Los Nueve Principios del Desempeño de la Sostenibilidad
Tema 3. la organización territorial de españa
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Tema 3: La organización territorial de España.
0. Breve introducción histórica a la regionalización en España.
1. La organización política y administrativa.
1.1. El estado de las autonomías.
1.2. Provincias.
1.3. Municipios.
2. Desequilibrios territoriales: disparidades demográficas y económicas. Mecanismos de cohesión.
2.1 Las políticas regionales comunitarias.
2.2. Los instrumentos autonómicos: los planes de desarrollo regional.
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0. Breve introducción histórica a la regionalización en España.
España es un espacio geográfico pequeño, pero muy diverso, con gran número de regiones naturales y
humanas bien diferenciadas: Meseta, costa mediterránea, valles del Ebro y Guadalquivir, Cord. Cantábrica …
Esta diversidad regional se ha debido a dos tipos de factores:
- Factores físicos, que tienen que ver con el relieve, el clima, el paisaje y otras características naturales,
que determinan la existencia de distintas regiones naturales, a veces muy opuestas en cuanto a sus
características: en Navarra en pocas decenas de km. pasamos de los verdes valles y bosques oceánicos de
hayas y robles del norte al desierto de las Bárdenas Reales. Se definen así las regiones naturales, como el Valle
del Guadalquivir, las Canarias o las Baleares.
- Factores históricos, humanos y culturales: que tienen que ver con la diferente evolución histórica
que han tenido los territorios de la península, a veces muy distintas. En el pasado algunas de las regiones que
actualmente forman España como estado fueron reinos independientes y en algunos casos mantienen rasgos
diferenciados en cuanto a lengua, cultura, historia y tradiciones. Sería el caso de las regiones históricas como
Cataluña, Navarra, Galicia.
Sin embargo es inusual que en España estas regiones naturales o históricas coincidan con las divisiones
políticas y administrativas. Surgen así otros conceptos de región:
- Las regiones políticas o administrativas como Madrid, La Rioja o Cantabria separadas del antiguo
reino de Castilla.
- Región geográfica: es aquella en la que los criterios de geografía física se unen a criterios de
geografía humana. En España varias regiones históricas o naturales forman una región geográfica: Cornisa
Cantábrica, desde Asturias al País Vasco.
- Región funcional: es aquella determinada solo por criterios económicos y está formada por una ciudad
principal y el territorio sobre el que ejerce su influencia (trabajo, comercio, transportes, servicios…) que se llama
área de influencia. Puede ser muy pequeña: de carácter comarcal (Cuéllar) o de carácter nacional (Madrid).
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Al ser un espacio geográfico tan diverso la Península Ibérica ha sido tradicionalmente un espacio también
muy fragmentado. En la formación del estado español, que se consolida definitivamente en el siglo XIX han
coexistido siempre dos tendencias contradictorias:
- Una tendencia hacia una fuerte centralización que anulara o redujera las diferencias territoriales e
históricas para fortalecer la formación de un estado unitario. Esta tendencia se inició a finales de la Edad Media y
en diferentes momentos se fue acentuando alcanzando su máxima importancia en la España franquista, tras la
Guerra Civil (1939 – 1975).
- Una tendencia contraria a la disgregación o al menos a la descentralización. Las diferentes regiones,
especialmente aquellas que tenían un origen histórico y cultural y supieron mantener su diversidad, lucharon
siempre por conservar sus diferencias e incluso por recuperar su soberanía política y su autogobierno, de forma
que no son inusuales ni débiles las opiniones independentistas o autodeterministas en algunas de estas regiones.
EDAD MEDIA (Ss. VIII – XV).
- La invasión musulmana de la península ibérica a comienzos del siglo VIII rompió la precaria unidad
política conseguida por la monarquía de los visigodos tras la desaparición del Imperio Romano.
- Entre los siglos VIII y XV conviven en la península dos espacios sociales, culturales y humanos
distintos: en el norte los reinos cristianos, y en el sur los musulmanes de Al Andalus. Además ambos espacios
raramente consiguieron la unidad política.
- Durante la Edad Media, no existe el concepto político de Hispania, sino solo el concepto geográfico,
que abarca toda la península. Lo que si existe es la idea de reconquista, es decir, el objetivo por parte de los
reinos cristianos del norte de expulsar a los musulmanes. Pero también fue muy frecuente que los reinos
cristianos luchasen entre sí, al igual que los reinos de taifas musulmanes.
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REYES CATÓLICOS y AUSTRIAS.
- Proyecto de unificación de la península bien por medios políticos (Reino de Castilla + Corona de
Aragón (1476)), diplomáticos (política matrimonial con Portugal, (1580 – 1640)) o militares (Reino de Granada
(1492) y Reino de Navarra (1512)).
