Políticas de Comunicación. Honduras

1. Universidad Nacional de Entre Ríos
Facultad de Ciencias de la Educación
Licenciatura en Comunicación Social
Cátedra de Políticas de Comunicación
Cuerpo Docente:
Lic. Alejandro Ramírez
Lic. Camila Fernández
Trabajo Final: Estudio de caso, Honduras.
Alumnos:
Aizcorbe Gonzalo
Marano Antonela
González Silvia
Moine Luján
Fecha de entrega: 23 de junio de 2014.

2. INDICE
Introducción
Marco legal comunicacional en Honduras
Ley de Emisión de Pensamiento
Ley Orgánica de Hondutel
Ley Marco del sector de las Telecomunicaciones
Realidad social y mediática
Estableciendo parangones
Conclusión
Bibliografía
Anexo

3. Introducción
En el marco del Trabajo Final de Políticas de Comunicación, vamos a trabajar sobre el estado
actual de las políticas de comunicación en el país caribeño de Honduras. Indagaremos acerca de su
contexto histórico, político, económico y comunicacional, contribuyendo a un análisis regional y
latinoamericano en relación a las Políticas Nacionales de Comunicación. Serán objeto de nuestro
estudio las leyes, noticias, instituciones, organismos y opiniones que nos propicien las herramientas
para producir una hipótesis de un futuro estudio sobre la Comunicación, sus transformaciones y las
diversas formas de considerarla en la región.
Tomando como antecedentes los parámetros conceptuales establecidos en el Informe MacBride1
impulsado por la UNESCO en los años 70 y el creciente interés por la comunicación popular, que se
produjeron en América Latina a partir de los 50 en esta materia, podemos decir que los
planteamientos acerca de la regulación en las comunicaciones es reciente en nuestro territorio,
teniendo en cuenta que el mismo campo intelectual de la Comunicación ha ido conformándose
sobre este mismo devenir.
El informe MacBride referencia, entre las décadas del 70 y 80, principalmente la importancia de
democratizar, descentralizar y desmonopolizar la comunicación, en lo concerniente a la regulación
comercial, la libertad de expresión, la igualdad informativa, la Comunicación como derecho y como
instrumento político, entre otras recomendaciones. El informe sale a luz, por pedido de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura), tras varias reuniones de una
comisión internacional que buscaba de algún modo “aconsejar” a los países latinoamericanos,
teniendo como base la propia experiencia del contexto global en materia de comunicación donde
producción, circulación y regulación estaban dominadas por las grandes potencias económicas y
políticas.
Si bien el informe MacBride otorgó los lineamientos fundamentales para la conceptualización de
la problemática comunicacional, y fue el primer documento institucionalmente importante para
pensar ciertas problemáticas en países del tercer mundo, consideramos que su enfoque es
centralista, ya que reproduce la misma lógica que intenta combatir. El informe no deja de ser una
producción discursiva desde el pedestal político-económico de los que detentan el “poder/saber”
hacia aquellos que no lo poseen. Debemos tener en cuenta que simultáneamente a este proceso
internacional, en América Latina los intelectuales y comunicadores, estaban ya pensando y
experimentando la incorporación de los medios como un recurso democrático y descentralizador en
materia de medios alternativos.
1 MAC BRIDE, Sean. Un solo mundo, voces múltiples: Comunicación e información en nuestro tiempo. F.C.E.,
UNESCO, Comisión Internacional sobre problemas de la Comunicación, México, 1980. Prefacio, Prólogo y Págs.:
19 a 87; 178 a 198; 206 a 217; 289 a 302 y 347 a 365.

4. Luis Ramiro Beltrán2
, comunicador popular boliviano, define el concepto de Políticas Nacionales
de Comunicación en reuniones previas a la comisión impulsada por la UNESCO. Las PNC son el
conjunto de normas y principios establecidos para guiar y orientar el comportamiento de los
sistemas comunicacionales como un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales
armonizadas en un cuerpo coherente de principios, dirigidos a guiar las conductas de las
instituciones que manejan la comunicación.
Beltrán pensaba esto junto con otros intelectuales/comunicadores latinoamericanos que
esperaban que la comunicación, que había iniciado su modernización a partir de los cambios
tecnológicos, económicos y sociales producidos a partir de la década del 70, se ubique en una lógica
diferente a la instaurada en los países desde los países del primer mundo. Esperaban que la
comunicación sea tomada como una herramienta que posibilitara el desarrollo y el cambio social,
así como la conciencia de sujetos de poder libres para expresarse.
Esta lógica de comunicación horizontal se piensa en América Latina en un contexto signado por
sucesiones dictatoriales, monopolización, unidireccionalidad de la comunicación, confusión,
censura, entre otros abusos a la libertad de expresión; y es en esta década (paradójicamente en las
puertas del neoliberalismo), que se empieza a tener conciencia de la necesidad de regulación.
Desde aquí podemos vislumbrar dos aspectos que se han mantenido en el tiempo en cuanto a
políticas nacionales de Comunicación en América Latina: por un lado una continuidad en cuanto a
la necesidad y el reclamo por establecer políticas reguladoras que promuevan la desmonopolización
y la desconcentración, a favor de una idea de democratización de la palabra, es decir, del ingreso de
la comunidad a la comunicación; y por el otro, se puede marcar una discontinuidad institucional y
política, que retiene en la periferia de la burocracia las energías utópicas sobre una comunicación
plural y participativa nunca llevada a cabo.
Debemos tener en cuenta también, que las Políticas Nacionales de Comunicación, en el derrotero
de su breve historia, siempre han relegado la participación activa de los sectores populares como
agentes activos en la producción de comunicación. El paradigma comercial ha prevalecido en letra
y espíritu, por sobre una noción de la comunicación como un derecho humano, produciendo
consecuencias graves al momento en el que se cruza con la esfera de la política y la economía,
donde la impunidad está a la orden del día más allá de los cómo, causando censura, represión y
muerte. En este sentido, pondremos en algún tramo del presente trabajo, la lupa sobre este aspecto
de la realidad actual en Honduras, país sobre el que ya podemos conjeturar que la cercanía de
quienes son clase gobernante y los dueños de medios es demasiado estrecha.
De esta manera, pensamos en analizar el panorama comunicacional de dicho país
centroamericano, con mirada crítica desde un enfoque regional, sobre el que creemos necesario
2 BELTRÁN, Luis Ramiro. La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo;
Documento presentado en el III Congreso Panamericano de la Comunicación. Buenos Aires, 2005.

5. detectar los múltiples nexos que existen entre los distintos países de Latinoamérica, que dibujan un
panorama de conjunto, una constelación, que hablaría del espíritu de la época actual, en el que
estamos inmersos como intelectuales preparados para su construcción y que no podemos
desconocer si al momento de atravesar una asignatura como Políticas de Comunicación.
Marco legal comunicacional en Honduras
Es preciso mencionar primero que, si pretendemos hablar de marco legal, ejerciendo una mirada
diacrónica, las dos primeras leyes presentadas a continuación fueron promulgadas previo a la
sanción de la primera constitución hondureña que data del año 1982.
Ley de Emisión del Pensamiento (1958)3
El primer antecedente detectado en cuanto a legislación de alguna esfera de la comunicación que
encontramos en Honduras es la Ley de Emisión del Pensamiento, sancionada en 1958. Dicha ley
tiene como espíritu garantizar la libertad de expresión, tanto en personas físicas, como también para
medios gráficos y de radiodifusión. No obstante, presenta rasgos de control de “lo que se dice”, en
cuanto que sanciona, bajo la tutela de la moral, expresiones que vayan en contra de instituciones
como el Estado, o la familia, por lo que presenta una ambigüedad respecto de una noción de
libertad:
CAPÍTULO I
Declaración de Principios
Artículo 1º.- Ninguna persona puede ser inquietada o perseguida por sus opiniones. Las
acciones privadas que no alteren el orden público o que no causen daño a terceros, estarán fuera
de la acción de la ley.
Artículo 3º.- Los talleres tipográficos, las estaciones radiodifusoras, así como los medios de
emisión del pensamiento y sus maquinarias y enseres respectivos, no podrán ser secuestrados,
decomisados o confiscados; tampoco pueden ser clausurados o interrumpidas sus labores por
razón de delito o falta en la emisión del pensamiento. Los edificios donde se encuentren instalados
los talleres dedicados a publicaciones de cualquier índole, sólo podrán expropiarse previa
declaración judicial de necesidad y utilidad pública mediante procedimientos que determinará la
ley.
CAPÍTULO II
3 HONDURAS. Decreto número 6 del 26 de julio de 1958. LEY DE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO. Del
Congreso Nacional, en aplicación de los artículos 81, 83, 84 y 167 de la Constitución de la República, cuyos textos
se reproducen a manera de preámbulo.

