estado y sociedad

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UNIDAD 2: “La política y las jurisdicciones estatales”
Las jurisdicciones del Estado:
Nación: El término “Nación” tiene dos acepciones:
 la nación política, en el ámbito jurídico-político, es un sujeto político en el que
reside la soberanía constituyente de un Estado;
 la nación cultural, concepto socio-ideológico más subjetivo y ambiguo que el
anterior, se puede definir a grandes rasgos, como una comunidad humana con
ciertas características culturales comunes, a las que dota de un sentido ético-
político.
En sentido lato nación se emplea con variados significados: Estado, país, territorio o
habitantes de ellos, etnia, pueblo y otros.
Se entiende a la Nación como una comunidad humana con nombre propio, asociada a
un territorio nacional, que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una
memoria histórica, uno o más elementos de una cultura compartida y un cierto grado de
solidaridad, al menos entre sus élites.
La palabra Nación proviene del latín nātio (derivado de nāscor, nacer), que podía
significar nacimiento, pueblo (en sentido étnico), especie o clase. De allí que se
defina a Nación como el conjunto de personas, por lo general de la misma etnia, que
hablan el mismo idioma y tienen las mismas costumbres, formando de esta manera un
pueblo. Una nación se mantiene unida por las costumbres, las tradiciones, la religión, el
idioma y la conciencia nacional.
Debe aclararse que los elementos como el territorio, el idioma, la religión, las
costumbres y la tradición, por sí mismos, no constituyen el carácter de una nación. El
elemento dominante debe ser la convicción de una vida colectiva, es cuando la
población siente que constituye un organismo o un grupo, distinto de cualquier otro, con
vida propia, intereses especiales y necesidades.
La Nación no se anula a pesar de poder ser dividida en varios estados, y también
muchas naciones pueden unirse para formar un país. El Estado es una forma política,
adoptada por un pueblo con voluntad política, y la nación existe sin cualquier tipo de
organización legal, sólo significa la sustancia humana que la forma, actuando en su
nombre y por sus propios intereses.
Provincia: Comúnmente, una provincia es una entidad subnacional al Estado. La
palabra fue introducida por los romanos, quienes dividieron su Imperio
romano en provincias. En latín, provincia se forma a partir de las voces pro («por»)
y vincia («victoria»). En un principio, designaba a los territorios conquistados fuera de la
Península Itálica.
El término provincia se utiliza para designar a un territorio que forma parte de otra
entidad geográfica más grande y superior pero que, al mismo tiempo, tiene
sus características y funciones particulares. La provincia es una creación puramente
humana para ordenar geográficamente los diferentes espacios en los que una sociedad
vive y se organiza. Para delimitar el territorio que forma parte de una provincia se

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pueden usar tanto elementos naturales (como por ejemplo el cauce de un río, una
cadena de montañas, un bosque, etc.) como también elementos artificiales creados por
el ser humano (por ejemplo, una ruta, un muro, una avenida, etc.).
Siempre que se habla de provincias se está haciendo referencia a una
entidad geopolítica que forma parte de otra entidad superior, normalmente un país, un
reino, un imperio. La provincia es una de las unidades geográficas que componen ese
territorio más abarcativo.
Hay varios elementos que pueden ser tenidos en cuenta para definir lo que es una
provincia. En primer lugar, podemos decir que el territorio provincial cuenta siempre con
un sistema político propio: esto es un gobernador, un sistema legislativo y judicial
propio que le permite tomar sus propias decisiones, aunque algunas sean compartidas
con el Estado central. La provincia también suele tener la libertad de administrar sus
fondos y recursos como le parezca aunque normalmente se suele solicitar a cada uno
de estos territorios el envío de una suma al Estado central para gobernar todo el país o
territorio. Finalmente, las provincias pueden contar con sus propias leyes, así como
también con rasgos identificatorios únicos que hacen a lo cultural y lo social de cada
región.
Municipio: El término municipio, también llamado municipalidad, intendencia o
gobierno municipal, refiere a un concepto jurídico que designa una instancia o tipo
de Gobierno Local, comprendido dentro del espacio provincial. Una municipalidad es la
institución que se encarga de la administración local en un pueblo o en una ciudad.
Está encabezada por un intendente a cargo del poder ejecutivo y un consejo
deliberante que ejerce como poder legislativo; ambos elegidos por votación popular.
Las funciones de gobierno de cada municipalidad, en el caso de la Argentina, varían de
acuerdo con lo establecido por los gobiernos provinciales que las contienen.
Cada gobierno provincial define los límites del área municipal a través de una ley, en
virtud de que así lo establecen las constituciones provinciales o las leyes orgánicas
municipales promulgadas por las autoridades provinciales, que especifican las
características generales de los regímenes municipales. En consecuencia, permanecen
estables en tanto no sean modificados expresamente por otro instrumento legal que
reemplace al anterior.
Se considera municipio al conjunto de población que, contando con un gobierno
propio y dentro de un territorio determinado, es reconocido como tal por el
ordenamiento jurídico vigente. Este concepto involucra cuatro elementos esenciales:
población, territorio, gobierno y orden jurídico.
Condiciones jurídicas del gobierno municipal: La existencia de la jurisdicción
municipal se encuentra establecida en la Constitución Nacional, cuyo artículo
5° establece: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema
representativo republicano […] que asegure su administración de justicia, su régimen
municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno federal garante
a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.

