White Paper llevado a cabo en el marco del programa de doctorado: Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Santiago de Compostela, años académicos 2005-2007

1. El género en la política de cooperación al desarrollo
de la UE
Ruth Vilaró Beloso
Año académico 2006-2007
1

2. Índice:
Introducción.......................................................................................................................2
2. La Política comunitaria de igualdad de trato.................................................................4
2.1. Análisis de política europea de igualdad de oportunidades....................................5
3. La representación de intereses a nivel comunitario.......................................................9
3.1. Integración en la corriente principal.....................................................................10
3.2. Acción colectiva a nivel europeo.........................................................................13
3.3. El marco teórico para el estudio de la acción colectiva a nivel europeo..............14
3.4. Las estructuras formales que conforman el movimiento......................................18
....................................................................................................................................20
3.5. El policy-making europeo....................................................................................21
4. La acción política exterior de la Unión Europea........................................................23
4.1. Teorías de cambio cultural en los valores...........................................................24
5. La política de desarrollo de la Unión Europa: una aproximación a las cuestiones de
género..................................................................................................................28
5.1. Evaluaciones de proyectos y programas...............................................................30
5.2. La evaluación de políticas públicas......................................................................35
5.3. El carácter político de las evaluaciones................................................................37
6. El género en el ámbito de la Unión Europea y las Naciones Unidas..........................37
6.1. La Conferencia de Beijing de 1995.....................................................................39
6.2. La Unión Europea y la integración de la perspectiva de género en el desarrollo.41
7. Perspectivas teóricas sobre el género en el desarrollo................................................46
Introducción
La femocracia es un término entre cuyos sinónimos figura el de feminismo
oficial. Las instituciones y organismos creados para la promoción de las mujeres han
supuesto en Europa grandes avances, que la mayoría de los estudios coinciden en
afirmar, han proporcionado medios humanos y materiales al movimiento feminista
además de traducir sus aspiraciones en objetivos concretos de políticas reales. Los
estudios descriptivos de caso que se llevan a cabo sobre el feminismo oficial suelen
consistir en el análisis de las medidas que las instituciones y organismos oficiales
2

3. formulan y ejecutan, y en el impacto que estas medidas tienen en la realización de
políticas por parte de otras instituciones.
En el ámbito europeo, las actuaciones del feminismo oficial comienzan en el
ámbito de la igualdad de derecho y anteceden a la igualdad de hecho, como suele ocurrir
generalmente. Es a partir de la Conferencia de Beijing, y del Tratado de Ámsterdam
cuando se toman medidas concretas para fomentar el feminismo oficial como principal
mecanismo de elaboración e implementación de políticas, que se concretan en Planes de
Igualdad. Pero no sólo se lleva a cabo la creación de organismos oficiales para la
introducción de la perspectiva de género en el ámbito de la Comisión, sino que también
en el Parlamento Europeo se crea la Comisión para la Defensa de los Derechos de la
Mujer e Igualdad de Género y recientemente se crea el Instituto para la Igualdad
Europeo. En cuanto a los instrumentos a través de los cuales se introduce la perspectiva
de género en la UE, destacan los Programas de Acción para la Igualdad de
Oportunidades (1996-2000) y la Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igualdad de
Hombres y Mujeres 2001-2005, como documentos principales.
Las políticas formuladas por la Comisión Europea, a través de la Unidad para la
Igualdad de Oportunidades de la DG V han variado desde el momento en que se crea en
la década de los noventa. Paralelamente el papel desempeñado por el movimiento
feminista también ha ido evolucionando de la mano del desarrollo de una maquinaria
institucional europea por la defensa de la igualdad de género. En qué grado el rol
desempeñado por las instituciones europeas para la defensa de la igualdad de género a
través de las políticas que formula ha influenciado el desarrollo de determinadas formas
de acción colectiva a nivel europeo es el tema principal de este trabajo.
3

4. 2. La Política comunitaria de igualdad de trato
La política comunitaria de la igualdad de trato está estrechamente ligada a la
dimensión social de la UE. Según Susan Cunningham hay dos modos de conceptualizar
la igualdad de oportunidades a nivel europeo. La interpretación minimalista está
relacionada con una igualdad de oportunidades procedimental y está asociada con los
conservadores y la nueva derecha. Basada en principios utilitarios, los que proponen
este enfoque están a favor de una sociedad basada en el mérito y la eliminación de
4

5. barreras al éxito. A través del libre juego de las fuerzas del mercado todo individuo
tiene la oportunidad de competir. Esta visión de la igualdad de oportunidades tiene su
paralelo en lo que ha sido identificado como el “enfoque descentralizado” de la política
social de la Comunidad Europea. Los que defienden esta visión creen que es necesario
alcanzar estándares básicos comunes en áreas como la salud y la sanidad en el trabajo,
exceptuando las demás provisiones sociales que deberían determinar las fuerzas del
mercado.
La interpretación maximalista está orientada hacia un enfoque más radical. La
igualdad sólo debería ser juzgada, según esta visión, a través de estados finales o
igualdad de resultados. Se adopta una visión holística de la sociedad donde el individuo
no es una entidad aislada sino que forma parte de un grupo social. Siguiendo este punto
de partida, las circunstancias sociales e históricas podrían ser tomadas en cuenta. De
nuevo, existen similitudes con un segundo enfoque teórico de la política comunitaria: el
enfoque legislativo, basado en el establecimiento de las reglas desde arriba, un marco
legal sería establecido por medio de provisiones legales que los Estados miembros
deberían cumplir.
2.1. Análisis de política europea de igualdad de oportunidades
El análisis de la política comunitaria de igualdad de trato en la Comunidad
Europea puede llevarse a cabo a través de un análisis de los orígenes de la política
social. El desarrollo de la política social europea puede llevarse a cabo a través de tres
fases: la fase PRE-1980, 1980-1989, y 1990 hasta la actualidad.
5

6. Durante su fase inicial de desarrollo, en términos de legislación de igualdad,
todas las medidas tomadas estaban basadas en la esfera económica. Las raíces para este
tratamiento de la igualdad de oportunidades estaban en el artículo 119 del Tratado de
Roma que instauraba el principio de “igualdad de pago en el trabajo”. El Programa de
Acción Social (1974) extendió el Art. 119 a través de las directivas 75/117/CEE (1975)
de igualdad de pago; 76/207/CEE (1976) de igualdad de trato; y 79/7/CEE (1979)
igualdad de trato-seguridad social. En esta fase la política social era concebida como un
instrumento para mejorar las condiciones de trabajo y los estándares de vida de los
trabajadores.
Los años ochenta se caracterizaron por el hecho de que los Estados miembros
trataron de eludir la política social una vez que esta suponía salir de la estricta esfera
económica para tener en cuenta cuestiones sociales.
Con la aprobación del Acta Única Europea en 1987 la retórica sobre los
derechos sociales básicos pasó de nuevo a primer plano encontrando expresión en la
Carta Europea de Derechos Sociales Básicos, aceptada por el Consejo Europeo en
Octubre de 1989 con la única oposición de Reino Unido.
El progreso de la política de igualdad de trato puede dividirse a su vez en tres
períodos cronológicos que abarcan las décadas de 1970, 1980, y 1990.
En la década de 1970, y como ya se ha comentado más arriba, fueron tres las
directivas que trataron la igualdad (76/207/CEE; 75/117/CEE; 79/7/CEE) con la
intención de usar la legislación en igualdad como un instrumento de política económica
más que para desarrollar la legislación de igualdad. El éxito de los años setenta puede
considerarse que fue poner la igualdad de género en la agenda, creando una base para el
6

7. posterior desarrollo de la legislación de igualdad que pudiera ir más lejos en sus
objetivos.
A partir de este escenario se creó el Primer Programa de Acción de Igualdad de
Oportunidades (1981), con el objetivo de fortalecer los derechos de los individuos como
forma de conseguir la igualdad y de llevar a cabo la igualdad de trato. El programa en sí
contenía 16 programas de acción acerca de los sistemas impositivos, vida familiar,
legislación protectora, igualdad de trato para inmigrantes, segregación en el trabajo y
nuevas tecnologías. Según la Red Europea de Mujeres (ENOW) el programa estaba
dotado de un gran potencial, ofreciendo un marco realista para el desarrollo de políticas
y de legislación. Sin embargo el potencial del programa fue desperdiciado debido a la
llegada del periodo de recesión económica que hizo que las cuestiones de igualdad
perdieran su atractivo como modo de legitimar a la UE. La mayor parte de los Estados
miembros no llegaron a implementar la mayor parte de las provisiones del programa.
El reconocimiento del limitado éxito del Primer Programa de Acción llevó a la
implementación de un segundo programa, Plan de Acción para mujeres de 1986-90.
Este significó más presión para una continuación de un más intensivo programa de
acción en lo relativo a la posición de las mujeres en el mercado de trabajo. Sus objetivos
principales eran asegurar que las legislaciones actuales sobre igualdad de trato eran
aplicadas, remediar defectos en la legislación comunitaria existente y simplificar las
regulaciones y publicitarlas de forma más clara. Para conseguir estos objetivos el
programa estaba orientado hacia acciones concretas identificando grupos vulnerables
como objetivo. Los roles y responsabilidades de cada grupo (familias monoparentales,
mujeres inmigrantes, retornadas, incapacitadas, autónomas) eran claramente
identificados.
7

