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Índice
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semanario de información y análisis
No. 1953 • 6 de abril de 2014
JUSTICIA
32 Lluvia de amparos contra los abusos del gobierno
capitalino /Arturo Rodríguez García
ANÁLISIS
36 Mesa puesta /Denise Dresser
37 Despedida /Naranjo
38 INE: Consejo partidizado /Jesús Cantú
39 México prostituido /John M. Ackerman
41 Mirando al sur /Olga Pellicer
42 Los “ninis” de la SEP /Axel Didriksson
INTERNACIONAL
44 FRANCIA: Ultraderecha: Nueva imagen,
mismos principios /Anne Marie Mergier
49 BÉLGICA: Europa expulsa... a europeos
/Marco Appel
Foto portada: Archivo Procesofoto
NARCOTRÁFICO
6 El caso Buendía, ligado al de Kiki Camarena
/J. Jesús Esquivel
10 Michoacán: Las autodefensas, en vías
de emancipación /José Gil Olmos
14 Manzanillo, más caliente que nunca
17 En Tamaulipas, violenta recaída
POLÍTICA /PAN
20 El desastre que viene... /Álvaro Delgado
24 Salvador Nava: El hombre que doblegó al PRI
/Alejandro Caballero
TELECOMUNICACIONES
26 Foros pantalla y vasallaje denigrante
/Jenaro Villamil
322010

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AÑO 37, No. 1953, 6 DE ABRIL DE 2014
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51 ARGENTINA: México le tiende una mano
/Francisco Olaso
CORRUPCIÓN
54 Fundación para las Letras Mexicanas: Vividores
en nombre de Paz /Carlos Acosta Córdova
CULTURA
58 “Mi papá llorando me perdonó”: Helena Paz
/Armando Ponce
62 Los medios electrónicos y el lenguaje de
los jóvenes /Alejandro Alvarado
65 Páginas de crítica
Arte: Restructurar la planeación museística
/Blanca González Rosas
Música: 150 años de Ricardo Castro
/Mauricio Rábago Palafox
Teatro: Homenaje a Luisa Josefina Hernández
/Estela Leñero Franco
Cine: Renoir /Javier Betancourt
ESPECTÁCULOS
68 Críticas y homenajes a La Doña por el
centenario de su nacimiento
/Columba Vértiz de la Fuente
DEPORTES
72 Otro golpe bajo de Televisa contra la competencia
/Beatriz Pereyra
76 La paradoja de Hoeness: Corrupto pero querido
/Yetlaneci Alcaraz
78 Palabra de Lector
82 Mono Sapiens /¡A sacársela de nuevo...!
(La foto) /Helguera y Hernández
54 76
51
68

El caso
Buendía,ligado al de “Kiki” Camarena
J. JESÚS ESQUIVEL
W
ASHINGTON.- La Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA),
varios políticos mexicanos,
un traficante alemán de
armas y el asesinato del
periodista Manuel Buen-
ArchivoProcesofoto
día forman parte de una trama que, de
una u otra manera, involucra también al
Cártel de Guadalajara, el cual dirigía en
los años ochenta Rafael Caro Quintero, de
acuerdo con un expediente del gobierno
de Estados Unidos elaborado por su De-
partamento de Justicia y clasificado como
de máximo secreto.
Fechado el 13 de febrero de 1990, el do-
cumento –con una etiqueta en la cual se es-
tampó el sello de “top secret”– contiene las
declaraciones del ciudadano estaduniden-
seVictor Lawrence Harrison, subcontratista
y operador de la CIA en México,quien en los
ochenta colaboraba con el Cártel de Guada-
lajara, con la desaparecida Dirección Fede-
6 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014

Un documento estadunidense clasificado “top secret”, que forma parte de la Ope-
ración Leyenda –investigación del asesinato del agente de la DEA Enrique Camare-
na– saca a la luz una serie de nombres y hechos que pudieron haber desembocado
en el homicidio en 1984 del periodista mexicano Manuel Buendía, un verdadero
thriller aún en espera de desenlace. Se habla ahí de las familias jaliscienses Lea-
ño y Aviña, del general Vinicio Santoyo y de Manuel Bartlett –actual senador por
el PT–, y se mencionan especialmente los vínculos de la CIA con el traficante de
armas Gerhard Mertins, con la llamada Contra nicaragüense y con la ultraderecha
mexicana. Pero el denominador común, la punta al final de todos los hilos, es el
Cártel de Guadalajara, dirigido entonces por Rafael Caro Quintero.
ral de Seguridad (DFS) y con la propia agen-
cia estadunidense de espionaje.
“Entre 1981 y 1984, Buendía Téllez Gi-
rón (sic) recibió información de parte de
otro periodista de apellido Velasco, de que
enVeracruz, guerrillas guatemaltecas esta-
ban siendo entrenadas en un rancho que
pertenecía a Rafael Caro Quintero”, se lee
en uno de los párrafos de la primera de
cuatro páginas del expediente.
“Las operaciones/entrenamiento en el
campo (rancho) eran dirigidas por la CIA,
utilizando a la DFS para encubrirse”, su-
braya el documento, copia del cual tiene
Proceso. Las declaraciones de Harrison
fueron hechas el 9 de febrero de 1990 a los
agentes de la Administración Antidrogas
(DEA) de Estados Unidos Héctor Berrellez
y Wayne Schmidt.
En el expediente el nombre del decla-
rante (Harrison) está tachado para prote-
ger su identidad.
Lo identifica Berrellez que, en entrevis-
ta, explica: “Harrison era un operador de la
ÁngelesTorrejón/Imagenlatina
Bartlett. Presencia recurrente
NARCOTRÁFICO
1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 7

CIA, lo sacamos de México y lo regresamos
a Estados Unidos para que cooperara con
la DEA en la investigación del homicidio de
Enrique Kiki Camarena (en Guadalajara el 9
de febrero de 1985)”.
El documento “top secret”es parte de la
investigación del caso Camarena –la Ope-
ración Leyenda– de la cual Berrellez era su-
pervisor cuando la DEA llevó a Harrison a
Estados Unidos.
Berrellez sostiene que el Departamento
de Justicia de Estados Unidos clasificó co-
mo “top secret”ese expediente y otros cen-
tenares más (recopilados en el transcurso
de la Operación Leyenda) y los archivó co-
mo “riesgosos para la seguridad nacional”
porque en ellos se menciona el involucra-
miento de la CIA con el narcotráfico mexi-
cano, con las guerrillas centroamericanas
y políticos mexicanos que colaboraban con
los capos Rafael Caro Quintero y Ernesto
Fonseca Carrillo, entre otros.
Delainformaciónrecopiladaeneldocu-
mento cabe destacar la mención del nom-
bre del periodista mexicano a quien, según
Berrellez,“asesinó la CIA” (Proceso 1929).
El homicidio de Buendía sigue envuelto
en una nube de dudas, mitos, teorías y mis-
terios. Es un verdadero thriller. Nunca se ha
tenido certeza de quién o quiénes ordena-
ron la eliminación del columnista, mucho
de cuyo trabajo exhibía las andanzas de los
agentes de la CIA en México.
El asesinato
Manuel Buendía, autor de Red privada, la
columna periodística que publicaban dia-
rios de todo el país, fue victimado el miér-
coles 30 de mayo de 1984 por un individuo
que le disparó a quemarropa cuatro tiros
calibre .38 cuando el periodista acababa
de salir de su oficina, en la avenida Insur-
gentes de la Ciudad de México.
Según el recuento del homicidio hecho
por este semanario (Proceso 396), el indi-
viduo que atacó a Buendía estaba al ace-
cho; mientras el periodista esperaba su au-
tomóvil afuera del estacionamiento,el ase-
sino se le acercó por la espalda, lo jaló de la
gabardina y le disparó.
En referencia al asesinato de Buendía,
Harrison le dijo a Berrellez y Schmidt que
este caso podría estar ligado al descu-
brimiento que hizo el periodista Velasco
sobre el triángulo criminal CIA-Contras-
narcotráfico.
“El reportero de Veracruz, Velasco, an-
tes de que lo asesinaran en 1985 estaba
presuntamente descubriendo la informa-
ción de que la CIA estaba usando a la DFS
como un frente para operar las pistas clan-
destinas donde los aviones cargados con
armas paraban a reabastecer combusti-
ble para luego llevar el armamento a Hon-
duras y Nicaragua”, se destaca en el docu-
mento “top secret”.
En su libro La CIA en México, Buendía
desmenuzó el sigiloso y secreto sistema de
operación de organizaciones fascistas co-
mo Los Tecos de la Universidad Autónoma
de Guadalajara o el Opus Dei,además de re-
lacionar a la agencia estadunidense de es-
pionaje con la ultraderecha mexicana.
El asesinato del periodista se catalogó
como un ajuste político de cuentas y nun-
ca se dejó de mencionar entre los sospe-
chosos a José Antonio Zorrilla Pérez, exti-
tular de la DFS, quien durante la presiden-
cia de Miguel de la Madrid dependía de la
Secretaría de Gobernación, a cargo enton-
ces de Manuel Bartlett Díaz.
En junio de 1985 (Proceso 448) una fuen-
te de la oficina de la DEA en México le di-
jo al reportero Fernando Ortega Pizarro que
la conexión de Buendía con Zorrilla era una
“relación que no debía descartar”como par-
te de la investigación del caso.
En junio de 1989 Zorrilla fue detenido
como presunto autor intelectual del asesi-
nato del periodista.
Al de participación en el homicidio, la
Procuraduría General de Justicia del Dis-
trito Federal (PGJDF) agregó contra Zorrilla
los cargos de acopio de armas, portación
de armas, ejercicio indebido del servicio
público, abuso de autoridad e introducción
clandestina al país de armas y municiones
(Proceso 659).
Días después de que a Zorrilla se le de-
clarara auto de formal prisión por su rela-
ción con el asesinato de Buendía, y entre
confusiones y contradicciones en la inves-
tigación, la misma PGJDF se vio inmersa en
una controversia.
Originalmente había señalado a José
Luis Ochoa Alonso, El Chocorrol, como au-
tor material del homicidio, pero el fiscal
especial para el caso, Miguel Ángel García
Rodríguez, informó en julio de 1989 que
quien disparó contra Buendía fue Juan Ra-
fael Moro Ávila (Proceso 661). García Rodrí-
guez añadió que en el asesinato participa-
ron como autor intelectual Zorrilla Pérez y
como coautores Juventino Prado Hurtado,
Raúl Pérez Carmona y Sofía Naya Suárez.
El 10 de septiembre del año pasado,
por decreto de la juez de Ejecución de San-
ciones delTribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, Belem Bolaños Martínez
(Proceso 1924), se le concedió a Zorrilla el
arresto domiciliario.
El fallo de la juez se sustentó en “el es-
tado precario” de salud de Zorrilla Pérez,
de 71 años, quien cumpliría en su casa los
cinco años que le restan de condena. Su
sentencia original fue de 35 años de cár-
cel, pero en 1989 se le redujo a 29.
“Buendía llevo a cabo una investigación
sobre la colusión que existía entre Manuel
Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación,
con Miguel Aldana Ibarra, excomandante
de la Policía Judicial Federal,y Manuel Ibarra
Herrera, exdirector de la DFS, quienes eran
consortes de los narcotraficantes”, expone
el documento.
La información clasificada y archiva-
da bajo el estatuto de la protección a la se-
guridad nacional de Estados Unidos ha-
ce otra referencia a Bartlett Díaz cuando
aborda nuevamente el caso del asesinato
de Buendía.
El documento explica “que colegas” de
Buendía, a quienes no identifica por nom-
bre, fueron contactados por agentes en-
viados por Edward Heath, entonces jefe
de la DEA en México.
Los agentes de la DEA “físicamente” le
enseñaron a los colegas de Buendía un do-
cumento que la DFS sacó de la oficina del
columnista el día de su asesinato. “No hu-
bo una explicación por parte de los agen-
tes de la DEA sobre la forma en que obtu-
vieron el documento... los colegas de Buen-
día Téllez Girón dijeron que el documento
era genuino”, se destaca en el expediente
que en el siguiente párrafo establece: “Los
ArchivoProcesofoto
Zorrilla Pérez. Presunto autor intelectual
8 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014

