1. CONTRAINFORME #YOSOY132
Seis años han pasado desde que Felipe Calderón tomó posesión, seis años de
mentiras y promesas falsas, de simulación, corrupción, complicidad y de un
Estado de excepción que nos han impuesto. Seis años en los que año con año
hemos visto a un presidente cobarde hablando de valentía mientras nosotros,
la sociedad ponemos los muertos, los desplazados, los secuestrados, los
vejados por las autoridades. Seis años, como siempre, de riqueza obscena
para unos pocos mientras que nosotros tenemos hambre, somos excluidos,
somos desempleados, somos jóvenes sin oportunidades, seis años en que
hemos sido despojados de nuestra tierra y nuestros recursos naturales . Seis
años, otra vez, de privilegios para los sindicatos charros en la educación, de
educación para formar mano de obra barata, mientras que nosotros no
tenemos acceso a una educación crítica para una vida digna. Seis años, de
nuevo, en que los políticos no dialogan con la sociedad pero nosotros, los que
hemos levantado la voz y nos hemos organizado para resistir, hemos sido
criminalizados, denostados y callados. Seis años en que han querido que
veamos un México que sólo existe como versión oficial, seis años
reproduciendo sus mentiras a través de los medios de comunicación a quienes
sirven.
Nosotros no aceptamos este México que quiere dejarnos la clase
política, y rechazamos las mentiras que quieren imponernos como realidad. Por
esto es que el movimiento #YoSoy132 ha llevado a cabo un intenso proceso de
análisis que nos ha llevado a articularnos con académicos, organizaciones
civiles y movimientos sociales que a lo largo y ancho del país reclaman la
democratización de la vida pública y el fin del modelo social prevaleciente en
México. Esté análisis parte de la lectura crítica de la situación actual que vive el
país después del gobierno de Felipe Calderón, y es también lo que nutre
nuestro plan de lucha. Es un análisis compartido con la sociedad a la que
convocamos para abrir un diálogo franco y a sumarnos en una lucha fraterna.
Este es el informe que el movimiento #yosoy132 da a la nación sobre la
situación actual en 6 ejes emblemáticos y que hacemos público para someterlo

2. a la discusión, al diálogo y al debate con la sociedad civil organizada o no que
desea un México más justo, libre y democrático.
1. Democratización de los medios de comunicación, información y
difusión
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en lo que tiene que ver con medios de
información es un sexenio muerto. En legislación no hubo avance, en
telecomunicaciones se propició la concentración en manos de las mismas
voraces empresas que han secuestrado el espectro radioeléctrico propiedad de
los mexicanos. Se persiguió y violentó a ciudadanos que buscan crear sus
propios medios a través de radios comunitarias; y se caracterizó por las
persecuciones, agresiones y asesinatos de periodistas.
Felipe Calderón no sólo asumió una actitud irresponsable y omisa frente
a la creación de un nuevo régimen de medios, sino que ha demostrado su
interés por hacer valer el orden jurídico vigente para desplegar acciones
autoritarias y favorecer al duopolio televisivo. Felipe Calderón Hinojosa lucró
políticamente con la ausencia constitucional y legal de una política de Estado
relativa a medios de comunicación.
Una situación simular podemos observar en el ámbito de las
telecomunicaciones. Tres casos son muestra de la política de discrecionalidad
del actual gobierno: la licitación 21 donde favorece a Televisa y Nextel; la fusión
Televisa-Iusacell nuevamente en beneficio de Grupo Televisa y Grupo Salinas;
y el “rescate” de la banda de 2.5 Ghz debido a la presión ejercida por Grupo
Televisa. El gobierno de Felipe Calderón ha hecho uso de un bien de la nación
para beneficiar a los consorcios mediáticos lesionando con ello a las
instituciones públicas de este país, debido a que permitió a Televisa ingresar al
mercado de la telefonía. Televisa y TV Azteca como socios concentran el 88
por ciento de las concesiones de televisión abierta, teniendo 94.4 por ciento de
la audiencia televisiva, lo cual les favorece con un 58 por ciento del total de la
inversión publicitaria, recibiendo 30 por ciento del gasto de comunicación social
federal según los mismos datos de la COFETEL.
Por otro lado, el gobierno de este sexenio se comprometió en varias
ocasiones a abolir la brecha digital así como fomentar la competencia de