- Fortalecimiento del estado frente a los poderes locales: nobleza, Iglesia, ciudades … Unificación
religiosa e ideológica: expulsión de judíos y presión contra los moriscos, Tribunal de la Inquisición.
- Búsqueda de un mayor protagonismo en el exterior: Europa y Atlántico. Importancia de Castilla como
reino más poblado y rico.
- Pero esta unificación es sólo dinástica. Los diferentes reinos “unificados” mantuvieron de hecho su
independencia. Tan solo tenían en común a los mismos reyes: leyes, costumbres, lenguas e instituciones eran
diferentes. En cualquier caso, con tensiones frecuentes que llevaron a la independencia de Portugal (1640) y a la
guerra en Cataluña (1640 – 1652) este sistema de reinos diferentes pero con los mismos reyes se mantuvo con
los descendientes de los RR.CC., la dinastía de los Austrias o Habsburgos.
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LOS BORBONES. SIGLO XVIII.
- Dinastía de origen francés, donde no existía la diversidad política que había en la Península Ibérica.
- Política muy centralista, anulando las diferencias entre unos reinos y otros , particularmente las de los antiguos
territorios de la Corona de Aragón (Aragón, Valencia, Cataluña). Se mantienen algunas instituciones propias en el
reino de Navarra y en las provincias vascas.
LIBERALISMO.
- En la Constitución de 1812 y después de la muerte de Fernando VII (1833) los liberales llegan al poder y
establecen un nuevo sistema político. Pero no cambian el modelo centralista, sino que por el contrario lo
acentúan. Así la división provincial de Javier de Burgos (1834) establece la división del Estado en 49 provincias
(Canarias era una sola provincia), todas iguales en cuanto a su administración política y basadas en criterios
naturales pero sobre todo históricos, económicos y administrativos, pero especialmente en los 2 o 3 últimos.
- En las guerras carlistas que se suceden a lo largo del siglo XIX se acaban suprimiendo los restos del sistema
foral de Navarra y Pais Vasco. Al mismo tiempo comienzan a surgir a finales del siglo las primeras
reivindicaciones primero regionalistas, autonomistas y por último nacionalistas, sobre todo en Cataluña y País
Vasco.
La división administrativa de España, antes y después de la reforma de
Javier de Burgos (1834)
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NACIONALISMOS PERIFÉRICOS VS. CENTRALISMO.
Desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX la cuestión de la organización territorial de España se
convirtió en una de las cuestiones políticas más importantes. Se enfrentaban dos posiciones antagónicas:
- En algunas regiones la opinión pública pedían un menor centralismo del Estado y una mayor capacidad
política de autogobierno, especialmente en aquellas que habían conservado más tiempo sus fueros o en las que
se mantenía más viva la conciencia de diferencia cultural y nacional. Durante la 2ª República estas dos regiones y
más adelante Galicia obtuvieron estatutos de autonomía con cierta capacidad de autogobierno, pero
manteniéndose la unidad del estado.
- Después de la guerra civil, la dictadura franquista impuso un modelo extremadamente centralista, que
afectaba incluso a cuestiones culturales, como la lengua. Las reivindicaciones nacionalistas eran perseguidas y
se sumaron a las peticiones a favor de una mayor libertad al final de la dictadura (1975).
1. La organización política y administrativa.
La promulgación de la Constitución de 1978 supuso el nacimiento del estado de las autonomías y
con él, el reconocimiento de la diversidad regional y de la existencia de distintas nacionalidades aunque
preservando el principio de la unidad del estado.
Se promueve un sistema de división administrativa estructurada en tres niveles, de mayor a menor: la
comunidad autónoma, la provincia y el municipio. El estado emprende una política de descentralización
controlada en la que progresivamente se ceden competencias a las autonomías y a los municipios, de forma que
las primeras consiguen cierto grado de autogobierno. Sin embargo las diferencias históricas y culturales entre
unas autonomías y otras hicieron que el proceso no fuera homogéneo.
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1.1. El Estado de las autonomías.
- El estado central definió una serie de competencias (políticas de actuación), reservándose algunas de
ellas (Defensa Nacional, definición de la política económica general …) y declarando otras como “transferibles” a
las diferentes autonomías: Vivienda, Educación, Medio Ambiente.
- Las comunidades autónomas no son propiamente ni regiones geográficas, ni históricas, salvo algunas
excepciones. Nacieron de la propia voluntad de las regiones expresada en referendums, siempre que cumplieran
algunas condiciones básicas. A pesar de que esta voluntariedad generó algunos problemas en el momento de su
definición, salvo pequeñas salvedades, se han ido consolidando en los últimos 25 o 30 años y están ya muy
arraigadas en la conciencia de los ciudadanos.
