Contralínea 528

Año 15 • Número 528 • $30
Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2017
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 27 de febrero de 2017
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Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen,
delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
El pasado 9 de enero de
2017 la Procuraduría
General de la Repúbli-
ca (PGR) entregó a los
padres y a las madres
de las víctimas del caso
Iguala los resultados de
la investigación interna
iniciada por las irregula-
ridades en la indagatoria
que detectó el Grupo
Interdisciplinario de
Expertos Independien-
tes (GIEI), designado
por la Comisión Intera-
mericana de Derechos
Humanos (CIDH) para
brindar asistencia técni-
ca en la indagatoria. La
resolución entregada a
las familias es limitada
y parcial, lo que desde
nuestra perspectiva
constituye un alarmante
mensaje de impunidad
que debilita al estado de
derecho.
Entre las irregulari-
dades detectadas por el
GIEI estuvo el señala-
miento de que existieron
actuaciones en la inves-
tigación que no fueron
reportadas dentro del
expediente. En su Segun-
do Informe presentado el
24 de abril de 2016, el
GIEI reveló un video
donde se aprecia que el
28 de octubre de 2014
el director en jefe de la
Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC),
Tomás Zerón de Lucio,
trasladó ilegalmente a
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
PGR ALIENTA LA IMPUNIDAD
EN CASO AYOTZINAPA
un detenido al Río San
Juan, le interrogó en
ausencia de su defensor
y no levantó constancia
de dicha diligencia, ade-
más de que no solicitó
formalmente que el sitio
quedara bajo custodia.
Dicho detenido presentó
posteriormente huellas
de maltrato. Esto resulta
sumamente relevante
puesto que es una base
en la que se ha pretendi-
do sostener la hipótesis
oficial: en el lugar esce-
nario de las actuaciones
irregulares se habría
encontrado un día des-
pués la bolsa de donde
se extrajo el único resto
óseo hasta hoy identifi-
cado como pertenecien-
te a uno de los jóvenes
desaparecidos.
Después de la reve-
lación del GIEI, la PGR
se comprometió a rea-
lizar una investigación
interna exhaustiva y
expedita a cargo del en-
tonces visitador general
de la institución, César
Alejandro Chávez. Di-
cha investigación no fue
concluida en los tiempos
anunciados a las fami-
lias, lo que incluso deri-
vó en la suspensión de la
interlocución entre éstas
y las instancias federales.
Posteriormente, diversos
trabajos periodísticos
–Reforma, Aristegui No-
ticias, Proceso, Anabel
Hernández y The New
York Times– revelaron
que el visitador había
realizado un proyecto
de resolución que de
manera inédita señalaba
las graves responsabi-
lidades de los funcio-
narios implicados en
las diligencias del Río,
encontrando al menos
13 irregularidades y
ordenando el inicio de
una investigación penal
por la “posible trascen-
dencia penal” de dichas
actuaciones ilegales. Los
reportes de la prensa
indicaron también que
justamente fue por el
contenido crítico del
trabajo de la propia ins-
titución que el proyecto
no fue aprobado, lo que
derivó incluso en la sali-
da del visitador Chávez
de la PGR.
Hoy, a casi 10 meses
de las revelaciones del
GIEI se ha hecho públi-
ca la resolución final de
la PGR, es claro que el
proyecto avanzado por
el anterior visitador fue
recortado en sus prin-
cipales alcances para
generar una conclusión
que de forma inacep-
table convalida graves
violaciones al debido
proceso y con ello fo-
menta la ilegalidad. Al
omitir toda referencia al
derecho internacional
de los derechos huma-

www.contralinea.com.mx 5
nos, al considerar legales
detenciones que fueron
arbitrarias, al no responsa-
bilizar a Tomás Zerón de
violar el derecho a la verdad
por no informar de las dili-
gencias en el Río San Juan
y al no pronunciarse sobre
el derecho a la defensa del
detenido que fue llevado al
río, sin duda la resolución
encubre severas ilicitudes.
La relevancia que pudiera
tener esta resolución se dilu-
ye al sólo proponer el inicio
de procedimientos adminis-
trativos por responsabilida-
des leves, dejando de lado
el inicio de investigaciones
penales; de esta manera
también se alienta la arbi-
trariedad de las policías de
investigación, pues se les
permite situarse al margen
de las obligaciones básicas
de respeto al debido proceso
y de su sujeción al ministe-
rio público.
En suma, la resolución
realizada por la visitadora
Adriana Campos, ya dentro
de la administración del
procurador Raúl Cervantes
Andrade, abona a la impu-
nidad y violenta al estado
de derecho. No sólo consti-
tuye un nuevo agravio a las
familias que aún demandan
justicia y verdad, sino que
también muestra la pro-
fundidad de los problemas
estructurales de la PGR, en
la medida en que evidencia
cómo los controles internos
constituidos por instancias,
como la Visitaduría Gene-
ral, carecen de independen-
cia, firmeza y capacidad
técnica. Estas deficiencias
deberán ser tomadas en
cuenta en las discusiones
sobre el diseño de la nueva
Fiscalía General de la Re-
pública.
En este mismo sentido,
no debe pasarse por alto
que al quedar algunos de
los procedimientos adminis-
trativos por iniciarse en el
ámbito de la Secretaría de
la Función Pública, hoy en-
cabezada por Arely Gómez
–quien como procuradora
de la República tuvo a su
cargo tanto a César Chávez
como a Tomás Zerón– su
desenlace pondrá a prueba
las recientes reformas al
Sistema Nacional Antico-
rrupción.
La decepcionante reso-
lución de PGR por las irre-
gularidades registradas en el
caso Ayotzinapa es un pési-
mo precedente para quienes
trabajamos para erradicar
la impunidad y fortalecer
el estado de derecho desde
la sociedad civil y la acade-
mia. Esperamos que esta
decisión pueda ser revisada
en las instancias judiciales
correspondientes y que se
transparenten todos los pro-
cedimientos administrativos
y sus resoluciones, de modo
que esta determinación no
constituya un nuevo obs-
táculo en la búsqueda de
justicia y verdad para este
importante caso. Recorda-
mos que la cabal resolución
del caso Ayotzinapa sigue
siendo no sólo del interés
de las víctimas sino de todo
México.
Aleida Calleja; Carolina
Pimentel; Daniel Gershen-
son; Guadalupe Barrena;
Jacobo Dayán; Layda Ne-
grete; Luis DanielVázquez;
Maite Azuela; Margarita
Griesbach;Alarbo; Causa en
Común; Centro de Análisis
e Investigación Fundar; Cen-
tro de Derechos Humanos
de las Mujeres; Centro de
Derechos Humanos Juan
Gerardi; Centro Diocesanos
para los Derechos Humanos
Fray Juan de Larios; Centro
Nacional De Comunicación
Social; Ciudadanos en Apoyo
a los Derechos Humanos;
Comisión Mexicana de De-
fensa y Promoción de De-
rechos Humanos; Fray Juan
de Larios; Fundación para la
Justicia y el Estado Demo-
crático de Derecho; I(dh)eas
Litigio Estratégico; Instituto
de Derechos Humanos
Ignacio Ellacuría, SJ, Puebla;
Instituto de Justicia Procesal
Penal; Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir; Institu-
to Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia;
Justicia Pro Persona; Oficina
en Washington para Asuntos
Latinoamericanos; México
Unido contra la Delincuen-
cia; Oficina de Defensoría de
los Derechos de la Infancia;
Programa de Derechos
Humanos de la Universidad
Iberoamericana, Ciudad de
México yTijuana; Programa
de Derechos Humanos y
Educación para la Paz de la
Universidad Iberoamericana,
Torreón; Programa Institucio-
nal de Derechos Humanos y
Paz del ITESO, Guadalajara;
R3D, Red en Defensa de
los Derechos Digitales; Red
Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Huma-
nosTodos los Derechos para
Todas yTodos (conformada
por 80 organizaciones en
21 estados de la República
Mexicana)
Demandan
transparencia en
elección de titular
de la CEAV
Enrique Peña Nieto, presi-
dente de la República Mexi-
cana; senadores y senadoras
Por este medio nos diri-
gimos a ustedes en relación
con el proceso de selección
de la persona que ocupará
la titularidad de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención
a Víctimas (CEAV). En tal
sentido, queremos hacerles
llegar una serie de inquie-
tudes y preocupaciones en
relación a este tema.
Por la importancia tanto
del proceso como del cargo,
las organizaciones firmantes
consideramos fundamental
que se respete lo estable-
cido en el artículo 85 y el
transitorio quinto de la Ley
General de Víctimas, y que
también se retomen las me-
jores prácticas relacionadas
con procesos transparentes,
incluyentes, participativos y
certeros. Por ello, de manera
inicial hemos participado de
forma activa en el proceso
de selección del o la titular
de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas, hacien-
do llegar nuestra propuesta a
través de las vías establecidas.
La Ley General de Víc-
timas vigente prevé que en
el proceso de selección se
garantice “el respeto a los
principios que dan marco a
[la]Ley [General de Vícti-
mas], especialmente los de
enfoque transversal de géne-
ro y diferencial.” Asimismo,
la Ley señala que debe rea-
lizarse una consulta pública,
NUESTROS LECTORES OPINIÓN

al menos, con tres sectores:
con víctimas, expertos/as y
organizaciones de la socie-
dad civil. El primer párrafo
del quinto transitorio de la
última reforma a esta legisla-
ción, prevé lo siguiente:
Quinto. Por única oca-
sión, dentro de los treinta
días siguientes a la entrada
en vigor del presente De-
creto, el Titular del Poder
Ejecutivo Federal, previa
consulta pública a los colec-
tivos de víctimas, expertos y
organizaciones de la socie-
dad civil especializadas en la
materia, remitirá al Senado
de la República la propuesta
de nombramiento del Co-
misionado Ejecutivo, quien
durará en el cargo 3 años.
En virtud de que a la fe-
cha no tenemos conocimien-
to del curso que ha tomado
el proceso de selección, con
fundamento en los artículos
Primero, Sexto y Octavo de
la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexi-
canos; 13 y 23 de la Con-
vención Americana sobre
Derechos Humanos; 19 del
Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos y la
Ley General de Víctimas, le
solicitamos respetuosamente
lo siguiente:
-Que se nos informe la
lista de personas que fueron
propuestas para ocupar la
titularidad de la CEAV y
quiénes fueron los colectivos
de víctimas, organizaciones
y/o expertos/as que les pro-
pusieron.
-Que se nos explique
–independientemente de
lo que está establecido en
las bases de la convocatoria
publicadas en el Diario Oficial
de la Federación que contiene
las reglas generales del pro-
ceso– cuáles son los pasos,
tiempos y criterios que se
están siguiendo para elegir
la propuesta de candidato/a
que será enviada por el eje-
cutivo al poder legislativo y
que de la misma manera el
Senado informe el proceso
que seguirá para concluir la
elección del o la próximo/a
titular de la CEAV.
-Que se nos explique de
qué manera tanto el Eje-
cutivo como el Legislativo
van a garantizar un proceso
transparente, inclusivo y
participativo que implique la
consulta y participación de
colectivos de víctimas, exper-
tos/as y organizaciones de la
sociedad civil.
Para las y los firmantes,
es fundamental que el pro-
ceso de selección de la per-
sona titular de la CEAV, sea
transparente, inclusivo y que
se nos permita participar en
el mismo. De igual manera,
resulta fundamental que la
persona propuesta cumpla
con el perfil idóneo para
ejercer tan alta responsabi-
lidad. Consideramos que la
consulta no se agota con pro-
poner a una persona, sino
estar al tanto del proceso de
selección, participar del mis-
mo y que tal participación
sea efectivamente tomada en
cuenta en la decisión final.
En este sentido, solicita-
mos al Ejecutivo que antes
de someter la propuesta al
Senado, se haga un escruti-
nio público del perfil de la
persona en el que participen
organizaciones, colectivos
y personas expertas. Ello
podría hacerse, al menos, a
través de la revisión de los
documentos y trayectorias de
la misma así como a partir
de entrevistas públicas. De la
misma manera solicitamos
al Senado que una vez reci-
bida esta propuesta, se lleve
a cabo un escrutinio público
con las mismas caracterís-
ticas.
Consideramos que el
perfil de la persona a elegir
debe cumplir no solamente
con los requisitos estableci-
dos en la convocatoria, sino
que se debe buscar a la per-
sona, cuya trayectoria, expe-
riencia y honorabilidad en
el trabajo con las víctimas,
garantice un mejor ejercicio
al frente de la CEAV.
Finalmente, no obsta
señalar que la excepcionali-
dad de este proceso podría
dar lugar a acciones discre-
cionales, si no se garantiza
de manera fehaciente el
cumplimiento de los requisi-
tos y supuestos mencionados
previamente.
Sin otro particular,
quedamos a la espera de su
pronta respuesta y aprove-
chamos la oportunidad para
enviarle un saludo cordial.
Atentamente,
Consuelo Morales Elizon-
do; Irma Rosa Martínez Are-
llano; Julieta PatriciaTello Al-
fonso; Laura Elena Gutiérrez
Robledo; Nicomedes Fuentes
García; Pablo Romo Cedano;
Pilar Noriega García;Artícu-
lo 19; Bowerasa; Haciendo
Camino; Casa del Migrante
Saltillo Frontera con Justicia;
Casa Xitla; Católicas por el
Derecho a Decidir; Centro
de Atención a la MujerTraba-
jadora de Chihuahua; Centro
de Derechos Humanos de la
MontañaTlachinollan; Centro
de Derechos Humanos de
las Mujeres; Centro de De-
rechos Humanos Fray Fran-
cisco deVitoria OP; Centro
de Derechos Humanos Fray
Matías de Córdova; Centro
de Derechos Humanos
Paso del Norte; Centro de
Investigación y Capacitación
Propuesta Cívica; Centro
Diocesano para los Derechos
Humanos Fray Juan de Larios;
Centro Nacional de Comu-
nicación Social; Ciudadanos
en Apoyo a los Derechos
Humanos; Comisión Ciuda-
dana de Derechos Humanos
del Noroeste; Comisión de
Solidaridad y Defensa de los
Derechos Humanos; Comi-
sión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos
Humanos; Consorcio para el
Diálogo Parlamentario y la
Equidad Oaxaca; Derechos
de la Infancia y la Adolescen-
cia; El Barzón Chihuahua; Ecos
de Mirabal; EQUIS Justicia
para la Mujeres; Fuerzas Uni-
das por Nuestros Desapa-
recidos en México, regiones
Laguna, Sureste y Centro;
Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Nuevo
León; Fundación para el De-
bido Proceso Legal, con el
apoyo deWashington Office
on Latin America (WOLA);
Fundación por la Justicia y
el Estado Democrático de
Derecho; Fundar, Centro de
Análisis e Investigación; Gru-
po de Abogadas Demócratas;
Grupo de Información en
Reproducción Elegida; Grupo
Feminista Ocho de Marzo de
Chihuahua; I(dh)eas, Litigio
Estratégico en Derechos
Humanos; Indignación, Pro-
moción y Defensa de los

