Corte critica opacidad Cisen sobre espionaje

Año 15 • Número 530 • $30
Del 13 al 19 de marzo de 2017
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 13 de marzo de 2017
CONTENIDO
24
PORTADA
La PGR investiga un presunto robo masivo de
medicamentos en el ISSSTE. En enero pasado, el propio
Instituto denunció los hechos ante la Secretaría de la
Función Pública
ROBAN A ISSSTE TRATAMIENTOS
CRÓNICO-DEGENERATIVOS
POR 54 MILLONES
OPINIÓN
OFICIO DE PAPEL OCULTAN INFORMACIÓN DE ESPIONAJE
TELEFÓNICO Miguel Badillo
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN ARRUINADAS Y EN PROCESO DE
EXTINCIÓN, LAS TIENDAS Y FARMACIAS DEL ISSSTE Nancy Flores
ZONA CERO LOS RECURSOS DE LA CDI Y LA POBREZA DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO Zósimo Camacho
CONTRAPODER ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA DEDICA MANCERA A SUS
RESTAURANTES? Álvaro Cepeda Neri
IQ FINANCIERO INE COLABORA CON EU EN REGISTRO BIOMÉTRICO
DE MEXICANOS Claudia Villegas
ARTÍCULOS
BUENOS DESEOS Jorge Meléndez Preciado
LEY DE SEGURIDAD INTERIOR: DETRIMENTO DEL PODER CIVIL
FRENTE AL PODER MILITAR Sayuri Herrera Román/Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria
ENFERMEDADES LABORALES Y LAS “TABLAS DEL OPROBIO” Martín
Esparza Flores
NACIÓN Y FUNDAMENTALISMO Joaquín Roy/Inter Press Service
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número
530, del 13 al 19 de marzo de 2017– es una publicación semanal
editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Al-
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ANÁLISIS
PETROLERO Petróleo: el desastre de una política entreguista Mario A Román del Valle
INTERNACIONAL El nuevo orden mediático mundial Red Voltaire
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INVESTIGACIÓN
PORTADA Roban a ISSSTE tratamientos crónico-degenerativos por 54 millones
Nancy Flores
SOCIEDAD Crímenes de adolescentes, el lado oscuro de la globalización José Réyez
LÍNEA GLOBAL Nueva ley de la coca abre intenso debate en Bolivia Franz Chávez/
Inter Press Service
LÍNEA GLOBAL Resurgimiento del paramilitarismo, peligro real para la paz en
Colombia Félix Albisu/Prensa Latina
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MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA Necesitamos a los hackers Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS Para resolver los problemas de la recesión, ¡volvamos a Keynes! Álvaro
Cepeda Neri
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Fotografía de
portada: 123RF
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OFICIO DE PAPELOPINIÓN
OCULTAN INFORMACIÓN
DE ESPIONAJE TELEFÓNICO
MIGUEL BADILLO
H
ace unos días, la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación ordenó al Centro de In-
vestigación y Seguridad Nacional (Cisen)
informar sobre el número de personas y aparatos
de telecomunicaciones intervenidos con autoriza-
ción judicial en 2014, cuyos operativos de investi-
gación fueron realizados hace más de 2 años. La
razón de que la Corte interviniera es porque ese
órgano de inteligencia había recurrido a todas las
argucias legales para impedir que la población co-
nozca al menos cuántas intervenciones de espio-
naje realizó, pues es una costumbre gubernamen-
tal ocultar información que debería ser pública.
Lo curioso en dicha información dada a co-
nocer por el reportero Víctor Fuentes, en el dia-
rio Reforma, es que en su resolución la Corte hizo
una fuerte crítica al Instituto Nacional de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales
(Inai), al que le advirtió que “no puede ni debe ha-
ber una generalización de que toda información
estadística es pública. Esas afirmaciones y criterios
del Inai me parecen exagerados y fuera de lugar”,
dijo el ministro presidente Luis María Aguilar.
Otra ministra de derecha, Margarita Luna
Ramos, fue más allá del dicho del presidente de la
Corte, al señalar que “toda información de segu-
ridad nacional es reservada, pues incluso obtener
datos estadísticos aislados puede llevar a conocer
la capacidad técnica del Cisen”. A esta funcio-
naria que pide impunidad total se le olvida que
es un derecho ciudadano conocer qué hacen las
autoridades con el dinero público, pues no puede
ser un criterio general que toda la información del
Cisen sea reservada sin estar sujeta al escrutinio
público. Esos criterios son los que han fomentado
la corrupción, la impunidad y el abuso de poder
que tanto agobian a los mexicanos y colocan al
país como uno de los más corruptos del mundo.
Acostumbrados al oscurantismo sobre toda
aquella información que revele actos y hechos de
corrupción, abuso de poder o desvíos de recursos
públicos en el gobierno federal, los ministros de la
Corte aceptaron a regañadientes que se informe a
un peticionario sólo el número de personas y apa-
ratos electrónicos que fueron intervenidos por el
Cisen para espiar bajo órdenes judiciales.
El argumento más utilizado para impedir que
la información llegue a la población es que son te-
mas de “seguridad nacional”, y bajo este estigma
el gobierno federal oculta miles de transacciones
multimillonarias en compra de equipos, opera-
ciones encubiertas, intervenciones telefónicas y de
internet, pago de informantes y contratos de obras
y servicios en donde nunca se licita y tampoco se
conoce a los proveedores. Por supuesto que esto es
una vía para la corrupción, el pago de comisiones,
sobornos, componendas y finalmente el desvío de
recursos públicos que sale de los bolsillos de los
mexicanos.
Pero los datos estadísticos son públicos. El pro-
pio Consejo de la Judicatura Federal –encabezado
por el mismo presidente de la Corte– los revela
cada año. De acuerdo con el Informe anual 2016, las
autoridades investigadoras presentaron ante los
juzgados federales penales especializados en ca-
teos, arraigos e intervención de comunicaciones,
así como en los juzgados de distrito especializados
en medidas cautelares y control de técnicas de in-
vestigación, 3 mil 216 solicitudes, de las cuales 775
correspondieron a cateos, 24 a arraigos, 2 mil 77

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
a intervenciones de comunicaciones, 12 a autori-
zaciones para solicitar información a las empre-
sas de telecomunicaciones y 328 requerimientos a
concesionarios.
Asimismo, revela que en el Portal de Servicios
en Línea del Poder Judicial de la Federación se au-
torizó a 30 usuarios de las procuradurías y fiscalías
generales de los estados de la República, quienes
han solicitado 446 intervenciones de comunica-
ción, tres aprobaciones para solicitar informa-
ción a las empresas de telecomunicaciones y una
inmovilización de cuenta y/o valores del sistema
financiero.
A pesar de que estos datos son públicos y res-
ponden en parte la re-
solución de la Corte,
los ministros de este ór-
ganodejusticiainsisten
en ocultar información
cuando se habla de ór-
ganos de inteligencia
que también deben es-
tar sujetos a escrutinio
público para impedir
que a través de ellos se
desvíen recursos públi-
cos, se abuse del poder
y se realicen acciones
contrarias a los intere-
ses de la seguridad del
país.
En otros momentos
nos hemos ocupado
en esta columna de investigar múltiples irregula-
ridades de ese órgano de inteligencia (Cisen) que
recibe presupuesto por miles de millones de pesos
y que sus resultados son muy cuestionables, pues
de acuerdo con la misma Agenda Nacional de Riesgos
(documento que también mantienen en la secre-
cía y que fue dado a conocer por Contralínea), es el
crimen organizado el que encabeza los 10 princi-
pales riesgos a la seguridad nacional, entonces nos
preguntamos qué ha hecho el Cisen en la última
década desde que el Estado le declaró la “guerra”
(según Felipe Calderón) al narcotráfico.
Hemos explicado que la nómina del Cisen in-
cluye a 3 mil 500 empleados de confianza y que su
cúpula directiva involucra a 39 personas con los
cargos más importantes en la estructura, que van
desde el director general, directores y coordina-
dores, quienes perciben salarios mensuales entre
los 160 mil y 200 mil pesos, más bonos por riesgo
adicional equivalente al 30 por ciento y otras pres-
taciones.
A pesar del enorme gasto que representa para
las finanzas públicas ese órgano de seguridad na-
cional, en la última década los gobiernos del PAN
y del PRI convirtieron al Cisen en una institución
gris en su desempeño y un barril sin fondo en su
gasto público.
La opacidad de este órgano de inteligencia
llegó al absurdo de que desde su creación, el 13
de febrero de 1989, los
mexicanos no había-
mos podido conocer
quiénes son los funcio-
narios que ocupan los
39 cargos más impor-
tantes en la estructu-
ra directiva y mucho
menos el salario que
perciben, a pesar de
que éste proviene de
recursos públicos.
Por ser un ente de
seguridad nacional,
adscrito a la Secretaría
de Gobernación, los 3
mil 500 trabajadores
del Cisen son de con-
fianza, no hay sindica-
to y tampoco personal operativo.
Fue en las dos administraciones federales pa-
nistas, con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Cal-
derón (2006-2012) como presidentes, cuando el
Cisen prácticamente fue desmantelado en su fun-
ción primordial de salvaguardar la seguridad del
Estado y se convirtió en un centro de espionaje
telefónico, vigilancia a opositores políticos y orga-
nizador de festejos, fiestas y cumpleaños. Pero lo
preocupante es que esa situación no ha mejorado
en los últimos cuatro años, debido a que su actual
titular carece de toda experiencia en materia de
seguridad nacional y responde a intereses de un
grupo político y no a las necesidades de salvaguar-
dar la soberanía e independencia del país.
123RF

