Revista PROCESO @1935

6. Índice
No. 1935 • 1 de diciembre de 2013
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11
43
NARCOTRÁFICO
8
Caro pide a Peña no ceder al ánimo de venganza
de Washington /Jorge Carrasco Araizaga
11
Operación Narco Polo: Pormenores de la
captura del Sera Zambada /Anabel Hernández
14
20
PRESIDENCIA / PRIMER AÑO
Y la Presidencia omnímoda se impuso
/Arturo Rodríguez García
En economía, la inoperancia
/Carlos Acosta Córdova
24
Reformas energética y política: Historia
de una traición /Jenaro Villamil
28
El pacto reventó, pero... /Álvaro Delgado
32
36
JUSTICIA
¿Manifestantes? Ahora serán “terroristas”
/Jesusa Cervantes
El Ejército, convertido en inmobiliaria
/Jorge Carrasco Araizaga
CISA / Comunicación e Información, SA de CV
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero;
Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro
semanario de información y análisis
DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda
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COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González
EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez,
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REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila,
Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Marcela Turati,
Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil
CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano;
Guanajuato: Verónica Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bián;
Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla,
María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán
40
ESTADOS
CHIHUAHUA: Cuando la justicia se tuerce...
/Patricia Mayorga
43 GUERRERO: San Miguel El Progreso. Rebelión
antiminera /Gloria Leticia Díaz
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48
49
50
51
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ANÁLISIS
Política exterior: la incertidumbre /Olga Pellicer
Remolque /Rocha
Un año deplorable /Jesús Cantú
El albazo de diciembre /John M. Ackerman
Videgaray y la economía de la ficción
/Sabina Berman
Guerra antidrogas: su otro rostro
/Javier Sicilia
Letargo del cambio educativo /Axel Didriksson
INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS: La plaga universal
de la esclavitud /Anne Marie Mergier
INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez;
París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel
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7. 88
60
64
72
Teatro: La promesa /Estela Leñero Franco
Cine: Todo mundo tiene a alguien menos yo
60 COLOMBIA: Escobar: Un capo de culto
/Rafael Croda
64
68
72
74
79
/Javier Betancourt
LIBROS
Televisión: Wikileaks informa /Florence Toussaint
La dictadora /Francisco Marín
LA CAPITAL
Cultura en el DF: un año sin brújula
/Patricia Carmona Hernández
INVENTARIO
Albert Camus y la tormenta de la historia /JEP
83
86
CINE
El estira y afloja del presupuesto
/Columba Vértiz de la Fuente
TOROS
Las últimas corridas, tocadas por la mediocridad
/Leonardo Páez
CULTURA
Conaculta, los mismos vicios
/Judith Amador Tello
Páginas de crítica
88
Música: Aída politécnica
/Mauricio Rábago Palafox
Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Ulises
de León.
ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García.
ADMINISTRACIÓN. RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda, coordinadora
Los tres “ejes” incumplidos de Jesús Mena
/Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra
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Contra la obesidad, México todavía no se mueve
/ Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra
94
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Palabra de Lector
Arte: El SNC: centralista, endogámico y caduco
/Blanca González Rosas
DEPORTES
Mono Sapiens /Código penal para chilangos
remisos /Helguera y Hernández
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AÑO 37, No. 1935, 1 DE DICIEMBRE DE 2013
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8. Desde su puesta en libertad en agosto último, tras pasar casi 29 años en la cárcel, nadie sabe dónde está
Rafael Caro Quintero. Y el excapo, sobre quien se ha
desplegado una nueva búsqueda con miras a extraditarlo a Estados Unidos, se queja del acoso al que, sostiene, lo tienen sometido. En cartas enviadas a Enrique
Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo
Karam, así como en otro escrito enviado a la CNDH, el
jefe del desaparecido Cártel de Guadalajara afirma haber saldado ya sus cuentas con la justicia y dice que
México no debería ceder al ánimo “de venganza” de
Washington. En resumen, pide paz.
Caro pide a Peña
no ceder
al ánimo de venganza
de Washington
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
AFP photo / PFP
C
on la extradición a Estados Unidos como horizonte, Rafael Caro Quintero le pidió al presidente Enrique Peña Nieto no dejarse
presionar por el ánimo de “venganza y revancha” de Washington a raíz del asesinato del exagente de la
DEA Enrique Kiki Camarena Salazar.
“Lo que tenía que pagar ya lo saldé”,
dice el exjefe del desaparecido Cártel de
Guadalajara en una carta firmada por él y
que sus abogados entregaron a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República el pasado 19 de noviembre, dirigida
también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su perseguidor, el procurador general de la República,
Jesús Murillo Karam.
Declarado prófugo desde el pasado 6
de noviembre, cuando cuatro ministros de
la Suprema Corte de Justicia revirtieron el
8
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

9. NARC OTRÁ F IC O
Aprovechando su condición de piloto
de la entonces Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos, Zavala vendía al
agente estadunidense información sobre
los cultivos de droga en el país.
La duda la pusieron los propios excompañeros de Camarena, entre ellos el encargado de la investigación del doble asesinato, Héctor Berrellez. Éste asegura que el
homicidio se debió a que Camarena se enteró de las relaciones del Cártel de Guadalajara con la CIA como parte de la trama
del Irán-Contras, la ilegal operación internacional del gobierno estadunidense para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua (Proceso 1928).
Amenaza de extradición
amparo que tres meses antes lo había liberado, Caro Quintero le pide también al
Poder Judicial que no se someta a “las presiones y designios” de Washington, luego
de haber cedido y anulado su liberación.
Caro Quintero –por conducto de sus
representantes legales– hizo llegar a Proceso una copia del escrito dirigido al gobierno mexicano así como la queja que
presentó la semana pasada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) por la persecución de la cual, dice,
han sido objeto él y su familia por parte de
las autoridades mexicanas “instadas por
Estados Unidos”, desde su salida de prisión el pasado 9 de agosto, en uno de los
casos que marcaron el primer año del gobierno de Peña Nieto.
La madrugada de ese día el excapo
abandonó el penal en compañía de una parte de su equipo de abogados sin que ningún
funcionario de México o representante del
gobierno de Estados Unidos lo impidiera,
pese a que las autoridades de los dos países
sabían desde semanas antes que la justicia
mexicana lo dejaría en libertad.
En ese momento el Ministerio Público pudo haber solicitado su retención si el
propósito era mantenerlo en prisión con
el argumento de una nueva investigación
en su contra, como ahora sostiene el
gobierno de Estados Unidos, dice su
defensa desplegada en Guadalajara y en
el Distrito Federal.
Su liberación provocó una alegada sorpresa de los dos gobiernos, pero sobre todo hizo que se revisara y quedara en entredicho la versión oficial de México y
Estados Unidos sobre el asesinato, en febrero de 1985, de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, informante pagado por la DEA.
A sus 61 años Caro Quintero sabe que de
ser extraditado a Estados Unidos pasaría
prácticamente el resto de su vida en prisión, garantizando el silencio que sobre
el caso ha mantenido desde hace casi 29
años. De ser entregado, ese país no lo juzgaría por el asesinato de Camarena –proceso penal seguido en México–, sino por
narcotráfico y lavado de dinero.
“Son delitos que no cometí y menos
mi familia”, dice el excapo en su carta a
Peña Nieto, recibida también por la Procuraduría General de la República (PGR) el 20
de noviembre y por la Secretaría de Gobernación un día después.
En la misiva Caro Quintero se pregunta: “¿Cómo es posible que el país capaz
de espiar a presidentes y candidatos
presidenciales y saber lo que hacen,
durante los 28 años y cinco meses en que
estuve preso no hizo ninguna acusación
contra mi familia? ¿Por qué esperó a que se
avizorara mi liberación para iniciar la cacería en su contra como supuestos narcotraficantes y blanqueadores de dinero?”.
El pasado junio Estados Unidos incluyó en su lista de personas y entidades con
las cuales no se puede tener ningún trato
económico a cuatro hijos, la esposa y una
nuera de Caro Quintero así como a otras
12 personas relacionadas con ellos.
“A raíz de mi salida de prisión”, escribe
Caro Quintero, resurgió “con gran notoriedad una absurda persecución en mi contra y contra miembros de mi familia por
los Estados Unidos de Norteamérica”. Presionó de tal forma en la prensa “que logró
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la decisión” del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Jalisco.
El 6 de noviembre, en efecto, la Primera
Sala de la Suprema Corte, en una votación
de cuatro a uno, echó abajo la resolución
de ese tribunal que lo absolvió de algunos
delitos, dio por cumplidos otros –como los
cometidos contra la salud– y decretó su libertad por el doble homicidio al conside1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
9

10. Benjamín Flores
Con copia para Plascencia Villanueva
compete únicamente al Poder Judicial”.
A sus interlocutores del gobierno federal les dice: “No es justo, señores, que la
justicia mexicana se someta a los designios que pretende imponer Estados Unidos sobre un mexicano que lo único que
desea es la paz y la tranquilidad de su persona y la de su familia”.
El gobierno estadunidense requirió al
exjefe del Cártel de Guadalajara en agosto pasado al gobierno de Peña Nieto a petición de una Corte federal de California,
donde se le acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero. “Las conductas que intentan imputarme son totalmente falsas. Lo
único que pretenden es hacer sentir el peso de su revancha en contra mía, usando
a mi familia y desprestigiando a México, a
sus leyes, y pretendiendo avasallar nuestra soberanía con el único afán de siempre
sentirse superiores”, responde.
“Siempre he dicho... que he tenido alguna deuda con la justicia y la sociedad (y)
ya está saldada.”
“Y la justicia que reclama Estados Uni-
Germán Canseco
rar que esos crímenes debieron ser juzgados por un tribunal local y no uno federal,
como ocurrió.
La Corte argumentó otra cosa. Le adjudicó a Camarena el carácter de “agente intergubernamental” y “protegido internacional”, y dijo que el piloto mexicano
murió en funciones, con lo cual justificó la
intervención de la justicia federal. En consecuencia pidió que se emitiera una nueva sentencia contra Caro Quintero.
La condena original había sido de 40
años, de acuerdo con la legislación de la
época. Al no pronunciarse sobre las otras
resoluciones del Tribunal Colegiado, las
dejó firmes; es decir que al exnarcotraficante sólo se le persigue en México por los
homicidios de Camarena y de Zavala.
Además debe enfrentar el pedido de extradición de Estados Unidos. En caso de ser
detenido, su proceso de entrega podría demorarse uno o dos años. A diferencia de
lo ocurrido cuando fue capturado en 1985,
Washington ahora sí formalizó la solicitud.
En aquella ocasión, una vez que Caro Quintero fue aprehendido, no hizo nada por llevárselo a su territorio. No calculó que el capo saldría antes de cumplir la totalidad de
su condena.
Aunque el gobierno de Peña Nieto favorece la extradición, Caro Quintero le pide,
como presidente de todos los mexicanos
–“en los que estoy incluido”–, asegurarse
de que los procesos judiciales en su contra
se apeguen a derecho, “respetando mis garantías constitucionales y sobre todo humanas, y que no por llevar tal o cual apellido la justicia sea distinta para mí”.
Añade: “Mi única petición... es que mi
expediente sea revisado con justicia, una
valoración donde no pesen más los apellidos que la legalidad. Solicito un juicio justo... Que no se ceda a presiones políticas ni
que por esa vía se resuelva un asunto que
dos para su connacional ya fue pagada en
México en las condiciones que se me impusieron”, le dice a Peña Nieto en alusión
a los 28 años y cinco meses pasados en la
cárcel, 18 de ellos en penales federales de
máxima seguridad.
Como el derecho internacional impide
que alguien sea juzgado dos veces por el
mismo delito, ahora el gobierno estadunidense insiste “en achacarme nuevas conductas delictivas”. Asegura el excapo: “Increíblemente (se me acusa) no sólo a mí,
sino también a mi madre, a mi esposa y a
mis hijos”. Según Caro Quintero, “ninguno
de ellos nunca ha tenido nada que ver con
delito alguno, siendo ellos gente de sobrada probidad y decencia”.
Estados Unidos “por todos los medios
está tratando de hacer válida una extradición con tintes de venganza”. Incluso,
cuenta, a una de mis nietas el gobierno de
Estados Unidos le retiro la visa que tenía
para tratarla de cáncer en ese país, por el
hecho de llevar mi sangre y mis apellidos.
Ese país asevera “vehementemente
que sigo dedicado al Narcotráfico” (sic), dice el sinaloense.
“No hay que olvidar que 18 años, de los
28 que pasé en prisión, fueron en un penal federal; en donde 23 horas al día se está dentro de la celda, en donde la convivencia familiar se agenda una vez cada 15
días, en donde hay vigilancia con cámaras
permanentemente en cada una de las celdas, en donde la familia tiene que pasar
una rigurosa inspección antes de ingresar
al penal, en donde no hay teléfonos, ni libros, ni plumas, ni televisión, y donde estaba cumpliendo tratamiento penitenciario de reinserción social.”
También al ómbudsman
Murillo Karam. El tercer destinatario
10
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
En su queja ante la CNDH apunta que el
gobierno mexicano ha actuado en su contra y de los suyos por presión de Estados
Unidos. La PGR, el Ejército, la Marina, la
Interpol y la oficina de la DEA en México,

