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Escenarios posibles y tendencias del conflicto armado en el sur del meta
1. Escenarios posibles y tendencias del conflicto armado en el Sur del Meta y del Guaviare
Emilio Garcia Gutiérrez. Consultor independiente
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Escenarios posibles y tendencias del conflicto
armado en el sur del Meta y del Guaviare
Fuente: Avanzan talleres de zonificación ambiental de la zona de reserva campesina del Guaviare.
En: https://marandua.com.co/zona-reserva-campesina-guaviare/
Emilio Garcia Gutiérrez
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Escenarios posibles y tendencias del conflicto
armado en el Sur del Meta y del Guaviare
Fuente: http://www.noticierodelllano.com/article/entregan-tierras-de-la-reserva-campesinos-
del-guaviare
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Meta y del Guaviare
Emilio Garcia Gutiérrez
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1. Agudización del problema de la tierra y del impacto social
Acerca de este punto poco se ve realizado en el sur del Meta.
Continúa la desatención de los gobiernos de turno y aumenta la
desesperanza de cerca al 70 por ciento de los campesinos que de
Granada (Meta), negocian carta venta sin respaldo del Estado
colombiano. Esta es una de las tendencias que se perciben en la
población, señalada con preocupación por las comunidades, las
organizaciones sociales, la Iglesia, la Defensoría y la Personería y
otros organismos del Estado.
Las dinámicas que se están dando en la región alrededor de la
economía campesina y cultivos que no son competitivos, ni tienen
mercados como palma y la caña para la producción de
biocombustibles y etanol y el aumento para tal fin de la explotación
de la tierra por parte de grandes empresarios y de compañías
internacionales muestran un complejo escenario social y económico
para sectores como el campesinado, que es uno de los más afectados
por este tipo de desarrollo. La situación también tiende a impactar
a los indígenas porque están siendo ocupadas sus áreas de reserva,
porque muchos otros están arrendándoles sus tierras a los grandes
productores y porque, frente a la falta de opciones, están llegando
masivamente a la capital y a otros centros urbanos.
Los desplazados son otra población en la que esta problemática tiene
un impacto directo, más ante las limitaciones en la titulación y
restitución de tierras, una situación que se presenta en todos los
municipios y que es uno de los grandes desafíos para la
institucionalidad. Hay preocupación entre las mujeres y sus
organizaciones porque están siendo víctimas de amenazas por
defender los derechos de la población desplazada y temen que esto se
agudice.
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Se teme que continúe el negocio de la compraventa de la tierra y la
apropiación de la misma por medios legales e ilegales, también por
parte de grandes productores de estos cultivos, los ganaderos
ausentes y de multinacionales, que aumenten la concentración de la
misma en pocas manos. A este hecho se suma el abandono de
hectáreas por parte de campesinos que están buscando opciones por
la deficiencia en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. El
uso del suelo para la producción de biocombustibles, sin tener en
cuenta su uso tradicional y condiciones climáticas, podría continuar
desplazando los cultivos básicos del Meta, que sirven no solo para el
consumo interno del departamento sino para otras regiones del país,
como la capital.
Para líderes comunitarios, de la región el hecho de no tener los títulos
de sus tierras (y parece que no hay ni siquiera Tilín, tilín) se ha
convertido en uno de los principales obstáculos para ejercer sus
derechos y les hace más difícil desarrollar proyectos productivos.
Asimismo, han denunciando que hay numerosos compradores
asociados al narcotráfico, paramilitares y estructuras emergentes
que quieren sus tierras. En ese sentido, existe la tendencia de que la
problemática continúe y se agudice si no se da un paso clave: el
reconocimiento de los títulos de propiedad. Otra situación igual de
preocupante sigue sin resolver: los campesinos sin tierra.
Los intereses de los diferentes actores que tienen relación con la
tierra en el Meta – campesinos, comunidades indígenas, compañías
internacionales, empresas, grupos armados ilegales y
narcotraficantes– ya están generando delicados problemas de
convivencia entre algunos de ellos y sigue siendo un motor del
conflicto armado. No hay una voz desde las diferentes instancias
institucionales que esté advirtiendo sobre los riesgos del nuevo
modelo económico de la región, y se teme que esta siga siendo la
tendencia.