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En tanto el artículo 123 consagra explícitamente la autonomía municipal cuando
establece: “Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto en el
artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el
orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.
Por lo tanto, en nuestro país cada provincia determina su propia definición de municipio
y los alcances de su autonomía. De aquí que no existe una consideración unívoca en
las 23 provincias, sino que predomina la disparidad.
De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP), el parámetro más utilizado –aunque no es el único– para constituir un municipio
es la población. En pocos casos se establecen o adicionan otros requisitos, o
directamente no se especifican condiciones. La mayor parte de las constituciones
establece entre 500 y 2000 habitantes como población mínima.
Los requisitos poblacionales que estable cada provincia para constituir municipios son
los siguientes:
 más de 500 habitantes: Catamarca, Corrientes, La Pampa y Neuquén (500). Chaco
(800).
 más de 1000 habitantes: Formosa y Santa Cruz (1000).
 más de 1500 habitantes: Entre Ríos, Salta y San Luis (1500).
 más de 2000 habitantes: Córdoba, R. Negro, S. Juan, S. Estero y T. Fuego (2000).
 más de 3000 habitantes: Jujuy (3000).
 más de 10 000 habitantes: Santa Fe (10 000).
 otras situaciones: Buenos Aires, La Rioja, Mendoza y Tucumán (no mencionan
población); Misiones (no cuantifica); Chubut (establece como mínimo tener 500
electores).
Administración municipal: El concepto se vincula necesariamente con la noción
de gestión pública. En la Argentina, dicho concepto se refiere al conjunto de
organismos estatales que realizan funciones administrativas. En general, la
Administración pública abarca los distintos entes y dependencias que integran el Poder
Ejecutivo de algunos de los niveles de gobierno. No suele incluir las dependencias de
los poderes legislativo y judicial ni entes privados que presten servicios públicos.
Municipios de Argentina con carta orgánica: La reforma de la Constitución Nacional
de Argentina sancionada en 1994 consagró la autonomía de
los municipios de Argentina, los cuales fueron habilitados a establecer sus propias
formas de gobierno por medio de la redacción de cartas orgánicas municipales de
acuerdo a los alcances determinados por cada provincia.
Hasta 1994 fue materia de interpretación y discusión entre los constitucionalistas
argentinos si la Constitución Nacional establecía que los municipios eran autárquicos o
eran autónomos.
La autarquía significa que un ente u organismo determinado tiene capacidad para
administrarse a sí mismo, de acuerdo a una norma que le es impuesta.

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La autonomía es no sólo la capacidad de administrarse por sí mismo, sino también la
de dictarse sus propias normas por las que ha de regirse, como también la de
gobernarse por autoridades elegidas.
A partir de 1957 las provincias argentinas comenzaron a reconocer expresamente en
sus constituciones la autonomía de sus municipios, e incluso su facultad constituyente
para darse sus propias cartas orgánicas.
La sentencia del 21 de marzo de 1989 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina (Caso Rivademar3 ) interpretó que los municipios eran constitucionalmente
autónomos, fundando tal criterio en ocho razones:
1. El origen constitucional de los municipios.
2. La existencia de una base sociológica constituida por la población de la comuna,
ausente en entidades autárquicas.
3. La imposibilidad de la supresión de los municipios.
4. El carácter de la legislación local de las ordenanzas municipales, frente al de
resoluciones administrativas de las emanadas de entidades autárquicas.
5. El carácter de personas jurídicas de derecho público y de carácter necesario de
los municipios establecido por el art. 33 del Código Civil, frente al carácter
contingente de las entidades autárquicas.
6. El alcance de las resoluciones municipales que comprende a todos los
habitantes de su circunscripción.
7. La posibilidad de creación de entidades autárquicas en los municipios.
8. La elección popular de sus autoridades.
Este fallo y los reconocimientos de las constituciones provinciales fueron recogidos en
la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que consagró la autonomía de los
municipios argentinos.
Los aspectos de la autonomía municipal enumerados en la Constitución Nacional,
significan:
 Institucional: se refiere la posibilidad de dictar su propia carta orgánica obteniendo
"plena autonomía". Si no puede hacerlo es una "autonomía semiplena", que es el
caso de la provincia de La Pampa. Se dan también casos donde las cartas
orgánicas deben ser aprobadas por las legislaturas provinciales: Chubut requiere
que la primera carta orgánica de un municipio sea aprobada por la legislatura
provincial, mientras que Neuquén y Salta también todas sus reformas.
 Político: se refiere a la capacidad de elección de sus propias autoridades locales.
 Administrativo: se refiere a la capacidad de gestionar servicios públicos, obras
públicas, poder de policía, etc.
 Económico: se refiere a la capacidad de gerenciar el gasto público municipal.
 Financiero: se refiere a la posibilidad de establecer impuestos.
La mayoría de las provincias optó por establecer requisitos poblacionales para permitir
el dictado de cartas orgánicas. Los municipios que no dictaron su carta orgánica se
reglan de acuerdo a las respectivas leyes orgánicas municipales de cada provincia.