8. Bajo el segundo Programa de Acción se aprobaron otras dos directivas: Igualdad
de trato en los sistemas de seguridad social (86/378/CEE) y la Igualdad de trato en los
regímenes de trabajo por cuenta propia en agricultura (86/13/CEE).
En la década de los ochenta, aunque se dio un cambio sustancial en lo que a
consecución de igualdad se refiere en términos de integración social y económica, la
implementación de los Planes y Programas ha sido deficitaria, permaneciendo las
cuestiones de igualdad de trato marginadas en términos de política comunitaria.
Con la firma del Acta Única Europea en Julio de 1987 la importancia de la
dimensión social de la UE pasa de nuevo a primer plano. El resultado es la firma de la
Carta Social Europea en Diciembre de 1989 por el Consejo de Ministros, que en su Art.
16 hace referencia a la importancia del principio de igualdad de trato, e introduce la
igualdad de oportunidades como base fundamental que impulse la implementación del
principio de igualdad. El Acta establece un Programa de Acción para su
implementación, que a su vez establece un Tercer Programa Comunitario en Igualdad
de Oportunidades para Mujeres y Hombres para desarrollar entre 1991 y 1995. El
Tercer Programa de Acción es importante porque supone la integración de la igualdad
dentro de la corriente principal general, definiendo la política de igualdad de
oportunidades como una parte integral de las políticas económica, social y estructural de
la Comunidad (COM (90) 449 final). El Programa propone la iniciativa NOW como un
paso importante en esta dirección.
8

9. Para el Parlamento Europeo la promulgación de estas propuestas permitirá a las
mujeres avanzar en la reconciliación de las responsabilidades familiares y laborales y
superar la tradicional división sexual del trabajo (Parlamento Europeo, “Mujer y
Empleo en los noventa” PE139.392 Doc. 5).
3. La representación de intereses a nivel comunitario
La política social europea ha sido permeable a la existencia de intereses difusos
a nivel comunitario. Como M. A. Pollack1 propone la estructura institucional de la
Comunidad acoge con facilidad a los intereses de las organizaciones de mujeres, entre
otros. Los intereses difusos (intereses colectivos representados por un gran número de
individuos) siguen a menudo la ruta de Bruselas por medio del lobby a la Comisión
Europea, la cual posee el derecho de iniciativa en el policy-making europeo. Una
segunda ruta es la del Parlamento Europeo, que ha demostrado considerable simpatía
hacia los intereses difusos, en especial dentro de los comités parlamentarios. Una última
ruta estaría constituía por la Corte Europea de Justicia, que en el sistema legal tiene el
poder de hacer cumplir e interpretar los Tratados y las regulaciones de la Comunidad
Europea.
En el área de los derechos de las mujeres, la Comisión ha mantenido la Unidad
de Igualdad de Oportunidades, en el Directorio General V de Asuntos Sociales, que ha
sido activa en la redacción de los borradores de directivas y de varios Programas de
Acción para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades. Aunque los grupos de
mujeres han estado pobremente representados a lo largo de la historia de la Comunidad,
1
Mark A. Pollack, “Representing Diffuse interests in EC policy-making”, Journal of European Public
Policy, Vol 4: 4 (1997, December), pp. 572-590.
9

10. según Mazey2 (1995: 593) los últimos años han sido testigos del desarrollo de un marco
formal institucional a nivel comunitario asociado con la formulación e implementación
de la legislación comunitaria y los programas de acción positiva, y un gran número de
actividades desarrolladas por grupos de interés han sido legitimadas. Regularmente
estas organizaciones son consultadas por lo funcionarios de la Comisión. La mayor
parte de estas organizaciones están asociadas con el Lobby Europeo de Mujeres, la Red
Europea de Mujeres y el Comité para los Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo,
desempeñando un importante papel en el proceso de situar los temas en la agenda
política europea.
La Unidad de Igualdad de Oportunidades se establece en 1976 en la Dirección
General V (Empleo, Relaciones Industriales y Asuntos Sociales) de la Comisión.
Veintiséis oficiales se ocupan de la unidad, que es formalmente responsable de la
formulación e implementación de las políticas de igualdad de la UE. La Unidad trabaja
en estrecha cooperación con el Comité para la Igualdad de Oportunidades establecido
por la Comisión en Diciembre de 1981. Este Comité reúne dos veces al año
representantes de los organismos de igualdad de los Estados miembros. Empleados y
sindicatos de trabajadores, además del lobby europeo de mujeres tienen estatus de
observadores en el Comité.
3.1. Integración en la corriente principal
El concepto de mainstreaming entra en la agenda política europea a partir de
1995 con la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia para la Mujer en Beijing. La
2
Sonia Mazey, “The development of EU Equality Policies: bureaucratic expansion on behalf of Women?,
Public Administration, Vol. 73 (1995), pp. 591 – 609
10

11. estructura política de la Unión Europea que siempre había estado abierta a los grupos de
mujeres se abre todavía más gracias a la Comisión Santer, con un claro compromiso con
la igualdad de oportunidades. Este mandato claro a favor de la igualdad de
oportunidades se pone de manifiesto en el nombramiento de un nuevo grupo de
comisarios para la Unidad de Igualdad de Oportunidades. Como resultado un nuevo
plan de acción es adoptado, el llamado Cuarto Programa de Acción para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1996-2000), calificando el mainstreaming
como elemento más importante del mismo.
La aprobación en 1997 del Tratado de Ámsterdam incluye múltiples provisiones
para el fortalecimiento de la competencia de la UE en el área de la igualdad de
oportunidades. Un nuevo artículo 119 es redactado, y en su lugar el nuevo artículo 141
fortalece la disposición original de igual salario, supone la mayoría cualificada en
Consejo y la co decisión con el Parlamento Europeo para la aprobación de futura
legislación en igualdad de oportunidades. Además, el Tratado de Ámsterdam supone la
revisión de los artículos 2 y 3 del Tratado, haciendo de la igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres, no limitada a la igualdad de salario por trabajo de igual valor,
un objetivo central para la Unión.
Fuera de la Comisión, los intereses de las mujeres están formalmente
representados en el Comité para la Defensa de los Derechos de la Mujer, del Parlamento
Europeo, establecido en 1984. Desde su creación este comité ha sido muy activo en la
acción de lobby. En particular ha jugado un importante role situando cuestiones de
igualdad en la agenda política.
11

12. La Comisión en general ha jugado un importante papel en la movilización del
lobby transnacional europeo de mujeres para que apoye sus iniciativas en este sector.
Como parte de este proceso movilizador la Comisión ha establecido el Servicio de
Información de Mujeres en 1976 para publicitar las políticas de igualdad de
oportunidades en los Estados miembros y para la organización de conferencias europeas
de mujeres. El Lobby Europeo de Mujeres en Bruselas fundado en 1990 fue también
creado por la Comisión Europea. Su misión es coordinar las actividades de lobby de 48
organizaciones no gubernamentales de carácter nacional y europeo. Este lobby es
regularmente consultado por la Comisión en las propuestas legislativas en el área de la
igualdad.
Otras organizaciones con base en Bruselas son la Red Europea de Mujeres
(ENOW), establecida en 1983 por mujeres para coordinar las redes nacionales de
mujeres y el lobby en la UE; y el Centro para la Investigación Europeo de la Mujer
(CREW), fundado por mujeres en 1980 como una asesoría especializada en la
investigación y aprendizaje sobre igualdad de oportunidades a nivel europeo. Su labor
consiste en producir programas de aprendizaje para mujeres, iniciar y coordinar
asociaciones de negocios trans-europeas y actuar como asesoría de negocios para
mujeres. El Centro de Investigación también está involucrado en la coordinación de la
red IRIS y en otras iniciativas comunitarias de aprendizaje para mujeres que forman
parte de programas comunitarios como NOW, COMETT y FORCE.
Según Laura Cram3 “incluso en aquellos casos donde la emergencia de un Euro
Grupo o un Nuevo foro colectivo es una clara responsabilidad del aumento de autoridad
institucional de la UE, las instituciones europeas han jugado a menudo un rol
significativo en dar forma al desarrollo de estos grupos. En general, las preferencias de
3
Laura Cram “EU institutions and collective action”, en Collective Action in the European Union,
Greenwood and Aspinwall (eds.) (1998) London, Routledge, p, 74-75
12

13. la Comisión por el diálogo con organizaciones representativas a nivel Europeo suponen
un claro incentivo para grupos dispares para actuar colectivamente. Más
específicamente, el apoyo de la Comisión a la creación de organizaciones como BEUC
(European Bureau Of. Consumer´s Unions) o EEB (European Environmental Bureau)
tiene un claro impacto sobre el tipo de acción colectiva llevada a cabo por grupos de
consumidores y medioambientales y el impacto de esta acción colectiva en estos
campos. De forma crucial, “los arreglos institucionales no solo determinan quien decide,
sino también influencian qué se decide” (Majone, 1989: 102). De forma paralela a lo
descrito por Cram para las organizaciones de consumidores y medioambientales, las
organizaciones para la defensa de la igualdad se ven compelidas por medio de
incentivos generados por la Comisión a actuar de forma colectiva.
3.2. Acción colectiva a nivel europeo
El papel desempeñado por la Dirección General V, y por la Unidad de Igualdad
de Oportunidades como promotora del estatus de las mujeres a través de la política de
igualdad de oportunidades ha ido incrementándose a lo largo de estas últimas décadas
gracias a la ampliación del ámbito de aplicación del concepto de igualdad de
oportunidades, no quedando simplemente restringido a la igualdad en el trabajo. El
concepto de mainstreaming pretende la ampliación de la influencia que esta
“maquinaria” administrativa tiene en la formulación de las políticas a nivel europeo.
Además, el grado en que esta femocracia europea desarrolla oportunidades para los
actores sociales que defienden la posición de la mujer y para las organizaciones de
mujeres para que puedan influir en la política a nivel europeo es bastante alto, y ha ido
incrementándose paulatinamente.
13