6. Libertad de expresión
Artículo 5º.- Todo habitante de la República podrá libremente, sin censura previa, expresar su
pensamiento, dar y recibir información y discutir sus opiniones o las ajenas, por medio de la
palabra escrita o hablada o por cualquier otro procedimiento gráfico, oral o visual.
Artículo 6º.- No es permitida la circulación de publicaciones que prediquen o divulguen
doctrinas disolventes que socaven los fundamentos del Estado o de la familia y las que provoquen,
aconsejen o estimulen la comisión de delitos contra las personas o la propiedad.
Artículo 8º.- Son punibles de conformidad con esta ley las infracciones cometidas en el ejercicio
de la libertad de expresión por cualesquiera de los medios de difusión que se contemplen, cuando
falten al respeto de la vida privada y a la moral; considerándose que faltan al respeto de la vida
privada, cuando se refieran en forma denigrante a la vida exclusivamente de hogar o a la conducta
social de las personas y les causen daño en su reputación, en sus intereses o en sus relaciones
familiares.
CAPÍTULO III
Imprentas y radiodifusoras
Artículo 12º.- Para los efectos de esta ley, se reconocen como imprentas las máquinas o
aparatos que, por cualquier procedimiento, fijen o expresen el pensamiento escrito. Se reconocen
como plantas radiodifusoras y televisoras los equipos que transmiten el pensamiento hablado y los
actos en el propio instante de la protagonización.
Ley Orgánica de HONDUTEL4
En Honduras la era de las telecomunicaciones se desarrolla a partir de los setenta impulsada por
el sector estatal, que las consideraba indispensable para la seguridad nacional y el control social. En
1976 se crea HONDUTEL, la empresa estatal descentralizada que cuenta con personería jurídica,
patrimonio propio con duración indefinida y tiene bajo su tutela las funciones de formulación de
políticas para la regulación y la operación de las telecomunicaciones. HONDUTEL regulaba, previo
a la sanción de la Ley Marco de las Telecomunicaciones (1995), respondiendo a lo que establecía la
Ley Orgánica de creación de la entidad, según la cual HONDUTEL tenía el deber de administrar,
regular y asignar las frecuencias radioeléctricas y representar los intereses del Estado:
ATRIBUCIONES Y FACULTADES
• Dirigir, Administrar, explotar, mantener, ampliar y modernizar los servicios de
telecomunicaciones del país.
4 Ley Orgánica de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones. Mayo de 1976.

7. • Reglamentar y autorizar la instalación y funcionamiento de las instalaciones
radioeléctricas, de radioaficionados o radioexperimentadores, científicos,
culturales, de televisión y demás vinculadas a los servicios indicados en el literal
anterior.
• Autorizar la modificación de los trazos de las instalaciones radioeléctricas o el
cambio de lugar, así como de los equipos y de las frecuencias asignadas; la
enajenación de permisos, los derivados de estos y la suspensión de los servicios
por causas justificadas cuando exceda de sesenta días.
• Representar los intereses del Estado, en todo lo concerniente a
telecomunicaciones en el ámbito nacional e internacional.
• Contratar préstamos internos y externos y otorgar las respectivas garantías.
• Realizar todos los actos de riguroso dominio en cuanto a sus bienes muebles e
inmuebles, con los requisitos establecidos en la ley.
• Celebrar actos, contratos, prestar servicios técnicos y realizar operaciones de
Compraventa de aparatos, materiales y demás artículos necesarios para la
instalación y funcionamiento del servicio de telecomunicaciones.
• Emitir los reglamentos para su organización y funcionamiento excepto el
Reglamento de la ley orgánica y el estatuto de personal.
• Emitir bonos y otras obligaciones, previa autorización del Banco Central de
Honduras, para financiar operaciones y proyectos que no puedan atenderse con
los ingresos ordinarios.
• Establecer y modificar las tarifas.
• Cobrar las tasas y derechos por los servicios y facilidades que preste.
• Imponer sanciones de acuerdo a la ley orgánica y sus reglamentos.
• Constituir servidumbres y decretar los derechos de vías y las expropiaciones
sobre los bienes de particulares, con los requisitos de la ley orgánica.
• Entrar a inmuebles de propiedad privada con el objeto de realizar trabajos
relacionados con los servicios de telecomunicaciones, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo 66 de la ley orgánica.
• Nombrar, contratar y remover el personal de conformidad con la ley orgánica, el
estatuto de personal y demás que fueren aplicables.
• Elaborar y ejecutar su propio presupuesto.
• Las demás que la ley le asigne, o que emanen del carácter de persona estatal con
fines públicos específicos que tiene Hondutel.
Si bien la creación de este ente regulador fue impulsada por un gobierno democrático debemos

8. tener en cuenta la relación problemática que mantienen los medios de comunicación, la política y la
sociedad en Honduras, respondiendo los primeros a una especie servilismo al poder político o
empresarial, que se mantiene en relaciones conflictivas con respecto a la información que se hace
pública. Los artículos de la Ley Órganica de HONDUTEL que vamos a resaltar a continuación,
denotan el trasfondo político/económico de las intenciones estatales en el modo de regular las
telecomunicaciones:
CAPÍTULO 7 – ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN, DE TELEVISIÓN Y OTRAS
ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS.
Artículo 29: La radiodifusión y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo
tanto el Estado por medio de HONDUTEL deberá regularla, protegerla y vigilarla para el debido
cumplimiento de su función social.
Artículo 30: Las personas naturales o jurídicas autorizadas para operar estaciones de
radiodifusión, televisión u otros servicios, están obligadas a cooperar con el gobierno en las
actividades de divulgación, información y demás de carácter oficial y de interés general que se les
indique por medio de HONDUTEL. Igualmente, prestarán a ésta toda la información que les
solicite.
CAPÍTULO 10 – INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 49: Constituyen infracciones a esta ley:
a) Las transmisiones contrarias a la seguridad, defensa, integridad y soberanía del Estado
b) La negativa de los permisionarios de prestar los servicios que para fines de interés público
solicite el poder ejecutivo o HONDUTEL.
Ley Marco de las Telecomunicaciones 5
La década de los noventa en América Latina se caracterizó por la importancia del desarrollo
tecnológico, la modernización y la expansión del sistema de telecomunicaciones, ligado a procesos
de concentración, monopolización, privatizaciones y extranjerización. En el caso de Honduras,
recién en 1995 mediante el DECRETO No. 185-95 y el DECRETO No. 118-97* (de 1997),
HONDUTEL deja de poseer el poder absoluto sobre todas las líneas de telecomunicación,
elaborándose bajo la supervisión de la Comisión Presidencial de Modernización del Estado (CPME)
la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones que desde el punto de vista de organización del
sector, separa las funciones otorgadas originalmente a HONDUTEL:
Artículo 1 - La presente Ley establece las normas para regular en el territorio nacional los
5 Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones (1995/97/2011/2014).

