Al mismo tiempo se designaron a los bancos asesores y se
avanzó en un acuerdo con las AFJP y las compañías de seguros. Luego se
anunciaron otras mejoras, como “premios” por recompra de bonos y la emisión de
los nuevos bonos seis meses antes, a diciembre de 2003.
A mediados de 2004, Rodrigo Rato (español), asumió la jefatura del Fondo
Monetario Internacional y eso, por los fuertes vínculos entre España y la
Argentina, alentaba las esperanzas de que el FMI tuviera una actitud más flexible.
Sin embargo, Rato mantuvo la posición de sus antecesores y renovó esa postura
durante una breve visita a la Argentina.

33. Ante las presiones del exterior, y con el argumento de evitar las interferencias del
FMI, con el aval del propio organismo, el gobierno argentino suspendió el acuerdo
de setiembre con la idea de reanudarlo tras el canje de la deuda. Durante la
suspensión, la Argentina se comprometió a pagar los intereses y también los
vencimientos de capital. Entonces, desde el default, la Argentina le pagó a los
organismos internacionales un poco más de 10.000 millones de dólares. Al mismo
tiempo, el presidente Kirchner estudiaba un plan para “independizarse” del FMI,
cancelando la deuda a medida que fuera venciendo, y evitar con eso tener que
renovar el acuerdo con el FMI, después del canje. Tras un análisis en profundidad
de la cuestión, este plan que se había denominado de “desendeudamiento” fue
dejado a un lado. A partir de allí, el Ministro Lavagna proyectaba retomar las
gestiones para llegar a un nuevo acuerdo una vez que se cerrara el canje de la
deuda. Los bancos asesores del gobierno argentino están constituidos por UBS
Cerril Lynch, Barclays y la Unión de Bancos Suizos quienes trataron con los
bonistas privados europeos el canje de la deuda.
Los acreedores principales de los bonos de la deuda externa argentina, se
encuentran, por países, en: Argentina, el 38.4%; en Italia, el 15.6%; en Suiza, el
10.3%; en los EE.UU., el 9.1%; en Alemania, el 5.1%; en Japón, el 3.1%; en el
rubro “Otros”, el 5.4%; y en “No Identificados”, el 12.8%.
EL SEGUNDO PASO
El 25 de febrero de 2005, la Argentina cerró uno de los capítulos más complejos
de su reciente historia económica, al ponerle fin al default de su deuda de 81.800
millones de dólares. Los primeros indicios señalaban que la participación en el
canje fue, por lo menos del 75%.
El presidente Néstor Kirchner, poco antes de que cerraran las tratativas,
anticipaba que
“Vamos a tener un buen resultado, y que el canje va a demostrar que los
argentinos podemos, que habremos hecho la mejor negociación de la historia del
mundo. Los datos que estaba recibiendo no son para ponerse contentos porque
nuestra deuda es la más grande de la historia del mundo, para el libro Guiness”.
Casi inmediatamente, luego del cierre, el Ministro de Economía, Roberto Lavagna,
convocaba a la prensa para explicar que las operaciones se habían producido
“con absoluta normalidad”, a pesar de su complejidad técnica.
El cierre del canje le puso un fin al proceso que había comenzado en diciembre
del 2001, cuando el Congreso Nacional aplaudía de pie al entonces presidente,
Adolfo Rodríguez Saá, anunciando la moratoria unilateral de pagos. Este proceso
llevó 38 meses de durísimas negociaciones y presiones para tratar con los 152
títulos en default. Estos fueron cambiados básicamente por 3 tipos de Bonos: el
Par (sin quita), el Cuasi Par (quita del 66.3%) y el de Descuento (quita del 30.1%),
denominados en dólares, euros, yen y pesos.