14. Parece que puede hablarse de una europeización de la acción colectiva a nivel
comunitario impulsada por la propia estructura institucional de la UE, en la que el
“policy access” en palabras de Stetson y Mazur4 es una parte fundamental de la
conformación de la acción colectiva emprendida por el conjunto de intereses difusos en
torno a las cuestiones de género. Una forma particular de desarrollo de la acción
colectiva que ha ido incrementando su presencia a la par que aumentaba la influencia de
la femocracia europea a través del diseño de un concepto de igualdad de oportunidades
cada vez más amplio.
3.3. El marco teórico para el estudio de la acción colectiva a nivel
europeo
Dentro de la tradición de estudio comparativo de los Movimientos Sociales
podemos distinguir varias formas de acometer el análisis de estos en lo que se refiere al
concepto de Estructura de Oportunidad Política. Para este trabajo, de la tipología acerca
de dicho concepto (en adelante POS, de sus siglas en inglés) que establecen en su obra
“Comparative Perspectives On Social Movements” McAdam, McArthy and Zald5, es la
perspectiva centrada en el estado en sus vertientes dinámica y estática, la que más útil
resulta. Para el paradigma estático, muy popular en la Ciencia Política Norteamericana
en las décadas de 1970 y 1980, el nivel analítico de la POS se centra en cómo las
instituciones políticas y los procesos estructuran la acción colectiva. Para los estudios
cross-sectional, el estado era visto como un conjunto de instituciones que definían el
conflicto político en función de su propio interés y expansión. Autores como H.
4
Dorothy McBride Stetson, Amy G. Mazur (eds.) (1995): Comparative State Feminism. London. Sage
5
D. McAdam, J McCarthy, and M.Zald: Comparative perspectives on social movements, (1996)
Cambridge University Press
14

15. Kitschelt6 y H. Kriesi7 emplean análisis cross-nacional en sus estudios sobre la variación
de la estructura de oportunidad política.
Para los estudios realizados desde una perspectiva dinámica, el interés se centra en
como los estados cambian y como estos cambios producen o reducen la estructura de
oportunidad política. Uno de los más importantes representantes de este enfoque es C.
Tilly.
Según S. Tarrow, “mientras la perspectiva estática centrada en el estado permite
conectar las oportunidades políticas de los movimientos sociales con una red nacional
de regularidades institucionales, las comparaciones que pueden seguirse de estas
suponen algunos problemas: desde pasar por alto las variaciones subnacionales y
subgrupales en las oportunidades políticas de los movimientos hasta minimizar las
dinámicas de los ciclos de protesta excluyendo influencias transnacionales en la acción
de los movimientos sociales. En contraste, la perspectiva dinámica nos permite
especificar las oportunidades políticas para diferentes actores y sectores, captando sus
cambios a lo largo del tiempo, y situando el análisis de los movimientos sociales en su
cada vez mayor escenario transnacional” (D. McAdam, J. McArthy, M. Zald, 1996: 45).
Puesto que el interés se centra en las estructuras de movilización como
elemento relevante, ya que lo que tratamos de analizar es la acción colectiva los grupos
y organizaciones que representan los intereses de las mujeres a nivel europeo, es de
6
H. Kitschelt, “Panoramas de intermediación de intereses políticos: movimientos sociales, grupos de
interés y partidos a comienzos del s. XXI”, in Construcción de Europa, Democracia y Globalización,
Ramón Máiz (Ed.) Vol. 1 (2001, Santiago de Compostela), pp. 361 - 386
7
H. Kriesi, R. Koopmans, J. W. Duyvendak, M. G. Giugni, New social movements in western Europe, a
comparative analysis, (1995)
15

16. interés la definición que sobre este lleva a cabo J. D. McArthy (1996:142) en la obra
citada más arriba. Para este autor, “las estructuras de movilización pueden ser
entendidas como las formas acordadas de participar en la acción colectiva entre las que
destacan repertorios particulares de acción, formas de organización particulares de los
movimientos sociales y repertorios modulares de los movimientos sociales”. Para
McArthy, “el alcance del concepto de estructura de movilización es útil para agregar
todas las numerosas variedades de configuraciones institucionales capacitadoras,
permitiéndonos situar sus dinámicas rutinarias así como sus comunes interrelaciones
recíprocas con ambas estructuras de oportunidad política y los procesos de enmarque de
la acción (Framing processes)”. Esto incluiría el rango de localizaciones estructurales de
micro movilización social de la vida diaria, donde la movilización puede ser generada,
lo cual incluiría desde las unidades familiares, redes de amigos, asociaciones
voluntarias, unidades de trabajo y elementos de la propia estructura institucional del
estado y de la economía que sirven de contexto relacional para la movilización.
Los Nuevos Movimientos Sociales de forma genérica, aparecen en las décadas de 1970
y 1980, y se caracterizan por su capacidad de movilización social surgida desde las
bases. Son movimientos que, aunque conformados por algunas organizaciones que
aglutinan a los ciudadanos, y que facilitan la movilización, tienen su principal apoyo en
las bases. La movilización se transmite de abajo a arriba. Es relevante lo que se conoce
como las estructuras conectivas de movilización, término utilizado por Sydney Tarrow8
en su obra Los Poderes del Movimiento. Estas estructuras “vinculan a los líderes con la
organización de la acción colectiva –el centro con la periferia-, permitiendo la
coordinación del movimiento y que éste perdure en el tiempo” (Tarrow, 1997: 236).
8
S. Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, (1997,
Alianza Universidad).
16

17. Pero además, “pueden existir previa y autónomamente respecto al liderazgo del
movimiento y, en algunos casos, operar a través de otras organizaciones o en el seno de
las instituciones” (Tarrow, 1997: 237).
Las organizaciones de movimientos sociales se definen por dos características
principalmente: movilizan sus bases para la consecución de un fin concreto; y este fin
suele estar relacionado con reivindicaciones acerca de un bien público9, por lo que la
movilización social se produce en aras de la consecución de un objetivo político.
Generalmente, las reivindicaciones de los movimientos solicitan una determinada
actuación por parte de las autoridades públicas.
La caracterización como organización no formal, no implica que no puedan existir
dentro del Movimiento organizaciones de corte formal, en forma de asociaciones,
ONGs, u otra forma jurídica. A este respecto, autores como Kriesi llaman la atención
sobre la estructura organizativa externa de los Movimientos respecto de su integración
en el ambiente organizacional, resaltando la relación del Movimiento con las
autoridades, las bases y otros Movimientos aliados. Por otro lado según Rucht10 la forma
típica de un movimiento social es una red de grupos más o menos informales, grupos
que no están formal y jerárquicamente coordinados.
9
M. Olson, The logic of collective action: public goods and the theory of groups. (Cambridge, 1965)
Harvard University Press.
10
D. Rucht, Transnationalization and globalization of social movements, Ramón Máiz (Ed.) (2003),
Tirant lo Blanc.
17

18. Para el estudio del macro y micro nivel de movilización de la acción colectiva, y sus
dinámicas transnacionales es necesario tomar en consideración estas dos perspectivas
sobre las relaciones formales e informales entre grupos e individuos11.
3.4. Las estructuras formales que conforman el movimiento
Llegados a este punto el interés se centra en la caracterización de las
organizaciones o estructuras formales que conforman el movimiento. Pueden definirse
como agentes de movilización creados para promover el interés colectivo influyendo en
las autoridades políticas en su toma de decisiones. Dentro del paradigma pluralista, toda
forma de participación política se define como institucionalizada, es decir, se realiza a
través de los cauces legales establecidos. Esto implica que las estructuras de los
movimientos se definen como grupos de interés que acaban influyendo en la toma de
decisiones de las autoridades.
En cuanto al papel que juegan las redes sociales en la acción colectiva la
literatura que trata sobre el tema está de acuerdo en afirmar la importancia de los lazos
sociales para la participación en la acción colectiva. Aunque el rol desempeñado por las
redes todavía no está del todo claro. A este respecto se enfrentan dos enfoques: el
estructuralista, que pone el énfasis en el rol jugado por las identidades, los valores y las
redes sociales facilitando o constriñendo la participación; y las explicaciones
racionalistas que ponen el énfasis en el rol de la agencia humana. Según Passi12
mientras los estructuralistas apuntan a la formación de un potencial para la participación
y fichaje a través de redes al principio del proceso, los racionalistas han desarrollado
sofisticados modelos para explicar decisiones individuales, que se producen al final del
11
Valentine M. Moghadam: Globalizing Women, Transnational Feminist Networks (2005), Johns
Hopkins University Press.
12
Cited in M. Diani and D. McAdam: Social Movements and Networks (2003), Oxford University Press.
18

19. proceso de participación. Para este autor, el concepto de redes sociales proporciona el
nexo teórico entre estos dos distintos momentos.
La participación en una acción colectiva es un proceso de identificación. Las redes
sociales suponen relaciones sociales en las que se comparten, intercambian, y definen
significados, que acaban conformando identidades. La cultura de los individuos no se
define solamente por la posición social que este ocupa, sino que además se define de
forma relacional, en una red de interacciones sociales. Así se definen marcos cognitivos,
que permiten una percepción común de los problemas y de la realidad social, así como
formas de acción abarcadas dentro de esa percepción común. Según Passí “una vez que
los individuos han sido integrados en una red formal o informal, se encuentran en una
estructura interactiva que les permite definir y redefinir sus marcos interpretativos,
facilitando el proceso de construcción identitaria y de fortalecimiento de la identidad, y
crea o solidifica la conciencia política hacia una acción de protesta dada” (Passi, 2003:
24). Esta sería la función de socialización.
Pero para Passi, las redes sociales también cumplen otra función, la de conexión
estructural. La acción colectiva pertenece a la categoría de la conducta humana llamada
“no volicional”. Esto supone que la iniciativa para participar en la acción colectiva
permanecerá latente hasta que aparezca una oportunidad para convertirla en acción
(Ajzen and Fishbein 1980, citado en Passi). Para Passi, esta función se produce antes de
que los participantes en la acción colectiva se unan a una determinada organización del
movimiento social. La oportunidad se materializaría en la existencia de organizaciones
pertenecientes a los movimientos sociales, en la realización de manifestaciones,
protestas y campañas específicas de los movimientos que mueven a la participación a
individuos con percepciones culturalmente homogéneas sobre un determinado problema
político. La perspectiva estructuralista, destaca el rol desempeñado por las estructuras
19