3. aquellos que ofrecen el servicio de interconexión. Sin embargo, el escaso
acceso a Internet, debido a los altos precios de conexión y la escasa
infraestructura de telecomunicaciones, impide el despliegue de las redes. Al
mismo tiempo, la alfabetización digital es todavía deficiente. A lo anterior
podemos agregar el intento de criminalización de los pocos usuarios de
internet, un tema recurrente en este sexenio. Ejemplo de ello es el intento de la
aprobación deliberada y tramposa del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación
(ACTA), el cual constituye un grave retroceso en el ejercicio de los derechos a
la información y a la libre expresión. A estas alturas del sexenio de los 112
millones que habitamos el territorio nacional apenas 9 millones tenemos
computadora en casa, de los cuales sólo 6.9 millones tienen acceso a Internet,
lo que nos deja con un promedio de penetración estimada del 30.7%
colocándonos a 2.7 puntos porcentuales debajo de la media mundial y de -8.8
puntos del 39.5% que es de la media Latinoamericana.
Mientras a los grandes consorcios mediáticos el gobierno federal
concedió licitaciones a precio de ganga, a los esfuerzos ciudadanos por crear
sus propios medios los persigue y agrede. La labor que desempeñan las radios
comunitarias atendiendo a las voces menos favorecidas de la sociedad,
llevando información acorde con sus necesidades, las convierte en una
herramienta por excelencia para que las comunidades puedan ejercer
ampliamente su derecho a la información y libre expresión. Estas son algunas
de las Radios Comunitarias que han sido violentadas durante este sexenio:
Radio Diversidad Veracruz; Radio Tierra y Libertad Nuevo León; Radio
Uekakua Michoacán; Radio Eiampiti; Radio Ñomndaa Guerrero. Las cuales han
sido agredidas y persguidas por el gobierno federal.
La crisis de seguridad pública del sexenio se vio reflejada en el ejercicio
de la libertad de expresión registrándose un incremento preocupante de la
violencia y la censura sobre periodistas y comunicadores. Desde el año 2000
se han registrado 72 periodistas o comunicadores asesinados, 13
desaparecidos y 40 ataques a instalaciones de medios de comunicación. Tan
sólo en el año 2011 se registraron 172 agresiones en contra de periodistas y
comunicadores, que van de amenazas, a asesinatos, desapariciones,

4. desplazamientos forzados, privación ilegal de la libertad, ataque cibernético, y
acciones legales.
Destacamos que durante el sexenio de Felipe Calderón, el patrón de la
violencia contra la prensa cambió sus características, a lo largo de estos seis
años al problema de la censura, se agregó el escenario de los periodistas
rehenes y ataques a directos a las instalaciones de los medios de
comunicación. En torno a la censura destacó que “el ataque sobre el gremio de
periodistas a nivel nacional por parte de funcionarios públicos rebasó el 53 por
ciento de los casos, mientras que los atribuibles al crimen organizado se
encuentran sobre el 13 por ciento”, los casos de Lydia Cacho y el de Carmen
Aristegui, resultan en este sentido paradigmáticos. Es así como queda
desmentido el discurso oficial de que el responsable de la violentar la libertad
de expresión en el país es el crimen organizado.
Un Estado como el mexicano que no puede garantizar la integridad
física y moral de periodistas y comunicadores, así como el acceso y gestión de
medios de comunicación por parte de la ciudadanía, no puede garantizar
tampoco nuestro derecho a la información.
Adicionalmente las estrategias políticas y metas actuales del gobierno
mexicano no estimulan la diversidad en el contenido de los medios. El gobierno
federal ha creado lazos de complicidad con la industria cultural, lo que ha
implicado el fortalecimiento, desarrollo e injerencia de la iniciativa privada
nacional y transnacional en materia de compra, venta y renta de patrimonio
cultural, obra de arte, programas de cine, radio y televisión, lo que implica que
los repertorios simbólicos sean construidos por los sistemas jerárquicos del
poder cultural, quienes determinan los contenidos de transmisión y distribución
en los diversos medios: radio, televisión, museos, teatros, editoriales, entre
otros.
En virtud de lo anterior, denunciamos que en materia de políticas de
comunicaciones en México hoy priva la corrupción, la simulación, la ilegalidad,
la debilidad institucional y regulatoria, la concentración obscena de la riqueza
en una élite empresarial; y donde las políticas públicas de comunicación son
contrarias a los intereses de los ciudadanos mexicanos.

