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semanario de información y análisis
No. 1949 • 9 de marzo de 2014
POLÍTICA /PRD
32 La burocracia interna del PRD retrasa la sucesión
/Rosalía Vergara
ANÁLISIS
36 85 (d)años del PRI /Denise Dresser
37 Buque fantasma /Naranjo
38 Consulta popular acotada /Jesús Cantú
39 “Así somos y aquí estamos”
/John M. Ackerman
41 Carta abierta al doctor Mireles, a Hipólito
y a Estanislao /Javier Sicilia
42 La universidad ensimismada
/Axel Didriksson
43 La acción externa en Venezuela
/Olga Pellicer
INTERNACIONAL
44 UCRANIA: Preludio de guerra
/Leonardo Boix
Foto portada: Miguel Dimayuga
TELECOMUNICACIONES
6 La guerra sucia del “rating”
/Jenaro Villamil
10 La ley secundaria, un proyecto represor
del Estado /Jenaro Villamil
NARCOTRÁFICO
14 La droga, riqueza de Sinaloa
/Patricia Dávila
20 Medina Mora y Marisela Morales, exhibidos
por la artera Operación Limpieza
/Jorge Carrasco Araizaga
23 Turbios negocios en la embajada de Estados
Unidos /J. Jesús Esquivel
CORRUPCIÓN
26 El caso Oceanografía salpica a muchos...
/Jesusa Cervantes
29 Mexicana de Aviación: la justicia laboral,
diferida /Rosalía Vergara
14

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49 ESPAÑA: 11M: Diez años de ninguneo
/Alejandro Gutiérrez
53 VENEZUELA: La revolución huérfana
de Chávez /Rafael Croda
LIBROS
56 Breve historia de una tierra rota
/Javier Valdez Cárdenas
CULTURA
60 Retratos de Luis Villoro /Guillermo Hurtado
67 Páginas de crítica
Arte: Rondinone en el Anahuacalli
/Blanca González Rosas
Música: El príncipe Ígor
/Mauricio Rábago Palafox
Teatro: Finea en el Papaloapan
/Estela Leñero Franco
Cine: La Grande Bellezza
/Javier Betancourt
Televisión: El financiero-Bloombergtv
/Florence Toussaint
Libros: Rembrandt en el tópico
/Jorge Munguía Espitia
LITERATURA
72 La obra finalmente reunida de Severino Salazar
/Rodolfo Palma Rojo
DEPORTES /CORRUPCIÓN
74 Los Gallos Blancos, manchados de negro
/Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra
77 Y el “Estadio del Mar” naufragó
/Álvaro Delgado y Rosa Santana
80 Palabra de Lector
82 Mono Sapiens /¡¡No marchen!!
/Helguera y Hernández
74
60
26 44

6 1949 / 9 DE MARZO DE 2014
La ley secundaria, un proyecto
represordel Estado
JENARO VILLAMIL
L
a iniciativa de ley secundaria
de la reforma constitucional en
materia de telecomunicaciones
y radiodifusión, que se discuti-
rá los próximos días en el Con-
greso, no sólo regulará un sector
dominado por grandes monopolios, sino
que le otorgará al gobierno federal la fa-
cultad de “bloquear, inhibir o anular de
manera temporal las señales de teleco-
municaciones”, y prohíbe, en su artículo
227, la transmisión de “noticias, mensajes
o propaganda de cualquier clase que sean
contrarios a la seguridad del Estado o al
orden público”.
El último borrador de la iniciativa re-
dactada en el Ejecutivo federal, fechado
el martes 4 y cuya copia obtuvo Proceso,
despertó la preocupación de organizacio-
nes civiles y defensores de la libertad de
contenidos en internet al enterarse de que
restringe la circulación de información en
la red, otorga facultades prácticamente
persecutorias al gobierno en los artículos
143, 190, 195 VII y 227, niega la posibilidad
de la neutralidad en internet y permite al
Tras la aprobación de la reforma a la Ley de Telecomunicacio-
nes, donde la presión social logró introducir algunos cambios
de avanzada para airear un ámbito ahogado por gigantes
monopólicos, nadie celebró antes de tiempo: el gobierno y los
poderes fácticos pueden revertir esos virtuales avances en las
leyes secundarias, que establecerán los procedimientos y la
reglamentación concreta del ordenamiento constitucional. Un
borrador fechado el martes 4 parece confirmar esos temores:
se acota el poder de las grandes empresas pero,lejos de darle
protagonismoalasociedad,sefortaleceelcontroldelEjecutivo
sobrecontenidos,señales,concesiones…
gobierno interferir las comunicaciones de
teléfonos móviles y computadoras en un
amplio apartado del capítulo octavo, ti-
tulado “de las obligaciones en materia de
seguridad y justicia”.
Lejos del objetivo de “democratizar los
medios de comunicación”, la iniciativa de
ley le otorga al Ejecutivo federal, en espe-
cial a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), poderes especiales pa-
ra intervenir, definir sobre la intervención
en “actos y circunstancias que ameriten”,
bloquear señales e intervenir las comuni-
caciones privadas.
Por ejemplo,en el artículo 143,fracción
III del proyecto de ley, sobre la neutralidad
de las redes, el texto establece que los
concesionarios autorizados para prestar
servicios de internet “deberán preservar
la privacidad de los usuarios y la seguri-
dad de la red. Podrán bloquear el acceso
a determinados contenidos, aplicaciones
o servicios a petición expresa del usuario,
cuando medie orden de autoridad o sean
contrarios a alguna normatividad”.
En el artículo 190 se ordena a los

1949 / 9 DE MARZO DE 2014 7
TELECOMUNICACIONES
concesionarios de telecomunicaciones
realizadas “desde cualquier dispositivo,
bajo cualquier modalidad”, que permi-
tan identificar con precisión la siguiente
información del suscriptor: nombre, de-
nominación o razón social, tipo de comu-
nicación y servicio, origen y destino de las
comunicaciones, la fecha, hora “y, en su
caso, duración de las comunicaciones”;
fecha, hora y “ubicación geográfica de la
primera activación del servicio”; la ubica-
ción geográfica del dispositivo y “los de-
más que hubiere entregado el titular del
servicio contratado, suscrito o registrado
para efectos de su identificación”.
En el artículo 195, fracción VII de esta
iniciativa se establece que los concesiona-
rios de telecomunicaciones también debe-
rán “bloquear, inhibir o anular de manera
temporal las señales de telecomunicacio-
nes en eventos y lugares críticos para la
seguridad pública y nacional a solicitud
de las autoridades competentes”.
“El bloqueo de señales a que se refie-
re el presente artículo se hará sobre todas
las bandas de frecuencia que indique el
instituto (Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones, IFT), de conformidad con las
solicitudes de las autoridades competen-
tes”, advierte el anteproyecto.
Control presidencialista
A pesar de que la reforma constitucional
definió al IFT como un organismo autó-
nomo, la ley secundaria plantea por lo
menos cinco “candados” que le permiten
al Ejecutivo federal, a través de la SCT, de
Gobernación o de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), influir y tener
el control del mercado, así como de los
contenidos de telecomunicaciones y de
radiodifusión, e incluso ordenar la requi-
sa de las vías generales de comunicación
con criterios discrecionales.
La influencia del Ejecutivo federal se
pone en evidencia en el artículo 40, donde
se establece que “de manera excepcional
y sólo cuando exista urgencia, atendiendo
al interés social y al orden público, el Eje-
cutivo federal, por conducto de la secre-
taría (SCT), podrá solicitar al presidente
del instituto (IFT) que los asuntos en que
tenga interés sean sustanciados y resuel-
tos de manera prioritaria, sin modificar
de ningún modo los plazos previstos en
la ley”.
En materia de contraprestaciones para
los concesionarios, el artículo 95 advierte
que todas requerirán “previa opinión no
vinculante”de la SHCP,que deberá emitirse
en un plazo no mayor de 30 días naturales.
Si se vence el plazo sin tal opinión, el IFT
continuará los trámites correspondientes.
El Ejecutivo federal, en especial la SCT,
tendrá facultades para ordenar la requisa
o terminación de las concesiones. Así lo
establece el artículo 113:
“En caso de desastre natural, de gue-
rra, de grave alteración del orden público,
o cuando se prevea algún peligro inmi-
nente para la seguridad nacional, la paz
interior del país o para la economía
nacional, o para garantizar la con-
tinuidad en la prestación de los
servicios públicos a que se
refiere esta ley, el Ejecutivo
federal, a través de la se-
cretaría, podrá hacer la
requisa de las vías generales de comunicación,
así como de los bienes muebles e inmue-
bles y derechos naturales para operar di-
chas vías y disponer de todo ello como lo
juzgue conveniente”.
En el artículo 188 se dice que los conce-
sionarios “están obligados a permitir que
las autoridades facultadas por la ley ejer-
zan el control y ejecución de la intervención de
las comunicaciones privadas y a brindarles
el apoyo que éstas le soliciten, de confor-
midad con las leyes correspondientes”.
Esta orden se vincula con las nueve
fracciones del artículo 195, que ordena
a los concesionarios “bloquear, inhibir o
anular de manera temporal” las señales
de telecomunicaciones.
La SCT, que durante años fue un re-
gulador dominado por los intereses de
la industria de la televisión
y de las telecomuni-
caciones, seguirá
MarcoAntonioCruz

8 1949 / 9 DE MARZO DE 2014
teniendo injerencia importante en la ma-
teria. Toda la sección II de la ley contiene
22 facultades para la secretaría, incluyen-
do las relacionadas con el manejo de los
recursos públicos para la Televisión Digi-
tal Terrestre (TDT) y para el despliegue de
la llamada “red pública compartida” que
estará en la banda 700 Mhz.
En la fracción XVI del artículo 9 se se-
ñala que la SCT tendrá atribuciones para
“adquirir, establecer y operar, en su caso,
por sí o a través o con participación de
terceros, infraestructura, redes de teleco-
municaciones y sistemas satelitales para
la prestación de servicios de telecomuni-
caciones y radiodifusión”.
También le corresponderá “promover
la generación de inversión en infraestruc-
tura y servicios de telecomunicaciones” y
“declarar y ejecutar la requisa de las vías
generales de comunicación”.
La Secretaría de Gobernación man-
tiene amplias facultades en materia de
supervisión y coordinación de boletines
oficiales, de “monitorear las transmisio-
nes del himno nacional”, así como vigilar
el cumplimiento de los tiempos del Esta-
do y que las transmisiones de radio y te-
levisión cumplan con el respeto a la vida
privada, dignidad personal y moral, y no
ataquen derechos de terceros, facultades
incluidas en la ya extinta Ley Federal de
Radio y Televisión.
Sin embargo, en la fracción VIII del ar-
tículo 216, la ley faculta a Gobernación a
“requerir a los concesionarios que presten
el servicio de televisión y audio restrin-
gidos, la reserva gratuita de canales para
la distribución de señales de televisión
de conformidad con las disposiciones
legales”.
El candado presidencialista más claro
JENARO VILLAMIL
E
n menos de 15 días, el Instituto
Federal de Telecomunicaciones
(IFT) movió las aguas del sector
dominado por los gigantes Tele-
visa,Telmex-Telcel yTV Azteca al adop-
tar tres determinaciones importantes
–lineamientos de must carry y must offer,
declaratoria de “agentes económicos
predominantes” y la publicación de la
convocatoria para dos nuevas cadenas
de televisión abierta–, pero los “cam-
bios sustanciales” y los beneficios ple-
nos para los usuarios y audiencias no se
verán sino hasta dentro de dos años.
Antes de que se cumpliera el pla-
zo límite del 9 de marzo para dar a co-
nocer estas resoluciones y sin una ley
secundaria aprobada por el Congreso,
los siete comisionados del IFT dispu-
sieron que Grupo Televisa y Grupo Car-
so e Inbursa constituyen los “agentes
económicos predominantes” en sus
respectivos sectores y aprobaron 188
medidas, de las cuales 76 son para el
operador de telefonía móvil (Telcel-
América Móvil), 63 para telefonía fija
(Telmex), 45 para la desagregación del
bucle (Telmex-Telcel) y cuatro en ma-
teria de contenidos (Televisa).
El efecto bursátil más negativo
lo resintió Grupo Televisa el mismo
viernes 7. Sus acciones disminuyeron
2.33% en la Bolsa Mexicana de Valores
y en la de Nueva York bajaron 2.67%,
mientras que Grupo Carso e Inbursa
registraron caídas de 0.91 y 0.74%, res-
pectivamente. El beneficiario inmedia-
to fue TV Azteca, con un alza de 3.03%.
Aún por verse,
el beneficio a usuarios
Fuentes bursátiles consultadas por
Proceso aclaran que el impacto para Te-
levisa fue mayor porque desde hace dos
años las compañías del magnate Carlos
Slim “ya habían adelantado” las posibles
pérdidas que representaría la declarato-
ria de dominancia o de agente económico
preponderante.
Al mismo tiempo, se despertaron ex-
pectativas alentadoras entre los mercados
por el anuncio de las bases de licitación
para las dos grandes cadenas de televisión
que podrían quedarse hasta con 14% del
mercado de contenidos audiovisuales, pe-
ro será “en cinco años que veremos todo
el potencial de su despliegue”, admitió el
comisionado Fernando Borjón.
Oficialmente, no existe el nombre
de ninguna compañía que formalmente
haya solicitado participar en la licitación
de las dos cadenas. Extraoficialmente,
entre los grupos interesados se mencio-
na a los consorcios América Móvil, de
Carlos Slim; Grupo Imagen, de Olegario
Vázquez Raña, propietario también del
periódico Nuevo Excélsior y de Cadena 3
del canal 28 de televisión; MVS Comu-
nicaciones, de Joaquín Vargas, accionis-
ta de Grupo Dish y propietario de Canal
52; Grupo Pegaso, de Alejandro Burillo
Azcárraga, primo del actual presidente
de Grupo Televisa; El Universal, de Juan
Francisco Ealy Ortiz; El Financiero, recién
adquirido por Manuel Arroyo y socio
de la agencia especializada Bloomberg;
Grupo Mac, de la familia mexiquense
Maccise, propietaria de Radio Capital;
revistas como Cambio, recién asociada al
español Grupo PRISA, y a Grupo Milenio,
propietario de la cadena de periódicos
Milenio, de estaciones de radio integra-
das en Multimedios y socio de Televisa
en Cablevisión Monterrey.
Además de estos posibles postores
están los grupos radiofónicos Fórmula,
de Rogerio Azcárraga, tío de Azcárraga
Jean, y Grupo Radio Centro, encabezado
por Francisco Aguirre, y la Asociación de
RafaelDurán
Apertura. Round de sombra