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El primer municipio en dictar una carta orgánica fue el de la ciudad de Santiago del
Estero en 1961.
En la Provincia de Corrientes, todos los municipios deben dictar una carta orgánica.
Así los municipios que cuentan con carta orgánica son 43:
Alvear (1996), Bella Vista (2010), Berón de Astrada (2011), Bonpland (2012), Caá Catí
(2010), Colonia Liebig (2013), Concepción del Yaguareté
Corá (2012), Corrientes (1994), Cruz de los Milagros (2012), Curuzú
Cuatiá (1994), Empedrado (2010), Esquina (1994), Felipe
Yofre (2012), Garruchos (2012), Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro (1994),
Goya (2009), Itá Ibaté (2012), Itatí (2010), Ituzaingó (2006), La
Cruz (2007), Lavalle (2012),Lomas de Vallejos (2008), Mburucuyá (2012), Mercedes
(2008), Mocoretá (2012), Monte Caseros (1994), Nueve de Julio (2012), Paso de la
Patria, (2009), Paso de los Libres(1993), Pedro R.
Fernández (2008), Perugorría (2012), Saladas (2006), San Cosme(2009), San Luis del
Palmar (2008), Santa Ana de los Guácaras (2012), Santa Lucía(2008), Santa
Rosa (2012), Santo Tomé (1994), Sauce (2008), Tabay (2010), Villa
Olivari(2008), Yapeyú (2012), Yatay Tí Calle (2012). San Antonio Isla Apipé
Grande dictó su carta orgánica en 2008 y fue suspendida por orden judicial. La
convención de San Carlos finalizó su trabajo en 2012 sin dictar una carta orgánica. Las
cartas orgánicas de Palmar Grande, y Ramada Paso no se pusieron en vigencia al no
ser terminadas en 2012. Colonia Libertad tuvo convención constituyente en 2008 y no
se puso en vigencia.
La organización política del territorio argentino.
Régimen Federal: 23 provincias + ciudad autónoma de Bs As.
Niveles de Gobierno: Nacional, Provincial, Municipal y Ciudad Autónoma.
Formas de gobierno:
 Representativa: El pueblo tiene el derecho de votar sobre quienes son sus
representantes ya sea a nivel provincial y nacional.
 Republicana: es la división de poderes, el control y el equilibrio de esos poderes
como forma de evitar el abuso y garantizar las libertades individuales.
 Federal: las provincias son unidades autónomas, con propia organización.
¿Como se aplica el régimen federal en nuestro país?
La Constitución es la base del ordenamiento jurídico del estado. Allí se definen las
formas del estado, los órganos de gobierno, las formas de elección de los gobernantes
y las competencias de estos. El régimen federal se aplica en forma organizada en 3
niveles de gobierno, cada una con atribuciones y competencias propias. Los niveles de
gobierno son; La Nación, las Provincias y los Municipios, a estos niveles se le suma la
ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sistema federal Argentino:

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La Administración Pública en Argentina.
La Administración Pública es el conjunto de organismos estatales que realizan las
funciones administrativas del Estado argentino. En general abarca a los distintos entes
y dependencias que integran el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y los poderes
ejecutivos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las
administraciones municipales.
Esquema de la Administración Pública Argentina.
Debido al sistema de organización federal adoptado por la Argentina, el Estado
argentino está formado por dos grandes estructuras estatales paralelas: el estado
federal (o nacional) y los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cada una de estas estructuras tiene su propia administración pública,
conviviendo así la administración pública nacional, con cada una de las
administraciones públicas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. A ellas hay que
agregar las administraciones municipales, que dependen de las provincias, pero suelen
tener autonomía.
El grueso de la Administración Pública en Argentina se encuentra desconcentrada en
las administraciones públicas provinciales, donde se encuentra empleado más del 60%
del total de los empleados públicos del país.
Entre los sectores que administran las provincias se encuentran las escuelas públicas,
la policía y los centros de salud, responsables por sí mismos de la mayor parte del
gasto y del empleo público.
Luego de las administraciones provinciales, los dos sectores más importantes son la
Administración Pública Nacional, que emplea aproximadamente el 13% del total de
empleados públicos y las administraciones municipales, que emplean en conjunto el
15% de los empleados públicos. Otro sector de consideración es el de las
universidades nacionales, que en conjunto tiene el 6% del total de empleados del
Estado.