11. NARC OTRÁ F IC O
señala, lo han “perseguido y hostigado” junto a su familia, “que ha recibido agresiones e intimidaciones sin que
exista orden de investigación, presentación o aprehensión”.
Acusa a esas instituciones de haber
agredido físicamente a quienes tienen
relación con él durante cateos en sus
domicilios. En particular responsabiliza a la PGR de “denostarlos social y públicamente” al señalarlos en diversos
comunicados de prensa como responsables de diversos delitos, “como ser
operadores financieros de dinero ilegal”, situación “de la que no hay acusación clara y directa, por lo que nunca
ha sido comprobada”.
Según el excapo, también se les han
cancelado “diversos derechos y beneficios” mediante “intimidación y amenazas por parte de organismos del Estado”.
“Es obvia la persecución que se ha
hecho contra todo aquel que tenga un
nexo de familia, amistad o laboral con el
que suscribe”, dice también en referencia a su abogado Juvencio Ignacio González Parada, quien logró su liberación.
En la queja dirigida al presidente
de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, insiste en que la deuda con el Estado mexicano ya la pagó. “Sin embargo... ha sido el apellido el que ha hecho
que se conjure contra mí una asechanza (sic) incesante por parte de autoridades mexicanas, instadas por el gobierno
norteamericano”.
Como le escribió a Peña Nieto y sus
colaboradores, agrega: “Esta infernal
pesadilla contra mis seres queridos y
contra mi persona no deriva de decisiones legales ni de situaciones apegadas a derecho, sino... del resentimiento
y deseo de venganza de quienes, allende nuestras fronteras, insisten en acusarme de delitos que no cometí y que
en caso de que algo queden (sic) en deuda con la sociedad debo ser yo y no mi
familia... quienes deban pagar por mí”.
Las autoridades mexicanas, argumenta, pretenden trasladar la imposición de la pena a “personas inocentes,
sin darles la oportunidad de ser oídos y
vencidos” en juicio. Asegura que se trata de violaciones a derechos humanos
–como el de presunción de inocencia–,
protegidos nacional e internacionalmente, entre otros por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
por la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José.
“Independientemente de cómo me
llame, estas violaciones no pueden
quedar impunes ni tomarse como venganza o revancha contra mí o mi familia, porque si alguna deuda tenía con el
Estado y la sociedad ya la he pagado”,
asegura.
“Operación Narco Polo”
Pormenores de
la captura
del “Sera” Zambada
Durante meses, a partir de marzo de 2012, agentes de la
DEA comenzaron a investigar una red de traficantes y distribuidores de droga en San Diego, California, y Tijuana.
Las acciones fueron bautizadas como Operación Narco
Polo, que incluyó escuchas telefónicas. Dos meses después cayó el primero de los 12 integrantes; los otros, a lo
largo del año. Y justo cuando la mayoría de ellos había negociado sus sentencias con la fiscalía del sur de California,
fue atrapado Serafín Zambada Ortiz. Esta es la historia.
ANABEL HERNÁNDEZ
S
erafín Zambada Ortiz, El Sera,
manejaba sus cuentas en Facebook y Twitter con desparpajo.
Lo mismo hacía con la información relativa al negocio del tráfico de droga y lavado de dine-
ro que controlaba, según se desprende del
expediente criminal 13-cr-3575, abierto en
la Corte de Distrito Sur de California contra él y 12 personajes de su entorno.
Y fue precisamente un descuido de
sus colaboradores en mayo de 2012 –quie1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
11

12. nes formaban una red de traficantes y distribuidores de droga en San Diego, California, y Tijuana– el que activó la Operación
Narco Polo iniciada dos meses antes.
Gracias a ella y tras más de un año de
investigaciones, la Drug Enforcement Administration (DEA) detuvo el pasado 20 de
noviembre al imprudente hijo de Ismael El
Mayo Zambada García, líder del Cártel de
Sinaloa, en el cruce internacional Dennis
DeConcini en Nogales, Arizona.
Según el expediente criminal del Sera
y coacusados, al cual tuvo acceso este semanario, la DEA interceptó llamadas telefónicas entre marzo y octubre de 2012. El
legajo tiene las declaraciones juradas de
los presuntos cómplices del detenido sobre varios decomisos de droga y dinero
por parte de sus captores, así como informes de laboratorio y fotografías. Todo ese
arsenal será usado contra el hijo del Mayo.
Además de los delitos de tráfico de
metanfetaminas y cocaína que se le imputan al Sera en el expediente criminal,
las autoridades estadunidenses pretenden decomisarle todos los bienes, derechos, títulos e intereses que conformen su
patrimonio o se deriven de cualquier ingreso que él haya obtenido de sus operaciones relacionadas con el trasiego de droga y cualquier propiedad usada para dicha
actividad.
Semanas antes de su detención, El Sera,
de 23 años, subió a sus cuentas de Facebook y Twitter fotografías de su colección
de armas, así como drogas y mujeres; en
una de ellas incluso aparece con su medio
hermano Vicente Zambada Niebla –detenido en México en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2010, donde actualmente
enfrenta cargos de narcotráfico en una Corte federal de Chicago– e Ismael Zambada,
El Mayo Gordo, otro hijo del capo sinaloense.
Entrevistado vía telefónica, el defensor del Sera, Michael McDonnell, señala
que desconoce las pruebas sobre los delitos que se le atribuyen a su cliente. Y cuando la reportera le pregunta por qué señaló
que las cuentas de Facebook y Twitter del
Sera son falsas, responde: “¿y qué me hace
pensar que son verdaderas?”.
En términos jurídicos, las fotografías
pueden ser pruebas contra Zambada Ortiz en la Corte.
La investigación
A finales de 2011 la DEA inició en San Diego, California, una investigación en torno
a una célula de distribución de drogas en
Chula Vista, California, y Tijuana. En marzo del año siguiente los agentes antidrogas asignados al caso comenzaron a intervenir teléfonos de esa célula –en total
fueron 30– y bautizaron sus acciones como Operación Narco Polo.
12
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
Después abrieron un expediente judicial, el 16 de noviembre de 2011, en la Corte
de Distrito Sur de California,
que llevan Laura Duffy, fiscal antinarco, y su asistente Adam Braverman. En él se
vincula el expediente 13-cr3575 iniciado recientemente
contra El Sera por los mismos
funcionarios de la fiscalía.
Desde aquella fecha se giraron las primeras órdenes de
aprehensión, según los registros oficiales sandieguinos.
En esos documentos se
afirma, por ejemplo, que las
llamadas de los acusados
fueron interceptadas, además de que se confiscaron
droga y dinero al Sera y los
coacusados Daniel Madrigal; Carlos Flores Vargas,
alias La Tota; Arturo Chávez
Jr., alias Tito Salvaje; Ubaldo
López López, alias Toritos;
Roberto Luis Ochoa, Irvine
Rodríguez, Craig D. Lance
McGruder, James Lawrence
Snowden III, Jerry Téllez;
José Parra Martín del Campo, alias Perro; José Miguel
García, alias Gabacho, y
otro más cuyo nombre se
mantiene en reserva.
Al Sera se le acusa de
conspirar para la importación ilegal de 500 o más
gramos de metanfetaminas, así como de cinco
kilos o más de cocaína,
mientras que a sus presuntos cómplices se les
responsabiliza de distribuir la droga.
La mayoría de los acusados son ciudadanos estadunidenses, incluido el
propio Sera, lo que les facilitaba introducir la droga desde México por el
cruce de San Ysidro, CaLos mensajes de Za
lifornia, donde a Rodrímbada Ortiz
guez se le confiscó más de
un kilo de cocaína.
El primer detenido fue Téllez, de 27
queño poblado de Lemon Grove, en el conaños, cuya familia vive en San Diego. Tiene
dado de San Diego. Miller notó que Téllez
un amplio historial criminal por manejar
metía una caja a la Honda Civic y luego se
bajo la influencia y posesión de droga. Los
retiró del lugar acompañado por Tito Salvaje.
exámenes practicados tras su detención
Miller siguió el vehículo que conducía
dieron positivo en el consumo de cocaína.
Téllez y, con el pretexto de que el joven esTéllez fue capturado el 30 de mayo de
taba incurriendo en faltas al reglamento
2012 por un agente especial de la DEA apede tránsito, le pidió detenerse; al revisar el
llidado Miller, quien observó dos camioauto detectó un par de guantes cubiertos
netas, una Land Rover y una Honda Civic,
con vaselina, similares a los que se usan
estacionadas en las inmediaciones del pepara empacar droga.

