Análisis de la actual política criminal sobre drogas

Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida
ENLACE
SEMINARIO DE ESTUDIO 2001
ANÁLISIS DE LA ACTUAL
POLÍTICA CRIMINAL SOBRE DROGAS

Edita: Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida ENLACE
Colabora: Comisionado para las Drogodependencias de la Junta de Andalucía
Comisión de Redacción*: Remedios Aguilar Alés
Virtudes Fernández Ortega
Rosario Martagón Ropero
Mª Carmen Martínez Perza
Rosa Martínez Perza
Luisa Márquez López
Inmaculada de Pando Rojo
Beatriz Pardal Redondo
José Sánchez Fernández
Carolina Sánchez Silva
Imagen de Portada: Francisca Lozano Soto
Junio de 2002
Depósito Legal:
Imprime: Imprenta Pinelo
* Aunque desde ENLACE tenemos presente la igualdad de género, en este documento hemos utilizado
el genérico masculino, a efectos de facilitar la lectura.
Conclusiones del Seminario de Estudio
2001 de la Federación Andaluza de
Drogodependencias y Sida ENLACE. Texto
definitivo aprobado en la Asamblea Ordi-
naria de febrero de 2002

PRESENTACIÓN
Una vez más, con la discusión en Asamblea del documento enviado a las
Asociaciones y de las aportaciones al mismo realizadas por las diferentes
Jornadas Provinciales, se pone fin al proceso de reflexión interna en torno a
un tema de interés, como ha sido en esta ocasión el “Análisis de la actual
Política Criminal sobre Drogas”.
Este documento es únicamente una visión parcial del «fenómeno de
las drogodependencias», que para ENLACE queda explicado de una forma
mucho más completa considerando éste como un capítulo del conjunto de
documentos que hemos ido publicando fruto de los anteriores Seminarios.
El contenido de este documento no nos puede hacer olvidar que la
causa última de la problemática de las drogodependencias es la existencia
de un modelo social basado en las desigualdades y la rentabilidad económi-
ca, y en un estilo de vida asociado a los intereses lucrativos; ni que nuestros
pasos deben dirigirse hacia una sociedad que priorice la calidad de vida de
muchos, frente a las ganancias de pocos.
Es imprescindible señalar en este momento, la enorme importancia
que para nosotros tienen las intervenciones preventivas, el actuar decidida-
mente sobre todos aquellos factores que están provocando que muchas
personas tengan serios problemas relacionados con el abuso de drogas, y,
en particular, la necesidad de replantearse el papel, no muy exitoso, que
están teniendo los diversos agentes educativos (escuela, medios de comu-
nicación,...). Conseguir retrasar todo lo posible la edad de inicio al consumo
de drogas y, en cualquier caso, garantizar que la relación de las personas
con las drogas -que siempre van a existir en la sociedad- sea racional y
positiva y no autodestructiva, son objetivos prioritarios.

También es obligatorio apuntar que las propuestas que aquí se reco-
gen no son más que una serie de actuaciones que, entendemos, amplían y,
en consecuencia, mejoran lo que ya se viene haciendo, cuya validez no debe
ser cuestionada. Así pues, los programas de carácter ambulatorio, los de-
sarrollados en las comunidades terapéuticas, los de incorporación socio-
laboral, etc., no sólo deben mantenerse sino potenciarse.
Por último, las reivindicaciones que ahora realizamos carecerían de
sentido para nosotros si junto a ellas no seguimos planteando aquellas otras
en las que, lamentablemente, aún no hemos avanzado mucho, tales como
conseguir que las penas alternativas a la prisión sean una práctica habitual
en los juzgados, que los drogodependientes dejen de ser la población ma-
yoritaria en las cárceles, que los presos tengan acceso a cualquier trata-
miento existente en la calle y, en general, se humanice la realidad de las
prisiones, etc., etc.
En este contexto general es donde cobran importancia las conclusio-
nes que ahora publicamos, esperando que tengan la influencia que les co-
rresponde en el diseño de las políticas sobre drogas y, con ello, mejorar las
condiciones de vida y las posibilidades de incorporación de muchos
drogodependientes, así como aumentar los recursos preventivos existen-
tes.

ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN ...............................................................................7
ORÍGENES DE LA ACTUAL POLÍTICA PROHIBICIONISTA .................. 15
Un poco de historia... .................................................................. 15
Cruzada contra las drogas... intereses ocultos, intereses manifiestos ...... 16
España no es diferente... ............................................................. 20
CONSECUENCIAS DE LA ACTUAL POLÍTICA SOBRE DROGAS ........ 23
Respecto a la seguridad... ........................................................... 24
¿Protegiendo la salud...? ............................................................. 28
PROPUESTAS DESDE EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO....................... 33
Centros de encuentro y acogida ................................................... 33
Programa de suministro controlado de heroína .............................. 35
Regulación del cannabis .............................................................. 37
Control de la publicidad ............................................................... 40
Anexo: Federaciones Provinciales y Asociaciones federadas a Junio de
2002 ......................................................................................... 43

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Análisis de la actual política sobre drogas
INTRODUCCIÓN1
Huntsville es una ciudad cercana a Houston, en EEUU. Tiene 40.000
habitantes y siete centros penitenciarios donde hay 14.000 presos, por lo
que en esta localidad hay más personas privadas de libertad que en toda
Andalucía. Tiene otro aspecto que la hace tristemente famosa: una cámara
en la que acaban con la vida de las personas condenadas a pena de muerte
mediante inyecciones letales. Están realizando una media de una ejecución
al mes y sólo en los últimos veinte años llevan, aproximadamente, 240 per-
sonas ejecutadas.
Si a los ciudadanos de Huntsville se les preguntara qué opinan sobre
la pena de muerte, o qué opinan sobre la propia realidad de las prisiones,
seguramente muchos estarían de acuerdo con la política penitenciaria ac-
tual, incluyendo la pena de muerte y el hecho de que allí mismo se aplique.
Casi toda la economía de Huntsville gira en torno a sus 14.000 presos y a
las propias ejecuciones. Cada pena de muerte se “celebra” allí económica-
mente: nunca se echa más gasolina, nunca en los aparcamientos se llega a
cobrar hasta veinte dólares, nunca los bares y restaurantes hacen tanto
negocio, ... como cuando hay una ejecución. De otra parte, las prisiones,
además de dar trabajo a mucha gente de la zona, son el más importante
recurso productivo de la ciudad2
.
En Huntsville, por tanto, la opinión sobre la pena de muerte y, en
general, sobre el sistema penitenciario, está muy condicionada por intere-
1
Este texto está extraído de la exposición realizada por Pepe Sánchez, presidente de ENLACE, ante el
grupo de discusión del Seminario, en Barbate en Junio de 2001.
2
No hay que olvidar que los presos en EEUU son trabajadores forzados que no cobran. Dentro de las
propias cárceles, en su mayoría privadas, funcionan gran cantidad de fábricas, que generan productos
de todo tipo, y que se comercializan dentro y fuera de las fronteras norteamericanas.

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Seminario 2001
ses económicos, que determinan fuertemente el pensamiento, la ideología,
las propias vivencias...
Y a los intereses económicos sumamos otros condicionantes perso-
nales. Por ejemplo, imaginad los médicos o los capellanes cuya dedicación
es poner inyecciones o confesar a las personas condenadas a muerte. Para
ellos, replantearse su opinión sobre la pena de muerte supondría pensar
que llevan toda su vida equivocándose.
En definitiva, es fácil comprender que la opinión sobre política penal
de muchos habitantes de esta localidad está condicionada por sus propios
intereses, aunque al hablar sobre el tema manifestarían que es necesaria
por razones de seguridad ciudadana, por el efecto disuasorio y ejemplificante
que tiene la pena, ... y nunca expresarían sus verdaderas razones.
De la misma forma, cuando vayamos a hablar sobre las drogas y su
marco de regulación legal, vamos a descubrir muchos condicionantes: po-
derosísimos intereses económicos, fuertes posturas morales, ...; es decir,
una gran cantidad de puntos de vista que tienen un interés último, ya sea
de carácter ideológico, electoral, económico... Y es difícil abstraerse de ello.
Además, esos intereses no se muestran abiertamente, sino que se mantie-
nen ocultos. Igual que en Huntsville, la gente va a argumentar supuestos
intereses de carácter general, pero no sus intereses particulares.
Cuando hablemos de la regulación de las drogas, nadie va a decir “es
que ésta es la mejor situación desde la que se defienden mis intereses”, ni
la industria farmacéutica, ni los narcotraficantes, ni los partidarios de un
sistema represivo, nadie va a decir “mis intereses son...”, sino “qué va a
pasar con los jóvenes, qué va a pasar con los drogodependientes...”. Todo
el mundo va a dar razones de salud, razones de protección/seguridad, que