colegas de Buendía Téllez Girón hicieron
la observación de que al documento se le
había agregado información implicando a
Bartlett Díaz con el tráfico de armas de la
CIA y con los narcotraficantes”.
“Contras” y guerrillas
Respecto a los otros asuntos, el documen-
to clasificado dice: “Harrison reportó que
representantes de la DFS, quienes eran
los encubridores y frente (de la CIA) para
el campo de entrenamiento, operaban en
colaboración directa con los capos del nar-
cotráfico para garantizar el flujo de drogas
por México para que pudieran llegar a los
Estados Unidos”.
Harrison contó a los dos agentes de la
DEA que la CIA, por conducto del entonces
famoso traficante alemán de armas Ger-
hard Mertins, metía armas a México pa-
ra desde ahí enviarlas a la Contra nicara-
güense, amén de entrenar a guerrilleros
en Veracruz.
Para cubrir el costo de las armas que
la CIA le compraba a Mertins, las avione-
tas que enviaba a Centroamérica con el
armamento regresaban a México carga-
das de cocaína colombiana que luego ven-
día al Cártel de Guadalajara. Berrellez afir-
ma que Harrison les insistió en el hecho
de que la CIA ayudaba al Cártel de Guada-
lajara a meter la cocaína y otras drogas a
Estados Unidos, lo cual facilitaba el trasie-
go de narcóticos.
“Los pilotos de estos aviones (operados
por la CIA) cargaban cocaína en Barranqui-
lla, Colombia, para enviarla a Miami, Flori-
da. Para reabastecer combustible los avio-
nes paraban en México en pistas clandes-
tinas del narcotráfico operadas y manteni-
das por la CIA”, sostiene el documento.
Sin un orden cronológico de los acon-
tecimientos, Harrison reveló a la DEA que
Mertins trabajaba para la “familia Leaño”,
los fundadores de la Universidad Autóno-
ma de Guadalajara.
“La familia Leaño presuntamente con-
trola una vasta y extensa plantación de
mariguana en el área de Jalisco”, matiza el
documento elaborado por Berrellez y Sch-
midt con las declaraciones que les hizo el
exoperador de la CIA en México.
Entre otros personajes del mundo de la
política, los negocios y del Ejército de Mé-
xico, en el documento destacan los nom-
bres de Rubén Zuno Arce, Manuel Bartlett
Díaz, de los hermanos priistas jaliscienses
Juan y Eduardo Aviña Bátiz, del general Vi-
nicio Santoyo Feria y del abogado Everar-
do Rojas Contreras.
Berrellez reconoce que lo que les decla-
ró Harrison eran rumores que ya había re-
copilado la DEA durante la investigación
del homicidio de Camarena. El exagente de
la DEA recuerda que para tener garantías
de veracidad de lo que les declaró Harrison
lo enviaron aWashington para interrogarlo
con un polígrafo. “Durante tres días conse-
cutivos fue sometido a las pruebas del polí-
grafo y pasó todas”, dice Berrellez.
A su regreso a Los Ángeles, donde esta-
ba el cuartel general de Operación Leyen-
da, Harrison volvió a ser sometido a varias
pruebas.
Berrellez relata que para hacerle más
pruebas a Harrison solicitó el apoyo del
FBI para analizar la identidad del exopera-
dor de la CIA en México por conducto del
Centro Nacional de Información Criminal
(NCIC, por sus siglas en inglés).
“Le tomaron las huellas digitales y
cuando le preguntaron su nombre dijo que
la CIA le había cambiado el nombre. Nos
aseguró que el nombre que le dio la CIA
fue el de George Marshall Davis, pero que
también era Victor Lawrence Harrison”,
cuenta Berrellez.
A Harrison la DEA le advirtió que si
mentía y lo comprobaba el NCIC, sería
sentenciado a cinco años de cárcel.
“La NCIC comprobó que el individuo
era Harrison y al mismo tiempo Davis. La
CIA hizo con él un gran trabajo”, matiza el
exsupervisor de Operación Leyenda.
Al generalVinicio Santoyo Feria, enton-
ces jefe de la Quinta Zona Militar en Gua-
dalajara, el expediente lo señala por su
presunta relación con los capos del Cártel
de Guadalajara que reemplazaron a Caro
Quintero y a Fonseca.
“Everardo Rojas Contreras es un aboga-
do que hizo un extenso trabajo legal para
Caro Quintero y Fonseca Carrillo. En los úl-
timos tres años Rojas Contreras ha fungi-
do como asistente del general Vinicio San-
toyo Feria para la administración y compra
de propiedades con grandes sumas de di-
nero, cuyo origen es inexplicable”, indica el
documento.
Una de las propiedades que este abo-
gado adquirió para el general Santoyo, se-
gún el documento, es un rancho en Puer-
to Vallarta junto a una propiedad que per-
tenecía al cantante Víctor Yturbe, El Pirulí,
asesinado en 1987.
Harrison le declaró a los dos agentes de
la DEA que este cantante mexicano, “en el
último año o año y medio (de su vida)” se
había asociado con mafiosos del área de
Puerto Vallarta.
“El rancho adquirido para Santoyo Feria
costo 600 mil dólares, dinero que represen-
ta una porción del que Santoyo Feria extor-
sionó a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Ma-
nuel Salcido Uzeta, Cochiloco, cuando fue-
ron arrestados el 7 de noviembre de 1988
en Guadalajara por elementos que coman-
da el general”, remata el documento.
NARCOTRÁFICO
1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 9

10 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014
JOSÉ GIL OLMOS
T
ras un año de arriesgarse al en-
frentar y expulsar a Los Caballe-
ros Templarios de 14 municipios
de Tierra Caliente, Costa y Me-
seta Purépecha, los grupos de
autodefensa de Michoacán son
ahora amenazados por el gobierno de En-
rique Peña Nieto, que pretende obligarlos
a dejar las armas con las cuales hicieron
el trabajo no realizado en 12 años por las
administraciones estatales y federales del
PRD, del PAN y del PRI.
El anuncio enardeció a las autodefen-
sas, que en voz del doctor José Manuel Mi-
reles rechazaron desarmarse. El artículo
10 de la Constitución, argumentan, le da
el derecho a todo mexicano de poseer un
arma para su defensa. El vocero de las au-
todefensas de Tepalcatepec pidió el apo-
yo de las poblaciones para impedir que les
quiten las armas.
El jueves 3 el comisionado para la se-
guridad y el desarrollo integral de Michoa-
cán, Alfredo Castillo, anunció en Morelia
que en las próximas semanas se inicia-
rá el desarme de las autodefensas y ad-
virtió que, al concluir este proceso, quien
sea encontrado en posesión de armas será
detenido.
Dijo que ya no hay razones para que
las autodefensas sigan armadas ni para
las barricadas en las entradas de algunas
comunidades y municipios, porque el Es-
tado mexicano recuperó los territorios y la
seguridad en Michoacán.
Horas más tarde, en la noche del jue-
ves 3 se reportaron enfrentamientos en
Sahuayo y Jiquilpan entre delincuentes,
por un lado, y autodefensas y policías fe-
derales que presuntamente tenían acorra-
lado a Servando Gómez Martínez, La Tuta,
dirigente de Los Caballeros Templarios.
Las amenazas de desarme agraviaron
a las autodefensas. Son ellas, afirman sus
dirigentes, las que han hecho todo el tra-
bajo al enfrentar a Los Caballeros Tem-
plarios y darles a las fuerzas armadas los
datos de ubicación de líderes como Naza-
rio Moreno, Enrique Placarte y La Tuta, sin
que sea reconocida su tarea.
Al conocer las declaraciones del co-
misionado, de gira en el municipio de
Coahuayana, Mireles rechazó el desarme
y pidió unidad a la población: “Que el go-
bierno nos vea unidos, porque si el mis-
mo gobierno nos ve desunidos jamás nos
va a ayudar, jamás nos va a brindar nin-
gún apoyo, y siempre, siempre, siempre va
a procurar desarmarnos. Pero si ve que el
pueblo está unido y protege a sus comuni-
tarios, jamás nos va a desarmar”.
Recordó que ante las amenazas de
desarme ya ha habido reacciones vio-
lentas, como ocurrió en febrero en la te-
nencia de Antúnez, donde la población
impidió que los soldados los desarma-
ran y hubo un enfrentamiento en el cual
murieron cuatro personas, dos de ellas
autodefensas.
“Cuando el gobierno nos quiere desar-
mar (...) el pueblo se une y viene a apo-
yarnos; entonces nos regresa las armas.
(...) Mantengámonos unidos para tener el
apoyo, ese que viene del gobierno fede-
ral, pero lo más importante: si nos man-
tenemos unidos vamos a sobrevivir las
familias completas que aún quedamos,
porque acuérdense que a muchos de no-
sotros ya nos acabaron.”
Advirtió que no está de acuerdo en
que la policía de mando único o la gen-
Las autodefensas, en vías de
emancipación
MiguelDimayuga

NARCOTRÁFICO
1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 11
El problema de las autodefensas sigue escapándose
a la órbita inepta del Estado peñanietista. Ahora, el
comisionado federal para Michoacán, Alfredo Casti-
llo, advierte que deben dejar las armas de inmediato,
pero aquellas se niegan escudándose en el artículo 10
constitucional. Alegan que, de no ser por su apoyo, las
fuerzas federales no hubieran acabado con Kike Plan-
carte y con Nazario Moreno El Chayo. Un especialista
añade otro elemento de preocupación: si no se respeta
a esos grupos surgidos de un reclamo popular,podrían
cambiar su rostro por uno declaradamente paramilitar.
darmería nacional tomen en sus manos la
seguridad de su pueblo,Tepalcatepec, por-
que no conocen la geografía, la gente ni a
los delincuentes.
“Nunca debemos aceptar el famoso
mando único.Ya estamos grandes, ya abri-
mos los ojos, ya pensamos, ya decidimos
nosotros”, sostuvo y señaló que los únicos
que deben decidir quién es su gobernan-
te y su policía son los coordinadores de las
autodefensas y los consejos ciudadanos.
Antes, en Aquila, Mireles defendió el
derecho constitucional de portar armas
para la defensa legítima: “El artículo 10
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos dice que todo mexica-
no tiene derecho de poseer un arma para
su legítima defensa; en ninguna parte de
la Constitución dice el calibre del arma.
“Después vienen las leyes. Según la de
Armas de Fuego y Explosivos, las armas
buenas sólo las puede utilizar el Ejército.
O sea que al pueblo nada más le quedan
para defenderse las resorteras, las guada-
ñas y los machetes; eso es injusto y tam-
bién es parte del porqué nos levantamos
en armas.”
Diferencias peligrosas
La voz de Mireles chocó con las declara-
ciones del comisionado federal. Según
Salvador Maldonado Aranda, investiga-
dor de El Colegio de Michoacán, estas di-
ferencias entre autodefensas y gobierno
podrían traerle una nueva crisis de segu-
ridad al estado.
Estudioso de la región de Tierra Ca-
liente desde hace más de una década,
Maldonado señala en entrevista que el
convenio firmado a principios de año en-
tre Castillo y los líderes de las autodefen-
sas fue para dar certidumbre a la relación
entre las partes y además que el desar-
me se preveía una vez que se atendieran
las demandas de aprehender a los líderes
templarios.
“Pero con el transcurso del tiempo es-
tos acuerdos han perdido actualidad por
diferentes acontecimientos, como los pro-
blemas en Tepalcatepec, la aprehensión
de Hipólito Mora, el accidente de Mireles...
Lo que veo es que estamos en un momen-
to ambiguo, lleno de tensión y de incerti-
dumbre sobre cuáles van a ser los nuevos
canales de interlocución entre estos nue-
vos actores, y si va a haberlos.”
Observa que por lo menos en estos
momentos de tensión hay un alejamiento
en términos prácticos entre el equipo del
comisionado y las autodefensas, las cua-
les se han fraccionado al menos en dos
NARCOTRÁFICO
OctavioGómez
Especial
Mireles y Castillo. Confrontación