9. servicios de telecomunicaciones, comprendiéndose entre éstos toda transmisión, emisión o
recepción de signos, señales, escritos, imágenes fijas, imágenes en movimiento, sonidos o
informaciones de cualquier naturaleza por medio de transmisión eléctrica por hilos,
radioelectricidad, medios.
Artículo 2 - Corresponderá al Estado, a través del Presidente de la República, la formulación de
las políticas relacionadas con las telecomunicaciones y, por medio de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, en lo sucesivo denominada CONATEL, regular y fiscalizar la explotación y
operación de las telecomunicaciones que realicen la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(HONDUTEL), sus asociados y los particulares.
CONATEL es una entidad que depende de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas,
respecto de la cual funcionará con independencia técnica, administrativa y presupuestaria; y es el
ente regulador encargado, de aquí en más de colaborar con el presidente en la formulación de las
políticas de telecomunicaciones, cumplir y hacer cumplir las reglas brindadas en los tratados y
convenios de telecomunicaciones; otorgar concesiones, licencias, permisos o registros para la
prestación de servicios de telecomunicaciones, así también como la facultad de renovar, modificar y
revocar los mismos permisos en conformidad con lo que dice la Ley.
Así también otro punto importante de esta ley es el artículo 7 que clasifica las
telecomunicaciones en: a)servicios portadores// principalmente a telefonía móvil, con un señal que
tiene el carácter de alcanzar larga distancia nacional e internacional y local.; b)servicios finales//
hace posible la comunicación completa entre usuarios y comprende toda la telefonía móvil y fija;
c)servicio de valor agregado// utilizan como soporte servicio portadores finales o de difusión, que
no necesitan estructura propia. Satisfacen necesidades específicas: por ejemplo: videoconferencias;
ch) servicios de radiocomunicaciones y difusión//los primeros son los que transmiten, emiten y
reciben ondas radioeléctricas para fines específicos de radiocomunicaciones; y los de difusión son
los que posibilitan la comunicación en un solo sentido de forma simultánea. En cuanto a su
utilización y naturaleza, los servicios de telecomunicaciones se clasifican en: a) PÚBLICOS//
destinados a satisfacer las necesidades comunicacionales de las personas naturales o jurídicas ajenas
a la prestación de servicios, cuya utilización se efectúa a cambio de un pago. b) PRIVADOS son los
que sirven para el uso exclusivo de una persona natural o jurídica a fin de satisfacer sus propias
necesidades de comunicación sin fines de lucro; y lo que determina el artículo 9 sobre que el
espectro radioeléctrico es del Estado y que él mediante CONATEL puede hacer uso.
El camino hacia la democratización del espectro radioeléctrico con un ente regulador que
funciona como apéndice del Estado e independiente de la regulación de una empresa, dio nuevas
perspectivas a los hondureños. Sin embargo, al analizar el papel de los medios en su relación con

10. los procesos de construcción democrática, es bueno recordar que la regulación de ellos comprende
una condición contradictoria, al ser al mismo tiempo un agente social de servicio público y un
espejo de los intereses políticos particulares de cada presidente que toma el mando en relación con
CONATEL. Su primera característica la impulsa para servir a la comunidad de usuarios,
proporcionándole información en forma independiente y profesional. Su segunda faceta, en cambio,
la induce a privilegiar las ganancias y asegurar la rentabilidad productiva de una persona o empresa.
Los avances en materia de sistemas de informática, la importancia de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TICs) para salvar la brecha digital analógica, así como la
necesidad de incluir a Honduras en la Sociedad Global de la Información, ejercieron un fuerte peso
para que las estructuras sobre las que regía el sistema de medios cambie y se abriera el camino para
que durante el mandato del presidente de la república Porfirio Lobo Sosa, se sancionara la reforma a
la Lay Marco de Telecomunicaciones (vigente desde diciembre de 2005), mediante el decreto Nº
325-2013.
Dicha reforma considera que internet por su dinamismo, alcance y constante innovación
significa un factor de cambio en la manera y estilo de vida y es uno de los medios propicios para
desarrollar el uso de las TICs, permitiendo acceder a información global, facultando a la sociedad a
mejorar su calidad de vida, con el poder de transformar el uso de la información en conocimiento y
utilidades que contribuyan al desarrollo económico y social, generando oportunidades para la
creación, construcción y preservación de sociedades del conocimiento, con el objetivo de incluir a
la población a la Sociedad Global de la Información. Expone, además, que urge la necesidad de que
se lleven adelante políticas de la comunicación consecuentes con las metas de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de la cual Honduras es país signatario.
Los actores involucrados en la reforma de la ley reflexionaron que el marco jurídico de
telecomunicaciones que rige en Honduras desde finales de 2005 debe adecuarse a los avances
tecnológicos e informáticos mencionados anteriormente, por lo cual resultó imprescindible reformar
la Ley Marco de Telecomunicaciones, con el objetivo de actualizarla con las nuevas filosofías del
campo informático. Así como también se torna imperativa la creación de una nueva herramienta,
bajo de denominación de Fondo de Inversión de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (FITT), administrado por CONATEL, que financie la
promoción y desarrollo de proyectos que hasta el momento están dispersos en otras secretarías del
Estado, que guardan relación con el sector de las TICs, como ser la Secretaría de Planificación
(SEPLAN) quien posee tres proyectos: Centros Comunitarios de Conocimiento y Comunicación,
Proyectos Eurosolar (financiado con fondos de la comunidad europea) y Proyecto @prende/Aulas
tecnológicas. La Secretaría de Educación, que posee el Proyecto Ampliando Horizontes. El

11. Congreso Nacional, que impulsó el Proyecto 5 Estrellas. Y por último, la Secretaría del Despacho
Presidencial, que promovió el Proyecto Eucatrachos.
También, contempla la creación de la Dirección de las tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, dependiente de CONATEL, encargada de cumplir todos los programas y
proyectos orientados al desarrollo de las TICs, así como promover, desarrollar y fiscalizar los
proyectos financiados con fondos de la FITT. En el plazo de seis meses, contados a partir de la
vigencia del presente decreto, las secretarias e instituciones del Estado que ejecuten proyectos para
el desarrollo de las TICs deben transferirlos a CONATEL.
Las modificaciones a la mencionada ley otorgaron nuevas facultades y atribuciones en materia
de regulación de las TICs al órgano ya existente CONATEL, que como se mencionó anteriormente,
es una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República que funciona con independencia
administrativa, técnica y financiera.
“Artículo 2 - Corresponde al Estado, por medio del Presidente de la República, la formulación de
las políticas relacionadas con las TICs; y por medio de CONATEL regular y fiscalizar la
explotación y operación de las telecomunicaciones y sus aplicaciones en las TICs, que realicen los
operadores de este tipo de servicios, sus asociados y los particulares. Asimismo promover la
expansión de las TICs.”
CONATEL estará integrada por tres miembros propietarios y dos suplentes nombrados por el
Presidente de la República, por un período de cuatro años. Se le otorgará la potestad, en relación a
las TICs, de promover y desarrollar políticas públicas, liderar estrategias, elaborar instrumentos
jurídicos para fomentar su uso correspondiente. En lo correspondiente al espectro radioeléctrico,
será el ente administrador y controlador de su uso y distribución de frecuencias, de otorgar licencias
y el plazo que durarán las concesiones, además tendrá a su cargo la comprobación técnica de las
emisiones radioeléctricas y la cancelación de aquellas que no cumplan con los requisitos
establecidos por la ley.
A continuación vamos a exhibir algunos datos claros de concentración en Honduras que
denunció el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en el libro Honduras:
prensa, poder y democracia, para dimensionar la cobertura de la que gozaba CONATEL en el 2000,
que tenía asignadas 208 frecuencias para estaciones de radio de Amplitud Modulada (AM), 276 en
Frecuencia Modulada (FM), 148 frecuencias de canales de televisión en UHF, 77 de televisión por
cable y una veintena en señal abierta, además de cuatro periódicos de tiraje nacional que acceden a
una masa de 600 mil lectores cada día, revistas de diverso tipo y un creciente, pero aún limitado
acceso a Internet (0.4% de la población).
La concentración lleva a que el mercado de las comunicaciones se encuentre en unas pocas
manos, generándose así monopolios u oligopolios que atentan directamente contra la diversidad de