Derechos Humanos; Inicia-
tiva Ciudadana y Desarrollo
Social; Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría SJ,
de la Universidad Iberoameri-
cana campus Puebla; Mexica-
nos en el Exilio; Movimiento
Insurgencia Magisterial de la
ciudad de Chihuahua; Muje-
res Barzonistas; Observato-
rio Designaciones Públicas;
Programa de Derechos
Humanos de la Universidad
Iberoamericana, campus
Ciudad de México; Red Mesa
de Mujeres de Ciudad Juárez;
Red por la Participación
Ciudadana; Red por los De-
rechos de la Infancia en Mé-
xico; Scalabrinas Misión con
Migrantes y Refugiados;Tierra
Nativa;Transforma; Uno de
Siete Migrando y Red Nacio-
nal de Organismos Civiles de
Derechos HumanosTodos
los Derechos paraTodas y
Todos (conformada por 80
organizaciones en 21 estados
de la República Mexicana)
Vivo, el ejemplo
de Gumaro Amaro
Ramírez
Aunque los pasos toquen mil
años este sitio,
no borrarán la sangre de los
que aquí cayeron.
Y no se extinguirá la hora en
que caísteis,
aunque miles de voces crucen
este silencio.
La lluvia empapará las
piedras de la plaza,
pero no apagará vuestros
nombres de fuego.
Siempre
Pablo Neruda
Veintiocho años han pasado
desde que las detonaciones
de arma de fuego nos es-
tremecieron, una vez más
nuestro pueblo pagaba con
sangre su anhelo de liber-
tad. Cayó un hijo digno de
nuestro pueblo, que creció
en el trabajo diario desde
niño, se formó en el estudio
tenaz de las mejores ideas
de su época, se comprome-
tió con las más dignas cau-
sas y trabajó por hacerlas
realidad.
Nuestro compañero
Gumaro en la práctica
siempre fue consecuente
con sus ideas. Preocupa-
do por las condiciones de
miseria y explotación de
nuestro pueblo, emprendió
una lucha sin cuartel al lado
amas de casa, estudiantes,
colonos, obreros y campesi-
nos. A todos ellos les enseñó
la necesidad de organizarse
y los acompañó en la lucha
en contra de su enemigo
de clase, la burguesía. La
represión sobre él fue cons-
tante, cruel, despiadada.
Aun así avanzó, nunca
dudó.
Pero vino el estado con
sus chacales. Buscaban al
estudiante de derecho y de
artes plásticas, al antropólo-
go, al economista; buscaban
al inquieto deportista de fut-
bol americano y natación;
buscaban al padre de fami-
lia amoroso; buscaban al
hijo, al hermano; buscaban
al buen amigo. Hasta aquí
llegaron porque querían bo-
rrar su ejemplo “peligroso”;
de colono organizado, de
estudiante rebelde, de obre-
ro y campesino combativo y
revolucionario.
Venían llenos de cora-
je los cobardes asesinos.
No era la primera vez, ya
sabían que era valiente,
ya sabían que no daría un
paso atrás, sabían que no
lo podían frenar con ame-
nazas porque ya lo habían
amenazado, sabían que no
cedería ante la tortura por-
que ya lo habían torturado.
Lo que no entendían y
nunca entenderán es que lo
sostenía un sólido amor al
pueblo, una fe absoluta en
la libertad y una conciencia
de clase a toda prueba.
Fueron nueve las balas
mortales que impactaron su
cuerpo de apenas 37 años.
Así quisieron borrarlo de
la historia, sembrar terror
entre sus compañeros para
por fin poder subyugarlos,
así pretendían borrar de la
memoria su ejemplo y sus
enseñanzas. Y es verdad,
los perjuicios inmediatos de
la ejecución los recibieron
quienes formaban parte
de los múltiples proyectos
impulsados por él, así como
su familia; sin embargo las
muestras de cariño, coraje
e indignación se mostraron
en las múltiples acciones
políticas de masas que exi-
gían ¡castigo a los culpables!
Desde ese día terrible,
funesto, indignante en que
lo arrancaron de nuestras
vidas, en que nos quitaron
sus manos trabajadoras, sus
consejos serenos, su mirada
firme, nuevas generaciones
se siguen formando a la
luz de su ejemplo, hombres
y mujeres dignos siguen
ocupando las calles, jóve-
nes rebeldes con manta y
panfleto en mano defien-
den la educación, obreros
consientes aún levantan la
voz y el puño, campesinos
organizados defienden la
tierra en distintos puntos de
nuestra patria y los muros
siguen pintados con las
consignas del pueblo que
lucha por libertad y justicia.
Decimos: ¡no has muer-
to camarada! En cada
manta, en cada consigna,
en cada grito, en todas las
marchas y mítines sigues
vivo; en las aulas universi-
tarias, en las colonias, en
las fábricas y el campo aún
se escucha tu nombre; tu
ejemplo sigue siendo guía y
luz de nuestra práctica, tu
recuerdo sigue inspirando
sueños y anhelos de liber-
tad.
Te decimos, camarada,
¡no descansaremos hasta
hacerte justicia!, somos el
pueblo en lucha que no
calla, no perdona y no olvi-
da, continuaremos la digna
lucha por la construcción
del socialismo.
¡Porque el color de la
sangre jamás se olvida, los
masacrados serán venga-
dos!
¡Ahora, ahora, se hace
indispensable presentación
con vida y castigo a los
culpables! ¡Hombro con
hombro, codo con codo; el
pueblo les exige: presénten-
los a todos!
¡Nuestros compañeros
no son delincuentes; su
único delito es ser conse-
cuentes!
¡Venceremos!
Fraternal y combativa-
mente,
Frente Nacional de
lucha por el Socialismo

CONTENIDO
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL ALGUIEN QUIERE APROPIARSE EL DINERO DE LA
REINA DEL PACÍFICO Miguel Badillo
ZONA CERO POLICÍAS PRIVADAS, BOMBA DE TIEMPO Zósimo Camacho
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN PLATAFORMAS: TRASNACIONALES
DAÑAN ERARIO DE PEMEX Nancy Flores
CONTRAPODER BELTRONES: GOBERNABILIDAD POR COALICIÓN
PARA 2018, CON JEFE DE ESTADO Y JEFE DE GOBIERNO Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
DETERIORO DE LAS CONDICIONES LABORALES EN EL INAH Roberto E
Galindo Dominguez
SOBERANÍA Y UNIDAD NACIONAL COMPETEN AL PUEBLO Martín Esparza
Flores
LOS AGRARISTAS DE BACA Guadalupe Espinoza Sauceda
REMEDIOS COMERCIALES DE TRUMP SE BASAN EN UN MAL
DIAGNÓSTICO Jomo Kwame Sundaram/Inter Press Service
LASTIERRASINDÍGENASREÚNEN80PORCIENTODELABIODIVERSIDAD
Baher Kamal/Inter Press Service
UN SISTEMA GANGSTERIL Xavier Caño/Centro de Colaboraciones Solidarias
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número
528, del 27 de febrero al 5 de marzo de 2017– es una publicación
semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ig-
nacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP
04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.con-
tralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agus-
tín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de
autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de li-
citud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Im-
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colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este nú-
mero se terminó de imprimir el 24 de febrero de 2017. Distribuida
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INVESTIGACIÓN
PORTADA Los niños de una sociedad criminal José Réyez
RENDICIÓN DE CUENTAS Pemex gasta 3.4 mil millones de pesos en refinería
fantasma Nancy Flores
RENDICIÓN DE CUENTAS Sedena compra acero con sobreprecio de 220 por
ciento Zósimo Camacho
LÍNEA GLOBAL Uruguay: feminicidios no ceden Juan Carlos Díaz Guerrero/Prensa
Latina
LÍNEA GLOBAL Afectados por la minería alzan su voz en Sudáfrica Mark Olalde/
Inter Press Service
30
38
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58
MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA Donald Trump y sus nombres de dominio Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS Fuentes históricas de la Constitución de 1917 al cumplir su centenario
Álvaro Cepeda Neri
64
66Fotografía de portada: 123RF

