la contaminacion es producto de los malos recursos usados por las empresas transnacionales y/o peruaanas

1. UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
FACULTAD DE DERECHO
TEMA
CONTAMINACION AMBIENTAL
AUTOR
ROBINSON ROQUE LLACSA
PROFESOR
WILFREDO IVAN
Lima – Perú
2014

2. En el Perú, la contaminación del medio ambiente
por la acción de las fundiciones metalúrgicas
sigue siendo un grave problemai
La emisión de gases contaminantes por la operación de la fundición de la
empresa Doe Run ha convertido a la ciudad de La Oroya (33.000 habitantes a
3.750 metros sobre el nivel del mar), ubicada en la Región Junín, en la sierra
central del Perú, en uno de los lugares más contaminados del planeta, según la
organización ambientalista Blacksmith Institute. Sucede que el Complejo
Metalúrgico de La Oroya produce diariamente 1.070 metros cúbicos de humos
tóxicos que contienen 15 metales dañinos para la salud. Como consecuencia,
en la actualidad los niveles de micropartículas en suspensión en el aire superan
ampliamente aquellos que se consideran como situación de emergencia.
Ante este problema la empresa Doe Run tiene un gran retraso en el
cumplimiento de su Programa de Adecuación Medio Ambiental, teniendo en el
año 2006 un plazo adicional de 39 meses para cumplir con las metas del
Programa de Adecuación y Manejo del Medio Ambiente (PAMA) pactadas para
ese año.
En la actualidad, la empresa afirma que cumplirá con el nuevo plazo y que está
realizando importantes inversiones con el objetivo reducir el impacto ambiental
generado por su fundición en la zona. Concretamente, representantes de la
empresa mencionan la construcción de tres plantas de tratamiento del ácido
sulfúrico, que permitirán reducir las emisiones de dióxido de azufre de la
fundición.
Una respuesta distinta frente a una problemática similar fue propuesta en Chile,
donde el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Alfredo Ovalle,
planteó el uso de parte de los royalties para afrontar los pasivos ambientales de
esta industria. La idea fue mencionada en el discurso que Ovalle realizó en la
cena anual del gremio, en la que afirmó que la recaudación conseguida por
concepto del impuesto supera lo esperado y estos fondos no están siendo
utilizados completamente. De esta manera, justificó la posibilidad de dedicar
una parte de los recursos a los pasivos ambientales mineros en lugar de
utilizarse para la inversión en innovación, motivo para el cual fueron creados.
Las diferencias en torno a la distribución de la renta de los hidrocarburos
alimentan los conflictos regionales en Bolivia ii
Los movimientos cívicos del Chaco boliviano bloquearon las carreteras de las
opositoras regiones de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, en protesta por el
recorte del 30% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
Estos recursos eran hasta el año pasado distribuidos a los gobiernos sub
nacionales y las universidades, pero ahora han sido reasignados al
financiamiento del llamado Bono Dignidad, destinado a los ciudadanos de la
tercera edad de todo el país. Las protestas también son en rechazo a la