13. NARC OTRÁ F IC O
tras un pago de 30 mil dólares hasta que se
lleve a cabo el juicio.
Defensa sin estrategia
Proceso entrevistó a la defensa de Serafín
Zambada, Saji Vettiyil, quien lo representó para su audiencia en la corte de Arizona
del 27 de noviembre. Asegura que su cliente pediría trasladar su caso a la Corte de
San Diego, como sucedió, y adelantó que
se iba a declarar inocente.
“Independientemente de la acusación –señala– mi cliente se presume inocente bajo la constitución de los Estados
Unidos”. Según él, como ciudadano estadunidense, El Sera “tiene fe absoluta” en el
sistema judicial de ese país, por lo que la
defensa intentará limpiar los cargos que
se le imputan.
El 27 de noviembre el hijo del Mayo
Zambada fue presentado ante la juez Karen Crawford, de la Corte de Distrito Sur
de California. Iba esposado de pies y manos y con uniforme reglamentario del
penal. Y aunque en la breve audiencia se
declaró inocente, la fiscalía solicitó a la
juez mantenerlo en prisión sin derecho
a fianza.
Al término de la diligencia, su nuevo defensor, Michael McDonnell, declaró a la prensa que son falsas las cuentas
de Twitter y Facebook del Sera difundidas
tras su captura. “No crean todo lo que se
publica”, expresó.
Especial
El agente le ordenó al conductor abrir la
caja, que estaba llena de cocaína, y lo remitió a una estación de policía, en donde también le aseguraron 809 dólares y un celular.
Y luego de interrogarlo y ficharlo, lo encerró
en la prisión estatal por cargos de posesión,
distribución y transporte de droga.
Meses después, entre el 27 y el 28 de
noviembre de 2012, la DEA cerró la pinza
y aprehendió a 11 integrantes de la célula
que traficaba droga. El primer día detuvo a
Rodríguez a las cinco de la mañana, cuando intentó cruzar por la línea peatonal del
puente aduanal de San Ysidro con su pasaporte estadunidense.
En la revisión, Rodríguez dio positivo.
Tenía una orden de arresto y el agente de
investigaciones del departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) le
encontró 1.08 kilogramos de cocaína oculta en su ropa. Admitió que se dedicaba al
tráfico de drogas y que esperaba un pago
de 200 dólares.
Ese mismo día fueron capturados Daniel
Madrigal, Chávez Jr., James Lawrence Snowden, Ubaldo López, Parra Martín del Campo y José Miguel García. El 28 de noviembre
cayeron Carlos Flores Vargas y Craig Lance
McGruder, quien vivía en Chicago.
Luego de un año en prisión, la mayoría
de los coacusados en el caso del Sera llegaron a un acuerdo con la fiscalía, algunos
incluso están libres y otros recibieron penas benévolas recientemente.
En junio pasado, por ejemplo, Flores
Vargas se declaró culpable de los delitos
que se le atribuían, y el 15 de noviembre,
días antes de la detención del Sera, negoció que su sentencia fuera conmutada,
por lo que hoy goza de libertad condicionada y en tres años ya no tendrá que ver
nada con la justicia.
En el caso de McGruder, quien también se declaró culpable, recibió una sentencia de 36 meses de prisión y tres años
de libertad condicionada el 8 de noviembre último. Nada que ver con la posible
sentencia a cadena perpetua a la que, según el expediente, ambos pudieron ser
condenados.
A su vez, López, Rodríguez y Martín
del Campo se arreglaron con la fiscalía.
Con Rodríguez se desistió de los cargos,
aun cuando lo agarraron en flagrancia;
los otros dos fueron sancionados con penas menores de cuatro años en prisión.
Los convenios están sellados en la Corte
sandieguina y no se permite acceso a las
sentencias.
Hasta el viernes 29 sólo Madrigal,
Chávez Jr., Ochoa, Snowden, Téllez y El Gabacho esperaban su sentencia.
Chávez Jr., pagó una fianza de 200 mil
dólares para permanecer en libertad mientras se realiza el juicio; Madrigal fue puesto en libertad bajo fianza en marzo pasado
En conversación telefónica con Proceso el 28 de noviembre, McDonnell respondió a pregunta expresa de si seguirá
la misma línea de defensa que en el caso de Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo,
el hermano del Sera que también es juzgado en un tribunal estadunidense: “No lo
haremos”. No obstante, aclaró que aún no
conoce las pruebas del gobierno de Estados Unidos contra su cliente. Lo sabrá en
los próximos 10 días, indicó.
El Vicentillo, hermano mayor del Sera,
fue detenido en marzo de 2009 en la Ciudad de México al salir del hotel María Isabel Sheraton, ubicado a un costado de la
embajada de Estados Unidos, tras un encuentro con agentes de la DEA. En el expediente de su caso, arraigado en una Corte federal en Chicago, se consigna que fue
extraditado en febrero de 2010.
A principios de 2011, en los preparativos del juicio, sus abogados argumentaron ante el juez Rubén Castillo, quien
lleva el proceso, que el gobierno de Estados Unidos no puede juzgar a su cliente
porque, arguyeron, había un convenio de
protección e inmunidad con la DEA para él y para otros miembros del Cártel de
Sinaloa.
Según afirmaron, el acuerdo se pactó a
través de Humberto Loya, abogado y operador de Joaquín El Chapo Guzmán, prófugo de
la justicia mexicana. El punto medular, expusieron, era dar inmunidad a los miembros del cártel a cambio de entregar información de las organizaciones rivales.
Las armas de Serafín
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
13

14. ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
U
“
sted es un faro de esperanza” para la causa de las mujeres, dijo la entonces presidenta del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen
Alanís, a Enrique Peña Nieto. Tres meses
antes la magistrada había legitimado con
sus compañeros el resultado electoral que
llevó al mexiquense a la Presidencia.
Viejo ritual reasumido tras los años
de ausencia priista en el poder, La Mujer del Año tiene otra vez como invitado de honor al presidente, encargado de
entregar la presea elaborada por la casa
Tiffany en un acto que organiza la priista
Kena Moreno.
Era en realidad un sofisticado mitin feminista del PRI, convocado en el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología, al
cual cientos de socialités, mujeres de la política y el altruismo, acudieron la tarde del
3 de diciembre de 2012.
La Mujer del Año 2012 fue Alanís, quien
en su discurso añadió: “El espíritu de igualdad que quedó plasmado en el Pacto por
México, suscrito el día de ayer, da cuenta
de que la inclusión ha comenzado a formar
parte de la agenda de Estado, compartida
además por las fuerzas políticas”.
Aplausos.
Dos días antes, el 1 de diciembre, Peña Nieto había asumido la Presidencia en
medio de una jornada de protestas brutalmente reprimidas. Para ese día se tenía
prevista la firma del Pacto por México, pero un desacuerdo entre partidos hizo que
se aplazara al 2 de diciembre.
Cinco acuerdos y 95 asuntos a reformar
(compromisos, les llamaron) fueron suscritos por PAN, PRD y PRI, las fuerzas políticas
con mayor representación en el país.
Los presidentes surgidos del PRI inician
sus mandatos con golpes efectistas: Miguel
de la Madrid encarceló al Negro Durazo, Carlos Salinas a La Quina, Ernesto Zedillo a Raúl
Y la Presidencia omnímoda
se impuso
14
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

15. P RES I DENC I A / P RI M ER A Ñ O
Salinas de Gortari... Peña Nieto a la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo.
El historiador Enrique Krauze llama a
esa costumbre “el calado”, cuando grupos
de poder quieren poner a prueba al presidente y éste da una muestra de fuerza. La
costumbre forma parte de lo que ha dado en llamar, como su libro, “la Presidencia imperial” (Proceso 1897).
El pasado 26 de febrero la dirigente
magisterial fue detenida y encarcelada.
Los gobernadores, varios directamente
deudores de su carrera política a Gordillo,
fueron convocados a la residencia oficial
de Los Pinos, de donde salieron apoyando la decisión.
No hubo concentración masiva en el
Zócalo para apoyar al presidente pero sí
una asamblea con 10 mil priistas en el Centro Banamex el 4 de marzo.
El PRI está de regreso en el poder, con
sus sectores y organizaciones, las otrora
llamadas “fuerzas vivas” a las cuales arenga el dirigente partidista César Camacho
y, en su nombre, le expresa al mandatario
su sentir: respeto a su investidura y a la
verticalidad de su gobierno y el respaldo
a “la firmeza y arrojo para decidir lo que
conviene a la República”.
El PAN y el PRD aplaudieron el encarcelamiento. Sólo el dirigente perredista Jesús
Zambrano pidió que cayera también Carlos
Romero Deschamps, líder petrolero.
Pacto permanente
El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el gobierno federal, los dirigentes de los
corporativos gremiales y las cámaras empresariales se fundieron en elogios y manifestaciones de apoyo y respaldo a las
iniciativas presidenciales.
Atrás en la historia quedó la concentración masiva en el Zócalo y el desfile
obrero al cual saludaban los presidentes
desde el palco presidencial. Felipe Calderón canceló el encuentro en la residencia
oficial que este año resurgió con los lla-
mados “factores de la producción” reunidos en el salón Adolfo López Mateos de
Los Pinos. Los asistentes son “quienes
mueven a México”.
En el acto y en nombre de los trabajadores el cetemista Joaquín Gamboa Pascoe expresó el total e incondicional apoyo
a Peña Nieto, y el representante de los industriales, Javier Funtanet Mange, externó el respaldo empresarial a sus reformas.
Ausentes estaban los trabajadores de
Mexicana, en cesantía forzada; los electricistas del SME, que ya ni centro de trabajo
tienen; tampoco Elba Esther Gordillo, pues
languidece en la cárcel.
Referencia obligada en todos sus discursos, esa vez Peña Nieto no mencionó el
Pacto por México, que atraviesa un impasse.
En desarrollo varias elecciones locales,
funcionarios de la Sedesol fueron sorprendidos utilizando clientelarmente la Cruzada contra el Hambre, programa de gobierno para abatir la pobreza alimentaria.
El 19 de abril, en Chiapas, Peña Nieto dijo en su discurso: “Rosario, no te preocupes,
hay que aguantar porque han empezado
las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes preocupan la
política y las elecciones”.
Y “aquellos” se levantaron de la mesa del
pacto, demandando equidad electoral, que
sería resuelta semanas más tarde con un
adéndum a los cinco acuerdos condensados
entre partidos y gobierno días después.
Como sea, en el besamanos del 1
de mayo Gamboa Pascoe transmitió un
mensaje de los trabajadores al presidente: “Sin contar nosotros nada respecto al
Pacto por México, que con tanta prudencia ha manejado y sigue manejando, de
siempre el pacto lo tiene con los trabajadores, y siempre le responderemos de
ese pacto”.
Centralismo de hecho y de derecho
Los gobernadores han sido convocados a
diferentes actos públicos para presentar
iniciativas, como el plan de desarrollo o la
puesta en marcha de los programas trascendentales de la administración: la Cruzada contra el Hambre y la Estrategia de
Seguridad. Pero sólo dos veces han sido
llamados a reuniones en privado.
La primera fue el 26 de febrero, cuando
se les informó de la detención de Gordillo.
La segunda, el pasado 13 de septiembre,
cuando el gobierno de Peña Nieto decidió
desalojar del Zócalo capitalino a los maestros de la CNTE.
Los gobernadores en general –los priistas en particular– han aceptado toda petición presidencial, incluso para recibir
instrucciones, como la de silenciar la información de seguridad, según reveló el mandatario de Colima, Mario Anguiano, el 2 de
febrero.
Las reformas peñistas en materia fiscal terminaron quitándole el control a los
estados sobre la nómina magisterial, la
cual habían asumido en los noventa.
El federalismo, concepto de debate recurrente en aquella década, hoy está fuera de las discusiones; en diferentes
rubros las atribuciones que tenían las entidades federativas hoy regresan al control central, aunque no necesariamente
al Ejecutivo.
Es el caso de la pérdida de facultades para contratar deuda en los estados,
la propuesta de un código penal único, la
creación de un instituto electoral nacional
que sustituya los organismos estatales, la
ampliación de facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información para conocer inconformidades de los estados, la
homogeneización de políticas de seguridad, la gendarmería nacional que pretende asumir tareas de prevención del delito
en el fuero común, entre otras.
Para César Velázquez, coordinador del
posgrado en ciencias políticas de la Universidad Iberoamericana, el federalismo
mexicano tuvo avances en los noventa, y
el poder de los gobernadores, la mayoría
priistas, creció frente a los presidentes del
Tras 12 años fuera de Los Pinos, el PRI volvió con todo y sus
anacrónicos rituales, algunos inocuos... otros no tanto. Desde la
desempolvada “cargada” de genuflexos políticos, pseudofeministas, empresarios o charros sindicales, hasta las muestras de
fuerza (encarcelamientos y represión, por ejemplo), las señales
sólo llevan a una conclusión: desaparecen los atisbos del federalismo equilibrado que bien o mal se había venido edificando
en las décadas recientes, pues el poder se ejercerá desde un
solo lugar: la Presidencia.
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
15