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
ALGUIEN QUIERE
APROPIARSE EL DINERO
DE LA REINA DEL PACÍFICO
MIGUEL BADILLO
R
ecluida 7 años en una prisión de alta
seguridad, acusada por delitos de delin-
cuencia organizada (liderar una banda
del narcotráfico) y lavado de dinero producto del trá-
fico de drogas, Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina
del Pacífico, recuperó su libertad hace 2 años des-
pués de que un magistrado la absolviera por “fal-
ta de pruebas”; sin embargo, jueces y banqueros
impiden ahora que recupere todos sus derechos
ciudadanos por el estigma social de que es “una
persona muy peligrosa” y que su dinero proviene
de la relación con cárteles de la droga.
Primero, la presidencia de la Comisión Na-
cional para la Defen-
sa y Protección de
los Usuarios de los
Servicios Financieros
(Conducef), a cargo de
Mario Di Costanzo,
recibió el año pasado
una queja “por discri-
minación de la banca”, al negarle a la empresaria
Sandra Ávila la prestación de servicios financie-
ros. El abogado que entregó dicho recurso acre-
ditó ser el representante legal de la llamada Reina
del Pacífico.
Pero las instituciones financieras que insisten
en negarle a Ávila Beltrán servicios como aper-
tura de cuentas, expedición de chequeras y hasta
el uso de tarjetas de crédito y débito, argumentan
que de aceptarle realizar operaciones financieras
podrían recibir alguna sanción de las autoridades
fiscalizadoras del país, que en este caso serían la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la
Unidad de Inteligencia Financiera; además, or-
ganismos internacionales como la OFAC (Ofici-
na Federal para el Control de Activos del Tesoro
estadunidense) han advertido a los bancos que
deben fiscalizar a sus clientes a fin de evitar el
blanqueo de capitales. Según Ávila Beltrán, el di-
nero en su poder es lícito, producto de actividades
empresariales.
Un segundo caso en contra de Ávila Beltrán
ocurrió apenas hace unos días, cuando el juez
cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal
de la Ciudad de México negó liberar sus cuentas
bancarias bajo el argumento de que “no acreditó
ser la titular de las mis-
mas”.
Por supuesto que
ésta no sería la primera
vez en donde la banca,
en colusión con miem-
bros del Poder Judicial,
impiden a propietarios
de cuentas bancarias retirar bienes y recursos que
dejan a resguardo de organismos financieros, con
el propósito de apoderarse de ellos. Hay muchas
historias de corrupción y abuso por parte de la
banca, y cuando hay un cliente polémico como
Sandra Ávila Beltrán, quien a pesar de haber sido
absuelta tiene que enfrentar el estigma de la incri-
minación, pues las condiciones son aprovechadas
para abusar de ella.
De acuerdo con la resolución judicial, en
más de 1 año Ávila Beltrán no exhibió el con-
trato bancario que la acredite como titular de las
cuentas. Además advierte que el Servicio de Ad-
Las instituciones financieras insisten
en negarle a Ávila Beltrán sus servicios.
Tampoco le quieren devolver el dinero
que manejaba en diversas cuentas
Las instituciones financieras insisten
que manejaba en diversas cuentas

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
ministración y Enajenación de Bienes
y la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores no notificaron a Sandra Ávila
las respuestas a sus solicitudes sobre la
liberación de las cuentas. Lo que hace
parecer entonces una chicana legaloide
para evitar que esta mujer recupere sus
recursos.
Han habido muchos casos docu-
mentados por la prensa sobre abusos
y maltratos de la banca a los clientes,
pues es común que los servicios finan-
cieros también sean negados a quienes
aparecen en las listas de las personas
políticamente expuestas (Ppes), elabo-
radas por las autoridades financieras.
Lo preocupante de estas acciones
es que las autoridades poco o nada
hacen para solucionar estos abusos de
las instituciones financieras, las cuales
además de dar un pésimo servicio a la
población, se arrogan el derecho de rechazar a
quienes las autoridades hacendarias consideran
como Ppes, de tal manera que gobierno y ban-
ca abusan de los usuarios en lugar de perseguir
en realidad a los verdaderos blanqueadores de dinero
sucio, que en la mayoría de los casos son los pro-
pios prestadores de servicios financieros, quienes
ocultan y protegen las cuentas bancarias que son
abultadas con dinero del narcotráfico, de la co-
rrupción gubernamental y de los grandes fraudes
financieros.
Nos cuentan que el abogado de Ávila Beltrán
que interpuso la queja en la presidencia de la
Conducef señala a varios bancos, pero el prin-
cipal es Citibanamex. La pregunta es si la banca
tiene el derecho o las bases legales para negarle el
servicio a una empresaria que ya fue exonerada
por la autoridad judicial, y aún más considerar-
la como “un riesgo” y una “publicidad negativa”
para aquel que se atreva a prestarle servicios fi-
nancieros.
Puntos suspensivos… A menos de 2 años del
próximo cambio de gobierno, Enrique Peña Nie-
to mueve sus piezas en busca del próximo aspiran-
te a la Presidencia de la República. Eso explicaría
la petición que hizo al gobernador del Banco de
México, Agustín Carstens, para que se manten-
ga en el cargo hasta noviembre próximo. En esos
cambios comentados en los pasillos del poder, se
consideraría al secretario de Hacienda, José An-
tonio Meade, para sustituir a Carstens. La razón
es que el funcionario no tiene la militancia priísta
y se le vincula más con grupos panistas, aunque
ha demostrado su lealtad a Peña Nieto y al can-
ciller Luis Videgaray. Si este movimiento se da en
el gabinete, Meade quedaría fuera de la carrera
presidencial y dejaría la vía libre al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para
convertirse en el candidato del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI). Para sustituir a Meade
en el manejo de las finanzas públicas, el presiden-
te estaría considerando a José Antonio Fernández,
desmantelador general de Pemex, y en su lugar
al frente de la exparaestatal se ha pensado en el
actual director general del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Mikel Arriola. El problema que tie-
ne Peña y su partido es la falta de un buen candida-
to que, además de ser popular y conocido por sus
buenas acciones, pueda mantener el poder para
el próximo sexenio; pues hasta ahora es el candi-
dato de Movimiento de Regeneración Nacional,
Andrés Manuel López Obrador, quien va arriba
de todas las encuestas, con los aspirantes panistas
en segundo lugar y hasta el tercero, el PRI.
CUARTOSCURO

ZONA CEROOPINIÓN
N
adie sabe cuántas corporaciones policia-
cas privadas existen, qué servicios ofrecen
ni de cuántos elementos disponen. Así
viene el asunto desde el foxismo. Con el caldero-
nismo y su “guerra”, el número de empresas que
se aventuraron a ofrecer servicios de protección se
incrementó exponencialmente: con tantos secues-
tros, asesinatos y extorsiones, el éxito comercial
de estas compañías estaba asegurado. Y es que la
protección ya no la necesitaron sólo los potenta-
dos. Integrantes de las clases medias también bus-
caron proteger su vida y su raquítico patrimonio.
Las empresas brotaron sin control alguno y
rebasaron a las autoridades. Van desde aquellas
que ofrecen veladores y escoltas hasta las que ven-
den protección de los
sistemas de cómputo
contra los hackers. Y
en ese abanico de posi-
bilidades están las que
blindan carros, cuidan
inmuebles, rastrean
vehículos de manera satelital, instalan cámaras,
proveen de botones de pánico, ofrecen servicios
paramédicos de emergencia…
No es el amplio espectro de servicios que ofre-
cen y que ha rebasado al ámbito jurídico lo que
preocupa, sino la negligencia de las autoridades
que ni la cuenta llevaron de las “policías” privadas
que aparecieron. También preocupa que, ante la
falta de regulación y la omisión gubernamental, la
gran mayoría de estas empresas no cuenta con la
certificación profesional (de la oficial ni hablamos)
que acredite su capacidad para proporcionar lo
servicios que dice vender.
De acuerdo con el más reciente informe de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Se-
cretaría de Gobernación (Segob) no ha concluido
el proceso de registro de las empresas de seguridad
privada. Pasan los sexenios y la promesa de “po-
ner orden” en ese sector nunca se concreta.
El máximo organismo de fiscalización del país
encontró que en el Registro Nacional de Em-
presas, Personal y Equipo de Seguridad Privada
que ejecuta la Segob, a julio de 2016, ha queda-
do asentada la existencia de 1 mil 168 empresas
que laboran en el ámbito federal, con 80 mil 788
elementos de “personal operativo”, 44 mil 684 ar-
mas y 12 mil 50 vehículos. Y se han contabiliza-
do 4 mil 43 empresas con 282 mil 924 elementos
“operativos” de las que
prestan servicios a nivel
estatal. Hasta ahí van
las cuentas y no se ve
para cuándo conclu-
yan.
Pasan los años y el
registro no está completo. Pero no es lo peor. Los
auditores encontraron que no se acreditó “que la
información fuera utilizada para dar cumplimien-
to a funciones de supervisión, control, vigilancia y
evaluación de los prestadores de servicios de segu-
ridad privada”.
La misma Segob se llevó una sorpresa en sus
escasas 313 visitas de supervisión a las empresas:
sólo 38 (el 12.1 por ciento) acataron las obligacio-
nes establecidas en la normativa. La amplia ma-
yoría, 275 (el 87.9 por ciento), incumplió con los
requisitos.
Pese a todo (o tal vez a causa de ello), resulta
ZÓSIMO CAMACHO
POLICÍAS PRIVADAS
BOMBA DE TIEMPO
No es el amplio espectro de servicios
lo que preocupa, sino la negligencia de las
autoridades:nisiquierallevanlacuentade
las policías privadas que aparecieron
No es el amplio espectro de servicios
las policías privadas que aparecieron

ZONA CERO OPINIÓN
que la Segob ejerció apenas el 59.8 por ciento del
presupuesto que se le asignó precisamente para
atender el “problema público” (así se le llama en
la auditoría) de las empresas de seguridad privada.
La Cámara de Diputados le asignó un monto
de 76 millones 603 mil 600 pesos para el progra-
ma presupuestario E905 Regulación de los Servi-
cios de Seguridad Privada para Coadyuvar a la
Prevención del Delito. La Segob sólo ejerció 45
millones 789 mil 700 pesos. Ante su incapacidad,
habría tenido que reintegrar a la Tesorería de la
Federación el 40.2 por ciento de lo que le había
sido asignado para la ejecución del mencionado
programa, es decir, 30 millones 813 mil 900 pesos.
Aunque la ASF busque ser condescendiente
con el desastre encontrado, el dictamen es con-
tundente. Señala que en el periodo revisado: “se
desconoció el universo de empresas que operan
en territorio nacional, su personal y equipo, no
se contó con los manuales que garanticen el ade-
cuado desarrollo de sus procesos de emisión de
resoluciones y la cobertura de supervisión de los
prestadores de servicios de seguridad privada dis-
minuyó 69.8 puntos porcentuales durante el pe-
riodo 2009-2015”.
El escenario todavía puede ser peor. Ojalá el
“control” llegue antes de que integrantes o exin-
tegrantes de estas policías privadas sean pillados
cometiendo actividades ilícitas en ámbitos en los
que supuestamente son expertos: manejo de ar-
mas de fuego, combate
cuerpo a cuerpo, espiona-
je cibernético, rastreo de
vehículos y personas, blin-
daje ilegal de vehículos…
Se le acaba el tiempo a la
Segob. Que reaccione an-
tes de que un escándalo
mayor la haga reaccionar.
¿O de eso se trata?
Fragmentos
Hoy concluye, en la
Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, Guerrero,
la V Convención Nacio-
nal Popular. Han sido 2
días de trabajos en los
que se han discutido los
grandes problemas por
los que atraviesa Méxi-
co, destacadamente la
desaparición forzada de
los 43 normalistas de esa
normal y de las decenas
de miles más, las reformas
estructurales y el encarcelamiento de luchadores
sociales. La V Convención, junto con otros esfuer-
zos sociales también apartidistas, busca construir
un programa político y un plan de lucha para re-
sistir el despojo y generar nuevos caminos para un
México mejor. Los anfitriones, el H Comité Estu-
diantil Ricardo Flores Magón junto con las otras
organizaciones convocantes muestran que los ca-
minos de la izquierda social van a contracorriente
de la “izquierda” electoral.
123RF