2. Aumento en la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas
Una de las principales controversias en el Meta es que el crecimiento
progresivo de la economía del Meta –con la explotación del crudo y
las mal llamadas regalías que se obtienen, entre otros factores–
contrasta con la situación social y económica de sus habitantes.
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Aunque hay crecimiento, este no se ha reflejado en un mejoramiento
de la situación de las poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad,
lo que parecería ser una tendencia en el territorio.
Los altos índices de pobreza en el departamento tienden a aumentar
no solo por el modelo de desarrollo ( del cual los gobiernos nacional ,
departamental y municipales ) que está imperando y que beneficia
de manera especial a los grandes empresarios, sino por la corrupción
en las administraciones públicas. Si no aumentan los controles y no
hay una veeduría, no será posible que los recursos públicos –entre
ellos los de las regalías– se usen de manera prioritaria para
responder a la situación social de los pobladores del Meta.
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3. Paz y región
Existe el riesgo de que se agraven aún más las condiciones de vida
de poblaciones, como los desplazados, no solo a raíz del problema de
la tierra sino de otras dinámicas en el territorio ya mencionadas.
Hay una tendencia hacia la agudización de la situación social de
pobladores en general por la llegada de numerosas comunidades
desplazadas provenientes de veredas, diferentes municipios y otras
regiones de Colombia. El caso ejemplar, o de mostrar, es como de
manera unánime señalan las comunidades y las principales
autoridades es el de Villavicencio, donde se ha registrado un
aumento exagerado de población, ante el cual las autoridades no han
tenido los recursos suficientes para integrar económica y socialmente
a estos nuevos habitantes. La institucionalidad tiene el reto de
responder a las necesidades de esas nuevas poblaciones.
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Fuente: Mapas elaborados por la FIP, basados en la Policía Nacional
Copyright: http://pacifista.co/hablemos-de-esa-colombia-que-no-deja-de-matarse/ .
La explotación de petróleo aumentará en la región por el reciente
hallazgo de nuevos y productivos pozos y las decisiones de los
gobiernos saliente y entrante, respecto al fracking. Si bien esto puede
ser una oportunidad para que los nuevos recursos que lleguen se
inviertan en las comunidades, se teme que esto tenga un impacto
social fuerte en la población. La historia ha demostrado que en
municipios a los que llega el boom del petróleo hay una
transformación de valores, económica y social. Para algunos, el
“petróleo ha sido más una maldición que una bendición porque
detrás de él aparecen la prostitución, las enfermedades, la
corrupción, el aumento de la criminalidad y los armados”. Los
cultivos ilícitos con relación a los últimos años, según cifras del
Simci, estos siguen siendo uno de los problemas principales de la
región, por los efectos que tiene en su economía, su vida social
(directamente en las finanzas de los hogares) y su cultura.
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Entre las comunidades –especialmente entre las mujeres y las
víctimas– hay una tendencia a darle énfasis al desarrollo de
proyectos productivos para responder a la situación social. Estos
también se han convertido en una necesidad de los hogares, para que
la mujer entre a complementar la economía del hogar. De la misma
forma, campesinos y organizaciones esperan que así como hay un
fuerte apoyo económico y político a los cultivos de palma, también se
brinde a otros y a los que registran menos y menos producción. Por
eso proyectos productivos diferentes a los de los megaproyectos
empiezan a ser parte importante en sus agendas de trabajo y de
acción política.
Un hecho preocupante, que aún no se ha resuelto, es el
reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes, incluyendo a
indígenas. Los llamados disidentes de los grupos armados ilegales
se siguen moviendo en cabeceras municipales y departamentales. Se
está dando una dinámica en la región que se está convirtiendo en
una constante: el aumento de la inseguridad ciudadana en centros
urbanos, como en Villavicencio. La capital se ha convertido en una
ciudad receptora de delincuentes, desmovilizados e ilegales que
llegan de Bogotá los fines de semana para delinquir. Aunque han
disminuido los homicidios, otros delitos como el carterismo o el robo
a mano armada han aumentado en los centros urbanos, en una
tendencia creciente.