20. sociales, en las cuales las redes son un concepto fundamental. A través de las dos
funciones que desempeñan las redes sociales se materializa la participación en la acción
colectiva, poniendo de manifiesto la importancia no sólo del contexto político (tipo de
régimen, por ejemplo democrático frente a autoritario) para el desarrollo de esta sino
también de la mayor o menor visibilidad de las organizaciones del movimiento social,
del tipo de protesta en que los individuos deciden implicarse (organización formal o
actividades de protesta más específicas), y los repertorios de acción que se ponen en
juego. Todo esto ocasiona importantes variaciones en el proceso participativo. Entre los
autores que han estudiado la acción colectiva en su dimensión más estructural destaca
en relación a lo hasta ahora planteado, y haciendo referencia al contexto político, la
perspectiva de Kriesi. Para este autor las variables de contexto que pueden influir en la
acción colectiva serían el grado de centralización territorial, grado de concentración
funcional, coherencia de la Administración Pública y el grado de institucionalización de
los procedimientos democráticos. Todas estas variables podrían llegar a definir una
estructura de oportunidad abierta o cerrada.
Hasta aquí las funciones que las redes pueden cumplir en los movimientos sociales. Una
definición de los movimientos sociales que se adecue a estas funciones nos la
proporciona Diani en la misma obra en la que podemos encontrar el artículo de Passi.
Para Diani, “los movimientos sociales son redes de interacciones informales, entre una
pluralidad de individuos, grupos o asociaciones, involucrados en un conflicto político o
cultural, en base a una identidad colectiva compartida” (Diani 1992: 13).
20

21. 3.5. El policy-making europeo
Un importante aspecto a tener en cuenta en el policy-making europeo es el papel
que los grupos juegan en el sistema político. El nivel de institucionalización de grupos
actores en el sistema caracteriza al sistema político europeo, y la construcción informal
de este emergente sistema político aparece como una dimensión importante en su
definición como sistema de intermediación de intereses (Wallace, 1990). En palabras de
Schmitter13 “los grupos de interés organizados formalmente han tendido a ser
indispensables y ubicuos en la sociedad civil, introduciéndose e influyendo en el aparato
del Estado, y estando presentes en la formación y promoción de ideología y conciencia
colectiva que radicalmente alteran el modelo democrático de dominación política
liberal-burgués-parlamentario”. Este cambio en la estructura del proceso político de la
Unión Europea ha permitido a diferentes tipos de actores desarrollar su actividad
defendiendo sus intereses de diferentes maneras. Desde esta perspectiva el rol de los
Estados ha cambiado. Los Estados ya no ocupan la misma posición respecto a los
grupos de intermediación de intereses, pues las relaciones entre el Estado y estos grupos
se ha transformado desde la aparición de otro nivel institucional de gobernanza: el nivel
europeo.
Como Schmitter ha argumentado hay dos maneras en las que se producen los modos
genéricos de intermediación: “pueden emerger desde abajo en respuesta más o menos
espontánea a los cambios en la sociedad civil y en su esfera asociativa; o pueden ser
impuestos desde arriba como parte de una política pública deliberada y controlado por
grupos de autoridad pre-existentes”.
13
Schmitter, Karl, “Modes of Interest Intermediation and Models of Societal Change in Western
Europe”, Comparative Political Studies, 10:1 (1977) pp. 3-38
21

22. Tomando en consideración las dinámicas de conflicto en el policy-making europeo y
sus características, el rol de los movimientos sociales se lleva a cabo a través de redes
“de interacciones informales entre una pluralidad de individuos, grupos o asociaciones,
embarcados en un conflicto cultural o político, en base a una identidad política
compartida” (Diani, 1992: 13). La naturaleza transnacional de los movimientos sociales
en Europa, como en el caso de los movimientos ecologistas o feministas, hace que
puedan ser analizados desde las características particulares de sus dinámicas de
movilización a nivel estatal, estableciendo así las bases para interpretar las dinámicas de
conflicto y movilización en el emergente sistema político europeo. De esta manera la
dimensión identitaria y cultural de la acción política y social representa un importante
aspecto a tener en cuenta en el estudio de sistema europeo de representación de
intereses.
Centrándonos en el proceso de intermediación de intereses, y en lo concerniente
a la acción de los movimientos sociales, puede tomarse como un claro ejemplo de la
intermediación de intereses que emerge desde abajo. Empezando como un tipo de
acción colectiva siempre acaba convirtiéndose en una forma de intermediación de
intereses en cuanto se institucionaliza, con algunas organizaciones representando los
intereses de la sociedad. Los movimientos sociales son especiales en palabras de Diani
en el siguiente modo: “se distinguen porque consisten en actores formales
independientes que están incardinados en contextos locales específicos” (donde “local”
debe ser entendido en un sentido territorial o social), albergan identidades específicas,
valores y orientaciones, y persiguen fines y objetivos específicos, pero que están al
mismo tiempo ligados a través de diversas formas de cooperación concreta o mutuo
22

23. reconocimiento en un sentido que va más allá de cualquier acción de protesta, campaña,
etc.” .
Definir de esta manera los movimientos sociales pone el proceso de integración y
construcción europea en el centro de atención, surgiendo interrogantes como los
siguientes: ¿es el proceso de desarrollo político un proceso de construcción nacional, o
solamente un proceso de construcción estatal? Las dinámicas de los movimientos
sociales concebidas en un sentido relacional dentro del enfoque del conflicto político
suponen una variedad de variables relacionadas con el ámbito territorial o local. El
estudio del conflicto político bajo esta dimensión estructuralista puede explicar la
acción colectiva y las nuevas formas de representación que surgen en la Unión Europea.
4. La acción política exterior de la Unión Europea
La atención aquí se centra en cómo se materializa el proceso de intermediación
de intereses en materia de género en el mundo en desarrollo. ¿Cómo la Unión Europea a
través de la política de desarrollo contribuye al desarrollo en los países en desarrollo y a
la estabilidad de la democracia? ¿Cuáles son las diferentes perspectivas regionales
dentro de la Unión Europea en lo relativo a las políticas de desarrollo en materia de
género?, ¿de qué manera las diferentes visiones del género en la Unión Europea se
traducen en al mundo en desarrollo a través de la política de cooperación al desarrollo?
¿Cómo las líneas de fractura política existentes en la Unión Europea se traducen en la
acción política exterior de la Unión Europea en materia de desarrollo? Responder a
estas preguntas es el objetivo de mi trabajo de investigación.
23

24. 4.1. Teorías de cambio cultural en los valores
Varias visiones acerca del desarrollo han sido desarrolladas desde los comienzos
de la acción exterior de los países de occidente en el mundo en desarrollo. Estos
cambios revelados a través de distintas teorías sobre el desarrollo deberían tener su
correlato en las teorías del cambio cultural en los países del occidente desarrollado. La
existencia de cleavages, definidos como líneas de fractura de carácter político que
condicionan el comportamiento político de la ciudadanía, su apoyo a partidos políticos e
instituciones y además su acción política y colectiva condiciona de alguna manera el
apoyo a las políticas europeas en materia de género y también la acción política exterior
europea para el desarrollo en materia de género.
Los conceptos de derecha e izquierda son vistos en la Ciencia Política como
simplificaciones abstractas que ayudan al votante a entender y tomar posición respecto
de la complejidad que la realidad política supone. Para el individuo este esquema tiene
la función de orientar su comportamiento respecto a la información política que recibe
de forma que sea capaz de sintetizar los programas de partidos y grupos políticos, y de
clasificar las cuestiones políticas importantes. Tras este esquema de izquierda-derecha
suele existir un contenido de base ideológica o un conjunto de valores que en la
literatura especializada suele atribuirse a la existencia de determinadas líneas de
conflicto o cleavages14 .
14
R. Inglehart, H. Klingemann, “Party identification, ideological preference, and the left-right dimension
among western mass publics”, in I. Budge, I. Crewe and D. Farlie (Eds), Party identification and beyond
(1976).
24

25. La orientación de los valores ha sido usada por Oddbjorn Knutsen15 (1995) para
medir el cambio en las nuevas y viejas líneas de conflicto en algunos países europeos.
Este autor utiliza la definición que Rokeach16 utiliza en su obra: “Los valores son
creencias prescriptivas que fijan normas de comportamiento y pueden determinar
actitudes e identidades que la gente adoptaría hacia objetos específicos y etiquetas” 17.
Para Knutsen las orientaciones políticas de los valores conectan las dimensiones
centrales del conflicto político y son consideradas, en el citado artículo, como más
estables y con un significado más consistente a lo largo del tiempo. Así, de acuerdo con
el enfoque de Knutsen, la identificación izquierda-derecha es una expresión de valores y
orientaciones ideológicas.
Podemos describir el apoyo a las instituciones18 por parte de la ciudadanía a
través de dos dimensiones: una dimensión utilitaria o específica y una dimensión
afectiva o difusa. El apoyo difuso representa lealtad o fidelidad a las instituciones de
gobierno y a las políticas. En contraste con el apoyo específico, el apoyo difuso es más
estable a los cambios en la actuación de las instituciones, por lo que está más
relacionado con la identidad europea, mientras el apoyo específico varía de acuerdo a
percepciones de beneficio o satisfacciones que el electorado tenga respecto del
desempeño institucional. Ambas dimensiones de apoyo están interrelacionadas, de
forma que el apoyo difuso deriva de la socialización y el apoyo específico de
evaluaciones utilitarias positivas del gobierno.
15
Knutsen, O (1995): “Value orientations, political conflicts and left-right identification: A comparative
study”, en European Journal of Political Research 28: 63-93
16
Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: The Free Press
17
Citado en Knutsen, 1995
18
D. Easton, A framework for Political Analysis, (1965, 1975) Prentice Hall
25

