1.
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universidad “Fermín Toro”
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
San Felipe-Edo Yaracuy
Integrantes: Nayelis Jaimes
CI: 26020831
Curso: Derecho Constitucional
Prof.: Emily Ramírez
SAIA A
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL
La Constitución de 1999 fue ejecutada por los pensamientos de
nuestro Libertador Simón Bolívar, cuyos pensamientos se encuentran
reflejado en La Carta de Jamaica, el Discurso Angostura y el Proyecto
de Constitución de Bolivia como fundamento del patrimonio moral y de
los valores de libertad, igualdad, justicia, y por la paz internacional. La
Constitución de 1999 se le hace culminación en la etapa
contemporánea de desarrollo y consolidación del derecho público en
Venezuela, mas sin embargo se la realización de ella duro cuatro
décadas de vigencia del texto, es decir, la promulgación de la
Constitución 1961 para comenzar un proceso de democratización del
país y de conformación del Estado Social y democrático de derecho. La
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concibe como
norma fundamental del ordenamiento jurídico en el capítulo de los
Derechos Humanos, como son los derechos civiles, derechos políticos
y los referendos constitucionales, los derechos económicos, sociales y
de familia, los derechos culturales y educativos y los derechos de los
pueblos indígenas, lo cual esto regula en una amplia gama del Derecho
Constitucional, gracias a la doctrina y jurisprudencia en el tiempo de
1961 donde tomaron los principios fundamentales del derecho público

2.
y están formado por diez principios que se encuentran en un Homenaje
a los Cien Números de la Revista de Derecho Público, los cuales son los
siguientes: el primero es El Principio de la Supremacía Constitucional
y de la Aplicación Directa de la Constitución: esta se forma por una
tradición normativa que se encuentra en el texto de la Constitución de
1811 como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico,
esta expresa la obligatoriedad de sus normas para todos los órganos
que ejercen el Poder Público y los particulares que hoy en día en la
Constitución de 1999 se le nombra como los principios fundamentales
de la organización del Estado esenciales al constitucionalismo
moderno, lo cual se encuentra reflejado en el artículo 7, que dice, “La
Constitución es la norma suprema y el fundamento el ordenamiento
jurídico”, a la cual quedan sujetos “todas las personas y los órganos
que ejercen el Poder Público”1; constituyendo, además, como uno de
los deberes constitucionales de los ciudadanos y funcionarios, el
“cumplir y acatar” la Constitución. El segundo es El Principio de la
Formación del Derecho por Grados y de la Jerarquía de los Actos
Estatales este se origina por la teoría de Hans Kelsen sobre los sistema
jurídico como una jerarquía de normas, esta teoría se reafirma por el
pensar de Kelsen ya que es como se crean las normas en el sentido de
que una norma siempre es creada conforme al poder establecido por
otra norma. Teoría: “Una pluralidad de normas constituye una unidad,
un sistema o un orden, cuando en el análisis final, su validez depende
de una norma o ley única. Esta norma fundamental es la fuente común
de validez de todas las normas que pertenecen al mismo orden y que
forma su unidad. En esta forma, una norma pertenece a un orden dado
cuando sólo existe la posibilidad de hacer que su validez dependa de
la norma fundamental que es la base de tal orden. Tercer lugar es El
Principio de Legalidad es decir el Estado de Derecho, este principio se
declara en la Constitución de 1961. Más sin embargo, oficialmente se
declara Estado de Derecho por la parte democrático y social y justicia
ya que este se divide en dos partes; primera parte como ya se dijo el
principio de legalidad ya que sus actividades se encuentran
constitucionalmente limitadas por lo que otros países pueden ser
objeto de control judicial o jurisdiccional basado en el Estado de
Derecho que se entrelaza en los órganos y poderes del Estado, lo cual,
esta cataloga el Poder Ejecutivo o a la Administración Pública y en
segundo lugar los términos principio de legalidad,igual a la ley, lo cual,
lo extendemos al ordenamiento jurídico. Cuarto lugar es El Principio de
la Distribución Vertical del Poder Público este principio desarrolla al
derecho público en la Constitución de 1999, lo cual deriva La Forma del

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Estado la historia de este principio se inicia en el 1811 cuando lo
denominan como forma Federal del Estado reconocidos como
“Autonomías Territoriales” en el nivel intermedio, es decir, Estados
Federados, cuando la Revolución Federal triunfa en 1830 se sustituye
de fórmula mixta y en el 1811 fue sustituido a la “Confederación”
denominándose de la República como “Estados Unidos de Venezuela”,
lo cual se conversa hasta el 1853, en el 1864 “Provincias”, a partir de
1901, cuando se sucede el colapso del sistema de Estado Federal liberal
que se había sucedido en 1864, comienza una Federación centralizada,
estando ya centralizado el Estado en todos los órdenes y el Centralismo
Estatal continua entre 1946 y 1958 y en el 1999 la democracia ayuda
a sustituir la Federación Centralizada por una Federación
Descentralizada como lo ejecuta la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo en sentencia Nº 1037 de 1º de agosto de 2000 (Caso:
Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda
(APRUM) vs. Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda). En
quinto lugar es El Principio de la Separación Orgánica de Poderes es
decir la División Horizontal del Poder Público denominada por la
Constitución en el 1999 entre cinco Poderes Públicos que son los
tradicionales el Poder Legislativo: la Asamblea Nacional, el Poder
Ejecutivo: el Presidente de la República y demás órganos de la
Administración Pública, Poder Judicial: Tribunal Supremo de Justicia y
Tribunales, el Poder Ciudadano: Defensoría del Pueblo, Ministerio
Público, Contraloría General de la República y Poder Electoral: Consejo
Nacional Electoral, correspondiendo sus a cinco complejos orgánicos
diferenciados y separados establecido respectivamente y
correspondiente por la Asamblea Nacional. Sexto lugar El Principio del
Ejercicio Inter Orgánico de las Funciones del Estado en la antigua Corte
Suprema de Justicia señalo que la división de la potestad estatal, es
decir, el Poder Público en ramas y la distribución de su ejercicio entre
diversos órganos, no cubre exactamente con la “separación” de las
funciones estatales. Por tanto, el hecho de que exista una separación
orgánica “de poderes” no implica que cada uno de los órganos que lo
ejercen tenga necesariamente el ejercicio exclusivo de ciertas
funciones, pues paralelamente a las “funciones propias” de cada
órgano del Estado, éstos ejercen funciones que por su naturaleza son
similares a las que ejercen otros órganos estatales. En séptimo lugar
El Principio del Carácter Inter Funcional de los Actos Estatales este se
basa en que las funciones estatales no son suficientemente
complementaria para la distribución que amerita para llevar cuyo
control, el Ordenamiento Jurídico Venezolano reafirma que no hay

