2. Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y
desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva
contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer el PP. Los ciudadanos deben
saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que
implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo.
LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.
Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad del
sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por
intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado como un problema técnico cuando es un
problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en
realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la
sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen”, cuando la
variable importante es “cuánto se produce”.
Conscientes de que se trata de un problema político y no económico, consideramos que nuestro
papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos
aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas.
Hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y
similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca
de la inviabilidad del sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales,
demandando su sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas, que tan solo
pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran.
Por citar tan solo un ejemplo, allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos,
técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad, querían que se pronunciasen sobre
la viabilidad, más bien inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la
conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba. Una vez más se
empleó la expresión quiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron facilitados a
la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la
Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?, ¿quiebra?
“Será incompatible con Maastricht”. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se produjo prácticamente
nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un superávit del 0,4%.
La argumentación de todos estos informes era similar: el incremento de la esperanza de vida y la
baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el sistema
público de pensiones. Vaticinaban que en un determinado número de años se produciría la quiebra de la
Seguridad Social. El tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se
cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados
factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de
inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la
población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A cualquiera
se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendrá algo que ver en la solución.
2
3. LA TASA DE ACTIVIDAD, UNA VARIABLE RELEVANTE
La incorporación de mayor número de mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia el
incremento sustancial de la tasa de actividad. Sin modificar la población total, el número de los
trabajadores potenciales ha aumentado de forma considerable. España goza de un amplio margen para
avanzar en esta variable, dado que la tasa de actividad femenina es aún baja, en cualquier caso menor
que la de otros países. A su vez, las llegadas de trabajadores inmigrantes también incrementan la tasa
de actividad, pues aunque se eleva la población total, todo el aumento producido es de activos. Es una
ironía contemplar a la “Europa fortaleza” preocupándose por la reducida tasa de natalidad y el
envejecimiento de la población. Si el problema radicara solo en estas variables, la solución sería
bastante sencilla: se trataría simplemente de abrir las fronteras a los trabajadores inmigrantes.
Llegados a este punto, está claro que sería un grave error considerar la población activa
como núcleo del problema. El factor más importante no es el número de personas dispuestas a trabajar,
sino las que realmente puedan hacerlo. Si aceptamos esta premisa, la medida de retrasar la edad de
jubilación carece de todo sentido cuando existe un altísimo nivel de paro. En 2013, en España, con 6
millones largos de parados, elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años no tiene demasiada
lógica.
LA PRODUCTIVIDAD, FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES
Pero ahondando más en la materia, al plantear la cuestión de las pensiones hay que superar
también la visión estrictamente cuantitativa del número de trabajadores para considerar, además, la
productividad. Como ya hemos dicho, el problema no estriba en cuántos son los que producen sino en
cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es
diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen
un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por
pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador
será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años el
30% de la población activa española trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5%, pero ese
4,5% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener
a un número mayor de pensionistas.
CONSECUENCIAS DE UNA VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO
Ha sido el Pacto de Toledo, o una visión sesgada del mismo, lo que ha introducido al sistema
público de pensiones en un laberinto de difícil salida. A ello ha contribuido la consideración de las
cotizaciones sociales como fuente exclusiva de financiación de las pensiones, no encontrando entonces
otra salida que no sea la disminución de las prestaciones.
Se llama Pacto de Toledo al documento aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados,
en la sesión del 6 de abril de 1995, titulado "Análisis de los problemas estructurales del sistema de
Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse". Su origen inmediato se debe
buscar en la aprobación por el Congreso de una proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se
creaba una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para analizar los problemas
3
4. estructurales de la Seguridad Social. Pero esta iniciativa parlamentaria no descendió del cielo, sino que
surgió de un escenario formado por dos hechos que se complementan.
El primero es una ofensiva internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las
privadas, que partía de ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o la Unión Europea.
Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los países, potenciadas por las entidades
financieras y por la mayoría de las fuerzas económicas y políticas.
El segundo hecho es nacional y reside en las acusaciones mutuas entre los dos partidos políticos
mayoritarios de nuestro país, que se reprochaban poner en peligro el sistema público de pensiones. El
PSOE, desde el gobierno, hacía propaganda del mérito de pagar a los pensionistas, y ante la amenaza
de perder las elecciones generales -como así ocurriría en 1996- difundía la idea de que la llegada de la
derecha al poder suponía un grave riesgo para esta prestación social. Al mismo tiempo, ante el déficit
que en aquel momento mostraban las cuentas de la Seguridad Social, el Estado, en vez de enjugarlo con
transferencias a fondo perdido, lo compensaba mediante préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un
mensaje negativo al presentar la Seguridad Social como una institución distinta del Estado y, por otra,
desde el punto de vista financiero, la colocaba en una situación crítica de cara al futuro. Este hecho daba
ocasión al PP para acusar al Gobierno de ponerla en peligro.