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van a ocultar los verdaderos intereses que distintos sectores tienen en este
tema.
En medio de esa multitud de intereses que existe en todos los temas
y, en particular, en un tema como el de las drogodependencias, vamos a
iniciar una discusión sobre la actual política criminal en drogas. Yo creo que
la mayoría de nosotros está preocupado por las drogodependencias, y pre-
ocupado porque no hagan tanto daño como han estado haciendo hasta
ahora.
Nuestros intereses, aunque unos y otros podamos pensar de distinta
forma, sí son auténticos, en el sentido de que si nosotros decimos que
estamos preocupados por los jóvenes o por los drogodependientes, éstas
son afirmaciones sinceras. Podemos estar influenciados por todo lo que
hay alrededor y por otros intereses, desde luego, pero seguro que cuando
nos posicionamos, lo hacemos creyendo que es lo mejor para esas perso-
nas, y esto nos da, ante el resto de la gente, una autoridad moral importan-
te.
Lo que creo que debe marcar nuestra discusión es nuestra trayecto-
ria, qué hemos hecho hasta ahora, qué hemos defendido unos, qué hemos
defendido otros, qué pretendíamos y qué hemos conseguido ... Se trata de
parar y decir dónde estamos después de tanto tiempo, porque hay asocia-
ciones nuestras que tienen ya más de veinte años, asociaciones que tienen
comunidades por las que han pasado miles de personas, asociaciones de
barrio o de pueblo que han sido testigos de mucho sufrimiento, que han
tenido bastantes pérdidas humanas, que han podido hacer poco con algu-
na gente que está muy tirada ... Toda esa trayectoria nos debe servir.
¿En qué momento estamos?, ¿hacia dónde nos han llevado determi-

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nados planteamientos?, ¿tenemos que seguir en una línea continuista o,
por el contrario, tenemos que darle un giro a esto?, y si es así, ¿en qué
sentido?.
Tenemos que ser valientes y pensar que si hemos hecho algo en un
momento determinado ha sido porque hemos creído que lo teníamos que
hacer, aunque ahora tengamos otra visión. Nadie tiene que avergonzarse
de que, en un momento dado, haya creído que teníamos que salir a la calle
a pintar una cruz en casa del traficante, a pesar de que ahora no esté de
acuerdo con ello, porque lo hizo con la mejor voluntad, entendiendo que así
mejoraba la situación de las drogodependencias. Si ahora se piensa que
ése no es el camino y que tendríamos que actuar de otra forma, hagámos-
lo, porque a nosotros nada nos ata para elegir un camino u otro, y si tene-
mos que decir, en algunos puntos, lo contrario de lo que hemos dicho, lo
podemos y debemos decir. Nuestro horizonte siempre ha sido la defensa de
los intereses de un colectivo de personas, y si entendemos que por la de-
fensa de esos intereses ahora se lucha mejor de otra forma, lo decimos,
con la misma voluntad y con el mismo empuje que antes hemos dicho otra
cosa.
***
Hechas estas consideraciones iniciales, voy a entrar en materia com-
partiendo con vosotros mi experiencia, lo que conozco, mis ideas después
de que muchos de nosotros hayamos hablado durante muchos momentos,
de haber reflexionado juntos...
En Andalucía, desde los años 80, en los que iniciamos nuestra anda-
dura, ha habido una evolución en cuanto a la intervención de las
drogodependencias en diversos aspectos.

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Al principio, nos enfrentamos a este tema, cuando empezamos a ver
las primeras muertes, cuando empezaron a transcender los problemas fa-
miliares, cuando vimos disparates que se hacían para conseguir una dosis,
y todos entendimos que lo que había que hacer era “quitar a la gente de la
droga”; no nos explicábamos cómo las personas estaban ahí, creíamos que
estaba muy relacionado con la ignorancia, por no saber las consecuencias
de la sustancia, por no saber qué estaban tomando, y empezamos a plan-
tearnos como meta principal conseguir que la gente dejara de consumir,
intentar que todo el mundo fuera a una “granja”, exigirle a la administración
que creara comunidades públicas: el único objetivo en la intervención con
un drogodependiente era la abstinencia. Creíamos que el problema se aca-
baba con el abandono del consumo.
Sin embargo, después fuimos viendo que eso no era suficiente. Había
algunas personas que dejaban de consumir y seguían siendo infelices, igual
no encontraban trabajo, o no mejoraban sus relaciones familiares, o se-
guían siendo personas marginadas, aisladas, o conseguían la abstinencia
con la heroína pero pasaban al alcohol, ... Bien, qué os voy a contar que no
hayáis visto en tantos años. En otros casos, el abandono del consumo se
ha mostrado como una meta imposible, después de pasar por varios trata-
mientos y comunidades.
A partir de los años 90, sobre todo en su segunda mitad, se abando-
na la idea de que lo único importante es que la persona deje de consumir y
aparece una nueva idea: que la persona se incorpore a la sociedad. Que
pueda incorporarse abstinente, o con sustitutivos como metadona, o inclu-
so consumiendo. No se trata tanto de centrarse en la abstinencia o en el
consumo, sino en que al menos la persona pueda, en la medida de lo posi-

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ble, recuperar cierta vida social, cierta participación en la sociedad, es de-
cir, se trata de que la persona alcance unos mínimos que le permitan mejo-
rar su situación.
Otro aspecto a destacar es el cambio que se ha dado en relación a la
delincuencia. En un principio, la condena era la única respuesta existente
para aquellos drogodependientes que se veían implicados en delitos como
consecuencia de su situación. Poco a poco se fueron aplicando atenuantes
que consideraban la drogodependencia como un factor a tener en cuenta a
la hora de dictar sentencia. Más tarde se ha pasado a una nueva concep-
ción, recogida tanto en el Código Penal como en el Reglamento Penitencia-
rio: la de aplicación de medidas alternativas a la prisión.
Se pasa pues del concepto de persona delincuente, que es
drogodependiente, a persona que delinque por tener problemas con las
drogas y a la que hay que darle un trato diferente. Se abre paso la idea de
que la estancia en prisión es inútil e incluso contraproducente, apostándo-
se por el ingreso en programas terapéuticos capaces de conseguir la
reinserción del “delincuente”.
Formalmente, esta idea se recoge en la legislación española; otra
cosa es que seguimos encontrándonos en las prisiones que el 83% de las
personas está privada de libertad por problemas relacionados con las dro-
gas. Pero a nivel legal, se entiende que la delincuencia es consecuencia de
una situación personal y que, por tanto, pierde terreno la condena en favor
de la aplicación de medidas alternativas, algo que ha estado siempre en
nuestras reivindicaciones.
También en el ámbito de la prevención se ha producido cierta evolu-
ción. Se ha ido pasando de la prevención del “NO” a una prevención bas-

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tante más realista y más fructífera. Se ha pasado de un “no consumas”
imperativo y drástico a la realización de programas y campañas que con-
templan otros objetivos como la reducción de riesgos, se procura que la
gente no consuma, pero si lo hacen -como es el caso de muchas personas-,
se da información de qué hacer para que el daño sea el mínimo posible. Por
ejemplo, sería bueno que la gente no bebiera abusivamente los fines de
semana, pero si beben, al menos que no tengan un accidente de tráfico.
Como ocurría con el tratamiento penal de la persona drogodependiente
que delinque, en la prevención también se ha producido una evolución en
cuanto a los planteamientos y conceptos, aunque su traducción a la prácti-
ca deje mucho que desear.
Sin embargo, respecto al comercio de las sustancias ilegalizadas, no
se ha producido ningún cambio, ni desde un punto de vista práctico ni teó-
rico.
Desde un principio, se ha pretendido impedir que las personas acce-
dan a determinadas sustancias que están en el mercado, aludiendo a argu-
mentos de protección de la salud individual y de la sociedad en general. Por
tanto, se incluye en el código penal el tratamiento de dichas sustancias,
estableciendo delitos y penas para su comercio.
Con el paso del tiempo se sigue en la misma línea de actuación, que
consiste en reprimir el tráfico, en intentar acabar con los cultivos, en que no
se comercialicen los precursores de la droga, en definitiva, en que la oferta
de la sustancia se reduzca y, finalmente, se anule. Esta sería la última meta
de la represión del tráfico en la que cada vez se invierten más recursos
humanos y económicos, llegando incluso a la militarización de la actuación
en algunas zonas. No obstante, el fracaso de esta política es absoluto.

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Seminario 2001
Este año, ENLACE ha decidido analizar todo lo relacionado con el mar-
co legal que envuelve la producción, comercio y consumo de drogas, estu-
diando las consecuencias que la actual política ha tenido y está teniendo
para los drogodependientes y para la sociedad en general, con el objeto de
plantear alternativas viables que permitan mejorar la situación actual.

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ORÍGENES DE LA ACTUAL POLÍTICA PROHIBICIONISTA
Un poco de historia...
Desde siempre, las sustancias con propiedades psicoactivas han es-
tado ligadas a la historia de la humanidad; por ejemplo, la experiencia hu-
mana con el arbusto de coca tiene como mínimo cinco milenios de antigüe-
dad, el opio se cultivaba en la cuenca mediterránea hace cuatro mil años, y
las referencias al uso del cáñamo se remontan a seis mil años.
Las personas establecían una relación con aquellas plantas que for-
maban parte de su espacio natural. De esta forma, las primeras tomas de
contacto con las sustancias se realizaban bajo la protección del resto de
miembros de la comunidad, en un proceso en el que se compartía la infor-
mación y experiencia colectiva en torno a sus distintos usos. Éstos eran
muy variados y se asentaban en tradiciones ancestrales, transmitidas de
unas generaciones a otras. Las sustancias derivadas de las plantas se uti-
lizaban con fines medicinales, lúdico-recreativos, sacramentales e incluso
como moneda de cambio. En definitiva, cada planta ha cumplido tradicio-
nalmente una función social, que ha formado parte de la identidad de los
pueblos.
En la relación con las sustancias hay un punto de inflexión, a partir del
siglo XIX, relacionado directamente con el proceso de desarrollo industrial
que vive el mundo occidental. Este proceso supone un cambio en la forma
de organización socio-económica. Los adelantos técnicos que van surgien-
do tienen como consecuencia un aumento, hasta ese momento desconoci-
do, de la producción. Y entre estos productos, las sustancias psicoactivas
se convierten en una mercancía más, que se obtiene dentro del intercam-
bio del mercado, donde ya no tiene por qué conocerse el origen del produc-
to ni quiénes lo han elaborado.