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
ARRUINADAS
Y EN PROCESO DE EXTINCIÓN
LAS TIENDAS Y FARMACIAS
DEL ISSSTE
NANCY FLORES
L
a red de tiendas y farmacias del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) está en ruina.
También, en vías de extinción: desde 2013 opera
un plan deliberado –pero caótico– para cerrar de-
finitivamente este servicio, que buscaba dar cober-
tura en un esquema de tienda de autoservicio pero
con precios justos a derechohabientes y al público
en general.
En 2015 se resintió la estrategia, cuando en las
tiendas y farmacias se agudizó el desabasto de pro-
ductos. En ese año, diversos proveedores señalaron
que se les adeudaban millones de pesos y por ello
no surtían productos a la red.
Oficialmente, los objetivos del sistema de abasto
conocido como Superissste “son vender productos
básicos y bienes de consumo, así como medicamen-
tos y materiales de curación, a los mejores precios
posibles en relación con las condiciones vigentes
en el mercado; concertar y realizar programas de
comercialización y acceso a bienes y productos en
condiciones y precios preferentes; y organizar siste-
mas y mecanismos de crédito al consumo aprove-
chando en las capacidades financieras y operativas
del Instituto”.
No obstante su importancia –pues en México
abundan personas en condición de pobreza y mise-
ria–, la quiebra es inminente: actualmente quedan
71 tiendas y farmacias abiertas, pues entre 2014 y
2015 cerraron 311 unidades (87 en 2014 y 224 en
2015), lo que generó además la pérdida de más de
540 empleos.
El proceso de cierre ha sido un caos en perjuicio
del erario del ISSSTE, revela el más reciente infor-
me de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aunado a ello, el sistema departamental presenta un
serio problema de liquidez, que aún se traduce en
desabasto de mercancías en las unidades de venta.
El año auditado coincide con el de la mayor
crisis: 2015. Y lo que revela la Auditoría Superior
es desolador: al 31 de diciembre, el saldo de pro-
veedores sumó 1 mil 331 millones 493.5 mil pesos.
Pero hasta en esta cifra encontró inconsistencias el
órgano fiscalizador, pues resultó superior en 6.6 por
ciento (82 millones 121.6 mil pesos) respecto de los
1 mil 249 millones 372.3 mil pesos reportados en
el sistema BAAN, de la Jefatura de Departamento
de Egresos y Recepción de Documentos. La deuda
se trasladó al ejercicio 2016 y hasta la fecha en la
que la ASF concluyó la auditoría, el Superissste no
acababa de saldarla.
Deuda en renta
Los adeudos del Superissste no se limitan a pro-
veedores, también incluyen a arrendadores de
inmuebles. Y es que entre las anomalías detecta-
das por el máximo órgano de fiscalización está
el hecho de que 178 unidades de venta cerradas
reportaron un saldo pendiente de pago por arren-
damiento por 26 millones 434 mil pesos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2017, el ISSSTE destinará este
año 108 millones 187 mil 992 pesos a “fortalecer
la infraestructura inmobiliaria de las unidades de
venta del Superissste, a efecto de disponer de ins-

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
talaciones apropiadas para el desarrollo de las ac-
tividades comerciales”. Dinero que podría quedar
comprometido por esos adeudos.
Pero el Instituto y el Superissste parecen no
darse cuenta de la situación: la versión oficial
apunta que la red de abasto continúa “brindan-
do sus servicios en cumplimiento del objeto para
el que fue creado el Superissste, y su principal
acción se concentra en garantizar el abasto en
las tiendas, por medio de un nuevo esquema de
trabajo con los proveedores y de la renovación de
productos, a fin de brindar servicios y productos
de calidad”.
Plan de
desmantelamiento
Aunque el desmantelamien-
to avanza, uno de los mayo-
res problemas es que carece
de planeación, programa de
trabajo y ruta crítica, advier-
te la ASF. O al menos eso es
lo que detectó en el proceso
de supresión de 224 unida-
des de venta ocurrido en
2015.
Ejemplo de ello es que
a las autoridades del Supe-
rissste se les “olvidó” evaluar
oportunamente las hojas de
devolución de mercancía de
las tiendas cerradas. Y pues
como no se trata de su dine-
ro, causaron un daño patrimonial por 927.3 mil
pesos entre 2012 a 2015.
Y es que la negligencia derivó en que los audi-
tores encontraran diversos productos de la canasta
básica y abarrotes en proceso de descomposición y
contaminados, lo que “representa un riesgo sanita-
rio y genera fauna nociva en la unidad de venta”.
Durante la inspección, “no se observaron ac-
ciones oportunas de ofertación de la mercancía
para su venta, acciones de seguimiento ni inventa-
rio de clasificación de mercancía apta para venta
o desecho de productos o, en su caso, destrucción
de mercancía, cuyo costo debía ser cargado al pro-
veedor, conforme a la normativa”.
Y como en México reina la impunidad, nadie
se preocupó por obedecer los mínimos lineamien-
tos. “Por lo anterior, la entidad fiscalizada tendrá
que absorber el costo de la destrucción y, conside-
rando que la revisión representó tan sólo el 8 por
ciento (18 unidades de venta) de las 224 unidades
de venta suprimidas, el costo de la destrucción y el
importe de las devoluciones en resguardo no ofer-
tadas será muy alto”, señala la ASF.
Como era de esperarse, el Superissste también
“perdió” mercancía. Según un acta circunstancia-
da de hechos, “en la Gerencia Regional Sureste
se observó que en la unidad de venta 103 Cam-
peche, la mercancía en resguardo –por 28.1 mil
pesos– se remitiría a la unidad de venta 174 Mé-
rida; dicho documento careció de la firma del ge-
rente de la unidad, quien señaló que no recibió la
mercancía, por lo que no se comprobó su destino
final, y la Subdirección de Control y Supervisión
no proporcionó información al respecto”.
Y otros productos “aparecieron de la nada”.
“Se comprobó que en la zona metropolitana
[tienda de Vértiz, en la Ciudad de México] se
encontraron 1 mil 688 piezas de mercancía no
relacionadas en el acta de entrega-recepción, de
las cuales se desconoce el precio, toda vez que no
contaron con hoja de devolución”. Así, el cochinero
en el Superissste.
CUARTOSCURO

