El documento defiende a los empleados públicos al señalar que son ellos quienes garantizan servicios esenciales como la salud y la educación. Argumenta que los ataques a los empleados públicos esconden un intento de privatizar los servicios públicos para beneficio de las grandes empresas. Afirma también que los países con mayor desarrollo tienen más empleados públicos y que éstos no son un privilegio sino un derecho.