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Se necesitan, por un lado, nuevos mercados para dar salida a esta
producción masiva. Se consolida una política colonialista, en la que los paí-
ses más industrializados se enfrentan en la conquista por la dominación y
explotación del resto de países. Por otro lado, se requiere la expansión del
consumo como auténtico fenómeno de masas, es decir, la creación de un
inmenso mercado de consumidores. Los trabajadores -hombres, mujeres y
niños- de las incipientes industrias, progresivamente, pasan a formar parte
de ese imprescindible mercado de consumidores.
En este contexto, el nacimiento de la industria farmacéutica y de un
circuito moderno de distribución de la “mercancía-fármaco”, supone la ela-
boración de un nuevo tipo de sustancias, derivadas de las naturales, que se
promocionarán en función de los intereses de expansión de las potencias
occidentales. Es el caso de la morfina, aislada como componente del opio
en 1806; la cocaína, principio psicoactivo de la coca descubierto en 1859;
o la heroína, derivada de la propia morfina, descubierta en 1873.
Cruzada contra las drogas... intereses ocultos, intereses mani-
fiestos
En este proceso de búsqueda de nuevos mercados y consumo
masificado de las sustancias, tenemos que resaltar las llamadas Guerras
del Opio, a mitad del siglo XIX, entre Inglaterra y China. El objetivo es que
China abriera sus fronteras a la entrada del opio que Inglaterra obtenía de
sus colonias en Asia. Las Guerras del Opio terminan con la victoria inglesa y
China se ve obligada a permitir el comercio de opio.
Poco después, Estados Unidos inicia una cruzada contra el opio, pri-
mero dentro de su propio territorio, y más tarde a escala mundial, en la que
confluyeron varios intereses. Por un lado, el objetivo de debilitar a Inglate-

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rra, hasta ese momento primera potencia mundial, quitándole el inmenso
mercado de opio que tenía en China. Por otro lado, a nivel interno, se utilizó
la identificación del opio con minorías étnicas que no entraban en el modelo
ideal norteamericano que se estaba construyendo, criminalizando a la co-
munidad china fumadora de opio; con esto se cumplía, además, otra fun-
ción: contener el descontento de los trabajadores norteamericanos que se
sentían amenazados. Y, al mismo tiempo, favoreció a su propia industria
farmacéutica, que se encargó de abastecer la demanda de consumo de
opio, ahora prohibido, ofreciendo sustancias sintetizadas como la morfina.
Se van definiendo, de esta forma, dos tipos de consumidores: los de
sustancias prohibidas -el opio-, que acuden al mercado negro; y los de sus-
tancias permitidas -morfina y otros derivados-, mucho más numerosos que
los anteriores, y que las obtienen en farmacias. Son sólo los primeros a los
que se identifica con una conducta “moralmente inaceptable”.
Una vez ilegalizado el opio dentro de sus fronteras, Estados Unidos
acomete el segundo objetivo: extender esta prohibición al resto de países.
Esta Campaña tiene sus frutos en la “Convención del Opio” (1912), cele-
brada en la ciudad holandesa de La Haya, que supone la primera regulación
restrictiva a nivel internacional de determinadas sustancias.
En esta Convención se limita la producción, venta y consumo de opio,
morfina, heroína y cocaína exclusivamente a fines medicinales y “legítimos”.
Esa legitimidad se deja en manos de la industria farmacéutica, que se hizo
con el monopolio de la producción y circulación de estas sustancias y cuyo
poder aumentó considerablemente cuando logró fabricar los derivados sin-
téticos sin necesidad de utilizar las sustancias naturales.
La industria farmacéutica produce cantidades de cocaína y heroína

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que sobrepasan las necesidades del mercado lícito, utilizando el mercado
negro como instrumento para colocar los excedentes, con lo que se crea y
mantiene la demanda necesaria.
Como estamos viendo, son intereses económicos y de dominio socio-
cultural los que van determinando la configuración internacional de la ac-
tual política criminal sobre drogas, y la clasificación de las sustancias como
legales o ilegales. Paradójicamente, todo esto se realiza utilizando como
principal argumento la protección de la salud.
A partir de aquí, el carácter de legalidad o ilegalidad impuesto
internacionalmente va a marcar profundamente la relación de las personas
con las sustancias psicoactivas, relación que había estado marcada funda-
mentalmente por pautas culturales.
Por esta misma lógica de funcionamiento, en base a los intereses de
las élites europeas y norteamericanas, se van estableciendo legislaciones
prohibicionistas en torno a otras sustancias, como es el caso del cannabis.
Esta sustancia había sido incluso incorporada por sus propiedades tera-
péuticas al conocimiento médico europeo, en la primera mitad del siglo XIX
y su uso llegó a ser muy extendido.
Sin embargo, a principios del siglo XX, de nuevo a Estados Unidos le
interesa, por varios motivos, que esta sustancia sea prohibida
internacionalmente. Por un lado, como medio de control social de minorías
étnicas -en esta ocasión hispanos y negros-, identificando el consumo de
esta sustancia con comportamientos agresivos. Por otro lado, el cáñamo se
había convertido en un competidor de la industria del nylon, algodón,
lubricantes o papel. Además, se estaban fabricando nuevos fármacos a los
que beneficiaba la eliminación del cannabis en el campo terapéutico. Tras la

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restricción a usos terapéuticos del cannabis en 1937, finalmente se retira
del mercado farmacéutico de EEUU en 1941, a pesar de la oposición del
colectivo de médicos norteamericanos.
Hasta en dos ocasiones las Naciones Unidas rechazan los argumen-
tos de los Estados Unidos -centrados en que es una sustancia tóxica y que
genera agresividad- para prohibir el cannabis a nivel internacional (algo que
finalmente se consigue en 1961). Ante el reiterado fracaso de estos argu-
mentos, se adopta una nueva estrategia: además de ser una sustancia
“moderadamente tóxica”, el cannabis es un medicamento en desuso, por
lo que no tendría sentido su permanencia en el mercado legal. Con esta
estrategia se trata de salvar una contradicción importante: si se hubiera
prohibido el cannabis sólo por ser un “intoxicante superfluo”, proponer su
prohibición hubiera supuesto que otras sustancias como el alcohol o el ta-
baco, ampliamente consumidas en occidente, y mucho más nocivas, hubie-
ran seguido el mismo camino.
En 1946 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituye la
Comisión de Estupefacientes, organismo responsable desde ese momento
del control internacional de las sustancias. En 1961 tiene lugar la Conven-
ción Única de Estupefacientes de la ONU, que viene a unificar los distintos
tratados que sobre este tema se habían ido acordando desde la Conven-
ción de La Haya, estableciéndose la base legal de la actual política interna-
cional de drogas. En esta Convención se consolidan como argumentos de la
política prohibicionista la defensa de la “salud física y moral” y se delimita la
clasificación actual de sustancias objeto de fiscalización, estableciéndose
como objetivo para los años ochenta la desaparición del cultivo de opio,
coca y cannabis para fines ilícitos.

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La Convención de 1988 de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
supone una reorientación de la política internacional sobre drogas. Si hasta
ese momento la protección de la salud pública había sido el argumento de
mayor peso, en 1988, la “lucha contra la droga” se centra más en las reper-
cusiones económicas, políticas y culturales de su tráfico. Y se plantea como
solución la represión, persecución penal y criminalización de todo lo que
tenga relación con la producción, comercialización y consumo de drogas. Se
definen una serie de conductas delictivas básicas, estableciéndose penas
para ellas, además de articular medidas para la cooperación internacional
en esta materia.
Las legislaciones prohibicionistas se han ido endureciendo progresi-
vamente, por lo que se requiere cada vez más de instrumentos represivos
para su cumplimiento y de fuertes inversiones para mantenerlos y reforzar-
los. De esta forma, la estrategia oficial de la “lucha contra la droga” se ha
convertido en muchos casos en una “guerra contra las drogas”, llegándose
a la militarización del problema.
España no es diferente...
En cuanto a la política criminal sobre drogas en el estado español,
señalar que ésta ha estado marcada por la dinámica internacional anterior-
mente descrita.
Cuando a finales de los años sesenta se comienza a crear la alarma
social en torno a la droga, el problema aquí era prácticamente inexistente,
si bien ya se estaba construyendo una respuesta burocrática y represiva.
A través del Código Penal de 1973, España se incorpora a la política
criminal de las Naciones Unidas (Convención de 1961). Una norma represi-

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va que provoca la criminalización de un gran número de drogodependientes,
a pesar de que muchas sentencias en esos años rechazan la penalización
del consumo y la tenencia para dicho fin.
La dureza de dicha legislación provoca una reacción en su contra, que
tiene como consecuencia su modificación en 1983, eliminando, por ejem-
plo, la tenencia para el consumo como conducta penada, distinguiendo entre
drogas duras y blandas y rebajando las penas de forma importante.
Esta reforma no es bien recibida en la comunidad internacional y, de
forma intencionadamente exagerada, se llega a presentar como una
“despenalización” de las drogas en España. En respuesta a esa presión
internacional, en 1988 se produce otra reforma del Código Penal que
incrementa el rigor de las sanciones, establece un trato específico para el
drogodependiente e intenta perseguir los beneficios económicos proceden-
tes del tráfico ilegal de drogas.
La reforma del Código Penal de 1992, que sigue la tendencia de la
Convención de la ONU sobre Drogas de 1988, supone de nuevo un aumen-
to de las penas y conductas susceptibles de ser castigadas.
Paralelamente, la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, conocida
como Ley Corcuera, supone una vuelta de tuerca en esta espiral de legisla-
ciones represivas: a partir de ahora también se castiga el consumo perso-
nal y la tenencia en lugares públicos, declarando infracción administrativa
grave el consumo y la tenencia de drogas o utensilios para su tratamiento,
con sanciones de multas que pueden ser desde cincuenta mil hasta un
millón de pesetas.
La redacción del Código Penal de 1995 es muy similar a la anterior, ya
que se recogen todas las conductas castigadas en el mismo, aunque se