34. Según los medios especializados, como el Banco JP Morgan, señalaban que el
90% de los fondos institucionales de Europa, los EE.UU. y de América Latina,
habían ingresado en la operación de la deuda. Pero fue en la Argentina, donde
estaban el 38.4% de los títulos en mora, donde el canje fue un rotundo éxito, con
el 97% de adhesión en el ámbito local. El presidente de la Caja de Valores de
Buenos Aires, Luis Corsiglia, explicaba que: “Estuvimos recibiendo las ofertas y
emitiendo certificados sin parar, y la repercusión en los mercados anticipa un
resultado exitoso. Los fondos de inversión estuvieron presentando su adhesión en
forma adhesiva hasta el último minuto en Nueva York”. ¿Por qué existió tanto
entusiasmo de los fondos en entrar al canje? Por que la mayoría de ellos les
compro bonos a precios de liquidación a los minoristas europeos, esperando
obtener una ganancia del 20%, luego que el canje durara seis semanas.
EL TERCER PASO: LA SITUACIÓN LUEGO DEL CANJE
Al completarse la reestructuración de la deuda en default con una adhesión del
75%, se abre una nueva agenda para la política económica argentina, aunque el
tema de la deuda seguirá marcando el rumbo del país.
Por el canje, la deuda que en junio de 2004 estaba en los 181.000 millones bajaría
a 141.000 millones de dólares, lo que equivale a 3.900 dólares por habitante.
De este total, el 80%, 115.000 millones, quedaría regularizada, mientras subsistiría
una deuda con el Club de París y varios países a renegociar, así como acreedores
por unos 20.000 millones de dólares que no ingresaron al canje y que seguirán
apostando a cobrar más, al insistir con sus reclamos ante los Tribunales del
exterior.
Así, con 141.000 o 137.000 millones de dólares (según las últimas estimaciones),
la Argentina quedara con una deuda pública equivalente al 80/85 por ciento de su
Producto Bruto Interno. La nueva deuda está más repartida en el tiempo (hasta
2046), colocada en una proporción mayor en pesos y a menores tasas de interés,
mientras la que existía al momento del default estaba dolarizada y crecía a tasas
muy altas. Pero en todo lo explicado hay que tener en cuenta dos detalles
fundamentales: ahora habrá que pagar, con quita, una deuda que no se estaba
pagando y de los 115.000 millones de dólares que están regularizados, entre el
2005 y el 2010 hay vencimientos por 70.000 millones de dólares. En el año 2005,
hay vencimientos entre intereses y deuda de capital por 13.000 millones de
dólares (más del 7% del PBI) y otros 12.500 millones en el 2006. Lo cual
seguramente habrá mayores necesidades fiscales.
La cuestión pasa en que los organismos financieros refinancien sus vencimientos
junto a otros, como los Préstamos Garantizados, Boden y Bogar que están en
manos del sistema financiero argentino y de las AFJP, por lo que también podrían
ser refinanciados.

35. Por eso, tras el canje será una cuestión clave la reapertura de la negociación
suspendida con el FMI y la colocación de “deuda nueva” para ir pagando la que
vence.
EL INFORME CRÍTICO SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TUVO EL
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN LA CRISIS
ARGENTINA DE 2001
El 26 de julio de 2004, el Fondo Monetario Internacional discutió y aprobó un
documento autocrítico sobre su desempeño en la Argentina en la última década,
que concluyó, como lo venimos tratando, con la peor crisis económica de su
historia.
En este documento, el Fondo Monetario Internacional admitió por primera vez que
cometió por lo menos ocho errores graves que ayudaron a que la Argentina
entrará en 2001 en la crisis económica más seria de los últimos tiempos. Como
conclusión planteaba que la crisis económica dejaba 10 lecciones y 6
recomendaciones para que el Fondo Monetario Internacional aplicara en el futuro.
Estas recomendaciones implicaban una mayor dureza y control sobre los
programas que debían aplicar los países como la Argentina. Entre otras, figuraba
que “el rol del tipo de cambio y la sustentabilidad de la deuda de mediano plazo
deben formar el foco de supervisión de los programas”.
Al analizar el “modelo menemista”, el documento cuestionaba el excesivo apoyo
que el organismo le había dado para sostener la convertibilidad, cuando existían
graves falencias fiscales y estructurales; y había un aumento “no sustentable” del
endeudamiento.