ZONA CEROOPINIÓN
L
os más pobres de este país se encuentran
en las comunidades indígenas. Las propias
cifras oficiales así lo señalan, ya sean las na-
cionales (como las del Consejo Nacional de Pobla-
ción, Conapo, y el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, Inegi) o las internacionales (como las
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, PNUD, y la Organización Internacional del
Trabajo, OIT).
Puntuales, los Índices de desarrollo humano que el
PNUD publica cada 2 años han señalado que al-
rededor de 10 municipios, con centenas de comu-
nidades indígenas, mantienen niveles de pobreza
similares a los del África subsahariana; es decir,
se encuentran entre los más pobres del mundo. Y
otros 100 municipios, con miles de comunidades,
están apenas por encima de ese rango. En realidad,
todas esas demarcaciones están sumidas en una mi-
seria espantosa, donde no hay médicos ni escuelas;
donde los niños mueren por desnutrición, piquete
de alacrán o mordida de víbora; las mujeres falle-
cen en labores de parto, y donde los hombres su-
cumben ante la tuberculosis.
El panorama es el mismo ya sea en la Montaña
de Guerrero o en la Sierra Tarahumara: los indí-
genas padecen discriminación, desprecio y despojo
estructurales que los ha llevado a la pobreza extre-
ma. Las migajas que se reparten por medio de pro-
gramas asistenciales sólo aseguran su dependencia
y sólo garantizan el objetivo en el que trabajan los
mandamases desde hace casi 525 años: su extermi-
nio.
Donde los indígenas se rebelan y se organizan,
logran emanciparse y mejorar sus niveles de vida
colectiva e individual. Donde los indígenas se man-
tienen pasivos, viviendo principalmente de lo que
les avientan los funcionarios, la situación no sólo no
mejora: cada vez es peor.
De destacarse, los casos de los tzotziles, tzeltales,
choles, tojolabales y mames zapatistas, que hoy han
alcanzado un nivel de vida como probablemente no
habían tenido desde tiempos anteriores a la Conquis-
ta. O los na’saavi, me’phaa y nahuas de zonas de la
Montaña y Costa Chica de Guerrero luchando por
salir de la pobreza más atroz del país. También se po-
dría mencionar a los purépechas de Nurío y Cherán,
en Michoacán, que defienden sus montes y aguas.
A veces una calle separa a los organizados de
manera autónoma o popular de aquellos que es-
tán corporativizados en un partido-gobierno y vi-
ven de la limosna. El contraste es sorprendente. La
dignidad, con todo y sus problemas, de unos y la
desventura de otros. En los primeros, los proyectos
productivos, educativos, el deporte, la autogestión
y el fortalecimiento de su lengua y cultura. En los
segundos, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar
y el futuro cancelado. En San Andrés Sakamchén
de los Pobres, pueblo tzotzil, me resultó sencillo dis-
tinguir en la calle a un zapatista de quien no lo es: si
golpea a su mujer o ingiere alcohol, no es zapatista.
Por supuesto, los problemas, entre ellos la po-
breza, no han sido superados ni en las comunidades
indígenas organizadas. Desmontar medio milenio
de oprobios, abusos y desventajas es una tarea que
ZÓSIMO CAMACHO
LOS RECURSOS DE LA CDI
Y LA POBREZA DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
DE MÉXICO

ZONA CERO OPINIÓN
ya está en marcha pero supera, incluso, a los indíge-
nas organizados.
Mientras, el Estado mexicano sigue destinando
miles de millones de pesos, supuestamente, a los
indígenas; es decir, a las mismas políticas fallidas y
clientelares. Las mismas políticas que no sacan de la
miseriaalossupuestosbeneficiariosperosípromue-
ven partidos y candidatos para cada proceso elec-
toral, ya sea municipal, estatal o federal. El Informe
del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015,
publicado por la Auditoría Superior de la Federa-
ción, da cuenta de que la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) erogó
5 mil 65 millones 725 mil 800 pesos en “subsidios”
para “localidades indígenas que observan carencias
y rezagos en materia de comunicación terrestre,
electrificación, agua potable y saneamiento”.
Del total de recursos, la ASF sólo auditó el uso
que la Cdi dio a 885 millones 663 mil pesos. Se tra-
ta de 75 contratos de obra pública de infraestruc-
tura básica por 792 millones 560 mil 800 pesos y
tres “convenios específicos de coordinación” con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 93 mi-
llones 102 mil 200 pesos. ¿Y qué encontró la ASF?
Primero, que la Cdi no cuenta siquiera con un
manual de organización actualizado ni con una
estructura organizacional aprobada. El desastre en
los trabajos empieza por aquí. Lo que sigue es que
se adjudicaron contratos a empresas que no cum-
plieron con los requisitos establecidos en las bases
de la licitación, por lo que no se pudo garantizar
que tales procesos se realizaran con “imparcialidad
y transparencia”.
Además, las obras no se entregaron en tiempo y
forma, tal y como se estipulaba en los contratos. A
pesar de ello, la Cdi no estableció penalizaciones a
las empresas que incumplieron.
Por otra parte, en 48 obras de infraestructura
las delegaciones de la Cdi en los estados no conta-
ron con la autorización de las instancias normativas
para la ejecución de los trabajos. Por si fuera poco,
se firmaron actas de “entrega-recepción” de las
obras sin que en realidad éstas hubieran concluido.
Es apenas lo que se asoma en la fiscalización
practicada a la Cdi, la instancia encargada de las
políticas públicas en favor de los pueblos, naciones
y tribus de México. Volveremos, al detalle, de los
casos enlistados por la ASF.
JUANPABLOZAMORA/CUARTOSCURO

CONTRAPODER
OPINIÓN
D
entro del ámbito municipal, estatal y fe-
deral, no son pocos los funcionarios que
penalmente tienen conflicto de intereses
económicos por tener comercios por concesiones
y franquicias, directamente de su propiedad. El se-
cretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, tiene
gasolineras en Quintana Roo; Eduardo Sánchez,
franquicias de Sushi Itto, y Miguel Ángel Mance-
ra Espinosa, con sus medios hermanos, es dueño
de una cadena de restaurantes. Y, además, reciben
cuantiosas utilidades por las franquicias, cobran-
do por cada una, no en pesos que el malinchismo
está por encima del toma todo, sino en dólares con
un costo de 65 mil de los billetes verdes. Está por
publicarse una lista de esos funcionarios-mercade-
res, donde Mancera es uno de los primeros. Por lo
pronto la reportera Arely Sánchez (Reforma, 8 de
diciembre de 2016), ha informado que los Man-
cera son empresarios de la cadena Bisquets Obre-
gón. Uno de ellos, es el todavía jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, quien con sus diputados
(y los de Peña) en el Poder Constituyente elabora-
ron la Constitución de la Ciudad de México.
Pues bien, Miguel Ángel Mancera Espinosa es
un empresario restaurantero (que le hace compe-
tencia a su amigo Carlos Slim con los Sanborn’s),
ya millonario; hecho que se deduce de la entrevista
realizada a su hermana Maricarmen. El doctor en
derecho brincó de Procurador defeño a candidato
del PRD –pero al que no está afiliado por manio-
bras de “Los Chuchos”–; para heredar el cargo
de su entonces amigo Marcelo Ebrard y actual-
mente ambos enemigos a muerte, no tanto por la
corrupción de la Línea Dorada del Metro, como
porque Mancera logró hacerlo a un lado de la gue-
rra electorera para el 2018, donde el codueño de
los Bisquets anda creyendo que, aconsejado por su
amiguísimo Peña, coronará su carrera burocrática
cuando el mexiquense le coloque la Banda Presi-
dencial.
La política como negocio y complicidades ad-
ministrativas, es para Mancera la clave para ese
paso en el vacío que está a punto de dar, ya que
debe renunciar para –modocito con su peinado a
la Trump– dedicarse a su campaña, apoyado por
los hermanos Serna; sobre todo Luis a quien ya as-
cendió como segundo de abordo y lo quiere hacer
interino y sustituto para jefe de Gobierno. Y sus dos
alfiles: Héctor Serrano y Granados. La cuestión es
que Mancera no ha dicho de cara a los habitantes
de la Ciudad de México, cuánto tiempo al día de-
dica para despachar su negocio restaurantero. “Es
lento pero no arriesgado”. Y esto le debe quitar va-
rias horas al día; y el resto se lo dedica al gobierno.
Pasa del sector privado al público, revisando sus
inversiones y sus ganancias. Lo que representa un
conflicto de intereses diametralmente opuestos. Y
contradictorios. Aparentemente su doble gestoría
no tipifica un delito. Pero deja mucho que desear
que Mancera sea comerciante y funcionario, casi al
mismo tiempo. Además asiste a reuniones con sus
socios franquiciatarios, lo que debe distraerlo de las
actividades inherentes a su cargo que, en verdad,
demandan más de 24 horas al día. Con los Serna se
ha construido su nueva mansión. Se dice que será
candidato soltero, aunque con una hija. Ha sabido
¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA DEDICA
MANCERA A SUS RESTAURANTES?
ÁLVARO CEPEDA NERI