16. La marca: represión selectiva
e implacable
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
E
l director de teatro Juan Francisco
Kuykendall está próximo a morir. Eso
le han dicho los médicos a su pareja, Eva Palma, quien ha visto el progresivo deterioro de su salud desde que el 1
de diciembre de 2012 fue agredido por policías federales cuando documentaba la represión contra las protestas que marcaron
la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
Kuykendall salió del coma en enero, pero quedó incapacitado para siempre. Sólo
tiene movimiento en un brazo, no habla y no
reconoce a nadie. Está invadido por bacterias en la sangre e infecciones intratables,
producto de la inmovilidad en que lo dejó
un proyectil disparado por un policía federal que permanece impune, como el resto de
los agentes federales y guardias presidenciales que actuaron ese día.
Teodulfo Torres, único testigo identificable de los hechos –y quien además los
videograbó–, desapareció el 26 de marzo,
días antes de rendir su testimonio ante un
fiscal federal.
“La represión e impunidad, que siempre
han estado presentes, se agudizaron a partir
del 1 de diciembre. El sistema y el gobierno
cada vez sofistican más las formas de represión”, sentencia Eva Palma.
Agrega: “De los autores intelectuales del
operativo del 1 de diciembre, Miguel Ángel
Osorio Chong y Manuel Mondragón, mejor
ni hablar. Los ministerios públicos jamás dirigirán una investigación contra ellos… son
sus jefes”.
Los casos por ejecusión, tortura, represión selectiva y fabricación de delitos
empiezan a acumularse. Para agravar el
cuadro, quienes denuncian son objeto de
pesquisas judiciales y ataques mediáticos.
Por ejemplo, la indagatoria por la desaparición de Teodulfo Torres –seguida primero por un fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)
y después por la General de la República (PGR)– se concentró en investigar a sus
amigos y familiares, para finalmente abrir
una línea de investigación sobre un supuesto alcoholismo de la víctima, que pudo provocarle conflictos que devinieron en su
desaparición, comentó Eva Palma.
Teodulfo trabajaba junto con Kuykendall en proyectos de teatro callejero. Ambos
eran adherentes a la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona, a partir de la cual participaron en las jornadas de protesta contra la
represión y el hostigamiento a comunidades
zapatistas, y en especial por el caso de San
Salvador Atenco en 2006, luego del operativo que marcó el inicio del gobierno de Peña
Nieto en el Estado de México.
La vida de Teodulfo se dividía entre los
proyectos con Kuykendall y su trabajo en un
colectivo que logró convertir un accidentado
terreno de Xochimilco en un sitio donde ahora florece una “economía de subsistencia”.
El pasado 24 de marzo, Teodulfo avisó
que iría a un concierto en Neza. La PGJDF
ha intentado fijar esa fecha como la de su
desaparición, pero sus compañeros afirman
que el 26 de marzo se comunicó y dijo que
iba camino a Xochimilco. Nunca llegó.
Las matanzas de Guerrero
“En Guerrero no sólo se está criminalizando
la protesta; se está ultimando a los que protestan”, sostiene Magdalena López Paulino,
integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (Rsdiac). Su afirmación se
basa en que, desde que Ángel Aguirre asumió la gubernatura, en abril de 2011, suman
13 activistas sociales muertos en ese estado, nueve de ellos abatidos en 2013.
El 30 de mayo, ocho integrantes del
Frente de Unidad Popular (FUP), con sede
en Iguala, fueron levantados. Sólo regresaron cinco. El 3 de junio, el dirigente Arturo
Hernández Cardona, Rafael Bandera Román y Ángel Román Martínez aparecieron
muertos a tiros. Habían sido torturados.
El 5 de agosto cayó el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez
Flores, junto con Miguel Ángel Solano y
Samuel Vargas, los tres militantes del Partido Comunista de México (PCM).
El 20 de octubre fue asesinada Rocío
Mesino Mesino, dirigente de la Organiza-
Miguel Dimayuga
Palacio Nacional. Arranque del programa
16
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

17. PRESIDENCIA / P RI M ER AÑO
ción Campesina de la Sierra del Sur. Mesino
fue encarcelada el 13 de marzo, acusada de
asesinato, y puesta en libertad una semana después por falta de pruebas. Para entonces había denunciado que era víctima de
hostigamiento policiaco y de paramilitares.
El 10 de noviembre murieron el dirigente de la Organización Popular de la Costa
Grande, Luis Olivares Enríquez, y su esposa,
Ana Lilia Gatica Rómulo, en su domicilio en
Coyuca de Benítez.
En los últimos años, Olivares se había
opuesto a las mineras canadienses que invadían la zona, y en septiembre dijo temer
por su vida, responsabilizando a Peña Nieto
y a Aguirre por lo que pudiera ocurrirle.
Todos los casos tienen un denominador común: sus liderazgos se unieron en repudio a la masacre de 17 campesinos en
Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de
1995, y a la de El Charco, en 1998.
La desaparición, tortura y asesinato de
los integrantes del FUP se atribuye al alcalde
de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien
presuntamente perpetró él mismo los crímenes, según el testimonio notariado de Nicolás
Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes, difundido el pasado lunes 25 por la Rsdiac.
Junto con el edil, que supuestamente
disparó con escopeta al rostro y al pecho de
Hernández Cardona, conforme al testimonio, se señala también a Felipe Flores Velázquez y a Crisóforo Tinoco, secretario de
Seguridad municipal y director de Policía,
respectivamente.
El 26 de noviembre, Abarca negó las
imputaciones.
El portal electrónico de Proceso publicó
el 3 de junio que, al conocerse el asesinato
de Hernández Cardona, integrantes del FUP
realizaron una protesta en la presidencia de
PAN. Además, estados y municipios tuvieron importantes ingresos.
El federalismo de los noventa, sostiene, fue producto de las presiones de los
partidos de oposición al PRI, que estaba en
crisis. Se generó un mal diseño del federalismo y luego se dejó de lado la discusión.
Tras los escándalos de los gobernadores, como en Coahuila y Tabasco, surgió la
tendencia a centralizar, dice.
“El problema es que la lectura es errónea. Pareciera que se asume que todos los
gobernadores son malos y corruptos, y
hay que hacer algo con ellos. La solución
más fácil es acotarles poderes y regresarlos a la federación”, observa.
Doctor en políticas públicas por la
Universidad de Chicago y estudioso del
federalismo mexicano, Velázquez advierte que algunas reformas pueden ser saludables pues algo no funcionaba bien en
los estados y, sin embargo, las soluciones
Iguala y causaron algunos destrozos. El alcalde Abarca los denunció. Ahora, por esos
hechos, en lugar de medidas cautelares enfrentan averiguaciones previas.
Zamora Pardo, integrante de la Rsdiac,
es una activista que repudia la masacre de
El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998, en
la que 11 indígenas fueron masacrados por
el Ejército. Lejos de tener acceso a la justicia, fue encarcelada, acusada de ser guerrillera del ERPI.
Respecto de los integrantes de la
LARSEZ, el PCM denunció que grupos paramilitares actúan en Guerrero con la complacencia de los gobiernos estatal y federal.
La represión perredista
Ideado en el sexenio de Felipe Calderón con
el beneplácito del entonces gobernador panista Marco Adame, el Proyecto Integral
Morelos (PIM) detonó la resistencia de comunidades de esa entidad, Puebla y Tlaxcala, que han documentado el riesgo para su
supervivencia que implica la construcción
de dos termoeléctricas en Huexca, una comunidad náhuatl de Yecapixtla, Morelos.
Para alimentar el megaproyecto energético, cuyo contrato se otorgó a las españolas Abengoa, Elecnor, Enagas y OHL, se requiere de un gasoducto que, desde un lugar
cercano a San Martín Texmelucan, Puebla,
pasaría por la zona de mayor peligrosidad
del Popocatépetl, atravesando comunidades de las tres entidades. Además, para el
enfriamiento de turbinas el PIM prevé extraer agua del Valle de Cuautla.
Las comunidades que se oponen mantuvieron frenada la construcción con plantones
pacíficos, hasta que el perredista Graco Ramírez llegó al gobierno de Morelos. Aunque
no implican un rediseño del pacto federal, sino que son simplemente remedios
cortoplacistas.
Sobre la aceptación de todas las decisiones presidenciales, observa: “Es consecuencia de que la mayoría de los gobiernos estatales son del PRI. Para el gobierno
de Peña Nieto es más fácil estar de acuerdo con los gobernadores, que van a estar a
favor de lo que propone el presidente.
“Contrario a lo que ocurría en el sexenio pasado, hay una relación más tersa, lo cual puede ser bueno porque no hay
conflictos innecesarios. Lo preocupante
es que esa buena relación impida que haya una discusión del federalismo o que los
problemas que surjan y se presenten se
debatan públicamente”, asegura.
En cuanto al fortalecimiento de la figura presidencial, tiene sus reservas pues
afirma: “No es tan claro que quitándole
control a estados y municipios se fortalez1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
17