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introducen algunos cambios de poca entidad, como el abandono de jeringuillas
como falta.
En la actualidad, dada la gran desproporción de las penas asignadas
al pequeño “menudeo” con respecto a las de los responsables de las gran-
des organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, los grupos políticos es-
tán debatiendo en el parlamento la posibilidad de realizar otra reforma del
Código Penal que aumente las penas de estos últimos.
En resumen, en España, al igual que en otros países, la respuesta
legal que se ha ido dando al “problema de las drogodependencias” ha sido
cada vez más restrictiva y represiva.
Paralelamente, a lo largo de las dos últimas décadas ha habido, en
general, una evolución en cuanto a la intervención en drogodependencias,
en el sentido de pasar de un tratamiento muy uniformador, donde el único
fin era la abstinencia, a uno más personalizado, donde se valora la situación
global que vive la persona, sin condicionar la intervención al abandono del
consumo; contradictoriamente, es esta misma persona la que, por su rela-
ción con una sustancia ilegal, se ve perseguida y criminalizada.
***
En definitiva, son intereses económicos, políticos, sociales, ... los que
han determinado el que unas sustancias y no otras sean ilegales. Sin em-
bargo, los principales argumentos oficiales en los que se sustentan las le-
yes prohibicionistas son los de protección de la salud y la defensa del orden
social.

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CONSECUENCIAS DE LA ACTUAL POLÍTICA SOBRE DROGAS
Este siglo de prohibición de sustancias psicoactivas conlleva una se-
rie de consecuencias económicas, políticas, jurídicas, sociales, sanitarias,
medioambientales,... que han afectado, y afectan, en mayor o menor medi-
da a personas, familias y comunidades.
En el análisis histórico realizado anteriormente, hemos constatado el
hecho de que determinadas sustancias legales han sido promovidas, mien-
tras que otras, al ilegalizarse, han pasado a formar parte de una economía
sumergida que, por un lado, contribuye a aumentar las desigualdades y el
dominio de unos países y grupos sociales sobre otros y, por otro, amortigua
los efectos negativos de la globalización económica.
El mercado de la droga ha reproducido y acentuado todos los efectos
perversos del actual sistema económico, ha contribuido al crecimiento eco-
nómico de los países occidentales a expensas de los países históricamente
explotados. En términos generales, los países del norte son los distribuido-
res/consumidores y los que se quedan con la mayor parte de los beneficios
y, los del sur, los productores. De esta forma, se mantiene el patrón de
países dominantes y dominados, que condena a los países productores a
ser meros proveedores de materias primas.
La prohibición de las drogas ha hecho que gran parte de los ingresos
de determinados países productores provenga de la economía sumergida,
acentuando su dependencia económica y su pérdida de soberanía con res-
pecto a las potencias occidentales. Paralelamente, la prohibición de algu-
nas sustancias que formaban parte del acerbo cultural de estos países y la
imposición de otras que les eran ajenas, ha causado la desaparición de
pautas culturales y el inicio de una relación problemática con las drogas.

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Seminario 2001
La economía sumergida nacida de la ilegalización de ciertas sustan-
cias, como mencionábamos anteriormente, amortigua los efectos negati-
vos de la globalización económica (pobreza, desempleo, exclusión,...), per-
petuando situaciones de injusticia social y económica, de tal forma que el
cultivo y el tráfico a pequeña escala hacen las veces de colchón de la pobre-
za. Es decir, la situación de determinados barrios, pueblos y ciudades que
sufren un desempleo estructural, sólo es sostenible porque la población
sobrevive gracias a los ingresos procedentes de la economía sumergida en
general, y del negocio de la droga en particular.
Además, las personas que viven de esta economía de subsistencia
(campesinos productores y pequeños traficantes), al dedicarse a una acti-
vidad clandestina, ven negados sus derechos, sobre todo laborales, y que-
dan a merced de la explotación de otros grupos, una poderosa minoría, que
aprovecha la situación para enriquecerse. De esta forma, la prohibición ha
conllevado un fortalecimiento de las mafias a nivel nacional e internacional
sin precedentes.
Respecto a la seguridad...
En la base de esta política se hace necesaria la creación de todo un
aparato represor dedicado fundamentalmente a la persecución de la pro-
ducción, el comercio y el consumo de algunas drogas.
Esta represión se ha plasmado en “la guerra contra las drogas” que,
a nivel internacional, legitima la intervención de unos países sobre otros -en
el caso de Latinoamérica ha llegado a ser militar- y, dentro de cada Estado,
tiene como víctimas a los grupos sociales más desfavorecidos.
España no es ninguna excepción y, siguiendo las políticas marcadas

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internacionalmente, está destinando gran parte de los fondos públicos a
perseguir y criminalizar, en detrimento del desarrollo de políticas eficaces
de prevención, tratamiento y reducción del daño. Se está dando una res-
puesta represiva a un problema eminentemente social; en este sentido, no
es casual que el Plan Nacional sobre Drogas se enmarque en la estructura
del Ministerio del Interior.
Toda esta inversión dirigida a acabar con la sustancia, no está consi-
guiendo cumplir los objetivos manifiestos de proteger la salud individual y la
seguridad ciudadana, mediante la reducción de la oferta y la demanda de
ciertas drogas; muy al contrario, los informes más positivos apuntan a que
las incautaciones no superan el 10% de la cantidad que circula. Por otro
lado, actualmente, los precios se mantienen, e incluso bajan, por lo que
podemos deducir que siguen aumentando en cantidad y diversidad las sus-
tancias psicoactivas en el mercado, lo que viene a confirmar lo bien organi-
zado que está el tráfico de drogas a nivel internacional y la ineficacia y el
fracaso de la política prohibicionista.
Esta política, así como el sistema jurídico penal que le sirve de instru-
mento, está teniendo unas repercusiones muy graves que atentan directa-
mente contra principios fundamentales del Estado de Derecho, como el de
proporcionalidad de las penas y el de racionalidad.
Quiebra el principio de proporcionalidad, porque las penas impuestas
a los delitos relacionados con las drogas causan al penado un mal muy
superior al perjuicio social que provoca. Se incumple el principio de raciona-
lidad, porque no se han podido demostrar los beneficios de la penalización,
mientras que sí se han constatado los costes sociales y personales que
conlleva, como veremos más adelante.

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Seminario 2001
Como consecuencia de la prohibición, por un lado, se sanciona
administrativamente a miles de personas por la simple tenencia o consumo
público de algunas sustancias y, por otro, aumentan las figuras delictivas,
viéndose desbordados los sistemas judicial y penitenciario. Esto provoca, a
modo de ejemplo, que muchas de las personas con las que trabajamos
sean condenadas varios años más tarde de la comisión del delito, cuando
han iniciado, e incluso culminado, su proceso de incorporación social.
La política prohibicionista afecta con mayor violencia a las personas
más débiles de cada sociedad -pequeños productores y distribuidores, y
consumidores-, quienes, precisamente por ser más débiles, no pueden bur-
lar la persecución oficial. Sin embargo, los grupos de poder, que se enrique-
cen extraordinariamente con el narcotráfico, son capaces de esquivar el
más perfeccionado aparato represor del Estado, y ello se debe en gran
medida a la facilidad con la que se extiende la corrupción en los círculos
políticos, financieros, judiciales, etc.
Asimismo, la ilegalidad dificulta el acceso a las sustancias, obligando
a muchas personas adictas a las mismas a hacer cualquier cosa para lo-
grarlas. Ese “cualquier cosa” consiste, muchas veces, en prostituirse y, otras
tantas, en robar y trapichear, lo que ha hecho que la delincuencia haya
aumentado de forma considerable, así como la inseguridad ciudadana, en
cuya idea se sustenta, precisamente, el endurecimiento de las acciones
represivas del Estado.
Un efecto directo de todo esto es la masificación de las cárceles, con
el consiguiente empeoramiento de las condiciones de vida de las personas
presas, en su mayoría drogodependientes.
Sin embargo, el consumidor de drogas no se convierte necesariamente