CONTRAPODER OPINIÓN
maniobrar, pero no en beneficio de sus obligacio-
nes; pues la ciudad ya es presa de las delincuencias.
Y los narcos. Por todas partes se nota su desapego a
lo que le compete atender.
Y los delegados al unísono son un desastre ad-
ministrativo. Una pavorosa corrupción. El y ellos
hacen lo que se les pega la gana, mientras la basura,
los baches y el cobro por transitar por los puentes
elevados (una parte de ellos construidos con López
Obrador y éste enviado al archivo para ocultar los
contratos por 20 años). Y no solamente Mancera
ha aumentado impuestos (predial, tarjeta de circu-
lación, revisión de contaminantes en toda clase de
transporte, etcétera), como su ocurrencia de impo-
ner un alto impuesto a la supuesta plusvalía de las
construcciones. Pero cogido con las manos en la
masa, Mancera, mientras se come un bísquet con
su café con leche, ordenó a sus constituyentes que
retiraran semejante propuesta.
Enriquecido con las ganancias de sus negocios,
junto con su media hermana hace planes para au-
mentar las sucursales: “Ahora estamos enfocando
(en crecer) en la zona norte del país, donde tenemos
presencia reciente en Monterrey”. Se deduce que
don Miguel Ángel y Maricarmen se reúnen para
tomar esas decisiones. Y esto ha de restarle tiempo
al jefe de Gobierno para atender sus obligaciones,
lo que explica el abandono de la ciudad que segui-
rá siendo sede de los poderes federales. En “pleitos
arreglados”, Peña y Mancera hacen como que se
dan sus dimes y diretes, pero los une la incapacidad
política, administrativa y económica para conducir
a sus respectivos gobiernos. Mancera y sus herma-
nos son dueños de 19 restaurantes, de los 122 que
existen, para convivir “unidades propias con fran-
quicias”. Esto explica el por qué Mancera puede
mandar a hacer las roscas de reyes y organizar las
tortas de récord mundial. Y hasta hace el show de
“sacarse el muñequito” e invitar a la tamalada.
Lo que ocupa y preocupa, es que por sus ne-
gocios no se ha dedicado de tiempo completo en
el cargo para el cual fue votado; y ha dejado para
“después de mí el diluvio”, la merecida revocación
del mandato.
DIEGOSIMÓNSÁNCHEZ/CUARTOSCURO

IQ FINANCIEROOPINIÓN
E
n la administración de Donald Trump
nada parece ser aleatorio; todo está pla-
neado y el gobierno mexicano tendría que
estar preocupado por la defensa de la soberanía
y la seguridad de sus ciudadanos, quienes ya de
por sí se encuentran en riesgo ante el vecino del
norte.
En línea con su promesa de cumplir todas y
cada una de sus propuestas de campaña, Trump
amarró en el Departamento de Migración de Es-
tados Unidos a los operadores que le permitirían
controlar procesos en el gobierno mexicano e infor-
mación estratégica que, hasta hace algunos meses,
se encontraban fuera
de su alcance.
La situación, sin
embargo, cambia radi-
calmente y para lograr
esa vigilancia de ex-
tranjeros no sólo parti-
cipa el Poder Ejecutivo
de Estados Unidos, sino también el Legislativo.
Hace apenas unos días, la Oficina General de
Control del Congreso estadounidense (GAO por
sus siglas en inglés) dio a conocer un reporte de
45 páginas bajo el nombre Seguridad en la frontera.
El Departamento de Migración avanza en la planeación de
un sistema biométrico de identiﬁcación; sin embargo, los retos
permanecen.
Ahí, los auditores del Congreso reconocieron
que con la Agencia de Servicios Migratorios de
Canadá se han dado pasos importantes desde la
firma de un acuerdo en octubre de 2012, que les
ha permitido el intercambio de registros de los visi-
tantes que llegan a través de cruces fronterizos entre
ambos países.
Sin embargo, en el caso de México – refiere la
GAO – la frontera sur de Estados Unidos perma-
nece vulnerable y no “presenta las mismas opor-
tunidades” de control que con Canadá. La razón
de este retraso, de acuerdo con el reporte, es que
México no cuenta con la infraestructura fronteriza
y la tecnología para la recopilación de datos, lo que
limita seriamente los esfuerzos de seguridad del go-
bierno estadounidense.
Por ello, la GAO reporta que funcionarios del
Departamento de Migración de ese país asegu-
ran que ya iniciaron
las discusiones con sus
contrapartes en el go-
bierno mexicano para
comenzar la operación
de un “plan piloto” en
territorio mexicano y
fronterizo para “captu-
rar” información de viajeros que lleguen a su país.
El objetivo será alcanzar el mismo nivel de in-
formación que se obtiene gracias a los acuerdos
fronterizos e informativos con Canadá. Además,
el Departamento de Migración también explora
otros métodos y tecnologías para obtener toda la
información biográfica y biométrica de los visitan-
tes que llegan a ese país a través de la frontera con
México.
En San Diego, refiere la GAO, el Departamen-
to de Migración de Estados Unidos inició un plan
piloto para aplicar pruebas biométricas de salida.
Sería para este año fiscal 2017 cuando las autorida-
CLAUDIA VILLEGAS
INE COLABORA CON EU
EN REGISTRO BIOMÉTRICO
DE MEXICANOS
Para la GAO, la frontera Sur de Estados
Unidos permanece vulnerable y no pre-
senta las mismas oportunidades de con-
trol que presenta el límite con Canadá
Para la GAO, la frontera Sur de Estados
trol que presenta el límite con Canadá

IQ FINANCIERO OPINIÓN
des migratorias entreguen los primeros resultados
de estas pruebas de reconocimiento facial, de hue-
llas digitales y captura de iris.
En 2015, cuando se realizaron las primeras
pruebas para la captura de información biométri-
ca en San Diego (Otay Mesa), defensores de de-
rechos humanos manifestaron su inconformidad.
Pero el obstáculo, desde entonces, lo representaba
la ausencia de tecnología para generar grandes y
robustas bases de datos. Pero eso cambiará gracias
al Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza
Lorenzo Córdoba, quien está dispuesto a colaborar
con las autoridades de EU.
Licitan información de mexicanos
El Congreso mexicano tendría que solicitar al
INE la información de la licitación internacional
para la “Solución de identificación biométrica
mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen fá-
cil”, cuyo fallo se dio a conocer el pasado 20 de
junio.
Si bien el proceso comenzó desde el primer tri-
mestre de 2016, se trata de un proyecto planeado
desde hace varios años. Resulta que el contrato por
más de 14 millones de dólares (un monto relativa-
mente pequeño tomando en cuenta la importancia
de la información biométrica) fue adjudicado a la
empresaMorpho,queaquírepresentaRafaelLuen-
go Bengoa y que es filial del grupo francés Safram,
un activo contratista del Departamento de Defensa
de Estados Unidos, a través del cual se busca –como
lo ha anunciado una y otra vez Trump- convertir a
la información biométrica en la nueva arma para la
defensa de los intereses hegemónicos de su país.
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores del INE, bajo la responsabilidad de Rosa
Elena Martínez, otorgó ese contrato a Morpho
S.A.S luego de que en la licitación pública inter-
nacional abierta con el registro LP-INE-012/2016
participaron otras compañías como NEC, experta
en tecnología bancaria; Informática el Corte Inglés
y Grupo de Tecnología Cibernética, este último re-
sultó descalificado del proceso.
CUARTOSCURO