1949 / 9 DE MARZO DE 2014 9
TELECOMUNICACIONES
está en el artículo 219, donde se estipula
que “el Ejecutivo federal, por conducto de
la dependencia facultada para ello, da-
rá vista al instituto de aquellos asuntos,
actos y circunstancias que ameriten su
intervención para los efectos legales pro-
cedentes en términos del mismo decreto”.
Trampas publicitarias
En el artículo 239 de la iniciativa de ley se
establece que “se prohíbe la transmisión
de publicidad o propaganda electoral pre-
sentada como noticia”, pero en el artículo
siguiente, el 240, se fija un criterio discre-
cional que permitirá la comercialización
de todos los espacios dentro de la progra-
mación, con el riesgo de violar los topes
máximos de uso comercial: 18% del tiem-
po total en televisión y 40% del tiempo de
transmisión en radio, según el artículo 238.
El 240 dice: “Los concesionarios que
presten el servicio de radiodifusión o de
televisión y audio restringidos tendrán el
derecho de comercializar espacios dentro
de su programación, de conformidad con
lo establecido en esta ley y demás norma-
tividad que resulte aplicable.
“Los concesionarios que presten el
servicio de radiodifusión deberán ofrecer
en términos de mercado, y de manera no
discriminada, los servicios y espacios de
publicidad a cualquier persona física o
moral que los solicite. Para ello se deberán
observar los términos, paquetes, condi-
ciones y tarifas que se encuentren vigen-
tes al momento de la contratación.”
Se mantienen los 30 minutos, conti-
nuos o discontinuos, de transmisión dia-
ria de tiempos de Estado en los servicios
de televisión y radio, “dedicados a difun-
dir temas educativos, culturales y de in-
Radio Independiente de México, orga-
nismo que agrupa a 107 concesionarios.
La mayoría de estos grupos ha bus-
cado sociedad entre sí o con alguna de
las grandes cadenas y productoras de
contenidos de Estados Unidos, especial-
mente con Fox, con Telemundo o con
productores independientes.
Predominancia incómoda
Desde antes que se conociera la resolu-
ción del 6 de marzo del IFT, se mencio-
nó a Televisa y a Telmex-Telcel como los
principales afectados de la declaración
de “agente económico predominante”,
cuya condición obliga a una serie de me-
didas y recomendaciones que no llegan
a la desincorporación de activos ni de
bienes pero sí a asumir obligaciones en
el sentido de compartir su infraestructu-
ra y modificar sus tarifas.
La reforma constitucional de 2013
dispuso que el “agente económico pre-
dominante” será aquel que acapare más
de 50% en su mercado.Telmex tiene 80%
en telefonía fija, Telcel-América Móvil
70% en telefonía móvil y Televisa presio-
nó para que no se le considerara con una
preponderancia mayor de 60% en televi-
sión abierta.
En algunas resoluciones anteriores,
pero especialmente en la del 27 de fe-
brero último sobre must carry y must offer,
el IFT estableció que Canal 2 o “Canal de
las estrellas” de Televisa cubre 75.26%
del territorio nacional, en tanto que Ca-
nal 5 tiene una cobertura de 61.84%. El
13 de diciembre de 2013 el IFT publicó
su Programa de Licitación y Adjudicación
de Frecuencias de Televisión Radiodifundi-
da y admitió que Televisa tenía 70% del
mercado de televisión abierta y 55% de
la televisión restringida.
En conferencia de prensa la noche
del viernes 7, el comisionado presiden-
te de IFT, Gabriel Contreras, explicó que
las medidas ordenadas contra los dos
grandes gigantes “no pueden ser apli-
cadas de un día para otro”, pero dejó
entrever que “el siguiente eslabón de
medidas”, en caso de que no se cum-
plan las actuales, sería la desincorpora-
ción de activos y venta de subsidiarias,
entre otras más fuertes, previstas en la
Constitución.
Contreras dijo que existe un perio-
do de 30 días para la revisión después
del acto notificatorio y para que se rea-
licen acciones administrativas y de in-
fraestructura, sobre todo en los casos
de Telcel-América Móvil y Televisa.
El funcionario aceptó que existe la
posibilidad de que esas compañías in-
terpongan amparos, aunque, advirtió,
“no procede la suspensión” en esta ma-
teria, según lo dispone la reforma cons-
titucional de 2013.
Cada dos años se revisarán las obli-
gaciones enlistadas en la resolución
que fue subida la noche del mismo
viernes al portal del Instituto Federal
de Telecomunicaciones.
Varios de los siete comisionados
presentes en la rueda de prensa insistie-
ron en que estas medidas para obligar a
compartir infraestructura de manera no
discriminatoria, junto con la licitación
de las dos cadenas nuevas de televi-
sión, “podrán generar cambios sus-
tanciales hasta en dos años”.
Los beneficios para los usuarios
de redes de telecomunicación y para
las audiencias televisivas no se verán
de manera inmediata, pero entre los
impactos más claros la comisionada
Adriana Labardini enumeró 15; por
ejemplo, la eliminación de los cargos
por roaming nacional en llamadas tele-
fónicas, la obligación de notificar a los
usuarios de telefonía vía mensajes de
texto las tarifas en cada recarga de pre-
pago, prohibir la venta de servicios de
telefonía condicionada o atada a otros y
mayor información sobre los servicios,
entre otros.
Al “agente económico predomi-
nante” también se le imponen medi-
das para mejorar la interconexión y
para la desagregación del bucle o “úl-
tima milla”. Esto permitirá el ingre-
so al mercado mexicano de posibles
operadores móviles virtuales, tales
como la compañía Virgin.
De acuerdo con las bases de licita-
ción, publicadas también el viernes 7,
el comisionado Borjón afirmó que la
entrega del título de concesión para
los dos nuevos jugadores está previs-
ta para enero de 2015. Oficialmente,
no se conoce a ninguno de los grupos
interesados, pero se espera que a par-
tir de esta semana se inicie el registro
y en abril se defina el monto míni-
mo y se realicen las reuniones con los
“potenciales interesados”.
Sobra la posibilidad de que se le
cambie el título de concesión aTelmex
para que participe en la licitación de
las dos nuevas cadenas de televisión,
Gabriel Contreras informó que existe
un plazo de 60 días para que cualquie-
ra de los concesionarios pueda ir a la
figura de la “concesión única”. En ese
proceso, la compañía de Slim podría
entrar a la licitación.
BenjamínFlores
Slim. Nuevo tablero

10 1949 / 9 DE MARZO DE 2014
terés social”. Serán administrados por la
Secretaría de Gobernación.
En el artículo 251 se obliga a todos los
concesionarios “a transmitir el Himno
Nacional a las seis y 24 horas, y en el caso
de la televisión, además, simultáneamen-
te la imagen de la bandera nacional. Lo
anterior con cargo a tiempos del Estado”.
Esta vieja práctica de La Hora Nacional
–que proviene de los tiempos dorados del
priismo– se completa con otra orden am-
pliamente benéfica para el gobierno fede-
ral, indicada en los artículos 253 y 254: la
obligación de “transmitir gratuitamente y
preferentemente los boletines de cualquier
autoridad federal que se relacionen con se-
guridad o defensa del territorio nacional,
la conservación del orden público, o con
medidas encaminadas a prever o remediar
cualquier emergencia pública” y la obliga-
ción de “encadenar” las estaciones cuando
lo ordene la Secretaría de Gobernación.
La disputa de los monopolios
En las últimas semanas, diversos medios
impresos han publicado versiones parcia-
les de los borradores del proyecto de ley.
En la mayoría de los casos se concentran
en los aspectos más polémicos de esta ini-
ciativa para la industria: la regulación del
monopolio de Telmex-Telcel y del duopo-
lio televisivo de Televisa y TV Azteca.
Sin embargo, más allá de la regulación
específica a los gigantes del sector, la ini-
ciativa contiene elementos de control gu-
bernamental muy fuertes; y los apartados
sobre derechos de los usuarios y derechos
de las audiencias son menores que los del
eje de la relación gobierno-concesionarios.
La iniciativa de ley fue precedida por
una serie de medidas adoptadas por el IFT
que afectaron al Grupo Televisa, lo mismo
que a Carso e Inbursa del magnate Car-
los Slim, como es el caso de la resolución
sobre el must carry y el must offer, o la de-
claración de ambos bloques como “agente
económico preponderante” en radiodifu-
sión y telecomunicaciones el jueves 6.
En el borrador del proyecto aludido,
por primera vez se establece la figura de
la “concesión única” para prestar tanto
servicios de telecomunicación como de
radiodifusión, pero se divide en cuatro ti-
pos: para uso comercial, uso público, uso
social y uso privado. La concesión única
se otorgará por un plazo hasta de 30 años
“y podrá ser prorrogada hasta por plazos
iguales a los originalmente otorgados”.
El título quinto, “De las redes y servi-
cios de telecomunicaciones”, contiene re-
gulaciones muy específicas que afectarán
la primacía de Telmex-Telcel en telefonía
fija y móvil, a partir del control de las tari-
fas y del dominio de la red.
Asimismo en el artículo 117 se esta-
blece que “el instituto regulará los térmi-
nos, condiciones y tarifas de los servicios
de usuario visitante que deberá prestar
el agente económico preponderante en
el sector de las telecomunicaciones a los
demás concesionarios de redes públicas
de telecomunicaciones que presten el
servicio local móvil. A tal efecto, el insti-
tuto determinará las tarifas con base en
costos incrementales puros. Las tarifas
en ningún caso podrán ser superiores a
la menor tarifa que dicho agente registre,
ofrezca, aplique o cobre a cualquiera de
sus clientes, a fin de fomentar la compe-
tencia efectiva. El agente económico pre-
ponderante no podrá discriminar en la
provisión de este servicio y la calidad del
mismo deberán ser iguales a las que reci-
ban sus clientes”.
En cuanto a la interconexión, que ha
mantenido la guerra de los competidores
contra Telmex-Telcel desde 2006, la ini-
ciativa señala que los concesionarios es-
tán obligados a interconectar sus redes en
condiciones “no discriminatorias, trans-
parentes y basadas en criterios objetivos”.
Según la ley, los servicios de interco-
nexión son: conducción de tráfico, enla-
ces de transmisión, puertos de acceso,
señalización, tránsito, coubicación, com-
partición de infraestructura, servicios
auxiliares conexos y acceso a servicios,
según el artículo 123.
Con clara dedicatoria a Telmex-Telcel,
en su artículo 127 la iniciativa indica que
“el agente económico preponderante o el
agente económico con poder sustancial en
dicho mercado relevante, no cobrarán a los
demás concesionarios por el tráfico que ter-
mine en su red” y la tarifa de interconexión
“será negociada libremente entre ellos”.
En materia de must carry y must offer, los
artículos del 162 al 167 fijan reglas que ya
fueron acreditadas por el IFT al darle recien-
temente la razón a Grupo Dish en su disputa
conTelevisa yTV Azteca. Los concesionarios
de televisión sólo deberán retransmitir las
señales de televisión con cobertura de 50% o
más del territorio nacional.
El artículo 164 dispone que aquellos
concesionarios de telecomunicaciones o
de radiodifusión que hayan sido declara-
dos con poder sustancial o agentes eco-
nómicos preponderantes (el caso reciente
de Televisa y América Móvil-Telmex) “no
tendrán derecho a la regla de gratuidad”
en el must carry y must offer.
La iniciativa incorpora un amplio ca-
pítulo sobre “regulación asimétrica” don-
de se establecen las reglas para declarar
preponderante a alguno de los agentes
económicos. Por primera vez se incluyen
algunos criterios en esta última materia en
el caso de la televisión. En el artículo 259 se
indica que será preponderante “cualquier
empresa o grupo de interés económico que
cuente directa o indirectamente con una
participación nacional mayor de 50% de
dicho sector, medido este porcentaje por el
universo total de audiencia”.
En telecomunicaciones, el artículo 260
señala que será agente económico pre-
ponderante la compañía que tenga “una
participación nacional mayor de 50%
dentro del conjunto de servicios de di-
cho sector, medido este porcentaje por el
número de usuarios, suscriptores, tráfico
en sus redes o capacidad utilizada en las
mismas, de acuerdo con los datos de que
disponga el instituto”.
BenjamínFlores
Congreso. Fase crucial