La presencia de ocho millones de pensionistas, convertidos en ocho millones de votantes, cuyo
ámbito de preocupaciones, en esta etapa de su vida, se circunscribe en buena medida a cómo afrontar
económicamente los últimos días de su existencia, es bastante aliciente para que los dos partidos
mayoritarios utilicen el tema de las pensiones como arma electoral. Los jubilados son percibidos como
presa fácil de la demagogia política.
Esta similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios resultaba preocupante
porque sembraba la sospecha de que tanto uno como otro consideraban las pensiones públicas como
algo graciable que podía reducirse. Cuando piensan que están perjudicando a la otra formación política,
en realidad lo que hacen es descubrir su concepción espuria sobre el tema. El simple hecho de dar como
posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al Estado social que consagra la
Constitución.
LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES ALGO DISTINTO DEL ESTADO
La auténtica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad
Social como algo distinto y separado de los servicios del al Estado. El divorcio solo es planteable desde
una concepción neoliberal, pero no desde los principios constitutivos del Estado social. En su virtud, la
protección social no es algo accidental al Estado sino una responsabilidad de éste, algo que sigue a su
esencia. El Pacto de Toledo realizó una segregación entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la
separación de fuentes de financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no contributivas,
pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con impuestos, otras, las contributivas, quedan
confinadas en el ámbito de la Seguridad Social y financiadas con cotizaciones sociales. Bien es cierto
que el Pacto de Toledo utilizaba la palabra “preferentemente” en lugar de “exclusivamente”, pero lo cierto
es que, en la práctica, tal matización se olvida y se hace depender el mantenimiento de las pensiones
únicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su financiación se hace en extremo vulnerable.
4
5. Anteriormente no había sido así. De hecho, en los presupuestos del Estado aparecían
transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social. La Ley de Presupuestos de 1989 estableció
un cambio de modelo de financiación mediante el compromiso de financiar progresivamente con
aportaciones públicas. Los complementos de mínimos de las pensiones y la sanidad Fue en 1994
cuando se introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y
prestaciones con préstamos del Estado en vez de hacerlo mediante transferencias, prueba palpable de
la distinción que se quería hacer entre el Estado y la Seguridad Social. El tema era tanto más grave
cuanto que en 1995 se reduce un punto la cotización por contingencias comunes.
La separación de fuentes se ha entendido como algo estructural, no como un mero instrumento
para la transparencia y una administración racional de los recursos del Estado. Este mecanismo se ha
transformado en una característica esencial del sistema y, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha
dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe
autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública. Esta concepción es claramente
abusiva y coloca a la Seguridad Social en una situación de mayor riesgo, dificultando además toda
mejora en las prestaciones.
EL FONDO DE RESERVA
Este diseño de sistema cerrado que se da a la Seguridad Social tiene su contrapartida en
el establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de reserva. Se estipula que en las épocas en que la
recaudación por cotizaciones sociales exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para
subvenir a financiar el déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo al que vulgarmente se
llama “hucha de las pensiones” lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la
garantía de que detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su poder económico.
La prueba evidente es que de nada ha servido que durante todos los años de bonanza se haya ido
incrementando y que los distintos gobiernos de uno o de otro signo se hayan vanagloriado de ello. Ha
bastado que se produjesen los primeros déficits en el sistema para que surja con virulencia una
propuesta de reforma y de reducción de las prestaciones.
LAS PENSIONES NO TIENEN
COTIZACIONES SOCIALES
POR
QUÉ
FINANCIARSE
EXCLUSIVAMENTE
MEDIANTE
En un Estado definido como social por la vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso
inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son
todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado,
también a las pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y
contable pero no económica y, mucho menos, política; es más, el hecho de que la sanidad y otros tipos
de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social hoy se encuentren en los presupuestos
del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se trata de una separación convencional.
La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra solo se concibe unida a la quiebra
del Estado y el Estado no puede quebrar. Como máximo puede acercarse a la suspensión de pagos,
pero tan solo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente
los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública,
funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de
pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra
5
6. de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen mayor riesgo de volatilizarse,
como ha demostrado la pasada crisis bursátil. Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos
podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que cierto
dogmatismo económico nos introduzca en una coyuntura de difícil salida.
LAS PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN
Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las
pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas
de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a
los ciudadanos durante la tercera edad”. Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los
ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su
naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una
determinada fuente de ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el
pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no
son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser
cubierto por las aportaciones del Estado.
El denominado “déficit del sistema”, más allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente
de sentido. Realmente solo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el desfase
entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de aquel, sin que tenga sustantividad
propia. No se puede pretender que esté en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones por el hecho
de que en una coyuntura como la actual se necesite que a los ingresos por cotizaciones se sumen otras
aportaciones del Estado.
Asimismo, vincular la viabilidad del sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis,
en la que la caída brutal del empleo (provocada en parte por la propia política económica adoptada a
nivel europeo y nacional) ocasiona una reducción de ingresos por cotizaciones, no parece razonable. El
hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones,
si indica algo es que lo insostenible es la caída de los ingresos debida a la recesión, y que, por
extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión. Lo que se debería estar haciendo de
forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del
empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo
“seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política
económica seguida.