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Administración Pública Nacional (federal): La Administración Pública Nacional está
integrada principalmente por el PEN y la mayor parte de los organismos bajo su
mando, aunque existen algunos otros organismos federales de tipo administrativo que
no dependen del PEN, como los Consejos Federales (de Educación, de Trabajo, etc.),
el Consejo Interuniversitario Nacional, el Ombusman Nacional, etc. En sentido
contrario, existen algunas organizaciones que dependen del PEN, pero no integran la
Administración Pública, como las empresas del Estado.
Poder Ejecutivo Nacional: El PEN es el ámbito del Estado Argentino que tiene el
mayor presupuesto y la mayor cantidad de funcionarios y empleados. Su conducción es
unipersonal y piramidal y se encuentra encabezada por del Presidente de la Nación
Argentina. Organizativamente tiene tres áreas principales:
1. El área Presidencia de la Nación y las Secretarías Presidenciales
2. El área Jefatura de Gabinete
3. Los Ministerios
Presidencia de la Nación: El área Presidencia de la Nación está integrada por
el Presidente de la Nación y los organismos y personal más cercanos. Entre estos
últimos se destacan por su importancia política la Secretaría General, la Secretaría
Legal y Técnica, la Secretaría de Inteligencia(SIDE) y Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).
También funciona en esta área, la Casa Militar, encargada de la seguridad directa del
Presidente. Otra oficina presidencial importante es el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales. Además, de Presidencia dependen varios
organismos descentralizados:
 Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a cargo del control interno de toda la
Administración Pública Nacional
 Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
 Biblioteca Nacional
 Fondo Nacional de las Artes (FNA)
 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
 Administración General de Museos y Archivo Presidencial
 Teatro Nacional Cervantes
 Instituto Nacional del Teatro
 Instituto Nacional “Juan D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas,
Sociales y Políticas
 Instituto Nacional Yrigoyeneano
 Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional
 Ballet Nacional
 Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA),
ex Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)

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Jefatura de Gabinete de Ministros: La Jefatura de Gabinete de Ministros es un
organismo supra-ministerial de la República Argentina, desempeñado por un Jefe de
Gabinete, quien es el encargado directo de ejercer la administración pública nacional,
designar al personal y coordinar las reuniones del gabinete de ministros, actuando
como un delegado personal del Presidente de la Nación. Fue creado por la reforma
constitucional de 1994 y sus funciones están establecidas en los artículos 100 y 101 de
la Constitución Nacional. De la Jefatura de Gabinete dependen seis secretarías:
 Secretaría de Integración Nacional
 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
 Secretaría de Evaluación Presupuestaria
 Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa
 Secretaría de Relaciones Parlamentarias
 Secretaría de Comunicación Pública
 Dentro de su ámbito funciona el Cuerpo Administradores Gubernamentales y el
Registro Central del Personal Contratado.
Ministerios: Como en la mayoría de los países del mundo, en la Argentina,
los ministros son los colaboradores directos del Presidente de la Nación y son
designados y removidos a voluntad por el mismo. El conjunto de los ministros integran
el Gabinete de Ministros, cuya reunión ordena el Presidente y coordina el Jefe del
Gabinete de Ministros. Cada ministro dirige un ministerio, encargado de un área
temática. El régimen y funciones de los ministerios se encuentran regulados por la Ley
de Ministerios N° 22250, texto según Decreto 2082/2011, modificado por Decreto
874/2012.
Cadena jerárquica: Uno de los mecanismos de organización de la Administración
Pública es la jerarquía administrativa. Mediante la misma, dentro de cada ente, cada
área funcional administrativa se va subdividiendo progresivamente en nuevas áreas,
que se especializan en determinada función y que se mantienen subordinadas a la
instancia inmediata superior. La jerarquía administrativa es exclusivamente funcional y
se aplica sólo entre órganos de un mismo ente, no existiendo relación jerárquica entre
el funcionario público y el ciudadano, ni con empleados pertenecientes a otros entes de
la Administración Pública.
 Secretarías ministeriales o secretarías de ministerios
 Subsecretarías
 Direcciones nacionales
 Direcciones generales
 Direcciones
 Departamentos
 Divisiones
Fuera de la estructura jerárquica existen también Organismos fuera de nivel, que
dependen directamente del órgano máximo.

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Administraciones públicas provinciales: Las provincias argentinas ejercen todo el
poder no delegado a la nación. Todas tienen un poder ejecutivo unipersonal a cargo de
un gobernador electo por voto directo. Cada provincia organiza su propia
administración pública, de acuerdo a su propia constitución y sus leyes.
Gestión participativa y democracia.
La gestión local participativa: La gestión participativa para el desarrollo local es
entendida como el saber hacer de las municipalidades y las organizaciones locales. Es
un proceso dinámico, donde los diferentes actores locales, públicos y privados
articulan sus intereses alrededor de un objetivo común.
Uno de los instrumentos por excelencia es el Plan Integral de desarrollo. Este es a la
vez un proceso, y un instrumento. En tanto proceso, se define como un conjunto de
acciones y tareas que involucran a los actores políticos, sociales y económicos en la
definición de objetivos y acciones para el desarrollo local. Como instrumento,
constituye un marco conceptual que facilita la concertación para la toma de decisiones.
Si bien hablamos de procesos, quienes lo conducen deben ser capaces de determinar
las fases que vayan mostrando en el tiempo resultados concretos ante la población.
Cada vez más gobiernos locales apuestan por una gestión participativa. La
participación de la población en las diferentes etapas de un proceso de elaboración y
gestión de un plan de desarrollo, legitima las acciones de la municipalidad y fortalece
las capacidades de los actores. Un Plan de desarrollo local realizado de manera
participativa se convierte así en el plan de la ciudad, y no sólo de la municipalidad.
Constituye el eje articulador que deberá facilitar la construcción de un objetivo común
para la comunidad, garantizando la sostenibilidad del proceso y reafirmando las
identidades locales. Sin embargo existen una serie de elementos para la gestión
democrática local que no sólo dependen del espacio local, sino de su articulación con
espacios mayores, es decir con la ciudad y con el país.
Los elementos elegidos para poner en práctica un proceso de desarrollo local van a
determinar, a fin de cuentas, el modelo de gestión del desarrollo que será conducido
por la municipalidad. Hay por lo menos cuatro elementos claves para asegurar la
gestión participativa de desarrollo local:
1. Quien lidera el proceso (en este caso la municipalidad) debe tener un objetivo
político claro y debe ser capaz de transmitirlo a la población.
2. Es necesario determinar las herramientas a ser utilizadas en el proceso. Por
ejemplo la concertación de actores, en tanto permite articular esfuerzos y construir
alianzas; o en el caso del presupuesto participativo, que define un “espacio”, un
mecanismo institucional para la decisión de la población sobre el gasto público. En
ambos casos se abren canales de participación ciudadana que se van
institucionalizando a partir de espacios públicos donde se discute y construyen
consensos.