18. Octavio Gómez
No es el único caso de criminalización
de opositores a proyectos capitalinos. El 2
de octubre fue detenido Alejandro Bautista,
acusado de ultrajes a la autoridad y ataques
a la paz pública en pandilla.
El joven que perdió un ojo
Avasallamiento policiaco
el PIM es un plan del gobierno federal, la Policía Estatal replegó a los manifestantes e introdujo maquinaria (Proceso 1870 y 1924).
Las policías federal y estatal han arremetido ahí contra las protestas. El caso más
reciente ocurrió el 19 de septiembre.
En el operativo fue detenido y torturado
Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT).
Viejas formas
En el Distrito Federal, el gobierno de Miguel
Ángel Mancera desató la represión de marchas a través de un protocolo considerado
ilegal, que inclusive prevé el uso de armas
de fuego (Proceso 1929).
Diferentes actores sociales han denunciado espionaje político, arresto arbitrario
y selectivo, acoso a marchas, agresiones a
ca en automático el presidencialismo, pero sí se fortalece al gobierno federal”.
En los últimos meses, diferentes actores políticos han observado el riesgo para
el federalismo. Roberto Gil, uno de los promotores para acotar facultades financieras
a los estados, alegó el 5 de noviembre que
la creación de un Instituto Nacional Electoral debe evitar afectar el federalismo.
Antes, el 5 de agosto, Manlio Fabio Beltrones se refirió al mismo tema y dijo que
“hay una tentación de dañar al federalismo”, aunque nunca volvió a abordar el
concepto. Y en el PRD Mario Delgado ha
acompañado a los presidentes de los organismos electorales locales para rechazar la
pérdida de atribuciones en los estados.
Ajenos a todo, los gobernadores priistas, 20 en total, apoyan al presidente en sus
reformas, sin más. Son en beneficio de los
mexicanos, dijo el 8 de noviembre el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera.
18
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
defensores de derechos humanos y periodistas. La fuerza pública se desplegó señaladamente en las conmemoraciones históricas de las represiones del 1 de mayo, el 10
de junio y el 2 de octubre (Proceso 1927).
Entre los grupos objeto de persecución
destaca el Frente Oriente, una organización que, con el lema “Ni una lucha aislada
más”, participa en apoyo a diferentes movimientos. Su postura principal, sin embargo,
es su oposición al Plan Urbano de Iztapalapa que, según Luis Barreda y Carlos Esteban Jiménez, afectaría a comunidades y
sectores populares.
Barreda y Jiménez enfrentan procesos
penales por la retención de Pedro Bello, un
funcionario capitalino que además fue golpeado en el Zócalo durante la conmemoración del 10 de junio que devino en enfrentamiento. Ambos rechazan haber participado
en la agresión contra el empleado público.
Mayoría presidencial
El 13 de septiembre los maestros de la CNTE
fueron violentamente desalojados del Zócalo capitalino. La noche del 15 el espacio
público fue atestado de priistas acarreados
del Estado de México para vitorear al mandatario y responder a la arenga tradicional
conocida históricamente como “El Grito”.
La celebración en el Palacio Nacional
vino a menos. El presidente y sus colaboradores debieron salir para atender la emergencia por las lluvias en Guerrero y otras
entidades del país.
Un día después el desfile militar fue
encabezado por un presidente que hace
un recorrido triunfal por el Zócalo a bordo de un vehículo militar descubierto. Miles de soldados, policías federales y el Estado Mayor lo resguardaron.
Al cumplirse un año de gobierno, nunca se aceptó discutir la modificación de
El 1 de diciembre de 2012, policías federales armados arribaron al Hospital General.
Lo que parecía una diligencia para indagar la
agresión contra Uriel Sandoval, se convirtió
en un interrogatorio que buscaba saber a qué
organización pertenecía, quiénes eran sus
amigos, con quién asistió a protestar contra
la toma de posesión de Enrique Peña Nieto…
después intentaron sacarlo del nosocomio.
Lo mismo ocurrió en la Cruz Roja, donde
permanecía Juan Francisco Kuykendall. Numerosos contingentes se dedicaron a cuidar
las puertas de esas instalaciones.
Desde entonces, la Policía Federal y militares con uniforme de policías han participado en la Ciudad de México al menos en
las jornadas violentas del 13 de septiembre,
en el desalojo del Zócalo de los maestros de
la CNTE para que Peña Nieto pudiera dar su
primer “grito de Independencia”, y el 2 de
octubre.
El abogado Francisco Estrada, quien ha
defendido detenidos en esas y otras protestas, observa que junto a la criminalización
hay pifias, como la detención de transeúntes.
Uriel perdió su ojo derecho por el impacto de una bala de goma. Acusa a los medios
de comunicación de llamarlo vándalo y delincuente, sin siquiera haber enfrentado una
denuncia penal en su vida. “Un ojo no es nada frente al asesinato de líderes sociales en
Guerrero, los asesinatos de maestros de la
CNTE y la injusticia, la falta de democracia y
la violencia histórica del estado”, dice.
la reforma educativa como pretendía la
CNTE. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo el 11 de noviembre que habían llegado “a las últimas
horas de diálogo en la tolerancia que hemos asumidos con ellos”.
El endurecimiento del gobierno federal se generaliza. El pasado 28 de noviembre el PRD anunció que abandonaba el Pacto por México. Jesús Zambrano dijo que su
partido no avalaría las reformas política ni
energética.
Peña Nieto, quien todavía el 10 de junio hizo votos por que las fuerzas políticas
no pusieran “nada por encima del pacto”,
respondió al PRD desde Ojinaga, Chihuahua, haciéndolo prescindible, pues sostuvo que no espera unanimidad, y expuso:
“En democracia, sin duda debe privilegiarse a la voz o a aquella representación
que tenga la mayoría, aquella en la que
haya mayor consenso.”

20. CARLOS ACOSTA CÓRDOVA
I
nexperiencia, malas decisiones y
arrogancia de quienes conducen la
economía del país, se combinaron
con una débil y muy lenta recuperación de la economía estadunidense
–que no pudo jalar a la mexicana–,
para hacer del primer año de gobierno de
Enrique Peña Nieto un año gris, mediocre,
en materia económica.
No se logró ni el crecimiento prometido ni la creación de empleos ofrecida ni
–mucho menos– la mejoría en el bienestar
de la sociedad, que con tanto ánimo aseguraba Peña Nieto que se obtendría apenas llegara él al mando del país.
Nada. La economía se estancó. Apenas
crecerá un tercio de lo que creció en 2012:
1.3%, en los cálculos optimistas de la Secretaría de Hacienda, contra 3.9% del año
pasado. Muy lejos del 3.5% pronosticado
al principio de la administración y más lejos aún del promedio de 4.3% en que creció la economía durante los últimos tres
años del gobierno de Felipe Calderón.
De los empleos, ni se diga. La meta de 1
millón de nuevos puestos de trabajo parece
inalcanzable. En septiembre no iba ni la mitad; apenas poco más de 440 mil, que es una
cantidad 26% inferior a la que se registró en
los primeros nueve meses del año pasado.
Lo peor es que, en su mayoría, esos nuevos
empleos están en la informalidad. Y, más
grave, todavía hay más de 2.7 millones de
mexicanos en el desempleo absoluto.
Nadie sabe dónde quedó la reforma
laboral que arrancó justo en el inicio del
gobierno actual.
Y si los datos macro fueron un desastre
en el año, los microeconómicos, por supuesto, siguieron esa ruta. Sobre todo en los primeros seis meses, las empresas, de todos los
tamaños, vivieron un auténtico vía crucis.
Las grandes, acostumbradas a ganar, supieron lo que es tener pérdidas cuantiosas, o ver
reducidas sus utilidades al mínimo.
El resto vivió meses de angustia. Hicieron todo para sobrevivir: achicarse, despedir personal, reducir jornadas de trabajo,
bajar salarios. Entre las pequeñas y las micro, para muchas la muerte fue su destino.
Y es apenas el primer año de gobierno
de Enrique Peña Nieto.
Nada de qué presumir.
En economía,
la inoperancia
Miguel Dimayuga
El factor Videgaray
20
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
Artífice del pobre desempeño de la economía en el primer año de gobierno, ha sido
sin duda el secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso, por mucho que se escude
en que los causantes de la severa desaceleración de la economía nacional fueron
los factores externos –sobre todo una débil demanda estadunidense, que frenó las
exportaciones manufactureras de México.

21. P RES I DENC I A P RI M ER A Ñ O
En términos económicos, 2013 fue un pésimo año para
México y para los mexicanos, y en particular para el gobierno de Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda,
Luis Videgaray. Consecuencia implacable de los torpes y
lentos manejos de las finanzas nacionales son el empobrecimiento vertiginoso de la población, la pulverización
de la clase media, la falta de empleo y, en general, el crecimiento prácticamente nulo de la economía. Si algo faltara,
el tiro de gracia lo representó la reforma hacendaria, esa
abusiva miscelánea fiscal que indignó a todos.
Ha quedado claro ya que el lento ejercicio del gasto público en el año y la decisión
de frenar el flujo de recursos al sector de
la construcción –ambas, responsabilidad
de la Secretaría de Hacienda– llevaron a la
economía a deslizarse más rápidamente
hacia el limbo y, aun, que naufragara por
aguas recesivas.
Luis Videgaray llegó al gabinete de Peña Nieto con excelentes prendas académicas –licenciado en economía por el ITAM y
doctorado por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts, el mítico emaiti (MIT), cuna
académica del premio nobel Paul Krugman
y de Pedro Aspe Armella, entre muchas
otros personajes– pero con una muy pobre
experiencia en el servicio público.
Veinteañero aún, tuvo un fugaz paso
como miembro del equipo de asesores de
Pedro Aspe, secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y otro
aún más efímero –menos de un año– en el
de Jesús Reyes Heroles González Garza, secretario de Energía con Ernesto Zedillo.
Eso es todo lo que había hecho en el
gobierno federal, según el currículum que
la propia Secretaría de Hacienda tiene en
su página en internet.
Al regreso de su doctorado en el MIT,
se incorporó, como director de Finanzas
Públicas, a Protego, la empresa fundada
por Pedro Aspe, pionera en la reestructuración de deudas estatales.
De ahí brincó a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México, con
Enrique Peña Nieto a la cabeza, donde estuvo entre mediados de 2005 y los primeros
meses de 2009. De ahí saltó, en septiembre,
a la Cámara de Diputados: presidió la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, el alfil de Peña Nieto.
Y no más. La experiencia de cuatro
años en la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México no le ha sido
suficiente a Videgaray para llevar a buen
puerto la economía del país. Aquella secretaría estatal, por grande e importante que
sea, no es lo mismo que la de Hacienda,
que debe conducir la economía nacional.
El proceso de aprendizaje ya le costó
al secretario: de recibir una economía en
crecimiento promedio de casi 4% va a dejar otra en plena atonía, que crecerá entre
0.9% y 1.4%, según el más reciente pronóstico del Banco de México.
Y si se mira con la lupa de las cifras
desestacionalizadas, es decir ya descontados los efectos estacionales y de calendario –un ajuste necesario para hacer
comparables los datos–, el resultado es
más desfavorable para Luis Videgaray: la
economía se fue a pique en los dos primeros trimestres, con un “crecimiento”
de 0.2% en el primero, que más bien fue
estancamiento, y una caída de -0.55% en
el segundo, según el Inegi.
Pudo tomar algo de oxígeno el secretario cuando el mismo Inegi dio a conocer, el
21 de noviembre último, que la economía
creció en el tercer trimestre 0.8% en relación con el segundo trimestre de este año.
Además de no vislumbrar cabalmente
ni atender con precisión los efectos que
iba tener en el país el débil desempeño de
la economía internacional, y muy particularmente la lentitud en la recuperación de
la economía estadunidense, el primer pecado visible de la Secretaría de Hacienda
comandada por Luis Videgaray fue el retraso en el ejercicio del gasto público, en
magnitud nunca antes vista para un primer año de gobierno.
En los municipios, primero; luego en
los gobiernos estatales, y después en las
dependencias públicas, hubo fuertes quejas porque no llegaba el dinero de la federación. Los subejercicios del gasto público,
en todas partes, fueron nota sobresaliente
en los medios informativos.
Desde los primeros meses del año,
cuando más se reclamaba que no fluía el
gasto, el secretario Luis Videgaray y el equipo hacendario lo negaban: que el gasto se
estaba ejerciendo conforme a los montos
y ritmos programados, decían insistentemente, y machacaban que la lentitud del
gasto era una cosa común en los primeros
meses de todo nuevo gobierno.
Pero ya desde mayo, cuando el Inegi
divulgó las cifras del primer trimestre, los
analistas financieros y los expertos en indicadores macroeconómicos daban cuenta
de que, si bien es cierto que el gasto puede
fluir con lentitud en los primeros meses de
un nuevo gobierno, Peña Nieto y su secretario de Hacienda se pasaron de la raya.
Los datos oficiales indican que ni siquiera en los primeros meses del gobierno
de Ernesto Zedillo, en pleno arranque de la
brutal crisis por la severa devaluación de diciembre de 1994, el gasto público cayó tanto.
En el primer trimestre de 1995 el gasto fue
2.9% menor que el ejercido en el mismo periodo del año anterior.
Con Vicente Fox, por el contrario, el
gasto público del primer trimestre de 2001
fue 0.8% superior al del primer trimestre
de 2000. Con Calderón se registró una caída de 5.5% entre enero y marzo de 2007.
Pero en el primer trimestre de este
año, primero del gobierno de Peña Nieto,
el gasto público cayó 10.4%.
Todavía para agosto, el subejercicio en
este rubro ascendía a 89 mil millones de
pesos, 3.8% menos del gasto programado.
En su momento, analistas de grupos
financieros, señaladamente Banamex,
achacaron la lentitud del gasto a la inexperiencia del nuevo equipo hacendario y a
las distracciones del secretario Videgaray,
más entretenido en las negociaciones de
las reformas estructurales que en las tareas de la Secretaría de Hacienda, decían.
De hecho, fuentes consultadas por el reportero en la propia secretaría y en el Banco
de México coinciden en que Videgaray pasa
más tiempo en Los Pinos que en sus oficinas de Hacienda. “En Palacio Nacional pocas veces se le ve”.
Un segundo pecado visible de Luis
Videgaray fue dejar caer al sector de la
construcción, que es uno de los principales generadores de empleo y de mayor impacto en el conjunto de la economía.
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
21