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en drogodependiente/delincuente, sino que se ha ido creando una imagen
problemática de las drogodependencias, que responde a los intereses de
determinados grupos de poder que tienen la capacidad de imponer su vi-
sión al resto de la sociedad.
Esta imagen, promovida por el poder político y difundida a través de
los medios de comunicación, se basa en el estigma (“lacra”); la demonización
y desacreditación de todo lo relacionado con las drogas ilegales; la exage-
ración del problema (“epidemia”); la indiscriminación de sustancias, al pre-
sentarlas como si de una sola se tratara, sin hacer distinción entre la diver-
sidad de sintéticas y naturales, y como si los efectos que pueden producir
fueran idénticos para todas las personas y circunstancias; y por último, en
el desvío de la atención hacia la sustancia, a la que se le atribuye los efec-
tos negativos que provoca la propia ilegalidad, a través del mensaje “aca-
bando con la sustancia se nos terminan los problemas”.
Esta información-desinformación está provocando que gran parte de
la población interiorice un miedo y rechazo a las sustancias y, por ende, a
las personas que las consumen y que pasen a un segundo plano los que
nosotros entendemos que son los protagonistas de este entramado, las
personas, quedando ocultas las verdaderas raíces del problema.
De esta forma, vivimos el «problema de la droga» como una paradoja;
por una parte, como un problema individual y no social y, por otra, como un
entramado tan complejo al que sólo expertos e instituciones competentes
pueden hacerle frente, delegando en éstos la responsabilidad social.
En definitiva, la sociedad, en lugar de exigir políticas sociales y educa-
tivas dirigidas a compensar necesidades, reducir dificultades,... para que
los consumos -que siempre van existir- no sean potenciadores y/o encu-

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Seminario 2001
bridores de los problemas de fondo, pide un mayor esfuerzo político para
perseguir la producción, distribución y consumo de drogas, estigmatizando
a las personas que consumen y, por extensión, a sus familias.
Este rechazo social determina la propia imagen que tiene el consumi-
dor de sí mismo, al asimilar el modo en que la sociedad lo percibe. Tanto
desde nuestras propias asociaciones como desde otros recursos, y
mediatizados por los estereotipos, a veces nos acercamos a estas perso-
nas partiendo de la idea de que son irresponsables e incapaces de tomar
decisiones o manejarse por sí mismos, y, por ello, muchas de las respues-
tas que damos son excesivamente paternalistas, lo que desde luego no
contribuye a la recuperación de su autoestima ni de su autonomía.
Con respecto a la familia, cada una tiene unas características pecu-
liares que las distingue pero, en líneas generales, podemos afirmar que la
dependencia -al alcohol, al juego, a las drogas,...- de uno o varios de sus
miembros provoca y/o agrava situaciones problemáticas, como pueden ser
las disputas conyugales y situaciones violentas en el hogar, la desatención
del resto de miembros de la familia, los robos, los chantajes, etc. Si a la
dependencia le añadimos “a sustancias ilegales” nos encontramos, ade-
más, que la estigmatización que sufre el drogodependiente se extiende a la
familia, que se ve sumida en un fuerte sentimiento de impotencia, vergüen-
za y culpa, sobre todo, cuando además de sufrir “la droga”, le toca sufrir la
cárcel y el sida.
¿Protegiendo la salud...?
El objetivo de proteger la salud tan esgrimido por la actual política
sobre drogas, no sólo no se está consiguiendo, sino que con dicha política

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se está vulnerando el principio de que la salud sólo puede ser protegida con
el consentimiento de la persona afectada, y son innumerables las conse-
cuencias dramáticas que está provocando, y que vemos a diario en nues-
tras asociaciones.
En primer lugar, la ilegalidad provoca la más absoluta falta de control
sanitario de la sustancia que se encuentra en cada momento en el merca-
do. Éste no está regulado, no está controlado, no es inspeccionado,... La
persona consumidora no conoce ni la composición ni el grado de pureza de
lo que compra. A diario se arriesga a morir ante posibles sobredosis o adul-
teraciones con sucedáneos, en ocasiones, incomparablemente más tóxi-
cos que las sustancias originales prohibidas. El mercado negro busca los
mayores beneficios a los menores costes y en el menor tiempo posible, por
ello, muchas veces da “gato por liebre” y, otras tantas, proporciona la sus-
tancia a una pureza excesiva para facilitar su almacenamiento y transporte.
Por otro lado, al estar perseguida la venta, prohibido el consumo y
condenados moralmente los consumidores -incluso sancionados
administrativamente-, las condiciones en las que las personas se ven obli-
gadas a consumir son también clandestinas. La mayoría de las veces sin
medios ni lugares higiénicos, teniéndo que esconderse de la familia y de la
sociedad en general, lo que ha supuesto el contagio masivo de enfermeda-
des infecciosas entre los consumidores (SIDA, tuberculosis, hepatitis,
candidiasis...) y la aparición frecuente de reinfecciones.
La situación descrita se ve agravada considerablemente en el interior
de las prisiones, los más perfectos aparatos de exclusión y abandono so-
cial, donde alrededor del 80% de las personas presas lo está por su de-
pendencia a drogas ilegales. La situación de marginación que tenían ya

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en libertad se ve agravada allí por diversos motivos: la sustancia de consu-
mo es más difícil de conseguir; no existen las mismas posibilidades tera-
péuticas que en libertad, por ejemplo, no hay programas de reducción de
riesgos como el intercambio de jeringuillas, lo que facilita aún más la trans-
misión de enfermedades infecciosas; no existen ni los medios personales ni
las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para la atención del gran
porcentaje de personas presas enfermas; algunas de ellas mueren en con-
diciones de abandono y soledad.
Por último, la prohibición está imposibilitando el acceso a sustancias
terapéuticamente necesarias que evitarían mucho gasto a la Seguridad
Social, como es el uso terapéutico de la propia sustancia a la que una per-
sona es adicta o, o la utilización del cannabis que, tras años de promulgación
de su malignidad, está de actualidad tras haber declarado multitud de cien-
tíficos sus propiedades para contrarrestar los efectos de determinados tra-
tamientos y como remedio para muchas dolencias.
***
En definitiva, la política prohibicionista no sólo no ha conseguido cum-
plir los objetivos manifiestos de proteger la salud individual y la seguridad
ciudadana, sino que, por el contrario, ha sido esa misma política -la
ilegalización de terminadas sustancias y la persecución de todo lo relacio-
nado con ellas-, la que ha provocado que muchos drogodependientes se
deterioren física y psicológicamente, que muchas personas -tanto
“infractores” como “víctimas”- se vean afectadas por el aumento de la de-
lincuencia,...
Desde su aplicación, el sistema legal-represivo ha provocado todos
aquellos daños que decía combatir, atribuyendo a la propia naturaleza de

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las sustancias efectos que, en realidad, se producen por su posterior
ilegalización. Se justifica, entonces, la necesidad de más inversión en segu-
ridad, más prisiones,... en definitiva, más represión.
Pero no sólo podemos afirmar que, por más que se aplique esta polí-
tica, seguiremos sin solucionar los problemas de fondo, sino que -y esto es
la evidencia más grave- cuanto más se aplique esta política, se producirá
más exclusión, más muertes, más delincuencia, más desesperación y más
sufrimiento, sobre todo en las personas y grupos más vulnerables de esta
sociedad.
Diariamente, vemos cómo la política criminal sobre drogas está crean-
do más problemas que los que resuelve. Es hora, por tanto de buscar entre
todos algunas propuestas que mejoren esta situación.

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PROPUESTAS DESDE EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Como acabamos de constatar, la actual política sobre drogas no sólo
ha fracasado en la consecución de sus objetivos manifiestos, sino que ha
servido para agravar la situación de desfavorecimiento social de las perso-
nas con las que trabajamos.
Por ello, desde las asociaciones, no podemos seguir manteniendo el
objetivo de favorecer la incorporación social de las personas con problemas
de drogodependencias y el proceso de socialización de niños y jóvenes
desde una perspectiva educativa, sin plantear paralelamente alternativas
a una política prohibicionista y criminalizadora, que no sólo entra en contra-
dicción, sino que está impidiendo la consecución de dicho objetivo.
Partiendo de que no hay recetas mágicas para dar solución a los pro-
blemas sociales y de la posibilidad de equivocarnos, debemos ser valientes
a la hora de avanzar en nuestros planteamientos. Por ello, tenemos que
considerar nuestras propuestas al actual marco legal sobre drogas como
un paso más en nuestra evolución como movimiento asociativo y nuestro
continuo intento de adaptarnos a la realidad de las drogodependencias. Si
en su día, reivindicamos la puesta en marcha de programas dirigidos a la
reducción del daño -como el de intercambio de jeringuillas o los de mante-
nimiento con metadona, que, pese a sus deficiencias, están sirviendo para
mejorar la calidad de vida de muchos consumidores-, tenemos que seguir
avanzando en nuestras ideas y reivindicar la adaptación de las políticas en
drogodependencias a la realidad actual.
Centros de Encuentro y Acogida
Un paso importante en ese avance, y una de las propuestas que plan-
teamos para ampliar las medidas dirigidas a atender las necesidades de las

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personas con problemas de drogodependencias, consiste en demandar la
inmediata puesta en marcha de Centros de Encuentro y Acogida (CEA), que
incluyan salas de consumo higiénico. A través de nuestro trabajo diario,
constatamos la necesidad de este tipo de dispositivos asistenciales, que
pueden dar respuesta a la situación de un amplio sector de población
drogodependiente que no tiene cubierta sus necesidades básicas, sufre un
grave deterioro personal y social, y para el que en la actualidad no existen
recursos adecuados. La implantación y expansión de los CEAs permitirá que
muchas personas accedan a unos mínimos en cuanto a alimentación, aseo,
... y puedan consumir una sustancia en condiciones higiénico-sanitarias
adecuadas, facilitando de esta forma que se sitúen en una posición de par-
tida menos desfavorable de cara a su incorporación social.
Por ello, desde ENLACE debemos presionar para que estos recursos
se pongan en marcha, al menos, inicialmente, uno en cada provincia. Ade-
más, como movimiento asociativo, debemos reivindicar y potenciar nuestra
participación en el diseño y puesta en marcha de estos programas (CEA+salas
de consumo) y trasladar nuestras propuestas en los distintos foros.
Debemos considerar también que cuando un solo recurso concentra
a muchos usuarios, se suele producir rechazo de la vecindad, problemas de
relación entre profesionales y usuarios, y de estos últimos entre sí, ... si
queremos evitar este tipo de circunstancias y, sobre todo, en pro de conse-
guir un acercamiento de los recursos a las personas -indispensable para el
cumplimiento de objetivos de este tipo de actuaciones- sería muy conve-
niente dotar a otros recursos asistenciales (como podrían ser CPDs, cen-
tros de salud...) de estas salas de consumo higiénico y no limitar su presen-
cia a los CEAs.