12 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014
corrientes: las ligadas a Mireles y las que
apoyan a Castillo.
Al respecto Mireles reconoció en en-
trevista radiofónica con Carmen Aristegui
que hay tres líderes de autodefensas que
colaboran con Castillo; los otros 34 de la
Coordinación de Consejeros de los Grupos
de Autodefensas y Policías Comunitarios
no han sido tomados en cuenta.
“Creo que esta es la situación más
tensa, porque no se sabe muy bien si se
van a dar más acercamientos o se van a
romper definitivamente las relaciones”,
indica Maldonado y advierte que a las au-
todefensas no se les puede desarmar de
un plumazo, como pretende el gobierno
peñista, pues no se ha valorado su impor-
tancia para combatir al crimen organiza-
do y dar gobernabilidad a Michoacán.
“Más allá de si surgieron en un momen-
to, con o sin apoyo gubernamental o de
grandes intereses empresariales, sí fueron
grupos que contribuyeron a abrir un espacio
de discusión para atender el tema de la vio-
lencia; este tipo de iniciativas han sido desa-
provechadas políticamente o no han sido
valoradas políticamente, de tal forma que
ha llegado este rompimiento o alejamiento.
“Sin esta interlocución me parece que
se nos sitúa en un dilema grave: cómo
se van a tener que dar las relaciones, los
acuerdos, entre qué tipo de actores se van
a generar alianzas para seguir aminorando
un problema de violencia e ir generando
una mayor certidumbre de gobernabilidad.
Ese es el problema.
“Si hay un alejamiento práctico del go-
bierno federal con las autodefensas se co-
rre el riesgo de que toda la fuerza política
que se tenía desde un principio va a es-
tar en entredicho. Si hay alejamiento no
sé con quién o con qué otros actores polí-
ticos puede estar jugando el gobierno fe-
deral para contribuir a la pacificación o
a generar mayor certidumbre de gober-
nabilidad”, advierte el doctor en ciencias
antropológicas por la Universidad Autó-
noma Metropolitana.
Riesgos de mutación
A contracorriente de la opinión de Castillo
–que las autodefensas ya no tienen razón
de ser–, dice que pueden ser un interlo-
cutor importante siempre y cuando se es-
tablezcan nuevos acuerdos para revisar
el tema de la infiltración y la labor hecha
para limpiar territorios antes controlados
por la delincuencia.
Precisa que el gobierno federal debe-
ría establecer una estrategia de largo pla-
zo para dar certidumbre a la población y
no esperar a que lleguen las autodefen-
sas, limpien la zona y al mes nuevamente
exista el problema.
“Ese tipo de cosas se tiene que garan-
tizar no sólo con las autodefensas, sino
por el gobierno federal. Creo que ahí está
el punto central: si se desaprovecha esta
capacidad, esta fuerza política con la que
nació la demanda social de las autodefen-
sas, este tipo de proyectos corre el riesgo
de descarrilarse, y eso va a ser lamenta-
ble pues podemos regresar a la situación
de hace un año, en la cual no hay forma de
acercamiento ni negociación entre los ac-
tores que puedan contribuir con más ele-
mentos para la seguridad.”
Aún peor, asevera, si el gobierno fe-
deral no actúa con precaución y quiere
desaparecer a las autodefensas podrían
ocurrir fenómenos como en Perú o Colom-
bia, donde grupos similares terminaron
siendo un problema para la gobernabili-
dad y la seguridad.
“Ese es un dilema que también experi-
mentaron otros grupos de América Latina,
como los Comités de Defensa Civil de Perú
y en cierta forma los Grupos de Autode-
fensa o paramilitares en Colombia; tuvie-
ron que llegar a un punto de negociación
para saber qué se iba a hacer con ellos.
“De este tipo de experiencias debe-
mos estar alerta en el futuro, porque las
autodefensas en Michoacán pueden con-
vertirse en formas localizadas de protec-
ción armada de ciertos intereses. Es casi
imposible que el gobierno, a estas altu-
ras, pueda desarmar completamente a las
autodefensas.
“Mireles está haciendo recorridos en
varios municipios; estuvo en la costa y
está estableciendo una serie de diálogos
con otro tipo de autodefensas. Las autode-
fensas no se pueden borrar de un pluma-
zo y hay que entender que se deben hacer
estos acercamientos por el bien del estado
y de la población.”
No obstante acota que las autode-
fensas michoacanas son distintas de
las peruanas o colombianas, grupos for-
mados por militares y subvenciona-
dos por el gobierno con intenciones de
contrainsurgencia.
“Hasta ahora sigo manteniendo que
estos grupos de autodefensa, sobre todo
deTierra Caliente, nacieron con un impul-
so popular y con dos demandas: seguri-
dad y justicia.”
Si se mantiene el alejamiento con el
gobierno, añade, y se les desaparece, se
corre el riesgo de que en el mediano plazo
las autodefensas adquieran otra fisono-
mía y de que se incrementen otros proble-
mas, porque ya no serían un peligro sólo
los grupos del crimen organizado, sino
también los que se crearon para combatir-
lo y ahora han sido considerados ilegales.
Sostiene que no cree que estos grupos
vayan a dejar las armas aun cuando pasen
a la clandestinidad, y en un contexto polí-
tico adverso para ellos, pueden tejer alian-
zas con otro tipo de actores.
–¿Riesgos de insurgencia social o de
que podrían relacionarse con bandas
criminales?
–Creo que hay múltiples escenarios en
los cuales estos grupos se pueden reha-
cer, pueden fortalecerse, como parece que
está ocurriendo con varios de los ligados a
Mireles, que vuelven a adquirir una fuer-
za social importante. Pero también podría
derivar en alianzas con grupos ilegales o
de protección privada. Éste es el escena-
rio más peligroso que vislumbro en el cor-
to plazo.
El problema, concluye, es que no se
han tejido mecanismos más efectivos
que den certidumbre en las formas de ge-
nerar seguridad en Michoacán, más allá
de desinflar un movimiento político y
terminar con el crimen organizado.
Propone un plan de seguridad ciuda-
dana, más que pública, donde el centro de
la estrategia sean la sociedad y su bienes-
tar en el largo plazo.
NARCOTRÁFICOEnriqueCastroSánchez/Procesofoto
Tancitaro. Defensa activa

NARCOTRÁFICO
1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 13

14 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014
M
ANZANILLO, COL.- Después de
la muerte en 2010 de Igna-
cio Nacho Coronel Villarreal,
quien controlaba el trasiego
de drogas del Cártel de Si-
naloa a través de este puer-
to, se generó una disputa entre cárteles
del narcotráfico por el control de la plaza
que colocó el año pasado a este municipio
a la cabeza en la cifra de homicidios dolo-
sos en el estado y entre los 40 más violen-
tos del país.
En el mismo periodo, la introducción
por este puerto de precursores químicos
para drogas provenientes de países asiáti-
cos pudo haber desplazado de manera sig-
nificativa el tráfico de cocaína procedente
de Sudamérica, según la tendencia regis-
trada en las cifras oficiales de decomisos
realizados por las autoridades federales.
Apenas unos meses después de su lle-
gada al cargo, durante su participación en
los Encuentros por la Seguridad convoca-
dos en agosto de 2010, el gobernador Ma-
rio Anguiano Moreno atribuyó los brotes
iniciales de violencia en la entidad al inte-
rés de los cárteles por el puerto.
“La problemática de Colima en ma-
teria de seguridad pública –dijo–es tam-
bién un tema de seguridad nacional, dada
la importancia cada vez mayor del movi-
miento de mercancías del puerto/frontera
que es Manzanillo.”
Y aunque señaló que el territorio de
Colima es ruta hacia otros centros de dis-
tribución de narcóticos, también recono-
ció que ya es mercado para el consumo de
drogas debido “al cambio en la operación
del crimen organizado, que desarrolló en
la venta local de estupefacientes uno más
de sus negocios”.
En diciembre de 2012, en el marco de
su tercer informe de gobierno, el manda-
tario dijo que la violencia creciente de ese
año fue generada por la disputa de bandas
de Jalisco y Michoacán por el mercado in-
terno de las drogas, así como por la tras-
cendencia de este destino turístico en la
geopolítica de los enervantes.
El delegado de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), José Guadalupe
Franco Escobar, ubica la operación de dos
grupos criminales en el estado de Colima:
Los CaballerosTemplarios y el Cártel de Ja-
lisco Nueva Generación (CJNG). El primero
es una escisión de La Familia Michoaca-
na y el segundo surgió tras la muerte de
Nacho Coronel a manos de elementos del
Ejército en Zapopan, Jalisco.
Datos de la Procuraduría de Justicia de
Colima confirman la información sobre la
presencia de ambos cárteles en la entidad.
En una comparecencia ante el Congreso
local en enero anterior, el procurador Mar-
cos Santana Montes informó que duran-
te 2013 fueron detenidos en Colima 397
miembros de la delincuencia organizada,
de los que 293 dijeron pertenecer al CJNG
y 104 a Los Caballeros Templarios.
De acuerdo con el funcionario, esa ci-
fra representa un incremento de 203% en
el número de detenciones con relación a
2012, cuando sólo se lograron 131 apre-
hensiones de ese tipo.
Aunque a escala estatal en 2013 se re-
dujo la incidencia de homicidios con res-
pecto al año precedente, en Manzanillo
aumentaron los niveles de violencia en
ese año, con una tasa de 30.7 asesinatos
PGR
AVISO A LOS LECTORES
Los cárteles del narcotráfico continúan imponiendo su ley en prácticamente todo
el país. Proceso asume la política de proteger a sus reporteros y corresponsales
presentando –de manera excepcional— ciertas notas y reportajes relacionados
con el narcotráfico sin su firma. Del contenido de esos trabajos se hace responsa-
ble nuestra casa editorial.