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
PLATAFORMAS:
TRASNACIONALES DAÑAN
ERARIO DE PEMEX
NANCY FLORES
D
os trasnacionales –una de origen esta-
dunidense (Nabors) y otra china (Cosl)–
han sido señaladas por la Auditoría Su-
perior de la Federación de causar estragos en el
erario de Petróleos Mexicanos (Pemex), por di-
versas anomalías detectadas en contratos para la
renta de plataformas.
Aunque la caída de los precios del crudo en
el mercado internacional afectó algunos nego-
cios en la empresa productiva del Estado, el del
arrendamiento de plataformas se ha mantenido
a flote, con multimillonarias sangrías para la ha-
cienda nacional.
Son al menos 25 los onerosos contratos cuya
vigencia caduca entre junio de 2017 y febrero de
2019, gracias a convenios modificatorios que han
alargado el periodo originalmente acordado.
La subsidiaria Pemex Exploración y Produc-
ción (PEP, ahora Pemex Perforación y Servicios)
no sólo ha beneficiado a las contratistas con mon-
tos multimillonarios, sino también con ausencia
de supervisión y sobre todo de sanciones. Y es
que a pesar del colapso en el sector petrolero, las
trasnacionales han incumplido impunemente los
contratos.
Los dos casos que llaman la atención, por su
gravedad, se refieren a los contratos 421003876
–con Nabors Perforaciones de México, filial de la
estadunidense–, y 421002850 –con Cosl Méxi-
co, filial de la china–, que incurrieron en posibles
daños al erario, reporta el máximo órgano de fis-
calización.
De acuerdo con información de Pemex Ex-
ploración y Producción, el primero de ellos –que
involucra a la plataforma MASE 807– ascendió
a 1 mil 532 millones 460 mil 630 pesos, y su vi-
gencia es del 11 de enero de 2015 al 11 de octu-
bre de 2018.
El objeto de este contrato es el arrendamiento
sin opción a compra de un equipo modular tipo
diésel eléctrico, para perforación, terminación,
reparación, reentradas y profundización de po-
zos, incluyendo su mantenimiento integral, para
operar en aguas mexicanas del Golfo de México.
Del segundo –referente a la plataforma
COSL 7–, la información oficial de la subsidiaria
indica que tiene un costo para el erario de 1 mil
426 millones 414 mil 473 pesos, con una vigencia
del 18 de marzo de 2014 al 20 de julio de 2017.
Éste se pactó para el arrendamiento sin op-
ción a compra de un equipo modular tipo diésel
eléctrico, para perforación, terminación, repa-
ración, reentradas y profundización de pozos,
incluyendo su mantenimiento integral, para ope-
rar en aguas mexicanas del Golfo de México.
En la auditoría “Gestión financiera del arren-
damiento de plataformas”, la ASF determinó
que Nabors [de la que omite su nombre] incurrió
en un desfase de 14 días (del 26 de junio al 9 de
julio de 2015) en la corrección de dos anomalías
presentadas durante la operación de la platafor-
ma MASE 807, de las cuales una se penalizó al
3 por ciento y la otra al 5 por ciento del monto
de la renta diaria, que asciende a 60 mil dólares,
establecido en el convenio modificatorio.
Sin embargo, el órgano fiscalizador compro-
bó que hasta ahora no se le ha cobrado la pena
convencional por 67.2 mil dólares, equivalentes

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
a 1 millón 276.6 mil pesos. Y es que a Pemex se
le “olvidó” notificar al arrendador esa penaliza-
ción: “la notificación se efectuó el 17 de junio de
2016, es decir, 337 días después de la fecha en
que fueron corregidas las anomalías”, refiere la
Auditoría Superior.
La “justificación” de la subsidiaria es que
“mientras dicho contrato se encuentre vigente
en el plazo del arrendamiento, se pueden hacer
efectivas todas y cada una de las penas conven-
cionales o deductivas pendientes dentro de dicho
acuerdo de voluntades, pudiéndose inclusive ha-
cer dentro del propio finiquito cuando se hace la
extinción formal de derechos y obligaciones de
ambas partes”.
No obstante, los au-
ditores observan que,
en el contrato, la cláu-
sula referente a las pe-
nas convencionales es-
tablece que PEP “de-
berá cuantificar por
escrito al arrendador
las penas convencio-
nales generadas du-
rante el mes de que se
trate, indicándole las
causas que originaron
las mismas; la aplica-
ción de las penas co-
municadas al arrenda-
dor será efectuada por
PEP a más tardar en
las siguientes fechas de
corte para la presentación de las factura”.
Sobre este punto, la Auditoría Superior emi-
tió un pliego de observaciones, en el que “presu-
me un probable perjuicio al patrimonio de Pe-
mex Perforación y Servicios por 1 millón 276 mil
584.96 pesos, por no cobrar en su oportunidad la
penalización por ese desfase de 14 días”.
Aunque menor en monto, el caso de la trasna-
cional china [de la que también se omite el nom-
bre] es peor, pues ésta habría intentado cobrar
de más a PEP por servicios inexistentes. Según la
ASF, en enero de 2015 “el supervisor [de la sub-
sidiaria] cuantificó un exceso de 58 comidas y 20
pernoctas, las cuales no se han cobrado al arren-
dador a la fecha de revisión (junio de 2016)”.
Pero fue hasta el 10 de junio de ese año cuando
el supervisor del contrato solicitó al encargado del
Despacho de la Coordinación de Servicios de Ali-
mentación-Hospedaje y Transporte de Personal, los
montos de las comidas y pernoctas en exceso para
hacer el recobro al arrendador; pero no lo efectuó.
Un año después, la anomalía persistía: “des-
pués de la Reunión de Presentación de Resulta-
dos Finales y Observaciones Preliminares, la enti-
dad evidenció que con el oficio PPS-SIPDN-GS-
TAC-RCCDB-3186-2016, del 28 de junio de
2016, se notificó al arrendador el recobro por
la cuantificación en exceso por concepto de ali-
mentación y hospeda-
je, por 332 mil pesos,
de los cuales 43.7 mil
debieron aplicarse en
2014 y 288.3 mil en
2015”.
Por este tema la
ASF también emitió
un pliego de obser-
vaciones, en el que
“presume un probable
daño al patrimonio
de Pemex Perfora-
ción y Servicios por
288 mil 349.26 pesos,
referente a la cuanti-
ficación en exceso de
pernoctas y comidas
proporcionadas al per-
sonal del arrendador
de la plataforma modular COSL 7 del contrato
421002850”.
El negocio para los propietarios de las plata-
formas es redondo: contratos multimillonarios
–hasta por 200 mil dólares diarios– y fallas sola-
padas por el personal de la petrolera mexicana.
Lamentablemente, los costos asociados no son
sólo económicos; también hay pérdidas huma-
nas, con accidentes evitables –si los equipos ope-
raran correctamente y recibieran mantenimiento
puntual–, que han cobrado decenas de vidas de
trabajadores. Además, claro, de la contaminación
que han causado sobre todo en la Sonda de Cam-
peche.
ARCHIVOCONTRALÍNEA

CONTRAPODER
OPINIÓN
Y
a no hay solución ni salida, pacíficas, para
la competencia-disputa presidencial para
este ya a la vista 2018, que sujetar la elec-
ción por medio del voto individual de la democra-
cia directa en las urnas. Y, de una vez por todas,
afianzar al Estado con los dos postulados políticos
que ha estado proponiendo el político Manlio Fa-
bio Beltrones Rivera. Uno ya tiene vigencia cons-
titucional, y es “la integración del gobierno de
coalición en el sistema presidencial”, sobre lo que
Beltrones puntualiza en su breve ensayo: Unidad y
gobernabilidad (El Universal, 23 de enero de 2017). El
otro principio, para apuntalar el anterior, es que se
divida la figura presidencial en un jefe de Estado y
un jefe de Gobierno, para su eficaz desempeño en
lo político y lo administrativo (ahora que llegamos
al centenario de nuestra Ley Suprema). Y así con-
tribuir a resolver, de una vez por todas, que nuestro
sistema-régimen continúe siendo “país de un sólo
hombre” (tal y como analiza Enrique González
Pedrero en su magna obra País de un solo hombre: el
México –desde– Santa Anna; en tres tomos del Fondo
de Cultura Económica).
Más que a la unidad, por nuestro pluralismo
político y los ya demasiados partidos… ¡siete!, ha
de convocarse a la unión nacional, tanto para en-
frentar los cambios y amenazas del exterior, como
para disputar los cargos electorales, democrática-
mente. En dos párrafos, el ensayo beltronista expo-
ne el tema central. “Sin duda éste es el momento de
convocar a nuestro país a una unidad fundamental
pare enfrentar lo que viene, con convicción, con
determinación, adecuando al nuevo contexto y cir-
cunstancias mundiales, inclusive las reformas em-
prendidas, sin que ello implique perder su esencia.
Todo para generar crecimiento, inversión, empleo
y un mejor lugar de México en el mundo”. En el
segundo, pero continuando el anterior, escribió:
“En México, para lograr estabilidad y unidad du-
raderas, sería necesario y conveniente armonizar la
integración del gobierno de coalición en el sistema
presidencial mexicano, opción que ya está en nues-
tra Constitución con vigencia a partir de 2018”. Y
formar gobiernos de coalición, como en otros sis-
temas, que así lo han resuelto “sin importar sean
sistemas presidenciales o parlamentarios”.
De continuar siendo el “país de un sólo hombre”
mediante un sólo partido, desde las elecciones del
2018, seguirán los conflictos políticos que hemos ve-
nido arrastrando, cuando menos desde los últimos
8 sexenios. Y esto desgasta la eficacia y eficiencia
no solamente política, sino también de las políticas
económicas y sociales. Es el momento de media-
no plazo el que tenemos para reorganizar nuestro
presidencialismo en nuestro también Estado Fede-
ral. Celebrar los 100 años de constitucionalismo es,
pues, caminar resolviendo “con más democracia los
problemas de nuestra democracia”. Y compartien-
do y distribuyendo la ya incontrolable concentra-
ción del poder presidencial en un sólo partido.
Coaliciones, jefe de Estado y jefe de Gobierno
es el tríptico para ahora sí modernizar y actualizar
nuestro régimen que ya no da para más. Se trata de
evitar la desunión. Reducir los conflictos. Y contri-
buir al buen gobierno democrático y republicano,
en una tradición renovada de nuestro constitucio-
BELTRONES: GOBERNABILIDAD
POR COALICIÓN PARA 2018,
CON JEFE DE ESTADO Y JEFE
DE GOBIERNO
ÁLVARO CEPEDA NERI