26. Cuatro teorías diferentes acerca de la relación de la identificación izquierda-
derecha y el apoyo político a los partidos son expuestas por Herbert Kitchelt y Staf
Hellemans19 en su artículo de 1990.
Según la Teoría de la transformación, y relacionada con la concepción de
Ronald Inglehart sobre el cambio de significado de los conceptos de izquierda y
derecha, el cambio de valores hacia la dimensión materialismo/posmaterialismo ha
producido una nueva dimensión de conflicto que polariza las preferencias en cuestiones
materialistas y posmaterialistas. Esta dimensión es distinta de la tradicional izquierda-
derecha del modelo clásico de la sociedad industrial donde la polarización política era
un reflejo claro del conflicto social de clase, y transforma las bases sociales de estos dos
polos. Así el concepto “derecha” estaría asociado con los valores materialistas, mientras
que el concepto “izquierda” vendría a estar asociado con valores posmaterialistas.
En cuanto a la Teoría de la Irrelevancia, los conceptos de izquierda-derecha son
irrelevantes, pues van perdiendo sentido para el electorado al no poder trascender las ni
connotaciones económicas relacionadas con la estructura de conflicto de la sociedad
industrial, ni su significado relacionado con los conflictos originados en la sociedad
industrial.
Para la Teoría de la Persistencia, los significados convencionales de izquierda y
derecha siguen siendo importantes, pero son complementados con nuevos significados
no económicos. Las tradicionales prioridades de derecha e izquierda y las nuevas
orientaciones materialistas/posmaterialistas están fuertemente correlacionadas entre el
electorado, de forma que los materialistas tienen orientaciones económicas cercanas a la
derecha y los posmaterialistas tienen orientaciones económicas cercanas a la izquierda,
y ambos conjuntos de orientaciones están fuertemente correlacionadas con la
19
Kitschelt, H., Staf Hellemans (1990) “The left-right semantics and the New Politics Cleavage”, en
Comparative Political Studies, vol. 23 Nº 2, Julio: 210-238
26

27. identificación izquierda-derecha. Knutsen identifica dos modelos de la Teoría de la
Persistencia al incluir orientaciones de valores religiosos-seculares en la discusión. En
una versión que el propio autor denomina “limitada” de la Persistencia, una única
orientación de valor determinará la identificación izquierda-derecha, de manera que
cuando los valores religiosos-seculares correlacionan con la identificación izquierda-
derecha es porque estos valores están compuestos por valores económicos de izquierda-
derecha asociados al significado religioso-secular. El otro modelo presupone que las
orientaciones de valor religioso/secular tienen un rol independiente para la
identificación izquierda/derecha aún después de que el significado tradicional industrial
se volviese importante. Esta versión es la versión “amplia” porque incorpora las
orientaciones de valores centrales, basadas en los cleavages centrales en Europa en los
dos últimos siglos, la clase social y la religión. Para el modelo “amplio” las líneas de
conflicto que surgieron de la sociedad pre-industrial e industrial son las que de forma
persistente determinarán la identificación derecha-izquierda, mientras que las nuevas
líneas de conflicto no serán importantes.
Según la Teoría de la Pluralización, los nuevos valores se añaden a los
significados tradicionales de izquierda y derecha. Las orientaciones económicas y las
orientaciones de los nuevos valores no están muy estrechamente asociadas, pero
contribuyen independientemente a situar a los individuos en la izquierda o en la
derecha, respectivamente. Así, los nuevos valores materialistas y postmaterialistas
proporcionan nuevos significados a los conceptos de derecha e izquierda pero sin
eliminar los viejos significados, de forma parecida a como las orientaciones económicas
añadieron nuevos significados a la derecha e izquierda pre-industrial con la emergencia
de conflictos económicos relacionados con la sociedad industrial.
27

28. Tanto la teoría de la pluralización como la teoría de la transformación están
basadas en la asunción de que la distinción izquierda-derecha es una dimensión espacial
que tiende a incorporar varios tipos de conflictos. Según Fuchs y Klingemann (1990:
206) esto puede interpretarse de acuerdo a generalizaciones simbólicas que pueden ser
aplicadas a una gran variedad de objetos políticos, ideas y orientaciones.
La teoría de la persistencia supone cierta continuidad en las líneas de conflicto y
el significado de los términos izquierda y derecha a lo largo del tiempo. Así estos
términos reflejan principalmente valores e intereses económicos (y religioso/seculares
de acuerdo con la versión amplia de la teoría) en la sociedad, y estos valores e intereses
permanecerán dominantes para la identificación derecha-izquierda ya que continuarán
siendo líneas centrales de conflicto.
Las diferentes visiones del desarrollo deberían tener en cuenta estos cleavages
políticos y trasladarlos a la materialización de la política de desarrollo en la acción
exterior de la Unión Europea. Profundizar en estas cuestiones es otro de los objetivos de
este trabajo de investigación.
5. La política de desarrollo de la Unión Europa: una aproximación a
las cuestiones de género
La evaluación de programas y políticas públicas se concibe como un
instrumento fundamental a la hora de observar la idoneidad y adecuación de una
intervención determinada en un país en desarrollo. En el marco de la Política de
Cooperación desarrollada por la UE en el exterior, la tres dimensiones fundamentales de
los programas y proyectos que se tienen en cuenta para medir estos aspectos están
constituidas por el impacto la eficacia y la eficiencia de las actuaciones, sobre todo en lo
28

29. referente al objetivo general y a los objetivos específicos para los que se conciben las
acciones. En materia de género la UE ha fijado ciertos estándares que toda acción, ya
sea a nivel programa o a nivel proyecto, debe tener en cuenta, a partir de los cuales se
llevan a cabo las evaluaciones. La evaluación de programas y proyectos sociales de
desarrollo se concibe de esta forma como una pieza fundamental en el marco de las
actuaciones llevadas a cabo por los estados miembros a través de la UE, no sólo a nivel
micro, sino también a nivel sectorial por cuanto fija las directrices de la política de
cooperación al desarrollo al medir también la adecuación de las actuaciones en relación
a la política pública del país receptor de la ayuda.
En el área de género, por su particularidad, debería existir una clara conexión
entre la literatura que trata el tema del género en el desarrollo y las directrices que la
Comisión Europea junto a otros organismos internacionales trazan para la evaluación de
los programas. Este trabajo trata de explorar esta relación.
Comenzando por una exposición sobre la evaluación como herramienta de
análisis de la política pública, que sin ánimo de exhaustividad abarcará algunas obras de
sobra conocidas en la literatura especializada sobre el tema, el segundo paso será
analizar el contenido de los documentos relevantes sobre el tema del género en la
evaluación en las Naciones Unidas y en la Comisión Europea. Por último, se introducirá
al lector en una síntesis de las diferentes perspectivas que el género tiene en el
desarrollo, para terminar con una breve conclusión.
29

30. 5.1. Evaluaciones de proyectos y programas
Fundamentalmente, la primera apreciación y más común que un lector no
experimentado puede encontrar en cualquier manual de proyectos para el desarrollo
sobre la evaluación consiste en verla “como forma de apreciación de la pertinencia de
objetivos fijados y de la estrategia seleccionada. A nivel proyecto es un nuevo enfoque
sobre la fase de identificación, sirve para cuestionarla y modificarla si es necesario. La
evaluación es un proceso más completo de análisis de la acción. Se realiza en momentos
muy concretos. Sirve para juzgar periódicamente, de manera profunda, la acción y, si se
presenta el caso, reorientarla”20.
Un enfoque más general hacia la evaluación de programas y proyectos sociales
nos lo proporciona F. Alvira21. En esta obra encontramos la definición de X. Ballart de
un “programa como conjunto de recursos y actividades, organizadas para obtener ciertos
objetivos”. Para este autor “la evaluación tendría que dar respuesta a cuestiones
relacionadas con la dirección, funcionamiento y el impacto de un programa específico
sobre la población a la que sirve”. Ballart22 cita también a Rossi y Freeman cuando
sostiene que “la evaluación de programas consiste en una aplicación sistemática de
procedimientos de investigación social, para evaluar la conceptualización y diseño,
implementación y utilidad de los programas de intervención social” (Ballart, 1992: 73).
En este sentido, podemos percibir cómo la evaluación retrospectiva de los programas
sociales trata de medir su adecuación a las demandas ciudadanas de la población a la
que va dirigida la actuación.
20
CARE, Guía metodológica de apoyo a proyectos y acciones para el desarrollo, IEPALA, 1992
21
F. Alvira (1991) Metodología de la evaluación de Programas, CIS. Madrid
22
X. Ballart, ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? (1992, Madrid) MAP
30

31. Es necesario hacer ahora referencia al carácter participativo que el enfoque
evaluativo en boga propugna para el análisis de las intervenciones en países en
desarrollo por lo que supone contar con la opinión de la población objeto o población
meta. Más adelante veremos el enfoque de la Comisión Europea a este respecto.
Uno de los problemas fundamentales para la evaluación de programas es la
selección de los referentes empíricos o indicadores para la dimensión que en este caso
nos preocupa, la dimensión del género en el desarrollo, que en la mayor parte de los
casos sólo han sido definidas teóricamente. Un intento de sistematización de
herramientas de análisis para el enfoque de género nos lo proporciona la organización
CARE. Esta organización propone un enfoque holístico orientando el análisis de género
a través de las siguientes pautas a las cuales asocia los siguientes objetivos:
• El contexto de desarrollo: en esta dimensión se analizarán las
condiciones económicas, sociales, ambientales e institucionales a través
de herramientas como herramientas de perfil, mapas sociales, mapas
institucionales, líneas de tendencia, revisiones de política
• Diversidad entre las personas: se analiza la exclusión social, las
autopercepciones, la evolución de la concepción del género a lo largo
del ciclo vital, cómo determina la identidad las capacidades y el poder.
Se lleva a cabo a través de instrumentos como medidas antropométricas,
entrevistas personales, relatos, gráficos de autonomía del ciclo vital,
mapas de cuerpos, mapeo de influencia personal, análisis de brechas de
diversidad.
• La diversidad en las actividades: ¿quién hace qué?, ¿cómo?, ¿con
quién?, ¿cuándo? ¿dónde? y ¿en qué circunstancias?, a través de
31