TAMBIÉN HAY QUE CONSIDERAR LOS INGRESOS
Es curioso que la cuestión se haya planteado siempre desde el lado del gasto para reducirlo, y
nunca desde la óptica de los ingresos y de su posible incremento; más bien todo lo contrario, de vez en
cuando surgen presiones para disminuir las cotizaciones sociales. Estas presiones que, en los
momentos actuales, proceden incluso de la propia Unión Europea, añaden sin duda un factor más de
inseguridad si hacemos depender exclusivamente las pensiones de las cotizaciones, tal como se asume
en el informe de los expertos del Gobierno. Es una evidencia que las reivindicaciones para reducir las
cotizaciones aumentarán en el futuro bajo el argumento de que estas constituyen un impuesto sobre las
nóminas, y que deberían ser sustituidas por impuestos indirectos.
6
7. El gasto, en relación al PIB, del sistema público de pensiones español es reducido cuando lo
comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno, por lo que no parece que tenga
mucho sentido hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras
que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%. Y aun cuando
no se modificase el sistema, la situación no va a cambiar durante muchos años. Siempre siguiendo los
datos de la Comisión Europea (que es la instancia que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes),
en 2030 nuestro gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo mismo que hoy gasta Alemania
(10,5%). Y aún en 2035, nuestro gasto será del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la
premura ni la obligación por el lado del gasto.
Tras la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite
la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report, sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de
ese momento el gasto se reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la llegada a la
edad de jubilación de las generaciones del baby boom es sustituida por el efecto contrario: la llegada de
las generaciones de la más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos que destinar a las
pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países como Austria,
Francia o Italia.
LA RENTA PER CÁPITA COMO VARIABLE ESTRATÉGICA
Por otra parte, la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y
pasivos no son las únicas variables que habría que tener en cuenta si se quiere comprobar la viabilidad o
inviabilidad del sistema público de pensiones, sino también la evolución de la renta per cápita. Si la renta
per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de
ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita
aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que
incrementarse por encima del coste de la vida.
El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no de escasez
de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y
es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no
hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de
la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva.
MÁS BIENES PÚBLICOS
Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también que las
necesidades que deben ser satisfechas cambien y, por tanto, haya una variación de los bienes y
servicios que hay que producir. Es muy posible que la decisión que adopte el mercado referente a estos
no sea la adecuada -en contra de lo que piensa el liberalismo económico- a las necesidades reales, ni en
su composición cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo en el sector industrial y en el de
servicios presentan nuevas contingencias o, al menos, contingencias mucho más acusadas que en el
mundo rural. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida crean
nuevas necesidades y exigen por tanto la necesidad de que las sociedades se doten de nuevos
servicios.
7
8. John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años que todos estos cambios exigían una
redistribución de los bienes y servicios que deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a
favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien diga que estos bienes y
servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal
aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos
en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus
propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente para
garantizarse una pensión de jubilación digna? La única dificultad es ideológica. Bajo el poder absoluto
del neoliberalismo económico, una sola tendencia pretende imponer su ley: más iniciativa privada y
menos sector público.
El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema
público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo a financiar las
pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los
dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos
condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos,
una especie de eutanasia colectiva.
EL SISTEMA ESPAÑOL NO ES GENEROSO
El tema de las pensiones lleva ya muchos años acumulando tras de sí todo tipo de
falacias y sofismas. Una de las más importantes quizá sea la afirmación de la OCDE y de otros
organismos internacionales acerca de que las pensiones en España son muy generosas. Cosa curiosa,
porque para generosidad la que estos organismos tienen con sus funcionarios. Trabajar unos pocos
años en cualquiera de ellos garantiza una generosa pensión que ya quisieran para sí los trabajadores
con mejor cualificación de nuestro país.
Esa versión alejada de la realidad de las pensiones españolas proviene de unos planteamientos
que no se corresponden con los datos, Además, las comparaciones internacionales resultan muy
complicadas en estos casos. Parten de la siguiente pregunta: ¿qué pensión le correspondería en
relación con su último salario a un trabajador que hubiese cotizado el número mínimo de años para
percibir la pensión máxima (en España, más de 35) y se jubilase a la edad legal (en nuestro país, 65
años, por ahora)? Este porcentaje, que se sitúa en España por encima del 90%, es superior al de
muchos países de la Unión Europea, pero paradójicamente no a los de Portugal y Grecia. Por tanto,
según este indicador, los países con menos ingresos de la Unión son los más generosos con sus
jubilados.
En realidad, se trata de todo lo contrario, porque el indicador anterior es un porcentaje teórico
que pasa por alto muchos factores: la dinámica del mercado de trabajo, la penalización de la jubilación
anticipada, topes máximos, salario mínimo, bases sobre las que cotizan determinados regímenes,
pensiones mínimas, sistema fiscal, etc. La tasa real en nuestro país está muy alejada de ese porcentaje.