CONTRAPODER OPINIÓN
nalismo (Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de
México: 1808-2017). Las coaliciones, para competir
en las urnas y para cogobernar desde uno de los tres
poderesfederales(yejemploaseguirenlasentidades
de la Federación), para hacer más efectivos los con-
trapesos de la democracia representativa, permite,
incluso, que mayorías y minorías se integren. Esto
para evitar la advertencia de Alexis de Tocquevielle,
de que prevalezca “la dictadura de la mayoría”.
Beltrones Rivera propone “renovar las institu-
ciones políticas” por medio de reformas jurídicas
para actualizar nuestra centenaria Constitución.
De lo contrario seguiremos sobreviviendo en un
presente jaloneado por el pasado que ya dio de sí y
reclama, necesita, como en aquella divisa renacen-
tista: renovarse o morir. La inteligencia ilustrada de
una cabeza política como la de Manilo Fabio Bel-
trones Rivera, ha estado reflexionando, de cara a la
opinión pública, sobre cómo enriquecer lo que el
Nicolás Maquiavelo de Las décadas de Tito Livio, pro-
pone para el régimen republicano. Así también se
gestiona, económicamente, la igualdad, el empleo y
mejores salarios para combatir la pobreza.
Lo central de la discusión pública, es cuando
un escritor político (como lo ensaya Beltrones en su
citado artículo), “no se limita a describir… sino a
manifestar cuál de las formas de gobierno descritas
es buena, cuál mejor y expresa uno o más juicios
de valor para orientar prescribiendo que la mejor
de las tres formas de gobierno es la de los muchos”
(Norberto Bobbio, Teoría General de la Política y su Teo-
ría de las Formas de Gobierno en la Historia del Pensamiento
Político; editoriales Trotta y FCE). Y ante el embate
estadounidense, resultado de su nueva forma de go-
bierno de los pocos, como oligarquía, nepotismo y
plutocracia, estamos urgidos de transformar nues-
tra vida tradicional.
Y por el método de las coaliciones para la com-
petencia electoral enriquecer nuestro presidencia-
lismo con una dosis de semiparlamentarismo, para
responsabilizar ante el Congreso a un jefe de Go-
bierno, que recogería su aprobación para el nom-
bramiento de los secretarios del despacho. Y el re-
presentante de esa forma de Gobierno con el jefe de
Estado. “Al hacerlo –concluye en su ensayo Beltro-
nes Rivera– lograríamos modernizar nuestra gober-
nabilidad y eficacia, no con una sola persona que
responda por todos, sino con un todo que responda
a los problemas con sus mejores hombres y mujeres.
Hoy, sin duda, ello aparece como indispensable”.
Se trata de un presidencialismo nuevo por con-
senso de los ciudadanos.
MOISÉSPABLO/CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
L
as condiciones laborales de los investiga-
dores eventuales, de diversas disciplinas
del Instituto Nacional de Antropología es
Historia (INAH), han sido modificadas; ahora no
tendrán contratos y serán prestadores de servicios
que cobrarán mediante recibos de honorarios.
Lo anterior, debido a la austeridad económica
que está aplicando el gobierno federal a través
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), avalada por las Cámara de Diputados,
en los recortes presupuestales a las áreas de cien-
cia y cultura, entre muchas otras. En el caso del
INAH, todo maquillado: con la extinción del Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes (Cona-
culta) y su mediocre renacimiento en una dismi-
nuida y recortada –presupuestalmente– Secreta-
ría de Cultura de la que ahora depende.
Las coordinaciones nacionales, los centros
estatales, las unidades administrativas y los jefes
de departamentos y subdirecciones, fueron noti-
ficados mediante dos circulares firmadas por el
secretario Administrativo, Alejandro Ordoño, el
coordinador Nacional de Recursos Humanos,
Francisco García, y Pedro Vázquez, director de
Análisis y Seguimiento de Proyectos. Con el Ofi-
cio Circular 001 del 6 de enero de 2017 se dio un
duro golpe a los trabajadores del INAH:
“En apego a la política dictada por el Eje-
cutivo Federal, relacionada con las medidas de
austeridad y racionalidad del gasto público, se les
informa que a partir de esta fecha se cancela la
contratación de plazas presupuestales de carác-
ter eventual (compactados) para el ejercicio 2017.
Así mismo, la vigencia para aquellos que se en-
cuentran activos de acuerdo a la plantilla enviada
a la Coordinación Nacional de Recursos Huma-
nos, será de tres meses, contados a partir del mes
de enero del año en curso [sic].
“Adicionalmente, deberá realizarse en cada
uno de los Centros de trabajo, una revisión ex-
haustiva de la citada plantilla, a efecto de eliminar
aquellas plazas no sustantivas para la operación
y buen funcionamiento del Instituto Nacional de
Antropología e Historia [sic].”
En el oficio Circular 002 del 11 de enero de
2017, se informa que para el ejercicio presupues-
tal anual de los proyectos –dirigidos por los que
tengan plaza o que aún sean “sustantivos”– las
erogaciones se deberán calcular con base en
un monto financiero 20 por ciento menor al de
2015. No es poca cosa: un retroceso económico
de 2 años, que sin duda implicará recorte de em-
pleos y una disminución en la cantidad y calidad
de las investigaciones del INAH.
Los trabajadores eventuales que hasta 2016
firmaron contratos por 3 y hasta 5 meses y medio,
han laborado por años o décadas, incluso algu-
nos han prestado sus servicios al INAH toda su
vida laboral; y no han tenido los beneficios eco-
nómicos y sociales que marca la ley, entre éstos el
goce de vacaciones y seguro médico. Esa forma
de contratación, de no más de 5 meses y medio,
se debía a que a partir de los 6 meses, y si se re-
petían los contratos por determinado tiempo, los
ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓNY GEOFÍSI-
CA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGI-
DOSY BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS
DETERIORO DE LAS
CONDICIONES LABORALES
EN EL INAH

ARTÍCULO OPINIÓN
trabajadores podían entablar un pleito legal con
el INAH, para comprobar su antigüedad y la ne-
cesidad de su labor; y reclamar así la basificación,
lo que significa tener todas las prestaciones de
la Ley del Trabajo y del mismo INAH –ambas
que en cada contrato de ese tipo el Instituto no
cumplía–. La interrupción laboral entre contratos
era el periodo de descanso obligatorio impuesto
por el INAH, denominado vacaciones; una burla
oficial del instituto para la fuerza de trabajo que
durante años lo ha sostenido. Ahora, además a
muchos de esos trabajadores ni siquiera se les in-
corporara al nuevo esquema de trabajo.
El INAH tiene una Secretaría Técnica, siete
coordinaciones nacionales y 31 centros estata-
les. Instancias de investigación responsables de
110 mil monumentos históricos; 29 mil zonas
arqueológicas registradas –se calcula que existen
alrededor de 200 mil–, de las cuales sólo 180 es-
tán abiertas al público. Asimismo es responsable
de más de 120 museos de diferentes categorías.
Es evidente que esta cantidad de monumentos
históricos, zonas arqueológicas y museos requie-
re para su investigación, conservación y difusión
una gran cantidad de investigadores. En los últi-
mos años el INAH ha manejado la cifra de 800
investigadores, incluidos en ésta los académicos
que laboran en la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia (ENAH), en la Escuela Nacional
de Conservación, Restauración y Museografía
(ENCRM) y en la Escuela de Antropología e His-
toria del Norte de México, que se encuentra en
Chihuahua. Personal dedicado a la investigación
y enseñanza. Además se calcula que el instituto
cuenta con alrededor de 4 mil trabajadores, de
los que 3 mil son administrativos, técnicos, ma-
nuales y de servicios, poco más de 150 arquitec-
tos y restauradores, así como 400 empleados de
confianza (Arturo Alcalde Justiniani, “Los indo-
cumentados del INAH”, La Jornada, 27 de agosto
de 2011) que, en la mayoría de los casos, ocupan
puestos de mandos medios para arriba en los di-
ferentes laboratorios, subdirecciones, direcciones
de investigación y académicas, y en el área admi-
nistrativa.
Desde hace años ha resultado injustificable,
de acuerdo a su propósito fundamental de inves-
tigación, que el INAH tenga más trabajadores
administrativos que de
enseñanza e investiga-
ción, pero al parecer al
Instituto sí le es sustanti-
va tal cantidad de admi-
nistrativos. Asimismo, es
injustificable la cantidad
de investigadores, que es
insuficiente para atender
todos los frentes de in-
vestigación que intenta
atender el Instituto. Es
por ello que ante la poca
apertura de plazas basifi-
cadas, durante décadas el
instituto se ha servido de
miles de investigadores eventuales por contrato.
El prestigio que el INAH tiene a nivel nacio-
nal e internacional, no sólo ha sido labrado por
los pocos investigadores de renombre o sin éste,
que tienen plaza, o por aquellos de confianza en
mandos medios o altos que dirigen direcciones o
subdirecciones; ha sido alcanzado en gran parte
por esos miles de eventuales sin reconocimiento,
sin beneficios de seguridad social, muchos de los
cuales ahora se verán privados de su empleo; los
que sobrevivan a la purga deberán aceptar las
peores condiciones laborales que el instituto haya
otorgado en su historia. Así es que el detrimento
laboral del INAH no es nuevo, sólo se está agra-
vando más, lo que conllevará al deterioro acadé-
mico del mismo.
INAH

ARTÍCULOOPINIÓN
L
as reafirmadas amenazas del presidente
estadunidense Donald Trump de levan-
tar su muro en la frontera con nuestro
país y deportar a millones de connacionales,
buscan ser canalizadas a su favor por nuestra
temerosa y pasmada clase política, invocando a
la unidad nacional y la defensa de la soberanía
como instrumentos ideológicos para rehabilitar
su desahuciada imagen y atemperar, de paso,
el generalizado descontento social originado
por los anunciados gasolinazos, dejando en el
plano imaginario el impulso a una auténtica
enmienda del rumbo económico, guiado des-
de hace tres décadas por el neoliberalismo, que
tiene sumidos en la pobreza a 60 millones de
mexicanos.
Voces de la parte oficial y partidos políticos
llaman a la unidad y a la firma de acuerdos na-
cionales y, en una grotesca mascarada, se rasgan
las vestiduras, dispuestos a “inmolarse” en aras
de la patria, ocultando en su patrioterismo tras-
nochado los errores acumulados por décadas de
programas económicos supeditados a los intere-
ses de los organismos internacionales, donde los
beneficios se han repartido entre una reducida
clase política y empresarial, despojando al pue-
blo de sus riquezas y recursos naturales.
Los que ahora buscan por todos los medios
ganar el apoyo de un pueblo al que nunca han
consultado en la toma de trascendentes decisio-
nes como la aprobación de las reformas estruc-
turales, se guardan bien de llevar al debate na-
cional los orígenes de la incontrolable migración
de mexicanos a los Estados Unidos, registrada
en las últimas dos décadas y que de acuerdo con
lo pactado en 1994, con la firma del Tratado de
Libre Comercio (TLC), tendría que decrecer.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari,
valga recordar, la propaganda oficial destaca-
ba que con la puesta en marcha del acuerdo
comercial, habría un indudable “crecimiento
económico, se crearían millones de empleos y se
reduciría la migración desde México”. En sín-
tesis: deberíamos prepararnos a ser un país de
“primer mundo”.
¿Por qué quienes ahora convocan a la uni-
dad, la defensa del país y de los connacionales
en riesgo de ser deportados, no rectificaron a
tiempo lo que no funcionaba y siguen sin ha-
cerlo?
Para poner en su sitio a estos rocambolescos
“defensores” de la patria y del TLC, analicemos
las siguientes cifras: mientras en 1995 el 24 por
ciento de la población del país se dedicada a la
agricultura, para 2010 sólo lo hacía un 13 por
ciento. A la entrada en vigor del tratado había
en Estados Unidos unos 2 millones 900 indo-
cumentados de origen mexicano; para 2012, la
cifra se había disparado a 12 millones 900 mil
connacionales; esto es, que en dos décadas de
operar el acuerdo comercial que debía generar
más empleos en el agro y ofrecer mejores sala-
rios a los campesinos, 10 millones de agricultores
empobrecidos no tuvieron otra alternativa que
huir del país para no morir de hambre. ¿Dónde
quedaron las bondades del acuerdo?
Se calcula que tan sólo en la última década,
un promedio de 400 mil personas emigraron al
SOBERANÍAYUNIDADNACIONAL
COMPETEN AL PUEBLO
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
año a la unión americana, huyendo tanto de la
extrema pobreza como de la violencia generada
en sus lugares de origen por el crimen organi-
zado. El diagnóstico de los magros resultados
es irrefutable. Y peor todavía, la clase política
neoliberal con la complicidad de los empresa-
rios, insiste en defender un acuerdo comercial
que sólo ha reportado estancamiento y pobreza
al país, negándose a aceptar sus errores y operar
un cambio en el modelo económico.
¿Creen acaso que con llamar a la unidad
nacional y a la defensa de la soberanía se solu-
cionará un problema acumulado en décadas de
despojos a los recursos y riquezas nacionales, así
como el abandono total al campo?
Habremos de preguntar a los expresidentes
y exfuncionarios, así como a sus favorecidos em-
presarios nacionales y extranjeros, ¿dónde que-
daron los millonarios recursos generados con la
venta de más de 1 mil empresas públicas, tan
rentables como Telé-
fonos de México, ini-
ciada desde el sexenio
de Miguel de la Ma-
drid? ¿Qué acaso no
pensaron en la defensa
de nuestra soberanía
nacional cuando apro-
baron recientemente, de espadas al pueblo, las
reformas estructurales entregando nuestro sec-
tor energético a firmas trasnacionales?
Parece una broma de mal gusto el anunciar
a los mexicanos que están siendo expulsados de
Estados Unidos, que en México van a tener infi-
nidad de oportunidades, cuando es precisamen-
te la carencia de las mismas lo que los obliga a
emigrar a riesgo de su propia vida; hay 10 mi-
llones de jóvenes a la espera de una oportunidad
laboral; de los 60 millones de pobres la inmensa
mayoría subsiste en la informalidad y sin un em-
pleo estable que les permita acceder a la seguri-
dad social.
Como es fácil apreciar, los “patriotas neolibe-
rales” ocultan además el hecho de que los efec-
tos de la reeditada crisis, que se repite sexenio
tras sexenio, se siguen trasladando a la mayoría
de los mexicanos. Y vaya desfachatez: cuando
se trata de defender a la nación, la convocatoria
incluye a todos los mexicanos sin distinción de
condición social, afiliación partidista o religión;
pero cuando el asunto es repartir la riqueza na-
cional, el llamado se constriñe a la privilegiada
clase política y empresarial. A unos cuantos que
desde hace décadas la han saqueado.
Nuestra Constitución acaba de cumplir cien
años y en este contexto de llamados a la unidad
nacional y a la defensa de la soberanía, es el mo-
mento de que sea el pueblo, la sociedad misma,
la que retome la lucha por su defensa para res-
tablecer la legalidad y el estado de derecho; de
acuerdo con el Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM, los dos tercios de las 229
reformas y 695 cambios realizados a 114 de los
136 artículos de nuestra Carta Magna de 1917,
empezaron a ejecutarse a partir de 1982, con la
llegada de los gobiernos neoliberales al poder.
No es casual que estas reformas abrieron el ca-
mino a la desaparición y privatización de las
empresas públicas y a
la apertura del sector
energético, ahora con-
sumado con las refor-
mas estructurales.
El pueblo nunca
votó por estos cambios
y retrocesos que ani-
quilaron el espíritu social de nuestra Constitu-
ción, que en su artículo 39 aún conserva la llave
mágica que debe motivar a los mexicanos a su
defensa y al cuestionamiento de quiénes, desde
el poder, han llevado a la quiebra al país y a las
mayorías a la pobreza extrema. El texto a recor-
dar y reﬂexionar dice: “La soberanía nacional
reside esencial y orgánicamente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se ins-
tituye para beneficio de este. El pueblo tiene en
todo tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno”.
Al externar su descontento y marchar por las
calles, los legítimos movimientos sociales ema-
nados del pueblo, deben empezar a dar vuelta a
esta llave, porque la unidad nacional y la sobe-
ranía son asuntos de su estricta competencia, no
de una clase política oportunista que ahora trata
de evadir su responsabilidad bajo la careta de su
patrioterismo neoliberal.
Una broma de mal gusto, el anuncio de
que los inmigrantes encontrarán en Mé-
xico inﬁnidad de oportunidades, cuando
la carencia de éstas los obligó a irse
Una broma de mal gusto, el anuncio de
la carencia de éstas los obligó a irse