1949 / 9 DE MARZO DE 2014 11
TELECOMUNICACIONES
OctavioGómez
Aunque Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego hacen
hasta lo imposible por ocultarlo, lo cierto es que sus empresas
insignia, Televisa y TV Azteca, han ido perdiendo audiencia pau-
latinamente.El fenómeno obedece sobre todo a la nula calidad de
suscontenidosyalaescasacredibilidaddesusespaciosinforma-
tivos. En su lucha por seguirse ostentando como invencibles han
recurrido al chantaje,la extorsión y los intentos de soborno,y han
abiertovariosfrentesdebatalla,entreellosconelIBOPE(lainstan-
ciademediciónderatings)yconelInstitutoFederaldeTelecomu-
nicaciones,quelesacabadepropinarunseverogolpe.
La guerra sucia
del “rating”

12 1949 / 9 DE MARZO DE 2014
JENARO VILLAMIL
E
ra un secreto a voces desde
finales de 2010: los ratings o
índices de audiencia de las
dos principales televisoras
mexicanas –Televisa y TV Az-
teca– estaban a la baja debido
a la pésima calidad de sus contenidos, la
crisis de credibilidad de sus noticiarios, la
manipulación de ambas empresas en el
futbol mexicano y la migración creciente
de jóvenes hacia los medios cibernéticos,
en especial las redes sociales y las series
de televisión por internet.
Sin embargo las tarifas publicitarias de
ambas empresas no disminuyeron. Rom-
pieron en 2011 con uno de sus principales
clientes –Grupo Carso, de Carlos Slim– y
comenzaron una agria disputa con el Ins-
tituto Brasileño de Opinión Pública y Esta-
dística (IBOPE) por el fuerte descenso en el
porcentaje de espectadores.
En 2011 las telenovelas de Televisa
tuvieron serias dificultades para rebasar
los 20 puntos de rating. Lejos estaban los
tiempos en que Amor real tuvo 43.1 pun-
tos en 2004 o la adaptación de la teleno-
vela colombiana La fea más bella obtuvo
43 puntos en 2007. En 2011 Dos hogares
alcanzó un promedio de 19.7 puntos, pese
a la inversión para lanzar al estrellato a
Anahí, la actual esposa de Manuel Velas-
co, gobernador de Chiapas.
En 2012, en plena campaña electoral y
año de los Juegos Olímpicos de Londres,
los ratings tuvieron un pésimo desempe-
ño. Según las cifras del IBOPE, en la inau-
guración de los juegos Televisa tuvo 12
puntos, lejos de sus expectativas de llegar
a 20, y TV Azteca apenas alcanzó cinco. En
la clausura Canal 2 alcanzó apenas 10.8
puntos de rating mientras que el 7, de Ri-
cardo Salinas Pliego, tuvo sólo nueve.
La transmisión especial de La jugada
olímpica pretendió superar las dos cifras de
rating, pero se quedó en la orilla. El viernes
10 de agosto registró 8.7 puntos, el sábado
siguiente apenas 10 puntos y el domingo
tuvo 9.8. Es decir, menos de 5 millones de
televidentes sintonizaron ese programa.
Para octubre de 2013 los índices del
IBOPE demostraron que los televidentes
de Televisa preferían ver La Rosa de Guada-
lupe, emisión vespertina de Canal 2 sobre
supuestos milagros de la virgen, que el
Noticiero con Joaquín López Dóriga: 18 pun-
tos de rating y 48 de share (porcentaje de
televisores encendidos sintonizando el
canal), frente a los 11 puntos, en prome-
dio, y 33 de share de López Dóriga.
En TV Azteca la situación es peor. Las
transmisiones de lucha libre y la serie Los
Simpson son más vistas que noticiarios
como Hechos de la noche, con apenas 5.3 y
5.5 puntos de rating.
El miércoles 5, en un extenso reporta-
je, The Wall Street Journal confirmó que am-
bas televisoras se coludieron desde 2012
para ocultar la disminución de los índices
de medición de rating e intentaron “lanzar
un ataque fulminante contra la combina-
ción Nielsen-IBOPE”.
El reportero David Luhnow citó a fun-
cionarios de Nielsen: en una presentación
reciente ante el Consejo de Medición de
Audiencias de Estados Unidos la compañía
acusó a Azteca de intentar “socavar y des-
truir los ratings del mercado mexicano”.
The Wall Street Journal denunció que
trabajadores de Banco Azteca, una de las
empresas filiales de Salinas Pliego, trata-
ron de corromper “a decenas de miembros
del panel de telespectadores de IBOPE en
ocho ciudades mexicanas y les ofrecieron
dinero a cambio de audímetros, según de-
claraciones juradas revisadas”.
Entre 2008 y 2013, citó el periódico, el
porcentaje de mexicanos que ven televi-
sión abierta cayó de 84 a 72%, según cifras
de Nielsen-IBOPE. Las amas de casa entre
25 y 45 años con mayor poder adquisiti-
vo de México “miran TV abierta 68% del
tiempo, frente a 77% hace cinco años”.
Por supuesto estas mediciones no le
han gustado a ninguna de las dos televiso-
ras, pero el principal y más duro crítico ha
sido Ricardo Salinas Pliego, presidente de
Grupo Salinas, quien calificó de “basura”los
índices de audiencia medidos por el IBOPE.
En junio de 2012TV Azteca rompió con
el IBOPE, y su ejecutivo Mario San Román
acusó a la compañía de “destruir la con-
fianza en el sistema de medición de ra-
tings” ante un supuesto robo de la base de
datos del panel de personas que forman
parte de la muestra.
El reportaje del Journal fue convenien-
temente ignorado por los comentaristas y
columnistas ligados a ambas televisoras.
Silencio sepulcral.
Donde acusaron el golpe fue en la in-
dustria publicitaria. Grandes empresas
que han invertido millones de dólares en
publicidad por televisión abierta están
“revisando” sus resultados y convenios
con ambas televisoras. Es el caso, por
ejemplo, de Procter And Gamble, según
información proporcionada a Proceso.
Batallas con el IFT
El primer documento del Instituto Federal
de Telecomunicaciones que generó pro-
Legalidad. En entredicho