IQ FINANCIEROOPINIÓN
Casualmente, en otras licitaciones como aquella
que convocó la Secretaría de Relaciones Exterio-
res para la elaboración de pasaportes con códigos y
medidas de seguridad digitales, Morpho participó
en un consorcio con el mismo Grupo de Tecnolo-
gía Cibernética. En aquella licitación, tanto como
Morpho como el Grupo de Tecnología Cibernéti-
ca, impugnaron el contrato para la elaboración de
pasaportes ante la Secretaría de la Función Pública,
sin que la queja prosperara.
Pero el dato más revelador de entre los antece-
dentes de Morpho S.A.S tiene que ver con las ligas
de sus directivos con el equipo de transición de Do-
nald Trump en 2016 y ahora con los responsables
de entidades como el Servicio de Migración de Es-
tados Unidos.
De acuerdo con el portal de periodismo de in-
vestigación Intercept, Trump aseguró que el go-
bierno estadounidense investigaría hasta el último
rincón de las mezquitas y que controlaría una po-
derosa base de datos de
la gente que llega a su
país desde Siria. Méxi-
co no será la excepción.
El desarrollo de
complejos algoritmos,
de tecnología para el
reconocimiento facial
y la expansión de soluciones para verificar identi-
dad, son sólo algunas de las obsesiones de Donald
Trump en la ejecución de las estrategias de las
agencias estadounidenses encargadas de la seguri-
dad nacional.
Intercept aporta datos relevantes sobre los vín-
culos de Trump con los accionistas de la firma fran-
cesa Safran, filial de Morpho. Veámos: Michael
T Dougherty, expresidente y lobista de la Secure
Identity & Biometrics Association, es ahora om-
budsman del Servicio de Migración. Antes, Dou-
gherty participó activamente en el equipo de tran-
sición de Trump.
Además de contar con tecnología para recupe-
rar datos biométricos que ya también fue adquirida
en India, Morpho ha sido criticada por desarrollar
una herramienta que asemeja un buscador como
Google dedicado a capturar y almacenar informa-
ción sobre potenciales terroristas, buscando infor-
mación de reconocimiento facial. Esta herramienta
estaría atentando seriamente contra la privacidad.
Otro nombre relevante es el de Brad Buswell,
un exdirectivo de Morpho Detection, subsidiaria
de Safran, quien también fue clave en un contrato
para equipo de detección en el sector transporte.
Buswell también formó parte del equipo de transi-
ción de Trump.
Otro más: John Sanders, cabeza de Pramantha
Solution, especialista en inteligencia geoespacial,
también fue parte del grupo de apoyo de Trump
en los días posteriores a su victoria en las elecciones
estadounidenses. En Estados Unidos el presupues-
to para tecnología asociada a la captura de datos
biométricos es de 65 millones de dólares y van por
más.
Elargumentodelgobiernoestadounidensepara
impulsar las tecnologías de información biométrica
se centra en el alto índice de mexicanos que ingre-
san legalmente pero que, al terminar su periodo
como turistas o viajeros de negocios, simplemente
deciden quedarse.
De acuerdo con la
información del De-
partamento de Migra-
ción y Seguridad Inte-
rior de Estados Unidos,
en el año fiscal 2015
más de 2 millones 896
mil 130 mexicanos llegaron a Estados Unidos. De
ese número, más de 45 mil 272 decidieron vio-
lar las leyes migratorios y exceder su tiempo de
estancia o permanecer en ese país, lo que consti-
tuye una tasa de permanencia ilegal de 1.56 por
ciento, apenas inferior al de otros países de Asia
(1.74 por ciento). En ese año, más de 500 mil ex-
tranjeros llegaron a Estados Unidos sin que fuera
posible recuperar información biométrica y loca-
lizarlos fácilmente.
El INE, con su más reciente licitación, coloca en
charola de plata los datos más sensibles de la pobla-
ción mexicana. Será una empresa extranjera con
fuertes vínculos con el gobierno de Trump la que
controle una base de datos que debería ser conside-
rada como seguridad nacional. Bancos extranjeros,
por cierto, también se frotan las manos para tener
acceso a estas bases de datos que, como ya confir-
mamos, no están seguras y ponen en riesgo la inte-
gridad de millones de mexicanos.
El desarrollo de tecnología para el re-
conocimiento facial y la expansión de so-
luciones para veriﬁcar identidad son sólo
algunas de las obsesiones de Trump
El desarrollo de tecnología para el re-
algunas de las obsesiones de Trump

ARTÍCULO OPINIÓN
E
nrique Peña Nieto va a lugares donde lo
reciben muy bien y le organizan actos
a modo para aparentar que su gobierno
avanza. Mientras tanto, el que hace las cosas en
el país, Luis Videgaray, continúa con la estrate-
gia para que Donald Trump no sea tan malo
con nosotros y no venga una debacle. Y por
fortuna, nuestros migrantes continúan enviado
centenas de millones de dólares; y el turismo,
debido a los precios bajos, avanza a buen paso,
no obstante que la inseguridad crece.
En la inauguración de un puerto más equi-
pado en Tuxpan, Veracruz, entidad donde la
matanza no cesa debido al ineficiente Miguel
Ángel Yunes, Peña Nieto dijo: en tanto el mun-
do enfrenta la incertidumbre, México crece (sic
que se contrae).Ese mismo día, Bancomer dijo
que invertirá mil 500 millones de dólares en
México. Aparentemente todo va bien. Pero…
La inversión fija en México creció en di-
ciembre uno por ciento, mientras que en octu-
bre y noviembre disminuyó. Bancomer obtiene
más del 40 por ciento de sus utilidades en el
orbe en nuestro país, lo que muestra la impuni-
dad que tienen esos negocios para esquilmar a
los ciudadanos.
La inflación estimada este año, al decir de
especialistas, será de cuando menos 5.4 por
ciento, la más alta en años. Y eso que todavía
no suben las tarifas del Metrobús, las cuales
quieren aumentarlas de 6 a 8 pesos.
El gasolinazo ya hizo que la ridícula alza a
los salarios mínimos no sólo se
diluyera, sino que fuera una
caricatura.
Moodys, la agencia que
todavía no califica peor a Mé-
xico, dijo que este año crece-
remos a una cifra ridícula: 1.4
por ciento. La más baja en la
presente administración.
José Antonio Meade, se-
cretario de Hacienda, asegu-
ró que no hay dinero por si
expulsan de Estados Unidos a
los dreamers, por lo tanto los
llamados de que defendere-
mos a nuestros paisanos son
demagogia.
Condiciones adversas por
muchos lados y discursos en-
cendidos de Peña Nieto sin
sustento.
DIEGOSIMÓNSÁNCHEZ/CUARTOSCURO
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
BUENOS DESEOS

ARTÍCULOOPINIÓN
E
n los últimos días hemos escuchado sendos
debates sobre la iniciativa de Ley de Segu-
ridad Interior que presentaron el Partido
Acción Nacional y el Partido Revolucionario Ins-
titucional en el Congreso, de principio, y a los que
respondieron con iniciativas similares Movimiento
Ciudadano y el Partido de la Revolución Demo-
crática. Un reclamo del secretario de la Defensa
Nacional, general Salvador Cienfuegos, bastó
para movilizar a los representantes de las banca-
das partidarias, que en un tris saltaron apresurados a
congraciarseconelquepareceserunaliadoimpor-
tante para que alguno
de sus candidatos gane
la silla presidencial en
las próximas eleccio-
nes y se mantenga ahí
todo el sexenio.
Por encima de la
voz del secretario de
la Defensa Nacional
no parece haber voz ciudadana que alcance la
potencia suficiente para ser escuchada y atendida.
Las víctimas civiles de esta “guerra”, cuyo clamor
diario escuchamos en las calles, noticieros, foros
y asambleas, no tienen un ejército detrás y no les
basta un reproche para mover a un Congreso.
Las Fuerzas Armadas, en cambio, tienen viento fa-
vorable para permanecer en las calles, carreteras,
estaciones migratorias y estratégicos puestos de
responsabilidad pública en el control de la segu-
ridad, con el consecuente crecimiento de su poder
fuera de los márgenes de vigilancia civil.
Personas defensoras de derechos humanos,
investigadores e investigadoras, intelectuales
y víctimas de la acción de los militares hemos
exigido, no de ahora, sino de años, el retiro pro-
gramado de las Fuerzas Armadas de tareas de
seguridad pública. Programado porque sabemos
que hay lugares del país en donde las institucio-
nes civiles fueron carcomidas por la corrupción,
pero no sólo de las policías, también de quienes
ostentaban cargos de representación. Esa co-
rrupción endémica, endemoniada, fue la justifi-
cación perfecta para quienes veían y aún ven en
el ejército a “la única
institución incorrup-
tible” en un país en el
que torcerse es la regla.
Si observamos con
más detenimiento nos
daríamos cuenta de
que poco o nada sabe-
mos de lo que sucede
dentro de las Fuerzas Armadas y sus abogados
trabajan para que se mantengan así las cosas:
herméticas, reservadas, en secreto y opacidad.
De ahí que se conserve está imagen en lo gene-
ral pulcra, que no se puede tocar ni con el pétalo
de una solicitud de información o una comisión
de la verdad para el esclarecimiento de crímenes
del pasado.
La política de seguridad actual está dentro de
ese terreno de lo inaccesible y opaco: discusiones
secretas, resultados oficiales indecibles y ocultos,
tan vergonzantes y atroces que sólo mediante
LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
DETRIMENTO DEL PODER CIVIL
FRENTE AL PODER MILITAR
SAYURI HERRERA ROMÁN, COLABORADORA DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY
FRANCISCO DEVITORIA,OP,AC;MAESTRA EN DERECHO
Las Fuerzas Armadas tienen viento fa-
vorable para permanecer en las calles, con
el consecuente crecimiento de su poder
fuera de los márgenes de vigilancia civil
Las Fuerzas Armadas tienen
fuera de los márgenes de vigilancia civil