La Constitución definía dos vías de constituirse una región en comunidad autónoma.
- La denominada “vía rápida” venía establecida en el artículo 151 y en principio estaba reservada para
aquellas regiones que ya habían tenido con anterioridad (en la 2ª República) un estatuto de autonomía, como
eran Cataluña, País Vasco y Galicia, aunque también se sumó por reivindicación popular, Andalucía. Además de
constituirse antes tuvieron de hecho una mayor capacidad de autogobierno al poder exigir antes más
competencias propias.
- La “vía lenta”, o, con expresión afortunada de la época, las del “café para todos” se basaba en el
artículo 143 y las regiones que se acogieron a ella aprobaron sus estatutos de autonomía a partir de 1981. Son
las más numerosas: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla – León, Castilla – La Mancha,
Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja.
- Navarra era la región que había conservado durante más tiempo su autogobierno, basado en sus
Fueros. En 1982 se configuró como Comunidad Foral mediante una ley específica llamada “Ley de
Amejoramiento del Fuero”. No es propiamente una comunidad autónoma como las demás. Por ejemplo carece
de un estatuto de autonomía refrendado. Consiste en que en lugar de entregar nuevos derechos se reconoce que
tenían históricamente derechos previos a la formación del estado, los famosos Fueros.
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- Las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla habían dependido durante el franquismo de las
provincias de Cádiz y Málaga respectivamente y por tanto pasaron a formar parte de Andalucía, pero su peculiar
situación geográfica impulsó la reivindicación autonomista de forma que en 1995 fueron reconocidas como
ciudades autónomas. No tienen asamblea legislativa propia y su presidente autonómico es también el alcalde de
la ciudad.
En el estado autonómico español se distinguen tres niveles de competencias:
- Las exclusivas del Estado. Son gestionadas por la administración central. Como la defensa nacional, las
relaciones exteriores o la definición general de la política económica, por ejemplo, el déficit público o la legislación
laboral general.
- Las compartidas entre el estado y las comunidades autónomas. Requieren la colaboración entre la
Administración central y las autonómicas. Como la política de empleo o la gestión de grandes infraestructuras. El
estado central legisla y las autonomías las aplican.
- Las exclusivas de cada comunidad. Por ejemplo la gestión de actividades económicas concretas, como
la agricultura o el turismo. En estas la comunidad autónoma legisla y ejecuta las leyes, aunque el estado central o
la UE determinen una normativa que tenga que acatarse por los niveles inferiores. En este último caso de
competencia no todas las CC.AA. tienen las mismas: policías autónomas solo existen en País Vasco, Cataluña y
Navarra, aunque otras comunidades las estén reivindicando.
Los estatutos de autonomía son la ley básica de cada comunidad y recogen entre otros elementos:
- Las competencias de dicha comunidad y en su caso, aquellas que reivindican le sean cedidas por el
estado central.
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- El territorio y la denominación de cada comunidad.
- Su organización institucional: poder legislativo (Asamblea, Cortes), un Consejo de gobierno autonómico
(Junta, Xunta, Generalitat…) y un Tribunal Superior de Justicia. Además pueden contar con otras instituciones
como un Defensor del Pueblo o un Tribunal de Cuentas.
- El estado central nombre a una Delegación del Gobierno que se encarga de coordinar la administración
central con la autonómica.
Los conflictos de competencias entre administraciones autonómica y central o entre dos admon.
Autonómicas se resuelven en el Tribunal Constitucional, que también debe velar por que las reformas que se
hagan de los estatutos de autonomía sean concordes con la Constitución (caso del Estatuto Catalán en junio del
2010). Además cualquier reforma estatutaria deberá ser aprobada como Ley orgánica por las Cortes Generales
(Congreso y Senado).
El estado autonómico cuenta con dos sistemas de financiación distintos. El régimen foral que afecta a
Navarra y el País Vasco. El régimen común, establecido por la LOFCA (Ley Org. Financiación de las Com.
Autónomas).
- El régimen foral se aplica en Navarra y el País Vasco por razones históricas debidas a la preexistencia
de sus propios Fueros hasta el siglo XIX. Se trata de un pacto entre el Estado y estas dos comunidades por el
cual ambas recaudan sus propios impuestos (excepto aduanas e IVA) con el cual financian su presupuesto y
además se establece un cupo que devuelve al Estado una compensación por los servicios prestados por la
Administración Central. Esto es lo que se llama el “concierto fiscal”.
La LOFCA establece que los recursos de las demás CC.AA. proceden de los presupuestos generales del
Estado según criterios objetivos (población, superficie, insularidad) y redistributivos (esfuerzo fiscal, corrección de
desigualdades …).