En vez del 90%, la cifra que se obtiene computando todos los factores, no alcanza siquiera el 60% del
salario medio. En 2011, la media de las nuevas pensiones de jubilación ascendió a 1.200 euros
mensuales, mientras que el salario medio bruto para el cuarto trimestre de ese año fue de 2.020 euros.
El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral
de pobreza. En 2011, la cuantía de la pensión media de jubilación ascendió a 915 euros, y el 72% de los
8
9. jubilados cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700
euros).
SE PRETENDE FAVORECER LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES
Existen sospechas bien fundadas de que las múltiples campañas realizadas para sembrar dudas
acerca de la viabilidad de las pensiones públicas tienen también como finalidad potenciar los fondos
privados de pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad de completar las
pensiones públicas con pensiones privadas. Lo primero a considerar es lo incorrecto y cómo induce a
engaño la denominación “pensiones” aplicadas a los fondos, al menos tal como se instrumentan en
España, donde las aportaciones las realizan solo los particulares y no las empresas. De hecho, la única
alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada persona de forma individual ahorre para
la vejez. Pero para ese viaje no hacían falta tales alforjas. Si es así, lo que resulta aún más indignante es
que pretendan decirnos en qué inversiones tiene que materializarse nuestro ahorro. ¿Por qué en fondos
y no directamente en bolsa o en vivienda o en obras de arte o en cualquier otro activo? Los fondos de
pensiones no son más que una forma de ahorrar y no precisamente de las más ventajosas para el
inversor. Habrá que cuestionarse el motivo de incentivar un sistema de ahorro (los fondos de pensiones)
en detrimento de otros.
Supeditar la solución de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya
podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran
mayoría de la población. Es bien sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro
(no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para
garantizar el mínimo vital en la jubilación.
Los mal llamados fondos de pensiones solo benefician a las entidades financieras depositarias
de las inversiones y que controlan a las gestoras. De hecho, dejarían de existir tan pronto como
desapareciese la desgravación fiscal, tal como se encargaron de difundir sus propios defensores cuando
se expandió el rumor de que iban a perder los beneficios fiscales. ¿Pero cuál es entonces la razón de ser
de un producto financiero que sin desgravación fiscal nadie -ni ricos ni pobres- estaría dispuesto a
demandar? Para el participante carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez, carencia de control de la
inversión, pago de importantes comisiones, etc. Pero, precisamente lo que son rémoras para el cliente,
se convierten en ventajas para las entidades financieras: fondos cautivos que manejan a su antojo a
través de las gestoras y que les dotan de enorme poder económico, a la vez que les permiten apropiarse
mediante distintas comisiones de la casi totalidad de la rentabilidad que tales recursos puedan generar.
CAPITALIZACIÓN O REPARTO
Los propagandistas de los fondos de pensiones cantan las excelencias del sistema de
capitalización sobre el de reparto, identificando el primero con el privado y el segundo con el público. En
realidad, cuando se trata de un sistema público la distinción entre capitalización y reparto es más teórica
que real. Si por una parte puede suponerse que las pensiones de los pasivos se financian con las
cotizaciones de los activos -estaríamos entonces en un sistema de reparto- también puede suponerse, y
esto sería más exacto, que en función de la unidad de caja del Estado todos los ingresos, incluidos
impuestos y cotizaciones sociales, financian todos los gastos, también los de Seguridad Social.
9
10. Si esto es así, el sistema actual, al que llamamos de reparto, se convertiría en un sistema de
capitalización. Podemos suponer que los recursos aportados hoy por las cotizaciones serían un
préstamo que los trabajadores actualmente activos realizan al Estado y que este dedicará a financiar la
inversión social y pública, desde la educación a la sanidad, pasando por carreteras, comunicaciones,
tecnología, empresas públicas, etc. Dicho préstamo al Estado se devolverá junto con los intereses a los
cotizantes de hoy en forma de pensiones. Del mismo modo, las prestaciones sociales que actualmente
se pagan son el retorno a los jubilados de lo que cotizaron (préstamo al Estado) en el pasado. Que la
distinción es más teórica que real se percibe con claridad en el hecho de que muchos fondos privados de
pensiones terminan invirtiéndose en deuda pública, es decir, prestando al Estado. Lo que está en juego,
por tanto, es la intermediación de las entidades financieras.
La argumentación anterior hace que carezca de sentido el reproche al sistema público de
pensiones de que genera una situación intergeneracional injusta, ya que obliga a las generaciones
futuras a mantener a un mayor número de pensionistas. Las cotizaciones y los impuestos de esos
jubilados han hecho posible mediante la educación, las infraestructuras, la investigación, etc., que la
productividad en una serie de años se haya multiplicado y que el trabajo de los activos de ahora y del
futuro produzca mucho más y que la renta per cápita sea también mayor.