4. La agudización de la confrontación armada y los problemas de
seguridad (en especial en el departamento del Guaviare)
Se teme que en el escenario futuro el conflicto armado sea mucho
más intenso. Por un lado, por la presencia de las fuerzas militares y
sus intentos, y unos meses antes de finalizar el Gobierno, de dar
importantes golpes contra la guerrilla. El aumento de la presencia
militar coincide, según la Defensoría del Pueblo, con un aumento de
las violaciones de los derechos humanos. Por otro, por la estrategia
de la guerrilla de mostrarle su poder territorial y armado al nuevo
Gobierno. Y, además, porque persisten las causas estructurales y
coyunturales que han sido el motor del conflicto armado en las
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últimas décadas. La población seguirá siendo la más afectada en
medio del conflicto.
Elaboración propia. Fuente: Policía Nacional
La guerrilla continúa ejerciendo poder en varias regiones por su
presencia histórica y sus intereses alrededor del narcotráfico,
aunque está debilitada. En otros municipios del territorio,
(especialmente en el Guaviare, son de dominio de las disidencias de
las FARC) el uso de minas antipersonal seguirá siendo un
instrumento para contrarrestar el avance militar en sus territorios
tradicionales. Por otra, los paramilitares no desmovilizados
continúan haciendo presencia en defensa de sus negocios del
narcotráfico y de la adquisición de tierra. Asimismo, se teme una
presencia mayor de estructuras emergentes, que para algunos están
protegiendo a los narcotraficantes. Se advierte una tendencia a la
intensificación de la conflictividad en la zona rural, donde hay menos
presencia del Estado y más de grupos armados ilegales. “El conflicto
se está metiendo aún más en el campo”. Hay regiones del Meta y
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especialmente en el Guaviare en donde el Gobierno está
consolidando su presencia con las Fuerzas Armadas y ha ganado
espacios importantes, pero si esos espacios no se consolidan con
desarrollo y respeto a los derechos humanos se generarán nuevas
frustraciones en la población y aumentará la desconfianza entre ella
y la institucionalidad. Existe el temor de que esto ya esté ocurriendo.
La tendencia que se observa es que las intimidaciones de muerte a
los líderes y organizaciones sociales, las amenazas y las violaciones
de los derechos humanos continúen debido a la presencia de
diferentes grupos armados y los intereses económicos y políticos que
están en juego en el territorio. El Gobierno y las Fuerzas Armadas
han ganado espacios importantes, los cuales deben ser consolidados
con desarrollo y respeto a los derechos humanos.
5. Incremento de la problemática en poblaciones de mayor
vulnerabilidad
Las dinámicas de la conflictividad, las situaciones sociales y
económicas y los programas de seguridad y de desarrollo que se están
ejecutando en la región tienden a seguir afectando de manera
especial a las poblaciones en estado de mayor vulnerabilidad. Las
mujeres son quienes están sufriendo la carga del conflicto armado,
existente años atrás, de forma especialmente dramática y por eso
reclaman una mayor atención por parte del Estado, la cual reclaman
a través de sus organizaciones y movimientos sociales por la paz.
Las mujeres organizadas, con sus diferentes intereses, sostienen una
dinámica orientada a afirmarse como actoras políticas de peso y,
para ello, están organizando sus demandas y acciones por el respeto
de sus derechos, aun en medio del postconflicto, así como siguen
reclamando garantías para su plena participación en todas las
decisiones que comprometen su desarrollo y la paz. La niñez y la
juventud continúan en riesgo, no se sabe de quién, de ser reclutados
de manera forzada por diferentes grupos armados y por la
delincuencia común, ante la ausencia de oportunidades, la violencia
intrafamiliar, la falta de escenarios para el uso del tiempo libre y las
percepciones culturales, como el valor a quien tiene un arma o un
uniforme. La situación de los indígenas y de la población desplazada
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sigue produciendo preocupación ante la precariedad en la que viven,
la constante violación de sus derechos, principalmente sobre el
derecho a la tierra, y la amenaza constante del reclutamiento forzado
de sus integrantes, en especial menores de edad. Esto contrasta con
la capacidad de esta población como actores de construcción de paz y
de escenarios de convivencia social.