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Con los años y la presión de las Comunidades más reivindicativas, se ha ido estableciendo el llamado
principio de “corresponsabilidad fiscal”: el estado cede a las CC.AA. la recaudación y la gestión del 33 % del
IRPF, del 35 % del IVA y de porcentajes variables de otros muchos tributos, hasta el punto que las comunidades
autónomas pueden elevar, bajar o incluso eliminar algunos de estos tributos, por ejemplo, del impuesto sobre
transmisiones.
En el momento actual los partidos nacionalistas catalanes están exigiendo el llamado “pacto fiscal”, que
supondría una igualación de la financiación de Cataluña con la del País Vasco. Cataluña podría recaudar el total
de los impuestos.
En cualquier caso la Constitución establece el principio de solidaridad interterritorial entre las distintas
comunidades para ir reduciendo las diferencias económicas entre unas y otras. Esto se ha realizado mediante el
llamado Fondo de Compensación Interterritorial, gestionado por el estado central que redistribuye en
inversiones lo que se recauda mediante la fiscalidad.
Es un asunto polémico pues alimenta cierto victimismo: siempre habrá CC.AA. en las que se recaude
más de lo que se invierte y a la inversa.
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1.2. Las provincias.
La constitución de 1978 recoge la división provincial en 50 provincias, que se encuentran plenamente en
vigor, por ejemplo como circunscripciones electorales, pero que han perdido mucha importancia política y
administrativa con el estado autonómico.
El gobierno de las provincias lo ejercen las Diputaciones Provinciales cuya constitución deriva de los
municipios de la provincia. Entre sus funciones están:
- Coordinación de los servicios municipales en toda la provincia, en ocasiones mediante la creación de
Mancomunidades, que agrupan a municipios pequeños y cercanos para la gestión por ejemplo de la recogida de
basuras.
- Asistencia jurídica y técnica a los municipios de la provincia, especialmente a los más pequeños, que en
muchos casos no pueden contratar administrativos o asesores jurídicos.
- Fomento del desarrollo económico y social en la provincia en cooperación con otras administraciones.
En las comunidades autónomas uniprovinciales la administración autonómica absorbió las competencias
de las Diputaciones.
En Canarias y en Baleares las tareas de la Diputación la ejercen, atendiendo al hecho insular, los
cabildos insulares (Canarias) y los consells insulars (Baleares).
En algunas comunidades, como Cataluña o Galicia, los estatutos de autonomía contemplan el desarrollo
de la comarcalización. Las comarcas serían el escalón intermedio entre la administración autonómica y el
municipio.
En cualquier caso, en la crisis actual y con la necesidad de recortes, las diputaciones, se han convertido
en instituciones muy cuestionadas por su gasto y su ineficacia, y se solicita su disolución.
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Las diputaciones forales vascas son una importante excepción ya que si que tienen importancia, pues
son el órgano representativo no de las provincias, sino de los territorios históricos en los que se encontraba
organizado el País Vasco desde tiempo inmemorial. Tienen su propio poder legislativo: las Juntas Generales y
además controlan una parte muy grande del presupuesto autonómico vasco ya que recaudan los impuestos e
invierten en cada uno de los territorios.
Diputación forales vascas de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.
1.3. Los municipios, las EATIM, las mancomunidades y las “áreas metropolitanas”.
- El municipio es la entidad local básica de la organización territorial del estado. Se compone de un
territorio (término municipal), la población y una organización política – administrativa propia: el ayuntamiento.
- Hay más de 8.000 municipios en un número bastante variable según las provincias. La mayor parte
de ellos son municipios rurales muy poco poblados (hay cientos de ellos con menos de 100 habitantes) por lo que
se ha propuesto eliminarlos y reagruparlos en municipios más poblados y viables.
- Los ayuntamientos están integrados por un alcalde y un número variable de concejales según
población. Los concejales son elegidos por los vecinos en sufragio universal y el alcalde es elegido entre los
concejales.