NARCOTRÁFICO
1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 15
De 2010 a la fecha, las organizaciones criminales que
se disputan el control del puerto de Manzanillo –Los
Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración– no sólo intensificaron su presencia; también
cambiaron de giro. De acuerdo con autoridades fede-
rales, la introducción de precursores químicos para la
elaboración de drogas, provenientes de países asiáti-
cos, desplazó al tráfico de cocaína sudamericana. En la
actualidad, este municipio encabeza la lista en el rubro
de homicidios dolosos en Colima.
por cada 100 mil habitantes, muy por en-
cima de la media nacional, que fue de 19.5.
En 2012, la tasa del puerto había sido
de 22.8 ante una media nacional de 17.9,
de acuerdo con datos del Consejo Ciuda-
dano para la Seguridad Pública y Justicia
Penal, A.C.
El diputado local perredista Francis-
co Rodríguez García, miembro de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Congreso
estatal, advierte que frente a la violen-
cia generada en este puerto por la dispu-
ta de grupos del crimen organizado no se
ha instrumentado una estrategia eficaz de
las autoridades para garantizar la seguri-
dad de la población en el municipio.
Manzanillo, subraya, es una sede muy
importante para el conflicto entre los cár-
teles, que “tienen mejores tácticas y mejor
armamento que la policía, porque la plaza
está en disputa, eso nos queda muy claro”.
La irrupción del CJNG
Desde junio de 2011 el CJNG presunta-
mente hizo notar su presencia en Manza-
nillo a través de una manta colocada en
un puente sobre el libramiento de El Na-
ranjo, en la que el grupo presuntamente
se deslindó de una serie de actos violentos
ocurridos en la entidad con el argumento
de que no secuestra ni mata gente inocen-
te, pero sí respeta a las autoridades.
Y advirtió: “tomen en cuenta que si
apoyan a los resistoles o cartel que sea, lla-
mese zetas o familia, los estados de jalisco
y colima se convertirán en otro cd. juarez
o monterrey, de la manera mas atenta les
pedimos que tomen cartas en el asunto”.
Posteriormente han aparecido en el
puerto cartulinas con mensajes atribui-
dos al CJNG, una de ellas en septiembre
de 2013 en la colonia Benito Juárez, donde
la organización decía que iba a limpiar de
“lacras” esa zona de la ciudad y pedía que
se le dejara trabajar.
Manzanillo, más
calienteque nunca
NARCOTRÁFICO

16 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014
A mediados de febrero pasado apare-
ció en esta ciudad el cadáver de un hom-
bre. Atado y con signos de tortura, a su
lado había un narcomensaje en el que su-
puestamente se vertían amenazas con-
tra un grupo criminal. Las autoridades no
dieron a conocer el nombre de la organi-
zación que se atribuyó la autoría.
En los últimos tres años las autoridades
detuvieron en diferentes momentos a tres
presuntos operadores de los cárteles de Ja-
lisco y Michoacán en el puerto de Manzani-
llo.La más reciente fue la captura de Rubén
Oseguera González, El Menchito, a finales de
enero, acusado de formar parte del CJNG y
de coordinar la recepción de drogas y pre-
cursores químicos a través del puerto, aun
cuando no han logrado establecer compli-
cidades de servidores públicos.
En agosto de 2012, elementos de la
PGJE detuvieron a Sergio Yair Árcega
Ochoa, de 28 años, presunto operador de
Los Caballeros Templarios en esta ciudad
colimense, según informó la entonces
procuradora,Yolanda Verduzco Guzmán.
Junto con él fueron arrestados sus com-
pañeros Francisco Javier Arambiz Hueso,
de 21 años, originario de Petatlán, Guerre-
ro, así como Juan Martín Limón Gallardo,
de 29, de San Juan de los Lagos, Jalisco.
Antes, el 27 de mayo de 2010, el titu-
lar de la Capitanía General de Puerto de
Manzanillo, Jorge Castañeda Uscanga, fue
detenido por la Armada de México bajo la
acusación de presuntos vínculos con Is-
mael El Mayo Zambada, uno de los jefes
del Cártel de Sinaloa.
Tras cinco meses de arraigo, Castañe-
da Uscanga quedó en libertad. Pese a que
la PGR le abrió dos averiguaciones previas,
no pudo comprobarle los señalamientos.
En enero de 2011 fue anunciada la cap-
tura de Héctor Alejandro Estrada López, El
Cora, presunto encargado del CJNG en la
plaza de Manzanillo y la zona occidente,
junto con 11 miembros de esa organización.
Como parte del mismo operativo de
la Armada de México, también cayó el di-
rector operativo de Tránsito y Vialidad del
municipio de Manzanillo, Christian Mon-
tero Ibarra, por presunta complicidad con
ese cártel.
Dos años y dos meses después, en
marzo de 2013, Montero Ibarra fue absuel-
to por una juez federal por no haber en-
contrado pruebas de complicidad con el
CJNG, en un caso en el que intervino la
Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, que envió una recomendación a la
Secretaría de Marina (Semar) por torturas,
detención arbitraria y tratos inhumanos.
De acuerdo con el diputado Rodríguez
García, los yerros de las autoridades en las
detenciones han sido producto de la deses-
peración y “evidencian claramente la falta
de labor de inteligencia, de investigaciones
con toda la profundidad y los protocolos de
seguridad para realizar una detención de
esa naturaleza, pues a veces simplemente
se dejan llevar por el pitazo de alguien, sin
haber realizado una investigación previa, y
esto los hace cometer errores”.
Nuevo “modus operandi”
Mientras esto ocurre, las cifras de decomi-
sos de sustancias ilegales en el puerto de
Manzanillo sugieren un cambio en la natu-
raleza del trasiego de drogas por este lugar.
A diferencia de los grandes cargamen-
tos de cocaína detectados en los años no-
venta y en la primera década de este siglo
–en octubre de 2007 fue asegurado aquí
un embarque de 23.5 toneladas de cocaí-
na, considerado el decomiso más grande
de la historia–, en los años recientes dis-
minuyeron los volúmenes descu-
biertos de esta droga y se elevaron
los aseguramientos de precursores
químicos para la elaboración de
drogas sintéticas.
De acuerdo con las cifras de los
decomisos de estas sustancias, en
2009 la cifra sólo ascendió a 5 tone-
ladas en esta localidad; en 2010 se
disparó a 292; al año siguiente bajó
a 267, para 2012 fue de 122, y du-
rante 2013 se incautaron alrededor
de 200, en su gran mayoría prove-
nientes de China o Corea.
Los principales compuestos
decomisados fueron metilami-
na, fenil acetato de etilo, ácido fe-
nil acético y monomethylamine,
entre otros, la mayor parte con
destino final a México, aunque al-
gunos de los cargamentos iban
para Guatemala u otros países de
Centroamérica.
En tanto, durante los últimos cuatro
años bajaron los volúmenes de cocaína
decomisada, con cargamentos esporádi-
cos que oscilaron entre 100 kilogramos y
media tonelada.
Respecto del cambio del tipo de sus-
tancias detectadas en el puerto, el dipu-
tado Rodríguez García estima que este
fenómeno puede tener su explicación en
una tendencia del consumo; esto es, que
los mercados están demandando más
drogas sintéticas y están disminuyendo el
consumo de cocaína.
Aunado a lo anterior, después del ase-
guramiento de 119 mil toneladas de hierro
ilegal en el puerto de Lázaro Cárdenas, Mi-
choacán, el secretario general de Gobierno
de esta última entidad, Jesús Reyna Gar-
cía, declaró que el tráfico de minerales no
sólo se da a través de ese lugar, pues tam-
bién hay indicios de que ello ocurre por el
puerto colimense.
Estas declaraciones fueron rechaza-
das por el gobernador Mario Anguiano
Moreno y el entonces director de la Admi-
nistración Portuaria Integral (API) de Man-
zanillo, Jesús Orozco Alfaro.
El mandatario argumentó que en el
puerto existen sistemas integrales de se-
guridad para revisar todos los movimien-
tos, en tanto que el directivo de la API
señaló que se cumple el protocolo estable-
cido donde participan la aduana, la PGR, la
Semar y la Profepa.
El 13 de marzo se informó extraoficial-
mente que la Semar había intervenido y
clausurado 36 patios mineros del puerto
de Manzanillo. Al día siguiente el gober-
nador desmintió la información y acla-
ró que sólo fue revisada una bodega y se
aseguró madera que se pretendía comer-
cializar de manera ilegal; también fueron
detenidas seis personas y les decomisa-
ron vehículos y armas.
El martes 1,con base en un decreto pre-
sidencial publicado un día antes en el Dia-
rio Oficial de la Federación, la Semar tomó el
control de la administración y de la segu-
ridad del puerto de Manzanillo y de 18 ter-
minales marítimas más en el país.
Como resultado de esta medida, fue
removido Orozco Alfaro. En su lugar que-
dó el vicealmirante Jorge Rubén Bustos Es-
pino. El relevo fue al mediodía del viernes
4. Días antes, el capitán de navío Marceli-
no Tapia Mijares sustituyó en la capitanía
de puerto a Ildefonso Carrillo Mora.
El diputado Rodríguez García advierte:
aunque la intervención de la Semar fue po-
sitiva, debe dar mayor seguridad y certeza
no solamente para evitar el trasiego de dro-
gas, sino para salvar vidas humanas.
También alude al “riesgo visible” de
que la mayor presencia de miembros de la
Armada intensifique los enfrentamientos
armados con la delincuencia organizada.
BenjamínFlores
Anguiano Moreno. Inseguridad creciente

NARCOTRÁFICO
1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 171953 / 6 DE ABRIL DE 2014 17
R
EYNOSA, TAMPS.- Ahora que Ta-
maulipas se ha vuelto a incen-
diar, la gran cantidad de extor-
siones, secuestros y crímenes
contra la población empujan
al estado a una nueva etapa de
caos e inseguridad.
La reciente ola de violencia comen-
zó el 31 de marzo. Ese día, antes de las
14:00 horas, se suscitó un inusitado mo-
vimiento en un acto que presidían Leticia
Salazar, alcaldesa de Matamoros, y su se-
cretario de Desarrollo Social, Luis Alfredo
Biasi. Nerviosos, varios colaboradores su-
bían al estrado para hablarles al oído.
La alcaldesa concluyó intempestiva-
mente la reunión y, sin despedirse, ambos
funcionarios abandonaron el local. Antes
de salir,la escolta de marinos que tienen a
su disposición les colocaron chalecos an-
tibalas. Abordaron camionetas blindadas
y se alejaron del lugar a toda velocidad.
Posteriormente Lety Salazar escribía en
su página de Facebook:
“Me informan que en estos momen-
tos existe situación de riesgo en algunos
puntos de Matamoros, incluyendo algu-
nas calles bloqueadas; les exhorto a to-
mar las debidas precauciones para evitar
cualquier contratiempo que afecte a sus
familias.”
El consulado de Estados Unidos en la
ciudad fronteriza también informó en su
cuenta de Twitter acerca de varios enfren-
tamientos y de carreteras bloqueadas.
La “situación de riesgo” había co-
menzado minutos antes de las 13:30 ho-
ras. Efectivos del Ejército se toparon con
un convoy de camionetas blindadas que
trasladaban a un capo del Cártel del Gol-
fo (CDG). Cuando los militares les marca-
ron el alto, los sicarios dispararon contra
los soldados. El contraataque de éstos fue
neutralizado por el blindaje de los vehícu-
los, que emprendieron la huida.
En ese momento, los mandos del
CDG ordenaron aplicar la estrategia que
tuvo gran éxito en Monterrey para conte-
ner el despliegue de las Fuerzas Armadas:
decenas de jóvenes salieron a las calles
para robar vehículos del transporte urba-
no, camiones pesados y autos con el fin de
bloquear importantes avenidas y permitir
la fuga de las camionetas perseguidas por
los militares. Asimismo arrojaron, en al-
gunas calles seleccionadas previamente,
“estrellas” formadas por clavos para des-
truir las llantas de los automotores que
circularan por ellas.
Un comunicado oficial emitido por el
Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT),
integrado con fuerzas de seguridad esta-
tales y federales, ofreció el siguiente parte:
“Elementos de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional fueron agredidos en la ciudad
de Matamoros por civiles armados que se
desplazaban en vehículos blindados, per-
diendo la vida un soldado y resultando
heridos por lo menos cinco agresores”.
Durante casi dos horas se dieron nar-
cobloqueos y enfrentamientos en diver-
sas áreas de la ciudad. Cerca de las 14:00
horas, en las calles de Valle Real y Valle
La más reciente conflagración en Tamaulipas –causante
de varios muertos, entre civiles y militares– estuvo ca-
racterizada por la aplicación de la estrategia de narco-
bloqueos que organizaron los criminales. Pero más gra-
ves aún son los altos índices de extorsiones y secuestros
en la entidad, fenómenos que se han disparado porque,
de acuerdo con expertos, autoridades tamaulipecas ne-
gocian con los plagiarios los montos que se pedirán a las
familias y se quedan con una parte de los rescates.
En Tamaulipas, violenta
recaída
Especial