5. Por la democratización de los medios de comunicación en México
¡ #YoSoy132!
2. Cambio al modelo educativo, científico y tecnológico
La política en torno a educación, ciencia, tecnología y arte presentada en el
sexenio de Felipe Calderón antepone los intereses del sector empresarial
nacional y global sobre las necesidades sociales. En el caso de educación, los
modelos y planes educativos se adecuan a un mercado laboral inequitativo.
Esto lo confirma ahora la reciente Reforma Integral a la Educación
Media Superior (RIEMS), en la que se constata que el modelo pedagógico por
competencias y habilidades, implementado desde el nivel básico, elimina
paulatinamente disciplinas pertenecientes a las Humanidades y a las Ciencias
(como es el caso de la filosofía y de la historia), y deja en su lugar asignaturas
mixtas que abordan el conocimiento de forma sesgada y confusa; lo que
cumple con el único objetivo de simplificar el conocimiento para formar obreros
certificados, y no sujetos que aspiren a ser técnicos calificados o estudiantes
universitarios; y que, en no más de una década, eliminará generaciones de
científicos y humanistas mexicanos y hará depender al país en su totalidad de
la tecnología y la ciencia producida en otros lados.
Tanto la RIEB como la RIEMS recorren el camino de la masificación de
habilidades básicas y deja el conocimiento especializado a los países
desarrollados, convirtiéndolo en una propiedad para las élites; hecho que
condenaría al país al rezago y el nulo crecimiento en todos los ámbitos.
En este contexto, la desaparición de los modelos educativos como los
del Colegio de Bachilleres y la Preparatoria Abierta como los conocemos,
gracias a la homologación de la currícula y la eliminación de materias, es un
claro ejemplo de esta reforma. Aunado a esto, la SEP pretende maquillar las
cifras de deserción al proponer un certificado parcial; su próximo argumento
será: no tenemos desertores sino numerosos certificados parciales.
El ingresó a una educación media y superior de alto nivel académico,
UNAM, UAM e IPN, es cada vez más difícil para los jóvenes, debido a que el
crecimiento de las instituciones públicas no corresponde con la demanda
educativa en nuestro país. Las autoridades educativas sostienen que los

6. mejores estudiantes ingresan a la universidad, sin embargo, este argumento se
cae cuando contrastamos las cifras del último examen de ingreso a la UNAM,
por ejemplo: a nivel licenciatura fueron rechazados aspirantes a la carrera de
medicina, cuando obtuvieron cien aciertos de un examen de ciento veintiocho;
es decir, la excelencia en el examen de admisión no es suficiente para ingresar
a una educación universitaria. Consecuencia de ello son los numerosos
movimientos de rechazados a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades
educativas atribuyen el fracaso académico a los jóvenes estudiantes, cuando
son ellos los responsables de fortalecer y generar nuevas opciones educativas
de calidad. Además, contrasta el abandono económico a la educación pública
con el fuerte apoyo a universidades privadas.
Ciencia y Tecnología.
El desarrollo científico y tecnológico es esencial para el crecimiento
social y económico de un país; le otorga a la sociedad herramientas esenciales
para resolver problemáticas y necesidades diversas. A pesar de ello, en
México, la situación del ámbito científico es relegada por el Estado.
Con relación al financiamiento, la ley de Ciencia y Tecnología (emitida
durante el mandato de Fox y ratificada por el gobierno de Felipe Calderón)
estipula que el presupuesto para CyT no debe ser menor al 1% del Producto
Interno Bruto (PIB), sin embargo, la inversión en este sector es menor al 0.5%.
Aunado al precario presupuesto existente, es mal administrado y poco
transparentado. La gestión de políticas públicas eficientes y prácticas es
esencial para sacar a México del rezago en CyT en el que se encuentran, no
obstante, los actores involucrados en la revisión y aplicación de las leyes no
cuentan con el nivel educativo necesario en ciencia y tecnología.
Otro problema crucial es el estímulo y empleo de los recursos humanos.
Son muy pocos los profesionales en CyT que encuentran cabida en el sector
productivo mexicano, lo que fomenta la “fuga de cerebros” y una ausencia de
renovación generacional. La ciencia y la tecnología limitan su labor y
crecimiento debido a los siguientes factores: bajo número de plazas disponibles
en instituciones de investigación, pocas opciones de inclusión en los campos
laborales afines, escaso y lento desarrollo regional, centralización de recursos;
y una inadecuada legislación. Como consecuencia, la producción de

7. profesionales de la CyT en México es baja en comparación a otros países de
Latinoamérica. Además, en términos de proyección, México aporta solamente
el 0.65% del conocimiento científico mundial.
El desarrollo en México debe generar las condiciones de autonomía
científica y tecnológica. Sin embargo, debido a que la inversión en desarrollo e
innovación es baja, México importa más del 95% de la tecnología utilizada por
los sectores productivos. Bajo este contexto, la solicitud de patentes por
ciudadanos, empresas o instituciones mexicanas es pobre. Es urgente definir e
impulsar las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica con
el fin de generar y fortalecer los recursos humanos que puedan atender las
diversas necesidades de la sociedad.
Respecto al uso de los Organismos Genéticamente Modificados o
transgénicos, estos pueden tener un impacto positivo para la población, pero
en ciertos casos su uso es nocivo, por ejemplo, el maíz no regulado es un
peligro para la seguridad alimentaria y biológica del país.
Arte y patrimonio
El ámbito artístico es uno de los más abandonados en la gestión calderonista,
tanto en recurso como en la protección del patrimonio nacional. Debido a la
visión empresarial del gobierno, el arte es considerado una mercancía más; es
decir, si no produce bienes entonces no es digno de cuidado ni protección. Bajo
este contexto, se reduce el papel del patrimonio nacional al turismo, que
muchas veces no respeta las condiciones de protección a la arquitectura o a la
obra artística. Aunado a esto, identificamos los siguientes problemas: recorte
en el presupuesto destinado a este sector; escasos empleos para los artistas y
gestores; y abandono de espacios arqueológicos. El poco compromiso con el
arte y el patrimonio se pude documentar en el incumplimiento de las siguientes
leyes: “Ley General de Bienes Nacionales”, “Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicas” y “Artísticas e Históricas”.
3. Cambio al modelo económico neoliberal
La crisis de la deuda externa presente en México y en América Latina a inicios
de la década de los años ochenta, dio pauta a que la banca acreedora
internacional, conjuntamente con los organismos financieros multilaterales,

8. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, impulsaran un plan
encaminado a continuar con el pago del servicio de la deuda externa, para lo
cual se redujo el consumo, la inversión y el gasto gubernamental. Junto a las
políticas de ajuste restrictivas, se procedió al “cambio y ajuste estructural”, que
consistió en la apertura de la economía mexicana a los flujos financieros y
mercantiles internacionales y en su inserción forzada a la globalización
capitaneada por los Estados Unidos.
La agenda de restructuración neoliberal de la economía ha avanzado sin
interrupciones desde entonces, no obstante, el capital financiero internacional
ha empujado las llamadas “reformas estructurales de tercera generación.”
Entre ellas destacan: 1) la privatización de los servicios de seguridad social
como el caso de las pensiones para el retiro; 2) la apertura al capital privado de
sectores estratégicos ligados a la producción y distribución de energía; 3) la
construcción de grandes obras públicas por medio de las llamadas
“asociaciones público privadas”; 4) una reforma fiscal que disminuya, aún más,
el impuesto sobre la renta (ISR), y, en su lugar, aumente los impuestos al
consumo, como el caso del IVA generalizado a medicinas y alimentos; y 5) la
total desregulación del mercado.
La política económica seguida por el Estado está concentrada en la
estabilidad macroeconómica beneficiando a los capitales financieros
internacionales y en detrimento del nivel de vida del grueso de la población. La
llamada estabilidad macroeconómica, que beneficia a unos cuantos, se obtiene
sacrificando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los
campesinos. Así, contamos con una política monetaria que tiene como fin
último el control de la inflación, sacrificando el crecimiento económico y la
utilización del tipo de cambio como posible palanca para impulsar a la industria
mexicana; asimismo, la política fiscal, que mantiene el equilibrio
presupuestario, se subordina al objetivo de la política monetaria. La apertura
económica sin estrategia y la ausencia de política industrial han impedido la
generación suficiente de empleos. Asimismo, el alza de los precios de los
alimentos afectó el poder adquisitivo de las familias: todo esto se traduce en un
saldo de 12 millones de personas más arrojadas a la pobreza durante el
sexenio calderonista.

9. Hablar de desempleo es también abarcar la precarización del trabajo, los
datos muestran que el número de mexicanos ocupados en la economía
informal asciende a casi 14 millones; de ellos, 4.2 millones pertenecen a la
población ocupada que no recibe ingresos; 6.4 millones perciben cuando
mucho un salario mínimo, y otros 10.8 millones ganan entre uno y dos salarios
mínimos. Según cifras del INEGI ha aumentado el desempleo, la ocupación
parcial y la desocupación con estos porcentajes: en 2006 la tasa de
desocupación era del 3.6% mientras que en 2011 ascendió al 5.4%; en 2006 la
de subocupación era del 6.9% mientras que en 2011 ya ascendía al 8.2. % Tal
como lo muestran estos datos, entre las circunstancias que privan en el
mercado de trabajo, como son: el desempleo, trabajos en condiciones
laborales precarias (sin ingresos o con muy bajos ingresos), la informalidad y la
subocupación, da como resultado que más de 12 millones de jóvenes
enfrentemos dificultades de inclusión en una trayectoria de trabajo decente.
Este modelo económico necesita del despojo de las garantías de los
trabajadores, para ello se implementan diversas medidas que evitan que estos
se organicen y defiendan sus derechos, durante el sexenio de Felipe Calderón
se han dado problemáticas como la desaparición de Luz y Fuerza, algunos
“charrazos” en el magisterio, como en Chiapas, Baja California y Sección IX
D.F.. No se ha dado solución a la situación con Elba Esther Gordillo y el SNTE,
símbolo del charrismo sindical, el conflicto con la CNTE, la situación con los
mineros desde 2006 en Cananea, Sicarsa, Taxco y Sombrerete, los
trabajadores de tierra en aviación, los de la vidriera en San Luis Potosí y los
petroleros independientes, entre otros.
Este modelo económico no sólo reduce las condiciones de vida de la
mayoría de la población en beneficio de unos cuantos sino que también se
basa en la sobreexplotación de los bienes naturales del país. El modelo
económico depredador, tanto en su ámbito productivista en el sector rural, en el
desarrollo de infraestructura turística por y para extranjeros, así como en su
dimensión extractivista, implica un fuerte deterioro ambiental, caracterizado por
pérdida de hábitats y biodiversidad, aceleración de los procesos de
desertificación, pérdida y degradación de suelos, incapacidad de captación de
agua, menoscabo de reservas de agua fósil, intrusión de agua contaminada en