1949 / 9 DE MARZO DE 2014 13
TELECOMUNICACIONES
MiguelDimayuga
funda molestia en el duopolio televisivo
fue el acuerdo para aprobar el Programa
de Licitación y Adjudicación de nuevos
canales de televisión, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 20 de diciem-
bre de 2013.
En el apartado de sus consideraciones
técnico-regulatorias el IFT hace una dura
descripción:
“Actualmente este mercado registra
un alto nivel de concentración, ya que
Grupo Televisa (GTV) y Televisión Azteca
(TVA), en su conjunto, concentran, directa
o indirectamente, 95% de las concesiones,
96% de la audiencia y 99% de los ingresos
por publicidad, asociados con la televi-
sión abierta comercial.”
Particularmente duro fue el diag-
nóstico de concentración en ingresos
publicitarios:
“La oferta de espacios publicitarios
de alcance nacional en televisión abierta,
que conforma un segmento de mercado
especialmente valioso para una variedad
de anunciantes de productos y servicios
de consumo masivo, se encuentra casi
completamente concentrada por GTV
y TVA. En este caso, las posibilidades de
competencia solamente pueden venir de
otras cadenas de televisión abierta de co-
bertura nacional.”
Por extraño que parezca, a pesar de la
baja en sus índices de rating, ambas televi-
soras mantienen 98% de los ingresos pu-
blicitarios en televisión comercial desde
2007. Un estudio elaborado por Fernando
Buttler Silva, del Colegio Nacional de Eco-
nomistas, advirtió que Televisa tiene 71%
de la publicidad y TV Azteca 28%. Calculó
que en los próximos años ese gasto crece-
ría 9% (Proceso 1620).
El IFT identificó varias “barreras de
entrada” como explicación de este alto
nivel de concentración de señales, de
audiencias y de ingresos publicitarios.
Entre aquéllas mencionó “los altos reque-
rimientos de inversión” en contenidos au-
diovisuales, y “la integración vertical de
GTV y TVA” que incluyen actividades de
producción, programación, transmisión y
comercialización de contenidos.
“Este hecho incrementa los reque-
rimientos de inversión de un potencial
entrante debido a que, en la ausencia de
mercados independientes para estas ac-
tividades, se encuentra obligado a desa-
rrollar y financiar estas actividades para
ofrecer sus servicios a las audiencias y los
anunciantes”, advirtió el documento de
diciembre 2013.
Frente a este diagnóstico del IFT, Te-
levisa emprendió una serie de ampa-
ros indirectos contra la indagatoria del
organismo para determinar el “agente
económico predominante”, como el fe-
chado el 22 de noviembre de 2013 en el
Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa, Especializado en Com-
petencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones.
También intentó frenar, mediante el
juez 32 de lo Civil en el Distrito Federal,
la resolución del IFT sobre must carry y
must offer, con el argumento de que el
organismo no tenía atribuciones para
definir en esta materia, a pesar del reco-
nocimiento expreso de la Constitución.
El revés a Televisa se dio con la promo-
ción de una controversia constitucional,
a través del Ejecutivo federal, el pasado
13 de febrero.
TV Azteca también inició otra serie de
medidas y presiones contra las decisiones
del IFT, en especial a través de comunica-
dos acusando a Grupo Dish y a Telmex de
tener un “acuerdo comercial” que viola la
prohibición del título de concesión de la
empresa de Carlos Slim para ofrecer ser-
vicios de video.
La resolución del jueves 6 que declara
agente económico predominante a Tele-
visa en el mercado de televisión abierta
afecta a la compañía de Azcárraga Jean
pues por primera vez se le aplican medi-
das para compartir su infraestructura y
prohibir medidas discriminatorias en la
contratación de publicidad, y le restringe
la adquisición de “contenidos relevantes”
destinados a la transmisión de mane-
ra exclusiva en sus canales de televisión
abierta y restringida.
La PGR investiga a Salinas Pliego
Mientras que a Televisa se le aplican me-
didas como “agente económico relevante”
en televisión abierta, Proceso confirmó
que la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) mantiene una investigación
abierta contra Ricardo Salinas Pliego, no
en relación con su servicio televisivo,
sino con el expediente derivado de la de-
fraudación fiscal de Gastón Azcárraga en
Mexicana de Aviación.
Según la información proporcionada
a Proceso, Salinas Pliego compró a través
de Elektra del Milenio, una de las subsi-
diarias del grupo, pérdidas fiscales por 14
mil millones de pesos (alrededor de mil
100 millones de dólares) a cinco de las seis
pequeñas empresas en las que Gastón Az-
cárraga dividió a Grupo Mexicana desde
2008.
En 2009 Elektra del Milenio “adquirió”
estas pérdidas fiscales que le sirvieron
para consolidar y exentar impuestos ante
el Sistema de Administración Tributaria
(SAT) mediante unos instrumentos co-
nocidos como cucas (cuenta de capital de
aportación actualizada).
Esta operación constituiría, según re-
portes de la investigación ministerial, otro
de los fraudes cometidos por Mexicana de
Aviación e implica a Salinas Pliego.
En tanto la PGR investiga este pre-
sunto fraude fiscal, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) y la Secretaría
de Hacienda le adjudicaron millonarios
contratos a Operbes, filial de telecomu-
nicaciones de Grupo Televisa, y a Grupo
Iusacell, propiedad en 50% de Azcárraga
Jean y Salinas Pliego.
De acuerdo con la información publi-
cada por el periódico Reforma, el pasado
7 de enero el SAT adjudicó un contrato
por mil 929 millones de pesos a Operbes,
hasta 2018, para tener el control de los
servicios de administración de comunica-
ciones del SAT.
El otro contrato, firmado con Grupo Iu-
sacell, fue por 320 millones de pesos, con
vigencia hasta junio de 2017, para darle
servicio a la red privada virtual de la Se-
cretaría de Hacienda, que enlaza a sus 61
instalaciones en el gobierno federal.
La información de estos contratos se
divulgó a través de un recurso de incon-
formidad presentado por la compañía Ax-
tel ante el Órgano Interno de Control del
SAT para suspender la firma de uno de los
dos contratos por presuntas irregularida-
des. El pasado 28 de enero fue rechazada
la solicitud de Axtel.

La droga,
riquezade Sinaloa
PATRICIA DÁVILA
E
n un estudio sobre el producto
interno bruto (PIB) de cinco mu-
nicipios del sur sinaloense –Ma-
zatlán, Escuinapa, Rosario, San
Ignacio y Concordia–, un equipo
de investigadores de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS) detectó
que 8% –22 mil 880 millones de pesos– de
la riqueza estatal generada en 2012 –286
mil millones de pesos– tiene una proce-
dencia “inexplicable” y atribuye su origen
al narcotráfico.
Es la primera vez que especialistas revi-
san analíticamente el comportamiento de
la economía en un estado como Sinaloa, lu-
gar de nacimiento de una decena de capos
del narcotráfico convertidos ahora en per-
sonajes míticos para los sinaloenses, capa-
ces de salir masivamente a las calles para
exigir la liberación o la no extradición de
uno de ellos: Joaquín El Chapo Guzmán.
En la entidad los cultivos de amapola
y mariguana son tan importantes que en
algunas regiones se vuelven el sostén eco-
nómico fundamental.
En una entrevista publicada en julio de
2001 en el periódico La Jornada, el exgober-
nador Juan S. Millán reconoció que se que-
daban cortos quienes decían que 62% de
la economía sinaloense estaba permeada
por la actividad de las drogas, dice a Pro-
ceso Nery Córdova, también investigador
de la UAS.
Asegura que en Sinaloa el narcotráfico
tocó directamente a la cultura además del
turismo, la banca, la pesca, la agricultura,
la ganadería, la agroindustria, la construc-
ción y el comercio mediante el lavado de
dinero. También se ha metido en los es-
pectáculos, la música popular, el deporte
y la educación.
Información insuficiente
Juan Manuel Mendoza Guerrero,Arturo Li-
zárraga Hernández y Omar Lizárraga Mo-
rales, investigadores de la UAS y autores
Benjamín Flores
14 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

Investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa detectaron que 8%
de la riqueza generada en 2012 en cinco municipios sinaloenses tiene un
origen formalmente “inexplicable”. Tiene que ver, sin duda, con el narco-
tráfico, con la cosecha de amapola y mariguana, con su venta y con el
blanqueo de capitales.En una entidad donde el Estado no ha sido capaz de
satisfacer las necesidades elementales,para mucha gente el único camino
para sobrevivir es el narcotráfico,lo que explicaría las marchas por la libe-
ración o la no extradición del Chapo Guzmán.
del libro Sinaloa en el siglo XXI; economía y
población de la región sur (de próxima apari-
ción) se dieron a la tarea de analizar el PIB
de los municipios del sur del estado.
Su primer reto fue calcular el PIB, pues
la información económica municipal es
deficiente en tanto que la del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía es insufi-
ciente, pese a que ha creado categorías se-
paradas para los valores de la naturaleza
(bioeconomía), de la economía informal y
del valor generado por el trabajo no remu-
nerado en los hogares y de las remesas.
Los autores detectaron que 8% de la ri-
queza generada en esa región tiene un ori-
gen inexplicable.
Mendoza aclara en entrevista: “Para
analizar el PIB hay que tomar en cuenta
más de mil actividades económicas y más
de 20 subsectores. Podríamos pensar que
ese 8% proviene de ‘cuentas satélites’ con-
templadas por el Inegi para actividades in-
formales; sin embargo no es el caso, por-
que tampoco encuadra en este rubro de la
economía informal”.
Los autores detectaron que el sec-
tor financiero se disparó en los últimos
años, pero al analizar los PIB municipa-
les no encontraron explicación a este fe-
nómeno, pues el crecimiento de la rique-
za siempre está asociado a la inversión en
urbanización o en polos de desarrollo ur-
bano y en los municipios no hay urbani-
zación ni polos de desarrollo urbano.
“Hablamos de un mundo de dinero. O
sea que es casi equivalente al PIB arrojado
en actividades del sector primario, que es
de 11.78% del PIB o a actividades como la
industria manufacturera, con 8.12% o de
la construcción, donde llegó a 8.87%”, se-
ñala Mendoza.
Afirma que el problema de las activi-
dades relacionadas con las drogas es que
están disfrazadas en movimientos lícitos
de innumerables empresas, las cuales tie-
nen muchas formas de ocultar la informa-
ción. Sin embargo tienen la certeza de que
existe ese residuo de 8% proveniente de
actividades ilícitas.
El cultivo de amapola y mariguana en
las zonas serranas de Sinaloa es de gran im-
portancia para explicar los movimientos de
población en sus municipios: cuando se ex-
pande el cultivo hay propensión a arraigar
a la población; cuando se le erradica se pro-
voca que la gente emigre,pues se limita una
considerable fuente de sus ingresos.
Íntimamente relacionada con el nar-
cotráfico y con la migración se encuentra
la violencia, tanto institucional como la de
los grupos que se dedican al cultivo y dis-
tribución de goma de opio y mariguana.
Lizárraga Hernández –también autor
del libro Nos llevó la ventolera… sobre el pro-
ceso de migración rural sinaloense hacia el
extranjero– dice a este semanario: “La acti-
vidad del narcotráfico se lleva a cabo prác-
ticamente en todos los municipios que to-
tal o parcialmente se encuentran ubicados
en la sierra. Es más notoria en los munici-
pios donde históricamente se ha sembrado
la amapola, como Badiraguato, Sinaloa de
Leyva, Choix, Culiacán, Cosalá y San Igna-
cio. En los demás municipios serranos se
siembra mariguana.
“Pero el cultivo de esos enervantes se
lleva a cabo cotidianamente, como si se
tratara de cualquier otro producto agrícola:
hay sembradores, coyotes y grandes com-
pradores. Los primeros lo hacen de mane-
ra regular, alternando los cultivos prohibi-
dos con los legales: siembran maíz o frijol
o cualquier otro producto, y mariguana o
amapola al mismo tiempo, dependiendo,
en todo caso, de la particularidad del ciclo
agrícola.”
El control lo tienen las organizaciones
del narcotráfico y sólo se comercializa el
producto a través de ellas. La mariguana se
siembra “libremente”, dice Lizárraga Her-
nández, pero se comercia a través de coyo-
tes –quienes tienen los contactos con las
mafias– que pasan a los pueblos una vez
terminado el ciclo agrícola. Cuando se tra-
ta de alguna variedad particular, ellos pro-
veen de semilla mejorada; cuando llega el
momento de cosechar pasan por los pue-
blos a comprar el cultivo, como sucede con
otros productos como maíz o frijol.
Agrega que la amapola, en cambio, es
financiada previamente por “inversionis-
tas” que se encuentran en las ciudades y
se dedican, además de financiar la siembra
de este producto, a otras actividades eco-
nómicas, como la agricultura en los valles.
“Ellos nunca se arriesgan, contratan a
intermediarios, quienes organizan a gru-
http://mexico.cnn.com
Incineraciones. Población ahuyentada
NARCOTRÁFICO
1949 / 9 DE MARZO DE 2014 15