12. contenidos, la pluralidad de voces y el derecho de todos los ciudadanos de acceder a la información
veraz y certera. En este sentido, tomamos la definición que Mastrini y Becerra6
dan en su trabajo
Periodistas y Magnates: “La concentración es un proceso, o el resultado de un proceso que, en un
determinado conjunto, tiende a aumentar las dimensiones relativas o absolutas de las unidades
presentes en él. Independientemente de la forma elegida de crecimiento, la consecuencia es el
aumento del tamaño de la empresa. Sin embargo, es obvio que no todas las firmas presentes en un
sector crecen simultáneamente en la misma medida. El concepto de concentración sirve entonces
para referirse a esta asimetría e implica el aumento de poder de un número restringido de empresas
o grupos. Estos procesos son inseparables, y con el término concentración se alude al doble
fenómeno de concentración/centralización”.
Los artículos reformados de la ley de medios hondureña (aprobada mediante el decreto Nº 185-95,
modificada por Decreto Nº 118-97, en agosto de 1997, y Decreto Nº 112-2011, en julio de 2011)
son: 1, 2, 12, 14, 15, 31 y 43. Tomando como antecedentes las leyes mencionadas, podemos
apreciar en una primera instancia que contemplan a los medios de comunicación como un mercado
y no como un derecho. Las pruebas de ello se remiten al artículo que vamos a citar a continuación:
“Artículo 1 – La presente Ley establece las normas para regular en el territorio nacional los
servicios de telecomunicaciones. De igual manera determina el marco regulatorio para el fomento
y expansión de las TICs, con el propósito de impulsar el desarrollo y competitividad del país a fin
de lograr su inserción en la Sociedad de la Información y del Conocimiento; todo ello dentro de un
mercado de libre y leal competencia, garantizada por el Estado”.
Este artículo citado nos lleva a analizar lo que ocurre en el país caribeño respecto a la
prevalencia de medios comerciales, que responden a una lógica meramente competitiva. En este
sentido, Omar Rincón y Ana Lucía Magrini, sostienen que “los medios de comunicación pasaron de
ser escenarios de lo público a actores que defienden un modelo liberal de mercado. A mayor uso
instrumentalizado de los medios, menor es la contribución de los medios de comunicación a la
lógica de la democracia. A mayor concentración de la propiedad de los medios, menor
visibilización, circulación y articulación de las diversas voces y agendas públicas”7
.
Honduras padece el mismo proceso que Argentina, con medios concentrados en algunas familias
poderosas. Es un país violento, ya que tiene el mayor número de homicidios per cápita del mundo,
con 82.1 muertos cada cien mil habitantes. Silenciado, porque desde el golpe de Estado del 28 de
junio del 2009 ha sufrido la mayor cantidad de muertes de periodistas en el continente: 27 en solo
1095 días. Y sitiado, porque desde que los militares se atribuyeron el poder, los derechos políticos y
6 MASTRINI, Guillermo y BECERRA, Martín. Periodistas y Magnates. Estructura y concentración de las industrias
culturales en América Latina. Edit. Prometeo. Buenos Aires, Julio de 2006. Págs. 19 a 25 (Arbilla: diarios-radio-
TV); 37 a 61 (concepto de Concentración).
7 RINCÓN-MAGRINI. Capítulo “Medios, poder y democracia en América Latina”. Poder político y medios de
comunicación. De los medios al reality Show. Buenos Aires, 2010.

13. civiles se debaten que hacer con la comunicación.
Frente al acecho que sufren los hondureños, un grupo potenció su voz denunciando y creando
espacios de participación popular: los medios comunitarios. Pese a los atentados, asesinatos y
boicots que vienen sufriendo y resistiendo, se preparan para enfrentar una nueva cruzada, una
propuesta de la nueva Ley de Telecomunicaciones, denunciando que el decreto Nº 325-2013 se
propone como más equitativo, pero proviene de los mismos grupos de poder de siempre. Hecho que
atenta contra la diversidad de contenidos y pluralidad de voces y opiniones, ya que obstaculiza la
libre emisión del pensamiento, constituyendo un riesgo para el sistema político democrático.
Mastrini y Becerra afirman que “históricamente de ha definido que la forma de garantizar el
pluralismo es a través de la diversidad de medios, de múltiples voces, y de la expresión pública de
diferentes definiciones políticas (…). Es por ello que este derecho no debe quedar confinado a la
garantía de una estructura de propiedad no oligopólica, sino que también debe asegurarse la
multiplicidad de contenidos en los medios. Esta diversidad de propietarios y contenidos debe quedar
reflejada en todos los niveles relevantes: el político, el cultural y el lingüístico”.
La desconfianza a un Estado que históricamente favoreció a una ínfima parte de la sociedad a
costa del trabajo y la miseria del resto de la población, fundó los pilares para forjar un nuevo reto
para los medios contrahegemónicos en Centroamérica. A fines del 2012 el Comité por la Libertad
de Expresión (C-Libre), famosa por denunciar la violencia, persecución, asesinatos y censura contra
el periodismo, presentó un nuevo proyecto de ley para rediscutir la política nacional en relación a
los medios de comunicación. Los puntos clave son:
“Artículo 1 - Objeto de la Ley.-La presente ley tiene como objeto regular las diferentes
operaciones de las comunicaciones que se den en el territorio nacional, poniendo al servicio del
pueblo hondureño todo tipo de tecnologías e informaciones”.
“Artículo 3 - Derecho a la libre Emisión del pensamiento.- Toda persona que se encuentre en
territorio nacional, tiene el derecho a emitir libremente sus ideas, sus inquietudes, sus
conocimientos; ninguna autoridad podrá coartar dicho derecho, si no en virtud de mandato legal”.
“Artículo 68 - Distribución equitativa de las frecuencias.- Las frecuencias del espectro
radioeléctrico destinadas para el funcionamiento de radios y televisión abierta serán distribuidas
de la siguiente forma: 1.- 20% para medios de comunicación públicos. 2.- 35% para medios de
comunicación privados 3.- 30% para medios comunitarios en área rural; 4.- 15% para medios
comunitarios en área urbana”.
De aprobarse el proyecto presentado por la C-Libre se pondría fin a la discrepancia de la
propiedad de medios distribuidos a unos pocos, como por ejemplo la Familia Larach, dueña de los
dos periódicos más importantes: La Prensa y El Heraldo; la familia Diez (junto con la estirpe
Arévalo) dueños de: Hablemos Claro, Cronos, As Deportiva; la familia Ferrari, monopolizadora de