No obstante, todo lo hasta aquí afirmado responde a la óptica macroeconómica, analizando los
efectos globales o a partir del análisis de la prestación promedio. Mas el punto de vista cambia cuando
se trata de la conveniencia de un determinado particular, entonces sí puede haber una distinción radical
y fundamental entre el sistema público y el privado. En el segundo, no se da ninguna redistribución de
rentas. Existe una correspondencia unívoca entre cada prestación y la correspondiente cotización
individual. Las diferencias que se pueden generar en el sistema privado son muy superiores a las de un
sistema público, hasta el extremo de que para muchos colectivos los planes de pensiones son
prácticamente inaplicables, teniendo que hacerse cargo el sector público en último término de las
prestaciones.
CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
El pacto de Toledo tuvo al menos un efecto positivo que es el que ahora se intenta desterrar: el
compromiso de las distintas fuerzas políticas acerca de que las pensiones se actualizarían anualmente
de acuerdo con el incremento del índice de precios al consumo. La medida parecía justa y lógica. Justa
porque así lo proclama nuestra Constitución y lógica porque con la inflación también se incrementan y a
veces más que proporcionalmente los ingresos del Estado. Hay una afirmación que debería ser de
común aceptación: mientras que la renta por habitante de una población se mantenga constante o
crezca, ningún miembro de ella, bien sea pensionista, funcionario, escritor o bombero, tiene por qué ver
empeorada su situación en cuanto a ingresos. La no actualización de las pensiones conduce a que los
jubilados vean que su pensión se reduce año a año. El planteamiento de los expertos del Gobierno
consiste en utilizar la inflación, aprovechando la ilusión monetaria, para reducir progresivamente las
pensiones, de manera que se cierre el desfase existente por otras causas entre las cotizaciones y las
prestaciones.
Si en un periodo determinado de tiempo las pensiones suben por término medio menos que lo
que lo ha hecho la renta per cápita es porque otras rentas, bien sean las salariales, las de capital o las
empresariales, lo hacen en un porcentaje mayor, es decir, se modifica la redistribución de la renta en
contra de los pensionistas; ni que decir tiene que este efecto es mucho mayor cuando se pretende que ni
10
11. siquiera mantengan el poder adquisitivo. Los expertos del Gobierno hablan de un factor de equidad
intergeneracional, pero lo cierto es que todas las recomendaciones que ofrecen en su informe tienden a
romper tal equidad, condenando a los pensionistas a un empobrecimiento progresivo en favor de otras
rentas y es bastante lógico suponer que estas serán las de capital.
No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la
sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las
continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El riesgo viene de una ideología
liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de
los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con
Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que
prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que
tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.
ASEGURAR LAS PENSIONES PÚBLICAS ES TAREA DE TODO EL SISTEMA FISCAL
Asegurar pensiones públicas que permitan mantener un nivel de vida digno es una cuestión de la
máxima importancia social y política. Los principios que deben regir la gestión de este derecho de la
ciudadanía se encuentran en los textos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Ya hemos
mencionado el artículo 50 de la Constitución, que garantiza a todos los ciudadanos de la tercera edad
pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente. En consecuencia, y como ya se ha argumentado
anteriormente, en épocas de déficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo de
los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser ningún problema, si se aplicara el
principio de progresividad, establecido en el artículo 31 de la Constitución, y si las principales empresas
del país y las grandes fortunas pagaran las cantidades que en justicia les corresponden y en estos
momentos eluden. No se trata de confiscar el dinero de nadie: una contribución similar a la de sus
equivalentes en otros países europeos -Estados social y democráticamente más avanzados- sería
suficiente.
Para todos los que luchamos por la democracia y la justicia social, el máximo referente normativo
no puede ser otro que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su memorable artículo 25 hace
una mención expresa a la tercera edad, en relación al derecho a un nivel de vida adecuado y al
bienestar, derecho que todo ser humano posee. Es más, el artículo 22 establece que “toda persona,
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.
DERECHO CONSTITUCIONAL
En tanto en cuanto recibir una pensión digna es un derecho constitucional y un derecho
garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los abajo firmantes, economistas,
profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, no podemos dejar de denunciar
enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, que supone un
nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras:
- Denunciamos que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin
participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones.
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12. Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan
numerosa de la población que seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer
para recuperar la confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesión. Y además, justificar
la reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a los grandes grupos financieros de presión es
una verdadera traición a los intereses de la mayoría de la población.
- Denunciamos ante la opinión pública que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que
ponga en peligro el futuro de las pensiones.
Es verdad que en los años próximos habrá más personas jubiladas y, en proporción, menos
empleadas, pero no es cierto que de ahí se pueda deducir que inevitablemente se producirá un
desequilibrio financiero de la Seguridad Social que impedirá pagar las pensiones, salvo que se reduzca
su cuantía desde ahora, como se propone.
El equilibrio financiero depende no solo del número de pensionistas y empleados y de la
magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las
pensiones:
Del empleo, pues cuanto mayor sea el número de empleados más ingresos recibirá la
seguridad social.
De la productividad, pues a medida que aumenta (como viene sucediendo en los últimos
años), se puede obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones incluso con
menos empleados.