pos reducidos de personas de las localida-
des serranas para llevar a cabo el cultivo en
las zonas más apartadas. Entregan la semi-
lla, arman a las personas que se encargarán
de la labranza, proveen de alimentos mien-
tras dura el proceso y muchas veces pagan
una cantidad por adelantado, ya que las fa-
milias se quedan sin la presencia del padre.
Una vez que llega el periodo de cosecha, en
las zonas serranas más productivas fami-
lias enteras ‘suben’ a los puntos de siembra
y se incorporan a recoger la goma.Se estima
que ganan más de 500 pesos por día.
“Es imposible saber cuántas personas
se dedican a esta actividad, pero un profe-
sor del municipio de Cosalá decía que en
temporada de cosecha hasta las escuelas
se quedan sin niños. Familias enteras se
van ‘para arriba’ a trabajar. Incluso es co-
mún que los comerciantes de los muni-
cipios serranos esperen con ansia el pe-
riodo de cosecha, o sea, rayar la planta de
amapola para recoger la goma, pues cuan-
do hay dinero arriba (en la sierra), hay di-
nero abajo (en las cabeceras municipa-
les)”, explica.
Dedicarse a la siembra y cosecha de ma-
riguanaoamapolaesunaactividadcomple-
mentaria o alternativa, dados los niveles de
pobreza. En todos los municipios la pobla-
ción se dedica al sector primario de la eco-
nomía (agricultura, ganadería) en porcen-
tajes que van desde 31.7% de la población
económicamente activa (PEA) en munici-
pios cercanos a la costa o cuya población se
encuentra más concentrada, hasta más de
50% en los de las zonas serranas.
La PEA dedicada al sector secundario
varía apenas entre 12% y 25% y la dedicada
E
n la cima de la montaña más alta de
La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa,
entre una base del Ejército y la fin-
ca rosada de doña Consuelo Loera,
madre del capo más famoso de México, se
yergue una propiedad que destaca por sus
altos cipreses, verdísimos jardines, naranja-
les, coloridos rosales y una enorme palapa.
Se llama El Cielo y era una de las guaridas
de Joaquín El Chapo Guzmán, quien siem-
pre estuvo a la vista de un gobierno que su-
puestamente lo persiguió 13 años.
Angus MacQueen y Guillermo Galdós
–directores del documental The Legend of
Shorty (La leyenda del Chapo), coproduc-
ción de Canal 4 de Inglaterra y de las com-
pañías estadunidenses Discovery Channel
y Public Broadcast Service (PBS)– hace dos
años establecieron contacto con el líder del
Cártel de Sinaloa para entrevistarlo.
A finales del pasado diciembre Guz-
mán se negó a dar “por el momento” una
entrevista, pero durante dos años les abrió
a MacQueen y Galdós una de las puertas
del mundo en el que vivió.
La premier del documental tuvo lugar el
viernes 7 en el South by Southwest Festi-
val, en Austin, Texas.
El Cielo
“Él desde chiquillo aspiró siempre a mo-
verse”, dijo doña Consuelo Loera desde
su finca en La Tuna refiriéndose a su hijo
El Chapo en entrevista para el documental,
obtenida, según los directores, por instruc-
ciones del capo.
Ante las cámaras, con rostro sereno
como quien habla de las travesuras de sus
pequeños, narra que cuando Joaquín era
chico enrollaba los billetes de colores del
Turista Mundial, y aunque eran de fantasía
él le pedía que se los guardara.
“Billetitos que de a 50, que de a cin-
co... y él juntaba y juntaba y hacía macitos
y los amarraba y me decía: ‘Mamá, guár-
demelos, guárdemelos’. Eran de colores,
pero al verse juntos se veían como billetes.
Tenía la curiosidad de juntarlos y yo se los
guardaba.
La finca a la que se llega por un camino
pavimentado y empedrado está apenas a
unos minutos del refugio preferido de Guz-
mán, hasta donde llegaron las cámaras. El
lugar se llama El Cielo y desde ahí El Chapo
podía ver la casa de su madre, que él mis-
mo mandó a construir, y el cuartel militar
que en coche apenas está a 10 minutos.
Aunque la casa de una sola planta no
es ostentosa, Galdós señala a Proceso
que el lujo es la majestuosa vista panorá-
mica de sus dominios y la tranquilidad que
ahí se respira.
Con la tecnología satelital debe ser un
lugar que difícilmente pasaría inadvertido,
sobre todo si se encuentra en territorio de
Guzmán Loera.
Dicen sus allegados que allá fue El Cha-
po luego de escapar del penal de Puente
Grande en 2001. Y es El Cielo donde fue
grabado un video subido a YouTube en
2012 en el cual aparece Guzmán interro-
gando a un presunto miembro de un bando
contrario, amarrado a un poste y con los
pantalones hasta las rodillas.
“El Chapo” permitió a televisoras extranjeras
conocer sus dominiosANABEL HERNÁNDEZ
Escenas del documental presentado en Texas
16 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

al terciario es de alrededor de 20%. Puede
ser aventurado afirmar que todos los dedi-
cados al sector primario se dedican al nar-
cocultivo, pero sí se puede decir que todos
tienen un vecino, un amigo, un pariente re-
lacionado con esa actividad.
Un aspecto interesante del narcoculti-
vo en los pueblos serranos es que no se
le percibe como una actividad condena-
ble moral o éticamente: “Me ha tocado ver
que en las casas de las familias están los
costales de mariguana, a la vista de todos,
como si fuesen costales de maíz. En todo
Galdós, periodista de Lima, Perú, señala
en entrevista que por su trabajo él ha hecho
reportajes en distintas zonas de conflicto en
las que invariablemente hay retenes y fuerte
presencia de policías o militares.
“Después de subir seis veces al terri-
torio del Chapo mi sorpresa fue que nunca
me topé con un retén en el que me revisa-
ran, aunque hay una base militar al lado de
La Tuna”, dice.
Agrega que una de las historias que se
cuentan acerca de Guzmán es que era tal
su cercanía con los soldados que cuando
murió uno de sus sicarios más veterano les
pagó para que permitieran que en la base
militar aterrizara la aeronave que traía el
cuerpo y poder despedirse de quien tanto
le había servido.
Galdós cuenta que durante las noches
que pernoctó en las tierras de Guzmán,
su mayor preocupación era que llegara un
ataque del Ejército y los aniquilaran. “No
te preocupes, de cualquier operativo nos
avisan dos horas antes. Al comandante
de la ciudad (Culiacán) ya lo tenemos bien
arreglado”, le dijeron los hombres del Cha-
po. Lo cierto es que mientras visitó la sierra
de Badiraguato, nunca hubo ni por asomo
una incursión militar.
Las huestes
A lo largo del documental aparecen perso-
najes primitivos, elementales, que compo-
nen los diferentes eslabones de la cadena
de producción y distribución de droga que
hizo que Guzmán fuera catalogado por el
gobierno estadunidense como el narcotra-
ficante más poderoso del mundo. Viendo y
escuchando los testimonios de las hues-
tes del Chapo es difícil pensar que sean
exitosos en el negocio de la droga sólo por
buena suerte.
Uno de esos personajes es El Flaco,
a quien Galdós describe como sacado de
una película de Hollywood: al servicio del
Chapo y responsable del tráfico de cocaína
desde Sinaloa hasta Tijuana, con 20 años
de trasegar drogas y nunca detenido, él
fue el conducto para entrar a uno de los
círculos de Guzmán.
También desfila un pintoresco sina-
loense apodado El Chino, quien tiene y
canta a cámara su propio corrido. Es un
piloto famoso por llevar por aire la droga a
Estados Unidos. Es uno de los pocos que
enseñan su rostro abiertamente, casi con
orgullo, y muestra su habilidad de aterrizar
en pistas diminutas en la sierra de Sinaloa,
de las cuales hay docenas.
Luego vienen los independientes, los
que trafican su propia mercancía en menor
escala pero deben respetar los precios
que fija el Cártel de Sinaloa y pagar de-
recho de piso, si no quieren morir. Como
ejemplo aparece un traficante que con
la cámara de testigo guarda más de seis
paquetes de metanfetaminas en distintos
compartimentos de una pick-up azul, cada
uno con valor de 5 mil 500 dólares, y lo
caso es una actividad económica con altos
riesgos, tanto por el aspecto legal como el
de la participación de los grupos armados.
En el primer caso, cuando el Ejército o las
policías realizan las pesquisas, puede sig-
nificar la cárcel; en el segundo, cuando al-
guien ‘da un pitazo’ es la muerte segura”,
afirma el investigador.
El problema, educación
–¿Qué tanto influye la inaccesibilidad de
la zona para que la mayoría de los progra-
mas de gobierno no lleguen a las comuni-
dades de la sierra, motivando que la única
fuente de ingreso sean actividades del
narcotráfico? –se le pregunta a Nery Cór-
dova, autor del libro Narcocultura: simbolo-
gía de la transgresión, el poder y la muerte.
–Los sistemas de apoyo y los canales de
distribución con que cuenta el Estado mexi-
cano hacen difícil la vida y parece que los
lugareños no tienen otro camino que dedi-
carse a eso. El problema se expandió a las
ciudades, donde miles de jóvenes margina-
dos, sin educación, sin prácticamente na-
cruza exitosamente a Estados Unidos.
“La impresión que me dio es que estos
personajes reflejan la realidad de Sinaloa;
todos eran auténticos sinaloenses, gente
acostumbrada al mundo del tráfico y el
contrabando, un mundo en el que se sien-
ten seguros”, dice Galdós.
Por último se muestra el rostro y modo
de vida de los campesinos, el eslabón más
frágil de la cadena criminal multinacional que
deja millones de dólares en todo el mundo.
El documental exhibe sus vidas humil-
des pese a las toneladas de droga que sus
manos producen; contrastan con la vida
que los narcojuniors exhiben en sus cuen-
tas de Twitter y Facebook.
Campesinos niños, adolescentes y
adultos aparecen rayando la amapola o
cortando, secando y haciendo pacas de
mariguana que se van a Estados Unidos.
“Si comparo mi experiencia con
traficantes de Río de Janeiro que estaban
llenos de oro, esta gente es bien básica;
tienen sólo su .38 súper, su cuerno de
chivo, una cuatrimoto y su bolsa de perico
a un lado”, dice Galdós. La mayoría de los
hombres de la sierra consumen cocaína, no
mariguana.
–¿Qué pensaron cuando supieron de
la captura de Guzmán a unas semanas del
estreno del documental? –se le pregunta a
Galdós.
–Pensamos que le había llegado la hora
de cambiar de cara a la organización y
que esto era algo quizás que había sido un
pacto, un arreglo, que se había acordado
su arresto. Me parece muy raro que haya
estado solo, sin su seguridad... dicen que
andaba protegido como un presidente.
–¿Por qué piensa que El Chapo les
abrió una ventana a su mundo?
–Sabía que habíamos hablado con gen-
te de organizaciones criminales de otra par-
te del mundo y que nuestro interés principal
era entender cómo funcionaba el negocio...
tal vez quería mostrar ese mundo de la
sierra y enseñar que no son los productores
los que tienen las grandes ganancias. La
ganancia está en los que la trafican, pero
sobre todo en los que la distribuyen.
NARCOTRÁFICO
1949 / 9 DE MARZO DE 2014 17

da, algo tienen que hacer y se incorporan a
las actividades delictivas. El sistema econó-
mico sigue lastimando a amplias capas de
la población. Éste es el mundo en que vivi-
mos y esa población sin educación, sin cul-
tura, sin opciones algo tiene que hacer pa-
ra sobrevivir.
“Es una población profundamente las-
timada. Ha logrado poner en un predica-
mento a las políticas del Estado mexicano
y su combate al narcotráfico, porque lo que
ha hecho el Estado es combatir los efectos,
enfrentarse a las consecuencias, pero no
han atacado las estructuras, las carencias,
las ausencias, las limitaciones de una so-
ciedad urgida de bienes de trabajo, de edu-
cación, de empleo, de actividades.”
–¿Es premeditada esa falta de atención?
–Más bien creo que tratan de que con-
vivan sanamente ambos mundos. Resol-
ver los problemas económicos de una
población no es sencillo y resolver los pro-
blemas de seguridad es mucho más com-
plicado. Quienes se dedican a estas acti-
vidades, quienes cometen los crímenes
son seres humanos que en otras circuns-
tancias probablemente serían profesores,
médicos, incluso policías o jueces; pero el
destino, el mundo, las circunstancias eco-
nómicas de nuestro país los han puesto
en otro lugar.
“Fueron las condiciones sociales,las co-
sas que tenían al alcance, su aprendizaje. El
problema que veo es el de la educación. No
ven otro camino más sencillo, piensan que
es fácil meterse a la industria del narcotrá-
fico. Pero no, es una labor muy complicada
donde todos tienen que vivir a salto de ma-
ta.Ya vimos la odisea del Chapo y no es fácil
esconderse 13 años.”
–¿Qué tanto afectará su captura a la
narcoeconomía?
–Nada. Los personajes no son impres-
cindibles. Surgen otros. El Chapo sólo era
una figura, la punta del iceberg. La indus-
tria sigue sólida. De la industria de las dro-
gas ilegales se beneficia la industria mili-
tar, la farmacéutica, la química, la política
y los medios de comunicación, todo este
oropel que significa una sociedad de ma-
sas actual, así que El Chapo sólo es un de-
talle, un detalle muy fuerte, por supuesto.
–¿Hasta dónde van a llegar estas ma-
nifestaciones públicas a favor de él?
–Se tranquilizarán. Ni siquiera saben
qué significa la extradición. Los sinaloen-
ses simplemente manifiestan su encono,
su rabia; no tienen fines políticos e ideo-
lógicos más allá de ser una manifesta-
ción espontánea de una población que es-
tá nutrida, que vive cerca de un mundo de
transgresión que forma parte de la cultu-
ra aprendida. Es lo que le han enseñado a
la sociedad a lo largo de más de un siglo.
“Fuentes oficiales reportan que en el
estado (con una población de casi 3 millo-
nes) hay algo así como 5 o 6% de desem-
pleo abierto, que se traduce en cerca de 70
mil personas que no tienen fuente de in-
gresos. Pero de algo han de sobrevivir. No
se sabe de qué forma precisa.
“Por lo que sabemos los precios de la
cocaína y la heroína (esta última un poco
más elevada) son similares.En las zonas de
producción se dice que un kilogramo llega
a tener un precio aproximado de 5 mil dó-
lares.Y ya en el mercado un kilo de heroína
se dice que cuesta un poco más de 70 mil
dólares, aunque también se habla de 100
mil dólares.
“Nada de esto puede confirmarse bien
a bien, obviamente por la naturaleza de la
actividad y porque la droga puede sufrir al-
teraciones en su tránsito desde la produc-
ción hasta llegar al consumidor final. En el
campo sinaloense muchos de los cultiva-
dores son campesinos a quienes se les pa-
ga por jornal y por cosecha, y se habla de
cantidades que van de los 100 a los 150 pe-
sos diarios, por sembrar, cuidar, cultivar,
rayar y piscar o por alguna de estas fases.”
Acerca de cuánto se produce y en qué
extensión del territorio, señala que en ca-
si la mitad de Sinaloa es factible la siem-
bra de enervantes. Los cálculos se basan
sobre todo en las incautaciones y destruc-
ciones de plantíos.
Sobre la economía sinaloense relacio-
nada con el fenómeno, señala que se care-
ce de datos confiables, aunque el exgober-
nador Millán, cuando estaba en funciones,
habló de que la economía estatal estaba
afectada en más de 62% por dinero del nar-
cotráfico. En su momento los empresarios
pusieron el grito en el cielo, pero ahí que-
dó todo.
“Pero se tiene una idea o sólo una im-
presión sobre el lavado de dinero, cuando a
lo largo de todo el año una enorme canti-
dad de negocios, tiendas, restaurantes, ba-
res que pululan en las principales ciudades
del estado, aunque sin ventas y sin clien-
tes, inexplicablemente permanecen abier-
tos”, concluye Córdova.
JuanCarlosCruz
“Base social” del crimen organizado
18 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