14. la mayoría de los canales televisivos: Canal 5, Canal 13, Canal 7, y de las radios: HRN, Radio
Norte, Emisoras Unidas.
La presidenta de la Junta Directiva de C-Libre, Ana Ortega, explicó en una conferencia de prensa
realizada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), varias partes importantes
del Informe de Libertad de Expresión 2013, sobre la muerte de periodistas y la documentación de
violaciones a la libertad de expresión por los entes represores del Estado, los sectores políticos y
económicos que se sienten afectados al momento de brindarse una información y de los
mecanismos que utilizan para controlar la prensa hondureña a través de la intimidación, amenazas
de muerte, vigilancia y mensajes telefónicos de voz y texto, entre otros. Y señaló que “La Libertad
de Expresión es un derecho humano fundamental, que está contemplada en el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos compete a todos y todas. Tiene que ver con
la libertad para expresar nuestras ideas, pensamientos, opiniones. La Libertad de Prensa se deriva de
la Libertad de Expresión”.
Las dudas de la organización se dispararon cuando Lobo Sosa dio lugar a la discusión
parlamentaria para la modificación de la ley. Miguel Vidal, miembro de
www.emisorascomunitarias.org, expuso que “El modus operandi del gobierno de facto de Lobo se
inscribe en lo que conocemos como “dicta-blandas” y que recogen en su accionar las experiencias
traumáticas que provocaron las dictaduras en Latinoamérica. Ellos han llegado a la conclusión que
no podían seguir con el mismo sistema. Esos grupos de poder económico tienen claro que no
pueden cometer los mismas abusos e impulsan acciones de acercamiento a la sociedad civil,
mantienen las instituciones pero sumidas a los intereses golpistas. Utilizan las fuerzas armadas y de
seguridad de forma desenmascarada, matan a los que tienen que matar.
En este marco, las radios y televisoras comunitarias, su reconocimiento en la ley, es un paso más
en ese sentido. Hacerle creer a la sociedad (con golpes de efectos) que son democráticos”.
Así llegamos al día de hoy con la concentración de los medios de comunicación en manos de los
grupos de poder hondureños que siempre los ostentaron. Para que la realidad cambie, quienes
impulsaron el proyecto de ley deberán estar atentos y movilizados, luchando en pos del sector, más
que en los intereses propios de la organización.
Luego de analizar los datos volcados en el presente informe, llegamos a la conclusión de que las
reformas a la Ley Marco de Telecomunicaciones, mediante el decreto Nº 325-2013, que se sancionó
durante el mandato de Lobo Sosa y está próxima a reglamentarse, no contribuye a la
desconcentración de medios, no incluye a los medios de comunicación comunitaria, atentan contra
el pluralismo informativo y el derecho colectivo a la información. Al respecto, tanto el organismo
C-Libre como el informe de la misión internacional de libertad de prensa y libertad de expresión a
Honduras (que se realizó del 1 al 7 de noviembre de 2009), denuncian que la situación que

15. atraviesa la prensa y los periodistas es crítica. Desde que el presidente Manuel Zelaya fue derrocado
por un golpe militar el 28 de junio de 2009, después de que opositores encabezados por Roberto
Micheletti lo acusaron de tratar de cambiar la constitución para permitir la reelección presidencial,
Honduras se hundió en una crisis política.
La Misión pudo recoger testimonios que dan cuenta de una suma de situaciones y actos que
producen un contexto de incertidumbre, que se traduce en violaciones directas e indirectas de los
derechos humanos de periodistas que ejercen su derecho a la libertad de prensa y el derecho a
comunicar. Los datos que a continuación vamos a exponer hablan por sí solos, entre el 28 de junio
y el 15 de noviembre del 2008 se registraron al menos 127 casos de violaciones a la libertad de
expresión. Esta censura continuó luego de la destitución de Zelaya.
Otra situación que registró La Misión que alientan la autocensura y limitan a una prensa libre y
plural, son la manipulación, por parte de las autoridades, del presupuesto destinado a la publicidad
oficial, como parte de las relaciones prensa-poder, con lo que se pretende orientar la información;
así como la alta concentración de medios de comunicación en manos de pocas personas o grupos
empresariales vinculados a diferentes ramas de la economía y a sectores con enorme poder político,
empresarial y religioso. Hecho que sucede en otros países de Latinoamérica.
Los medios de comunicación hondureños reflejan la polarización política de la sociedad a partir del
28 de junio de 2009, el grado de vulnerabilidad es alto tanto para los medios que no son afines al
gobierno de turno. Ocasionando que la información objetiva sea muchas veces escasa.
Pero la violencia y censura no cesó, es la última década se ha ido incrementando cada vez más,
llegando al punto de sumar hasta hoy día (tantos asesinados), cabe destacar que el último periodista
asesinado por hacer uso del derecho de libre emisión del pensamiento se registró el 1º de junio del
corriente año.
En lo correspondiente a Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), se puede destacar que con
el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se impulsaros varios proyectos con el fin de achicar la brecha
analógica digital. Como por ejemplo el proyecto @prenda/Aulas tecnológicas, que realizó la
entrega de 30.000 computadoras, instaló wi-fi en 320 escuelas y capacitó en relación a las nuevas
tecnologías a 3.862 maestros. Por otro lado se realizó Proyecto Ampliando Horizontes, que capacitó
a 2.634 docentes y equipó con 3.500 computadoras a 296 centros educativos. El Proyecto 5
Estrellas benefició a 63 escuelas con 885 computadoras. Y por último el Proyecto Educatrachos que
entregó 7.667 computadoras a estudiantes y 465 a docentes, favoreciendo a 40 escuelas. Con el
gobierno del Presidente de la República actuante, Juan Orlando Hernández, se concretaron varios
proyectos en el marco de “Conectando al Futuro para una Vida Mejor”, instalando Internet Wi-Fi en
institutos educativos. Como parte de la Tercera Reforma Educativa, se puso en marcha la primera
semana de junio del corriente año en escuelas, para beneficiar a más de 30.000 alumnos de escasos

16. recursos económicos. El gobierno está impulsando el plan para conectar a 1.500 escuelas públicas
de todo el país, de las cuales más de 100 ya tienen servicio de Internet gratis para fortalecer la
educación y reducir la brecha digital que separa a Honduras de países más desarrollados donde la
tecnología de la información está al alcance de todos.
Así como también se puso en marcha el proyecto Zonas WiFi “Plazas o Parques Digitales”, que
contempla dotar de servicio de Internet gratis a 4 parques en su primera etapa. El acceso gratis a
Internet para todos es parte del programa que impulsa CONATEL, por iniciativa del presidente para
acercar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), a toda la población.
Otro proyecto que se puede enmarcar dentro de las PNC es el lanzamiento oficial de la
“Portabilidad Numérica”, que permitirá a los usuarios de telefonía celular migrar a otro operador
que le ofrezca mejores condiciones de servicio y precio, manteniendo el número telefónico. Esta ley
fue aprobada en el Congreso Nacional que preside el actual mandatario, quien se mostró interesado
en que esta ley se aplique ya que le traerá al usuario beneficios, entre ellos, que se convierte en
dueño de su número telefónico, que antes era propiedad de la compañía celular.
A partir de 17 de junio del corriente año entró en vigencia lo que se conoce como “Lista negra”.
Este proyecto contempla que todo teléfono móvil que se reporte como robado o extraviado se podrá
bloquear y dejarlo inservible automáticamente, no solo al chip, sino el aparato completo. Esta
medida de inutilizar celulares robados confía en que se reduzca la acción de las bandas que se
dedican a esta actividad, para seguridad de todos los usuarios de la telefonía móvil, ya que no se
podrá revender los aparatos una vez que el afectado lo reporte cómo robado o extraviado.
Realidad social y mediática
Las sucesivas leyes antes mostradas, representan un espíritu de libertades en relación a la
expresión y a la producción comunicacional. Sin embargo, hablan de una fuerte dependencia estatal
en relación al desarrollo de la comunicación, más en función de desarrollar la logística tecnológica
para su funcionamiento, que por una comunicación plural y participativa. Desde la Ley de Emisión
del Pensamiento hasta la última reforma de la Ley Marco de Telecomunicaciones, el cuerpo escrito
sobre la Comunicación en Honduras, ha cobrado un cariz fuertemente comercial, orientado a la
promoción de la competencia, y a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación; por lo que, si nos lanzamos a medir los silencios, es decir a tratar de rastrear aquello
que no está impreso en la letra ni en el espíritu, nos encontramos con la realidad construida por los
mismos medios, es decir empresas privadas que usan la artillería de las palabras, los reclamos de
grupos independientes, misiones internacionales, y asociaciones preocupadas por la construcción de
una Comunicación en tanto derecho, y no desde el paradigma de la comercialidad.