ARTÍCULOOPINIÓN
La historia al final es como uno la recuerda y la
cuenta decía el fallecido Gabriel García Márquez, por-
que lo que no se cuenta no existe, pues no hay quien la
cuente
L
a historia que aquí cuento es tal como yo
me acuerdo y lo que he investigado. Esta
historia es de los hombres y mujeres de
Baca (municipio de Choix, Sinaloa) que nos le-
garon la tierra durante el proceso de la reforma
agraria en México como resultado de la Revo-
lución de 1910, donde los campesinos e indí-
genas pagaron con sangre esa tierra que se les
dotó a los ejidos y que a las comunidades se les
reconoció. Baca intentó ser comunidad agraria
pero no pudo acreditar los elementos para esa
figura y vía, no sé por qué, si porque perdió los
documentos antiguos o no pudo acreditar que
era comunidad, ahí está pendiente una investi-
gación próxima al respecto para el que quiera,
pues otras poblaciones hermanas y de origen in-
dio como Huites salieron ejido y comunidad, lo
mismo que la comunidad de Baymena, aquí la
pregunta es ¿Y por qué Baca no?
Ahora bien, dirán y por qué la pelea, disputa
o cuestión entre que salga ejido o comunidad,
¿cuál es la diferencia? Es sencilla, al ejido se le
dota, se le da, el Estado expropia fincas o pro-
piedades, latifundios aledaños para constituir un
ejido a un grupo de campesinos, mientras que a
la comunidad agraria le reconoce mediante la
acción agraria de restitución de una tierra que
ya era de ella, pero de la cual había sido despo-
jada por los hacendados como ocurrió durante
el Porfiriato; por lo regular esos documentos de
la comunidad habían sido expedidos durante la
Colonia como cédulas, mercedes, títulos primor-
diales, etcétera, es decir, era una propiedad re-
conocida por la Corona Española después de la
invasión que sufrió México y por lo regular se le
daba a los núcleos de población indígena. Baca
cuenta con todas las características para que así
hubiera sido, pues era el poblado más importan-
te de la nación de los sinaloas. Además, que la
propiedad de una comunidad agraria está más
protegida legalmente que la de un ejido.
Baca solicitó desde el 20 de marzo de 1918
la restitución de tierras (acción agraria para ser
comunidad y no ejido), pero la resolución presi-
dencial de Baca dice que los vecinos del pueblo
no pudieron demostrar la propiedad ni el despo-
jo de las mismas, por lo que se inició el procedi-
miento en la vía de dotación (a ejido), afectando
las fincas rústicas de San Miguel de los Panduro
y Agua Caliente de Baca del señor Arvizu y los
predios de Agua Caliente de Baca y San Francis-
co de la Ciénega propiedad del señor Guillermo
Lamphar o de su sucesión, así como una pro-
piedad mancomunada de diversas personas de
Baca (esto podría ser el antecedente de lo que
era la comunidad de Baca), dotándoseles el 23
de diciembre de 1954 de 5 mil 204 hectáreas de
tierra.
Baca tuvo sus dirigentes campesinos como
Amador Gil, Vicente Gil y don Pedro Gil Palma,
en un primer momento. A Amador Gil le tocó la
tragedia del Bazate en su calidad de presidente
del Comisariado Ejidal y jefe de la Defensa Ru-
ral, resultando tres muertos en ese zafarrancho,
Amador mismo y su pariente Vicente Gil y uno
del bando contrario José (Pepe) Cota Pajarola;
GUADALUPE ESPINOZA SAUCEDA, ABOGADO Y MAESTRO EN DESARROLLO RURAL;
INTEGRANTE DEL CENTRO DE ORIENTACIÓNY ASESORÍA A PUEBLOS INDÍGENAS,AC
LOS AGRARISTAS DE BACA

ARTÍCULO OPINIÓN
a don Pedro Gil lo recuerdo ya entrado en años
de sombrero y lentes y siempre que participaba
en las juntas (asambleas) del ejido que en ese en-
tonces se hacían en el ramadón y no donde está
la casa ejidal. Lo hacía con la Constitución y la
Ley Federal de la Reforma Agraria en la mano,
fundamentando sus participaciones y dichos en
tal artículo, este y este otro. Los tres vienen en la
resolución del 54.
Ya en tiempos más recientes recuerdo cuan-
do Armando Gil Espinoza era Comisariado
Ejidal y de los más recientes a Rubén García
Apodaca, recientemente fallecido que nunca
fue comisariado pero que sin duda estaba ahí,
era también de los imprescindibles, no figuraba
en la lista nominal con puesto, pero por debajo
movía todo.
De los comisariados ejidales últimos, los que
recuerdo que han defendido al ejido son Ra-
món Ochoa Miranda quien encabezó el ejido
con mucha honestidad y Leonardo León Félix,
este último de los de la vieja guardia que ha sido
comisariado varias veces, que cree también en
el agrarismo y en la ideología del nacionalismo
revolucionario ligado al Estado mexicano.
Este pequeño artículo estaría incompleto si
no menciono a Quirino Alvaz León que tam-
bién fue un agrarista de convicción, aunque le
gustaba poco sembrar, eso no era lo suyo, pero
fue el que consiguió durante el salinato que se
le pagara al ejido una parte de lo que afectó la
vía férrea Chihuahua al Pacífico, faltando otra
parte de pagarse y que siempre en el día del eji-
do, el 8 de junio, mientras estuvo vivo cantó El
Barzón, junto con Rubén García que cantaba el
corrido del Agrarista, y aunque oficialmente el
día del ejido debería ser el 23 de diciembre, en
Baca se festeja el 8 de junio.
Hombres y mujeres de mi pueblo que han
resistido los embates inclementes de la nueva
oligarquía que desprecia a la gente del campo,
pero ellos siguen agarrados de las manceras del
arado, sea bueno o malo el año, llueva o no, ahí
están con la fe por delante.
RASHIDEFRIAS/CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
K
uala Lumpur, Malasia. Hace tiempo que
el nuevo presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, sostiene que su mayor
socio comercial hace trampa; por ello, decidió
priorizar el cambio de las condiciones y de los
términos comerciales, como parte de su estrategia
para que su país “vuelva a ser grande”.
El documento sobre la política comercial de
Trump fue elaborado durante la campaña elec-
toral por Peter Navarro y Wilbur Ross; ahora el
primero es el secretario de Comercio y el segundo
dirigirá el Consejo Nacional de Comercio.
Para ellos, la política económica debe estar
integrada e incluir recortes impositivos y menos
regulaciones, así como medidas para bajar el costo
de la energía y disminuir el déficit comercial cró-
nico de Estados Unidos.
Además, en sólo 21 páginas explican cómo
aumentará el crecimiento económico de Estados
Unidos durante el gobierno de Trump, con la
creación de millones de nuevos puestos de trabajo
y billones de ingresos tributarios adicionales.
Uno de sus argumentos es que Trump podrá
instrumentar la mayoría de sus políticas sin la obs-
trucción del Congreso legislativo ni del Poder Judi-
cial. Y además, que a escala internacional, ningún
país le hará frente por una “razón muy sencilla: los
mayores socios comerciales de Estados Unidos de-
penden mucho más del mercado estadunidense,
que lo que éste depende de ellos”.
Navarro y Ross sostienen que Estados Unidos
ya perdió demasiado, principalmente por acuer-
dos comerciales mal negociados y porque no se
cumplieron bien, lo que derivó en déficits comer-
ciales. Además, como ese país no usa el sistema
de impuesto al valor agregado (IVA), supuesta-
mente el resto del mundo tiene una ventaja co-
mercial injusta que, según ellos, la Organización
Mundial del Comercio (OMC) debió haber rec-
tificado.
En tanto que la más grande economía y el ma-
yor consumidor e importador del mundo, Estados
Unidos puede ejercer su voluntad y corregir la si-
tuación, por ejemplo, retirándose de la OMC, la
que se volvería irrelevante y, por lo tanto, el daño
sería menor.
Según su plan, con la reducción del déficit co-
mercial habría más efectivo en los bolsillos de los
trabajadores estadunidenses, lo que les permitiría
comprar productos más caros fabricados en su
país.
Supuestamente, como los productos estaduni-
denses se harán más competitivos, los precios cae-
rán y mejorará el bienestar de los consumidores.
Mitos sobre China
La política de Trump propone aranceles de-
fensivos para hacer frente de forma efectiva a las
“trampas comerciales”. China, considerado el
“tramposo más grande”, recibe una atención es-
pecial.
Para el público estadunidense, China sigue
siendo el “taller del mundo” donde cientos de mi-
llones de trabajadores mal pagos producen bienes
de consumo en masa, mientras el tipo de cambio
REMEDIOS COMERCIALES DE TRUMP
SE BASAN EN UN MAL
DIAGNÓSTICO
JOMO KWAME SUNDARAM, EXSECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA DESARROLLO ECONÓMICO, QUIEN OBTUVO UN PREMIO WASSILY LEONTIEF
POR AVANZAR LAS FRONTERAS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN 2007/IPS