La Operación Limpieza emprendida en el sexenio cal-
deronista para ser aplicada en el seno de la corrupta
PGR no solamente resultó en un fracaso rotundo. Fue
una injusticia artera, mayúscula. Por falta de pruebas,
una a una han ido saliendo de prisión las personas que
fueron procesadas bajo la acusación de colaborar con
el crimen organizado. El agente Alejandro Aguilar Ló-
pez pasó casi cuatro años y medio en el penal de máxi-
ma seguridad de Puente Grande, Jalisco, y cuando se
presentó de nuevo en su centro de trabajo simplemen-
te le dijeron: estás dado de baja.
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
C
uatro años, cuatro meses y
cuatro días de prisión, además
de su empleo, le costaron al
policía ministerial de la Procu-
raduría General de la República
(PGR) Alejandro Aguilar López
la injusta acusación de la subprocurado-
ra Marisela Morales, sostenida de manera
endeble, de que trabajaba para el Cártel de
los hermanos Beltrán Leyva.
En abril de 2009, la Operación Limpieza
estaba en su apogeo al interior de la PGR. El
entonces titular de la dependencia, Eduar-
do Medina Mora, hoy embajador en Estados
Unidos, y la subprocuradora Morales, ac-
tual cónsul en Milán, estaban empeñados
en demostrar, acicateados por la DEA, que
el combate al narcotráfico enarbolado por
su jefe,Felipe Calderón,incluía al propio go-
bierno, empezando por la procuraduría.
Necesitaban, pues, nombres de fun-
cionarios y empleados, jefes y personal
operativo, para darle contenido a la ope-
ración que, según anunciaron, estaba diri-
gida dentro de la PGR contra los protectores
del narcotráfico, en especial de los Beltrán
Leyva, entonces socios de Joaquín El Chapo
Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa deteni-
do el pasado 22 de febrero.
Medina Mora informó que entre octu-
bre de 2008, cuando se inició la Operación
Limpieza, y febrero de 2009, habían caído
25 funcionarios y agentes de la PGR, en-
tre ellos Noé Ramírez Mandujano, quien
fungía como titular de la Subprocuradu-
ría de Investigación Especializada en De-
lincuencia Organizada (SIEDO), hoy SEI-
DO, cargo que heredó Morales.
Cinco años y medio después, la justi-
cia federal hizo de la operación un fracaso
redondo. Todos los acusados están libres
como consecuencia de la fragilidad de las
pruebas, sostenidas sólo por testigos pro-
tegidos, las cuales fueron desacreditadas
por jueces federales por falsas e inconsis-
tentes. Apenas el pasado 26 de febrero, el
Eduardo Miranda
Medina Mora y Marisela Morales,
exhibidospor la artera Operación LimpiezaMorales. Justicia a la carta
20 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

Poder Judicial Federal puso en libertad a
los dos últimos detenidos.
En el clímax de la operación fueron
aprehendidos el coordinador técnico de la
SIEDO, Miguel Colorado González, y el exje-
fe de la Interpol México, Rodolfo de la Guar-
dia García. Pero Medina Mora y Marisela
Morales iban por más, entre ellos Alejandro
Aguilar López, jefe de grupo de traslados de
procesados en la Agencia Federal de Inves-
tigación (AFI) de la PGR, ahora sustituida
por la Agencia de Investigación Criminal.
La emboscada
La mañana del sábado 18 de abril de 2009,
Aguilar López, de entonces 39 años, re-
cibió la orden ministerial de trasladar a
Guadalajara desde el Centro de Investiga-
ción Federal (CIF), ahora Centro Nacional
de Arraigos, a un grupo de nueve procesa-
dos por delincuencia organizada. Entre los
detenidos iba Gerónimo Gámez García, El
Primo o El Contador, identificado como pri-
mo de los Beltrán Leyva y uno de los en-
cargados de las cuentas del cártel dirigido
por los hermanos.
Era uno más de los alrededor de 500
traslados que había hecho desde 2005. Ha-
bía llegado a la PGR en el año 2000 como
investigador de delitos federales. Psicólo-
go egresado de la UNAM, con estudios de
licenciatura en administración policial y
cursos de la Policía Nacional de Francia y el
FBI de Estados Unidos, ascendió desde vi-
gilante hasta jefe de un grupo de traslados.
Con una orden ministerial en la ma-
no, que tenía apenas un día de haber si-
do dirigida a la dirección de la AFI, Agui-
lar López ya tenía organizado a su grupo
Greco hacia el mediodía del sábado. Pero
media hora antes de la salida, su jefe, Julio
César Rodríguez López, encargado de los
dos grupos de traslado de la AFI en la Di-
rección de Operaciones Especiales, le dijo
que las personas aprehendidas serían lle-
vadas al penal de mediana seguridad del
Rincón, en Nayarit.
Partieron en dos Van Express y una su-
burban hacia el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México. En el hangar de la
PGR, policías y detenidos volaron con me-
dia hora de diferencia a Nayarit en dos ae-
ronaves Grumman.
Por orden del jefe del CIF, el general
mayor retirado del Ejército Miguel Án-
gel Pérez Reséndiz, salieron sin el apoyo
de los servicios técnicos que se encargan
de videograbar los operativos. Llegaron a
Nayarit a las 14:12 y 14:40 horas, respecti-
vamente, tiempo del Pacífico. Aguilar Ló-
pez reportaba todos los movimientos me-
diante el sistema Matra de radio a Arturo
Negrete, jefe de departamento en el CIF,
quien coordinó la entrega de los procesa-
dos con la delegación de la PGR y las auto-
ridades del penal.
En Nayarit, el jefe del grupo dispuso un
convoy de siete vehículos para el traslado.
Iban 16 elementos de la AFI, dos más de
la corporación destacados en Nayarit, un
ministerio público federal que había via-
jado desde el DF, elementos de la Policía
Federal y custodios del penal. Él iba al fi-
nal de la caravana.
Por razones tácticas y con el conoci-
miento de sus superiores en el CIF, deci-
dió que en las dos camionetas de la AFI se
trasladaran sólo 8 de los 16 agentes por-
que de lo contrario en caso de un ataque
se les dificultaría responder a una agre-
sión. La mitad de los elementos se quedó
en el aeropuerto.
El convoy policial apenas había avan-
zado kilómetro y medio cuando fue em-
boscado por un grupo apertrechado con
armas largas y explosivos. Comenzaron
las ráfagas y de inmediato cayeron heri-
dos dos de los agentes de la AFI. El resto
se bajó a repeler el ataque. El jefe del gru-
po alcanzó a marcar con su celular al CIF
para pedir clave 5, que significa emergen-
cia. El enfrentamiento duró 15 minutos y
en ese lapso no llegó ningún apoyo. Antes
de irse, los agresores lanzaron una grana-
da que explotó a metro y medio de donde
se encontraban los agentes policiales (Pro-
ceso 1695 y 1707).
En su huida, los atacantes dejaron un
cuerno de chivo, un M16 y un vehículo blin-
dado con un radio de comunicación, un
chaleco táctico con tres cargadores, 40 car-
gadores vacíos de entre 50 y 100 tiros para
AK-47, 32 cartuchos para este tipo de arma
y dos granadas, una de ellas sin espoleta.
Según el reporte policial de Aguilar, los ata-
cantes también dispararon desde una ca-
sa ubicada a la orilla de la carretera, en la
que después del enfrentamiento fue ase-
gurada una camioneta Mitsubishi blanca
con armas.
El ataque dejó ocho muertos: cinco ele-
mentos de la Policía Federal, el director téc-
nico del penal y dos agentes de la AFI, uno
del grupo Greco y otro más de esa corpora-
ción en Nayarit. Hubo más de una decena
de heridos, entre ellos el propio jefe del gru-
po por un rozón de bala y el ministerio pú-
blico federal Erasmo de Jesús Hernández.
Uno de los sobrevivientes, el agente de
la AFI Carlos Igor Hernández Flores, salió
en un vehículo prestado por un particular
en busca de los ocho agentes que se ha-
bían quedado en el aeropuerto. Éstos ex-
plicaron que al oír las detonaciones pi-
dieron ayuda al personal de la empresa
encargada de la seguridad del aeropuerto.
Se las negaron. Los militares destacados
en la terminal aérea tampoco hicieron na-
da porque no tenían vehículo.
Tampoco llegaron ambulancias. Los
heridos fueron trasladados a clínicas del
IMSS y del ISSSTE en vehículos de parti-
culares que se acercaron después del en-
frentamiento; 45 minutos más tarde, en el
lugar del ataque ya estaban policías mu-
nicipales, militares y personal de la PGR.
El comando no logró rescatar a los de-
tenidos. La Policía Federal pudo llevárselos
al penal en un camión blindado, esposa-
dos, y a ellos también les dispararon. No se
sabe si para rescatarlos o para eliminarlos
por cuenta del propio cártel o de otra orga-
nización, dice Alejandro Aguilar a Proceso.
Después de localizar a sus compañe-
ros hospitalizados para reportar al CIF
de su condición, Aguilar López llegó a las
ocho y media de la noche a declarar ante
la delegación de la PGR en Nayarit.Ahí pa-
só la noche. Al día siguiente, domingo, ha-
cia las dos de la tarde, llegaron a esa ofici-
na los dos cuerpos de sus compañeros de
la AFI caídos. Les hicieron una guardia de
honor de 20 minutos.
El jefe del grupo regresó a la Ciudad de
México a las nueve y media de la noche
junto con sus compañeros heridos para
internarlos en un hospital privado. A las
cuatro de la mañana del lunes llegó al CIF.
Ahí, el jefe del centro, el militar retirado
Pérez Reséndiz, antes de preguntarle por
sus compañeros muertos y heridos le in-
quirió sobre el número de tiros que usó,
cuenta Aguilar López.
La pesadilla siguió ese lunes 20, cuan-
do los sobrevivientes, con engaños, fueron
llamados a declarar ante la SIEDO. Les di-
jeron que los iban a ascender por haber re-
pelido el ataque. Relata que ahí estaba la
directora de la AFI, Nicandra Castro Escar-
pulli, quien para entonces ya tenía un ex-
pediente armado con fotos satelitales de
la DEA sobre la emboscada. Dice que en
tono irónico les ofreció “una letra”, es de-
cir, un ascenso.
MiguelDimayuga
Aguilar. Vapuleado
NARCOTRÁFICO
1949 / 9 DE MARZO DE 2014 21