17. Por ello es que a continuación presentaremos el panorama más amplio que pudimos recoger con
los medios a nuestro alcance. Como inicio del análisis actual, proponemos replantear como punto
crucial el golpe de Estado perpetuado en contra del gobierno democrático de Juan Manuel Zelaya.
El representante de la centro-izquierda hondureña fue derrocado por opositores (encabezados por
Roberto Michelleti), con colaboración de las fuerzas de seguridad, que esgrimían que aquel había
intentado cambiar la constitución para poder ser reelecto. Desde aquel momento, Honduras se metió
en una de sus peores crisis sociales y políticas. En esa coyuntura, el bloque institucional regional
latinoamericano mostró una reacción positiva, en pos de conservar justamente la institucionalidad, y
se movilizó: representantes de países se hicieron presentes, mostrando su preocupación por la
conservación de los poderes democráticos, y por considerar que estaban siendo avasallados por el
golpe. En cuanto a la disciplina que nos compete aquí, debemos decir que varias son las
organizaciones que se preocupan por el seguimiento del estado de la comunicación y de su
ejercicio. Para ese suceso, una Misión Internacional de Libertad de Prensa y Libertad de Expresión,
fue conformada para dar el presente en el país caribeño y formular un informe, constituida por siete
organizaciones: ARTICLE 19, Asociación Mundial de Diarios (WAN-IFRA) / ADEPA, Asociación
Mundial de Rdios Comunitarias (AMARC), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Free
Voice, International Media Support (IMS) y Reporteros sin Fronteras (RSF).
Accediendo a dicho informe, titulado Honduras: La “guerra mediática” y la polarización de los
medios de comunicación (confeccionado in situ entre los días 1 y 7 de noviembre del año 2009),
vemos que su preocupación principal pasó por dos ejes principales: censura y autocensura, y la
seguridad (inseguridad), es decir el peligro contra la integridad de las personas consecuencia de la
persecución política e ideológica. El primero de los ejes, apunta principalmente al ejercicio de la
censura oficial y la imposibilidad de tener acceso a la Información Pública; en uno de sus tramos el
informe reza: “En 2008, los niveles de abuso de la publicidad oficial y otras formas de censura
eran extremadamente altos. Para conseguir contratos de publicidad del gobierno de Zelaya, era
necesario contar con buenos contactos entre las autoridades y tolerar la imposición de ciertas
condiciones al contenido informativo y de las noticias. Contratos para la publicidad oficial incluía
cláusulas que obligaban a los y las periodistas y los medios a reportar no sólo positivamente la
administración, dejando de lado la crítica”. En este tramo, leemos lo que el informe califica como
autocensura, es decir condicionarse hacia adentro, por el hecho de depender del dinero oficial para
la supervivencia del medio. Los actos de censura directa se mostraron, según este informe, en
diversas acciones: el corte de suministro energético, cierre y asalto a medios (durante el gobierno de
Zelaya, continuando luego de su derrocamiento), amedrentamiento, goolpizas, detenciones
arbitrarias a periodistas, expulsión de corresponsales extranjeros, “complementando con al
utilización de mecanismos de guerra sucia y amenazas”.

18. Por eso es que el otro de los ejes del informe es la Seguridad. En un clima de semejante presión y
ejercicio de las amenazas y la violencia, las consecuencias fueron y y siguen siendo uno de los
mayores problemas en Honduras, donde el registro de muertes relacionadas con esta problemática,
ya supera el número de las cien vidas. Este estado institucional grave, se da en el marco de lo que se
denomina en el informe como “guerra mediática”, y que no es desconocido por nosotros, ya que
también se da en nuestro país, que consiste en la disputa entre los dueños de medios de
comunicación, que a la vez conforman, en tanto empresas conglomeradas, bloques económicos con
intereses privados multimillonarios, y un gobierno que se les opone discursiva y por momentos
operativamente. En el medio, los profesionales de la comunicación, y la sociedad civil en general,
permanecen en la peligrosidad del fuego cruzado, y conviven con la inestabilidad económica y
social como consecuencia de una disputa, que sin titubeos, es por sostener el modelo de
acumulación económica capitalista, en el marco de un sistema donde la comunicación como
herramienta ha cobrado una relevancia superlativa, en la actual sociedad de la información y la
comunicación. Desde ya que, siempre en detrimento de los intereses y derechos de los sectores
medios y populares, que nos son los principales beneficiarios sea quién sea que salga victorioso.
Otra de las asociaciones que viene trabajando en el seguimiento de la esfera comunicacional en
Honduras es Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Esta fuerza social viene elaborando, de
manera sistemática desde 2002, que monitorean la libertad de expresión y el ejercicio del acceso
libre a la Información Pública. De hecho, las propuestas de reforma en los años 2011 y 2013 fueron
impulsadas por C-Libre: sobre la última proponían
“Motivados, una vez más, por el anhelo de ver al pueblo hondureño amparado a la
luz del deber y del derecho; de ver la ley como única luz armonizadora entre las
relaciones ciudadanas, y dinamizadora del desarrollo de las sociedades, el Comité por la
Libre Expresión (C-LIBRE) nuevamente inicia otra lucha para lograr, mediante una
nueva Ley de Telecomunicaciones, la democratización del espectro radioeléctrico, como
antes lo hiciéramos con el proceso que dio como resultado la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. En aquella ocasión, aportamos, conocimiento y
experiencia para abrir sendas que expusieran datos, cifras, movimientos, expedientes (...)
ante los ojos del soberano, que como fuente y objeto primario de la cosa pública es y será
siempre el legítimo árbitro y el juez por excelencia; esta vez se trata de hacer de todos y
de todas el gran patrimonio de la telecomunicación, que histórica e intencionadamente se
ha reservado
para grupos privilegiados. Y es que la telecomunicación implica una tridimensión que
coadyuva a definir el acontecer sociopolítico y económico de una nación, primero si la
vemos como herramienta, después como insumo y por último y por lo consiguiente, como
bien público; como herramienta puede darle la hegemonía de control social a cualquier
élite y marcar el rumbo político del país perennizando los roles según posiciones de clase,
ello explica el éxito de las campañas mediáticas en las luchas por el celo o la disputa del
poder. Como insumo ha llegado a ser una variable económica determinante en la
distribución de la riqueza, pues no sólo se constituye ella por sí misma en fuente, sino que

19. auxilia a quien la controla en el acceso y/o monopolio de otras. Empero, al no tener un
dueño particular por su naturaleza de intangibilidad, se presenta como un
bien público, pasando a ser menester de y sólo del Estado como ente representativo del
soberano que es el pueblo”.
Consideramos que esta propuesta conforma el primer enfoque (de los rastreados por nosotros),
que pondera el costado ciudadano de la Comunicación, en tanto bien público, del que se entiende
que es un capital común que se debe proteger en muchos sentidos, y por medio de diversas acciones
y asociaciones. También, tienen en cuenta las distintas nociones que a lo largo de la historia de las
comunicaciones en Honduras, han construido un sistema limitado, concentrador y monopolizado,
netamente comercial. En este sentido, es pertinente mencionar que dicho país pertenece al enclave
económico centroamericano, sobre el que la disputa geopolítica por parte de las potencias
económicas (sobre todo hoy día Estados Unidos) hacen mella, en tanto que conforma al bloque del
que se extrae materia prima, por lo que se ubica en el piso de la división internacional del trabajo.
En este sentido, consideramos a lo que el informe de La Misión llama “Guerra mediática”, el efecto
directo que ejerce el sistema capitalista de producción, en tanto división entre países extractores y
países productores, en cuanto a que es indispensable que una clase local, trabaje en función de esta
dinámica, y que ocupa lugares de poder, ya sea en la política o en la economía. Celebramos, desde
acá que las asociaciones civiles se movilicen por los derechos, es decir que creemos que la lucha
desde las bases es la única que posibilitaría el achicamiento de las brechas, porque por lo visto, ni la
clase dirigente ni la clase económicamente dominante, tienen intenciones de producir acciones y
políticas que consideren al amplio espectro de la población.
Estableciendo parangones
Estableciendo un paralelismo con nuestro país, Javier Torres Molina cita como una de las
primeras políticas de comunicación en nuestro país a la primera ley de organización de los
servicios de radiodifusión promulgada durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón
en 1953, …”definiendo al servicio de radiodifusión como aquel que mediante emisiones ondas
sonoras o visuales, transmite directamente al público en general, programas que respondan al
interés general ”…8
calificando los contenidos de interés público y permitiendo su explotación a
particulares previa adjudicación de licencia. En 1965 un decreto establece que los contenidos serán
8 Torres Molina Javier, El Estado y las Normas de Radiodifusión.