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Municipios Padrón 2010 Padrón 2009 Diferencia Variación (‰)
Más de 1
2 4.892.386 4.877.481 14.905 3,06‰
millón
500.000 a
4 2.757.093 2.760.036 -2.943 -1,07‰
1.000.000
200.000 a
23 6.268.184 6.247.957 20.227 3,24‰
500.000
100.000 a
33 4.807.962 4.787.233 20.729 4,33‰
200.000
50.000 a
83 5.915.160 5.854.113 61.047 10,43‰
100.000
20.000 a
252 7.435.693 7.371.253 64.440 8,74‰
50.000
10.000 a
354 5.020.865 4.971.993 48.872 9,83‰
20.000
5.000 a 10.000 564 3.938.865 3.903.828 35.037 8,98‰
1.000 a 5.000 1937 4.486.278 4.467.873 18.405 4,12‰
500 a 1.000 1062 756.902 756.650 252 0,33‰
100 a 500 2759 681.157 685.702 -4.545 -6,63‰
Menos de 100 1041 60.486 61.688 -1.202 -19,49‰
47.021.031 46.745.807 275.224
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Muchos de los ayuntamientos con menos población tienen presupuestos muy limitados con los que
apenas pueden hacer frente al gran número de funciones que tienen asignadas las entidades locales, que son
entre otras:
- Seguridad en lugares públicos. Tráfico y protección civil.
- Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. La deficiente financiación institucional de los
municipios ha llevado a los ayuntamientos a desarrollar una política urbanística demasiado imprudente, para
obtener fondos con las licencias de obras. Aquí está la raíz de uno de los problemas del fuerte endeudamiento de
los municipios en España.
- Protección del medio ambiente. Actividades culturales y deportivas.
- Asuntos de salud pública: limpieza de calles, suministro de agua y luz, recogida de basuras.
Tratamiento de residuos y alcantarillado. Gestión de los cementerios.
- En algunos casos de ayuntamientos urbanos, transporte público.
La organización territorial y administrativa española reconoce la existencia de la entidad de ámbito
territorial inferior al municipio (EATIM), con carácter intramunicipal. También son conocidas, coloquialmente,
como entidades locales menores.
Son habituales en el norte de España. En Galicia y Asturias reciben el nombre de “parroquías”, en otras
regiones otros nombres tradicionales. En septiembre de 2009 existían 3.725 entidades de ámbito territorial inferior
al municipio en España. La comunidad autónoma con mayor número de ellas era Castilla – León con 2.233.
Están regidas por un alcalde pedáneo y una junta vecinal o en concejo abierto.
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Mancomunidades y áreas metropolitanas.
Las mancomunidades municipales no están contempladas en la organización administrativa y territorial
general del estado, pero se encuentran bastante extendidas. Están formadas por varios municipios dirigidas a
coordinar la prestación de diversos servicios municipales que no podrían ser asumidos individualmente por cada
municipio, como por ejemplo la recogida de residuos urbanos.
Por ejemplo en Segovia funcionan en la actualidad 20 mancomunidades. Algunas de ellas han adoptado
la denominación de origen medieval de Comunidades de Villa y Tierra (Sepúlveda, Cuéllar o Maderuelo).
Las mancomunidades son organizadas por las Diputaciones Provinciales para la prestación más eficaz
de los servicios.
Cuando la realidad urbana de las grandes ciudades supera los límites municipales del ayuntamiento, se
suele acabar creando una entidad local específica, el área metropolitana, como instrumento para solucionar
problemas comunes a todos los municipios afectados por el hecho urbano:
- Los transportes entre la ciudad y los municipios que funcionan como ciudades – dormitorio.
- La prestación de servicios en la ciudad para los vecinos de las localidades del área metropolitana
como la educación o la sanidad.
- La planificación urbana coordinada: asignación de suelo urbano y urbanizable, espacios industriales,
construcción de infraestructuras de transporte (metro, cercanías), zonas verdes, dotación de suelo para servicios
sociales…
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2. Desequilibrios territoriales: disparidades demográficas y económicas.
Mecanismos de cohesión.
Los factores del desequilibrio territorial en España.
El espacio geográfico español se caracteriza por su gran heterogeneidad, tanto en cuanto a las
diferencias climáticas, de relieve, de vegetación y también a las diferencias humanas: poblamiento, cultura,
idiomas, economía y sociedad. Esta heterogeneidad se debe a una gran cantidad de factores:
- El medio físico. El clima, el relieve y la fertilidad del suelo suponen grandes diferencias. Las fachadas
marítimas y los valles de los grandes ríos reúnen condiciones geográficas más favorables al poblamiento,
mientras que el interior, más elevado y extremo en el clima, resulta menos favorable. Además el peculiar relieve
montañoso de la península dificulta las comunicaciones entre el interior y la costa.
- La evolución histórica del territorio ha sido también muy diversa. Muchas de estas diferencias de
origen histórico como el idioma o la cultura se han mantenido hasta la actualidad e incluso se han acentuado al
ser adoptadas por los nacionalismos periféricos como seña de identidad.
- El proceso de industrialización iniciado desde la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del XX ha
acentuado las diferencias preexistentes entre unas regiones y otras e incluso entre provincias. Se ha producido
una especialización en actividades económicas distintas según las regiones y los recursos.
