1. Domingo, 25
de septiembre de 2016 LA RAZÓN
E7
c entiendeesto,elremedioserápeor
quelaenfermedad.
Decretos draconianos. Pretender,
por decreto o ley, implantar la sindi-
calización en las cooperativas mine-
ras y asegurar todos los derechos la-
borales y beneficios de la seguridad
social, es desconocer la situación de
un sector para el cual la informali-
dad de sus estructuras, formas de
trabajo, relaciones laborales y parti-
cipación en el mercado es casi la
condición de su existencia.
Por años, el Gobierno hizo la vis-
ta gorda ante una suma de irregula-
ridades en el funcionamiento de las
cooperativas mineras, la posesión y
uso de áreas mineras. Esta omisión
de responsabilidad no ha sido ca-
sual; era parte de los compromisos
políticos para garantizar el apoyo
del sector cooperativo. Por ello, de
la noche a la mañana, querer impo-
ner rígidos procedimientos de con-
trol y fiscalización y sanciones que
incluyen la reversión de áreas adju-
dicadas, es cuando menos falta de
realismo. Más incomprensible aún
es la intención de revertir, sin más,
las áreas adjudicadas a cooperati-
vas que mantienen contratos con
empresas privadas, desconociendo
derechos legalmente adquiridos.
Esdifícilencontrarracionalidady
equilibrioenlasmedidasanunciadas;
encambio,símuchodeunalógicade
ajustedecuentas,yquizátambiénde
uncálculooportunistaporaprove-
charunmomentodedesorientación
delaorganizacióndecooperativas,
paraimponersobreestesectorun
controlpolíticoférreo.Sienverdadse
tienelaintencióndeaplicartodas
esasmedidas—deunadurezasinpar,
tratándosedeungruposocialhasta
hacepocomimadoporlasautorida-
des—,elefectoinesperadopodríaser
unacrisissocialypolíticadegranen-
vergadura,conmúltiplesconflictosy
enfrentamientosqueacabaríandes-
estabilizandotodoelaparatoproduc-
tivomineroyacelerandoelcolapso
delamineríanacional.
¿Quién paga los platos rotos? Cier-
tamente hay regiones más golpeadas
que otras. Según las cifras oficiales
de la gestión 2015, las exportaciones
mineras de Potosí y Oruro represen-
taron dos terceras partes del total
nacional exportado. Pero si se exclu-
yen las exportaciones de oro, por su
dudosa procedencia, la participación
de ambos departamentos sube al
90% de las exportaciones mineras
del país. Esto explica, también, que
Potosí y Oruro estén entre las regio-
nes que más recursos perciben de la
recaudación de regalía minera: Poto-
sí (63%) y Oruro (12%). Y ello a pesar
de que ambos departamentos han
visto reducirse abruptamente sus in-
gresos por regalías desde 2012; al
menos 30%, en cuatro años.
Considérese, además, que un 20%
de la regalía minera proviene del
sector cooperativo (74% de la mine-
ría privada, y apenas 6% de la esta-
tal). Estos datos dan una idea clara
de la gravitación económica del sec-
tor cooperativo, tan solo por debajo
del sector privado, que aporta el 75%
de las exportaciones mineras. Un
caso notable es la ciudad de Potosí:
prácticamente el 50% de su econo-
mía descansa en la producción, los
ingresos de regalías, el comercio,
transporte y otros servicios alrede-
dor de la minería, que emplean a la
mitad de los potosinos (Confrónte-
se: Ferrufino-Eróstegui-Gavincha,
Potosí: el cerro nuestro de cada día,
Labor, 2011). Muchas provincias y
localidades dependen casi entera-
es sociólogo,
investigador en
temas económicos
DIBUJO
LIBRE
mente de la minería, y en particular
de la actividad cooperativista. No
sorprende, entonces, que el mismo
gobernador potosino hubiera sido
uno de los primeros en advertir de
los efectos contraproducentes de los
decretos gubernamentales.
¿Una segunda relocalización mi-
nera? A la vista de las cifras es inevi-
table preguntarse si en el Gobierno
son conscientes del impacto poten-
cialmente desastroso de sus medi-
das, y en particular del riesgo de
desencadenar un proceso parecido
a la relocalización de trabajadores
mineros de los 80.
Desmantelar el poder del coope-
rativismo minero puede ser tentador,
sobre todo delante de los aprietos
fiscales para atender sus demandas.