32. herramientas como diagramas de sistemas de explotación agrícola,
calendarios de actividades desagregadas por género
• Diversidad en el acceso y control de los recursos: ¿quién utiliza qué?
¿quién produce qué? ¿quién tiene acceso a qué recursos? ¿quién
necesita/quiere qué?, a través de herramientas como matrices de
ingresos/gastos, diagramas de flujo de beneficios, auditoria doméstica de
género, mapas de movilidad, clasificación en parejas, análisis de
presupuesto
• Diversidad de las habilidades y capacidades: ¿quién sabe qué? ¿quién
puede hacer qué? ¿quién espera qué? ¿quién piensa qué?, a través de
herramientas cómo entrevistas semiestructuradas, estudios de caso,
pregunta de apreciación
• Diferencias de poder: ¿qué determina la distribución del poder? ¿quién
decide? ¿en interés de quién? ¿quién determina las reglas formales e
informales?, a través de herramientas como matriz de conflicto de
participantes, análisis de costo-beneficio y matriz de análisis de género
Como se puede ver esta organización ha adaptado lo que se conoce como
Herramientas de Acción y Aprendizaje Participativo (PLA), y la Evaluación Rural
Participativa al análisis de género, incorporando en dichos procesos la perspectiva de
género a las dimensiones del ambiente institucional y de la política, incorporando
también la dinámica de poder en las relaciones hombre-mujer a todos los niveles
(CARE: Componentes básicos de equidad de género). Se arroja así luz sobre las
dinámicas de género existentes en cualquier actuación para el desarrollo.
32

33. La evaluación tiene de específico tres niveles esenciales de análisis: recopilar e
interpretar información, valoración o emisión de juicios y establecimiento de
recomendaciones. Más adelante veremos las implicaciones que esto tiene en relación
con la perspectiva de género en el desarrollo.
Según Stufflebeam y Shinkfield23 el fin esencial de la evaluación “es determinar
el valor de algo que se está enjuiciando” (1987: 20). Este elemento valorativo debe
formar parte de la evaluación como un elemento sistemático de la misma, con una base
lógica de las perspectivas de valoración utilizadas para interpretar y valorar los
resultados. Para Monnier, la evaluación pluralista es aquella que tiene en cuenta las
diferentes perspectivas de valoración de los implicados en el proceso evaluativo,
confiriendo a la evaluación su legitimidad y su utilidad social. Lo relevante de las bases
de valoración de una evaluación es que pueden tener matices específicos dependiendo
del ámbito al que pertenezca la política o programa evaluada. Para Patton, su modelo de
evaluación orientada a la utilización defiende que esta debe llevarse a cabo “con y para
los usuarios específicos e intencionados para usos específicos e intencionados” (1997:
23).
En cuanto a los resultados, la mayoría de enfoques evaluativos propugnan la
utilización de los resultados, no sólo como una forma de tomar decisiones acerca de un
determinado programa, sino también como una forma de contribuir al aprendizaje
organizativo y de los grupos humanos.
23
L. Daniel Stufflebeam, Anthony J. Shinkfield, Evaluación sistemática, guía teórica y práctica (1987,
MEC), Paidós
33

34. Además de estos tres niveles de análisis la evaluación tiene de específico el
contexto en el que se lleva a cabo. La evaluación deber ser acorde con el contexto del
programa o política a evaluar. Para Patton24 (1981: 25-26) existen una serie de variables
situacionales a tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico de una situación
evaluativo. De entre todas ellas, es relevante para la introducción de la evaluación del
género en el desarrollo los patrones de interacción entre los diferentes agentes críticos
del programa. Se trataría de considerar como relevante para la definición de los
stakeholder la variable género, así como también en la definición de los destinatarios y
participantes.
Para acabar con este apartado es necesario hacer referencia a la naturaleza
política de la evaluación. Según Stafflebeam y Shinkfield (1987: 23) las evaluaciones
podrían cumplir tres funciones: la función de perfeccionamiento o mejora del programa
evaluado concibiendo la evaluación como una herramienta metodológica que permite la
retroalimentación y el aprendizaje; la función de rendimiento de cuentas, en diferentes
niveles de responsabilidad; y la función de dar a luz o iluminar acciones futuras. Por
cuanto la naturaleza de las evaluaciones en desarrollo es fundamentalmente participativa
podríamos concluir, siguiendo a E. Vedung25 (1997: 134-7), que a nivel “cliente” la
evaluación produce información sobre la satisfacción acerca de los servicios prestados y
si estos se distribuyen equitativamente y a nivel ciudadano la evaluación es necesaria
por cuanto sus resultados sirven para que los políticos elegidos y sus agentes a
diferentes niveles estén sujetos a la exigencia de responsabilidades.
24
M. Patton, Utilization-focused evaluation (1997, London), Sage.
25
E. Vedung, Evaluación de políticas públicas y programas (1997, Madrid), INSS.
34

35. 5.2. La evaluación de políticas públicas
Las políticas públicas son definidas por I. Meny y J. C. Thoening26 como
programas de acción de las autoridades públicas, como “el resultado de la actividad de
una autoridad investida de poder y de legitimidad gubernamental”. Así desde un punto
de vista analítico la política pública puede identificarse como un conjunto de normas y
de prácticas que emanan de uno o varios actores públicos. Mientras para los análisis de
control de gestión el objeto de estudio se centra en la fase del proceso de producción, en
sus resultados, realizaciones y actuaciones; para las evaluaciones el interés se centra en
el análisis de la función de producción pero con el interés puesto en el impacto sobre el
entorno. En las evaluaciones se lleva a cabo una compresión de la finalidad de la acción
mediante una clarificación ex post de las intenciones y se lleva a cabo una comprensión
de la organización pública a través de una racionalidad a posteriori. El interés del
análisis es un interés por el efecto de aprendizaje que a largo plazo este proceso supone
(Gibert, Andraut, 1984, p. 130). Se supone que toda intervención pública concreta
supone una alteración del estado natural de las cosas en la sociedad y puede unirse o no
a varios efectos o impactos. Estos impactos tienen tres características que podrían
resumirse de la siguiente manera: suelen enunciarse de manera cualitativa y normativa,
en términos generales y abstractos; suelen emerger con retraso en relación a la fecha en
que se produce la intervención; la relación entre input y output de esta actuación no es
necesariamente lineal o mecánica. De esta manera Meny y Thoening definen el análisis
de políticas públicas como una forma de identificación de los efectos reales generados
por las actividades administrativas que no son los efectos esperados al comienzo. Un
importante aspecto para esta concepción del análisis de políticas públicas es la que
supone los indicadores que vayan a ser utilizados y el tipo, de carácter cuantitativo o
26
I. Meny, Jean-Claude Thoening, Las políticas públicas (1992, Barcelona), Ariel.
35

36. cualitativo. Los indicadores de resultados de carácter cuantitativo ocultan en parte los
efectos o impactos más cualitativos corriendo “el riesgo de adoptar visiones más
etnocéntricas, propias del decisor, confundiendo los indicadores de productos con los de
efectos”.
La función de producción dos que describe Gibert, y que une las realizaciones a
las finalidades externas, tiene como objetivo final el cambio social. La “identificación
de fenómenos normativos, creencias y representaciones en materia de funcionamiento
de la sociedad y del cambio social inscritas en cada política pública, puede efectuarse
sistemáticamente, analizando sus postulados implícitos o explícitos”. Esto se haría de
acuerdo con los siguientes parámetros:
 Objetivos perseguidos por la política pública considerada
 Sujetos afectados por la política
 Ejecutores a quienes se confía la aplicación de las medidas
Jones es uno de los autores que descompone el proceso de una política pública
en varias fases. En esta secuencia de actividades la evaluación propiamente dicha es la
última fase del proceso, cuando se produce la terminación de la acción, y se lleva a cabo
una evaluación de los resultados que desemboca en el final de la actuación emprendida.
La evaluación en realidad debe suponer una vuelta atrás del proceso, y sobre la base de
ésta deben introducirse ajustes retroactivos, mediante una reformulación inicial o un
rediseño de la fase de ejecución.
36

37. 5.3. El carácter político de las evaluaciones
Respecto al carácter político de las evaluaciones, autores como Monnier (1995)
destacan el carácter de la evaluación como un acto político en sí mismo. D. Palumbo en
su obra “The politicis of program evaluation” (1987) concluía en su capítulo
introductorio que la política y la evaluación están intrínsecamente interrelacionadas,
hasta el punto de que la efectividad de la evaluación depende de la incorporación de la
realidad política a los procesos de evaluación, es decir, incorporando los factores
políticos en los diseños y en la difusión de los resultados. Se trata de las interacciones
entre actores y sobre cómo se relacionan desde diferentes posiciones de poder,
influencia y autoridad. Así evaluación y política no son dos realidades fácilmente
separables, concibiendo a la evaluación de esta manera se le procura una legitimidad
política, que supone el reconocimiento y consideración de los distintos actores sociales.
6. El género en el ámbito de la Unión Europea y las Naciones Unidas
En 1995, el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas se centra en
el tema del género en el desarrollo. Aunque no se hace en ningún momento referencia
explícita a las evaluaciones, como se hará algunos años después en el Informe de la
Conferencia de Beijing, se perfilan las líneas esenciales del enfoque de género por el
que aboga la Organización de las Naciones Unidas.
El paradigma del desarrollo humano tiene varios componentes, a saber:
productividad, equidad, sustentabilidad y empoderamiento. El empowerment supone
que el desarrollo debe ser protagonizado por la gente a la que se dirige. Estas personas
deben participar en las decisiones y procesos que conforman sus vidas. La medición de
37