- Muy vinculado a la anterior, las fuertes corrientes migratorias, tanto internas, como externas,
también han contribuido a diferenciar unas zonas, demográficamente jóvenes y dinámicas, frente a otras,
envejecidas y en retroceso.
Los desequilibrios territoriales en España se centran sobre todo en las diferencias demográficas,
económicas, sociales y de posibilidades de acceso al empleo, porque son estas diferencias las que suponen un
reto a superar para lograr una mayor cohesión interterritorial.
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Para analizar las diferencias y buscar mecanismos de corrección el marco más adecuado son las
comunidades autónomas, ya que por una parte son un elemento esencial de la organización territorial en España
y por otro, cuentan con políticas que les permiten actuar para reducir las diferencias entre unas y otras, de la
misma forma que también actúan de la misma forma el estado central y la UE.
Existan también importantes desequilibrios a otras escalas no autonómicas, como las diferencias entre el
mundo rural y las ciudades, a nivel nacional o en el interior de cada una de las autonomías. También existen
diferencias importantes en el interior de las grandes ciudades, entre unas zonas y otras. En este caso la
responsabilidad le corresponde también a los ayuntamientos.
Desequilibrios demográficos.
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- Afectan tanto al volumen de la población, a la densidad, el crecimiento natural, los movimientos
migratorios y a la estructura por edades.
- Estas diferencias preexistentes se aceleraron muchísimo a partir de los años 50 y 60 del siglo XX,
debido al proceso desigual de modernización económica y a los fuertes movimientos migratorios que fueron su
consecuencia directa.
Existen notables diferencias demográficas entre las regiones españolas:
- Las comunidades autónomas del cuadrante NO (Galicia, Castilla – León, Asturias, Cantabria) más
Aragón tienen un crecimiento natural negativo debido al envejecimiento de la población y al impacto histórico de
fuertes movimientos emigratorios hacia otras regiones.
- Toda la orla mediterránea, más Madrid y los archipiélagos tienen un crecimiento natural positivo, por
que mantienen una población más joven y por el impacto de la inmigración.
- Cuatro comunidades: Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, que ocupan poco más
del 15 % del territorio, agrupan a casi el 60 % de la población. Mientras que las dos Castillas, Galicia, Aragón y
Extremadura ocupan casi el 60 % del espacio territorial y su población no alcanza al 20 % del total.
- Todas las comunidades del interior, con la notable excepción de Madrid, tienen densidades inferiores a
la media nacional mientras que todas las comunidades autónomas costeras, incluyendo las islas, superan la
media nacional. Parece claro que el factor litoral y especialmente el litoral mediterráneo, explica muchísimo la
desigualdad demográfica.
- Los problemas derivados de la concentración poblacional en las grandes áreas metropolitanas (tráfico,
contaminación, carestía de la vivienda, degradación de los equipamientos sociales…) han beneficiado a algunas
zonas cercanas a las grandes urbes, que han visto muy incrementada su población, por un movimiento
residencial hacia la periferia cercana. Son los casos de ciudades como Toledo, Guadalajara, Vitoria, Gerona,
Tarragona y otros núcleos de población que no son capitales de provincia: Villalba, El Escorial, Alcalá...
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Desequilibrios económicos.
- En los últimos 150 años el desarrollo industrial y la modernización económica en España se ha
producido de una forma muy concentrada, afectando a unas áreas muy limitadas en torno a unas pocas ciudades
o comarcas.
- Esta concentración no solo no se corrigió sino que se agudizó en la segunda oleada industrializadora
y con el auge del turismo en los años 60.
- Se ha formado un modelo territorial que responde a la realidad de una España interior, poco
industrializada y desarrollada y en regresión demográfica (con la excepción de Madrid), frente a una España
periférica bien industrializada y dinámica, especialmente el eje mediterráneo.
- La cornisa cantábrica desde Galicia al País Vasco, tiene una situación distinta. Se trata de antiguas
zonas industriales pero muy especializadas y con escaso impacto del sector servicios, cuyos sectores productivos
(minería, siderurgia, metalurgia, naval, química pesada…) muy maduros y poco competitivos frente a los nuevos
países industriales, entraron en crisis en los años 80.
Las diferencias económicas se visualizan muy bien en los siguientes datos:
- Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana aportan casi el 60 % del PIB nacional. Solo
Cataluña y Madrid suponen más del 33 %. Por el contrario Galicia + Asturias + Cantabria + La Rioja + Castilla
León + Extremadura + Castilla La Mancha, no suman el 20 %.
- Como las que más aportan al PIB nacional son también comunidades muy pobladas, las diferencias en
cuanto al dato del PIB per cápita, son menos acentuadas. Aparecen en los lugares más elevados, algunas
regiones menos pobladas como Navarra, la Rioja, Baleares o el País Vasco, mientras que Andalucía, muy
poblada, pasa a ocupar el segundo lugar por la cola, solo por detrás de Extremadura.