Hay la tendencia a que Meta y el Guaviare siga siendo uno de los
departamentos que más expulsa población, no solo a causa del
conflicto armado (confrontaciones armadas y presencia de guerrilla,
paramilitares y bandas) (que disminuyo en la región) sino también
por la situación social y económica, por las fumigaciones y por las
amenazas de la que están siendo víctimas para expropiarles sus
tierras con el fin de desarrollar en ellas grandes proyectos
agroindustriales, entre otros factores.
6. Creciente interés en continuar con esfuerzos de construcción de
paz
Fuente: www.semana.com. Presidencia de Colombia. 4/19/2014
Claves para construir la paz. Buena parte de los retos que tendrá
Colombia en el posconflicto exigirá una activa participación de
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alcaldes y gobernadores. El centralismo, uno de los males que el país
tendrá que superar.
Fuente: Revista semana. En la etapa de posconflicto, los alcaldes y gobernadores deberán
fomentar espacios de reconciliación. Foto: León Darío Peláez
Al mirar uno por uno los puntos del acuerdo de paz entre el gobierno
y las FARC, se encuentra que casi ninguno de ellos se podría llevar
a cabo sin la participación de alcaldes y gobernadores (difícil paso a
dar en los dos departamentos estudiados). Los mandatarios locales
serán fundamentales para aplicar la reforma rural integral,
formalizar los predios y construir planes de desarrollo en las
comunidades. De ellos dependerá que estas ingresen a los programas
de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Sin su compromiso,
sería imposible cumplir en los territorios las medidas para
garantizar la participación política y el ejercicio de la oposición.
Finalmente, los alcaldes y gobernadores tendrán que contribuir a la
reparación integral de las víctimas, a recuperar la verdad y la
memoria, a reintegrar a los antiguos combatientes y a reconstruir los
lazos sociales en sus comunidades, deteriorados por la desconfianza
y las heridas que provocó el conflicto.
Para entregar a los mandatarios regionales y locales y a sus equipos
de gobierno herramientas que les permitan prepararse mejor para
este reto, desde hace varios meses un grupo de entidades del
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gobierno, la Escuela Superior de Administración (Esap), la Agencia
Colombiana para la Reintegración (ACR) y la Agencia Nacional de
Tierras se unieron con la Federación Nacional de Departamentos,
Colombia Líder y Publicaciones Semana.
Esta alianza se tradujo en la publicación Gobernantes &
Posconflicto, distribuida entre los 1.102 alcaldes y 33 gobernadores
del país y sus equipos de gobierno. Sus tres ediciones contienen
información valiosa para ellos sobre la labor que tendrán que
afrontar en la etapa que se avecina: sus responsabilidades en
materia de atención y reparación a las víctimas; pautas para hacer
una planeación participativa más efectiva y para facilitar la
búsqueda de recursos nacionales e internacionales para los
proyectos, y datos sobre el contexto regional y nacional en el que está
enmarcado su trabajo, entre muchos temas.
Con un estilo pedagógico y el apoyo de historias de procesos exitosos
en los que han participado mandatarios locales, estas publicaciones
buscan mostrar que construir paz desde los territorios es posible y
ya viene haciéndose en muchas regiones del país.
“Tradicionalmente, las decisiones en Colombia se han tomado desde
la capital, pero es muy diferente cómo se ven las cosas desde Bogotá
y cómo se tienen que ejecutar en la región. “Los acuerdos, que
implican un cambio estructural en materia de inclusión,
reintegración, reconciliación y restitución de tierras están en el
papel, pero ahora tienen que ponerse en práctica y son los alcaldes y
gobernadores, como líderes naturales en sus territorios, quienes
deben emprender esas acciones”, explica Claudia Marcela Franco,
directora encargada de la Esap. Y agrega: “Sobre el posconflicto,
nadie tiene la verdad revelada. Lo que hacen estas publicaciones es
brindarles unas herramientas sencillas y prácticas a los mandatarios
locales para que puedan aportar su talento a la construcción de paz”.