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Pero, aunque los CEA pueden contribuir en gran medida a la mejora
de las condiciones de vida de muchas personas, ni éstos, ni el trabajo que
se viene desarrollando desde la red de recursos asistenciales y nuestras
asociaciones, pueden contrarrestar dos de los efectos directamente rela-
cionados con la ilegalidad de determinadas sustancias, que actúan como
los principales factores obstaculizadores de cara a la incorporación social
de muchos drogodependientes. En primer lugar, el progresivo deterioro de
la salud de la mayoría de los consumidores, como consecuencia de la falta
de control sobre la calidad de la sustancia, y, en segundo lugar, el círculo de
delincuencia en el que se ven obligados a entrar para poder acceder a la
misma, y que en la mayoría de los casos se traduce en reiterados ingresos
en prisión, con la consiguiente estigmatización como delincuentes. Estos
dos efectos son especialmente graves en el caso de aquellas personas con
un largo historial de consumo - principalmente de heroína-, y cuya situación
personal y social, no sólo las sitúa fuera de la red normalizada de recursos
asistenciales, sino que hace que en muchos casos no puedan plantearse
un abandono del consumo a corto, medio o largo plazo y que se hayan
convertido en los “inquilinos” habituales de las prisiones.
Programa de suministro controlado de heroína
Todo ello nos obliga a plantearnos alternativas que den una respues-
ta realista a estas situaciones; y de ahí surge nuestra propuesta de poner
en marcha programas de suministro controlado de heroína y de que éstos
formen parte del abanico de tratamientos al que pueden acceder las perso-
nas con problemas de drogodependencias, como una posibilidad más de
diversificar la oferta de tratamientos, contribuyendo a mejorar tanto su si-
tuación personal como social.

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Seminario 2001
Y no debemos escandalizarnos ni asustarnos al proponer el desarro-
llo de este tipo de iniciativas. Hace unos años, también nos asustaba el
programa metadona y hoy, no podemos negar que éste ha contribuido más
a mejorar la salud individual y la seguridad ciudadana que las medidas re-
presivas, policiales y criminalizadoras adoptadas contra las drogas ilegales y
sus consumidores. De lo que se trata es de valorar las posibles ventajas o
efectos positivos del suministro de heroína para muchas de las personas
con las que trabajamos, que podrían ser: reducción del riesgo de contraer
enfermedades o sufrir reinfecciones, disminución de la ansiedad, reducción
del consumo de otras sustancias, aumento de la posibilidad de acceder y
permanecer dentro de la red normalizada de recursos, descenso de los
delitos y las detenciones, mejora de las relaciones familiares y sociales...
Reconocer el avance que ha supuesto el programa metadona, con
respecto a la situación existente anteriormente, no nos impide ser críticos y
señalar que el desarrollo del programa deja mucho que desear, y que es
necesario mejorar bastante su dispensación a la vez que ofertar, a sus usua-
rios, recursos socio-laborales, haciendo realmente de éste un auténtico
programa de incorporación.
Asimismo, la solicitud del programa de suministro controlado de he-
roína, no es una exigencia incondicional, el hecho de estar convencidos de
la necesidad de este programa no es óbice para demandar que el programa
debe llevarse a cabo con todos los recursos necesarios, y que su práctica
debe alejarse de lo que ha sido hasta ahora el programa de metadona que,
en muchos casos, se limita a suministrar la sustancia sin más preocupación
por los que tienen que hacer fila para obtenerla.
La puesta en marcha del programa de suministro controlado de he-

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roína, y las condiciones en las que se realice, va a depender en buena me-
dida de los resultados que se obtengan en el Proyecto de Experimentación
de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía, de ahí, la importancia de
que ENLACE tenga la mayor participación posible en el desarrollo de este
proyecto y en particular en su evaluación, aspecto que tenemos que plan-
tear a la Administración.
Regulación del cannabis
Las propuestas señaladas hasta ahora, se centran en la idea de me-
jorar la calidad de vida de la población drogodependiente, de introducir
medidas que favorezcan la incorporación a mínimos de muchas personas
que en la actualidad tienen vetada esta posibilidad. Sin embargo, no pode-
mos quedarnos ahí y dejar de lado otras realidades sociales con las que nos
encontramos diariamente. En este sentido, como movimiento asociativo en
drogodependencias, tenemos que participar en el debate que en la actua-
lidad existe sobre el uso del cannabis con fines terapéuticos; alternativa
que no sólo está siendo demandada por organizaciones, grupos políticos y
gran parte de la comunidad científica de distintos estados, entre los que se
encuentra España, sino que ya se está desarrollando, si bien de forma muy
restringida, en países como Canadá y EEUU. Éste último, paradójicamente,
fue el pionero en la ilegalización del cannabis en 1937, que en ningún caso
respondió a la constatación de los efectos nocivos del uso de esta planta,
sino a cuestiones de tipo económico, relacionadas con los intereses de las
industrias farmacéutica y textil, fundamentalmente.
Las actuales demandas del uso terapéutico del cannabis se basan en
la constatación de las propiedades medicinales de una planta que tradicio-
nalmente ha sido utilizada por distintas culturas y que, hasta mitad del siglo

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XX, incluso formaba parte de los componentes de distintos medicamentos
vendidos en farmacias europeas, sin que ello supusiera un problema social
o de salud pública. Los recientes estudios sobre el tema señalan que el
consumo de cannabis en estado natural no sólo es eficaz en el tratamiento
de enfermedades como cáncer, SIDA, migrañas, reuma, depresiones, estrés,
insomnio, ..., sino que, además, es más eficaz, tiene menos efectos secun-
darios y es más barato que medicamentos análogos. De hecho, el Marinol,
sustancia derivada del cannabis sintetizada químicamente, sólo contiene 1
de los, al menos, 61 cannabinoides presentes en la planta, convirtiéndose
en un sustituto imperfecto y de mala calidad de ésta.
El actual marco legal sobre drogas, sin embargo, prohíbe el uso del
cannabis con fines médicos, lo que impide la reducción de los padecimien-
tos que sufren muchas personas enfermas, cuya calidad de vida podría
mejorar sustancialmente si se les permitiera acceder de forma normalizada
a esta sustancia.
Por otra parte, independientemente de sus propiedades terapéuti-
cas, el uso del cannabis se ha convertido en un hábito muy extendido en
esta sociedad, sin que por ello estemos ante un problema de salud pública
o privada. Su ilegalidad no ha sido un impedimento para que muchas perso-
nas lo consuman de forma más o menos cotidiana, aunque sí es la principal
causa de que sus consumidores sean perseguidos y estigmatizados social-
mente.
Esta situación de ilegalidad, hace que sus consumidores se vean obli-
gados a adquirirla de la mano de redes mafiosas y, en consecuencia, a
tomar contacto con actividades criminales y con la distribución de otras
sustancias ilegales mucho más nocivas. Este aspecto, es especialmente

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preocupante cuando hablamos de los consumidores más jóvenes y, en par-
ticular, de los que viven en situación de desfavorecimiento social, pues en
más de una ocasión ha supuesto la puerta de entrada a conductas delictivas
y a consumos de esas otras sustancias.
Al margen de lo anterior, la ilegalidad del cannabis hace que sus con-
sumidores se vean obligados a actuar fuera de la ley por el simple hecho de
intentar acceder a ella, ya que está sancionado administrativamente su
tenencia y/o consumo en lugares públicos. La única salida que queda para
eludir dichas sanciones es reconocer un “problema de drogodependencia”
y acudir a un centro de tratamiento; en los casos en los que se decide por
esta opción, se hace con el único objetivo de eludir la multa. Ante esta
absurda situación constatada día a día en nuestras asociaciones, sufrida
sobre todo por los jóvenes con menos recursos económicos, consideramos
necesario, como medida inmediata, la desaparición de las sanciones admi-
nistrativas por la tenencia o consumo de cannabis en lugares públicos reco-
gidas en la llamada “Ley Corcuera” sin que esto signifique que no se le
aplique la misma normativa de limitación de uso que ya está en vigor para el
tabaco.
La ilegalidad también es la causa de que una sustancia que en esta-
do natural es mucho menos dañina incluso que otras de uso legal, pueda
provocar riesgos para la salud, al no existir control sobre su calidad. Y todo
esto, paradójicamente, se lleva a cabo para “proteger la salud pública” a la
vez que se ignora el derecho a la libertad personal y al mantenimiento de
hábitos que no perjudican a terceros
Por todas las cuestiones señaladas anteriormente, consideramos
conveniente posicionarnos a favor de la regulación de la producción, venta y