10. 10
3. Las instancias de decisión deben ser claras, así como los roles de cada actor en el
proceso, de manera tal que los actores puedan determinar qué es negociable y qué
no.
4. Los mecanismos legales se convertirán en el soporte de este proceso, y serán un
elemento básico para la institucionalización de los canales de participación
ciudadana. Los espacios de participación, abiertos a la colectividad local, son un
elemento importante para la sostenibilidad de los procesos de este tipo.
Los instrumentos de una gestión participativa apuntan importantes del desarrollo local:
el fortalecimiento de las capacidades de gestión de la municipalidad; y el
fortalecimiento de las competencias de los actores locales, convirtiéndose en
interlocutores con poder y legitimidad ante el gobierno.
Condiciones básicas: Para que los elementos anteriores se den, es necesario
fortalecer ciertas capacidades en la sociedad civil.
Una de ellas, evidentemente, es la ciudadanía, requisito fundamental para la
concertación. La ciudadanía es un principio de igualdad. Es un estatus que garantiza a
los individuos iguales derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y
responsabilidades. Pero la ciudadanía es, al mismo tiempo, la actualización (la puesta
en práctica) de estas dimensiones en una comunidad. Por eso la ciudadanía no es sólo
un estatus legal, sino la pertenencia y participación de los ciudadanos en una
comunidad. La pertenencia implica una identidad compartida y una convicción subjetiva
del derecho a intervenir en la determinación de las condiciones de su propio desarrollo.
Sin embargo, la ciudadanía en un país como el Perú no viene con la partida de
nacimiento. Depende de ciertas condiciones materiales y sociales que la mayoría de
sus habitantes, pobres y marginados del “mercado”, no posee.
Otro componente importante de la ciudadanía es el de la representación, segundo
requisito para la concertación. La democratización de la sociedad peruana puede verse
no sólo (y no tanto) en el reconocimiento formal de la igualdad ante la ley sino en el
aumento de la capacidad asociativa de los miembros de la sociedad. Esto nos lleva al
tema de la organización, y de cuáles son sus niveles de representación hoy en día.
Una de las características de los sectores populares en nuestro país es su capacidad
de organización mostrada durante décadas. El movimiento popular se construyó a
partir de estas organizaciones que se nuclearon en torno a las necesidades básicas de
las poblaciones pobres. La organización de los setenta se daba en torno a un
agrupamiento territorial, y se denominaba organización vecinal (dado que representaba
a un grupo de vecinos ante las autoridades). A medida que la ciudad se ha
desarrollado, se han multiplicado y diversificado las necesidades e intereses de los
habitantes. En sus inicios, la organización vecinal era capaz de aglutinar las demandas
de los pobladores que giraban en torno a las necesidades básicas. En la actualidad, los
intereses de los productores, comerciantes, padres de familia, mujeres, jóvenes y niños
no se orientan en una misma dirección, y las asociaciones existentes no han logrado
canalizar sus expectativas. En conclusión el tejido social se ha hecho más denso y la