22. Proyecto digital de relumbrón
C
inco días antes del primer año de la
nueva administración federal, y ante el claro incumplimiento del plazo para discutir y aprobar las leyes
secundarias de la reforma en telecomunicaciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió presentar con un gran despliegue burocrático y mediático la Estrategia
Digital Nacional, que pocos han entendido y
comentado.
En el planteamiento con el que se anunció, la estrategia carece de un diagnóstico
claro, de metas fijas, de plazos para cumplirlas y de responsables directos, pero sí
establece dos metas genéricas, más publicitarias que operativas: hacer que México pase del quinto al primer lugar en América Latina en materia de digitalización (lugar
que actualmente ocupa Chile), y alcanzar
el promedio de digitalización de los países
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), de 59.29
puntos.
Tan sólo para lograr el primer objetivo
(pasar del quinto al primer lugar en América
Latina en 2018) se necesitan más de 94 millones de conexiones de telefonía y banda
ancha (móvil y fija), de acuerdo con un análisis elaborado por Jorge Fernando Negrete,
director general de Mediatelecom.
La única proyección precisa del gobierno federal consiste en alcanzar, hacia el final
de su sexenio, una cobertura de 70% de los
hogares con internet, y de 85% de las pequeñas y medianas empresas.
Al respecto, el dato más reciente publicado por el Inegi indica que hasta abril de
2013 sólo 30.7% de los hogares mexicanos (9.5 millones) tienen conexión a internet,
pero con desigualdades regionales graves:
Mientras en el Distrito Federal y la Península
Desde finales del sexenio pasado, el
gobierno de Felipe Calderón reconoció
que era equivocada la idea de construir
grandes conjuntos habitacionales en forma horizontal, pues estaban situados lejos de las zonas de trabajo y escolares de
quienes compraban casa habitación, además de que estaban construyéndose en
espacios de un tamaño indigno: hasta de
30 metros cuadrados.
Según cifras oficiales, millones de
casas o no fueron habitadas o quedaron
abandonadas, razón por la cual el gobierno detuvo la construcción de ese tipo.
Pero fue en este gobierno cuando se detuvo el flujo de recursos para el sector de
la construcción. A un menor gasto público
22
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
de Baja California 50% dispone de computadora y conexión, en Chiapas y Oaxaca la
proporción apenas llega a 20%.
Para darnos una idea del nivel de conexiones que se necesitan hacia 2018 para lograr la meta del plan de Peña Nieto, el
comparativo de datos entre Chile y México
revela lo siguiente: En telefonía móvil, nuestro país requerirá 68 millones de conexiones adicionales a los 103 millones actuales
de celulares y smartphones existentes para
arribar a la tasa de 137.6% de cobertura que
tiene el país sudamericano; se precisa de
Miguel Dimayuga
JENARO VILLAMIL
Lagunes. La super secretaria
para obra civil y de infraestructura –por la
lentitud en las asignaciones– se sumó la
baja en los trabajos de autoconstrucción
y remodelación, impulsados en gran parte
por las remesas, que se cayeron.
La situación se complicó a raíz de que
el gobierno dejó de subsidiar a las empresas desarrolladoras de conjuntos habitacionales, principalmente a las grandes, que
inclusive cotizan en la bolsa de valores. Se
les quiso castigar por el desvío de los recursos originalmente destinados a la compra
masiva de terrenos, por sobreendeudarse y
construir lejos, en espacios reducidos, obras
de pésima calidad, entre otras culpas.
Esas compañías dejaron de construir
repentinamente. El gobierno no reparó en
otros 21.4 millones de conexiones de banda
ancha móvil para pasar de 12.81% a un mínimo de 30% de hogares con acceso a esta tecnología, como en Chile; y en banda ancha fija tendría que haber 2.3 millones más
para pasar de 11.6% a un mínimo de 13%.
La Estrategia Digital Nacional presentada por Enrique Peña Nieto y su coordinadora Alejandra Lagunes, convertida en una
especie de “supersecretaria” del gobierno
federal, no aclara cómo se alcanzarán tales
metas ni cuánto costará hacerlo.
El proyecto, presentado en el Museo
Nacional de Antropología, prevé los siguientes habilitadores: conectividad, inclusión,
habilidades digitales, interoperabilidad,
marco jurídico y datos abiertos. Dentro del
rubro de “conectividad” se habla del despliegue de infraestructura de banda ancha, un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, y de la instalación de puntos de
intercambio de internet (IXP).
“Sin la instalación de una amplia y robusta red de infraestructura de telecomunicaciones, sin mayor disponibilidad
de espectro para comunicaciones móviles avanzadas y sin núcleos en internet no será posible alcanzar ningún objetivo de digitalización”, advierte el análisis de
Mediatelecom.
De acuerdo con el discurso presidencial, se persiguen cuatro objetivos: establecer una Ventanilla Única Nacional; una Política Nacional de Datos Abiertos; economía,
educación y salud de calidad, y seguridad
ciudadana.
El mismo discurso no aclaró cómo los
conseguirá. Únicamente informó que ya está en construcción un “gran sitio en internet”
para unificar en un solo portal “cerca de 7
mil trámites de gobierno de la República”, y
que, gracias a este megasitio, se podrá acceder a las calificaciones en las escuelas e
inclusive solicitar actas de nacimiento y pasaporte “desde cualquier lugar, hora o dispositivo electrónico”.
El primer mandatario no precisó en ningún momento cómo se garantizarán la se-
el efecto colateral de ello, pues una a una
las grandes empresas fueron cayendo: sin
más activos que los terrenos en que construían, al no poder construir más, fueron
perdiendo valor, no generaban ingresos y
dejaban de pagar sus deudas.
El efecto dominó, que no vio el gobierno actual, fue que en su caída las grandes
desarrolladoras arrastraron a cientos de
constructoras y tienen con el Jesús en la
boca a los bancos e inversionistas que les
prestaron.
El sector cayó en picada durante el
año, como ningún otro sector productivo:
-3% en el primer semestre; -4% en el segundo y casi -7% en el tercero.
Todavía, el viernes 29 de noviembre el