18 1953 / 6 DE ABRIL DE 201418 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014
Mónica, del fraccionamiento Valle, los mi-
litares cayeron en una trampa y les mata-
ron a un oficial.
Los criminales usaron como señuelo
una camioneta blanca blindada, a la cual
los integrantes de las fuerzas le ordenaron
detenerse. El conductor emprendió la fuga
y comenzó la persecución.
“Al ingresar a calles del fracciona-
miento Valle Real, los militares fueron
emboscados por civiles armados, perdien-
do la vida uno de los elementos militares”,
precisó el texto oficial.
“En otros sectores de la ciudad, los
soldados del Ejército mexicano fueron
agredidos por civiles armados que se des-
plazaban en otras camionetas blindadas,
logrando lesionar a por lo menos a cinco
de los agresores”,concluyó el comunicado.
Narcobloqueos generalizados
Un día después, hechos similares se pro-
dujeron en Reynosa. La mañana del mar-
tes arribó un avión Hércules con fuerzas
federales que realizaron un operativo
para capturar a Jesús Alejandro Leal Flo-
res, alias El Simple, capo de la facción de
Los Metros del CDG.
Una fuente militar que solicitó el ano-
nimato aseguró que Leal Flores no es jefe
de plaza en Reynosa: “Es un criminal que
tiene su trayectoria y que tiene familiares
que también son criminales de alto rango
dentro del CDG”.
Tras la captura se repitió la estrategia
para enfrentar y estrangular el convoy que
había detenido al mafioso. Los narcoblo-
queos incluyeron carreteras, autopistas
y las principales vías rápidas de la locali-
dad. Los intercambios de fuego se presen-
taron en diversas zonas y duraron varias
horas. Extraoficialmente se reportaron
seis civiles muertos.
Ese mismo día, en CiudadVictoria, fue
ejecutado el agente ministerial Gregorio
Serna en el interior de la Facultad de Co-
mercio de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT). El agente, quien tam-
bién se desempeñaba como intenden-
te en esa institución, recibió un tiro en la
cabeza debido a que se negó a involucrar-
se con Los Zetas, que controlan varias fa-
cultades en el campus Ciudad Victoria de
la UAT.
Por otra parte,entre el lunes 31 de mar-
zo y el martes 1 de abril el Ejército liberó
a 101 centroamericanos y mexicanos que
estaban cautivos en casas de seguridad
del municipio de Miguel Alemán y en Ciu-
dad Victoria.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas
informó que el día 31 se liberó a 75 per-
sonas en un domicilio localizado en la
colonia Del Norte de Miguel Alemán. “El
grupo se integraba con 23 ciudadanos de
El Salvador, 19 de Guatemala, 14 de Hon-
duras, dos de Nicaragua y 17 ciudadanos
mexicanos”.
A su vez, efectivos de la Armada res-
cataron en Ciudad Victoria a 26 centroa-
mericanos que estaban secuestrados en
una casa de seguridad ubicada en el cen-
tro de la localidad. Las personas liberadas
eran originarias de Honduras y Guatema-
la: 21 hombres, cuatro mujeres y un me-
nor de edad.
El secuestro, los levantones y la desa-
parición de personas son el principal pro-
blema de Tamaulipas. Cifras oficiales del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan
que Tamaulipas encabeza la lista de los
estados con más secuestros.
En los dos últimos años las cifras ne-
gras dan cuenta de más de mil secuestros
denunciados ante las autoridades, pero
los “levantones” no entran en las estadís-
ticas oficiales porque en esos casos no se
solicita rescate.
El administrador de la página Valor por
Tamaulipas –los delincuentes ofrecen una
recompensa a quien lo elimine– aseveró
que las autoridades de la entidad están in-
volucradas en el negocio del secuestro.
“Se está haciendo un negocio redondo
entre las autoridades –que deberían estar
buscando a los secuestrados– y las bandas
criminales”, dijo.
“En la mayor parte del estado las nego-
ciaciones entre el crimen organizado y las
autoridades se lleva en dos líneas, la pú-
blica ante la familia y la línea privada di-
recta entre autoridades y secuestradores,
en donde acuerdan montos de rescate de
secuestros”, agregó.
Además, expuso: “Hasta los mismos
delincuentes secuestradores se quejan de
que los negociadores de organismos de
procuración de justicia local y federal se
quedan con un porcentaje alto del monto
NARCOTRÁFICO

NARCOTRÁFICO
1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 19
que acuerdan solicitar a los familiares
de las víctimas”.
Las autoridades de Tamaulipas es-
conden los secuestros debido a que no
quieren que se conozca a las personas
que están en esa situación, ya que la
difusión de sus nombres arruinaría los
acuerdos privados que las mismas au-
toridades tengan con grupos específi-
cos o de secuestros cuya negociación
ellas mismas estén desarrollando, con-
cluyó el administrador.
Para Ioan Grillo, autor del libro El Nar-
co, la crisis de seguridad se agudizó cuan-
do los grupos que controlan el estado,
Los Zetas y el Cártel del Golfo, peleaban
por el control de las principales ciudades.
A partir de 2010 y hasta 2012 hubo
en Tamaulipas un conflicto armado. En
las frecuentes confrontaciones se uti-
lizaban inclusive armamento de grue-
so calibre, granadas y coches bomba,
precisó.
La disputa concluyó en los últimos
meses del gobierno de Calderón, y los
cárteles se dedicaron a consolidar sus
plazas.
Al finalizar los enfrentamientos,
los cárteles se concentraron en hacer
negocios. “Incluso el CDG se ha con-
vertido en un grupo criminal que pega
fuerte a la población, con secuestros y
extorsiones”, señaló Grillo.
Para rematar: “Si el gobierno fede-
ral no es capaz de reducir esos deli-
tos, es predecible que las autodefensas
continúen creciendo en el estado”.
Fotos: Valor por Tamaulipas
Violencia desbordada
Bloqueos

ÁLVARO DELGADO
M
anchados unos y otros por
la corrupción, que conde-
nan en el discurso pero
solapan en los hechos, la
disputa por el control del
Partido Acción Nacional
(PAN) exhibe la desmemoria, el cinismo y
las truculencias de Gustavo Madero y Er-
nesto Cordero.
Luego de tres semanas de campaña,
un tercio del total, se ha configurado un
escenario incierto para la elección del 18
de mayo, como lo registran las más re-
cientes encuestas, una de ellas filtrada
por el propio equipo de Madero y que le da
ventaja de apenas cuatro puntos.
En el PAN todos lo saben: Ganará el
candidato con mayores recursos para lle-
var a votar a la mayoría de los 217 mil 557
panistas con ese derecho y desde ahora
arman y ensayan la estructura para ese
fin… por las buenas o por las malas.
Ante la pasividad de la Comisión Or-
ganizadora de la Elección, que preside
Francisco Gárate y cuya mayoría es afín a
Madero, se perfila un “cochinero” el día de
la jornada electoral.
Madero, a quien miembros de su pro-
pio equipo lo advierten arrogante en ex-
ceso, ha colocado su reelección en manos
de los gobernadores y caciques locales del
PAN –muchos de ellos expriistas–, quie-
que viene...
desastre
nes controlan la estructura clientelar en
los estados con mayor militancia.
Cordero, apoyado en los residuos del
grupo de Felipe Calderón, apuesta a la es-
trategia de polarización, al castigo de la
militancia a Madero por ser “comparsa”
del presidente priista Enrique Peña Nieto
y a la estructura que creó el exgoberna-
dor Juan Manuel Oliva –su compañero de
fórmula– desde su cargo como estratega
electoral en 2012.
La contienda tiene a Puebla como
epicentro: En ese estado Madero inició
su campaña nacional, el domingo 23 de
marzo, donde el equipo de Cordero docu-
mentó los excesos de su adversario: Aca-
rreo en cientos de autobuses de miles de
personas, entre ellas niños y ancianos que
ni siquiera eran militantes, a cambio de
dádivas.
El gobernador de Puebla, Rafael More-
no Valle, es señalado además como el vir-
tual coordinador de campaña de Madero
y, según el equipo de Cordero, ha enviado
a sus principales operadores electorales,
la mayoría expriistas como él, a Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo y Tlaxcala.
Uno de ellos, el consejero del Instituto
Estatal Electoral de Puebla Víctor Cánovas
Moreno –obligado por ley a la imparcia-
lidad–, era el responsable de operar para
Madero en Tlaxcala por órdenes de More-
no Valle, como lo confesó él mismo según
una grabación:
El
Germán CansecoOliva y Cordero. Desmemoria

1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 211953 / 6 DE ABRIL DE 2014 21
“Me pidió el gobernador de Puebla,
Rafael Moreno Valle, con el cual tengo el
gusto de trabajar, que los invitara a todos
a que nos acompañen para que le demos
la bienvenida a Madero y le demos la fuer-
za que merece.”
El arranque de la campaña nacional
de Madero en Puebla tuvo el sello priista
hasta por el yerro del alcalde de Puebla,
Antonio Gali Fayad, quien gritó que, en la
elección del 18 de mayo, “ganará el PRI”.
Justamente para neutralizar la operación
electoral de Moreno Valle, Cordero nombró
como su coordinador estratégico a Fernando
Manzanilla Prieto, cuñado del gobernador,
exsecretario general de Gobierno de Puebla
y abiertamente confrontado con él.
Moreno Valle, quien trabaja conjun-
tamente con el operador electoral Jorge
Manzanera Quintana en su proyecto pre-
sidencial para 2018, ha puesto al servicio
de Madero inclusive a su proveedor de
productos chinos para las campañas, el
veracruzano Roberto Arandia Gutiérrez.
El coordinador de la campaña de Ma-
dero, Marko Cortés –cuyo equipo aplastó
al calderonismo en Michoacán–, no da
crédito a las acusaciones del equipo de
Cordero y advierte que su estrategia es
polarizar al PAN, como lo hizo Calderón
con México en 2006.
“¡Ya basta de la campaña de despres-
tigio, ataque y difamación constante! ¡La
gente no quiere una polarización social
El “cochinero” que algunos militantes del PAN antici-
pan para la elección interna de mayo próximo es una
expresión que de hecho ya se observa en la campaña
por la presidencia nacional de ese partido. Las acu-
saciones mutuas entre los grupos de Gustavo Madero
y Ernesto Cordero van y vienen, pero el denominador
común en ambos es la corrupción política y moral…
Muy mal signo para una organización política que no
ha sido capaz de rescatarse a sí misma.
POLÍTICA
llevada al PAN como la que vivió México
en 2006, cuando el país se partió! Ahora
quieren polarizar al partido para lograr su
objetivo, no importa que los panistas que-
den dolidos, enfrentados y hechos garras.”
Maximiliano Cortázar, quien de voce-
ro de Calderón pasó a ser el coordinador
de la campaña de Cordero, responde: “Lo
que realmente divide y ofende al panismo
son las prácticas priistas: El acarreo de
gente, darle prebendas. Eso se vio en Pue-
bla y hay evidencia también en el Estado
de México y en Veracruz…”
Si el órgano electoral solapa los exce-
sos, advierte Cortázar, la elección puede
convertirse en un cochinero: “Es muy im-
portante que la comisión preste mucha
atención a lo que ha estado haciendo Ma-
dero. Es como el ladrón que sale de la tien-
da y grita: ¡Agarren al ladrón!”
Las estructuras
El lenguaje áspero del equipo de Cordero
le está dando resultados:Ya se desvaneció
la imbatibilidad de Madero, una percep-
ción que prevaleció todavía al inicio de la
campaña, el 18 de marzo.
La semana pasada se difundieron dos
encuestas que muestran un cierre en la
competencia, luego de que otras cuatro
marcaban una ventaja amplia para Corde-
ro. Una de las más recientes, la de Blanco
y Asociados, fue publicitada por el equipo
de Madero y le da tres puntos de ventaja.
Difundida por TV Azteca, esta encues-
ta le da ventaja a Madero de 47 puntos por
44 de Cordero, quien en otra de Ana María
Covarrubias, hecha para el portal SDP-No-
ticias, se coloca 13 puntos arriba.
Para ganar la elección se debe obtener
la mayoría absoluta de los votos emitidos
o al menos 37%, con una diferencia de cin-
co puntos porcentuales en relación con el
rival, y el temor del equipo de Cordero es
la estructura que ha armado Madero.
De acuerdo con los equipos de cam-
paña de los dos candidatos, en los tres
estados con mayor militancia el voto está
dividido, aunque con tendencia hacia Ma-
dero: Jalisco (20 mil 700), Veracruz (16 mil
800) y Estado de México (15 mil 200).
En el primer estado, el coordinador de
Madero es Hernán Cortés, expresidente
estatal del PAN y discípulo de Francisco
Ramírez Acuña, a su vez coordinador de
Cordero, quien cuenta también con el
apoyo del exgobernador Alberto Cárde-
nas, regidor de Guadalajara.
En Veracruz, Madero está en manos del
expriista Miguel Ángel Yunes, junto con sus
hijos, el del mismo nombre, alcalde de Boca
del Río, y Fernando, senador, mientras que
Cordero tiene a su favor al presidente estatal,
Enrique Cambranis, y a Julen Rementería.
En el Estado de México, los tres prin-
cipales grupos apoyan a Madero: El hege-
Víctor Hugo RojasMadero. Truculencias