10. las costas, deterioro o desaparición de lagunas costeras; en resumen, la salud
y funcionalidad de los ecosistemas, y con ello la degradación de los recursos
ambientales, básicos para la supervivencia humana y de la vida misma. Estos
procesos han generado a la vez un enorme proceso de resistencia de pueblos
y comunidades campesinas y de pueblos originarios que son despojados de
sus tierras para fomentar el crecimiento económico basado en megaproyectos
de infraestructura, mineros, carreteros, energéticos, entre muchos otros
destacando los procesos de resistencia en defensa de la tierra, el territorio y los
bienes naturales en La Parota Guerrero, Huexca, Morelos, El zapotillo, Jalisco,
Cherán, Michoacán, Ostula, Michoacán, Ocotlán, Oaxaca, Cerro de San Pedro,
San Luis Potosí, en Magdalena Contreras en Ciudad de México entre cientos
de resistencias más.
En conclusión, el sexenio de Calderón sólo ha profundizado un modelo
económico basado en la pobreza y marginación de la mayoría de la población,
en la explotación de los recursos naturales a costa de las comunidades y
donde el objetivo principal es la ganancia de los grandes capitales nacionales e
internacionales. El movimiento #Yo soy 132 está consciente que el mercado no
es la panacea para la solución de los males sociales y que el gobierno y la
sociedad deben de jugar un rol fundamental para resolver los problemas
económicos que aquejan al país. El neoliberalismo nos empobrece, excluye,
margina y violenta, es por eso que el movimiento #YoSoy132 se pronuncia a
favor de una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz.
4. Cambio al modelo de seguridad nacional y justicia
En el año 2006 Felipe Calderón Hinojosa arribó a la presidencia luego de un
proceso electoral en el que quedó en duda su triunfo, abriendo así un periodo
de polarización social sin precedentes en los últimos 30 años en México, cuyo
ejemplo sustancial fue la movilización social en el estado de Oaxaca del
movimiento magisterial. Producto de la debilidad e ilegitimidad del nuevo
gobierno, éste emprendió una Guerra contra el crimen organizado que se
transformó discursivamente en una Guerra contra el narcotráfico.
Esta guerra, como señalan los análisis de autores como Ana Esther
Ceceña, Carlos Fazio y Laura Carlsen, consultados por el Movimiento

11. #YoSoy132, fue emprendida por el Gobierno Federal como parte de la
estrategia de legitimación de un gobierno emanando de un proceso electoral
cuestionado y la necesidad de aumentar los lazos de subordinación
diplomática, política y militar del Estado mexicano con la política de Seguridad
Nacional de la Casa Blanca, esto mediante la firma de planes y tratados
internacionales como la Alianza para la Prosperidad de América del Norte
(ASPAN por sus siglas en inglés) y el Plan Mérida.
Producto de estas alianzas, el Estado mexicano ha recibido más de
1,400 millones de dólares cada año bajo el rubro de ayuda (según datos del
Colegio de México) al combate al narcotráfico por parte del Congreso de los
Estados Unidos bajo el rubro del Plan Mérida, mediante el cual se ha
emprendido ofensivamente una política de guerra en Centroamérica, el Caribe
y Sudamérica. El ejemplo más claro de ello es la instalación de la Oficina del
Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado en México el pasado mes
de mayo del 2012, que impulsará la “Guerra contra el narcotráfico” y la
militarización de Centroamérica y el Caribe.
Revistas de investigación como Proceso y Contralínea han dado cuenta
del avance y profundización de la injerencia de los Estados Unidos en México:
la presencia de autoridades y efectivos de la DEA, CIA y el FBI en acciones de
inteligencia en territorio mexicano tuvo su ejemplo emblemático en el Operativo
Rápido y Furioso en el año 2009, con lo que se permitió el tránsito de más de
2,000 armas y municiones en territorio nacional. A la par, el adiestramiento en
“contrainsurgencia” de mandos militares mexicanos por el Comando Norte ha
sido una muestra de la subordinación militar al Pentágono, junto con la
activación de la IV Flota en 2008 bajo el cobijo del gobierno de Calderón, el
cual permite el fortalecimiento de la presencia militar de los Estados Unidos,
México y toda América Latina.
En este mismo contexto, según José Luis Piñeyro de la revista
Contralínea, Felipe Calderón destinó de 2007 a 2011, 320 mil millones de
pesos del erario público en materia de seguridad el 2.5% del PIB, el triple de lo
que destina a educación y aproximadamente el 17.4% de los recursos
destilables a este rubro por año, lo que ubica a México en el onceavo país con
más gasto en materia de seguridad en todo el mundo según estudios del World