3. decisión asumida por el MAS de aprobar la nueva Constitución Política del
Estado mediante un nuevo referendo.
Los bloqueos incluyeron el cierre de las fronteras con Argentina y Paraguay, y
las vías de acceso al campo San Alberto ubicado en Caraparí, al sur de Tarija,
en el que opera la empresa brasilera Petrobras.
Los opositores también reclaman se incremente el precio de venta del gas que
se exporta a Argentina y Brasil, lo que implicaría revisar los contratos de
exportación de gas que fijan este precio para Brasil entre US$ 7 y US$ 8, y
para Argentina en US$ 7 el millar de BTUs. Según el asesor del Comité Cívico
de Camiri, Justo Zapata, estos mismos países pagan US$ 17 el millar de BTUs
a Trinidad y Tobago.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco)
y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), señalaron que existe una
relación asimétrica en el comercio con Brasil y Argentina, ya que estos países
ponen restricciones a la exportación de bienes no tradicionales con valor
agregado, pero reciben el gas natural a precios subsidiados. Afirmaron además
que el comercio con estos países debe “desgasificarse”, pues si no se
consideran las exportaciones de gas, Bolivia registraría un déficit comercial
superior a tres mil millones de dólares entre 1997 y el 2007 con los países
mencionados.
El gobierno estableció el resguardo de los campos petroleros y gaseoductos de
la zona por las Fuerzas Armadas, y aprobó el Decreto Supremo 29684 que
permite enjuiciar a funcionarios y civiles que atenten contra los campos de
hidrocarburos, gaseoductos o recursos del Estado. Adicionalmente, a través del
Decreto 29698 se instituyó sanciones económicas a las prefecturas que
promuevan los ataques en contra de instituciones públicas e infraestructura
gasífera.
Mientras tanto, la violencia se intensificó en las regiones, y en Pando se
llevaron a cabo saqueos y agresiones contra las Fuerzas Armadas. Las
regiones de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca se quedaron sin suministro de
Gas Licuado y Diesel.
En el Perú, hay incertidumbre ante la falta de solución definitiva de los
recientes conflictos vinculados al sector extractivo iii
Posteriormente al acta firmada en junio que puso fin al conflicto en Moquegua,
región que protestaba por la disminución de sus recursos de canon a favor de
la vecina Tacna, el 6 de Septiembre se reunieron el Presidente del Consejo de
Ministros, Jorge del Castillo, y las principales autoridades de dicha región. En
esta reunión se discutió la propuesta de la PCM de distribuir el canon de
acuerdo al valor del concentrado puro obtenido en la minas de Cuajone y
Toquepala, en Moquegua y Tacna respectivamente. De esta manera, el 52%
del canon sería asignado a Tacna y el 48% a Moquegua. Pero aun no se ha
llegado a un acuerdo sobre esto, pues del Castillo también se reunió con

4. autoridades de Tacna, quienes afirmaron que no estaban dispuestos a ceder
ninguna parte del canon que reciben, ya que es fundamental para el desarrollo
del departamento.
Por otro lado, luego de que el Congreso Nacional lograse detener las
movilizaciones de las comunidades indígenas Amazónicas con la promesa de
derogar el Decreto de Ley 1073, que facilitaba la inversión en hidrocarburos en
las tierras comunales, el Gobierno Central aun no aprueba la ley N o 2440 que
hace efectiva esa medida. Asimismo, la Comisión Multipartidaria que el
Congreso acordó conformar ni siquiera ha sido discutida en las últimas
reuniones del Congreso. Esta demora ha generado descontento entre las
organizaciones indígenas de la Amazonía quienes evaluarán el viernes 12 si
vuelven a movilizarse ante la falta de concreción de las promesas que les han
sido hechas.
Un indicio adicional de la posición del Estado en el tema de las industrias
extractivas en la Amazonía, es el agudo crecimiento del número de
concesiones de bloques de hidrocarburos para exploración y explotación en el
área del Amazonas. El aumento ha sido de 30 bloques en el 2002 a 151 en el
2007, sobre todo en la etapa de exploración. En esa actividad, el Perú es el
país con mayor número de hectáreas concesionadas llegando a 35 millones,
seguido por Brasil y Bolivia con cantidades significativamente menores de 5
millones 700 mil Has y 2 millones 900 mil Has respectivamente. La situación se
agrava al considerar que en el Perú, al igual que en Ecuador, existe un alto
número de superposiciones entre los bloques de hidrocarburos y las Áreas
Naturales Protegidas.
La fuerte iniciativa de promover proyectos de hidrocarburos se observa también
en el anuncio de Perupetro del 29 de agosto, en donde se informa que 40
empresas y consorcios han calificado para la subasta de 22 lotes petroleros.
De esta manera se espera superar los 100 contratos vigentes y mejorar la
balanza de hidrocarburos del país. Pero es claro también que esta masiva
asignación de lotes sin consulta a las organizaciones indígenas que habitan
esos territorios, puede atizar la dinámica de conflictos que ya se vive en la
Amazonía.

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