El Presupuesto General de la Nación es el instrumento de política pública más importante de un país, en el cual el gobierno, por medio del Órgano Ejecutivo, presenta la planificación económica naciera para resolver los problemas del país, promoviendo el desarrollo de los ciudadanos, prestando servicios en educación y salud pública, sus planes de combate al crimen, la administración general, invirtiendo en infraestructura necesarios para promover la inversión y creación de nuevos y mejores empleos, entre otros. Por todo ello, es fundamental que este se presente al país con plena transparencia y cumplimiento de la Constitución; como manda el Art. 227, se deben incluir todas las erogaciones y la estimación de todos los ingresos a partir de las leyes vigentes, que muestre un balance entre sus ingresos y gastos, y que exista sostenibilidad en el nacimiento para garantizar la continuidad de los servicios.

1. Las cinco razones por las cuales no se
debe aprobar el presupuesto 2016
Antiguo Cuscatlán, 25 de noviembre de 2015
El Presupuesto General de la Nación es el instrumento de política pública más importante de un país, en el cual el
gobierno, por medio del Órgano Ejecutivo, presenta la planificación económica financiera para resolver los problemas
del país, promoviendo el desarrollo de los ciudadanos, prestando servicios en educación y salud pública, sus planes de
combate al crimen, la administración general, invirtiendo en infraestructura necesarios para promover la inversión y
creación de nuevos y mejores empleos, entre otros. Por todo ello, es fundamental que este se presente al país con plena
transparencia y cumplimiento de la Constitución; como manda el Art. 227, se deben incluir todas las erogaciones y la
estimación de todos los ingresos a partir de las leyes vigentes, que muestre un balance entre sus ingresos y gastos, y
que exista sostenibilidad en el financiamiento para garantizar la continuidad de los servicios.
Si el presupuesto que se presenta no corresponde a las necesidades ni a las posibilidades reales del país, el instrumento
más importante de la política pública pierde su funcionalidad. El presupuesto 2016 presentado a aprobación adolece
de este problema por las siguientes razones:
1. Omite más de US$200 millones en devoluciones de impuestos, ya que la partida presupuestaria asigna
solamente US$4 millones para este rubro, cuando anualmente, según el promedio 2012-2014 se devolvieron US$222.3
millones. Esta omisión induce al gobierno a financiar sus necesidades con deuda de corto plazo, poniendo en riesgo la
liquidez del sector público y la continuidad ininterrumpida de sus pagos básicos, como salarios, pagos a proveedores,
transferencias a municipios, entre otros.
2. Falta de transparencia en la asignación de subsidios en las áreas de transporte público, gas licuado y
electricidad. Entre 2005 y 2014 el gobierno omitió de los presupuestos US$1,639 millones de dichos subsidios, que
luego tuvieron que ser incorporados al presupuesto por medio de modificaciones y endeudamiento, mostrando
desorden en el manejo de los dineros de los salvadoreños. En el presupuesto 2015 el faltante podría estar cercano a
US$80 millones, y el presupuesto 2016 muestra el mismo problema; por ejemplo, en la partida de apoyo al SITRAMSS se
asignan solamente US$100 (cien) dólares, lo cual no alcanzará ni siquiera para un día.
3. Se hace una sobrestimación de los ingresos tributarios, para justificar partidas de gasto que no se pueden
financiar, y luego se recurre a mayor endeudamiento, que limita la continuidad de las políticas a corto y mediano plazo.
Entre 2009 y 2015 la diferencia entre los ingresos tributarios proyectados y los realmente obtenidos, supera los
US$1,350 millones, faltante que se ha tenido que suplir con mayor endeudamiento. El presupuesto 2016 asume un
crecimiento de los ingresos tributarios de 8.4%, cuando los dos años anteriores apenas han crecido 2%; esto lleva a una
sobrestimación superior a US$175 millones.
4. Todo lo anterior contribuye a un endeudamiento incontrolable del gobierno; el saldo de la deuda pública pasó
de US$8,978 millones en diciembre de 2008 a US$15,531.3 millones en septiembre de 2015. La consecuencia de esto es
que el gobierno debe pagar más de US$600 millones anuales en intereses, dejando menos recursos para financiar
necesidades básicas e inversión pública.
5. El Presupuesto 2016 también omite el pago de amortización del vencimiento en 2016 de una deuda de US$150
millones, que fue emitida a quince años plazo el 31 de diciembre de 2001. Este préstamo debe vencer el 31 de
diciembre de 2016, y para que pueda ser pagado en el día hábil que correspondería, se debe contar con estos recursos
antes de que finalice 2016, y por lo mismo debe incluirse en el presupuesto de ese mismo año.
Si bien, todas estas son razones técnicas, la razón principal por la que el presupuesto 2016 no debe ser aprobado, es
porque no contribuye a alcanzar políticas públicas financiadas adecuadamente para el desarrollo humano y que sean
sostenibles en el tiempo. El Salvador necesita que las finanzas públicas se manejen con responsabilidad, y eso requiere
que su principal instrumento, el Presupuesto General de la Nación, presente a sus ciudadanos cuentas claras y cabales
y que cumpla con el mandato de la Constitución.