ARTÍCULO OPINIÓN
artificialmente bajo y los subsidios a la producción
le permiten tener precios competitivos. Si bien
hace 1 década eso pudo ser cierto, la situación
cambió de forma radical.
En el pico de los desequilibrios comerciales de
hace 1 década, el superávit comercial era de más
de 10 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Pero con el repentino enlentecimiento del creci-
miento comercial mundial por la crisis de 2008 y
2009, el aumento del déficit comercial de Estados
Unidos con China disminuyó de forma significa-
tiva.
De hecho, Estados Unidos todavía tiene un
enorme déficit comercial con el gigante asiático,
pero este también es
su mayor mercado
de exportación.
De hecho, en
2014, el sector de
servicios superó
al manufacturero
como principal com-
ponente de la eco-
nomía China. Las
exportaciones netas
representaron un
crecimiento de 1.7
por ciento, ínfimo en
comparación con el
consumo interno y la
inversión.
China querrá se-
guir exportando ha-
cia Estados Unidos,
pero la transformación estructural de su economía
y la mayor demanda por varios servicios ahora ge-
nera más empleos nuevos, no sólo en su territorio,
sino también en otros, incluido el estadunidense,
según su análisis.
¿Renminbi devaluado?
Durante la campaña electoral, Trump amena-
zó con declarar que China manipulaba su mone-
da y así aumentar 45 por ciento los aranceles a
las importaciones de ese país durante los primeros
100 días de su gobierno.
La legislación estadunidense permite imponer
aranceles defensivos y compensatorios con el ar-
gumento de manipulación de divisa. Navarro y
Ross no sólo señalaron a China, sino también a
Japón y al euro, con una mención especial a Ale-
mania.
Washington sostienen desde hace tiempo que
China deprecia el valor de su moneda de forma
artificial para beneficiar a los exportadores. Quizá
hace más de 1 década éste pudo ser un argumento
válido, pero el renminbi se ha apreciado mucho
desde entonces por la gran presión de Estados
Unidos, amplificada en gran medida por el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
La mayoría de los economistas serios dudan,
de hecho, que el ren-
minbi siga devalua-
do. Estable durante
1 década antes de
2005, y quizá deva-
luada por periodos,
la moneda china se
apreció desde enton-
ces entre 30 y 40 por
ciento, lo que llevó al
FMI a declarar que
ya no estaba deva-
luada.
De hecho, la me-
nor demanda de ex-
portaciones y la fuer-
te fuga de capitales
ejercieron una pre-
sión enorme sobre la
moneda china, que
obligó a su banco central a usar sus reservas de
dólares estadunidenses para sostener la divisa. Por
lo que la última manipulación monetaria mantu-
vo al renminbi sobrevaluado, más que devaluado.
Todo esto sugiere que el equipo de Trump pro-
pone remedios que, en el mejor de los casos, se ba-
san en diagnósticos desactualizados. La situación
actual es muy diferente.
La incapacidad de lograr avances por medidas
mal recetadas podría desembocar en esfuerzos
más agresivos, que corren el riesgo de crear una
guerra económica que convertiría a la mayoría,
incluidos los espectadores, en víctimas. (Traducido
por Verónica Firme.)
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
R
oma, Italia. Hay más de 370 millones de
personas que se reconocen como indíge-
nas en 70 países y sus territorios ancestrales
concentran más de 80 por ciento de la diversidad
biológica del planeta. Sólo en América Latina hay
más de 400 pueblos, aunque la mayor concentra-
ción se da en Asia Pacífico, con 70 por ciento de su
población que se define como indígena.
Los pueblos indígenas tienen una ricas culturas
ancestrales que consideran sus sistemas sociales, eco-
nómicos, ambientales y espirituales interdependien-
tes. Y gracias a sus conocimientos tradicionales y su
comprensión de la gestión de los ecosistemas hacen
un aporte valioso al patrimonio de la humanidad.
“Pero también están
entre los grupos más
vulnerables, margina-
dos y desfavorecidos”,
alerta el Fondo Inter-
nacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA). “Y
tienen variados conoci-
mientos profundos y local del mundo natural”, des-
taca la organización con sede en Roma.
“Por desgracia, a menudo los pueblos indíge-
nas pagan el precio de ser diferentes y con dema-
siada frecuencia sufren discriminación”, subrayó el
FIDA, que realizará una Reunión Global sobre el
Foro de Pueblos Indígenas del 10 al 13 de este mes
en la capital italiana.
La agencia de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) reunirá a representantes de institu-
ciones indígenas, así como a sus socios para man-
tener un diálogo directo entre todos y mejorar la
participación de los pueblos autóctonos en los pro-
gramas nacionales que financia.
Desde hace siglos, las comunidades indígenas
han sido “despojadas de sus tierras, territorios y
recursos y perdieron el control sobre sus estilos de
vida. Representa cinco por ciento de la población
mundial, pero 15 por ciento de los pobres”, precisa
el FIDA.
Una de las formas más efectivas para sacarlos
de la pobreza es apoyar sus esfuerzos para diseñar y
decidir su destino, así como asegurarse de que par-
ticipen en la creación y la gestión de las iniciativas
de desarrollo.
Derechos de los pueblos indígenas
La Declaración de
las Naciones Unidas
sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas,
adoptada por la Asam-
blea General de la
ONU el 13 de septiem-
bre de 2007, establece
un marco universal de estándares mínimos para su
supervivencia, bienestar y el goce de sus derechos.
El documento trata sobre los derechos indivi-
duales y colectivos, sobre cuestiones de identidad
y de cultura, sobre educación, salud, empleo e
idioma. Además, prohíbe la discriminación y pro-
mueve su total y efectiva participación en todos los
asuntos que los conciernen.
También garantiza su derecho a permanecer
diferentes y a perseguir sus propios prioridades en
términos económicos, sociales y desarrollos cultu-
rales. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas
se celebra todos los años el 9 de agosto con el fin de
subrayar sus derechos.
BAHER KAMAL/INTER PRESS SERVICE
LAS TIERRAS INDÍGENAS
REÚNEN 80 POR CIENTO DE
LA BIODIVERSIDAD
La tierra no sólo es fundamental para
la superviviencia de los indígenas, como
para la mayoría de los pueblos rurales,
sino que es central para su identidad
La tierra no sólo es fundamental para
sino que es central para su identidad

ARTÍCULO OPINIÓN
El FIDA lleva más de 30 años trabajando con
pueblos indígenas, y desde 2003, 22 por ciento del
presupuesto anual del fondo se destina a proyectos
que los conciernen, principalmente en América La-
tina y Asia.
Desde 2007, gestiona el mecanismo de asisten-
cia a los pueblos indígenas (IPAF). Mediante peque-
ños préstamos de hasta 50 mil dólares financia pe-
queños proyectos propuestos por ellos con el fin de
fortalecer su cultura, su identidad, su conocimiento,
sus recursos naturales, así como sus derechos hu-
manos y de propiedad intelectual.
Para facilitar la concreción de los compromisos,
el FIDA creó el Foro de los Pueblos Indígenas, que
promueve el diálogo y las consultas entre organiza-
ciones indígenas, los funcionarios del
fondo y los estados miembro.
Al fortalecer a las organizaciones
de base y la gobernanza local, el fon-
do también ayuda a las comunidades
indígenas a participar en el diseño
de estrategias para su desarrollo y a
perseguir sus propios objetivos y vi-
siones.
La tierra no sólo es fundamental
para la superviviencia de los pueblos
indígenas, como lo es para la mayo-
ría de las poblaciones rurales, sino
que es central para su identidad.
“Tienen una profunda relación
espiritual con sus territorios ancestra-
les. Además, cuando tienen un acce-
so seguro a la tierra, también tienen
una base firme desde la cual mejorar su sustento”,
subraya el FIDA.
Las comunidades indígenas y sus sistemas de
conocimiento pueden desempeñar un papel vital
en la conservación y en la gestión sostenible de los
recursos naturales.
Potencial de las mujeres indígenas desaprove-
chado
El FIDA, también llamado “banco de los po-
bres” porque ofrece préstamos y créditos de bajo
interés a comunidades rurales pobres, reconoce el
potencial desaprovechado de las mujeres indígenas
como administradoras de los recursos naturales y
de la biodiversidad, como guardianas de la diversi-
dad cultural y como agentes de paz e intermedia-
rias en la mitigación de conflictos.
Sin embargo, las indígenas suelen estar entre los
integrantes más desfavorecidos de sus comunidades
por su limitado acceso a la educación, a los activos
y a los créditos, así como a su exclusión de los pro-
cesos de decisión.
El FIDA es un organismo especializado de la
ONU creado como institución financiera interna-
cional en 1977, uno de los resultados más impor-
tantes de la Conferencia Mundial de la Alimenta-
ción de 1974, organizada para responder a la crisis
alimentaria de principios de esa década y que afec-
tó particularmente a los países africanos del Sahel.
Enlaconferenciamundial,losparticipantescon-
vinieron que debía “crearse de inmediato un fondo
internacional para financiar proyectos de desarrollo
agrícola, principalmente destinados a la producción
de alimentos en los países en desarrollo”.
Uno de los elementos más importantes deriva-
dos de la conferencia fue la comprensión de que las
causas de la inseguridad alimentaria y de la ham-
bruna no obedecían tanto a las malas cosechas,
sino a problemas estructurales relacionados con la
pobreza y al hecho de que la mayoría de las pobla-
ciones pobres de los países en desarrollo se concen-
traban en zonas rurales.
Desde su creación, el FIDA invirtió 18 mil 400
millones de dólares que beneficiaron a unas 464
millones de personas en áreas rurales. (Traducido
por Verónica Firme)
SAÚLLÓPEZ/CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
U
n tal Luis de Miguel, “cerebro” financiero
de una de las mayores mafias de corrup-
ción en el Reino de España (la trama Gür-
tel), presumió en el juicio contra los individuos de
esa trama de haber logrado que la multinacional
Alcampo no pagara impuestos durante 20 años,
pese a sus considerables beneficios, gracias a sus
planes de elusión. Fraude y elusión fiscales de gran-
des empresas son norma, no excepción. Suponen
mucha menos recaudación para educación, sani-
dad, atención social; significa menos hospitales,
menos escuelas, menos actuaciones sociales, menos
apoyo al desempleo,
más pobreza, más des-
igualdad…
No satisfechas con
no pagar buena parte
de impuestos, grandes
empresas españolas
consiguieron además
considerables ayudas fiscales con el pretexto de su
expansión internacional. Pero recién el Tribunal de
Justicia Europeo anuló una sentencia favorable a
esas empresas, justificando esa reducción fiscal.
Evasión de impuestos, trato fiscal de favor y co-
rrupción van de la mano. La corrupción en Espa-
ña, por ejemplo, cuesta 90 mil millones de euros
anuales, según la Cámara Nacional de Mercados
y Competencia. Casi 48 mil millones de euros per-
didos son sobrecostos por ausencia de control del
cumplimiento de contratas de administraciones
públicas por empresas privadas. Las otras decenas
de miles de millones son corrupción pura y dura,
la de sobres y maletines bajo mano para pagar co-
misiones por adjudicar contratas públicas a empre-
sas privadas. Corrupción que no cesa. Cada mes
se destapan unos 10 casos nuevos y, si en 2010 se
arrestó a 389 presuntos corruptos en España, el año
pasado fueron más de 2 mil 400 los corruptores o
corrompidos detenidos, según el Ministerio de In-
terior.
Otra prueba de inequívoca podredumbre del
sistema es que aumentan las filiales de grandes
empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué
querrán las grandes empresas estar en esos mal
llamados paraísos si no es para perpetrar tranqui-
lamente el delito de no
pagar impuestos? En
2013 y 2014, las filiales
de grandes empresas
del Ibex 35 en esas cloa-
cas fiscales aumentaron
un 10 por ciento hasta
ser 891, según denun-
cia Oxfam Intermón en su informe ¿Beneﬁcios para
quién?
Para probar que la putrefacción es bastante
general, se ha sabido hace poco que el Banco de
España escondió la morosidad bancaria que crecía
al aumentar los créditos por la expansión de la bur-
buja inmobiliaria. Un Comité Técnico de Coordi-
nación del Banco aleccionó a los inspectores de esta
entidad reguladora para que fueran comprensivos
y no pretendieran el total cumplimiento de la legali-
dad en la refinanciación de préstamos hipotecarios,
por ejemplo.
Además,enlosúltimos15añoselﬂujodedinero
desde paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro
XAVIER CAÑO TAMAYO, CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
UN SISTEMA GANGSTERIL
¿Paraquéquerránlasgrandesempre-
sas estar en esos mal llamados paraísos
si no es para perpetrar tranquilamente el
delito de no pagar impuestos?
¿Paraquéquerránlasgrandesempre-
delito de no pagar impuestos?