Por lo tanto, el informe resaltaba que el principal error del Fondo Monetario
Internacional durante la crisis fue el de tratar de mantener la convertibilidad con
“financiamiento extra” y no utilizar esos recursos para facilitar una salida ordenada
del uno a uno. Como así lo explicaba: “El Fondo ayudó a la Argentina en sus
esfuerzos de preservar el régimen de tipo de cambio, con sustanciales desvíos en
sus recursos. Este soporte fue justificable inicialmente, pero el Fondo continuó
proveyendo durante 2000 a pesar de las inadecuadas políticas”.
Añadiendo que: “En retrospectiva los recursos usados en esto para preservar el
tipo de cambio podrían haber sido usados mejor para mitigar los inevitables costos
de la salida de la crisis”. Por eso, criticaba los apoyos dados con el “blindaje” y los
préstamos otorgados en agosto de 2001. Señalando que el Fondo Monetario
Internacional en diciembre de 2001 “fue incapaz de proveer mucha ayuda a la
Argentina”.

36. El documento mencionaba en varias oportunidades la palabra “error” y constituía
una dura crítica a los ex jefes del organismo Michel Camdessus y Horst Kohler, a
los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa y a los ex ministros de
Economía Domingo Cavallo y Roque Fernández. Las principales conclusiones
fueron las siguientes:
El Fondo erró en particular en el período pre-crisis, soportando las debilidades
fiscales pronunciadas del país, aun cuando era evidente que a finales de los 90 la
disciplina fiscal y las reformas estructurales estaban ausentes.
En 2000 había problemas en el tipo de cambio y en la sustentabilidad de la deuda,
los cuales no tenían fácil solución dada la extensiva dolarización de la economía.
Pero el Fondo no advirtió los costos y no consideró que era necesario un cambio
fundamental en la política.
En 1999 el staff del FMI empezó a considerar más seriamente la viabilidad del tipo
de cambio y las posibles estrategias de salida. Pero el tema no fue tratado por el
Comité Ejecutivo.
Al contrario, el Fondo continuó desembolsando fondos bajo la política existente,
basándose en consideraciones no económicas y en esperanzas de cambios en la
confianza del mercado y la situación económica externa.
La supervisión del FMI y sus condiciones fueron débiles y por eso la deuda pública
creció, disminuyendo la habilidad de las autoridades para usar contra cíclicamente
la política fiscal.
Este documento fue elaborado por la Oficina de Evaluación Independiente (OEI)
del propio Fondo Monetario Internacional, creada para realizar una “autocrítica”
sobre el comportamiento del organismo en la crisis económica argentina. Tiene
180 páginas entre su cuerpo principal (de 70 páginas) y un anexo y lleva la firma
del titular de la oficina, el economista Montek Singh Ahluawalia y le costó al Fondo
Monetario Internacional 6 millones de dólares.
Las conclusiones fundamentales las encontramos en el “Resumen Ejecutivo”, que
comenzaba explicando que la crisis argentina 2000-2002 fue una de las más
severas de sus crisis recientes y se dio bajo un régimen de un peso ligado a un
dólar, con consecuencias económicas y sociales devastadoras, cuando el Fondo
Monetario Internacional tuvo en la última década con el país cinco acuerdos
sucesivos de financiamiento.
ANEXOS

37. LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011
DEUDA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 2012
RESUMENCONTINUACIÓN
DEUDA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 2012
Por Héctor GIULIANO (22.9.11).
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2012 - que el Poder Ejecutivo acaba de remitir al
Congreso y sobre el que todavía no se dispone de información completa - permite
constatar, en principio, tres hechos concretos y muy importantes: 1. La Deuda Pública
sigue aumentando, 2. También aumentan los pagos por Intereses, y 3. El Presupuesto
cierra con Deuda.
Vamos a desarrollar brevemente la explicación de estas tres afirmaciones, ligadas todas
al problema insoluble de la Deuda Perpetua Argentina.