20. fiscalizados por el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART).
Durante los setenta las políticas nacionales de comunicación impulsadas en Argentina estaban a
tono con las hondureñas, es decir en consonancia con las impuestas por el modelo liberalista.
En 1972 La Revolución Argentina sanciona la ley Nº 19798 dentro de un marco más amplio en
torno a las telecomunicaciones, que engloba telegrafía, telefonía, y el telex entre otro. Declarando
en el art Nº 78 de interés público la radiodifusión. Se crea el CONFER que pasa a depender al año
siguiente de la secretaría de presidencia, e intervenido posteriormente en el gobierno de facto del
78.
En 1980 se promulga la ley Nº 22285 Nacional de Radiodifusión durante el Proceso de
reorganización nacional derogando la 19798, “firmada por el genocida Videla y en concordancia
con el Acta del 24 de marzo de 1976 que establece el Propósito y Objetivo Básico del Proceso de
Reorganización Nacional”9
. La ley contempla los mismos controles ejerciendo un riguroso control
sobre los contenidos en reguardo de la seguridad nacional, caso contrario se procedía a la
eliminación.
La ley hondureña establece similares políticas de comunicaciones que las implementadas por la
junta, escaso apoyo a los medios públicos, y mayor interés al sector privado al considerar a la radio
y la televisión como negocio destinado a empresas comerciales. Para implementar su
adoctrinamiento mediático en 1980 llevo adelante una privatización masiva de señales que
beneficio a empresarios afines, quienes garantizaban colaborar con ellos cuando solicitaran
información. En los ochenta con el retorno a la democracia durante el gobierno del Dr. Raul
Alfonsín el CONFER solo es intervenido a las espera de una nueva ley.
En los noventa durante el gobierno del Dr. Carlos Menem la ley Nº 23696 de Reforma de
Estado impulsada por Carlos Ménem en el ART 65 realiza privatización de señales, que permitieron
la concentración de medios, y facilitaron el despliegue de empresas extranjeras. Autorizo a
empresas periodística a adquirir radios y canales de tv. Se habilitaron mecanismos para la
transmisión de programas extranjeros. Dentro de dicho marco la globalización beneficio un gran
crecimiento en manos de pocos. Como señala Zygmunt Bauman los procesos globalizadores
producen segregación, separación y marginación progresiva. En 2001 durante el gobierno de Dr.
Fernando de la Rúa debido a fuertes presiones de multimedios esta ley no es tratada.
Camino hacia la nueva ley argentina:
En agosto de 2004, la Coalición por una Radiodifusión Democrática conformada por
organizaciones sindicales, de DDHH, comunitarias, de pequeñas y medianas empresas, elaboran
una iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia con veintiún puntos
9 Ibídem.

21. básicos por el derecho a la comunicación.
En 2005 como señala Califano Bernardette en Medios de comunicación y política..., el gobierno
del Dr. Néstor Kirchner sanciona la ley 26053 que permite tener señal a las radios cooperativas,
modificando así el artículo 45 de la ley al permitir que personas o entidades sin fines de lucro
puedan acceder a licencias, contemplando los reclamos de numerosas cooperativas del país que
pretendían brindar el servicio de radiodifusión.
En 2009 el gobierno de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner impulsa un proyecto de ley de
Servicio de Comunicación Audiovisual para reemplazar la vigente de la dictadura. La ley Nº 26522
Servicio de Comunicación Audiovisual promulgada el 10 de septiembre de 2009, marcó un hito en
la historia de los medios de comunicación, el acceso a la información y la comunicación social en la
Argentina, ya que esta ley concibe a la comunicación como un servicio de interés público.
En torno a las TICS el gobierno impulsa desde el 2010 una fuerte política de inclusión que
apunta a achicar la brecha digital a través del programa CONECTAR IGUALDAD que entrega
netbooks a alumnos de escuelas públicas. Para esto también se trata de brindar soporte técnico
instalando redes de WIFI en lugares públicos con libre acceso. Sobre nuevas tecnologías y
servicios: la propuesta contempla el potencial impacto que provocaría la incorporación de nuevas
tecnologías y servicios que no se encuentren operativas en la actualidad. Se procura un desarrollo
armónico atendiendo a los espacios futuros a crearse por vía de los procesos de digitalización, en
los que la pluralidad debe ser garantizada.
Al igual que Honduras la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual de Argentina reconoce
la importancia de las TICS para la incorporación del país al paradigma comunicacional del sXXI,
implementando estas políticas y otras que se complementan y expanden en medidas aplicadas a la
información, a la cultura, a la ciencia, a la educación, como por ejemplo la creación de los portales
educativos nacionales y provinciales.
A diferencia de la ley de medios hondureña la Argentina limita el libre mercado, el contemplar la
comunicación como un servicio y garantizar su derecho, crea el AFSCA como ente regulador
encargado de fiscalizar el cumplimiento de la norma.
….”la tarea de crear el orden social requiere de esfuerzos enorme, constantes, para seleccionar,
trasladar y condensar el poder social, lo cual a su vez exige recursos tales que solo el Estado con
la forma de un aparato burocrático puede reunir, concentrar y desplegar”…9
En este sentido Honduras todavía no logra escapar de las imposiciones del mundo globalizado, más
bien las ha consolidado a los monopolios. Argentina con el fin de impedir la formación de
monopolios y oligopolios, limita en la ley la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias
9 BAUMAN, Zygmunt. La globalización: consecuencias humanas. Introducción y Cap. III: Después del Estado...
¿Qué? F.C.E., México, 1999.

22. y por tipo de medio.
Respecto a lo planteado por la C-LIBRE para que honduras pueda tener una ley que le garantice
a la información y comunicación como un derecho humano; podemos decir que nuestro país se
encuentra a la vanguardia en las políticas implementadas en la ley. Una de las más destacadas en la
división del espectro radiofónico, que es dividido en tres partes, uno para sector privado, otro para
público y otro para el comunitario. A su vez los contenidos de servicios de televisión abierta deben
emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia
que incluya informativos locales. Los servicios de televisión por cable no satelital deben incluir
como mínimo una señal de producción local propia. Así “lo global no se contrapone en sí mismo ni por
sí mismo a lo local. Más bien aquello a lo que nos solemos referir como local está esencialmente incluido
dentro de lo global”11
. También deben incluir en su grilla de señales originadas en países del
MERCOSUR y en países latinoamericanos. Las radios privadas deben emitir un mínimo de 50% de
producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida debe
ser de origen nacional. Quedan eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o
temáticas.
Mencionando el artículo 3 hondureño propuesto en su anhelada propuesta de reforma que hace
mención a la libre expresión de pensamiento; encontramos similitud con el cargo recientemente
creado de secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional dentro del
Ministerio de Cultura de la Nación, ocupado por el filosofo Ricardo Foster.
Podemos decir que los procesos transcendidos en la última década allanaron el terreno para que
hoy esta ley pueda estar vigente casi totalmente. Durante este largo período democrático, Argentina
ha logrado dar vigor al reconocimiento de los reclamos de justicia impulsados por familiares o
víctimas de la dictadura, el reclamo de la sociedad civil por las muertes causadas por negligencia
policial y represiva en las protestas, las muertes y desapariciones a cargo del Estado de personas
claves en la lucha por la dignidad social y política como Luciano Arruga o Julio López; en tanto que
Honduras sigue siendo un país cuyo gobierno es autoritario, con una sociedad atemorizada por los
vestigios dictatoriales, la presión y el miedo que viven a diario, por el engaño en la falsa democracia
donde la sociedad civil no tiene ningún poder, donde los sucesos enmarcados en los principales
diarios son muertes de estudiantes, de periodistas, de campesinos… muertes a montones, muerte
como moneda corriente, por asaltos, por bombas, por la mafia, por un tiroteo. Cuando la vida está
en peligro constantemente y ningún poder ampara, no podemos hablar de democracia.
En la cancha de los derechos democráticos, el pueblo, ¿asiste al partido o lo juega?
En una democracia, cuando es verdadera, ¿el lugar del pueblo no es en la cancha? ¿Se ejerce la
democracia solamente el día en que el voto se deposita en la urna, cada cuatro o cinco años, o se
11 ROBERTSON, Roland. Glocalización: Tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad, en Zona Abierta, Madrid,
92-93, 2000. Artículo Completo: Págs. 213 a 241 inclusive.