12. Military Expenses. Con estos recursos el gobierno Calderonista ha emprendido
una campaña de militarización del país que, según la revista animal político, ha
llevado a más de 45,000 militares y un número indeterminado de marinos, a los
diferentes estados en los que la violencia del narcotráfico de ha manifestado.
Esta estrategia de militarización del país en la guerra contra el
narcotráfico, no ha demostrado ser efectiva, pues lejos de terminar con la
violencia atribuida al crimen organizado, esta guerra ha acrecentado,
multiplicado y complejizado los escenarios en los se da dicha violencia. La
guerra, esta guerra que los ciudadanos no pedimos ha causado una verdadera
catástrofe social:
80,000 muertos, 250,000 desplazados de manera
forzada, 30,000 desaparecidos, 20,000 huérfanos y 5,000
niños asesinados.
Estas cifras, que no sólo dan cuenta de la gravedad de la crisis social en la que
la sociedad mexicana ha sido sumida, son también una muestra del desprecio
que el gobierno de Calderon muestra hacia las víctimas de esta guerra.
Somos víctimas, no somos "daños colaterales", no
aceptamos esa condición porque ésta exonera de
responsabilidades a quienes nos han obligado a vivir en
este estado de excepción, a quienes han sido cómplices
por cerrar los ojos y suprimirnos, por desconocernos,
por matarnos, secuestrarnos, y desplazarnos una y otra
vez con su política de muerte. (Mauro, Victima, San
Fernando, Tamaulipas)
Por lo anterior, reconocemos que tal como dice Conflict Barometer, el
fenómeno de barbarie acontecido en México es el mayor conflicto militar en
toda América Latina en el siglo XXI. Y nos sumamos a los balances y e
informes de organizaciones como Amnistía Internacional, el Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la organización civil Human Right Watch que mencionan que esta
guerra a construido verdaderos monumentos a la barbarie moderna como: la
llamadas narcofosas donde fueron encontrados los cuerpos de 78 migrantes en
el estado de Tamaulipas en el año 2010 y más de 150 cadáveres en Durango,

13. los registros de cientos de violaciones de derechos humanos por parte de las
Fuerzas Armadas o Policías Federales, el asesinato de jóvenes en masa como
en Villas de Salvarcar en 2010, son algunas de las cicatrices que han hecho
que la sociedad mexicana viva con miedo.
Concluimos denunciando que desde enero del 2010, la criminalización
de la luchadores sociales que se han opuesto a esta guerra nos ha dejado
heridas profundas: el asesinato de Josefina Reyes Salazar, y los subsecuentes
desapariciones y asesinatos de María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes
Salazar, Luisa Ornelas Soto, Julio César Reyes Reyes y Rubén Reyes Salazar;
la persecución que continuó con la desaparición de Isela Hernández Lara, el
asesinato de Susana Chávez, el asesinato de Marisela Hernández frente al
Palacio de Gobierno en Chihuahua, la muerte de su hija Rubí, el hostigamiento
constante a Norma Andrade; los asesinatos de las periodistas de Contralínea
Marcela Yarce y Rocío González; el asesinato de los comuneros de Ostula,
Pedro Leyva y José Trinidad, el asesinato de Luis K. Fong, el asesinato del
activista de la FfyL Carlos Sinuhé Cuevas Mejía; los luchadores del MPJD
Nepomuceno Moreno, Julia Marichal, Eva Alarcón y Marcial Baustista; los
normalistas de Ayotzinapa Gabriel Echeverría, Jorge Alexis y Edgar David
Espíritu; la periodista Regina Martínez de la revista Proceso; todas estas
heridas aunadas a las decenas de periodistas asesinados durante el sexenio,
los miles de jóvenes, mujeres, migrantes y niños cuyos cadáveres colman
nuestra tierra.
Estamos hasta la madre, hoy decimos basta, no más sangre.
5. Transformación política y vinculación con los movimientos sociales
Informamos que el gobierno de Felipe Calderón no impulsó una
democratización del Estado, sino que por el contrario profundizó sus aspectos
más autoritarios.
Las reformas electorales preservaron un sistema en el que la política
es monopolizada por los partidos, cada vez más alejados de la sociedad y
subordinados a los grupos de poder y a las grandes televisoras, bloqueando el
acceso a una verdadera participación social.