23. P RES I DENC I A P RI M ER A Ñ O
guridad y la protección de los datos personales que contendrá este volumen de
información y de Big Data nacional.
Alejandra Lagunes, en la misma presentación, mencionó que entre las generalidades que la estrategia deberá aterrizar se
encuentran “aspectos de gobernanza en internet, seguridad, soberanía de datos, privacidad y protección de datos personales”.
de “mandos dobles” en las áreas de Comunicación Social de cada secretaría. Uno reportó a David López, el director general formalmente, y otros a Lagunes, responsable
de todos los medios digitales, institucionales y no.
En julio de este año, Proceso publicó el borrador de un ambicioso proyecto para consolidar todo el manejo de datos digitales del
gobierno federal en una sola “nube digital”
que sería operada por Google, el gigante estadunidense señalado por Edward Snowden
como uno de los principales colaboradores
de la estrategia de espionaje e intrusión global de Estados Unidos.
Ese proyecto incluía un plan de almacenamiento de datos que beneficiaría a Kio
Networks, de la empresaria María Aramburuzabala, la mujer más acaudalada de México, y el soporte técnico se le daría a EMC
Computer Systems.
El plan de la “nube digital” confirmó el
enorme poder que ya había adquirido al interior de la administración federal Alejandra
Lagunes, experta en mercadotecnia política
y comunicación en redes sociales, quien trabajó como gerente de ventas de Google México en 2005 antes de convertirse en gerente de ventas de Televisa Interactive Media
(2008-2009).
Al parecer, se canceló el proyecto de la
“nube digital”, pero no está claro si las empresas que iban a ser beneficiadas van a
participar y de qué manera en los plazos de
la Estrategia Digital Nacional.
Para varios observadores y funcionarios
consultados por Proceso off the record, es
claro que la estrategia confirma el poder adquirido por Lagunes y su círculo más estrecho –que proviene, como ella, de las grandes trasnacionales de la tecnología–, y que,
incluso, ya se han ido creando una especie
En su análisis sobre la Estrategia Digital Nacional, Jorge Fernando Negrete advierte varias ausencias, además del tema más señalado sobre derechos a la privacidad y la
seguridad de los datos personales y de las
operaciones financieras a través de las tecnologías digitales.
Entre esos temas están “los contenidos
y las aplicaciones digitales”. La estrategia,
dice Negrete, “debiera velar por el contenido que va a circular por las redes y por las
aplicaciones que permitan un mejor aprovechamiento de los servicios públicos y el logro de un gobierno eficiente”.
El director de Mediatelecom menciona otras ausencias importantes en el
documento:
“–Faltan indicadores y proyecciones alcanzables de digitalización anuales y rumbo
hacia el 2018, fecha en que el país pasará a
tener 124.7 millones de habitantes, según
Conapo.
“–No se define con claridad cuál será la
instancia administrativa responsable y cuáles sus atribuciones para lograr lo establecido en la Estrategia Digital Nacional. Sólo se menciona que la coordinación a cargo
de Lagunes tendrá un poder ‘transversal entre todas las dependencias y entidades del
gobierno de la República para promover la
adopción y el desarrollo de tecnologías, la
innovación, la apertura y la transparencia en
todo el aparato gubernamental’.”
El análisis de Negrete puntualiza:
“Quedan en duda las atribuciones que
en la materia conservarán la Subsecretaría de Comunicaciones y la Coordinación de
la Sociedad de la Información y el Conocimiento (e-Mexico), adscritas a la SCT”. Las
atribuciones de esta última instancia, creada por el gobierno de Felipe Calderón, son
muy similares a las que adoptó la oficina a
cargo de Alejandra Lagunes.
Y prosigue:
“–La capacitación y alfabetización digitales son fundamentales, pero no se establecen metas claras en este sentido. Sólo
se presume que el gobierno de Peña Nieto
distribuirá computadoras a estudiantes de
quinto y sexto años de primaria a través de
la fase piloto del programa MiCompu.Mx.
“–El tema federal está ausente en la estrategia nacional. Mediatelecom advierte
que ‘cada entidad federativa debiera crear
su propia estrategia o agenda digital, o
adaptar las que ya existen al nuevo escenario que plantea la reforma constitucional en
materia de telecomunicaciones’.
“–No se menciona ni se retoma ninguna de las experiencias internacionales que
existen en este tema. Por ejemplo, Brasil,
Colombia y Chile son tres naciones latinoamericanas que desarrollaron sus propias
agendas digitales antes que México.”
Brasil publicó su Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL en portugués), que busca
la cobertura de 95% de los municipios; 42
millones de hogares con internet, y 91.5%
de población con telefonía móvil. En 2013,
Brasil decretó la exención fiscal para el despliegue de redes, servicios y obras civiles
encaminadas al desarrollo de la banda ancha que permitirán inversiones por 8 mil millones de dólares hasta 2016. En México no
existe nada parecido.
En Colombia, desde 2010 se lanzó el
Plan Vive Digital para multiplicar por siete el
número de medianas y pequeñas empresas
con conexión a internet e impulsar la reducción del IVA en internet a la población de los
niveles socioeconómicos más bajos.
Chile estableció en su plan digital metas
y plazos muy claros que se han ido cumpliendo. Pasó de tener sólo 1% de hogares con
internet de alta velocidad a 50%; de 15% de
escuelas conectadas a 70%, y de 40.7%
de habitantes con acceso a internet a 80%.
Inegi reportó que el valor de producción
de las empresas constructoras disminuyó -7.5% en términos reales en septiembre último, producto de las caídas en los
subsectores de construcción de obras de
ingeniería civil –que es responsabilidad
del gobierno– en 9.3%, y de edificación en
7.9%.
Sólo creció el subsector de trabajos
especializados para la construcción, en
4.1%. Es el que se refiere a autoconstrucción y remodelación, que está más ligado
a las remesas que trabajadores mexicanos en el exterior envían a sus familias.
Todo eso, en la abstracción de los números. En la realidad, compañías constructoras en bancarrota, muchas desaparecidas,
proveedores en agonía y cientos de miles
de mexicanos sin empleo.
El propio Videgaray ha reconocido ambos pecados –freno en el gasto público y
derrumbe de la construcción–, que aceleraron la caída de la economía en el año.
Lo hizo, aunque de manera implícita, en
la conferencia de prensa del 14 de noviembre que ofreció para elogiar la aprobación
del Presupuesto de Egresos para 2014, que
ocurrió en la madrugada de ese mismo día.
Primero justificó que el gasto se retrasó porque el presupuesto 2013 se aprobó
“muy tarde, el 21 de diciembre” de 2012,
y muchas de las reglas de operación para
múltiples programas de gasto no se emitieron hasta el último día de febrero.
Y prometió que en 2014, con un presupuesto que se aprobó mes y medio antes
de que concluya el año, y con reglas de operación que se emitirán pronto, ahora sí el
gasto público se aplicará, y de manera acelerada, desde el primer día del próximo año.
Mal año, pues, para la economía y para Luis Videgaray. Y más aún, el secretario
termina el 2013 con el enojo manifiesto
de la iniciativa privada y de la sociedad en
su conjunto por la mayor carga tributaria
que deja la miscelánea fiscal. Esta malograda “reforma hacendaria” no le dejará
más dinero a las arcas federales ni acabará con la vulnerabilidad de las finanzas
públicas, que seguirán tan dependientes
de los volátiles ingresos petroleros.
El largo brazo de Google
Temas ausentes
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
23

24. REFORMAS ENERGÉTICA Y POLÍTICA
Historia de una
traición
JENARO VILLAMIL
E
l regalo de Navidad se adelantó
en la sede del Senado la noche
del 26 de noviembre. Emilio
Gamboa Patrón, coordinador
de la bancada priista, recibió
la “visita especial” de los tres
enviados de Los Pinos para destrabar las
negociaciones con el PAN en materia de
reforma político-electoral.
Con un dispositivo especial de seguridad,
el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio
Nuño, subió desde el sótano 1 del Senado a
las oficinas de la Junta de Coordinación Política, presidida por Gamboa, y sostuvo una
reunión a puerta cerrada con legisladores
del PAN, del PRI y del Partido Verde.
A Nuño lo acompañaban Humberto
24
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
Castillejos Cervantes, consejero jurídico
de Los Pinos, y Andrés Massieu Fernández, coordinador de Estrategia y Mensaje
Gubernamental. Previamente el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, ya
había negociado con los senadores de las
comisiones dictaminadoras.
Mientras los enviados de Los Pinos cabildeaban en privado, en el pleno los senadores aprobaban el paquete de reforma
financiera, un dictamen de más de mil 800
páginas que modificó una treintena de
ordenamientos, escasamente analizados
por los senadores, pero bajo presión de los
asesores del secretario de Hacienda, Luis
Videgaray. Prácticamente le dieron línea a
los legisladores del PRI para que aprobaran sin discusión este complejo paquete
proveniente de la Cámara de Diputados.
Así el Ejecutivo federal “invadió” y
comenzó a presionar directamente a los
senadores para que, en vísperas de cumplirse el primer año del Pacto por México,
se completara el ciclo de reformas que se
comprometieron a aprobar.
Ya habían sacado en menos de un año
las reformas educativa, de telecomunicaciones y radiodifusión (cuyas leyes reglamentarias ya no estarán listas para el lunes
9 y se pospusieron para marzo o abril de
2014), la fiscal-hacendaria, la de transparencia, la financiera y venía “la joya de la
corona”, la energética que necesita librar
la aduana de la político-electoral impuesta
como condición por el PAN para votar cambios constitucionales en materia petrolera.
El senador perredista Alejandro En-

25. P RES I DENC I A P RI M ER A Ñ O
En lo que respecta a las reformas energética y política, las negociaciones en el Senado las realizaron sólo
el PRI (con un equipo enviado desde Los Pinos) y el
PAN. Como ya había adelantado la senadora perredista Dolores Padierna, se trató de un “golpe legislativo”.
Ambos partidos cocinaron los pormenores de dichas
reformas; en el caso de la primera, con la apertura
hacia el sector privado muy al gusto del blanquiazul,
que a su vez impuso condiciones en algunos aspectos
político-electorales.
cinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una de las
cinco que dictamina la reforma política,
confirmó que entre los panistas y priistas
había 10 temas “encorchetados” que evitaban el avance.
El PRI insistía en incorporar el concepto
de “determinancia” para aceptar que el rebase de topes de gastos de campaña y el
uso de dinero de procedencia ilícita fueran
causales de nulidad de la elección. El PAN
defendió que la reelección legislativa se iniciara en 2018 y no en 2024 como propuso el
PRI. El tema del Instituto Nacional Electoral
y la desaparición de los organismos electorales estatales ya había quedado en una
opción “mixta” (Proceso 1934).
Los panistas, a decir de varios senadores del PRI consultados, encarecieron
su voto a la reforma político-electoral a
sabiendas de la urgencia de aprobar este paquete y comenzar a dictaminar la
energética en los términos también planteados por el blanquiazul: abrir más la posibilidad de la inversión privada a través
de otras figuras, como las concesiones.
El mismo 26 de noviembre comenzaron los acercamientos entre el priista David
Penchyna, presidente de la Comisión de
Energía, y los panistas Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle para adelantar un
posible predictamen de reforma constitucional en materia petrolera que incluyera la
figura de las licencias, similares a las concesiones, que durante los foros de debate propusieron varios ponentes, especialmente
Adrián Lajous, exdirector de Pemex.
En todo este juego de cabildeos y presiones el PRD comenzó a estar marginado.
Su coordinador, Miguel Barbosa, tuvo una
repentina dolencia física que lo ausentó
esos días. Y la dirigencia nacional, encabezada por Jesús Zambrano, fue olímpicamente hecha a un lado.
Astuto, al ser cuestionado por la prensa sobre el cabildeo de los enviados de Los
Pinos, Gamboa admitió la presencia de
Nuño, Castillejos y Massieu pero aclaró:
“Aquí el gobierno no vota, aquí votamos
128 senadores. No hay ninguna presión”.
Al pacto lo dieron por finiquitado, días
antes de que el 2 de diciembre cumpliera
su primer año, los propios enviados de Peña Nieto al Senado para acelerar las negociaciones con el PAN.
Predictamen de madrugada
La tarde del 27 de noviembre el coordinador de la bancada del PT, Manuel Bartlett,
recibió, como otros legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales, un citatorio de Enrique Burgos, senador priista
y presidente de dicha comisión, “para la
presentación del proyecto de dictamen de
las diversas iniciativas de reformas constitucionales en materia político-electoral”.
El oficio CPC/ST/369-2013 señalaba en
los siguientes términos la convocatoria:
“Me permito solicitarle su amable disposición para la eventual convocatoria (sic)
a reunión extraordinaria de dichas comisiones unidas esta misma noche a las 21
horas, en las salas 5 y 6 de la planta baja
del Senado de la República.
“Lo anterior en virtud de que los presidentes de las comisiones dictaminadoras
se encuentran trabajando en la construcción de consensos y en la elaboración del
documento que habrá de ponerse a su
consideración.”
Firmaba el secretario técnico de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Morelos Canseco Gómez.
Por reglamento del Senado las reuniones de comisiones sólo pueden ser ordinarias o extraordinarias. De acuerdo con
el artículo 139, las reuniones ordinaras
deben convocarse con 48 horas de anticipación, pero las extraordinarias se convocan “con la anticipación que se requiera,
previo acuerdo de la Junta Directiva, a
través de comunicación directa a los integrantes de la comisión”.
Sin embargo, a las nueve de la noche,
en las salas 5 y 6 de la planta baja del Senado no había ningún legislador. La reunión de comisiones se había cancelado.
Para sorpresa del petista Bartlett y de
los legisladores perredistas, no fue así. A las
cuatro de la madrugada del 28 de noviembre las comisiones emitieron un predictamen que dejó al margen todos los temas
defendidos por el PRD, especialmente los
relacionados con los mecanismos de consulta popular para reglamentar el artículo
35 constitucional, elemento clave para dar
legalidad a la consulta que quieren solicitar
en relación con la reforma energética.
El predictamen, de 231 cuartillas,
mantiene aún varios temas “encorchetados”, pero establece dos ejes: la reforma
política y la reforma electoral. La primera consiste en la figura del gobierno de
coalición, ratificación de nombramientos
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
25