EL DESENDEUDAMIENTO PÚBLICO ES UNA MENTIRA.
El stock de Deuda del Estado Central a la última fecha informada por el Ministerio de
Economía – 31.3.2011 – es de 184.400 Millones de Dólares (MD), saldo integrado
siempre en pesos y en moneda extranjera.
A esta suma habría que agregarle entre 55 y 60.000 MD más de Deuda no Registrada por
conceptos de Capitalización de Intereses (4.000 MD), Indexación de Deuda en Pesos
ajustada por Inflación (22.000 MD) y Unidades ligadas al PBI (32.000 MD):
aproximadamente 58.000 MD.
Durante el corriente Ejercicio 2011 - según el Presupuesto vigente - está previsto que la
Deuda aumente unos 9.400 MD y que, además, el Gobierno pueda emitir avales por otros
18.000 MD de Deuda que toman Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos
Fiduciarios (cuyo saldo no se computa dentro del stock de Deuda Pública del Estado
Central).
Para el año 2012, según el proyecto oficial, el aumento de la Deuda será de 11.700 MD
porque el Presupuesto prevé Amortizaciones de Capital por 40.100 MD y toma de
Endeudamiento Público por 51.800 MD (Refinanciación de vencimientos más Deuda
Nueva).
El Proyecto contempla utilizar – por tercer año consecutivo – Reservas Internacionales del
Banco Central (BCRA) para el pago de Deuda Externa. Lo hace a través del denominado
Fondo del Desendeudamiento Argentino, creado por Decreto del PEN 298/10 y en este
caso sería por 5.674 MD (durante el actual Ejercicio se están disponiendo para el mismo
destino otros 7.500 MD).
La mayor parte de estos pagos se abona ya a Acreedores Privados pero en el 2012 todo
el Fondo se usará sólo para este tipo de Acreedores, lo que va contra el Artículo 6 de la
Ley 23.928 de Convertibilidad del Austral, que dice que las denominadas Reservas de
Libre Disponibilidad podrán utilizarse para pagar a Organismos Financieros

38. Internacionales, no a tenedores Privados de Deuda.
A su vez, las reservas del BCRA que se emplean para efectuar estos pagos de Deuda
Externa se compraron en gran parte con Deuda, tomada a través del mecanismo de
Letras y Notas del Banco: el stock de Reservas al 7.9.11 es de 49.700 MD mientras que la
Deuda Cuasi-fiscal por LEBAC/NOBAC, que sirvieron para comprar esas reservas,
equivale a 22.200 MD (siendo que por estos pasivos se paga una Tasa de Interés
promedio del 13 %).
Este nuevo préstamo del BCRA a la Tesorería – un crédito contra Letras intransferibles a
10 años de plazo que no tienen capacidad de repago demostrada – es independiente de
los Adelantos Transitorios del Banco al Tesoro, que para el próximo año se fijan en
19.000 Millones de Pesos (M$, equivalentes a unos 4.500 MD).
Hay que agregar a esto la autorización de avales o garantías de la Tesorería sobre
deudas que serán contraídas por el Ministerio de Planificación Federal para el
financiamiento de Obras de Infraestructura y Equipamiento, que se prevé otorgar en el
2012 por 27.900 MD (casi 28.000), sin que tampoco se tenga demostración de la
capacidad de pago para afrontar en el futuro estas nuevas obligaciones respaldadas por
el Estado Central.
AUMENTA EL PAGO DE LOS INTERESES.
Este año – 2011 – está previsto pagar Intereses de la Deuda Pública por unos 9.000 MD
(en promedio son 25 MD por día o un millón de dólares por hora) y para el 2012 se planea
pagar 10.300 MD.
En ambos casos, se trata de Intereses a Pagar: no incluyen los Intereses Devengados
que se capitalizan por Anatocismo (que son del orden de los 1.300 MD por año).
Lo mismo que aconteció el año en curso con respecto al año pasado, también en el 2012
el Gasto Público por Intereses aumenta a un ritmo mayor que el Gasto Total: en este caso
24.0 % contra 18.8.