Gobernantes & Posconflicto se suma a los esfuerzos que varias
entidades de gobierno, la cooperación internacional y la sociedad civil
vienen haciendo para fortalecer las alcaldías y gobernaciones. Eso
implica contar con funcionarios capacitados técnicamente que
conozcan, por ejemplo, los estándares para estructurar un proyecto
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y cómo se puede articular una entidad territorial con el sector
privado, la academia y la cooperación internacional para sacar
adelante programas en beneficio de la comunidad. “El mayor reto
para los territorios va a ser entender el cambio que va a suceder en
nuestro país y el reenfoque de muchas políticas territoriales. Los
alcaldes y gobernadores deben tener muy claro qué es lo básico, qué
es lo que realmente necesita su región”, afirma Carlos Correa, alto
consejero para las regiones.
Acompañaron a las tres publicaciones varios conversatorios en los
que mandatarios locales de todas las regiones expresaron sus
preocupaciones ante el posconflicto. La más recurrente, la falta de
recursos a nivel local para asumir las responsabilidades que
surgirán de los acuerdos. Los gobernadores de varios municipios de
los departamentos del Meta y del Guaviare, con quienes se habló del
tema, creen además que el posconflicto debe ser una oportunidad
para replantear la relación entre la Nación y los territorios. “Como
lo ha planteado con toda razón el alto comisionado para la paz, Sergio
Jaramillo, “la paz debe construirse en los territorios y no desde los
escritorios. Eso implica empoderar a las entidades territoriales, lo
que incluye fortalecer la institucionalidad y actualizar el código de
régimen departamental y municipal”, dice Amylkar Acosta, Ex
director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.
Una nueva relación con las comunidades
Superar el conflicto armado implica que sectores que antes se
miraban con desconfianza ahora trabajen juntos. Eso significa
colaborar para dejar atrás conductas sociales que en el pasado
contribuyeron a que se produjera la guerra o a que se prolongara
tanto.
Los alcaldes y gobernadores serán fundamentales en este empeño
que exigirá de ellos un cambio de mentalidad. Gobernar un
municipio o un departamento en Colombia, en medio del conflicto
armado, exige a esos funcionarios cierto tipo de capacidades como
coraje y firmeza. Ahora que el país avizora una nueva etapa, los
mandatarios locales tendrán que ejercitar nuevas habilidades, como
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ser capaces de propiciar el diálogo, la convivencia, la igualdad y la
inclusión.
En este nuevo escenario de posconflicto, uno de los aspectos a
fortalecer en los territorios será la participación. En los acuerdos se
creó la figura de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), que operarán en unas zonas priorizadas, y serán
fundamentales en la transformación del campo, en el éxito de los
programas de sustitución de cultivos y en el trabajo de construir una
nueva cultura de participación política en los territorios. De la
capacidad de alcaldes y gobernadores para escuchar a sus
gobernados dependerá que este espacio no se convierta en una mera
formalidad, sino que contribuya de verdad a superar los tropiezos
que impiden desarrollar a las comunidades y dificultan reconstruir
los lazos sociales rotos por la confrontación armada.
Los mandatarios locales también deberán promover la equidad, en
especial en la distribución de la tierra, que según reconoció la
Comisión Histórica del Conflicto ha sido una de las principales
causas de la violencia en el país, y en los departamentos del Meta y
del Guaviare. No se trata de perseguir a los grandes propietarios,
pero tampoco de negarles a los campesinos que quieren producir la
posibilidad de acceder a la tierra. “No se va a implementar un
mecanismo de acceso a tierras que privilegie a unos en perjuicio de
otros. El punto está diseñado de tal forma que se pongan a trabajar
en conjunto los factores productivos para que haya un mayor
desarrollo rural. Es un modelo incluyente”, afirma Miguel Samper,
director de la Agencia Nacional de Tierras.
También deberán promover la inclusión y estar dispuestos a trabajar
con todos los sectores, en especial con los afectados por el conflicto,
es decir, las víctimas y los desmovilizados. Frente a las víctimas,
alcaldes y gobernadores deben asumir la responsabilidad que les
corresponde en materia de atención y reparación, y contribuir a que
ellas encuentren la verdad y recuperen la dignidad y la memoria.