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- En general se puede establecer que las CC.AA. más desarrolladas son aquellas en las que tiene más
importancia el sector terciario, particularmente el turismo y los servicios asociados, mientras que las menos
desarrolladas son aquellas en las que todavía tiene una importancia relativamente alta el sector primario y la
industria, aunque esta no es una regla general: Murcia está entre las regiones con más alto PIB per cápita con un
fuerte nivel de sector primario, pero se trata de una agricultura muy productiva y tecnificada.
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Otras desigualdades.
- Desigualdades territoriales en cuanto a dotaciones en infraestructuras de transporte. Al estar muy
relacionadas con la actividad económica y con las demandas de la población, estas infraestructuras (AVE,
autovías y autopistas, aeropuertos…) se concentran en las regiones más pobladas y desarrolladas.
- Desigualdades en cuanto a dotaciones y equipamientos sociales (Educación, Sanidad, Servicios
Asistenciales). En este caso la situación se invierte. Son las regiones menos pobladas las que más han podido
invertir en modernizar este tipo de equipamientos, en parte por lo envejecido de su población (Sanidad), en parte
porque no han tenido que hacer frente a un importante aumento de la demanda de servicios por parte de una
población creciente. Por el contrario las regiones más dinámicas se han encontrado con fuertes déficits
asistenciales como ocurre en Madrid o Cataluña.
- Las diferencias regionales en el empleo. En la situación actual de crisis, los mayores datos de
desempleo se concentran en las regiones más desarrolladas, puesto que era allí donde se concentraban la mayor
parte de los puestos de trabajo que se han perdido y donde más crece la población activa. En las zonas donde el
mercado laboral estaba más especializado en turismo y construcción es donde el desempleo ha crecido más
(Canarias, Andalucía, Valencia, Madrid y Cataluña), mientras que en aquellas en las que existe una mayor
diversificación económica, con importancia de la industria, el desempleo no es tan elevado (País Vasco, Navarra).
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2.1. Las políticas regionales comunitarias.
Los desequilibrios territoriales en la actualidad constituyen un importante problema que pone a prueba la
cohesión de nuestro sistema de organización territorial. por imperativo constitucional, que se desarrollen unas
políticas de corrección de las desigualdades que crean agravios interterritoriales complicados por la existencia de
los nacionalismos periféricos y el modelos mitad unitario, mitad federal, de nuestra organización territorial.
Estas políticas se engloban en tres campos:
- Las políticas regionales de la Unión Europea.
- Las políticas regionales nacionales.
- La ordenación del territorio.
La política regional comunitaria (europea) se inició en 1975 con el objetivo de solucionar los diferentes
desequilibrios territoriales, económicos y sociales que ya se detectaban en la CEE, y que posteriormente se
fueron agravando debido a las adhesiones de estados cuyo nivel económico y social era sensiblemente inferior a
la media europea.
La política regional europea se basa en una distribución coordinada de los recursos. Para ello se
establecieron tres instrumentos financieros:
- Los fondos estructurales se establecieron para favorecer el desarrollo de las regiones que contaban
con una renta media inferior al 75 % de la renta media europea. En el momento de adhesión de España se
encontraban por debajo de esta media casi todas las regiones españolas. Los fondos estructurales más
importantes son el FEDER, el FEOGA, el IFOP (Instrumento financiero de ordenación pesquera) y el FSE. Tenían
como objeto ayudar a la reconversión socioeconómica de regiones en declive por exceso de dependencia de
actividades en crisis.
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- Los fondos de cohesión se crearon en 1993 para financiar grandes proyectos de infraestructura
(transporte y medio ambiente) sobre todo en los países menos desarrollados en ese momento: Grecia, Portugal,
Irlanda y España.
- Las iniciativas comunitarias son programas especiales propuestos y desarrollados por la Comisión
Europea para resolver problemas graves y muy concretos. Los principales programas son INTERREG, LEADER,
EQUAL y URBAN, destinados a proyectos muy diversos.
Desde 1986 España ha recibido una gran cantidad de fondos de ayuda, especialmente bajo la forma de
fondos de cohesión y FEDER. Estas ayudas, concentradas en las regiones menos desarrolladas, han contribuido
a corregir los desequilibrios interregionales.
En la actualidad España ya no es un estado receptor neto de ayudas, es decir, ya aportamos más de los
que recibimos, en parte por la evidente mejora económica que se ha producido en nuestro país, y en parte
también, porque la adhesión de 2005 (países del centro y este de Europa) ha supuesto un descenso general de la
media económica del conjunto de la UE.