4.
conciencia entre las funciones del Estado y los actos jurídicos que
emanan de la voluntad estatal cuyas funciones son las ya nombradas
que emplea el Poder Público, En sentido inverso, se dice que las leyes
sólo emanan de la Asamblea Nacional actuando no sólo en ejercicio de
la función normativa, sino de la función política, de la función de control
y de la función administrativa. En octavo lugar es El Principio del
Carácter Inter Orgánico de la Administración Pública este principio se
basa en la Administración Pública, como complejo orgánico, es decir,
que no está conformada por órganos que ejercen el Poder Ejecutivo,
más bien, por órganos que ejercen los demás Poderes del Estado. Hay
ciertamente una Administración Pública que se configura
organizativamente hablando en el “Ejecutivo Nacional” Administración
Pública Central, pero la misma no agota dicho complejo orgánico en el
Estado venezolano. En noveno lugar es El Principio del
Condicionamiento de los Fines del Estado, como Estado Democrático y
Social de Derecho y de Justicia este principio se basa que la
Constitución en el 1999 se define que el Estado Venezolano no solo
necesita el Estado de Derecho, sino un Estado de Democrático, Social
y Judicial ya que estos son unos de los valores que su fin ya se
encuentran plasmado en la Constitución y este dispone al favor de los
valores superiores como valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad,
la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político,
plasmado en el Art. 2 como texto fundamental. En décimo lugar es El
Principio de la Responsabilidad del Estado y de los Funcionarios
Públicos este principio se basa en que por la parte del derecho público
en la constitución de 1999 es sobre la responsabilidad de los
Funcionarios Públicos y del Estado que son los siguientes: “La
responsabilidad individual de los funcionarios públicos” se basa en el
artículo 139 de la Constitución, que recoge una norma que ha sido
tradicional de nuestro constitucionalismo, relativa al principio de la
responsabilidad individual de los titulares de los órganos que ejercen
el Poder Público. “La responsabilidad patrimonial del Estado” es cuando
las personas jurídicas estatales, básicamente las que resultan de la
distribución vertical del Poder Público (Repúblicas, Estados y de
Municipios); por los daños y perjuicios que causen los funcionarios en
ejercicio de sus funciones. Décimo primer lugar es El Principio de la
Universalidad del Control Judicial de los Actos Estatales son derechos
públicos que en la Constitución de 1999 se basa el de la universalidad
del control de los actos estatales por parte de los órganos del Poder

5.
Judicial, lo cual estos actos judiciales son sistemas procesales de
apelación, acción de amparo, recursos de revisión, recurso de casación
ya que esto se desenvuelve en 1. La justicia constitucional el carácter
mixto o integral del sistema de control de constitucionalidad de los
actos estatales existen A. El control concentrado de la
constitucionalidad la Constitución prevé un control judicial concentrado
de la constitucionalidad de todos los actos estatales, con exclusión de
los actos judiciales y de los actos administrativos respecto de los cuales
prevé medios específicos de control de legalidad y constitucionalidad
(recurso de casación, apelaciones y jurisdicción contencioso
administrativa). B. El control difuso de la constitucionalidad es uno de
los más amplios conocidos en el mundo actual si se lo compara con los
que muestra el derecho comparado, pues mezcla el llamado control
difuso de la constitucionalidad de las leyes con el control concentrado
de la constitucionalidad de las mismas.2. La justicia administrativa: el
control de constitucionalidad y de legalidad de os actos administrativos
existen: A. La constitucionalizarían del contencioso administrativo: al
conjunto de órganos judiciales encargados de controlar la legalidad y
de la legitimidad de las actuaciones de la Administración, tanto por sus
actos, omisiones y en general la actividad administrativa, como por las
relaciones jurídico administrativas en las cuales aquélla intervenga. B.
El contencioso administrativo como fuero judicial de la Administración:
la jurisdicción contencioso-administrativa no constituía un fuero
judicial específico del conjunto de sujetos de derecho que personifican
al Estado, su organización y funcionamiento ni del ejercicio de la
función administrativa o de la actividad Administrativa Pública del
Estado.
Referencias:
http://cubc.mx/biblioteca/libros/Hernandez%20Valle,%20Ruben%20-
%20Los%20Principios%20Constitucionales.pdf
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/mexder/cont/8/
cnt/cnt1.pdf
http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/images/stories/vol1/dc3.pdf