mónico, con Ulises Ramírez; el de José Luis
Durán Reveles, allegado a Santiago Creel, y
algunos de los juramentados de ElYunque,
que liderea Luis Felipe Bravo Mena.
La fortaleza de Madero son los gober-
nadores y los caciques locales, muchos de
ellos fortalecidos con los recursos gestio-
nados desde la Cámara de Diputados por
el coordinador, Luis Alberto Villarreal, el
vicecoordinador Jorge Villalobos y el legis-
lador veracruzano Víctor Serralde.
Puebla, que es el cuarto estado con
mayor militancia –con 13 mil 400–, está
casi controlado por Moreno Valle a favor
de Madero, aunque hay un contrapeso
con los liderazgos de Ana Teresa Aranda,
Francisco Fraile y Juan Carlos Mondragón.
En Nuevo León, con 11 mil 500 militan-
tes, el control casi total lo tiene el grupo que
planea llevar a la gubernatura a Margarita
Arellanes, alcaldesa de Monterrey, ligada a
Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casi-
nos, quien financió la campaña de Madero
en 2010.
Uno de los operadores de Madero en
Nuevo León, según el equipo de Cordero,
es el panista duranguense José Serrano,
socio de los hermanos Rojas Cardona y
amigo íntimo del diputado federal Ro-
dolfo Dorador, coordinador de la primera
campaña de Madero para presidente.
En Sinaloa, donde hay 8 mil 900 panis-
tas, el gobernador expriista Mario López
Valdés trabaja para Madero por la vía de
varios colaboradores y en coordinación
con el diputado Jorge Villalobos, identifi-
cado como “mano derecha” del presidente
del PAN con licencia.
En Baja California, el gobernador
Francisco Kiko Vega mantiene un control
prácticamente total para que los 7 mil 500
panistas voten a favor de Madero, lo mis-
mo que el de Sonora, Guillermo Padrés,
quien tiene encomendada la misión de
hacer que los 6 mil 800 militantes se incli-
nen por la reelección de Madero.
Michoacán, donde hay 8 mil 300 pa-
nistas, es otro estado donde Madero tiene
fuerza: En la reciente elección de conse-
jeros nacionales, su grupo aplastó a los
seguidores de Calderón. En Chihuahua,
donde nació Madero, tendría también la
mayoría de los 8 mil 400 militantes.
El Distrito Federal, donde hay 8 mil
200 panistas, es controlado por afines a
Madero: Jorge Romero, delegado en Beni-
to Juárez, y Federico Doring, coordinador
de los diputados locales, enfrentados con
la senadora Mariana Gómez del Campo,
el exsubsecretario Obdulio Ávila y Carlos
Gelista, expresidente del PAN local.
Aunque en Morelos sólo hay 2 mil 700
militantes, el control lo tiene el exgober-
nador Marco Antonio Adame, uno de los
principales operadores de Madero y je-
rarca de El Yunque, la organización con-
fesional que tiene sembrados militantes
en uno y otro equipo, además de ostentar
la presidencia y la secretaría general con
Cecilia Romero y Jorge Ocejo.
Víctor Cánovas, evidenciado
Además de los estados donde el PAN tiene
gobernador o grupos locales que lo apo-
yan, Madero cuenta con la operación de
Moreno Valle para ganar en otros seis es-
tados, según el equipo de Cordero.
El gobernador de Puebla envió a Oaxa-
ca, donde hay 4 mil 500 militantes, a Eukid
Castañón, diputado local y exsecretario
de la Contraloría de Puebla, y Néstor Gor-
dillo, diputado federal y exsecretario de
Desarrollo Social, fue enviado a Chiapas,
donde hay 4 mil 200 panistas.
Hidalgo, con 3 mil 200 panistas, le fue
encomendado a Jorge Aguilar Chedraui,
diputado local y exsecretario de Salud de
Puebla, y a Quintana Roo, con mil 500, man-
dó a ÁngelTrawitz, exsecretario deTurismo.
La estrategia de MorenoValle se eviden-
ció cuando su operador en Tlaxcala, Víctor
Cánovas Moreno, consejero del IEE de Pue-
bla, fue sorprendido como organizador del
arranque de campaña de Madero, el martes
18, por instrucciones del gobernador.
Cuando se difundió la información de
su asistencia a un acto partidista enTlaxca-
la, donde hay 3 mil panistas, alegó que fue
sorprendido por el alcalde de Huamantla,
Alejandro Aguilar López.“Es un error, no sa-
bía de qué se trataba, así de simple”.
Mintió: Una grabación difundida por el
columnista Alejandro Mondragón del por-
tal StatusPuebla.com –sometido a un boicot
publicitario por Moreno Valle, igual que E-
consulta e Intolerancia– lo evidenció a él y
a su jefe.
Cánovas –protegido de Beatriz Pare-
des en el PRI– tuvo que renunciar como
consejero electoral, aunque el alcalde de
Huamantla lo contrató de inmediato co-
mo asesor…
“Comparsas del PRI”
Cordero, mientras tanto, concentra su
fuerza en Guanajuato, que gobernó Oliva
y que pretende hacerlo también el dipu-
tado Villarreal, identificado como el prin-
cipal beneficiario de los “moches”. En esta
entidad Madero sería minoría entre los 10
mil 600 militantes con derecho a voto.
En Baja California Sur, el gobernador
Marco Covarrubias otra vez apoya a Corde-
ro, igual que en la elección interna para la
candidatura presidencial. El padrón en el
estado es muy marginal: Mil 64 militantes.
Cordero tiene también fuerza casi to-
tal en San Luis Potosí, donde hay 6 mil 800
panistas; en Aguascalientes, con 5 mil 200;
Tamaulipas, con 6 mil 600; Querétaro, con
6 mil 900, y Chiapas, con 4 mil 200.
Hijo del poder, miembro activo del PAN
desde apenas 2008, Cordero se juega todo en
esta elección luego de fracasar como aspi-
rante a la candidatura presidencial,con todo
el poder de la Presidencia de la República.
Cordero ha integrado su equipo con
funcionarios del gobierno de Calderón, mu-
chos de ellos legisladores por designación
como él, sin jamás haber ganado ninguna
elección: Maximiliano Cortázar, su coordi-
nador, y Roberto Gil Zuarth, senador y de-
rrotado por Madero en la elección de 2010.
El discurso de Cordero y su equipo se
ha centrado en la corrupción asociada a
Madero y sus allegados, como el diputado
Villarreal, quien no ha aparecido en los
principales actos de campaña.
La propia presidenta del PAN, Cecilia
Romero, pareció aludir a él y a otros legis-
ladores cuando, en la inauguración de la
Asamblea Nacional, el sábado 31 de mar-
zo, exclamó: “Simple y sencillamente, en
este partido no queremos a los corruptos”.
Ante la corrupción que mancha a unos
y a otros, los equipos de Madero y Cordero
sólo repiten que se investigue sin ir más
allá, y cruzan culpas de quiénes son peores.
Cortázar, quien afirma que Cordero
tiene una tendencia irreversible a la alza,
afirma que Madero será sancionado por
la militancia por no cuidar la unidad del
partido y ser sinónimo de derrota.
“Parece que tiene amnesia. Él tomó el
PAN en el 2010 y la mayor derrota fue el 2012.
Tuvo ese tiempo para preparar las elecciones
y han sido las peores que hemos tenido.”
El deterioro del PAN, juzga, fue brutal:
“Incertidumbre en corrupción, derrotas
tremendas y no haber cuidado la unidad
del partido, que es la principal encomien-
da de un presidente”.
Marko Cortés afirma que la desme-
moria es de Codero y su equipo, porque el
sexenio de Calderón fue sólo de derrotas,
imposiciones y complicidades con el PRI.
“El PAN perdió todo cuando estábamos
en el gobierno. Las decisiones del PAN se
tomaron fuera del PAN, porque tuvimos
presidentes que ni siquiera tuvieron con-
tienda, sólo ratificación, porque las deci-
siones eran allá (de Los Pinos).”
Si en algún periodo hubo imposicio-
nes fue en el de Calderón. “No nos pueden
venir con ese discurso de mentiras. ¡Mien-
ten cuando dicen eso! Los panistas tienen
dos opciones: Optar por aquellos que han
hecho tanto en tan poco tiempo o aque-
llos que en todo su periodo de gobierno
perdían alcaldías y gubernaturas, que so-
metieron al partido y que iba de caída”.
Inclusive Cortés recuerda que fue con
Calderón en la Presidencia que el PAN fir-
mó un pacto con Peña Nieto para no ha-
cer alianzas con el Estado de México y el
actual canciller, José Antonio Meade, fue
subsecretario de Hacienda con Cordero.
“¿Entonces quién es comparsa del PRI?
¿Quién ayuda al PRI con esos hechos?”
POLÍTICA