11. 11
representación social ha visto seriamente afectada porque no se ha adecuado a esa
“densidad”. .
Los espacios de concertación en tanto espacios públicos, deben estar integrados por
personas que reúnan estas dos condiciones:
 Que sean ciudadanos  a la base están las condiciones sociales y materiales que
les permiten ser sujetos de derechos.
 Que sean representantes  a la base está la existencia de un tejido social “vivo”
que permite a la población seguir organizándose.
Adicionalmente, las herramientas utilizadas en el proceso de gestión participativa
deben institucionalizarse. Las instituciones son las “reglas de juego” que se da una
sociedad para resolver ciertos temas. Cada institución resuelve algún tema en
particular, en este caso nos interesa que existan mecanismos institucionalizados para
la gestión del desarrollo local.
La institucionalidad de los procesos de planificación y concertación iniciados, es
requisito fundamental para la sostenibilidad de los mismos. Un marco legal da
institucionalidad a los procesos, pero por si sólo no es suficiente: una ordenanza puede
ser derogada por la siguiente gestión local. Esto nos muestra que generar instituciones
es más complejo que la sola voluntad política. Supone que todos los actores
reconozcan un mismo espacio como legítimo y que por tanto constituya el canal
privilegiado a la hora de definir objetivos y priorizar recursos: puede no haber leyes y sí
una práctica sancionada como válida por la comunidad. Esa es la institución que
necesitamos cuando apostamos a un plan de desarrollo compartido.
Por tanto, los procesos democráticos y de participación para el desarrollo local
requieren de tres condiciones básicas para ser exitosos: que existan ciudadanos, que
existan organizaciones y que existan instituciones. Es más: a la vez que son
condiciones, estos procesos contribuyen a generar ciudadanía, a fortalecer el tejido
social y a crear instituciones. Se trata entonces de procesos sistémicos: cuando el
sistema funciona (es decir resuelve los problemas de la comunidad), se logra que las
personas crean en él.
De lo local a lo metropolitano (o nacional): Un proceso de desarrollo local puede ser
muy democrático y participativo, pero ello no necesariamente genera ni gobernabilidad
ni desarrollo a mayor escala. Las tres condiciones básicas señaladas líneas arriba,
están articuladas a la metrópoli y al Estado.
El tema del desarrollo local está muy vigente en nuestros días. Es una propuesta de
modernización que calza bien con Estados nacionales débiles y con lo que supone el
proceso de globalización. Pero ¿es posible un desarrollo local participativo sin Estado?
¿Es posible concentrarnos únicamente en el espacio local y desde allí generar
ciudadanía, procesos democráticos e institucionalidad? Las tendencias recientes nos
muestran que en toda estrategia de desarrollo local debemos considerar tanto los
factores endógenos como exógenos.

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A modo de conclusión:
 El espacio local no tiene sentido sin el espacio mayor con el que se articula.
Las condiciones básicas para una gestión local participativa y democrática,
dependen del espacio mayor para lograr ser sostenibles en el tiempo. Si bien
esto es cierto, también lo es que cada vez más ciertos procesos participativos a
nivel local están contribuyendo con fuerza a cambiar procesos nacionales. Cada
vez más gobiernos locales entienden que una gestión participativa les otorga
mayor legitimidad y hace más eficiente la gobernabilidad local.
 Los procesos de gestión participativa, se han convertido también en proceso de
aprendizaje, y van generando una serie de beneficios como son el
fortalecimiento de los actores y la promoción de la ciudadanía en el seno de la
comunidad, la mejora de la gobernabilidad en la ciudad, por el hecho de que se
refuerzan los acuerdos entre los diferentes actores sociales, públicos y privados,
y la acción concertada que multiplica – y no sólo suma - los recursos existentes
y aumenta la eficiencia y la legitimidad del gobierno local.
 La participación en el proceso de planificación del desarrollo local debe estar
articulada a la institucionalización de las prácticas democráticas de la sociedad
civil. Las organizaciones más tradicionales van adquiriendo una nueva dinámica
y se van generando otros espacios organizativos en función los nuevos intereses
de los diferentes grupos existentes.
Democracia.
Democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al
conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de
organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por
el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que
confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una
forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones
sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.
En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada regla de la mayoría, es
decir el derecho de la mayoría a que se adopte su posición cuando existen diversas
propuestas. Ello ha llevado a que sea un lugar común de la cultura popular asimilar
democracia con decisión mayoritaria.
Las elecciones son el instrumento en el que se aplica la regla de mayoría; haciendo
así de la democracia el ejercicio más eficiente, eficaz y transparente, donde se aplica la
igualdad y la oportunidad de justicia, práctica oríginada en los siglos XVIII y XIX;
cuando la mujer se hace partícipe del derecho al voto. Además, la democracia
contemporánea, no se mantiene paralela al régimen absolutista y al monopolio del
poder.
Sin embargo muchos sistemas democráticos no utilizan la regla de la mayoría o la
restringen mediante sistemas de elección rotativos, al azar, derecho a veto (mayorías