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consumo de cannabis, entendiendo que de esta forma podrían diluirse los
efectos negativos del uso de una planta, cuyos principales daños vienen
provocados por su ilegalidad.
En relación a la forma en que debiera producirse dicha regulación,
consideramos necesario la creación de un grupo de trabajo dentro de la
Federación Andaluza y/o en colaboración con otras entidades que trabajan
este tema, de cara a profundizar y elevar propuestas a distintas instancias.
De esta forma pretendemos tener elaboradas propuestas de regulación
tendentes a evitar que el cannabis se convierta en una mercancía más
publicitada y promocionada como ahora ocurre con otras drogas legales.
Control de la publicidad
Resulta paradójico que los estados que mantienen y fomentan la ac-
tual política prohibicionista, persigan y criminalicen la producción, comercio
y uso de determinadas sustancias, y paralelamente permitan el fomento
del consumo de aquellas consideradas legales, pese a que éstas provocan
consecuencias muy graves tanto a nivel personal como social.
Y es que, aunque el consumo de drogas institucionalizadas, como el
alcohol o el tabaco, venga a menudo justificado y avalado por cuestiones
culturales y antropológicas, en la raíz de la amplia extensión y la tolerancia
con que son tratadas, subyacen los importantes intereses de determina-
dos sectores económicos, que obtienen grandes beneficios de la produc-
ción y venta de estas sustancias. Estos grupos utilizan la publicidad como
principal instrumento para imponer pautas consumistas, sin tener en cuen-
ta las repercusiones que a nivel social y de salud pública está generando el
consumo abusivo de las drogas legales. Sirvan como ejemplo los importan-
tes gastos sanitarios derivados de las patologías asociadas al consumo de

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alcohol y tabaco o los accidentes laborales y de tráfico derivados del consu-
mo abusivo de bebidas alcohólicas. Por todo ello, nuestra siguiente pro-
puesta se centra en demandar el efectivo control sobre la publicidad de las
drogas legales, de cara a contrarrestar uno de los factores fundamentales
que están influyendo en el abuso de estas sustancias, sobre todo entre la
población más joven, que se ve a diario bombardeada con mensajes que
incitan a su consumo.
***
En definitiva, con las propuestas presentadas en este documento,
que no son sino el fruto de nuestra reflexión y experiencia como movimien-
to asociativo, sólo pretendemos dar un paso más en nuestro objetivo de
facilitar que las personas con las que trabajamos puedan desenvolverse en
esta sociedad, de una forma autónoma y crítica.
Por ello, como asociaciones tenemos la responsabilidad de seguir pro-
fundizando y avanzando en esta línea de forma continuada, abriendo nue-
vas vías de debate sobre la actual política sobre drogas, concienciando a la
sociedad en general a través de mensajes reales, que contrarresten los
efectos de aquellos que están construidos sobre la base de la desinformación
y el miedo.

Anexo: Federaciones Provinciales y Asociaciones
federadas a Junio de 2002

Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida ENLACE
c/. Marqués de Pickman, 49. 2ª Plta. 41005 Sevilla
Tfno: 954 98 12 48 / 954 57 35 02 Fax: 954 57 55 36
e-mail: f.enlace@teleline.es
pág.web: f-enlace.org

Anexo: Federaciones Provinciales y Asociaciones federadas en ENLACE
FEDERACIONES PROVINCIALES
RENOVACIÓN
c/. San Alejandro, 2
11510 Puerto Real (CÁDIZ)
MADINAT
C/. Músico Francisco Salinas, local 9
14011 Córdoba (CÓRDOBA)
Tfno: 957 40 50 88
FADYS
C/. Julio Moreno Dávila. Naves Comerciales, 3.
Bda. de la Paz
18010 Granada (GRANADA)
Tfno: 958 15 75 42
FOAD
C/. Hermanos Maristas, bl. H bajos
21006 Huelva (HUELVA)
Tfno: 959 23 22 57 Fax: 959 23 00 69
e-mail: foad@teleline.es
JAÉN UNIDOS
C/. Tetuán, 8 bajo.
23700 Linares (JAÉN)
Tfno: 953 65 63 24
FEMAD
C/. Empecinado, 2 Bl. 1
29013 Málaga (MÁLAGA)
Tfno. y Fax: 952 25 30 03
e-mail: femadinformacion@retemail.es
LIBERACIÓN
C/. Marqués de Pickman, 49. 2ª Plta.
41005 Sevilla (SEVILLA)
Tfno: 954 98 11 80 Fax: 954 57 55 36
e-mail: fliberacion@jazzfree.com