Del nivel de los salarios y, por tanto, de la participación de los salarios en los ingresos
totales, pues cuanto mayor sea ésta más masa salarial habrá para financiar las pensiones.
De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña sea más cotizantes
habrá y, en consecuencia, también más ingresos para la Seguridad Social.
Por lo tanto, no es cierto que lo que pone en peligro el futuro de las pensiones sea que,
afortunadamente, aumente la esperanza de vida sino el aumento del paro, la especialización de nuestra
economía en actividades de bajo valor y poco productivas y la desigualdad que hace que los salarios
tengan cada vez menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene ocurriendo como
consecuencia de las políticas neoliberales que han aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo
las directrices de la Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que se está
dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a las grandes empresas y que
está produciendo, precisamente, todo estos fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad
Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la productividad aumente en los próximos
años simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos el proceso creciente de
desigualdad en el reparto de la renta, España podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto en
pensiones que lógicamente se producirá en los próximos años.
-
Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y
catastrofista sobre el futuro de las pensiones.
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13. El engaño que llevan consigo las predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes
es patente si se tiene en cuenta que el último informe de la Unión Europea sobre envejecimiento prevé
que España llegue a un máximo de gasto en pensiones de algo más del 14% en 2050. Se dice que es un
porcentaje excesivo pero se oculta que otros países ya lo han alcanzado en la actualidad. Asumir que
Francia o Italia puede dedicar hoy día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar
más o menos esa misma proporción en 2050 o es de un irrealismo sospechoso o es aceptar sin más que
el paro alcance niveles impensables y que los salarios españoles van a ser mucho peor que
tercermundistas en los próximos años. Pero, en ese caso, resulta también completamente cínico y falso
culpar de la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la esperanza de vida.
-
Denunciamos que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de
treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas anteriormente.
Ninguno de ellos acertó en ninguno de sus estudios en los que asustaban alegando que habría
déficit del sistema de pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual, eran de nuevo
contratados por los bancos y aseguradoras para que los repitieran para otros años, volviendo siempre a
equivocarse y ahora vuelven a presentarse como si ellos fueran los que saben lo que hay que hacer para
hacer frente a los problemas del futuro.
-
Denunciamos también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los
grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.
Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor renta y de cualificación profesional más
elevada tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive
por término medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por tanto, imponer que todos se
jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta más baja financien de modo
desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de
quienes desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales,
como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia inaceptable.
-
Denunciamos que el grupo "de sabios" que ha elaborado la propuesta solicitada por el
Gobierno ha tenido una composición claramente sesgada y muy poco independiente.
La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras
o de seguros que es obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las pensiones y de un
aumento de la suscripción de planes de ahorro privados.
-
Denunciamos que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio financiero
del sistema de pensiones no toma nada más que la medida de recortarlas para alcanzarlo.
Concretamente, el Gobierno no adopta las decisiones que podrían aumentar los ingresos, no
solo haciendo otras políticas que podrían aumentar el empleo o reducir la desigualdad, sino otras más
inmediatas como impedir que se pacten jubilaciones forzosas, la prejubilación de iniciativa autónoma sin
causa objetiva y los despidos en edad de posible jubilación anticipada o, por otro lado, revisar la baja
cotización de casi cuatro millones de personas que se encuentran en los regímenes especiales y los
niveles mínimos y topes máximos de cotización que suponen una fuga inmensa de recursos.
13
14. -
Denunciamos que se oculta a los españoles que las cotizaciones sociales no son
necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas.
Como ya ocurre en otros países, en casos de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el
sistema se puede financiar con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y se
oculta también que se pueden obtener muchos más ingresos públicos para ello y para otros fines si se
reforma el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal,
en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su persecución.
-
Denunciamos que lo que pretenden las reformas que se realizan de las pensiones públicas
es promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad Social.
Es evidente que difundir continuamente informes catastrofistas, estudios sesgados y
predicciones terribles sobre el futuro de las pensiones públicas solo puede tener una consecuencia: que
cada vez más gente desconfíe del sistema público y trate de asegurarse el futuro mediante planes de
ahorro privado. Ese es el negocio que buscan las entidades financieras, pero se oculta a la población
que la mayoría de los trabajadores no podrá ahorrar lo suficiente, que esos fondos son muy inseguros y
peligrosos, y que solo son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre enemigos de
lo público reclaman para que las pensiones privadas puedan resultarles un negocio suculento.
-
Denunciamos la complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un debate
público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones públicas y por
doblegarse ante quienes vienen imponiendo las políticas que crean el paro, la
concentración de la riqueza y el empobrecimiento productivo que las pone realmente en
peligro.
Por todo ello, y a partir de nuestros conocimientos y experiencia como economistas y juristas,
pedimos a la opinión pública que no se deje engañar por argumentos interesados que solo buscan
obtener aún más ganancias, en este caso gestionando los fondos que ahora maneja la Seguridad Social.