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especiales), etc. De hecho, en determinadas circunstancias, la regla de la
mayoría puede volverse antidemocrática cuando afecta derechos fundamentales de las
minorías o de los individuos.
Las democracias reales suelen ser complejos mecanismos articulados, con múltiples
reglas de participación en los procesos de deliberación, toma de decisiones, en los
que el poder se divide constitucionalmente o estatutariamente, en múltiples funciones
y ámbitos territoriales, y se establecen variedad de sistemas de control, contrapesos y
limitaciones, que llevan a la conformación de distintos tipos de mayorías, a la
preservación de ámbitos básicos para las minorías y a garantizar los derechos
humanos de los individuos y grupos sociales.
Tecnocracia.
El término tecnocracia significa literalmente «gobierno de los técnicos» y se deriva de
los vocablos griegos τέχνη (tékhnē, «arte, técnica») y κράτος (krátos, «poder, dominio,
gobierno»).
Una tecnocracia es un sistema de gobierno dirigido por técnicos. Al
técnico que se especializa en una determinada rama del conocimiento
y cumple una función pública para ejecutar políticas que trasciendan la
ideología se lo conoce como tecnócrata.
Por eso, en un sentido más preciso, la tecnocracia es el gobierno de los
tecnócratas. Los funcionarios de este tipo de gobierno apelan al método
científico para brindar soluciones a la población. De esta manera, las decisiones están
orientadas por la ciencia y no por cuestiones ideológicas.
La idea de tecnocracia comenzó a desarrollarse en las primeras décadas del siglo XIX.
El francés Claude-Henri Rouvroy proponía por entonces que el poder político sea
asumido por los técnicos y los empresarios industriales que estaban impulsando la
transformación de la producción y de la economía de Francia.
Auguste Comte, también filósofo, fue otro de los pensadores que, por aquellos años,
sostenía que la sociedad debía ser dirigida a través de la tecnología y de no mediante
la política. La premisa indicaba que aquellos que promovían y controlaban
la sociedad industrial estaban capacitados para encargarse de la dirección de la
sociedad en general.
Diversos tecnócratas han identificado su postura con el uso del método científico para
resolver los problemas de la política. En vez de basar sus decisiones en convicciones
ideológicas, se favorece la acción orientada a resultados y basada en datos empíricos.
El tecnócrata es (o se asocia con) un científico o ingeniero.
En la práctica, la tecnocracia nunca se instaló del todo, sino que los tecnócratas suelen
contar con poder limitado o dedicarse a asesorar a los dirigentes políticos. La noción de
tecnocracia, de hecho, suele emplearse de modo despectivo respecto a aquellos
gobiernos que privilegian la eficiencia y minimizan la importancia de los efectos

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sociales que tienen sus decisiones. Un ministro de Economía que decide recortar
el presupuesto de los hospitales públicos para mejorar las cuentas puede ser acusado
de tecnócrata al no tener en cuenta las decisiones de su decisión sobre la población.
El poder tecnocrático: Lo que caracteriza a la tecnocracia, a principios del siglo XXI,
es la tendencia a suplantar el poder político en vez de apoyarle con su asesoramiento,
asumiendo para sí la función decisional. Eliminando la división entre política como reino
de los fines y técnica como reino de los medios, el tecnócrata abandona el terreno
técnico-económico y de los medios de la acción social para meterse en el de los fines y
en el de los valores, intentando que la decisión de tipo político y discrecional —con
base en criterios prudenciales y morales— puede ser reemplazada por una decisión no
discrecional, fruto de cálculos y previsiones de tipo científico, en base a puros criterios
de eficiencia.
«En la mentalidad tecnocrática racionalidad y "verdad" están indisolublemente unidas,
según un esquema reconocido casi universalmente en el pensamiento contemporáneo,
en el que además la racionalidad está fundada sobre elementos meramente
cuantitativos, postergando al mundo de lo irracional, y por lo tanto de lo lamentable por
definición, todo aquello que no sea cuantificable. Es obvio que ya no habrá sitio para
los juicios de valor, esto es, para los juicios que por su misma sustancia no pueden
fundarse sobre elementos cuantitativos».
La ocupación de la esfera política trae consigo la demonización por incompetencia, por
corrupción y por particularismos de los individuos que actúan tradicionalmente en ella; y
también la afirmación de la plena suficiencia de la competencia para la gestión de los
asuntos públicos, conforme a una concepción simplista de la sociedad como unidad
productiva de la que, en un primer momento, hay que maximizar su expansión
económica, o —en un segundo momento— integrar en un sistema económico mundial.
Para tal fin hay que adaptar las estructuras institucionales y administrativas.
De la desconfianza tecnocrática en la voluntad o en la capacidad de los individuos
particulares o asociados de realizar un sistema económico más eficiente se deriva tanto
la propensión a planificar la sociedad por medio de un sistema de control
tecnoburocrático, como la expulsión de la vida social de todo principio que no sea
cuantificable, la aversión hacia una concepción del bien común que no se reduzca a
puro bienestar material.
Movimiento tecnocrático: El movimiento tecnocrático es un movimiento social
originado en los Estados Unidos durante la décadas de 1920 y 1930 y aboga por un
sistema social donde el bienestar humano se optimiza mediante el análisis científico y
el uso extendido de la tecnología.
Los tecnócratas abogan por la tecnocracia, esto es, una forma de gobierno en la que
los científicos y demás expertos toman las decisiones al servicio de la humanidad. Los
tecnócratas describen la tecnocracia como una sociedad sostenida por expertos