38. esta capacidad de empoderamiento se lleva a cabo a través del índice GEM
(Empowerment Gender Measure). Este índice se concentra en la participación tanto
económica, como política y profesional buscando medir en qué grado las mujeres han
sido capacitadas para tomar parte en diferentes aspectos de la vida pública en
comparación con los hombres. Se centra fundamentalmente en tres variables: poder
adquisitivo-salarial, presencia en puestos profesionales y directivos y presencia en la
representación política, tanto local como parlamentaria, aunque centrándose en esta
última. El propio informe reconoce al mismo tiempo la limitación de este índice debido
a que no es posible capturar aspectos esenciales de la capacitación en ámbitos para los
que no existen datos, como la vida doméstica, la vida comunitaria o la vida rural. El
GEM es fundamentalmente una forma de medir cómo las mujeres usan las capacidades
con las que cuentan para aprovechar las oportunidades que se les presentan.
En términos generales el Informe de Desarrollo Humano de 1995 arroja unos
resultados alentadores. Según éste se ha conseguido un importante adelanto en el
desarrollo de las capacidades de las mujeres, pero no en las oportunidades para
desarrollar éstas. Esto nos remite al contexto social y político de los países en los que se
llevan a cabo los estudios que constriñen el desarrollo de dichas capacidades y se
conecta con el impulso que se pretende dar al desarrollo social a la par que al desarrollo
económico, haciendo especial hincapié en el hecho de que el desarrollo no sólo debe ser
concebido en términos económicos, pues este factor, aunque relevante, por sí solo no
supone el desarrollo y bienestar humano.
El enfoque de la Mujer en el Desarrollo se había defendido hasta comienzos de
los años noventa como respuesta al trabajo de Boserup27. En este libro de 1970 titulado
27
E. Boserup, Women’s Role in Economic Development (1970, London), George Allen and Unwin Ltd
38

39. “Women´s Role in Economic Development”, la autora expone que las mujeres han sido
apartadas del desarrollo definido en términos de los programas surgidos al hilo de la
reconstrucción de posguerra. En los años noventa esta visión comienza a ser
modificada por la corriente del Género en el Desarrollo, con enfoques que tratan los
análisis de género en las relaciones sociales, y el empowerment de las mujeres. Se
acepta que a todos los niveles de desarrollo lo que debe ser problematizado son las
relaciones de género en las que las mujeres están subordinadas, añadiendo a los estudios
sobre la actividad de la mujer en el desarrollo y el acceso a los recursos, estudios sobre
temas generales de planificación macro-económica, ajuste estructural y deuda,
degradación y conservación medioambiental y organización política y civil. Esto no
quiere decir que los viejos temas sean sustituidos por los nuevos. Más bien se produce
un enriquecimiento de la agenda de investigación, transformando las viejas cuestiones
de la integración, los intereses, lucha por los recursos y bienestar, a través de nuevas
cuestiones como la representación.
6.1. La Conferencia de Beijing de 1995
La Declaración de la Conferencia de Beijing de 1995, acorde con el Informe de
Desarrollo Humano de ese mismo año va un paso más allá en el punto 19, afirmado que
“es indispensable diseñar, aplicar y vigilar, a todos los niveles, con la plena
participación de la mujer, políticas y programas, entre ellos políticas y programas de
desarrollo efectivos, eficaces y sinérgicos, que tengan en cuenta el género, y
contribuyan a promover la potenciación del papel y el adelanto de la mujer”. Esta
declaración se presenta en sus objetivos como “un programa encaminado a crear
condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad”. Pero
39

40. no sólo se concibe el papel de la mujer como una condición fundamental para la justicia
social, además se le presta atención al papel que el hombre desempeña en la sociedad,
concibiendo la igualdad entre el hombre y la mujer como una cuestión de derechos
humanos.
En relación a las esferas de especial preocupación en las que la Declaración
hace especial hincapié, “la potenciación del papel de la mujer y la igualdad entre la
mujer y el hombre son condiciones indispensables para lograr la seguridad política,
social, económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos”. Se concibe de esta
forma un enfoque integrado hacia el género en las políticas de desarrollo, en las que los
Estados, a través de “la promulgación de leyes nacionales y la formulación de
estrategias, políticas, programas y prioridades para el desarrollo”, junto al sector no
gubernamental como catalizadores del cambio generando, entre otros aspectos, nuevos
enfoques de desarrollo, desempeñan un papel fundamental.
En cuanto a la participación de la mujer en la toma de decisiones, la Declaración
hace referencia al hecho de que la desigualdad en el terreno público muchas veces tiene
raíz en “las actitudes y prácticas discriminatorias y en el desequilibrio en las relaciones
de poder entre la mujer y el hombre que existen en el seno de la familia”. En la
Declaración se hace referencia también al hecho de que “las redes y modalidades no
oficiales de adopción de decisiones de las comunidades locales, que reflejan un espíritu
predominantemente masculino, restringen la capacidad de la mujer de participar en pié
de igualdad en la vida política, económica y social”.
Si consideramos la evaluación como una fase más dentro de la política pública,
según la Declaración de Beijing, la perspectiva de género debe incorporarse al proceso
de formulación de políticas y de ejecución de los programas, como se haría en el caso
de las evaluaciones intermedias. Se destaca en este campo el papel a desempeñar por los
40

41. gobiernos nacionales, que entre otras cosas, deben velar por el establecimiento de
órganos al más alto nivel ministerial que velen por el cumplimiento de las estrategias y
objetivos nacionales relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres. Además el
análisis de las políticas y programas debe incorporar una perspectiva de género en todas
las fases, desde la formulación hasta la ejecución.
Tratándose de los derechos humanos de las mujeres también se hace referencia
a la incorporación de estos a todo el sistema de las Naciones Unidas, incluyendo
también la evaluación de los efectos en materia de género.
Un área en la que particularmente se hace referencia a la evaluación de los
efectos de las políticas es la del medio ambiente. El punto K.3 de los objetivos
estratégicos de la Declaración de Beijing hace referencia al fortalecimiento o
establecimiento de mecanismos a nivel internacional, nacional y regional para evaluar
los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en la mujer. Se aboga por
“metodologías y análisis de políticas participativas y dinámicos en que se tenga en
cuenta el género” en la línea de lo expuesto en la Agenda 21 local, por lo que dichos
estudios deben llevarse a cabo en colaboración con instituciones académicas e
investigadoras locales. Entre otras cuestiones, destacan entre los objetivos de estos
estudios el análisis de los vínculos estructurales entre género, medio ambiente y
desarrollo y la elaboración de medidas encaminadas a elaborar e incluir análisis
ambientales “que incluyan una orientación de género como paso fundamental para la
preparación y la vigilancia de programas y políticas”.
6.2. La Unión Europea y la integración de la perspectiva de género
en el desarrollo
En el año 2001 la Comisión Europea elabora un Programa de Acción para la
integración del factor género en la cooperación de la Comunidad al desarrollo (21 de
41

42. Junio del 2001- COM (2001) 295 final) para el periodo 2001-2006. En este documento
el factor género se articula entorno a tres ejes importantes:
• Análisis e integración del factor género en las áreas prioritarias de la
política comunitaria de desarrollo:
1. Apoyo a las políticas macroeconómicas y estrategias de
reducción de la pobreza y programas de desarrollo social en el
ámbito de la salud y la educación;
2. Seguridad alimentaria y estrategias de desarrollo rural
sostenibles;
3. Transporte;
4. Fortalecimiento institucional, buena gobernanza y Estado de
Derecho;
5. Comercio y desarrollo;
6. Integración y cooperación regional. El género constituiría un
tema transversal en estos seis ámbitos.
La puesta en práctica y evaluación de actividades se considera, entre otros,
un método para integrar el género en estos ámbitos.
 Consolidación de la integración del factor género en programas y
proyectos a nivel nacional y regional. Se insiste en la importancia de
definir los intereses en materia de género en todas las etapas de
programación y la gestión del ciclo del proyecto.
 Desarrollo de las capacidades en los asuntos de género que incrementará
las capacidades de la Comisión para integrar de manera efectiva los
aspectos relativos al género en todas sus políticas.
42

43. Se establece que una evaluación intermedia y una evaluación final se llevarán a
cabo para evaluar los logros de la aplicación del Programa de acción en todos los
niveles de las actividades propuestas, analizando la eficiencia, eficacia, impacto y la
pertinencia de las medidas de integración del factor género.
El Programa de Acción 2001-2006 para la integración de la perspectiva de
género en el desarrollo adopta un planteamiento basado en las negociaciones con los
socios para integrar los aspectos relativos al género en las políticas y estrategias de la
cooperación al desarrollo en todas las fases del ciclo del proyecto o del programa:
preparación, ejecución, supervisión y evaluación.
A escala de proyectos y programas, y haciendo eco de lo establecido en la
Plataforma de Acción de Pekín, el Programa de Acción establece como requisito
metodológico básico la realización de un análisis de la situación de hombres y mujeres
antes de cualquier intervención en materia de desarrollo, facilitando así la evaluación
del impacto potencial de las intervenciones y de los medios más eficaces para que
hombres y mujeres puedan influir en el proceso de desarrollo, participar en él y
beneficiarse de sus resultados . Además “la Comisión distribuirá sistemáticamente y
utilizará directrices de evaluación revisadas en las que se estipula que todos los
proyectos y programas deben ser supervisados y evaluados desde la perspectiva de
género”. Para este fin “la Comisión desarrollará para proyectos y programas específicos
indicadores que tengan en cuenta el factor género y datos clasificados en función del
género para su utilización en actividades de planificación, ejecución, control, evaluación
y seguimiento. El objetivo es identificar indicadores que midan la integración del factor
género en las diferentes tareas de gestión (análisis, formulación de proyectos,
valoración, selección de expertos, control, evaluación, etc.) y abandonar indicadores que
43

44. sólo “cuentan palabras” en los documentos. La utilización de datos clasificados en
función de género servirá de base para subrayar las diferencias de género y analizarlas,
de forma que se puedan diseñar soluciones y estrategias más innovadoras para reducir
las desigualdades de género”.
De especial relevancia son las definiciones de la integración del factor género
que se incluyen en el anexo del citado Programa de Acción. Cabe citar, entre otras, las
siguientes:
 Género: se define como “un concepto que hace referencia a las diferencias
sociales, y no biológicas, entre mujeres y hombres. Estas diferencias se han ido
adquiriendo, han evolucionado con el tiempo y varían considerablemente dentro
de una misma cultura o entre las distintas culturas”
 Análisis de género: se define como el “estudio de las diferencias entre las
condiciones, las necesidades, los índices de participación, el acceso a los
recursos y al desarrollo, el control de los bienes, la capacidad de decisión, etc.…
entre mujeres y hombres en los papeles tradicionales que se les han atribuido”.
 Evaluación de la incidencia política en función del género: se define como
“examen de las propuestas políticas para ver si afectan de manera distinta a
mujeres y hombres, a fin de adaptarlas para neutralizar los efectos
discriminatorios y promover la igualdad entre ambos sexos”.
 Planificación en función del género: es el “planteamiento activo de la
planificación que considere el género como una variable o un criterio
fundamental y que procure integrar una dimensión de género explícita en las
políticas o acciones”.
44