Somos plenamente conscientes de que nuestras pensiones públicas corren un grave peligro
pero, como hemos dicho, no por las razones que se aducen sino justamente por las que se callan y que
los mismos gobiernos han provocado. Sabemos que el más lento envejecimiento aumentará nuestro
gasto y que eso requiere disponer de más recursos, pero la solución "sabia" no puede ser reducir la
cuantía de las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se van a necesitar y poner entonces
sobre la mesa la forma en que hemos de generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con
certeza que no todas las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando lleguen a la vejez y
que sin pensiones públicas casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en
situación de pobreza severa.
Llamamos, pues, a la denuncia de las propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el
rechazo frontal a todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra política económica frente a la crisis que
no siga destruyendo empleo y generando cada día más deuda y empobrecimiento.
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15. FIRMANTES DEL DOCUMENTO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Francisco Álvarez Molina -Analista financiero. Doctor en Ingeniería Informática y licenciado en
Matemáticas (Paris-Sorbona).Diplomado del Chartered Institute for Securities and Investment de
Londres. Ex vicepresidente de la Bolsa de París y ex consejero-director general de la Bolsa de Valencia.
Miembro del comité asesor de la Convention of Independant Financial Advisers, que a su vez asesora al
comité socio-económico de la ONU. Miembro de la asociación española de analistas financieros.
Presidente de la consultora independiente ÉTICA Family Office y presidente de la empresa de asesoría
financiera independiente ÉTICA. Patrimonios EAFI.
Lourdes Benería - Doctora en Economía por la Universidad de Columbia (USA), Catedrática de la
Universidad de Cornell hasta jubilarse en 2009 donde fue Directora de varios programas como el
Programa de Estudios Latinoamericanos y el de Género y Cambio Global; trabajó en el Programa de
Empleo Mundial de la OIT y ha colaborado como consultora en otras agencias de las Naciones Unidas
como UNIFEM, PNUD y el Consejo Económico y Social. Ha sido Presidenta de IAFFE (2005) y es
miembro del consejo editorial de varias revistas académicas de Economía.
Francisco Javier Braña Pino -Catedrático de Universidad en el Departamento Economía Aplicada en la
Universidad de Salamanca. Doctor en Ciencias económicas y empresariales, con una extensa y
reconocida actividad investigadora, tiene también una amplia experiencia en el sector empresarial, tanto
público como privado. Coautor del libro, editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2007,
"Extensión de la vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones”.
Cristina Carrasco - Profesora de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Amplia
investigación y publicaciones en temas de trabajo de las mujeres y economía feminista. Pertenece al
consejo Editorial de la Revista de Economía Crítica y del Feminist Economics. Participa en el Seminario
de Economía Feminista de Barcelona.
Agusti Colom - Profesor de economía en la Universidad de Barcelona. Ha sido Sindic de Comptes de
Catalunya. Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica. Agusti Colom ha sido
Sindic de Comptes de Catalunya
Fernando Esteve Mora - Profesor Titular de Fundamentos de Análisis Económico. Universidad
Autónoma de Madrid. Autor del trabajo "Justicia distributiva y sistemas de pensiones". Principios.
Estudios de Economía Política, nº 13, 2009, y de otros artículos sobre el sistema de pensiones en
colaboración con Rafael Muñoz de Bustillo, entre el que destacaría el informe "Extensión de la vida
laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones" (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.2007).
Miren Etxezarreta - Economista. Ha sido durante 35 años Catedrática de Economía Aplicada de la
Universidad Autónoma de Barcelona, de donde sigue siendo Catedrática emérita. Entre sus diversas
obras se pueden mencionar: 'Que pensiones, qué futuro' con otros colegas, Ediciones Icaria, 2009 y
Privatisation of pensions, artículo con Mejra Festic, publicado en Privatisation against the european social
model, Editado por Marika Frangakis et. al. Palgrave, 2009.
Ramón Franquesa - Profesor Titular de Economía Mundial de la Universidad de Barcelona. Delegado
sindical de CCOO en la JPDI de la UB. Coautor de Economía Mundial, JM Vidal Villa; McGrawHill , 2001.
Alberto Garzón - Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga y Máster en Economía
Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Consejo Científico
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16. de ATTAC-España. Responsable de Economía Política Global y portavoz de Economía y Hacienda en el
Congreso de los Diputados por Izquierda Unida.
Antonio González González - Economista. Ha sido Secretario General de Empleo (entre 2006 y 2008),
así como Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigración, vocal asesor en la Oficina
Económica del Presidente del Gobierno, Director del Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva
Confederal de UGT entre 1995 y 2004, e investigador en el Instituto Sindical de Estudios.
Adoración Guamán - Profesora Titular de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat
de València. Doctora por las universidades de València y Paris X – Nanterre. Su ámbito actual de trabajo
y estudio son las consecuencias de la crisis económica sobre la regulación del trabajo y los derechos de
las y los trabajadores. Colaboradora habitual con distintos movimientos sociales y sindicales, ha
desarrollado la tarea de análisis, crítica y difusión de los contenidos y efectos de las sucesivas reformas
laborales. Entre sus últimas publicaciones destaca “El huracán neoliberal, una reforma laboral contra el
trabajo”, junto con Héctor Illueca y la coordinación del libro “Educación Pública, de todos para todos: las
claves de la marea verde”.