14. El corporativismo y el clientelismo siguen siendo las formas en las que el
gobierno se relaciona con la sociedad. El gobierno prefirió aliarse con las
cúpulas de los sindicatos corporativos y atacar a los trabajadores organizados
de manera independiente y democrática. Además, la flexibilización laboral ha
implicado un ataque a cualquier forma de organización en este sector.
Así mismo, los crímenes de odio hacia las mujeres se presentaron
sistemáticamente en todo el territorio nacional, haciendo evidente la necesidad
de una reforma a la ley que reconozca y penalice estos delitos. El Estado de
México que presenta el mayor número de casos de feminicidios no
reconocidos por el gobierno quien además se opone a la alerta de una
perspectiva de género que reclama la sociedad civil.
La gestión de Felipe Calderón mantuvo una posición autoritaria y
violenta ante la movilización social organizada. La Reforma Penal
Constitucional del 2008, así como la Ley contra la delincuencia Organizada se
han convertido en una forma de control y criminalización de los movimientos
sociales, vulnerando los derechos a la libertad de expresión, de manifestación,
de asociación y sobre todo el derecho a la protesta social.
La paramilitarización del país ha permitido al Estado imponer de manera
violenta las políticas neoliberales de despojo, desplazamiento y
sobrexplotación. El resultado de dichas políticas de Estado se reflejan en:
1.- Presos políticos; aumento sistemático en las detenciones a los luchadores
sociales.
2. La desaparición Forzada, La Campaña Nacional Contra la Desaparición
Forzada, ha reportado 26 casos documentados de los cuales 15 siguen
desaparecidos y 7 son ejecuciones extrajudiciales. En el último año de gestión
hay más desapariciones forzadas que en el periodo que abarca del 2005 al
2010 siendo la mayor parte de los casos registrados en Michoacán.
3. Ataque a defensores de Derechos Humanos. Con un registro de 256 casos
de Violaciones de Derechos Humanos (VDH) documentadas en contra de
personas defensoras, ocurridos de enero de 2011 a marzo de 2012, en todo el
país, el 72% ha sido contra coordinadores, líderes o fundadores de las
organizaciones. El Estado busca que la represión tenga un alcance a largo

15. plazo, es decir, que logre un impacto transgeneracional, lo cual denota la lógica
selectiva y de mayor intensidad con que opera.
4. Ejecuciones extrajudiciales. Es uno de los fenómenos de represión a los
movimientos sociales de mayor impacto y violencia dada su naturaleza de
vulneración del derecho a la vida por parte de quienes deberían garantizar las
condiciones mínimas de seguridad. Durante el último sexenio se ha
documentado un aumento paulatino en las cifras de ejecuciones
extrajudiciales, mientras que en 2008 se registraron 6 casos, en el periodo que
va de enero a mayo del 2012 se han documentado 29 casos, la mayor parte en
Guerrero y Oaxaca.
En un contexto donde las políticas violatorias de los Derechos Humanos
han afectado a los distintos sectores en resistencia, el pueblo de México debe
saber de la arrogancia y la prepotencia con que el actual gobierno federal trata
a los movimientos sociales. Ejemplo de ello son:
El Sector Laboral. El 11 de octubre de 2009, el gobierno federal decidió
atacar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En sus casi 100 años de
histórica lucha, los electricistas han visto afectados por todo el aparato estatal.
Javier Lozano al mando de la Secretaría del Trabajo, negó la toma de nota al
secretario general de este sindicato, además de intentar una y otra vez,
generar división interna. Más tarde, el Ejército y la Policía Federal tomaron por
asalto las instalaciones de la compañía de Luz y fuerza que continuaron
tomadas y saqueadas aún meses después. Fue así como el “presidente del
empleo”, resolvió echar a la calle a 44 mil trabajadores en activo y dejar en la
incertidumbre a 22 mil jubilados. Calderón no ha dado ninguna prueba de sus
acusaciones contra los trabajadores y las tarifas y el servicio eléctrico no han
mejorado.
Otro de los casos paradigmáticos, es el de los 76 mineros sepultados
en la mina de pasta de conchos, en Coahuila. El gobierno tampoco ha hecho
justicia a sus familiares quienes exigen la entrega de los cuerpos de las
víctimas; por el contrario, el grupo minero México sigue operando impunemente
en nuestro país, manteniendo en las peores condiciones a los trabajadores.
En el caso del asesinato de 49 niños en la guardería ABC, en Hermosillo
Sonora; tampoco ha habido deslinde de responsabilidades, ya que ni Eduardo