ALMERÍA
ASOC. VIDA
c/. Rambla de las Cruces, 91
04770 ADRA (Almería)
950-40.25.01
(Ayto): 950-40.30.00
AZAHAR CONTRA LA DROGA
c/. Estación, 23
04600 HUERCAL-OVERA
(Almería)
950-47.09.23
(Ayto): 950-47.12.11
CÁDIZ
AFAAD
c/. La Plaza, 12. Plta. 2
11130 CHICLANA (Cádiz)
956-53.57.80
afaadch@terra.es
ALAT
c/. Pio Baroja, 10
11520 ROTA (Cádiz)
/ 956.81.43.11
ANDAD
Avda. de las Americas, 27
Bda. El Tejar
11500 PUERTO DE SANTA
MARIA (Cádiz)
/ 956-85.19.56
a.andad@terra.es
ANYDES
c/. Dionisio Pérez, 3
MARIA (Cádiz)
956-87.47.48
anydes@eresmas.com
APAT
c/. Amargura, 14 1º B
11510 PUERTO REAL (Cádiz)
BROTE DE VIDA
Pza. Cocheras, 1
11403 JEREZ DE LA FRA.
(Cádiz)
/ 956-32.48.30
CEPA
c/. Beato Diego de Cádiz, 11
Local
11004 CÁDIZ (Cádiz)
956-07.95.14
956-22.52.62
colectivocepa@ono.com
CONTIGO
c/. Real, 30 (Salones de la
Pquia)
11600 UBRIQUE (Cádiz)
956-46.02.88
FONTANAR
c/ Olivo, s/n (Antiguo consultorio
médico)
11640 BORNOS (Cádiz)
956-72.80.25
G.R. LA MURALLA
c/. Villa de Rota, 2
MARIA (Cádiz)
GIRASOL
Avda. Duque de Arcos, 3. 2º
11630 ARCOS DE LA FRA.
(Cádiz)
956-71.70.63
956-71.70.64
info@girasolfundacion.es
www.girasolfundacion.es
GRUPO VIDA
c/. Rosario, 41,1º A
11100 SAN FERNANDO
(Cádiz)
956-88.82.98
INYPROS
c/. Pintor Zuloaga, 6 Bjo. Dch.
956-26.43.52
956-26.62.55
inypros@hotmail.com
MARÁ
c/. San Alejandro, 2
956-83.37.48
956-47.27.74
marapuertoreal@iespana.es
www.marapuertoreal.iespana.es
NIVEL
c/. Trille, 40
956-26.14.28
956-26.51.07
NUEVA JUVENTUD DE TRILLE
c/ Trille, 40 (colegio Tartessos)
956-26.14.28
956-26.51.07
nivelcadiz@telefonica.net
NUEVO DIA
c/. Canalejas (Excmo. Ayto.)
11680 ALGODONALES (Cádiz)
956-53.74.20
CAMAR
c/ San Alejandro, s/n local 2
956-83.37.48
CÓRDOBA
ADEAT
c/ Torremolinos, s/n
14013 CÓRDOBA (Córdoba)
957-20.05.98
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AMIGO DEL HOMBRE
c/. Sol, 16
14200 PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO (Córdoba)
957-56.29.83
957-56.25.52
APERFOSA
Pza. de Lahore, 1
957-43.07.02
957-26.11.72
ARCO IRIS
c/. Torre de San Nicolas, 6 Bjo.
957-47.68.47
957-47.62.22
asociacionarcoiris@telefonica.net
ARIADNA
c/. Músico Francisco Salinas,
Local 9 (Bda. Las Moreras)
957-40.50.88
ASAD
Avda. de la Estación, 54 2º- 2 D
14500 PUENTE GENIL
(Córdoba)
957-60.60.00
ASTOVAP
Avda. de Cardeña, s/n
14440 VILLANUEVA DE
CÓRDOBA (Córdoba)
957-15.94.07
DOLMEN
Apdo. C.: 86
14730 POSADAS (Córdoba)
EL BUEN SAMARITANO
c/. Hnas. Moreno Pozuelo, 5 Bjo
14400 POZOBLANCO
(Córdoba)
957-13.12.25
957-13.02.31
buensam@terra.es
GUADALQUIVIR
Pza. de Andalucía , 1
14700 PALMA DEL RÍO
(Córdoba)
(Ayto): 957-64.49.57
QUIERO VIVIR
Pta. García Lorca, 16
14650 BUJALANCE (Córdoba)
957-17.00.80
GRANADA
AD-HOC
Hospital de Santiago, s/n
18800 BAZA (Granada)
958-70.12.67
958-70.12.67
drogasbaza@dipgra.es
www.altiplo.com/adhoc
ALHAMA POR LA VIDA
c/. Vendedera, s/n. Hospital de
La Reina
18120 ALHAMA (Granada)
958-35.06.16
APAT «ANTIGUA SEXI»
Edif. de Asuntos Sociales, bajo
c/. Barrio de la paloma, s/n
18690 ALMUÑECAR (Grana-
da)
APREX
c/. Julio Moreno Dávila, Blq.
Osuna 10. Naves comerciales
18011 GRANADA (Granada)
958-15.75.42
958-15.50.68
aprex99@teleline.es
ASOC. MOTRILEÑA
Barranco de la Higuera, 11
18600 MOTRIL (Granada)
/ 958.82.42.99
ATANI
c/. Cañaveral, s/n (Antiguas
instalaciones Canal 7 T.V.)
18500 GUADIX (Granada)
958-66.03.13
AVALON
c/. Varela, 20
958-21.02.00
FLOR ENTRE ESPINAS
Apdo. C.: 101
18300 LOJA (Granada)
958-32.40.14
HOGAR 20
c/. Guerra, 17
958-15.07.83
958-15.78.58
HUELVA
AMANECER
c/. D. Bosco, 11
21002 HUELVA (Huelva)
959-24.35.47
APRET
c/. Alcantarilla, 6
21730 ALMONTE (Huelva)
959-40.75.75
ASOC. OLONTENSE
c/. Camino Isla, s/n
21500 GIBRALEÓN (Huelva)
COTAD
Plaza del Carmen, 1
21620 TRIGUEROS (Huelva)
959-30.67.10
DULCE DESPERTAR
Pza. de la Constitución s/n
21720 ROCIANA DEL
CONDADO (Huelva)
(Ayto): 959-41.60.15
959-41.65.23
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EN CAMINO
c/. Felix Osorno, 4
21890 MANZANILLA (Huelva)
959-41.51.18
959-41.52.23
ESPERANZA
Avda. 28 de Febrero, 165
21710 BOLLULLOS DEL
CONDADO (Huelva)
959-41.03.00
959-40.82.61
speranza@teleline.es
www.asociacionesperanza.es.fm
LIBÉRATE
c/. Labradores, 9
21550 PUEBLA DE GUZMAN
(Huelva)
959-57.00.41
LIBERTAD
Avda. 28 de Febrero, 165
21710 BOLLULLOS DEL
CONDADO (Huelva)
RESURRECCIÓN
Urb. 20 de Mayo Bl. 7 P 4 Bjo.
21100 PUNTA UMBRIA
(Huelva)
959-31.56.78
959-31.19.50
SISIFO
c/. Rábida, s/n
21810 PALOS DE LA FRA.
(Huelva)
959-53.11.31
959-35.09.87
sisifo_dependencias@hotmail.com
JAÉN
AFAD
c/.MaestroCebrián,1esc.E1ºN
23009 JAEN (Jaén)
953-27.41.16
afad@writeme.com
ALIS
c/. Tetuán, 8 bajo
23700 LINARES (Jaén)
953-65.63.24
953-65.62.30
alisadeva@mixmail.com
ANDÚJAR CONTRA LA
DROGA
Avda. de América, s/n (Centro
Social)
23740 ANDÚJAR (Jaén)
953-51.09.32
BAILEN LIBRE
c/. Juan Salcedo Guillén, 14
23710 BAILEN (Jaén)
953-67.15.09
bailenlibre@jazzfree.com
LUZ ALBORADA
Avda. Juan Carlos I, s/n
23560 HUELMA (Jaén)
POR LA VIDA
c/ Huerta Alta, 14 (Centro
Social)
TORREPEROJIL (Jaén)
953-77.83.44
MÁLAGA
ACP
c/. Betsaida, L. 29
29006 MALAGA ( Málaga)
952-32.54.53
observatoriodrogamalaga@retemail.es
ALTERNATIVA 2
c/. Palangre, 8
29640 FUENGIROLA (Málaga)
952-46.37.17
952-58.46.40
alter-2@teleline.es
ANDROPIZ
Plaza de la cultura, s/n
29560 PIAZARRA (Málaga)
646-235.552
APRENDIENDO A VIVIR
Pza. de la Concordia, bjo local 9
29770 TORROX (Málaga)
952-53.99.29
ARPOM
c/. Fauno, 2 (Bda. la Corta)
29010 MALAGA (Málaga)
952-30.16.68
952-64.11.07
arpom@arpom.org
www.arpom.org
CAMINO
c/. Doha, 6 1º D
Bda. Arcos de San Enrique
29600 MARBELLA (Málaga)
/ 952-34.98.76
CAMINO PARA RENACER
c/. Jose Mª Peman, Local 4
29.100 COIN (Málaga)
952-45.33.65
caminorenacer@terra.es
COLECTIVO FRONTERA
c/.Real, s/n Edif. Correos, 2ª Pta
29380 CORTES DE LA FRA.
(Málaga)
HORIZONTE
c/. Galveston, 5
29600 MARBELLA (Málaga)
952-77.53.53
952-77.53.53
horizon@jet.es
www.personales.jet.es/horizont/
index.htm
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JOMAD
c/. Altozano, 1 y 3
29013 MÁLAGA (Málaga)
952-65.02.91
jomad@infonegocio.com
www.terra.es/personal2/jomad1
NUEVO CAMINAR
Casa de Usos Múltiples.
c/. Carrera, 82
29300 ARCHIDONA (Málaga)
PADRES CONTRA LA DROGA
Pza. de la Libertad, L-19
29670 SAN PEDRO DE
ALCÁNTARA (Málaga)
SI A LA VIDA
Avda. Málaga, 24 2º - Dcha.
29313 VVA. DE TRABUCO
(Málaga)
952-75.20.24
SEVILLA
ACAT
Ctra. Bética, s/n. Pab. S.J.
Bosco
41300 S. J. DE LA RINCONA-
DA (Sevilla)
/ 954 -79.08.96
acatrinconada@wanadoo.es
ACATIM
c/. Venancio, 3
41140 ISLA MAYOR (Sevilla)
954-77.70.20
acatim@terra.es
ADROCAN
c/. Convento Bajo, 15
41320 CANTILLANA (Sevilla)
/ 955-73.11.08
adrocan@terra.es
AFACES
c/. Virgen del Patrocinio, 2
41010 SEVILLA (Sevilla)
954-34.74.10
954-34.74.11
phsevil@ibm.net
AFAT
c/. Pilar Salas, 1
41100 CORIA DEL RIO
(Sevilla)
954-21.14.63
ALBORADA
Centro Social Bda. San José
41840 PILAS (Sevilla)
955-75.49.10
ALBOREAR
Pquia. San Pio X (Las Letanias)
954-61.75.41
ALPRED
c/. San Francisco, 1
41740 LEBRIJA (Sevilla)
/ 955-97.20.53
ALTERNATIVA JOVEN
Centro Cívico «Entreparques»
954-97.50.01 Ext.24
AMAT
c/. Baleares, 1
41350 VILLANUEVA DEL RIO Y
MINAS (Sevilla)
954-74.81.49
APREDAT
Edif. Giralda Sur, nº 5, 2º, 3º
954 67.32.36
(papelería) 954-25.09.69
apredat@teleline.es
Asoc. MORISCA
c/. Pza. de la Trinidad s/n
41540 LA PUEBLA DE
CAZALLA (Sevilla)
954-84.78.64
ASPAD
Pza. Sánchez Mejías, 115
954-67.29.00
aspadsp@mixmail.com
AVAT
c/ Juan Bautista, 11
41520 EL VISO DEL ALCOR
(Sevilla)
955-94.63.90
avat@wanadoo.es
BROTES
Pza. Juan XXIII. Pqui. Ntra. Sra.
Anunciación
954-64.22.88
954-63.28.80
COLECTIVO LA CALLE
c/. Bécquer, 43 A Local
/ 954-90.28.25
colcalle@teleline.es
DESAL
c/. Candelillas, 6
/ 954-92.29.91
asociaciondesal@hotmail.com
EL ALBA
c/. Echegaray, 8
41210 GUILLENA (Sevilla)
955-78.47.19
F F
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FF

EL TARAJAL
c/. Veracruz, 4 (L.Cáritas)
41600 ARAHAL (Sevilla)
/ 955 84.05.18.
tarajal@wanadoo.es
ELIGE LA VIDA
c/. Manuel Arellano, 5
954-34.20.02
GIBALBIN
c/. Fernando Cámara, 70
41749 EL CUERVO (Sevilla)
/ 95-597.97.28
asocgibalbin@eresmas.com
LA SEMILLA
c/. Lobato, 4º
41530 MORÓN DE LA FRA.
(Sevilla)
955-85.25.20
955-85.00.25
LA MURALLA
c/. San Sebastián, 11
41420 FUENTES DE ANDALU-
CÍA (Sevilla)
954-83.81.40
LIMAM
c/.Palencia, 6 Esquina c/
Sacramento
954-69.30.00
954-69.30.00
limam@arrakis.es
NUEVA VIDA
c/. Miguel Hernández, 40
41230 CASTILBLANCO
(Sevilla)
(Ayto) 955-73.48.11
NUEVO FUTURO
c/. Boquerón, 23
954-90.65.37
954-90.30.87 (centro
cívico)
POVEDA
c/. Montecarmelo, 10 1º A
954-28.20.30
954-28.20.30
apoveda@wanadoo.es
www.arrakis.es/-ryhac
ROMPE TUS CADENAS
c/. V. de Lourdes, 67-69
/ 954-63.97.32
rompecadenas@terra.es
SILDAVIA
c/. Utrera s/n (Junto a las Naves
del SENPA)
41730 LAS CABEZAS DE SAN
JUAN (Sevilla)
955-87.07.14
SOMBRA Y LUZ
c/. Cristo del Confalon, 19 Local
41400 ECIJA (Sevilla)
955-90.23.04
955-90.23.84
aasombrayluz@hotmail.com
VIDA
c/. Ramón y Cajal, 13
41410 CARMONA (Sevilla)
954-14.05.47
centrovida2@terra.es
VOLVER A LA VIDA
c/.García de Leaniz, s/n
41860 GERENA (Sevilla)
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