Héctor Illueca Ballester - Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia e Inspector de Trabajo y
Seguridad Social, desde 2004. Participante habitual en sistemas extrajudiciales de solución de conflictos
laborales, ha sido Árbitro en materia de elecciones sindicales durante los años 2005-2009. Ha impartido
numerosos cursos y seminarios sobre diferentes materias vinculadas al ámbito de los derechos sociales
y políticas públicas y es coautor del libro "El huracán neoliberal: una reforma laboral contra el Trabajo"
(2012), que estudia críticamente los cambios percibidos en la configuración del Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social desde la irrupción del neoliberalismo.
Juan López Gandía - Catedrático de la Universidad de Valencia. Experto en materia de Pensiones, y
firme defensor del Sistema público de pensiones en el Estado Social de Derecho. Ha publicado
numerosos artículos especializados y es autor, entre otros, del libro “Las claves de la reforma de la
Seguridad Social”, un análisis practico de la ley 27/2011.
Juan Francisco Martín Seco - Ha sido profesor de Introducción a la Economía, de Teoría de la
Población y de Hacienda Pública. Pertenece a los Cuerpos de Interventores y Auditores del Estado y al
de Inspección de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España. Ha desempeñado, entre otros, los
cargos de Interventor General de la Administración del Estado y de Secretario General de Hacienda.
José Luis Monereo - Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de
Granada, durante 34 años. Experto en materia de Seguridad Social y del Sistema de Pensiones. Autor,
entre otros, de los libros y ensayos "Público y Privado en el Sistema de Pensiones", "Los planes de
pensiones del sistema de empleo", "La edad de jubilación", "La política de pensiones en el Estado Social
en Transformación", "Los planes de pensiones en el sector público", "Derechos sociales de la ciudadanía
y ordenamiento laboral", "Planes y fondos de pensiones: propuestas de reforma" (Fundación
Alternativas), "Ciudadanía y derechos de las personas mayores".
Pedro Montes - Miembro por oposición del Servicio de Estudios del Banco de España, en el que trabajo
durante 38 años, algunos de los cuales fue responsable del Sector Público. Autor, junto a Jesús
Albarracín, de la investigación “Las pensiones y la Sociedad del futuro”, publicada por la Universidad
Carlos lll de Madrid. Autor, entre otros, del libro “Golpe de Estado al Bienestar”.
Rafael Muñoz de Bustillo Llorente - Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de
Salamanca, donde ha sido profesor desde hace más de 30 años. Durante el curso 2012-13 ha sido
Visiting Scholar de la School of Public Policy and Urban Affairs de la Universidad de Northeastern,
Boston. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre el Estado de Bienestar y distintos trabajos sobre
el sistema de pensiones para el Ministerio de Trabajo y el Fondo de Investigación de la Protección Social
de la SS. Participa de forma habitual en grupos internacionales de investigación con financiación de la
Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo.
Vicenç Navarro - Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, y también de la
The Johns Hopkins University en EEUU. Dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales, de
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17. patrocinio conjunto por la UPF-Hopkins. Es uno de los autores más citados en la bibliografía científica
internacional en Ciencias Sociales, que incluye Ciencias Políticas y Economía entre otros.
Carlos Ochando Claramunt - Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la
Universidad de Valencia y experto en temas relacionados con el Estado del bienestar y las
políticas sociales.
Albert Recio - Miembro del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica. Especialista en
Economia laboral y represento en España el International Working Party on Labour Market
Segmentation, soy miembro del Institut d'Estudis del Treball
Jordi Roca Jusmet - Catedrático del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de
Barcelona. Autor del libro Pactos sociales y política de rentas y coautor de Economía ecológica y política
ambiental. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas internacionales. Ha sido profesor
entre otras muchas materias de "economía laboral".
Julio Rodríguez López - Estadístico superior del estado en el INE durante 2 años, por oposición (196971), después fue titulado del Servicio de Estudios del Banco de España a partir de 1971, también por
oposición. Entre 1982 y 1985 fue consejero de Economía e Industria de la Junta de Andalucía; entre
1985 y 1994 fue presidente del Banco Hipotecario de España y entre 1994 y 2001 fue presidente de la
Caja de Ahorros de Granada. Entre 2006 y 2008 fue gerente de la Universidad de Alcalá. Ha publicado
numerosos artículos sobre mercado y política de vivienda. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva del
PSOE de Madrid (antigua FSM), negociando el Estatuto de Autonomía de Madrid con UCD y con AP.
Amat Sánchez - Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de
València. Especialista en Economía Laboral. Director de la Unidad de Investigación Economía y Política
Laboral. Investigador asociado del Insitut d’Estudis del Treball.
Juan Torres López- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático del departamento de
Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Ha sido decano de la Facultad de
Derecho y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. Ha
desempeñado el cargo de Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía.
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