26. P R ESID E N CIA PRIMER AÑO
hechos por el presidente de la República,
la creación de una Fiscalía General de la
Federación, la reelección legislativa y el
cambio de fecha para adelantar la toma
de posesión del titular del Ejecutivo federal, entre los principales asuntos.
En materia de reforma electoral se
habla del “fortalecimiento” del Instituto
Federal Electoral y sus atribuciones mediante su transformación en Instituto
Nacional Electoral y aumento “en el umbral” para mantener el registro como partido político, entre otros asuntos. El tema
de la anulación de la elección por rebase
de topes de gasto de campaña aún estaba
“encorchetado”.
La desaparición de los institutos estatales electorales no se concretó. En las
páginas 122 y 123 del predictamen se estableció: “Se retirarán las funciones más
controvertidas a los órganos locales que
han puesto en duda su imparcialidad”
pero se acordó que “no es pertinente” la
desaparición de los órganos locales, “sino establecer en la Constitución Política la homologación de algunos aspectos
para el cumplimiento de este fin, como
son: el procedimiento de nombramiento
de los consejeros electorales, su duración
y el sistema de garantías para su cabal
desempeño”.
Para el PRD, especialmente para su dirigente nacional Jesús Zambrano, impulsor de la figura del INE junto con el PAN,
se trató de un modelo “descafeinado” de
organismo electoral. “Triunfaron los gobernadores”, declaró.
La huella de los intereses del PAN
quedó manifiesta en la página 110 del
predictamen donde se establece que los
diputados federales “podrán reelegirse
hasta tres periodos más, para sumar 12
años en ejercicio del encargo y los senadores hasta por un periodo adicional,
también para sumar 12 años de servicio
ininterrumpido en esa calidad”.
Los del blanquiazul demandan que esta reforma entre en vigor desde 2018 –con
los actuales senadores como posibles candidatos a reelegirse– y no hasta 2024 como
demandan el PRI y su coordinador Emilio
Gamboa, quien por cierto ha cambiado de
una cámara a otra en los últimos 12 años.
Ninguno de los mecanismos de participación y consulta ciudadana, considerados
por el PRD como sus “cartas ciudadanas”,
se incorpora en el predictamen aprobado
esa madrugada. La reforma política del
Distrito Federal queda en el limbo.
Prácticamente ignoraron en la negociación una iniciativa impulsada por
varios organismos no gubernamentales, encabezados por el sacerdote Miguel
Concha y el exrector de la UNAM Pablo
González Casanova, quienes proponen
incorporar en los artículos 35 y 36 de la
Constitución las figuras del plebiscito y
26
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
el referéndum, además de las consultas
populares.
También se incorporó un mecanismo
nuevo de subrepresentación y sobrerrepresentación en las cámaras que le permitirán a un partido tener un número de
diputados por mayoría y por representación proporcional con un margen de
ocho puntos porcentuales de su votación.
También se incrementó de dos a tres el
porcentaje mínimo para que un nuevo
partido pueda tener representación y registro definitivo, sin ir en coalición con
otros en su primera contienda.
Ruptura del PRD
La mañana del 28 de noviembre, cuando
se conoció la existencia de este predictamen, el PRD convocó a una conferencia
de prensa en el Senado para anunciar su
salida del Pacto por México, su ruptura de
las negociaciones en la reforma políticoelectoral y denunciar un “pacto en lo oscurito” entre el PAN y el PRI para avanzar
en la reforma energética sin incorporar el
mecanismo de la consulta popular.
Horas antes de la conferencia de la cúpula de legisladores y dirigentes del PRD,
en entrevista radiofónica con Carmen
Aristegui, el senador panista Javier Corral
deslizó la versión de que su partido estaba
ya negociando con el gobierno federal la
incorporación de la figura de licencias en
el proyecto de reforma energética, como
semanas antes anunciaron The Wall Street
Journal y la agencia Bloomberg citando
fuentes oficiales.
El comunicado, leído por la senadora
Dolores Padierna, vicecoordinadora del
PRD, denunció que el PRI, el PAN y el Partido Verde preparaban un “golpe legislativo” para “redactar el dictamen de reforma
energética sin cubrir los procedimientos
parlamentarios, sin incluir al PRD en sus
convocatorias, en forma apresurada”.
El PRD solicitó que se suspendiera la
reunión de las comisiones unidas de reforNuño. Enviado de Los Pinos
ma político-electoral, citadas para el mismo
28 de noviembre por la tarde, y no hubiera
sesión ordinaria el 29 de noviembre, pues
“no está discutida, analizada ni completa
esa iniciativa y porque no vamos a legitimar la reforma política porque implica avalar la estrategia para privatizar el petróleo”.
“No podemos aceptar una reforma
política sin las cartas ciudadanas, en particular con la Ley de Participación Ciudadana para que haya consulta revocatoria”,
afirmó Padierna. “Tampoco podemos
aceptar que con maniobras legislativas se
pretenda convertir al tema energético en
un tema fiscal que no esté sujeto a la consulta popular, como se pretende”, abundó.
La perredista hacía referencia al condicionamiento que impuso el PRI a la aprobación de una ley reglamentaria de la fracción
VIII del artículo 35 constitucional donde se
incorpora la figura de la consulta popular.
Los negociadores oficiales querían vincular este tema a la misma prohibición de
llevar a consulta los asuntos fiscales. En el
paquete hacendario se crea en el título V
de la Ley de Hidrocarburos un nuevo régimen fiscal para Pemex que en esencia permite la apertura de contratos privados.
Zambrano oficializó en ese momento la salida del PRD del Pacto por México.
Acusó al PRI y al PAN de violar lo firmado
en el pacto y convocó a un plan de acción
conjunta con “otras fuerzas políticas” para frenar la reforma energética.
Encinas expuso los puntos de diferencia
con el predictamen del PAN y del PRI en materia de reforma político-electoral. “Quieren
hacer una restricción para que no se autoricen consultas populares revocatorias sobre
reformas ya aprobadas”, dijo.
“No vamos a legitimar ni convalidar
un condicionamiento del PAN para la reforma energética”, sentenció Encinas,
quien también acusó a los panistas de legislar en su propio beneficio al defender
la posibilidad de que la reelección inmediata aplique a favor de los actuales senadores del blanquiazul.
La salida del PRD del Pacto por México
le hizo ganar tiempo a este partido en medio de una acelerada negociación entre
PRI y PAN para sacar la reforma políticoelectoral y de la movilización convocada
por Andrés Manuel López Obrador para
este domingo 1.
El PRD prepara otras movilizaciones para el martes 2 mientras la dictaminación y votación final de la reforma
político-electoral se prevé que ocurran el
lunes 2 y el martes 3, al tiempo que desde
el miércoles 4 y el jueves 5 se acelerará el
proceso de aprobación de la reforma energética, aun sin el voto de la izquierda.
“Va a haber reforma energética. Nunca
nos vamos a dejar presionar ni chantajear
por nadie”, sentenció Gamboa Patrón tras
la salida del PRD.

28. El pacto
reventó,
pero...
Menos de un año después de haber sido suscrito, en
vísperas de la concentración de este domingo 1 en el
Zócalo capitalino convocada por Andrés Manuel López Obrador para manifestar su repudio a la reforma
energética, el Pacto por México quedó reventado con la
salida del PRD. Así, los vaticinios en este sentido desde
diferentes sectores políticos se están cumpliendo, aun
cuando Jesús Ortega Martínez, expresidente nacional
perredista, asegura que el pacto no fue una ocurrencia
coyuntural, pues durante años su partido discutió al
respecto. E insiste: el pacto es de izquierda, por lo que el
PRD cometería un error si permite que la reforma energética la hagan solos el PRI y el PAN.
ÁLVARO DELGADO
E
l 21 de noviembre, en vísperas
del XIV Congreso Nacional del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) celebrado en Oaxtepec, Jesús Ortega Martínez no
tenía duda: ratificaría su pertenencia al Pacto por México, como ocurrió,
para mantener la alianza con el gobierno
de Enrique Peña Nieto y el Partido Acción
Nacional (PAN).
Artífice de ese acuerdo firmado un día
después de la toma de posesión de Peña
Nieto, el 2 de diciembre de 2012, Ortega se
regodeaba: “Todos los días los contrarios
al Pacto por México publican esquelas y
mandan coronas de flores por su muerte,
y todos los días se equivocan”.
Pero quien se equivocó fue él: el día
28, cuatro días después del aval del PRD,
el Pacto por México comenzó su agonía
con el arreglo de Peña Nieto con el PAN
para aprobar una reforma política “rabona” y una energética que cede el petróleo
28
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
a particulares nacionales y extranjeros.
La marginación del PRD de estas dos
reformas la ratificó el propio mandatario,
ese mismo día, al renegar del consenso
previsto en el Pacto por México: “Somos
un país democrático, diverso y plural, en
el que todas las voces merecen ser escuchadas, pero como debe ser en democracia, debe privilegiarse aquella voz que
tenga mayoría”.
Desde Chile, desde donde siguió los
acontecimientos –incluido el retiro del
PRD de las negociaciones–, Ortega admite
que el acuerdo ya está condenado a muerte: “Ateniéndome a la declaración del presidente, el Pacto por México está a punto
de ser sacrificado.”
Coautor de ese pacto, junto con el priista José Murat, Ortega culpa al presidente del
PAN, Gustavo Madero, de anteponer su proyecto de reelección a lo firmado, y a Peña de
ceder a presiones extranjeras para aprobar
una reforma privatizadora del petróleo.
“Le están apuntando a la sien, y todo
con el propósito, de unos (los panistas), de
resolver sus asuntos internos, y de otros
(del gobierno de Peña), de atender presiones extranjeras que un gobierno serio debería soportar.”
“No me equivoco en la expresión ‘a
punto de ser sacrificado’. ¿Quiénes son
los que están con el arma en la sien del
pacto? Los que incumplen con el contenido estricto del pacto, los que incumplen
su palabra y su firma.”
El expresidente del PRD niega que el
gobierno de Peña y el PAN hayan “chamaqueado” a su partido. “No, porque sacamos reformas muy importantes. Los
chamaqueados serían ellos: Demostrarían su novatez y fragilidad política. Es un
error estratégico destruir el pacto”.
–Pero logran su objetivo: la reforma
energética…
–Si eso es así, entonces son pequeños
intereses y pequeñas miserias, no los intereses del país. Si lo hacen se verían poco
profesionales, sin sentido estratégico.
–¿Y eso les importa?
–Quién sabe. A lo mejor son reformas