En la SIEDO se encontró con compañe-
ros del grupo de traslados que habían sido
llamados a declarar aun cuando se encon-
traban de vacaciones, francos o en otros
servicios.También estaba el ministerio pú-
blico federal De la Cruz Hernández, quien
atemorizado apenas le pudo decir que le
tenían prohibido hablar con ellos.
El agente Hernández Flores, sobrevi-
viente de la emboscada, refiere en entrevis-
ta que a las diligencias ministeriales de ese
día llegaron agentes de la DEA.Además, di-
ce, estuvo uno de sus principales acusado-
res, José Salvador Quintanilla Puga, El Pitu-
fo, uno de los testigos protegidos favoritos
de la administración anterior. Relata que
El Pitufo le preguntó cómo le había ido en
el ataque. “(Él) ya estaba aleccionado por el
Ministerio Público porque el expediente ya
estaba armado”, asegura.
La SIEDO construyó el expediente no
sólo con las declaraciones de Quintani-
lla Puga; también con las de otros testigos
protegidos: Jorge Nieves Cárdenas, Conde;
Rubén Ríos Estrada o Pedro Ignacio Zazue-
ta o Ignacio Lorenzo Zazueta Rodríguez,
Carlos, Pit o Angélica; Luis Ernesto Ramí-
rez Vázquez, Guadalupe, y Marcos Asse-
mat Hernández, Fernando, quienes fueron
identificados por la justicia federal.
La detención
El viernes 24, el Ministerio Público Federal
retuvo, sin que mediara orden de deten-
ción, al agente que encabezó el traslado y
a los otros 12 elementos de la AFI, quienes
pasaron de víctimas a acusados. Alejan-
dro Aguilar cuenta que el ministerio públi-
co Julio Patesi Guedea Téllez les dijo: “Cha-
vos, ya lo saben. Su situación jurídica ya
cambió. Están detenidos y se van a echar el
arraigo. Después ya veremos.Y si no tienen
nada que ver, se van en el amparo”.
En lugar de ser enviados a un centro
penal, los mandaron a los separos del Cen-
tro de Mando de la Policía Federal en Izta-
palapa, donde estuvieron 74 días, seis an-
tes de que se venciera el plazo del arraigo,
“donde no se sabe si es de noche o de día”
porque es un bloque cerrado en forma de L
en el que se distribuyen ocho celdas y con
un espejo en el corredor para reflejar a los
detenidos. Aguilar López asegura que ahí
fueron maltratados “por matapolicías”.
Después de dos meses y medio de
arraigo, fueron trasladados a distintos pe-
nales. Alejandro Aguilar, contra quien la
SIEDO quería una pena de 20 a 40 años, fue
ingresado el 9 de julio de 2009 al de máxi-
ma seguridad de Puente Grande, Jalisco,
donde, dice, continuó siendo objeto de hu-
millaciones y maltratos.
La SIEDO consignó a 13 agentes y cua-
tro albañiles de Tepic. A éstos los acusaron
de ser parte de los sicarios. A todos los de-
tenidos se les imputaron delitos graves:
violación a la Ley Federal Contra la Delin-
cuencia Organizada, homicidio calificado,
homicidio calificado en grado de tentativa,
evasión de presos en grado de tentativa y
contra la administración de justicia. Los ci-
viles tampoco tenían nada que ver.
Entre los 13 agentes federales había
seis que no participaron en el traslado. On-
ce salieron en libertad y 10 fueron reinsta-
lados en sus puestos de policías federales
ministeriales. No fue el caso de Aguilar Ló-
pez, la agente María de Lourdes Rodríguez
Oble y Flores Hernández, quienes no han
sido reinstalados a pesar de que los dos
primeros fueron absueltos y el tercero es-
tuvo en todo momento amparado, por lo
que no fue encarcelado. A ninguno le han
pagado los salarios que le retuvieron des-
de entonces.
“La SIEDO nunca investigó y nos incul-
paron por consigna”, coinciden en señalar
los sobrevivientes de la emboscada. Incluso
las armas que ellos mismos aseguraron fue-
ron utilizadas en su contra. Los ministerios
públicos los acusaron de haberlas utilizado
para matar a sus compañeros y de haber fil-
trado la información del traslado.
Según El Pitufo, como jefe de grupo Ale-
jandro Aguilar era uno de los que cobra-
ban cuotas a la delincuencia organizada;
el testigo protegido refirió que eso lo su-
po cuando estuvo en el centro de arraigo.
Tras la salida de Marisela Morales de la
PGR, Aguilar López fue puesto en libertad
el 29 de agosto de 2013 por el juez cuar-
to de Distrito de Procesos Penales federa-
les en el estado de Jalisco, con residencia
en Puente Grande, quien dictó sentencia
absolutoria. El fallo fue confirmado el 27
de noviembre por el Primer Tribunal Uni-
tario del Tercer Circuito con sede en Zapo-
pan, Jalisco.
El juez unitario estableció que a par-
tir de “insuficiencia probatoria” se acusó
a los detenidos de integrar una célula de
los Beltrán Leyva dentro de la PGR, ade-
más de que encontró contradictorias e in-
sostenibles las declaraciones de los testi-
gos protegidos.
En lo que atañe a las últimas liberacio-
nes de implicados en la Operación Limpie-
za –Miguel Colorado González,excoordina-
dor general técnico de la SIEDO, y Antonio
Mejía Robles, agente de la AFI– el 26 de fe-
brero pasado, el Juzgado Segundo de Dis-
trito de Procesos Penales Federales en el
estado de Jalisco desestimó también a los
testigos colaboradores.
La permanencia de Alejandro Aguilar
en prisión se prolongó porque durante el
sexenio pasado el Ministerio Público Fe-
deral evitó presentar al Pitufo, con lo que
no se podía cerrar la instrucción. La PGR
lo presentó hasta enero de 2013, cuando
Felipe Calderón y Marisela Morales ya ha-
bían salido del gobierno. En esa audien-
cia, hecha por videoconferencia, el testigo
protegido no lo reconoció.
Entre las sanciones, el Ministerio Pú-
blico había pedido su destitución del car-
go. Apenas salió de prisión, el 2 de sep-
tiembre volvió a su lugar de trabajo, pero
le dijeron que tenía que reportarse en las
oficinas centrales de la Policía Federal
Ministerial, que sustituyó a la AFI. Ahí le
dijeron que había sido dado de baja por
decisión del Órgano Auxiliar de Instruc-
ción del Consejo de Profesionalización de
la PGR.
Su trámite de baja estuvo a cargo de Je-
sús Siller Leyva, quien en mayo de 2010 se
entrevistó en Puente Grande con el agen-
te federal para desahogar la diligencia de
proceso administrativo en su contra. Agui-
lar se negó a recibirlo porque aún no se ha-
bía demostrado su culpabilidad.
Sin embargo, en abril de 2012, Baltazar
Avilés Ortiz, secretario instructor del Ór-
gano Auxiliar, se presentó en el domicilio
de la madre del agente para que le firmara
la baja de su hijo de la institución.
A pesar del fallo absolutorio, la PGR
obstaculiza la reincorporación de Aguilar
López, quien sostiene que Arturo Campillo
Suárez, investigador de la Visitaduría de la
dependencia, no quiere reconocer la reso-
lución judicial y que sólo por orden del pro-
curador puede recuperar su trabajo.
En una carta que le envió el 26 de sep-
tiembre pasado al presidente Enrique Pe-
ña Nieto, Aguilar López le pregunta: “¿Có-
mo les digo a mis hijos que fui encarcelado,
separado de su lado y que además perdí el
trabajo por cumplir cabal y honradamente
con mis funciones laborales? ¿Cómo les in-
culco el amor por las instituciones si cuan-
do me entregué en cuerpo y alma a la PGR
me pagó con cuatro años, cuatro meses y
cuatro días de prisión?”.
BenjamínFlores
Medina Mora. Detenidos a destajo
22 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

Más de 100 millones de dólares destinados al combate
al narcotráfico en México fueron a dar a la basura. Un
funcionario de la embajada de Estados Unidos es el en-
cargado de licitar las adquisiciones de tecnología para
la Iniciativa Mérida y no ha hecho más que favorecer
a tres pequeñas empresas, con resultados desafortu-
nados. Esas tres compañías no tienen capacidad para
cumplir las funciones que se les encomiendan, pero
siguen siendo las consentidas y recibiendo contratos
para surtir de equipo a la PGR, el Cisen, el INM...
J. JESÚS ESQUIVEL
W
ASHINGTON.- Por el sistema
preferencial que aplica la
embajada de Estados Uni-
dos en México para asig-
nar contratos a empresas
estadunidenses, se mal-
gastaron más de 100 millones de dólares
que debían ser utilizados para fortalecer
la lucha contra el narcotráfico y la corrup-
ción dentro de la Iniciativa Mérida.
De acuerdo con documentos obteni-
dos por Proceso, Fred Schellenberg, coor-
dinador de tecnología de la Sección de
Asuntos sobre Narcóticos de la embajada
de Estados Unidos en México, incurrió en
favoritismo a la hora de asignar contratos
por más de 100 millones de dólares a las
empresas Alutiiq 3SG, All Native Services
(ANS) y Sarakki Associates Inc.
LasempresasbeneficiadasporSchellen-
berg, como se observa en los documentos
y de acuerdo con las fuentes consultadas,
proveen sistemas y soluciones de tecnología
profesional para respaldar las actividades y
mecanismos de seguridad nacional.
OctavioGómez
Turbios
negociosen la embajada de Estados Unidos
NARCOTRÁFICO
1949 / 9 DE MARZO DE 2014 23