ARTÍCULO OPINIÓN
123RF
y España no es una excepción. En 2015, el dinero
de paraísos fiscales a España aumentó un 27 por
ciento respecto al año anterior. Sin embargo, que
aumente la inversión y beneficios en España por
esa vía no ha incrementado los ingresos del Estado.
Porque el gobierno determinó que los beneficios de
empresas españolas en el extranjero casi no tribu-
ten aquí. Esa reducción de recaudación pública por
evasión o elusión de impuestos es global. Según va-
rios estudios, entre los que destaca el de Oxfam In-
termón, la Unión Europea deja de recaudar cada
año por evasión y elusión fiscales cientos de miles
de millones de euros. Porque los gobiernos no se
proponen de verdad acabar con la lacra del impago
de impuestos. En realidad, lo favorecen y ahí están
para demostrarlo los acuerdos secretos de algunos
gobiernos europeos, como el de Luxemburgo, con
cientos de multinacionales.
No es cuestión baladí, pues en América Latina,
por ejemplo, la delincuencia fiscal de grandes em-
presas cuesta más de 100 mil millones de dólares
anuales a los países empobrecidos; ésos que desde
Occidente con increíble desfachatez denominan
“países en desarrollo”. La recaudación evadida
de gravar capitales (que los ricos latinoamericanos
esconden en paraísos fiscales) sería suficiente para
que más de 30 millones de latinoamericanos salie-
ran de la pobreza. Por su parte, África pierde 50
mil millones de dólares anuales por movimientos
ilegales de capital y con esa evasión de impuestos,
por ejemplo, Chad tardará más de 100 años en re-
ducir dos terceras partes la mortalidad infantil en la
infancia hasta 5 años, pero lo lograría en 12 si esos
impuestos se pagaran cuando y cuanto se debe.
Evasión de impuestos, trato fiscal de favor, favor
y ayuda a delincuentes (los que provocaron la crisis),
corrupción a mansalva, desposesión de la ciudada-
nía… Definitivamente éste es un sistema gangsteril.
Y hay que enfrentarse a él, problema a problema,
delito a delito.

INVESTIGACIÓN PORTADA
LOS NIÑOS
DE UNA
SOCIEDAD
CRIMINAL

INVESTIGACIÓNPORTADA
Niños y adolescentes en
extrema vulnerabilidad y
violencia participaron en
narcotráfico, homicidio,
secuestro, violación…
Ante la pobreza y el
abandono, las armas y
las drogas no fueron una
elección, sino la única
manera de sobrevivir
M
ataron, robaron, secuestraron. Son parte
de una generación a la que se le cerra-
ron todas las puertas,menos una: la de la
violencia generalizada del país. Del seno del nar-
cotráfico y de las pandillas, a las prisiones juveniles,
donde siguen siendo víctimas,ahora de la violencia
institucional, malos tratos y remota esperanza de
rehabilitación.
“Hablé con el comandante de la organización
[Los Zetas] y le pedí trabajo. Me mandó a capaci-
tarmedurante4mesesaPiedrasNegras[Coahuila],
en armas, tácticas militares, posiciones de tiro, as-
censo y descenso de vehículos.Me tocó ir a reventar
un rancho de otra organización, para apoderarnos
de todo”, dice Carlos, adolescente que en Veracruz
permaneció durante 2 años con el cártel más vio-
lento de México, convencido de que los miembros
de esa organización criminal eran su familia, la que
él se buscó y se ganó.
Más de 700 testimonios de adolescentes des-
criben en forma sucinta pasajes de su historia cri-
minal a su corta edad. Son hijos de la pobreza y la
JOSÉ RÉYEZ/PRIMERA DE CUATRO PARTES
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desigualdad social, la descomposición de un siste-
ma de corrupción e impunidad,y de gobiernos in-
capaces de frenar el abismo cada vez más profundo
en el que se sumerge este sector de la sociedad.
Para ellos asesinar,robar,vender drogas,vigilar,
secuestrar, obedecer órdenes de grupos delictivos
es reconocido como su “trabajo”, según sus pro-
pios relatos contenidos en el informe Adolescentes:
vulnerabilidad y violencia,
elaborado por el Centro
de Investigaciones y Es-
tudios Superiores en An-
tropología Social (CIE-
SAS) en colaboración con
la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH) y publicado en
enero de 2017. Son los
relatos de las condiciones
infrahumanas que han
padecido niños de entre 14
y 17 años de edad, hoy privados de su libertad por
delitos graves, contados en primera persona.
Son las historias de adolescentes reclutados por
La Familia Michoacana, Los Caballeros Templa-
rios, y por los cárteles del Golfo, Los Zetas, los
Beltrán Leyva, de Sinaloa, de Jalisco Nueva Ge-
neración, de Tijuana, de los Cabrera, del Milenio,
o bien, jóvenes que sin haber sido parte de estos
grupos, cometieron secuestro, acopio y tráfico de
armas, homicidio, entre otros ilícitos.
De los 13 mil 327 adolescentes privados de
su libertad por delitos graves que hay en el país,
el informe expone los resultados de una encuesta
realizada entre 3 mil 327 de ellos, que represen-
ta 19 por ciento de la población total. Además de
as encuentas, se realizaron 730 entrevistas. El 37
por ciento de niños y adolescentes dijo haber co-
metido homicidio; el 35 por ciento confesó haber
pertenecido al crimen organizado; el 24 por ciento
cometió robo con violencia; y el 13 por ciento, se-
cuestro. De todos, el 70 por ciento admitió haber
usado armas.
La coordinadora del estudio, Elena Azaola,
doctora en antropología social y los especialistas
Cristina Montaño,Fernando Figuera,Nallely Re-
yes y Lorena López, todos del CIESAS, encon-
traron que el 70 por ciento de los entrevistados
son menores de 18 años de edad, muchos de ellos
cuentan con apenas 15 años.
La encuesta fue realizada en 17 estados repre-
sentativos de las regiones norte, centro y sur del
país: Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Si-
naloa, Baja California y Zacatecas; Puebla, More-
los,Hidalgo,Ciudad de México,Estado de México
y Jalisco; y Oaxaca, Yucatán, Tabasco y Veracruz.
Las entidades estudiadas
en 2014,fueron: Coahuila,
Sinaloa, Morelos e Hidal-
go y en el resto de las enti-
dades las entrevistas se lle-
varon a cabo durante 2016.
Con base en los relatos
de los adolescentes acerca
del delito que cometieron,
los autores del informe
distinguieron tres grupos
de acuerdo a las modalida-
des de la conducta delicti-
va: narcotráfico, pandillas y delitos individuales. En
esta primera entrega, se aborda el primer grupo: el
de los vinculados al crimen organizado.
Delincuencia organizada
El informe especial del CIESAS-CNDH re-
produce de manera textual los testimonios de los
adolescentes involucrados en delitos graves, con
nombres ficticios para proteger su identidad, quie-
nes relatan el delito que cometieron,la tortura física
y sicológica a la que fueron sometidos y los agravios
y vulnerabilidades que padecieron antes de infringir
la ley, durante su detención y en los centros de in-
ternamiento.
Pavel tiene 17 años. Lleva casi 2 internado en
Guadalajara y le quedan poco más de 4 para cumplir
con su sentencia. A los 12 años se enroló en el cri-
men organizado y decidió abandonar su casa cuan-
do empezaron a buscarlo para darle piso (asesinarlo).
Relata:“Cuando me salí de la escuela unos veci-
nos me contactaron con policías y me llevaron con
el grupo.A los 11 años me integré al cártel del Mi-
lenio y a los 12 me llevaron a vivir con ellos.El gru-
po lo integraban de seis a ocho personas, casi todas
mayores de edad, y vivíamos en la misma casa. Mi
trabajo consistía en levantar,secuestrar y ejecutar”.
Para los niños del
crimen, asesinar, robar,
vender drogas, vigilar,
secuestrar, obedecer
órdenes de grupos
delictivos es su trabajodelictivos es su trabajo

INVESTIGACIÓNPORTADA
A Pavel lo detuvo la policía ministerial: “Desde
que me trasladaron,comenzaron a pegarme,y en la
delegación me quitaron la ropa y me dieron toques
con electricidad,patadas,me colocaron una la bolsa
de plástico en la cabeza con agua,gas y chile piquín”.
Intentaron cortarle los dedos de las manos y con
una punta debajo de la oreja le provocaron dolor has-
ta perder el conocimiento,que recobraba con chorros
de agua y golpes. La tortura incesante perduró du-
rante 10 días, hasta que, inconsciente, fue internado
durante 1 mes en un hospital, donde permaneció
más de un mes en tratamiento de recuperación.
“Vendía drogas y como me fue bien,me pasaron
al área de secuestro; eran mis tareas como parte del
cártel de Sinaloa”, relató Lisandro, con 20 años de
edad,pero 2 de ellos preso y con 8 más por cumplir.
Fue detenido muchas veces,desde adolescente,y de
inmediato liberado:“en el grupo había ministeriales
y municipales,operábamos libremente,bastaba con
dar la clave”. Fue capturado junto con otros miem-
bros del grupo en una casa de seguridad,donde“nos
patearon, nos pusieron una bolsa de plástico en la
cabeza y nos ahogaban en un bote con agua”. Li-
sandro recuerda que se desmayó varias veces durante
los 6 días de tormento, antes de presentarlo ante el
ministerio público.
Alexis, de 20 años, es originario de la Ciudad de
México, lleva más de 2 años internado en el Estado
de México,donde le quedan más de 3 años para que-
dar en libertad.Se vinculó con la Familia Michoaca-
nadesdelos12años,cuandoconocióaljefedelapla-
za, quien “me integró a su grupo como vendedor de
droga al menudeo y a los 14 años,como coordinador
de escolta”.Cursó la secundaria en el sistema abierto,
alternando sus tareas escolares con las de sicario.“Fui
adiestrado por un militar que imponía un sistema si-
milar al castrense, tanto en la disciplina como en la
forma de otorgar premios y castigos”.
En México, 13 mil 327 niños y adolescentes han sido privados de su libertad por haber incurrido en la comisión de delitos graves
BERNANDINOHERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

turaron aplicándole toques eléctricos, golpes en el
cuerpo, asfixia con una bolsa con chile piquín en la
cabeza,y lo sumergían alternadamente en el agua.
El 16 por ciento de los niños y adolescentes que
cometieron delitos,contaron que en su grupo parti-
cipaban elementos que eran o había sido miembros
de la policía o del Ejército.También dijeron que sus
victimarios fueron invariablemente elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría
de Marina, la Policía Federal Preventiva y los poli-
cías de los estados de la república.
Un adolescente de Puebla cuyo nombre ficticio
se omite en el informe, describió la forma agresiva
en que fue detenido por la Policía Federal durante
un operativo.Dijo que el comandante de Los Zetas
salió corriendo,y él quedó a expensas de los policías
federales. “Me vendaron y golpearon, hincado so-
bre un palo de escoba con una bolsa en la cabeza y
la chicharra en la espalda”. Este joven acabó con la
nariz rota.Fue presentado ante el ministerio púbico
4 días después de su detención, pero en su expe-
diente quedó asentado que fue detenido el mismo
día.“Me salí de los Zetas porque me di cuenta que,
cuando hay madrazos,te dejan tirado”.
Los adolescentes de México muestran una cre-
ciente identificación con narcotraficantes y sicarios,
por encima de otros modelos como empresario,
profesor o miembro del Ejército, señala –en entre-
vista– el doctor en Ciencias Políticas por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, José del
Tronco Paganelli, quien realizó una investigación
de la población juvenil.
Elestudioserealizóentreagostoynoviembrede
2012 en los estados de Baja California,Chihuahua,
Colima, Durando, el Estado de México, Guerre-
ro,Tabasco y Tamaulipas, con los que se pretendió
cubrir la diversidad demográfica y socioeconómica
de México, encuestando a 1 mil 400 alumnos de
escuela secundaria,de entre 13 y 15 años de edad.
Según los resultados, 26.3 por ciento de los jó-
venes piensan que ellos mismos, sus amigos o per-
sonasdesuedadlesgustaríaparecerseanarcotrafi-
cantes y sicarios. Después de estas figuras siguió el
de empresario, con el 17 por ciento de preferencia,
el 12.4 por ciento se inclinó por el profesor, 10.7
por ciento por el policía o militar, el 4.4 por ciento
por funcionario de gobierno y el 1.4 por ciento por
un migrante.
Sandra ingresó al cartel de Los Zetas, se inició
como halcón,ascendió a jefa de un grupo de 53 hal-
cones,lo que le valió para que “me pasaran al grupo
encargado de secuestros, levantones y de ejecutar a
los secuestrados,hasta que me agarraron cuando iba
por un rescate”.
Heriberto trabajaba en el campo de Zacatecas,
hoy también cuenta con 20 años de edad.Fue coop-
tado,de adolescente,por los Caballeros Templarios
para vender drogas. Durante su estancia en el car-
tel, recuerda que ni la policía ni las Fuerzas Arma-
das interrumpieron sus labores delictivas. “Por eso
nos sentíamos seguros”. Fue detenido por agentes
ministeriales acusado de secuestro, quienes lo tor-

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