23. ejerce todos los días de cada año?
A principios del siglo XXI, en una modernidad que pretendía ser democratizadora, las
conclusiones de este trabajo atoran cierta confusión ante la injusticia de la realidad de un país
latinoamericano con sus derechos humanos quebrantados, la libertad de expresión amordazada, las
libertades políticas otorgadas a oficialistas simpatizantes con el poder económico doblegadas por un
poder que contempla la represión, la muerte, la desinformación.
Confusión que alude a una guerra mediática, a una guerra civil en la que no lucha la sociedad,
sino que simplemente resiste y construye puntos de resistencia, voces que salen a la luz por medios
alternativos, por internet, por un periodismo independiente, en detrimento de las otras voces que
hablan desde el gobierno, desde los medios masivos de comunicación que como dijimos antes están
económicamente amparados en un relación dual de información/desinformación con relación al
poder económico y político.
Para atenernos a la actualidad, la realidad es que Honduras está en un proceso de cambio que se
alterna con episodios de violencia y violación de los derechos humanos; a la vez que en una
instancia que pretende la democratización y la igualdad social (al menos en el alcance de los medios
de comunicación). La nueva ley que entrará en vigencia el mes que viene (julio de 2014) puede ser
una buena herramienta para que a partir del desarrollo y la incorporación de las TICS, se concreten
sólidas políticas comunicacionales. Sin embargo, no está de más tener en cuenta que todo estará
regido por el mismo ente regulador que tiene las atribuciones del manejo del resto de los medios
audiovisuales.
Conclusión
Como cierre de este trabajo, podemos afirmar que las Políticas de Comunicación en el país
caribeño de Honduras, están recién carreteando por la senda de la igualdad, pluralidad y la
participación. Luego de décadas de predomino exclusivo de políticas con tendencia visiblemente
comercial, las voces de quienes se preocupan por construir una noción distinta, recién se están
empezando a formular y a escuchar. Creemos que esto no es un hecho aislado si consideramos el
conjunto de América Latina, la cual se encuentra en un proceso de construcción autónoma de la
ciudadanía, desarrollo de políticas inclusivas y reconocimiento de derechos. No obstante, la
violencia con que los viejos paradigmas resisten sigue ejerciendo su poder, que nunca cesó, pero se
acrecienta a medida que los intereses económicos y de clase, pierden fuerza. En este sentido, no
vemos todavía hecho letra el espíritu democrático que despiertan grupos como C-Libre, o las

24. “misiones” que cada tanto visitan países en crisis como Honduras, sino que por el contrario las
políticas nacionales de comunicación destilan aspectos orientados a la libre competencia, a la
organización de las corporaciones mediáticas, y a una comunicación producida en pocas manos.
Para ello, siguiendo a la comunicadora argentina María Cristina Mata12
, creemos pertinente
ciudadanizar las políticas de comunicación, es decir, contemplar la construcción de una
comunicación con la mayor participación de quienes, en principio, se pretende representar, y no en
el sentido que vienen marchando las PNC, que son en representación de las mayorías, de las
minorías relegadas, o en el peor de los casos las minorías dominantes. La voz de quienes no la
poseen, no es susceptible de ser formulada por aquellos que ostentan la representación, por lo que
su construcción debe ser no de arriba hacia abajo como la política actual nos tiene acostumbrados,
más bien el desarrollo de una comunicación autónoma, debe fluir desde todas las partes de la
ciudadanía, no es acercar la comunicación a, es hacer llegar el espíritu de la autonomía y el
comunitarismo a nuestros vecinos. Como terminamos por concluir en el grupo: una política
comunicacional de lo cercano.
1 2 MATA, María Cristina. Ciudadanizar las políticas de comunicación: los nuevos desafíos. II Coloquio
Argentina Brasil de ciencias de la comunicación. Mendoza, octubre de 2009. CD de memorias ISSN 1514-2159.

25. Bibliografía
BAUMAN, Zygmunt. La globalización: consecuencias humanas. Introducción y Cap. III: Después
del Estado ¿Qué? F.C.E., México, 1999.
BELTRÁN, Luis Ramiro. La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de
medio siglo; Documento presentado en el III Congreso Panamericano de la Comunicación.
Buenos Aires, 2005.
MAC BRIDE, Sean. Un solo mundo, voces múltiples: Comunicación e información en nuestro
tiempo. F.C.E., UNESCO, Comisión Internacional sobre problemas de la Comunicación,
México, 1980. Prefacio, Prólogo y Págs.: 19 a 87; 178 a 198; 206 a 217; 289 a 302 y 347 a 365.
MASTRINI, Guillermo y BECERRA, Martín. Periodistas y Magnates. Estructura y
concentración de las industrias culturales en América Latina. Edit. Prometeo. Buenos Aires,
Julio de 2006. Págs. 19 a 25 (Arbilla: diarios-radio-TV); 37 a 61 (concepto de Concentración).
MATA, María Cristina. Ciudadanizar las políticas de comunicación: los nuevos desafíos. II
Coloquio Argentina Brasil de ciencias de la comunicación. Mendoza, octubre de 2009. CD de
memorias ISSN 1514-2159.
RINCÓN-MAGRINI. Capítulo “Medios, poder y democracia en América Latina”. Poder político y
medios de comunicación. De los medios al reality Show. Buenos Aires, 2010.
ROBERTSON, Roland. Glocalización: Tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad, en Zona
Abierta, Madrid, 92-93, 2000. Artículo Completo: Págs. 213 a 241 inclusive.
TORRES MOLINA, Javier. El Estado y las Normas de Radiodifusión.

26. ANEXO
Informe sobre la libertad de expresión en Honduras:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/paises/2009%20Honduras.pdf
La Libertad de Expresión en la Legislación de Honduras C-Libre:
http://clibrehonduras.com/main/sites/default/files/Libertad%20De%20Expresion%20en%20la
%20Legislacion%20De%20Honduras.pdf
http://clibrehonduras.com/main/
Libro Honduras: prensa, poder y democracia. De CEDOH, Centro de Documentacion de
Honduras. Consejo latinoamericano de ciencias sociales, CLACSO:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Honduras/cedoh/20120703093602/honduras.pdf
Informe de la misión:
http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/honduras-la-guerra-mediatica-y-la-
polarizacion-de-los-medios-de-comunicacion.pdf
Observatorio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas:
http://clacpi.org/observatorio/?p=2778
Agencia Pulsar:
http://www.agenciapulsar.org/latinoamerica/reforma-a-ley-de-telecomunicaciones-en-honduras-
violentaria-libertad-de-expresion/
Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, reforma 2011:
http://www.hondutel.hn/portal_transparencia/pdf/leyes/Reforma%20Ley%20Marco%20del
%20Sector%20de%20Telecomunicaciones%20(DECRETO%20LEGISLATIVO%20112-2011).pdf
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 26.522:
http://www.afsca.gob.ar/ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual-26-522/