Como proveedores, Schellenberg es-
cogió a Alutiiq y Sarakki. El programa es-
tablecía la entrega de aproximadamente
100 quioscos biométricos que se suponía
se instalarían en estaciones migratorias y
en otros puntos estratégicos.
La intención era que con esos quios-
cos, además de almacenar datos biométri-
cos especialmente de los migrantes centro
y sudamericanos, se facilitara la identifica-
ción de delincuentes o personas sospecho-
sas de estar implicadas en actos ilícitos.
Se pensaba también que con los quios-
cos se agilizaría el registro de entrada y
salida al país de ciudadanos mexicanos y
extranjeros; como hace por ejemplo Esta-
dos Unidos con los programas US Visit y
Global Entry.
“Este programa no funciona”, senten-
cia una de las fuentes consultadas, quien
también pidió el anonimato.
“A tres años del arranque de este pro-
yecto, 40 de los quioscos están arrumba-
dos en una bodega y la gran mayoría de
los instalados no funciona”, explica.
“Se colocaron quioscos en las estacio-
nes migratorias de Iztapalapa y en Tapa-
chula. No están funcionando como se su-
ponía porque Alutiiq y Sarakki no son las
empresas adecuadas para proveer estos
sistemas ni por la tecnología que requieren
ni para darles mantenimiento”, agrega.
El objetivo de la instalación de esta tec-
nología biométrica era intercambiar al ins-
tante la información de cualquier persona
entre todas las agencias de seguridad de
México y de Estados Unidos para detectar
sospechosos, ubicarlos y capturarlos.
Las fuentes consultadas acotan que lo
más grave es que las autoridades del INM
conocen a detalle el caso de los quioscos,
pero ni los funcionarios del sexenio calde-
ronista ni los actuales han emitido un solo
reclamo a la embajada de Estados Unidos.
“El colmo”, como lo describen las fuen-
tes, es que el pasado 13 de febrero la em-
“El problema”, dice una de las fuentes
consultadas que por razones de seguridad
pide no se revele su identidad,“es que esas
tres empresas han entregado sistemas que
no funcionan para los propósitos definidos
y solicitados por el gobierno mexicano, pe-
ro nadie dice nada, nadie supervisa ni na-
die en la embajada de Estados Unidos ni
el gobierno mexicano audita que los siste-
mas y las soluciones funcionen.”
Para obtener sistemas y equipo bajo
el esquema de la Iniciativa Mérida el go-
bierno de México hace una solicitud a la
embajada de Estados Unidos, la cual reci-
be directamente Schellenberg; él analiza
el pedido y si procede –según su criterio–
contrata a una empresa 8(a) para que haga
un análisis a fondo de los requerimientos.
Una empresa 8(a) es la que presenta la
viabilidad de la solicitud y se propone pa-
ra su implementación. La embajada auto-
riza a la empresa elegida a encargarse del
proyecto. Con ello la compañía procede a
contratar a quien desee para ejecutarlo. Y
México tiene que “firmar de recibido” el
proyecto para su cierre.
Según los estatutos de la Administra-
ción de Pequeños Negocios (SBA) del gobier-
no estadunidense, Alutiiq, ANS y Sarakki
están clasificadas como empresas 8(a),cate-
goría de pequeñas compañías que están en
desventaja frente a los grandes consorcios.
Pero en Estados Unidos las tres empre-
sas favorecidas por Schellenberg no perte-
necen a la categoría 8(a); están catalogadas
como empresas grandes y competitivas.
No obstante para obtener contratos en Mé-
xico –y porque sus dueños o las sociedades
que las integran pertenecen a grupos étni-
cos minoritarios–, las tres concursan bajo
el esquema mencionado y así se les elimi-
na la competencia.
ANS y Alutiiq pertenecen a indígenas,
mientras Sarakki es una sociedad del esta-
dunidense Greg Mosley y dos indoestadu-
nidenses:Venu Sarakki y PraneshTarikere.
Quioscos inútiles
Como se observa en los documentos ofi-
ciales del Departamento de Estado, en los
años fiscales 2011, 2012 y 2013 la embaja-
da de Estados Unidos en México, basándo-
se sólo en el criterio de Schellenberg, asig-
nó a Alutiiq, ANS y Sarakki contratos por
más de 113 millones de dólares.
Uno de los ejemplos que ilustra el des-
perdicio del dinero para financiar la Inicia-
tiva Mérida –según las fuentes consulta-
das– es el del Sistema Integral de Operación
Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de
Migración (INM).
Para los años fiscales 2011, 2012 y 2013
México le solicitó a la embajada estadu-
nidense sistemas para poner en marcha
el Proyecto de Capacidades Biométricas
dentro del SIOM.
bajada abrió la licitación SWHARC14Q0022
para la adquisición de otros 40 quioscos
biométricos. Esa licitación se puede ver en
la página en internet del estadunidense
Departamento de Estado.
Aun cuando la licitación emitida a tra-
vés del Departamento de Estado se abrió
a todas las empresas estadunidenses, con
énfasis en las de categoría 8(a), se modifi-
có el pasado 18 de febrero para establecer
las especificaciones técnicas requeridas y
dos días después se cerró.
“Lo hacen para no aplicar las aproba-
ciones legales internas del Departamen-
to de Estado, necesarias al dar una licita-
ción directa a una compañía. Como dan
un plazo de seis días para una respuesta,
nadie responde, a excepción de la empre-
sa de confianza (ya favorecida en el pasa-
do), dejando fuera a todas las demás que
pudieran competir por la adquisición del
contrato. Tienen ventaja porque además
cuentan, desde antes, con el conocimien-
to de todas las especificaciones y las téc-
nicas de lo que se necesita”, explica una
de las fuentes consultadas.
Camiones detectores
Otro ejemplo del desperdicio del dinero
para financiar la Iniciativa Mérida es el
Programa Oasis, coordinado por la Secre-
taría de Gobernación y el Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El programa Oasis –cuyo proveedor de
tecnología es Alutiiq– prevé la instalación
en carreteras y autopistas en varios pun-
tos del país de camiones especiales con
emisores de rayos gamma.
“Se suponía que esto serviría para ha-
cer una especie de radiografía a los camio-
nes de carga y autos sospechosos. Con esta
tecnología se podrían identificar cargamen-
tos de droga, armas o personas. ¿Dónde es-
tán esos camiones?, ¿cuáles han sido sus
resultados? Tampoco están funcionando y
Foto:Especial
Schellenberg. Favoritismo
24 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

lo saben en Gobernación, en el Cisen y en
la embajada, pero no pasa nada”, indica la
fuente y añade que funcionarios del gobier-
no mexicano le han confiado que Oasis está
“funcionando parcialmente”.
En cuanto a sistemas y tecnología,
apartado con el que la embajada de Esta-
dos Unidos favorece a las tres empresas,
este rubro se integra también a los reque-
rimientos de la Plataforma México y a los
del Centro de Control y Comando Nacio-
nal, creado el sexenio pasado y bautizado
como“el búnker”por el entonces presiden-
te Felipe Calderón.
Sarakki es uno de los principales pro-
veedores de la Plataforma México y no tie-
ne empacho en publicitarlo y en dar deta-
lles en la página en internet del Defense
Technical Information Center, dependien-
te del Pentágono: www.dtic.mil/cgi-bin/
GetTRDoc?AD=ADA547202.
El resumen de la lista de los contratos
asignados por Schellenberg a las tres em-
presas en los años fiscales 2011, 2012 y
2013 por conceptos que no se pueden iden-
tificar –razón por la cual la suma de los
montos asignados a las empresas no coin-
ciden con las aportaciones monetarias (en
sistema y equipo) que recibieron las de-
pendencias mexicanas– es así:
Año fiscal 2011: Alutiiq, 37 millones 685
mil 442 dólares; ANS, 23 millones 967 mil
913 dólares; Sarakki, 3 millones 408 mil 251
dólares; PGR, 9.5 millones de dólares; INM,
14.5 millones de dólares; Secretaría de Sa-
lud, 17.2 millones de dólares; Plataforma
México, 2.5 millones de dólares, y Secreta-
ría de Comunicaciones y Transporte (SCT),
18.7 millones de dólares.
Año fiscal 2012, con más claridad en la
asignación de conceptos: Alutiiq, 8 millo-
nes 12 mil 645 dólares; ANS, 23 millones
403 mil 246 dólares; Sarakki, 2 millones 578
mil 204 dólares; PGR, 6 millones de dólares;
INM, 10.2 millones de dólares; SCT, 800 mil
dólares y Cisen, 16.2 millones de dólares.
Año fiscal 2013, primero del sexenio
de Enrique Peña Nieto: Alutiiq, 13 millo-
nes 561 mil 173 dólares; ANS, 434 mil 861
dólares; INM, 700 mil dólares, y Cisen, 3.5
millones de dólares.
En este trienio fiscal las empresas más
beneficiadas por la asignación de contra-
tos fueron Alutiiq, con 59.1 millones de
dólares; ANS, con 47.7 millones de dóla-
res, y Sarakki, con 6 millones.
En cuanto a la recepción de fondos de
las dependencias mexicanas, el INM ocu-
pa el primer lugar con 25.4 millones de dó-
lares, sigue el Cisen con 19.7 millones, lue-
go la SCT con 19.5 millones y al final la PGR,
con 15.5 millones de dólares.
Empresas consentidas
Según las leyes estadunidenses, las em-
presas 8(a) están protegidas y los contra-
tos que obtienen son a “precio fijo y sin
competir”.
Además pueden realizar “talleres” con
el gobierno de México para modificar el al-
cance de sus proyectos sin tener que dis-
minuir el costo de los mismos. Como mu-
chos de los funcionarios del gobierno de
México no están familiarizados con su tec-
nología, se quedan con la percepción de
que están modificando tipos de funciona-
lidad cuando en realidad le están quitando
funcionalidad a los proyectos.
Una de las fuentes consultadas asegu-
ra que fue testigo de un incidente: “En una
ocasión, cuando se anunció la asignación
de un contrato, un alto funcionario del go-
bierno de México se puso muy contento.
Se compró un departamento en Acapulco
y un BMW del año. Pero como hubo una
denuncia por el mecanismo de la asigna-
ción del contrato, éste se vino abajo y el
funcionario se vio obligado a devolver el
departamento y el automóvil. Este caso lo
conocen muchos funcionarios en la em-
bajada de Estados Unidos en México”.
–¿Quién fue ese funcionario? –se le
pregunta a la fuente.
–No se lo puedo decir porque descu-
brirían mi identidad.
La misma fuente sostiene que por la
generosidad con la que asigna contratos
a Alutiiq, ANS y Sarakki, Schellenberg se
ha hecho merecedor de varios “regalos”de
parte de los dueños de esas compañías. La
fuente añade que el funcionario de la em-
bajada estadunidense ha viajado a todo
lujo por Alaska, estado en el cual viven in-
dios con intereses en ANS.
Otro detalle que revelan las fuentes es
que gracias a los buenos oficios de Sche-
llenberg, en 2007 el Departamento de Es-
tado le otorgó a ANS el premio Contratista
Destacado del Año.
En respuesta a ciertas denuncias he-
chas al Departamento de Estado sobre el
favoritismo aplicado por Schellenberg pa-
ra asignar contratos asociados con la Ini-
ciativa Mérida, el año pasado el inspector
general de esa dependencia llevó a cabo
una investigación que no arrojó ningún
resultado.
Si la conclusión del inspector general
del Departamento de Estado avala el tra-
bajo de Schellenberg, entonces las fallas
recaen en los funcionarios y dependen-
cias de México, receptores de los progra-
mas financiados por la Iniciativa Mérida.
Hasta el 30 de noviembre de 2012, úl-
timo día de la Presidencia de Calderón, el
gobierno de Estados Unidos había aporta-
do unos mil 100 millones de dólares para
financiar la Iniciativa Mérida. El pasado 4
de febrero el presidente Barack Obama so-
licito al Congreso 80 millones de dólares
para seguir aplicando ese mecanismo de
cooperación bilateral para combatir al tra-
siego de drogas.
NARCOTRÁFICO
1949 / 9 DE MARZO DE 2014 25

L
a acusación de que Oceanogra-
fía defraudó a Citigroup por 360
millones de dólares derivó en
una investigación de lavado de
dinero por parte del gobierno
mexicano que se extiende más
allá de la empresa favorita del panismo y
una de las principales proveedoras de Pe-
tróleos Mexicanos.
Gasolineras, cajas de ahorro, financie-
ras, inmobiliarias, casinos y hasta un banco
relativamente nuevo, Consultoría Interna-
cional (CIBanco), podrían ser parte de una
estructura financiera fraudulenta en torno
a Oceanografía. Todas esas empresas están
ligadas por un hombre: Martín DíazÁlvarez,
sobrino de Francisco Gil Díaz, secretario de
Hacienda durante el sexenio foxista.
El 16 de diciembre de 2013 la Procura-
duría General de la República abrió el acta
circunstanciada PGR/SIEDO/AC/UEIORPI-
FAM/74/2013 y solicitó a la Unidad de Inte-
ligencia Financiera –que encabeza Alberto
Bazbaz– y a la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores todos los movimientos fi-
nancieros realizados por Díaz Álvarez de
2005 a la fecha.
Proceso reveló en su número 1934 que
el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía en
la mira a Oceanografía: “Abrió una inves-
tigación confidencial en contra de Mario
La investigación emprendida por la PGR contra la em-
presa favorita del panismo implica al crimen organiza-
do, a los hijos de Marta Sahagún y a los exsecretarios
Francisco Gil Díaz y Dioniso Pérez Jácome, entre otros,
en una red que se tejió durante más de 12 años. La po-
dredumbre que ahora se confirma incluye lavado de di-
nero,fraudesalfiscoyhastacreacióndebancosamodo.
Muestra también la manera en que el sistema político ha
bendecido a sus empresarios cómplices.
JESUSA CERVANTES
Foto:Especial
El caso Oceanografía
salpicaa muchos...
Amado Yáñez
26 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

212096334 proceso-1949-pdf

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