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técnicos que gobiernan, quienes a su vez sustentan sus posiciones mediante
argumentación racional y pensamiento crítico.
Ideas y metas: El movimiento tecnocrático busca establecer un sistema
socioeconómico de crecimiento basado en la conservación, la abundancia en oposición
a sistemas económicos basados en la escasez como son el capitalismo y el
comunismo. La principal conclusión del movimiento tecnocrático es que el
actual sistema de precios basado en la escasez, es un medio ilógico de distribución en
un mundo tecnológicamente avanzado. La tecnocracia considera los modelos
económicos, políticos y administrativos como reliquias del pasado.
Los tecnócratas afirman que los avances en la mecanización han causado un
desplazamiento masivo de empleo hacia el sector de los servicios. Mayor incremento
en la eficiencia y la productividad quiere decir que la mayoría de las tareas
desempeñadas por empleados humanos pueden ser eliminadas o reducidas a través
de una mejor gestión, automatización, y centralización. Estas tendencias deben señalar
un incremento tanto en las posibilidades de producción y de tiempo para el ocio puesto
que se produce más con menos mano de obra. Dentro del sistema de mercado, sin
embargo, un aumento en la productividad según estas teorías conduce a reducción del
personal porque las compañías necesitarían menos trabajadores y estos recibirían
salarios más bajos debido a la competencia. Como consecuencia, el estándar de vida
de muchos declina. Los tecnócratas por lo tanto argumentan que el sistema de
mercado se enfrenta a una paradoja fundamental: A pesar de que hay máquinas
disponibles para remplazar mano de obra humana, estas no hacen nuestra vida más
fácil, por el contrario la hacen más difícil. Aunque cada vez sea posible producir más
debido a la tecnología, las disparidades en riqueza son mayores y el beneficio potencial
de la tecnología es menos compartido. La causa fundamental del problema, según el
movimiento tecnocrático, es que dependemos mucho de un sistema basado en el
dinero para tomar las decisiones económicas.
Contrario a los economistas, quienes definen eficiencia en términos de una máxima
asignación de recursos limitados con el fin de proporcionar mayor utilidad a sus
dueños, los tecnócratas definen eficiencia en términos de evidencia empírica.
Eficiencia, para los tecnócratas se mide científicamente: la tasa de energía aplicada al
trabajo útil sobre la energía aplicada al sistema completo. Los tecnócratas argumentan
que existe un abismo entre el mundo real de la ciencia y el mundo de la economía.
Ellos afirman que las entradas necesarias para hacer la mayoría de los productos se
encuentran en abundancia, especialmente aquellas que son críticas para la sociedad
como alimentación, refugio, transporte, información, etc. Los tecnócratas afirman que la
mayoría de los problemas sociales, como pobreza y hambre se deben a una economía
defectuosa y al uso inapropiado de la tecnología. Ellos frecuentemente señalan que el
actual sistema de precios es un despilfarro porque utiliza tantos recursos como sean
posibles para crear un número escaso de productos (productos privados rivales y
excluibles). Los tecnócratas argumentan que el uso de la tecnología y los recursos
debe ser capaz de producir en abundancia. Los tecnócratas afirman que el sistema de

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precios conlleva a una severa falta de poder de compra, y se ha apoyado en tácticas
derrochadoras, remiendos al sistema económico, y un enorme incremento en las
cantidades de deuda, las cuales empezaron a aumentar exponencialmente después de
1930. Esta deuda incluye deudas soberanas, hipotecas, deudas a largo plazo, deuda
de crédito, y el creciente mercado de valores. Los tecnócratas ven la creciente deuda
como una amenaza a la estabilidad del capitalismo, y afirman que el sistema
eventualmente colapsará, en cuyo caso, esperan, habrá educado un número suficiente
de gente para hacer cambios a la estructura económica y crear un tecnato.
Los Tecnatos: El término tecnato fue acuñado por el movimiento tecnocrático para
describir la región sobre la cual operaría una sociedad tecnocrática. Todos los recursos
y la industria de esta región o territorio serían usados para proporcionar una
abundancia de bienes y servicios a los ciudadanos.
Según los tecnócratas, un Tecnato no puede simplemente fundarse como un país
moderno actual. Éste tiene varios requerimientos que deben cumplirse con el fin de
operar.
 Debe tener suficientes recursos naturales para crear abundancia.
 Debe tener una base industrial y científica pre-existente.
 Debe tener una cantidad suficiente de personal cualificado para operar la
infraestructura que proporciona la abundancia.
Según el movimiento tecnócrata estadounidense, Norteamérica es actualmente el único
territorio capacitado para constituir un Tecnato. Éste sería el Tecnato Norteamericano.
Esto pondría fin al actual sistema de precios.
Tecnato norteamericano: El tecnato norteamericano sería diseñado para transformar
a Norteamérica en una sociedad tecnocrática. En el plan se incluiría Canadá, cuyos
ricos depósitos de minerales y poder hidroeléctrico se
complementarían con la capacidad industrial y agrícola
de Estados Unidos y la abundancia energética de
México.
El tecnato norteamericano incluiría toda Norteamérica,
América Central, el Caribe, partes de Sudamérica y
Groenlandia, comprendiendo 30 naciones modernas, así
como varios territorios dependientes. Si este tecnato fuera fundado hoy, contendría
aproximadamente 600 millones de habitantes y su área total sería de 26 millones de
km², haciéndolo la nación más grande de la tierra. Su territorio se extendería desde el
Polo Norte hasta la línea del Ecuador y desde la línea internacional de la fecha hasta el
Océano Atlántico.