El Gasto por Intereses de la Deuda Pública – más de 10.000 MD en 2012 – según el
proyecto pluri-anual del nuevo Presupuesto, crece a 13.100 MD en 2013 y a 16.900 (casi
17.000) en 2014.
Para el mismo período 2012-2014 el perfil de vencimientos por Capital es de 40.100,
43.300 y 46.200 MD respectivamente (cifras éstas que “blanquean” una información que
no es coincidente con la que informa la Oficina Nacional de Crédito Público de la
Secretaría de Finanzas).
EL PRESUPUESTO CIERRA CON DEUDA.
El Proyecto de Presupuesto 2012 prevé Recursos Totales por 506.600 M$ y Gastos
Totales por 505.200 M$, esto es, un ejercicio prácticamente equilibrado, incluso con un
pequeño superávit de 1.400 M$.

39. El Gobierno confunde comúnmente a la Opinión Pública mostrando – como lo está
haciendo también este año en curso - un Superávit Fiscal Primario muy elevado – 46.300
M$ - pero ocurre que descontándole a este importe los pagos de Intereses por 45.000 M$
el Resultado Financiero queda en los 1.400 M$ citados.
El problema es que a este resultado, supuestamente equilibrado, se llega gracias a que
se contempla la refinanciación de la totalidad de los vencimientos de Deuda por Capital
que caen durante el Ejercicio 2012 y además – como lo hemos dicho más arriba – merced
a contraer Nueva Deuda por 11.700 MD.
La mitad de esta deuda adicional correspondería al nuevo Fondo de Desendeudamiento
para pago a Acreedores Privados con reservas del BCRA (5.674 MD).
Por lo tanto, el Gobierno Kirchner no tiene un leve superávit ni siquiera un verdadero
equilibrio fiscal porque el Presupuesto sólo cierra con Deuda como Fuente de
Financiamiento.
DEUDA Y ELECCIONES DE OCTUBRE.
La Administración Kirchner ya habría llegado al tope de su Deuda Intra-Estado.
Sus principales contribuyentes son la Administración de Seguridad Social (ANSES) y el
Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El 55 % del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES – que es el dinero de los
Jubilados administrado por el Estado – está prestado a la Tesorería Nacional bajo la
forma de Títulos Públicos: son casi 107.000 M$, equivalentes a unos 25.000 MD.
Paralelamente, el Tesoro le debe hoy al BCRA 42.000 MD: 31.000 MD por Títulos
Públicos en cartera y 11.000 MD por Adelantos Transitorios. Es un importe tan elevado
que se acerca al monto de las Reservas Internacionales (49.700 MD), suma de la cual
sigue extrayendo divisas para pagar más Deuda Externa.
Este aumento extraordinario de la Deuda Intra-Sector Público no tiene capacidad de pago
demostrada y está llevando al empapelamiento del propio Estado con deudas impagables,
lo que agrava la disponibilidad de fondos del Sistema Previsional para sus fines
específicos, que son la atención del pago a los Sectores Pasivos, y a la vez debilita la
posición financiera del Banco Central, cuyas reservas están para el respaldo de la Base
Monetaria y la atención de las obligaciones de corto plazo en divisas.
En la medida que esta situación interna se le agrava, el Gobierno Kirchner estaría
entonces cada vez más necesitado de acelerar el cumplimiento de su llamada Hoja de
Ruta – objetivo reiteradamente declarado del Ministro Boudou – consistente en llegar a un
pronto arreglo con los Tenedores de Bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-
Lavagna de 2005 (los Holdouts), formalizar el nuevo acuerdo de pagos con los países del
Club de París (cuyo monto ya ha reconocido en 8.400 MD mientras que hasta ahora se
computaban 6.400 MD, sin Intereses Moratorios y Punitorios) y, todo ello, para volver al
Mercado Internacional de Capitales, precisamente para tomar más Deuda Externa.
La Deuda Pública, como constante de Deuda Perpetua, mantiene así su rol determinante