ARTÍCULO OPINIÓN
filtraciones algo llega a saberse entre la ciuda-
danía. Informes como el publicado por el Cen-
tro de Investigación y Docencia Económicas y
el reporte emitido por el Instituto Belisario Do-
mínguez del Senado dan cuenta del aumento de
violaciones a derechos humanos en proporción
directa con el mayor número de efectivos milita-
res involucrados en tareas de seguridad pública.
Con la ley que pretende aprobarse no cambiará
esta situación; por el contrario, se hará más pro-
funda la brecha entre el poder civil y el poder
militar; se profundizará la influencia política de
los militares.
Pese a todo, es claro que “la guerra contra el
narcotráfico” no ha sido eficaz para desmantelar
las organizaciones criminales que trafican droga
a Estados Unidos; tampoco ha bajado el volu-
men del producto que se introduce en aquel país
y los indicadores demuestran que el consumo de
drogas de los estadunidenses ha ido en aumento;
lo que sí ha ocurrido es que mientras se dotó
a las Fuerzas Armadas de mayor presupuesto y
margen de maniobra, las policías continuaron
corrompidas, sin presupuesto y sin capacitación
suficiente; situación que no favorece la desmilita-
rización del país y que representa una amenaza
grave al cumplimiento de los derechos humanos.
Por ello es preciso capacitar y fortalecer a
las policías civiles para que asuman honrada y
eficazmente la tarea de salvaguardar la seguri-
dad pública en el país; paralelamente habrá que
dialogar y trabajar en una propuesta de retiro
programado de las Fuerzas Armadas así como
repensar la política de drogas. Desde luego,
nada de lo que decimos aquí se logrará a punta
de plumas y micrófonos, será necesaria la orga-
nización y la movilización de las personas para
defender su derecho a la paz, la democracia, la
libertad y la vida frente a esta verdadera ame-
naza.
CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
N
o conformes con los retrocesos que la re-
forma laboral ha inferido a los derechos
de millones de trabajadores, los diputados
les acaban de asestar otra cuchillada por la espalda al
aprobar reformas a los artículos 476, 513 y 515
de la Ley Federal del Trabajo (LFT), adicionando
el artículo 515 bis, para que sean los patrones en
alianza con el Ejecutivo y los sindicatos charros de la
CTM (Confederación de Trabajadores de México)
quienes determinen el nuevo contenido de la tabla
de enfermedades laborales, donde se corre el riesgo
de reducir de manera arbitraria el monto del pago
por indemnizaciones a sólo un 60 por ciento del
salario, o menos, y no al
ciento por ciento como
lo establece la Constitu-
ción Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.
En una más de sus
acostumbradas fecho-
rías, los legisladores federales de los partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, un sector
del de la Revolución Democrática y sus membretes
comparsas, Nueva Alianza, Verde Ecologista y En-
cuentro Social, decidieron hacer añicos el conteni-
do de la fracción 14 del Artículo 123 constitucional,
que establece la responsabilidad de los patrones a
sufragar las indemnizaciones por los accidentes y
las enfermedades inherentes a la actividad laboral
de sus trabajadores, que puedan provocar su inca-
pacidad permanente, temporal o su muerte.
De hecho, y como en su momento lo alerta-
ron especialistas en la materia, la reforma laboral
–aprobada el 30 de noviembre de 2012– ya anun-
ciaba malos presagios, en tal sentido, para la clase
trabajadora, al establecer en su artículo cuarto tran-
sitorio: “la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
deberá expedir las tablas de enfermedades de tra-
bajo y de valuación de incapacidades permanentes,
en un término de 6 meses contando a partir de la
entrada en vigor del presente decreto”.
El término de 6 meses se prolongó a 4 años
para que el engendro terminara de incubarse al gusto
de la clase empresarial, dejando de lado el papel
que constitucionalmente debía jugar el Poder Le-
gislativo en la adecuación de las referidas tablas.
Abonando uno más de
sus extravíos, los diputa-
dos que votaron por la
afirmativa renunciaron
a su obligación contem-
plada en el artículo 515
de la LFT, para ceder
la determinación de las enfermedades laborales y
el monto de las indemnizaciones a una comisión
tripartita, integrada por la Comisión Consultiva
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Co-
conasst), el Ejecutivo representado a través de la Se-
cretaría del Trabajo y los sindicatos de las centrales
oficiales.
Como es fácil de apreciar, millones de trabaja-
dores no tendrán voz ni voto en el nuevo modelo,
ni contrapeso alguno que los represente por lo que
la nueva asignación de las enfermedades laborales
será determinada al libre albedrío de los patrones
con la complicidad del charrismo sindical, teniendo
ENFERMEDADES LABORALES
Y LAS “TABLAS DEL
OPROBIO”
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS
LosdiputadoshicieronañicoselArtícu-
lo 123 constitucional, al establecer que
sean los patrones quienes determinen
la tabla de enfermedades laborales
LosdiputadoshicieronañicoselArtícu-
la tabla de enfermedades laborales

ARTÍCULO OPINIÓN
la anuencia legal para reclasificarlas al rango de
“enfermedades generales”, eximiendo la respon-
sabilidad de los empresarios a pagar el ciento por
ciento de los salarios durante el periodo que con-
temple la recuperación del trabajador. Al quedar
en manos del capital la determinación del monto
de los pagos, los mismos podrán reducirse a un 60,
40 por ciento, o tal vez menos, pues no habrá nada
que lo impida.
El trabajador que desde la puesta en marcha de
la reforma laboral ha visto minados sus derechos,
ahora deberá conformarse con las migajas que ten-
gan a bien allegarle los miembros de la comisión
tripartita en las nuevas “tablas del oprobio”, pues se
dejará fuera de tal de-
terminación la opinión
de verdaderos expertos
en la materia y, claro
está, la voz de los direc-
tamente afectados.
Esta abominación
legislativa pasa a for-
mar parte de la ex-
tensa lista de ataques
a la clase trabajadora
orquestados desde los
organismos internacio-
nales y avalados por
la tecnocracia liberal
en el poder que viene
alentando desde hace
décadas un capitalismo
salvaje donde lo que
menos importa es el
bienestar de las mayorías. La clase política reafirma
dentro del esquema de las doctrinas neoliberales,
que la función rectora del Estado, marcada pun-
tualmente en la Constitución, tiende cada vez más
a desaparecer.
De otra manera no puede explicarse cómo es
posible que se deje en manos de los patrones y de
un órgano como la Coconasst (Comisión Consulti-
va Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo),
que ha demostrado a lo largo de los años su total
parcialidad hacia los intereses de las empresas, la
determinación de un tema de tales dimensiones y
alcances sociales, como lo es la definición de las en-
fermedades laborales.
Para abogados laboristas, investigadores y ex-
pertos en la materia no ha pasado desapercibido
otro elemento en esta iniciativa presentada a modo
por la diputada priísta Ana Georgina Zapata, nada
menos que hija del sempiterno líder de la CTM en
Chihuahua, Doroteo Zapata. El valor de los órga-
nos del cuerpo humano que a futuro puedan re-
sultar con afectaciones, dañados o mutilados por la
naturaleza de la labor desempeñada y sus riesgos
de trabajo, también se establecerá por la comisión
tripartita, con lo que la indemnización correspon-
diente será determinada con base en las valoracio-
nes de las nuevas tablas.
El asunto deberá ventilarse en el Senado, pero
todo apunta a que
como aconteció con la
aprobación de las re-
formas estructurales, la
cámara alta más que
aduana será mera ofi-
cialía de partes y vota-
rá con los consabidos
partidos a favor. La
iniciativa, no hay vuelta
de hoja, fue diseñada y
elaborada para bene-
ficiar a los intereses de
la clase empresarial que
ahora podrá aplicar la
ley a su conveniencia,
ahorrándose millones
a costa de la salud y la
vida de sus trabajado-
res, pues como lo seña-
lamos líneas antes, no serán especialistas en la ma-
teria los que decidan cuáles serán las enfermedades
a ser contempladas en las “tablas del oprobio”.
Y si bien la clase política, los empresarios, las
centrales charras y los medios masivos tratan de que
un asunto de tal gravedad pase desapercibido para
millones de mexicanos, los sindicatos independien-
tes y las organizaciones sociales debemos alertar
a la clase trabajadora para que esté informada, y
se movilice en contra de este nuevo atentado que
ahora intenta tasar el precio de la salud y la vida
con criterios administrativos y fines mercantilistas,
gracias a la ineptitud y connivencia de nuestros mal
llamados representantes populares.
ARMANDOMONROY/CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
M
iami. Desde la toma de posesión de
Donald Trump los observadores espe-
cializados y los ciudadanos en general
han estado esperando (en vano según el sector
escéptico) que el discurso del nuevo presidente se
hubiera moderado y ajustado de acuerdo con la
experiencia del pasado.
Pero la contundencia del mensaje del discurso
del 20 de enero en el Capitolio, en el que acusó sin
visos de ambigüedad a su antecesor Barack Oba-
ma de haber secuestrado la esencia del país, se ha
visto reforzada por las acciones ejecutadas en las
primeras semanas.
La docena de decretos puestos en marcha y
las declaraciones digi-
tales de Trump, uni-
das a unas contadas y
polémicas conferencias
de prensa, han dejado
a los observadores en
Estados Unidos y en el
resto del mundo en un
estado de incredulidad y estupefacción raramente
detectables en el pasado.
Entretanto, los sectores que reflejan el voto fa-
vorable en la elección no han podido ocultar su
satisfacción.
Ha llegado el momento de identificar y profun-
dizar sobre la esencia del mensaje que Trump ha
transmitido y cómo se puede relacionar con unos
valores que, según su acusación, fueron violados
o manipulados en las administraciones anteriores.
¿Qué América –término favorito de Trump— ha
sido traicionada?
El retrato de la América profunda que se quie-
re reponer se debe a un puñado de asesores, entre
los que destacan Steve Bannon y Stephen Miller
en lo que atañe a la parte política. Por otra parte,
la estrategia replicaría la más vaporosa doctrina
reflejada en las creencias de unos destacados hom-
bres de negocios, que cayeron como paracaidistas
directamente desde sus empresas a las diversas
secretarías. Igual que Trump, no han pasado por
ningún escalón de proceso de elección.
La esencia de esa América que se intenta resti-
tuir y que el vencedor de la elección considera que
refleja el sentimiento de sus electores y gran parte
del Partido Republicano, que lo va a apoyar por
lo menos en un primer mandato, está fundamen-
tada en la existencia de
una nación “profun-
da”. Está más allá de la
coyuntura actual, pero
se ve íntimamente vin-
culada a los hechos que
dominan la escena no
solamente de Estados
Unidos sino del resto del mundo.
El pensamiento de Trump, sus asesores y sus
electores está íntimamente cimentado en una de
las ramas fundamentales de las interpretaciones
del nacimiento de ese invento genuinamente eu-
ropeo que se llama “nación”, y que está íntima-
mente ligado a la evolución del “estado” moderno
y el concepto de “soberanía”.
Su origen debe identificarse con dos fenóme-
nos paralelos: la Revolución Francesa y el proceso
de independencia de Estados Unidos. Ambos fe-
nómenos destruyeron los cimientos de la autori-
dad del consenso de Westfalia que entronizó no
JOAQUÍN ROY, CATEDRÁTICO JEAN MONNET Y DIRECTOR DEL CENTRO DE LA UNIÓN
EUROPEA DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI/INTER PRESS SERVICE
NACIÓN
Y FUNDAMENTALISMO
La esencia de esa América que se in-
tenta restituir, de acuerdo con los pla-
nes de Trump, está fundamentada en la
existencia de una nación profunda
La esencia de esa América que se in-
existencia de una nación profunda