16. Bours, ex gobernador de Sonora, ni Juan Molinar Horcasitas, ex director
general del IMSS, han pisado la cárcel. Aquí tampoco ha habido justicia.
Siguen sin cumplirse los Acuerdos de San Andrés y nuevamente se atenta
contra la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas. Prueba de
ello es la impunidad ante los asesinatos y desapariciones de los comuneros de
Cherán quienes luchan por su autonomía, así como el hostigamiento a la
policía comunitaria de Guerrero que ejerce sus formas de justicia y
autogobierno, así como los ataques y hostigamiento a las comunidades
indígenas zapatistas.
6. Cambio al modelo de salud
Nuestra lucha es a favor de la salud, la justicia, la libertad y la democracia. Ello,
porque estamos seguros de que son el único camino para brindarle una vida
digna a todos los habitantes de nuestro país. Con base en lo anterior, es
nuestra responsabilidad denunciar lo que ha sucedido en el sexenio del
presidente ilegítimo Calderón, lapso de tiempo en el cual consideramos que el
mal gobierno ha demostrado un desprecio rotundo por la vida de nuestros
conciudadanos.
El actual gobierno ha incumplido el mandato constitucional de garantizar
el derecho a la Salud, consagrado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna
y el correspondiente al artículo 123 que establece que los salarios mínimos
generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la
educación obligatoria de los hijos. La salud, entonces, no es un área que deba
ser dejada a la deriva o la suerte, cuidarla, es el mandato supremo de nuestra
sociedad y no admite ninguna excepción.
Bajo la ideología neoliberal que ha demostrado ineptitud al ser una de
las principales causas de la crisis del 2009, le brinda continuidad al proceso de
privatización del sistema de salud mexicano, y es por ello que junto con Zedillo
y Fox, Calderón permitió y fomentó el desmantelamiento y desfinanciamiento
del IMSS e ISSSTE.
También, se ha cimentado el camino de la privatización de la salud, con
el fortalecimiento del llamado Seguro Popular, no siendo otra cosa que un

17. paquete de servicios básicos, debido a que no cubre de forma real las
demandas de salud de nuestra población porque debido a que no cuenta con la
infraestructura suficiente para ello, abriendo la puerta a los prestadores
privados. Ya establecido este paquete básico de servicios, el siguiente paso es
la “universalización”, que busca reducir las prestaciones que hoy gozan los
derechohabientes de la seguridad social, entendiéndose como una
universalización de la precariedad.
Así, señalar los principales problemas que aquejan a nuestra nación,
nos servirá para mostrar el estado de cosas que impera bajo el gobierno de la
derecha. Como puntos de importancia se hallan la obesidad y las
enfermedades conjuntas tales como la diabetes, la hipertensión arterial
sistémica y sus complicaciones, las muertes por violencia que tanto han
dañado a nuestra población desde la “guerra contra el narco”. De igual manera
la desnutrición y los problemas que le acompañan principalmente en los niños
y las poblaciones indígenas.
Otro punto es el de la mortalidad materna durante el embarazo que está
lejos de alcanzar las metas del milenio que propone la ONU. Por otra parte,
tenemos el caso de la subrogación y la concesión de servicios a particulares
con efectos negativos como fue el el caso de la guardería ABC, donde
perecieron 49 niños y 101 resultaron lesionados sin que hasta la fecha haya
responsables.
La destrucción de nuestros entornos naturales acarrea serios problemas
de salud que tienen que ver con la disposición y acceso al agua potable, la
desnutrición, males respiratorios por la pésima calidad del aire y existe,
también, un descuido en la seguridad alimentaria del país como lo demuestra
la reciente importación de maíz de África, y de huevo de varias partes del
mundo (con su crisis actual), el sometimiento a la industria alimenticia y la nula
regulación en los medios masivos de comunicación en materia de alimentos
chatarra.
Señalamos que los médicos, residentes, pasantes e internos en este
sexenio son ejemplos de las nuevas formas de organización del trabajo a
quienes se les impone una amplia flexibilidad en los horarios, largas jornadas
laborales, cargas intensas de trabajo, polivalencia y con responsabilidades que

18. en la vía de los hechos deben asumir por la falta de médicos de base. Son la
fuerza laboral en que se funda la atención médica en los 3 niveles de atención
tanto en el campo como en la ciudad.
De ésta manera, la imposición de Enrique Peña Nieto busca culminar la
obra que iniciaron las administraciones panistas, beneficiando a la iniciativa
privada a través de fondos públicos en detrimento del bienestar de la población
en lugar de fortalecer las instituciones de salud que ya se tienen..
Finalmente, nos manifestamos por un sistema de salud de acceso a toda
la población sin limitación alguna, que contemple todas las enfermedades, que
sea de calidad, efectivo, basado en la prevención y promoción de la salud. Un
sistema sanitario que verdaderamente atienda las enfermedades crónico-
degenerativas y no las convierta en motivo de lucro.
Estos son los saldos de estos seis años:
Ha sido un sexenio lleno de hambre, exclusión, desinformación,
desigualdad, enfermedad, despojo, represión y muerte. Felipe Calderón
es responsable por estos seis años de decisiones tomadas a espaldas de
la sociedad. Sabemos que este gobierno ha sido la continuación de un
sistema corrupto, donde unos cuantos imponen sus intereses sobre las
necesidades de los más y sabemos que con Enrique Peña Nieto este
sistema simplemente tomará un nuevo rostro y otra vez nosotros, la
sociedad pagaremos los costos impuestos por esta clase política. Pero
también sabemos que hoy tenemos la posibilidad de organizarnos, de
resistir contra estas políticas, de proponer un país diferente.
Por eso convocamos a todos, a la sociedad en general a que participe de
este diálogo y a unirnos en una lucha fraterna por la transformación de
México.
Construyamos el camino que florece en nuestras manos.
Por una democracia auténtica
#YoSoy132