1. Presiden 2 normas que sancionan con mayor dureza las fugas,
hechos de tránsito o la trata de personas
La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y la Ley Contra el Trata y Tráfico fueron promulgadas, este
martes, por el presidente Evo Morales, con el objetivo de endurecer las penas a los delitos que atenten
contra la vida y la integridad física de las personas.
Ambos instrumentos legales fueron impulsados por el oficialismo ante la creciente inseguridad ciudadana
en Bolivia y los casos de trata y tráfico que se denuncian y no se resuelven en el país.
La ley del sistema de seguridad ciudadana, en el criterio del ministro de Gobierno, Carlos Romero,
reemplaza la tesis de la doctrina de seguridad nacional por la de seguridad ciudadana. Y se constituye en
una ley marco que requerirá de otras 12 disposiciones legales.
Uno de sus 14 principios, determina la “Priorización de la Víctima”; es decir que toda víctima de
inseguridad ciudadana deberá ser tratada con dignidad y en forma prioritaria en todos los actos de
investigación.
Trata y tráfico
La ley contra la trata y tráfico de personas incluye la participación de agentes
encubiertos y la grabación de llamadas para las investigaciones como también el
patrullaje cibernético.
“Esta ley tienen tres ámbitos de protección, prevención, de persecución y
sanción y por eso es integral”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados en
Palacio de Gobierno.
El documento ya fue trabajo desde la anterior gestión legislativa y aprobado en
sus dos estaciones después de la participación de instituciones especializadas en
la lucha contra la trata y tráfico, organizaciones sociales, ministerios,
Legislativo, y Órgano Judicial.
Asimismo, se determina la creación del Consejo nacional lucha contra la trata y
tráfico de personas que estará conformado con el Defensor del Pueblo,
Ministerios que tendrá como principal labor la elaboración de políticas públicas
de prevención. Se contará con consejos departamentales mediante las
gobernaciones y alcaldías.
“Todo contrato que exista para fuera del país tendrá que ser autorizado por el
Ministerio de Trabajo, entonces no existirán más niños y jóvenes especialmente
de nuestras provincias que sean tratados de forma infrahumana”, explicó.
Contra la inseguridad
“Si la fuga se realiza con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las
cosas, la sanción será de reclusión de cinco a ocho años”, dice la disposición
final de modificación del Artículo 180 de dicha norma que
La norma modifica el Código Penal y sanciona con reclusión de tres a cinco años
la evasión o fuga de quien se encuentre legalmente detenido o condenado, según

2. sus disposiciones finales.
Accidentes de tránsito
“La tesis de la seguridad ciudadana viene a sustituir a la doctrina de la seguridad
nacional, está dirigida a la protección de los ciudadanos frente al delito”, explicó
el ministro de Gobierno, Carlos Romero. “La seguridad ciudadana está
vinculada a los derechos humanos”, añadió.
La nueva ley de seguridad ciudadana sanciona con la pena de cárcel desde cinco
a ocho años para las personas que resultaren culpables de accidentes de tránsito
donde existieran víctimas fatales o con lesiones gravísimas.
Actualmente el Código Penal artículo 261 sanciona con cárcel sólo de uno a tres
años a quien resulte culpable de estos hechos.
“Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o
estupefacientes, la pena será de reclusión de cinco a ocho años y se impondrá al
autor del hecho, inhabilitación para conducir de forma definitiva”, dice la parte
final de la norma.
La Ley modifica además el Artículo 247 del Código de Procedimiento Penal y
determina que las medidas sustitutivas a la detención preventiva pueden ser
revocadas cuando el imputado incumpla cualesquiera de las obligaciones
impuestas, cuando se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de
fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad, cuando se inicie en
contra del imputado un nuevo proceso penal por la comisión de otro delito.
Para la ejecución de esta normativa, el Gobierno ha implementado con la
adjudicación de un presupuesto de casi 2 mil millones de Bolivianos que
representa un incremento de 121% en relación a los 902 mil Bolivianos que se
presupuestaron el año 2005.
Uno de sus 14 principios, determina la “Priorización de la Víctima”; es decir que
toda víctima de inseguridad ciudadana deberá ser tratada con dignidad y en
forma prioritaria en todos los actos de investigación.
Financiamiento
La ley “desarrolla y extiende las acciones concretas de lucha contra el delito que
el Gobierno nacional ha implementado con la adjudicación de un presupuesto
de casi 2 mil millones de Bolivianos que representa un incremento de 121% en
relación a los 902 mil Bolivianos que se presupuestaron el año 2005”.
Determina que las entidades territoriales autónomas departamentales asignarán
como mínimo el 10% del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) para seguridad
ciudadana, previa deducción del 30% destinado a la Renta Dignidad.
Estos recursos económicos serán únicamente invertidos o utilizados en el
ámbito territorial departamental y municipal, respectivamente.
Tecnología
La Ley establece el sistema de Tecnología Preventiva Pública para que el

3. Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas, doten a la
Policía Boliviana de sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica para el
control y prevención de delitos.
Se implementarán puntos de servicio de radio taxis autorizados en los lugares
de mayor concurrencia que garanticen a la usuaria o usuario un vehículo
conducido por una persona legalmente registrada y cuyo costo de transporte
será regulado.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos implementará un Sistema de
Información de Comercialización de Combustibles, a través de la instalación de
tecnología de auto identificación por radio frecuencias en todas las estaciones de
servicio, para poder identificar automóviles que comentan actos delictivos como
contrabando y robo de autos.
Las empresas prestadoras de servicios públicos, las entidades financieras
bancarias, las entidades públicas y los centros de esparcimiento público y
privado con acceso masivo de personas instalarán en sus dependencias sistemas
de cámaras de seguridad y monitoreo electrónico para garantizar la seguridad
de las personas.
Con la Ley se crearán y fortalecerán programas de educación, rehabilitación y
reinserción social dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo
social. El Ministerio de Educación incorporará en la currícula escolar temas de
seguridad ciudadana y seguridad vial, para promover una nueva cultura de paz y
seguridad, según la norma.
La Ley establece la creación de Centros de Rehabilitación, Reinserción Social,
Reinserción Laboral Productiva al interior de los recintos penitenciarios del país
y, en forma concurrente con las Entidades Territoriales Autónomas.
Ley de Seguridad Ciudadana endurece penas por delitos graves
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana, 'Para una Vida Segura', promulgada el martes por el
presidente Evo Morales, endurece las penas para los delitos que atentan contra
la vida, los derechos humanos y la integridad física de las personas.
La norma modifica el Código Penal y sanciona con reclusión de 3 a 5 años la
evasión o fuga de quien se encuentre legalmente detenido o condenado, según
sus disposiciones finales.
"Si la fuga se realiza con violencia o intimidación en las personas o fuerza en
las cosas, la sanción será de reclusión de 5 a 8 años, según la disposición final de
modificación del artículo 180 de la ley panal", explicó el Ministro.
Con esta Ley se reforma el artículo 261 del Código Penal y sanciona con cárcel
de 1 a 3 años a quien resultare culpable de la muerte o producción de lesiones
graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de
transporte motorizado.

4. "Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o
estupefacientes, la pena será de reclusión de 5 a 8 años y se impondrá al autor
del hecho, inhabilitación para conducir de forma definitiva", establece la parte
final de la norma.
La Ley de Seguridad Ciudadana modifica además el artículo 247 del Código de
Procedimiento Penal y determina que las medidas sustitutivas a la detención
preventiva pueden ser revocadas cuando el imputado incumpla cualesquiera de
las obligaciones impuestas, cuando se compruebe que el imputado realiza actos
preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad,
cuando se inicie en contra del imputado un nuevo proceso penal por la comisión
de otro delito.
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Para una Vida Segura,
es una ley que surge del consenso entre el Gobierno, los gobiernos
departamentales y municipales, la Policía Boliviana y la sociedad representada
por sus instituciones.
De acuerdo con su explicación "la ley desarrolla y extiende las acciones
concretas de lucha contra el delito que el Gobierno implementó con la
adjudicación de un presupuesto de casi 2.000 millones de bolivianos que
representa un incremento de 121% en relación a los 902.000 bolivianos que se
presupuestaron el año 2005".
Uno de sus 14 principios determina la 'Priorización de la Víctima'; es decir
que toda víctima de inseguridad ciudadana deberá ser tratada con dignidad y en
forma prioritaria en todos los actos de investigación.
Otras Fuentes: http://www3.abi.bo/#