ARTÍCULO OPINIÓN
solamente los límites de los reinos, sino que certifi-
caron la “propiedad” del monarca sobre el estado.
Las revoluciones americana y francesa des-
cubrieron la preminencia de un nuevo ente, el
“pueblo”, sublimado como la “nación”. Todos los
ciudadanos podían adherirse a este nuevo concep-
to, por libre elección. Había nacido la nueva “na-
ción”. Pero la reacción conservadora y el movi-
miento romántico consideraron que ya existía una
“nación” primordial, étnica, cultural, nativista,
eterna, no como resultado de una libre elección.
Durante más de dos siglos, el modelo de una
nación “liberal”, “francesa”, “americana”, basada
en la opción, se fue asentando, mediante la prácti-
ca y la redacción de media docena de enmiendas.
La necesidad de poblar el inmenso territorio
forzó al sistema a aceptar la diversidad, corregi-
da en diversas épocas con precisas restricciones
de origen nacional. Pero la soterrada reacción
nativista se mantuvo latente, lista para reclamar
la existencia permanente de una América de raíz
básica anglosajona, protestante, blanca, celosa de
la preminencia de la lengua inglesa.
La disciplinada adopción de las reglas básicas
de la “americanización” permitió la instalación de
una nacionalidad equilibrada. Sucesivas oleadas
de europeos y asiáticos cumplieron con el man-
dato de olvido de sus costumbres ancestrales y sus
lenguas originales. El regreso a sus lugares de ori-
gen no estaba al alcance de muchos, con lo que
el refuerzo de sus características se fue diluyendo.
La excepción surgió con la “invasión” latina,
especialmente la de raíz mexicana. Arropada por
las comunicaciones modernas, el vínculo con sus
lugares de origen se mantuvo en contraste con la
experiencia histórica del olvido. La globalización
y la necesidad de mano de obra generaron el au-
mento notable de la inmigración indocumentada.
La América primordial estaba amenazada y
se debía corregir mediante la ejecución de leyes
y decretos. Los hispanos tenían buena compañía.
También había llegado la hora del rechazo para
los musulmanes, huidos de unos países golpeados
por las guerras y el terrorismo. De momento, los
decretos de Trump han sido frenados por los tri-
bunales, bajo los argumentos de violación de prin-
cipios constitucionales que atentan contra diversas
dimensiones de la nación de opción.
DAVIDMANRIQUE

INVESTIGACIÓN PORTADA
ROBAN A ISSSTE
TRATAMIENTOS
CRÓNICO-
DEGENERATIVOS
POR 54 MILLONES

INVESTIGACIÓNPORTADA
La PGR investiga un
presunto robo masivo
de tratamientos crónico-
degenerativos y de alta
especialidad en el ISSSTE.
En enero pasado, el propio
Instituto denunció los
hechos ante la Función
Pública. El hurto superaría
los 54 millones de pesos
E
l Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) sufrió un robo masivo de me-
dicamentos para combatir enfermedades cróni-
co-degenerativas y de alta especialidad, que ya
es investigado por la Procuraduría General de la
República (PGR).
La denuncia –presentada en 2016 por la
propia institución que depende de la Secretaría
de Salud– se dio tras advertir un desfase entre
el inventario físico y los reportes en el Sistema
Integral de Administración Hospitalaria, de
más de 3 mil unidades de fármacos con valor
superior a los 54 millones de pesos. Dicho Sis-
tema registra las recetas que amparan todas las
salidas de las medicinas a favor de los derecho-
habientes.
Según la denuncia de hechos, esto podría
constituir un robo de tratamientos contra en-
fermedades crónico-degenerativas y de alta es-
pecialidad en el Centro Médico Nacional 20 de
Noviembre, uno de los hospitales insignia –de
NANCY FLORES
123RF

Las medicinas hurtadas estaban destinadas a atender padecimientos como cáncer, problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica y diabetes mellitus
tercer nivel– del Instituto que encabeza José Re-
yes Baeza.
Las medicinas estaban destinadas a atender
padecimientos como cáncer, problemas cardio-
vasculares, hipertensión arterial, insuficiencia
renal crónica y diabetes mellitus.
En diciembre del año pasado se amplió la
denuncia de hechos, originalmente presentada
el 7 de marzo de 2016 por el apoderado legal
del ISSSTE, ante la Subdelegación de Procedi-
mientos Especiales de la Delegación de la PGR
en la Ciudad de México (antes Distrito Federal);
misma que obra en el expediente PGR/DDF/
SPE-XXII/3006/2016.
En un primer momento, el ISSSTE advirtió
que el Centro Médico Nacional 20 de Noviem-
bre carecía de sustento respecto de la distribu-
ción de 2 mil 914 unidades de medicamento,por
37 millones 975 mil pesos, que corresponden a
28 claves de fármacos, incluyendo de patente.
Pero la ampliación –hecha a fines de 2016, tras
la intervención de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) en este caso–, ya estimaba el
presunto daño contra el erario en 54 millones
493.2 mil pesos.
El faltante se registró a lo largo del ejercicio
2015, consta en la auditoría “Adquisición, recep-
ción, distribución y control de medicamentos
para enfermedades crónico-degenerativas”, ela-
borada por el máximo órgano de fiscalización
del país.
El robo
El saqueo de los medicamentos fue detec-
tado por la ASF cuando revisaba 36 claves de
medicamentos para enfermedades crónico-de-
generativas, por 44 millones 472.5 mil pesos,
distribuidas a los derechohabientes mediante 26
recetas colectivas (“documentos con los cuales
ELIZABETHRUIZ/CUARTOSCURO