Respecto de los desmovilizados, deben garantizar que se les abran
oportunidades que los alejen de la violencia. “Los desmovilizados son
una solución, no una carga para el territorio. Hoy, 26.000 de ellos,
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más del 70 por ciento de la población que ingresó al programa de
reintegración, está trabajando. Lo productivo se vuelve un referente
que genera valores y progreso en los territorios”, explica Joshua
Mitrotti, director de la Agencia Nacional de Reintegración.
La voz de los mandatarios locales
En una serie de conversatorios realizados por el proyecto
Gobernantes & Posconflicto, los alcaldes y gobernadores expresaron
similares preocupaciones frente a lo que significará para sus
regiones implementar el acuerdo de paz con las Farc. La principal de
ellas tiene que ver con los recursos económicos. “Yo veo un Estado
débil para afrontar el posconflicto. ¿Cómo hacen unos diálogos si no
tienen plata para responder por ellos?”, se preguntó Luis Francisco
Vargas, alcalde de Cartagena del Chairá.
Los funcionarios locales se quejan de que en los últimos años el
gobierno nacional les ha ido asignando responsabilidades a las
entidades territoriales, sin trasladarles los recursos para cumplirlas
y sin tener en cuenta que hay varios municipios y departamentos
literalmente quebrados.
A esto se suma el centralismo, un mal enquistado en las instituciones
del país. “Un proyecto de agua tiene que pasar por una ventanilla de
un ministerio y por otra. Así se vuelven eternos los procesos y la
verdad es que las decisiones se siguen tomando desde Bogotá. Si eso
no se soluciona va a ser muy traumático avanzar en el posconflicto”,
expresó Sigifredo Salazar Osorio, gobernador de Risaralda.
Los mandatarios temen que la falta de dinero y la burocracia
frustren las expectativas de las víctimas, los excombatientes y el
resto de la comunidad en el posconflicto. “Los municipios no tenemos
cómo suplir la atención integral a las víctimas. En Neiva, una de
cada cuatro personas es víctima. Los desplazados en su mayoría no
quieren regresar y no tenemos suficiente oferta de empleos ni de
vivienda”, dijo Rodrigo Lara, alcalde de la capital de Huila.
Y pese a las dificultades, las perspectivas que abre la paz para los
territorios son alentadoras. Cada uno de los funcionarios puede
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hablar de varios lugares maravillosos ubicados en su territorio, que
a causa del conflicto muy poca gente visita. “Los colombianos nos
hemos perdido de mucho, durante 50 años hemos perdido la
oportunidad de conocer a Colombia”, concluye Jenny Nair Gómez,
alcaldesa de Villa Rica, Cauca.
En la actualidad, hay una escasa interlocución de líderes sociales,
organizaciones y escenarios de articulación social con la
institucionalidad, situación que tiende a continuar, dada la
polarización que se vive en la región. Los diferentes representantes
y voceros de la sociedad civil insisten en que el conflicto armado sigue
teniendo un impacto importante en ella, sin embargo hay un
creciente interés de continuar con los esfuerzos de construcción de
paz y de buscar salidas para la solución pacífica de los conflictos.
Referencias
Colombia: conflicto armado, procesos de negociación y retos para la
paz. Mauricio Garcia Duran, Bogotá, Colombia, 9 Noviembre 2009.
En http://www.irenees.net/bdf_fiche-conference-26_es.html.
Horizontes de Paz, 2011. http://www.arias.or.cr/revistas/horizontes-
de-paz/index.html
Centro de Memoria historica, 2014. Nororiente y Magdalena Medio,
Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC .Nuevos escenarios de
conflicto armado y violencia. Panorama pos acuerdos con AUC. En :
www.centrodememoriahistorica.gov.co/..
Una respuesta social al conflicto armado. Un acercamiento a las
dinámicas del conflicto actual en Colombia y una reflexión a posibles
soluciones alternativas: caso de Mico ahumado, Bolívar. Por
Catalina Macías T. Septiembre 2008. En: http://www.institut-
gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-400.html
Habermas, Jurgen. A Theory of Communicative Action, Boston,
Beacon Press, 1984.