En la lucha de facciones dentro de la
coalición de intereses que sustentan
el Gobierno, hay quienes buscan des-
plazar al cooperativismo gremial y
avanzar en sus propias posiciones de
poder, sin importar mucho lo que
venga. Por lo demás, la antipatía de
amplios sectores del país hacia el co-
operativismo minero —justificado
en muchos aspectos— es un caldo
de cultivo para acciones efectistas.
La cuestión es a qué nos conducen.
Sielcooperativismoesunproble-
ma,noloesmenoslamineríaestatal,
atribuladaporsuspropiasdificulta-
des.¿Másempresaestatalenlugarde
cooperativasmineras,paraabsorberla
masalaboralqueestesectorocupa?
Peroyasabemosloqueestafórmula
hasignificadoenelcasodeHuanuni.
SeguirengordandoaComiboldeáre-
asmineras,sabiendoquenoestáen
condicionesdeexplotarlas,notiene
sentidopráctico;Comibolescomoun
perrodelhortelano.
Aquí es cuando los bolivianos de-
bemos preguntarnos por qué la mi-
nería privada se ha reducido a un
puñado de empresas, en lugar de
ser un sector pujante, en expansión,
movilizando inversiones y poniendo
en marcha nuevos y grandes pro-
yectos que multipliquen el empleo
de calidad; siendo que es el único
con capacidad de hacerlo.
Que las cooperativas mineras
deben encuadrarse a un régimen de
legalidad y derechos laborales, no
quepa duda. Tampoco se discute la
importancia de recuperar la autori-
dad del Estado para garantizar el or-
den y la convivencia pacífica. Mala
idea, sin embargo, tratar de lograr
estos propósitos sobre la base de
medidas draconianas. Ni la repre-
sión ni el descabezamiento de diri-
gentes van a sustituir la necesidad
de una política de fortalecimiento
empresarial en el sector cooperativo
minero; bien concebida, integral, de
largo plazo, con incentivos a la for-
malización, que canalice la asisten-
cia técnica y financiera adecuada
para que las cooperativas puedan
tecnificar y escalar sus operaciones,
integrarse a cadenas de valor, prove-
er servicios a las empresas privadas
y públicas, ejercitar sus derechos mi-
neros y realizar emprendimientos
conjuntos con otras empresas.
Entretanto, los problemas y
conflictos seguirán latentes. Que
nadie se engañe.
HENRY
OPORTO
EL PROBLEMA COOPERATIVO SIGUE
Minería: el día
después de Panduro
uando las aguas se han calmado
es el momento del análisis sereno
y la discusión informada. Esa
suerte de histeria anticooperativas
mineras —alentada por una
campaña de desinformación y lin-
chamiento mediático que busca
una cabeza de turco— debe cesar,
para dar paso a una apreciación
objetiva de la realidad de este sec-
tor y sobre todo para ir a la raíz de
los problemas. Las cooperativas
están lejos de ser un dechado de
virtudes, pero tampoco son el de-
monio que se quiere pintar. Hay
que separar la paja del trigo. La
proliferación de un cooperativis-
mo informal y depredador, que ha
abusado de su capacidad de pre-
sión para obtener prerrogativas
políticas y otras ventajas espurias,
es el síntoma y no la causa de los
males de la minería nacional.
Las razones subyacentes del
último conflicto radican en el es-
tancamiento del sector minero
—un languidecimiento doloro-
so—, su falta de modernización,
de inversiones e innovación tec-
nológica, y en un sistema clien-
telista y corporativo de reparto
de rentas y poder político.
Eldesplomedelospreciosha
detonadounacrisisqueesestruc-
turalyquemuestraloslímitesdel
estatismoanacrónicoimplantado
enlaúltimadécadaenlaminería.
Lacuestiónesquenosolamentese
hadilapidadolaoportunidadex-
cepcionaldeuncrecimientorobus-
toysostenidodelaindustriamine-
ra,conpreciosenniveleshistóricos,
comohasidolacoyunturareciente,
sinoqueahora,enunescenariode
preciosdeprimidos,estallanlas
tensiones,yporelladomásflaco:la
mineríacooperativizada.Sinose
Se discute
la impor-
tancia de
recuperar
la autori-
dad del Es-
tado. Mala
idea, sin
embargo,
tratar de lo-
grar esto
con base en
medidas
draconia-
nas. Ni la
represión ni
el descabe-
zamiento
de dirigen-
tes van a
sustituir la
necesidad
de una polí-
tica de for-
talecimient
o empresa-
rial en el
sector coo-
perativo
minero.