ALEJANDRO CABALLERO
E
l oftalmólogo potosino que, si-
tuado al frente de un movimien-
to cívico avasallante, fue capaz
de doblegar al PRI en distintos
momentos del siglo pasado
pese a las trampas y los actos
autoritarios del “partido de Estado” estaría
cumpliendo 100 años este lunes 7 de abril.
Salvador Nava Martínez descubrió su
inquietud por el servicio público desde
temprana edad e hizo de su profesión mé-
dica un apostolado. Sólo cobraba a los que
tenían con qué pagar. Confrontado con el
PRI, dos veces fue alcalde y tuvo que ver
con la caída de tres gobernadores. El último,
Fausto Zapata, sólo duró 13 días en el cargo.
En 1958 quiso ser alcalde de la capital
de San Luis Potosí por el PRI y no lo deja-
ron. No se amedrentó. Creó la Unión Cívi-
ca Potosina y, apoyado por sinarquistas y
comunistas, ganó las elecciones del 7 de
diciembre de ese año.
Nava, ese doctor de pueblo metido a
la política, encabezaba las movilizaciones
contra Gonzalo N. Santos, el todopodero-
so cacique sanluisino, y contra el gober-
nador Manuel Álvarez.
Nava tomó posesión del ayuntamien-
to potosino el 1 de enero de 1959. Entre
sus primeras decisiones destacó la de
dejar de entregar a Gonzalo N. Santos los
10 mil pesos mensuales que cobraba por
“respaldar” a los alcaldes.
Poco después, la movilización ciuda-
dana conseguía que el gobernador Álva-
rez dejara el cargo.
Apoyado en su exitosa gestión como
alcalde, Nava buscó ser candidato a go-
bernador. Lo intentó de nuevo por el PRI
Este lunes 7 se cumplen 100 años del natalicio de un diri-
gente cívico que fue capaz de derrotar en distintos flancos
al partido de Estado en los momentos más oprobiosos del
autoritarismopriista.Sunombre,SalvadorNavaMartínez,el
oftalmólogo que logró movilizar en San Luis Potosí a dece-
nasdemilesdeciudadanosdeesaentidadparahacervaler
el principio republicano siempre negado por el Revolucio-
narioInstitucional:lademocracia.Heaquíunareseñadelas
gestasdeldoctorNava,fallecidoel18demayode1992.
y de nuevo le cerraron el paso. Terminó
siendo candidato independiente. En esa
ocasión los resultados oficiales le fueron
adversos. Vinieron las protestas poselec-
torales. El Ejército ocupó San Luis Potosí,
detuvo a Nava y lo envió al Campo Militar
Número Uno, con sede en el Distrito Fede-
ral. El doctor estuvo preso un mes.
La represión contra el navismo se pro-
longó durante 1962 y 1963. Hacinado en la
cárcel de Charco Verde, en la capital potosi-
na, fue torturado y el movimiento ciudada-
no entró en un largo receso de casi 20 años.
La llegada al gobierno de San Luis Po-
tosí del cacique magisterial Carlos Jongui-
tud Barrios, el antecesor de Elba Esther
Gordillo, hizo resurgir al navismo.
En 1983, respaldado por el PAN, el Par-
tido Demócrata Mexicano (PDM) y el Fren-
te Cívico Potosino, el doctor Nava ganó de
nueva cuenta la alcaldía de San Luis Poto-
sí. Ya en el poder, repitió la dosis. Rechazó
someterse a los designios de Jonguitud.
Nava estuvo sólo dos de los tres años al
frente de la alcaldía potosina. En 1985 apo-
yó la candidatura de Guillermo Pizutto a la
presidencia municipal de San Luis Potosí.
En un proceso electoral plagado de irregu-
laridades, se le dio el triunfo al aspirante
del PRI, Guillermo Medina de los Santos.
Una vez más iniciaron las protestas po-
selectorales. El 1 de enero de 1986 la multi-
tud navista que protestaba por la toma de
posesión del priista fue reprimida mientras
manos extrañas incendiaban el palacio
municipal. El gobernador en turno, Floren-
cio Salazar, cayó a raíz de estos hechos en
mayo de 1987.
Para 1990 la idea de postular a Salva-
dor Nava para candidato a gobernador co-
braba fuerza, pero las condiciones en esta
ocasión eran más adversas que de cos-
tumbre. Al doctor le habían diagnosticado
cáncer. Libró la muerte.
Tras ese episodio, dirigentes potosinos
del PAN, PRD y PDM lo buscaron. Le ofre-
cieron ser el candidato de la oposición.
Después de unos días Nava les respondió.
El hombre que
doblegó
SALVADOR NAVA
al PRI
JuanMiranda

1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 25
POLÍTICA
Aceptaba si era apoyado por toda la opo-
sición. El PAN reculó. Desde el centro del
país, los panistas rectificaron y aceptaron
las condiciones del doctor. PAN, PRD y
PDM lo hicieron candidato.
Nava se anotó otro triunfo. Los en aquel
entoncesenemigosamuertePANyPRDirían
juntos, apoyando al candidato ciudadano.
Durante la campaña se vería compartiendo
templete a los adversarios Diego Fernández
de Cevallos y Cuauhtémoc Cárdenas.
Para contrarrestar la candidatura de
Nava, Salinas de Gortari decidió postular a
Fausto Zapata, un político de negro historial,
ligado a la corrupción de periodistas.Vocero
del gobierno de Luis Echeverría en los años
setenta, había destacado como uno de los
operadores del golpe al diario Excélsior, dirigi-
do entonces por Julio Scherer García.
La última batalla
En la elección potosina de 1991 todas las
trampas del PRI estuvieron a favor de su as-
pirante. El resultado oficial de los comicios:
victoria de Zapata. Nava descalificó el proce-
so e iniciaba así su última lucha poselectoral.
Salinas lo buscó. El potosino le dijo: “Si
se convalida el fraude del candidato ofi-
cial, será la peor desgracia para San Luis
Potosí”. El mandatario le respondió: “Yo
no puedo hacer nada”.
Días después, el secretario de Gober-
nación, Fernando Gutiérrez Barrios, le
insinuaría: “Una solución sería que usted
se quedara con la presidencia municipal
pero… yo sé que usted no lo aceptaría…”
Los tiempos electorales corrieron.
Fausto Zapata recibió la constancia de
mayoría y Nava encabezó su enésimo mi-
tin en la Plaza Fundadores. Pidió el perdón
de sus simpatizantes por haber confiado
en “las altas autoridades del país”.
Gutiérrez Barrios volvió a buscar al
oftalmólogo.
–Doctor,hay opciones para arreglar esto.
–Dígame, le escucho.
–Zapata queda como gobernador, pero
usted puede meter a gente de su confian-
za en el gabinete.
–No acepto eso.
–La otra es que se vaya Fausto y que
usted entre como interino. En esta opción,
nosotros nombraríamos al secretario de
Gobierno, al secretario de Finanzas y al
procurador de Justicia…
“Me sentí como un títere, me vi col-
gado de unos hilos como marioneta, mo-
viéndome como un muñeco”, narró Nava.
El contacto con el gobierno federal se
rompió… por unos días.
El 18 de agosto, el Colegio Electoral po-
tosino declaró válidas las elecciones y le-
gal el triunfo de Zapata. Salinas lo felicitó
públicamente, aun cuando la oposición lo
consideraba un “usurpador”.
El movimiento navista no se dio reposo.
El 14 de septiembre,cientos de simpatizan-
tes del doctor bloquearon vías de acceso a
San Luis Potosí. En los días subsiguientes,
le dieron vuelo a la protesta cívica.
El 18 de septiembre, el gobernador
Leopoldino Ortiz Santos rindió su último
informe de gobierno. Mujeres navistas ha-
bían organizado una protesta de cacerolas
que alcanzó repercusión internacional.
El 26 de septiembre, al mediodía, Zapa-
ta tomó posesión acompañado de Salinas.
Esa noche, Nava regresó a la Plaza Fun-
dadores para fijar posición. “impedir, día a
día, que el usurpador pueda gobernar…”
Entonces tomó protesta como “gobernador
legítimo” de los potosinos y se deslindó de
cualquier partido político, creciente la opo-
sición panista a su estrategia de lucha.
Y llegó el primer día de gobierno de
Zapata: 27 de septiembre de 1991. Mujeres
navistas iniciaron un plantón a las afueras
del palacio de gobierno. Copaban los 10
accesos a las oficinas gubernamentales. El
objetivo, impedir el ingreso de Zapata.
Al día siguiente, 28 de septiembre, ini-
ció la memorable Marcha de la Dignidad.
Nava hizo público el objetivo: llegar el 1
de noviembre al Distrito Federal, día del
informe presidencial, encabezar un mitin
en el Zócalo y entregar un escrito a Sali-
nas de Gortari.
Las mujeres mantuvieron el plantón
de ocho a 15 horas a las afueras del pala-
cio de gobierno. Por la noche, a escondi-
das, Zapata entró a sus oficinas.
Al cuarto día de su gestión, el goberna-
dor cometió un grave error: forzó su ingreso
a la sede gubernamental.Dispuso que un pi-
quete de mujeres afiliadas al PRI madrugara,
se adelantara a las navistas y se instalaran a
las afueras de las oficinas gubernamentales.
No fue suficiente. Las seguidoras de Nava se
sentaron enfrente de ellas.
Pero Zapata estaba decidido. Pasó por
encima de las mujeres y se desató la vio-
lencia en el centro de la capital potosina.
El saldo: ocho lesionados.
Zapata despachó en sus oficinas a puer-
tas cerradas y bajo un nutrido dispositivo
de seguridad interno. El gobernador priista
no volvería a pisar el palacio de gobierno.
En la madrugada del 9 de octubre lle-
gó otro enviado salinista, Fernando Silva
Nieto, colaborador de Manuel Camacho, y
presentó la nueva propuesta: la renuncia
de Zapata, la llegada de Gonzalo Martínez
Corbalá como interino, reformas a la ley
electoral y nuevas elecciones en 18 meses.
Unas horas después, a 13 días de ini-
ciado su gobierno, Zapata, vía fax, comu-
nicaba al Congreso de San Luis Potosí su
renuncia. El 10 de octubre, confirmada la
salida de Zapata y efectuada la toma de
protesta de Martínez Corbalá, el doctor
dio por concluida la marcha de la digni-
dad. Siete meses después de la caída de
Zapata, falleció Nava.

E
l jueves 3, el senador Javier Lo-
zano, presidente de la Comisión
de Comunicaciones y Transpor-
tes, le solicitó a Raúl Cervantes
Andrade, presidente de la Mesa
Directiva del Senado, que se le
autorizaran los “gastos de transporte, hos-
pedaje y alimentación” de José Felipe Ote-
ro Muñoz, especialista colombiano en te-
lecomunicaciones, quien al día siguiente
participó en uno de los foros organizados
por ese cuerpo colegiado.
La Mesa Directiva le respondió a Loza-
no que “en antecedentes recientes (sic), el
órgano de gobierno ha negado este tipo de
solicitudes”.
La gestión económica de Lozano a fa-
vor de uno de los 49 representantes de
consorcios y organismos civiles que parti-
ciparon en tres días de maratónicos foros,
Foros pantallay vasallaje denigrante
Durante los foros celebrados en el Senado a lo largo de
la semana anterior para analizar la iniciativa de Ley Se-
cundaria de Telecomunicaciones (la Ley Peña-Televisa)
se alzaron varias voces de advertencia sobre muchos
puntos del ordenamiento que violan la Constitución.
La lista de ilegalidades va desde la censura en medios
electrónicos (incluida internet) hasta las prerrogativas
queirregularmenteseadjudicaelEjecutivofederalpara
dominar algunas áreas que no deberían ser de su com-
petencia. En los foros, una voz buscó ser omnipresente
y descalificar toda crítica, viniera de donde viniera: la
del senador Javier Lozano Alarcón.
JENARO VILLAMIL
BenjamínFlores
26 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014