2.2. Los instrumentos autonómicos. Los planes de desarrollo regional.
En los años 60 los gobiernos franquistas, conscientes de la creciente desigualdad que se estaba
produciendo en el modelo de desarrollo económico español, pusieron en marcha los llamados “Planes de
desarrollo”, que tuvieron un éxito muy limitado.
En los dos primeros se apostó por la industria como principal factor de desarrollo, incentivando la
localización de industrias en determinados lugares (polos de desarrollo), para aprovechar recursos locales o
como forma de dinamizar regiones atrasadas. El éxito fue escaso puesto que la industria prefirió localizarse en las
zonas tradicionales en las que ya se habían generado unas economías de escala, que les permitían rentabilizar
las inversiones: fundamentalmente Cataluña y País Vasco, además de la zona metropolitana de Madrid y otras
grandes ciudades.
En el tercer plan se optó por diversificar las actuaciones ampliándolas a la actividad agraria con un Plan
de Regadíos (Plan Badajoz) y potenciando el turismo con la ampliación de la red de paradores.
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La crisis del petróleo (1973 – 1980) y la transición política desbarataron las políticas de reducción de las
desigualdades, al tiempo que añadían nuevos problemas como la necesidad de una política de reconversión
industrial en sectores productivos muy importantes como la naval y la siderúrgica, asentados sobre todo en la
Cornisa Cantábrica.
De esta forma las desigualdades territoriales se acentúan en los años siguientes a la espera de una
consolidación del nuevo sistema político, con la aprobación de la Constitución y la puesta en marcha de la
España de las autonomías.
En los años siguientes el objetivo prioritario fue la reconversión industrial exigida en las conversaciones
para la adhesión a la CEE. Esta reconversión resultó muy costosa tanto en puestos de trabajo como en tensiones
sociales. Contó con dos instrumentos esenciales: las ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización) y la política
de incentivos regionales.
- Las ZUR se basaban en masivas inversiones públicas que llegaron a las áreas más afectadas por la
crisis industrial: Asturias, Cádiz, Madrid, Ferrol, Vigo, Vizcaya y Barcelona entre otras. Estas inversiones se
dedicaban a cerrar las industrias obsoletas y ofrecer a cambio prestaciones sociales y posibilidades de
reinserción en el mercado laboral, con subvenciones e incentivos a nuevas empresas y actividades.
- La política de incentivos regionales fue más general y ambiciosa. Se trataba de corregir los
desequilibrios económicos interterritoriales con un carácter global. Se establecieron tres tipos de áreas:
a) ZEP (Zonas económicas de promoción), en las regiones menos desarrolladas según PIB per cápita y
desempleo.
b) ZID (Zonas industrializadas en Declive) que en gran medida coincidían con las ZUR.
c) ZE (Zonas Especiales) lugares donde se intentaban potenciar sectores económicos más avanzados
tecnológicamente, por medio del desarrollo de los llamados parques tecnológicos como Zamudio en Vizcaya o
Tres Cantos en Madrid.
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En 1988 una vez superado lo peor de la reconversión industrial, se desarrolló el FCI (Fondo de
Compensación Interterritorial), que era un instrumento de redistribución directa de la renta, por el cual el
gobierno central invertía a través de los Presupuestos Generales más fondos en las áreas menos desarrolladas, a
costa de una menor inversión en las áreas donde existía una recaudación fiscal mayor, por su mejor situación
económica.
Esta política ha generado una mayor tensión interregional y en parte se ha intentado compensar con la
política de “corresponsabilidad fiscal”.
En cualquier caso con el tiempo el FCI se ha concentrado sólo en aquellas regiones que cuentan con una
renta per cápita todavía inferior a la media nacional: Canarias, Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla – León.
2.3. La ordenación del territorio.
La política de ordenación del territorio tiene como objetivos:
- El desarrollo socioeconómico de las diferentes regiones, de forma equilibrada y sostenible. Es decir,
que el objetivo del desarrollo actual no hipoteque las posibilidades futuras de desarrollo.
- La mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Mejorar el acceso de la población al uso de los
servicios e infraestructuras públicas y al uso y disfrute responsable del patrimonio cultural y natural.
- La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente de forma
compatible con la satisfacción de las necesidades crecientes de recursos. Difundir entre la población un uso
responsable de dichos recursos.
- La utilización racional y equilibrada del territorio, definiendo los usos óptimos para cada tipo de espacio
(suelo urbano, agrario, industrial, de equipamiento, urbanizable, protegido…) y creando una red de
infraestructuras adecuadas, racionales y respetuosas con el medio ambiente (estudios de impacto ambiental).
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