45. En un documento de sesión del Parlamento Europeo, en el que se elabora una
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo relativo al fomento de la
igualdad entre el hombre y la mujer en la cooperación al desarrollo28 se fija una posición
común respecto de la integración de la perspectiva de género en la política de
cooperación al desarrollo de la Unión Europea, con el objeto de la aplicación de
medidas con vistas a fomentar la igualdad en las políticas, estrategias e intervenciones
comunitarias de cooperación al desarrollo. Así, en el Art. 2.a) se entiende por
“integración de la perspectiva de género”, la planificación, (re)organización, mejora y
evaluación de los procesos relacionados con las políticas, de manera que las partes que
normalmente intervengan en ellos integren la perspectiva de la igualdad entre el hombre
y la mujer en todas las políticas, estrategias e intervenciones en materia de desarrollo, a
todos los niveles y en todas las fases”. La Unión Europea financiará dentro de lo que
considera asistencia técnica a los países objeto de la cooperación al desarrollo la
realización de evaluaciones de impacto ex ante y a posteriori sobre la igualdad del
hombre y la mujer como instrumentos operativos, así como misiones de evaluación y
control en materia de cooperación al desarrollo (Art.4).
Por medio de este Reglamento se pretende integrar la perspectiva de género en los seis
ámbitos prioritarios de la política de cooperación al desarrollo comunitaria (África,
Caribe, Pacífico, MED, América Latina y Asia) a través de subvenciones o contratos a
actores gubernamentales y no gubernamentales en la realización de proyectos. A nivel
nacional, la asistencia técnica y las misiones de apoyo se ocupan de proporcionar
asesoramiento a los países socios sobre el modo de evaluar las necesidades relacionadas
con las cuestiones de género.
28
Docs.5402/1/04,5593/04, COM 2004/0103
45

46. 7. Perspectivas teóricas sobre el género en el desarrollo
Dentro del área de estudio de los movimientos sociales de mujeres se emplea
una distinción analítica referente a los intereses. El paradigma de los intereses tiene
cierta importancia dentro de lo que es el estudio de la política de desarrollo por estar
relacionado con dos cuestiones: el rol que estos intereses juegan dentro del proceso de
planificación, y en general en todas las fases de la política, y la relación que se establece
entre la agencia planificadora y la población objetivo. Siguiendo a Maxine Molyneux29,
la teoría clásica del interés ha sido criticada desde varios frentes tanto políticamente
como desde un punto de vista epistemológico. Básicamente esta crítica ataca a la
formación de los intereses como algo objetivo, y dado a priori. La noción de intereses
como algo identificado independientemente de las inclinaciones subjetivas de los
agentes implica la definición de estos como algo “verdadero”. Aceptar como
determinante la importancia de las condiciones estructurales en la formulación de los
intereses como algo dado a priori, supone rechazar el proceso que comporta la
construcción de significado y de la subjetividad. Para Molyneux la formulación de
intereses ya sean estratégicos o prácticos es en cierto modo dependiente de elementos
discursivos, y está siempre ligada a la formación de la identidad. Todo esto supone que
los intereses denominados objetivos de las mujeres deben siempre estar enmarcados
dentro de un contexto específico concreto desde el momento en que los procesos de
construcción y articulación de estos están claramente sujetos a variación cultural,
histórica y política, y no pueden ser conocidos de forma anticipada.
29
Molineux, M (1998): “Analysing women’s Movements”, en C. Jackson and R. Pearson (eds), Feminist
Visions of Development, Gender Analysis and Policy, Routledge. London
46

47. Para Jonasdottir30 la definición de cualquier interés debe reconocer la agencia y
la subjetividad, pero deben también ser entendidos como algo formulado en un contexto
que afecta el modo en el que se realiza la elección. En este sentido sólo los intereses
subjetivos son relevantes desde el momento en el que son formulados en un contexto
específico, siendo posible concebir los intereses como socialmente definidos, sujetos al
cálculo. Los intereses objetivos se definen en relación al resultado más beneficioso para
el agente, y deben ser perseguidos con las estrategias más apropiadas para su
realización.
Aquellos que defendían el enfoque Mujer en el Desarrollo presentaron a las
mujeres sin ninguna opción frente a las estructuras omnicomprensivas de poder. Una
forma distinta de holismo es la que representa el enfoque de las relaciones sociales de
género. Este enfoque trata de poner al descubierto las conexiones entre diferentes
esferas y niveles de la sociedad y entre los individuos y las estructuras sociales. Se
abandona así la categoría clave de análisis en el discurso MED y se sustituye por una
forma de entendimiento de las relaciones desiguales entre mujeres y hombres diferente.
La categoría analítica de las relaciones sociales de género se establece como las
relaciones que median las formas en que los individuos experimentaban las fuerzas
estructurales. “El concepto de subordinación de género se utilizaba para defender que el
poder era una característica general de estas relaciones”31 . Esto no impediría considerar
otro tipo de relaciones, como la clase, que medien entre el individuo y las estructuras,
mediando también la manera en que la diferencia biológica se traduce en desigualdad de
género. Empíricamente, clase y género tienen tendencia a constituirse mutuamente de
30
K. B. Jones, A. G. Jonasdottir (eds.), The political interest of gender: developing theory and research
with a feminist face, (London, 1989), Sage Publications
31
Whitehead (1979), citado en N. Kabeer, Realidades trastocadas, las jerarquías de género en el
pensamiento del desarrollo (1994, UAM) Paidós, p. 70
47

48. forma que las diferencias biológicas se produzcan en el contexto de desigualdades
sociales de género.
Para Molineux, el concepto de los intereses de las mujeres, aunque útil, sigue
siendo un tanto problemático. Aunque este concepto es central para las evaluaciones
feministas de la política social,
“no existe consenso sobre cuáles son ni cómo se han de formular. Esto se
debe, en parte, a que no hay ninguna explicación causal teóricamente adecuada y
universalmente aplicable de la subordinación de las mujeres a partir de la cual se
pueda derivar una versión general de los intereses de ellas [...] Una teoría de los
intereses que tenga una aplicación en el debate sobre la capacidad de las mujeres para
luchar por el cambio social y beneficiarse de él, debe comenzar por reconocer la
diferencia en vez de asumir la homogeneidad” 32
Para Molineux el concepto de intereses de género debe reservarse para aquellos
intereses que tanto mujeres como hombres sin distinción puedan desarrollar en virtud de
la situación social a través de los atributos de género.
Los intereses así definidos pueden ser tanto estratégicos como prácticos, los
primeros relacionados con la posición de las mujeres, derivados por deducción del
análisis de su subordinación; los segundos en relación a la condición de las mujeres,
dados inductivamente de “las condiciones concretas de la posición que ocupan las
mujeres dentro de la división de género”33 .
De esta distinción entre lo practico y lo estratégico se deriva otra entre las
políticas que dirigen su actuación a las condiciones concretas de la vida de las mujeres,
restringidas por las divisiones entre recursos y responsabilidades, y las políticas que
tratan de transformar la posición de las mujeres dentro de un conjunto estructuralmente
32
Molineux 1985, pp. 231-232, citado en Kabeer, 1994, cit. Supra, p. 105.
33
M. Molineux, p. 233, en N. Kabeer (1994), cit. Supra. p. 106
48

49. desigual de relaciones sociales. “Las desigualdades estructurales de género en los
diferentes contextos definen cómo hombres y mujeres perciben sus necesidades
prácticas cotidianas, además de provocarles intereses discrepantes y, tal vez,
conflictivos en la transformación a largo plazo de esas desigualdades”34 .
Las maneras de abordar las necesidades prácticas tienen connotaciones
importantes para el potencial transformador de los diferentes tipos de proyectos. El
enfoque del empoderamiento defiende una forma alternativa de abordar el análisis de las
necesidades de manera que aumente la fuerza colectiva y la capacidad de organización
de las mujeres.
El carácter del empoderamiento elude por su naturaleza formas cuantitativas de
cuantificación, por lo que el análisis costo-beneficio social resulta inadecuado para
medir costos y beneficios de estrategias de concienciación-organización-movilización, o
el crecimiento de la conciencia de las mujeres respecto de prácticas que despojen de
poder no están ni ordenadas divinamente ni determinadas biológicamente, sino
producidas históricamente, y por lo tanto son susceptibles de transformación. Los
criterios de evaluación y planteamiento de programas y proyectos con este tipo de
objetivos tendrán que caer fuera del terreno evaluativo del Análisis Coste-Beneficio
Social. Como cualquier metodología de evaluación el Análisis Coste-Beneficio
funcionaría mejor en proyectos intervencionistas que en proyectos de participación, en
proyectos con objetivos preferentemente relacionados con la eficiencia y con
indicadores cuantitativos, que en proyectos con objetivos múltiples relacionados con la
equidad. “El análisis costo-efectivo o el marco lógico, que permiten un reconocimiento
más explícito de aspectos no monetarios y no cuantificables en el ciclo de planificación
del proyecto, son otras opciones al ACBS en estas situaciones, pero conservan un sesgo
34
N. Kabeer, (1994), cit. supra. p. 106
49

50. común hacia los indicadores cuantificables”35. Los procedimientos participativos para la
evaluación, aunque puedan parecer subjetivos y politizados, tienen la ventaja de que lo
son sin disfraz alguno, y por lo tanto, están abiertos al escrutinio y la impugnación.
35
N.Kabeer (1994), cit. supra, p. 196
50