contrastó con la vehemencia con la que él
mismo se opuso a que los siete comisiona-
dos del Instituto Federal de Telecomunica-
ciones (IFT), el nuevo órgano regulador del
sector,comparecieran ante el Senado,a pe-
sar de las reiteradas peticiones de legisla-
dores del PAN y del PRD.
En clara alianza con los priistas, en es-
pecial con la presidenta de la Comisión de
Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, y con
la perredista Alejandra Barrales, criticada
en su propio partido por su sometimiento
a la iniciativa del Ejecutivo federal, Lozano
bloqueó la posibilidad de que los integran-
tes del IFT respondieran a las numerosas
dudas existentes sobre las violaciones a la
autonomía del organismo expresadas en
la llamada Ley Peña-Televisa.
De los 49 participantes en los foros –con
escasapresenciadelossenadores–,66%fue-
ron representantes de los gigantes del sec-
tor: desde Televisa y TV Azteca hasta Amé-
rica Móvil, Telmex y Grupo MVS, así como
las cámaras que representan los intereses
de las empresas dominantes como la CIRT,
la Canitec y la Asociación Internacional de
la Radio, entre otras.
El último intento para que el Senado lla-
mara a comparecer a los integrantes del IFT
se escenificó en la sesión del pleno el jue-
ves 3. Javier Corral, también del PAN, propu-
so un punto de acuerdo de “urgente resolu-
ción” para que acudieran los comisionados
de “uno de los órganos de Estado más po-
derosos que se hayan construido en los úl-
timos años”.
Corral argumentó que los legisladores
no sólo quieren recibir “un escrito” con las
observaciones de los comisionados. “Que-
remos el intercambio, la interlocución que
merece esta legislatura que los votó con
amplias facultades para regular a este sec-
tor poderoso económica y políticamente”,
dijo en tribuna.
Con 40 votos adversos y 30 a favor, se
desechó el punto de acuerdo y se turnó a
comisiones. “Esta votación marca de algu-
na manera lo que vendrá”,sentenció Corral.
“El PRI tendrá votos tanto del PAN co-
mo del PRD para darle un barniz de plurali-
dad a la imposición. Hace ocho años, cuan-
do se discutió la Ley Televisa, la bancada de
senadores del PAN se partió en dos”, dice
a Proceso.
También comenzó a observarse entre
los perredistas una operación para modi-
ficar el rechazo original de la iniciativa del
Ejecutivo a otra posición más moderada,
que acepte cambios cosméticos. Los mis-
mos integrantes del PRD señalan a Alejan-
dra Barrales, presidenta de la Comisión de
Radio, Televisión y Cinematografía, como
la operadora de esta estrategia.
Televisa-Carso, pleito de gigantes
Como se pronosticaba, la participación de
los representantes jurídicos de Grupo Te-
levisa y de América Móvil y Telcel, ambas
de Carlos Slim, provocó un choque en la
sesión matutina del jueves 3.
“Telmex nos ha visto la cara por más
de 15 años”, sostuvo Luis Mancera Arri-
gunaga, vicepresidente jurídico de Regu-
lación de Televisa, mientras que Joaquín
Balcárcel, también representante legal del
consorcio televisivo, negó que la iniciativa
del Ejecutivo beneficiara a la empresa de
Azcárraga Jean.
A la posición de Grupo Televisa contra
Telmex se sumó Francisco Borrego, vicedi-
rector jurídico de TV Azteca, quien confía,
dijo, en que el IFT le ponga límites al mo-
nopolio telefónico.
Alejandro Cantú, de América Móvil, y
Javier Mondragón, director jurídico de Tel-
mex, criticaron la iniciativa presidencial
por desincentivar la inversión de ambas
compañías al obligarlas a “regalar” su red
con los competidores.
Cantú reprochó a los senadores que
“ciertamente en televisión de paga no hay
condiciones de competencia y no las hay
porque hay una barrera de entrada a que
otros competidores podamos prestar esos
servicios”.
En la iniciativa de Peña Nieto se le da
plazo hasta 2017 a las compañías telefóni-
cas de Slim para dar servicio de televisión
restringida, dominado por Grupo Televisa,
comentó el representante jurídico de MVS,
Peter Bauer.
Irónico, Mondragón alabó la gratuidad
para utilizar ahora las señales de televisión
abierta en los sistemas de televisión por ca-
ble (must offer-must carry),“nomás que lo es-
tuvieron cobrando 30 años, ¡eh!, cobrándo-
lo tres veces. Entonces, no se entiende por
qué las empresas de televisión por cable le
pagaban a Televisa o a TV Azteca para que
TELECOMUNICACIONES
1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 27

después esas empresas de televisión por
cable aumentaran sus costos y se lo hubie-
ran reflejado en los usuarios”.
También recordó que desde 2006 no se
le ha permitido a Telmex ingresar al mer-
cado del triple play, “y como no nos han
E
xpertos, organizaciones civiles, aca-
démicos, abogados con experien-
cia en temas de regulación y no po-
cos concesionarios han expresado
que la iniciativa de Ley Secundaria de Te-
lecomunicaciones del Ejecutivo federal y la
Ley de Sistema Público de Radiodifusión de
México tienen aspectos anticonstituciona-
les por ir en contra de la reforma promulga-
da el 11 de junio de 2013.
Un recuento elaborado por Proceso
identifica 20 violaciones constitucionales a
partir de los estudios y opiniones de Clara
Luz Álvarez, abogada y exintegrante de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel); Irene Levy, presidenta de Obser-
vatel; Jorge Fernando Negrete, director de
Mediatelecom; Agustín Ramírez, presidente
de la Asociación Mexicana de Derecho a
la Información; María Elena Meneses, de la
Asociación Mexicana de Investigadores de
la Comunicación, y de Luis Fernando Gar-
cía, de la Red por un Internet Libre.
La mayoría de esas opiniones fueron
expresadas la semana anterior en los foros
organizados por las comisiones unidas
del Senado para el análisis de la iniciativa
conocida como Ley Peña-Televisa.
A continuación se enlistan y explican
estos puntos identificados como
anticonstitucionales:
Autonomía violentada
El primero de esos puntos tiene que ver
con la violación a la autonomía y a la cole-
gialidad del Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT). El artículo 28 constitucio-
nal reformado establece que éste será un
organismo colegiado, con autonomía frente
al gobierno federal.
Pero el artículo 44 de la iniciativa violen-
ta la autonomía y colegialidad al establecer:
“De manera excepcional y sólo cuando
exista urgencia, atendiendo al interés social
y el orden público, el Ejecutivo federal, por
conducto de la Secretaría (de Comunica-
ciones y Transportes, SCT), podrá solicitar
al comisionado presidente del instituto que
los asuntos en que tenga interés, sean sus-
tanciados y resueltos de manera prioritaria,
sin modificar de ningún modo los plazos de
la ley”.
Los especialistas consideran que ésta
es una clara atribución discrecional del
Ejecutivo federal que viola la colegialidad.
Feria anticonstitucionalJENARO VILLAMIL
El segundo punto se refiere al apagón
analógico a cargo de la SCT.
La Constitución estableció que la polí-
tica y operación del programa de Televisión
Digital Terrestre le corresponde al IFT y que
la fecha para el apagón analógico es el 31
de diciembre de 2015. Incluso hubo un litigio
entre el Ejecutivo federal y la Cofetel durante
el calderonismo, que la Suprema Corte de
Justicia resolvió a favor de la segunda.
En contraste, el artículo 16 transitorio
de la iniciativa le da estas facultades a la
SCT y se abre la posibilidad de prorrogar el
llamado apagón analógico hasta el 31 de
diciembre de 2017.
El punto 3 tiene que ver con la invasión
de facultades de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) en derechos de
usuarios de telecomunicaciones.
El artículo 6 de la Constitución estable-
ció que le corresponde al Estado, por vía
del IFT, fijar los derechos de los usuarios de
telecomunicaciones y los mecanismos para
su protección.
El artículo 8 transitorio de la iniciativa de
Peña Nieto le ordena a la Profeco “crear un
área especializada con nivel no inferior a sub-
secretaría” para vigilar los derechos de los
usuarios, función que correspondería a IFT.
El punto 4 trata de la vulneración de los
derechos de las audiencias.
En el artículo 6-B, fracción IV, de la
Constitución se dispuso que la ley se-
cundaria garantizará los derechos de las
permitido dar servicios no se justifica mu-
cho la inversión adicional, para adecuar la
red a las nuevas necesidades”.
Admitió que Telmex tiene una partici-
pación de 70% en el mercado de telefonía fi-
ja, pero advirtió: “todos somos de memoria
corta”; “se nos olvidan muchas cosas, como
el hecho de que se han invertido 30 mil mi-
llones de dólares enTeléfonos de México”.
En esa sesión del foro, una de las más
concurridas, el senador del PRD Benjamín
Robles Montoya afirmó que los artículos
264 y 265 de la iniciativa presidencial “im-
ponen medidas mucho más benévolas y
accesibles para los agentes preponderan-
tes en radiodifusión que en el sector de
telecomunicaciones”.
En contraste con la posición de Amé-
rica Móvil y Telmex, Miguel Calderón Le-
lo de Larrea, vicepresidente regulatorio de
Telefónica Movistar, afirmó que la inicia-
tiva presidencial propiciará la inversión,
beneficiará al usuario y promoverá mayor
competencia.
Mientras en el Senado las empresas
de Slim reiteraban sus quejas y adver-
tencias de que la ley de Peña Nieto des-
motivaría la inversión, el subsecretario
de Comunicaciones, José Ignacio Peral-
ta, justificó el plazo de dos años para que
Telmex y América Móvil accedan al mer-
cado de televisión de paga.
Peralta negó que la iniciativa viole la
autonomía constitucional y las facultades
del IFT, y reiteró que se busca en la legis-
lación secundaria “incrementar la efectivi-
dad del Estado como rector del sector de
telecomunicaciones y radiodifusión”.
El protagonista
En los foros hubo varias voces críticas que
coincidieron en los aspectos anticonstitu-
cionales de la iniciativa: la censura previa
en internet, el control de los medios pú-
blicos que se le confiere a la Secretaría de
Gobernación y la orden a los proveedores
de bloquear o inhibir comunicaciones en
una determinada región.
Clara Luz Álvarez, especialista en te-
lecomunicaciones del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM, identifi-
có 12 violaciones a derechos humanos y a
la Constitución en la iniciativa.
El presidente del comité de la Asocia-
ción Mexicana de Derecho a la Información
(Amedi), Agustín Ramírez, calificó la inicia-
tiva como “un despojo a los derechos fun-
damentales” porque “pervierte la finalidad
de la reforma constitucional”, debilita al ór-
OctavioGómez
Barbosa y Gamboa. Diferencias
28 1953 / 6 DE ABRIL DE 2014

audiencias, “así como los mecanismos
para su protección”.
En los artículos 198, 207, 257 de la
Ley Peña-Televisa se incluye un catálogo
incompleto de derechos de las audiencias
y no se prevé ningún mecanismo eficaz de
protección y de sanción si son violados.
Discriminación, vigilancia
La discriminación se aborda en el quinto
punto.
El artículo 1 de la Constitución prohíbe
toda discriminación por motivos “de origen
étnico y nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado civil
o cualquier otra que atente contra la digni-
dad humana”.
En ninguna parte de la iniciativa se le
otorgan facultades al IFT para la alfabeti-
zación digital, y se les niega a las personas
con discapacidad la accesibilidad a las
telecomunicaciones. La forma en que
están perfilados los medios de uso social
y los medios indígenas es violatoria de la
Constitución por incurrir en discriminación.
El punto 6 tiene que ver con la intru-
sión reguladora en modelos de costos y
atribuciones del IFT. El artículo 28 le da
al IFT la autoridad reguladora no sólo en
otorgamiento de concesiones, revocacio-
nes, autorizaciones y fijación de montos
de contraprestaciones, sino también en
provisión de “modelos de costos”.
Lo anterior se altera en el artículo 15
fracciones VIII y XLIII, que le ponen claros
candados al IFT para depender en sus
funciones de la Secretaría de Hacienda y
de la SCT.
El punto 7: vigilancia y monitoreo de
contenidos por parte de la Secretaría de
Gobernación (Segob).
En ninguno de los artículos constitu-
cionales reformados en 2013 (6, 7, 27, 28,
73, 78, 94 y 105) se mencionó a la Segob
como entidad vinculada en cuanto a
contenidos, en garantizar el libre acceso a
la información y en el derecho de acceso
a las tecnologías de la información y la
comunicación.
En contraste, el artículo 218 de la ini-
ciativa le otorga a la Segob 11 facultades
de vigilancia en los contenidos mediáti-
cos, de los cuales cuatro son claramente
intrusivos de la autonomía del IFT y la
libertad de expresión.
El octavo punto habla de la violación a
la prohibición de la suspensión de los actos
del IFT. La reforma constitucional estableció
que no habrá suspensión para todos los
actos de autoridad derivados del IFT. Así lo
indica el artículo 28 en su fracción VII.
Pero en los artículos 295 y 300 sobre
régimen de sanciones y pago de multas de
los concesionarios se abre la posibilidad
de ejecutarlas hasta finalizar el amparo.
gano regulador, desfigura el principio de
neutralidad de la red, ignora los derechos
de las audiencias y a los medios públicos y
de uso social.
Luis Fernando García, de la Red por la
Defensa de los Derechos Digitales, subrayó
que la ley “confirma el deliberado propósito
por neutralizar internet como herramienta
para el ejercicio de las libertades y conver-
tirla en un instrumento de control político”.
En específico, señaló el artículo 145 que es-
tablece un mecanismo de censura previa.
OctavioGómez
Cervantes Andrade y Corral. Diferencias
TELECOMUNICACIONES
1953 / 6 DE ABRIL DE 2014 29

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