las farmacias surten medicamentos al Centro de
Mezclas, que serán aplicados en el tratamiento
de pacientes en las diferentes áreas hospitala-
rias, soportados por la prescripción del médico
tratante”), de las cuales 31 claves de medica-
mentos, por 38 millones 24.9 mil pesos, fueron
incluidas en 16 recetas electrónicas registradas
en el Sistema Integral de Administración Hos-
pitalaria en el Centro Médico Nacional 20 de
Noviembre y cinco claves de medicamentos, por
6 millones 447.6 mil pesos, con 10 recetas ela-
boradas manualmente en el Hospital Regional
1 de Octubre.
Respecto del nosocomio 20 de Noviembre, la
Auditoría Superior apunta que no exhibió seis
recetas colectivas, por lo que no se tiene susten-
to de la distribución de 2 mil 914 unidades de
medicamento, por 37 millones 975.3 mil pesos.
Durante la reunión de resultados prelimina-
res y finales de la ASF con el Centro Médico,
las autoridades de este último respondieron con
el oficio 120.123.1/002275/2016/8, del 14 de
noviembre de 2016, en el que incluían cinco re-
cetas colectivas por 3 millones 55.9 mil pesos,
que amparaban la salida de 328 unidades de me-
dicamentos. También presentaron las hojas de
solicitud de medicamentos del Centro de Mez-
clas autorizadas, y el formato con la descripción
y gramaje del medicamento que se le designó a
cada paciente, “con lo que se comprobó que se
atendieron las necesidades de los derechoha-
bientes y los medicamentos coincidieron con las
cantidades registradas en el SIAH”.
No obstante, en relación con los restantes 34
millones 919.4 mil pesos, el Centro Médico in-
formó a los auditores que el monto correspondía
a una diferencia entre el inventario físico realiza-
do al cierre de 2015 y lo reportado en el SIAH,
por 2 mil 586 unidades de medicamentos. Para
“subsanar”la sustracción de las medicinas, la ins-
José Reyes Baeza –titular del ISSSTE–, acompañado por el secretario de Salud, José Narro, y Mikel Arriola, director del IMSS
ARMANDOMONROY/CUARTOSCURO

XXII/3006/2016.”
Además de la denuncia ante la PGR, la
Subdirección de Administración y Finanzas
del ISSSTE notificó el 13 de enero de 2017 al
Órgano Interno de Control –dependiente de la
Secretaría de la Función Pública– los hechos que
son investigados por la Procuraduría, mediante
el oficio 96.203.1.4/0054/2017. Por ello, turnó
copia del expediente al contralor interno Jesús
Moreno Beltrán.
Sobre este último punto, la ASF indica que
está pendiente que la autoridad del Centro Mé-
dico remita información sobre la recuperación
ante la aseguradora y la aplicación contable res-
pectiva, “por lo que la observación por esta parte
persiste”.
Por estos hechos, la Auditoría Superior reco-
mendó al ISSSTE y al Centro Médico Nacional
20 de Noviembre fortalecer los mecanismos de
titución formuló la receta AJS21122015, con la
cual registró los tratamientos en el sistema como
una salida.
“Al respecto, el titular de la Jefatura del Ser-
vicio de Farmacia proporcionó una denuncia de
hechos presentada por el apoderado legal del
ISSSTE ante la Procuraduría General de la Re-
pública el 7 de marzo de 2016, en la que con-
templó las diferencias determinadas en el inven-
tario físico que se realizó el 3 de agosto de 2015.
“Con motivo de la intervención de la Au-
ditoría Superior de la Federación, el Centro
Médico Nacional presentó una ampliación a la
denuncia relativa a la diferencia determinada en
el levantamiento físico del inventario al cierre
del ejercicio 2015, por un total de 54 millones
493.2 mil pesos, presentada por el apoderado le-
gal del ISSSTE ante el Ministerio Público de
la Federación con número PGR/DDF/SPE-
“Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior, el Centro Médico Nacional presentó una ampliación a la denuncia relativa a la diferencia determinada en el levantamiento
físico del inventario al cierre del ejercicio 2015, por un total de 54 millones 493.2 mil pesos”
123RF

supervisión y control para que, en la determina-
ción de diferencias en los inventarios físicos, las
áreas responsables realicen el seguimiento con-
forme a lo establecido en la normativa, y en caso
de “sustracciones, robos o pérdidas se dé cono-
cimiento en forma oportuna al Órgano Interno
de Control, y se coordinen las áreas de farmacia,
jurídica y contable para los efectos correspon-
dientes”.
Además, pidió que
fortalezcan los meca-
nismos para el registro,
supervisión y control de
la salidas de los medi-
camentos de la farmacia
y en el Sistema Integral
de Administración Hos-
pitalaria, a fin de que
cuenten con la evidencia
documental conforme a
la norma y, respecto de la
diferencia del inventario sustentada en la receta
colectiva AJS21122015, “se informe a este órga-
no fiscalizador el cobro del seguro y su registro
contable”.
Saqueo en hospital 1 de Octubre
El robo en el Centro Médico 20 de Noviem-
bre no fue el único que detectó la Auditoría
Superior. El informe da cuenta de un segundo
saqueo, por 1 millón 428 mil 882 pesos, en el
Hospital Regional 1 de Octubre. Tras el hallaz-
go, emitió un pliego de observaciones.
En dicha medida, la ASF indicó que “se pre-
sume un probable daño o perjuicio o ambos al
patrimonio del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, por
1 millón 428 mil 882 pesos correspondientes a
74 unidades de medicamentos reportadas como
salidas –por medio de la receta colectiva número
2222610022984– en el Sistema Integral de Ad-
ministración Hospitalaria (SIAH), que el área
de Farmacia del hospital no acreditó su distri-
bución a los derechohabientes, ni remitió aclara-
ción alguna sobre el caso”.
En 2015, el ISSSTE gastó 11 mil 723 mi-
llones 976.3 mil pesos en medicamentos, distri-
buidos de la siguiente forma: 10 mil 198 millo-
nes 473 mil en la partida 25301, “Medicinas y
productos farmacéuticos”; 472 millones 498.3
mil en la subpartida 25301-0001, “Medicamen-
tos de alta especialidad”; y 1 mil 53 millones en
otras seis subpartidas relacionadas.
De acuerdo con la ASF, ese año la institución
de salud pública proporcionó servicios a 12.9
millones de derechoha-
bientes. Respecto de los
pacientes con enferme-
dades crónicas no trans-
misibles, indica que éstos
“demandan servicios mé-
dicos de alta especialidad
que implican costos ele-
vados, ya que los trata-
mientos son constantes y
requieren de un periodo
prolongado de aplica-
ción, debido a que los pa-
cientes pueden vivir con dichos padecimientos
inclusive por el resto de su vida”.
Sobre las enfermedades de este tipo, apunta
que ese año las que presentaron mayor relevancia
fueron las cardiovasculares, los tumores malig-
nos y la diabetes mellitus: “para su atención se
utilizaron 114.6 millones de unidades de medi-
camentos prescritos, ya sea por receta individual
o colectiva”.
En el ISSSTE, “la distribución del gasto de
medicamentos se concentró en el segundo y ter-
cer niveles de atención, que en conjunto equi-
valen al 78.6 por ciento, y las unidades médicas
representativas en este rubro fueron el Centro
Médico Nacional 20 de Noviembre y los hos-
pitales regionales 1 de Octubre y León, con el
5.92, 4.17 y 2 por ciento, respectivamente”.
Para la elaboración de este trabajo, se solici-
tó entrevista con el director general del Centro
Médico 20 de Noviembre, doctor Luis Ernesto
Gallardo –en forma directa y a través de Co-
municación Social del ISSSTE–; no obstante,
al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
También se pidió a la Secretaría de la Función
conocer los avances del Órgano Interno de Con-
trol en torno a este caso; pero tampoco se obtuvo
respuesta.
La Auditoría Superior
documentó un segundo
robo de medicamentos,
por 1 millón 428 mil 882
pesos, en el Hospital
Regional 1 de OctubreRegional 1 de Octubre

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
EL LADO
OSCURO DE LA
GLOBALIZACIÓN
CRÍMENES DE ADOLESCENTES

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
Invariablemente, los niños y
adolescentes que cometen
crímenes provienen de
ambientes con exclusión
social crónica y violencia. No
es necesario pertenecer a un
cártel o pandilla para cometer
delitos del alto impacto. Los
índices son cada vez mayores
ante la agudización de las
desigualdades sociales
L
a madre biológica de Yolanda murió de Sín-
drome de Inmunodeficiencia Adquirida
(sida) cuando ella nació y su padre pedía li-
mosna en las calles de la ciudad. Fue adoptada por
un matrimonio cuando tenía 1 año. Actualmente,
lleva 3 años internada en un centro para adolescen-
tes en Chihuahua, donde cumple una pena de 14
años por haber asesinado a sus padres adoptivos.
“Tuve mis motivos”,dice.Ella planeó el crimen,
en el que participó su novio y un amigo de éste,
ambos de 18 años y los dos condenados a 37 años
por homicidio. “Les pedí que mis padres tuvieran
una muerte rápida y sin sangre”. Así que el amigo
estranguló a su mamá y su novio asfixió a su papá.
Yolanda padeció de golpes,humillaciones y abu-
so sexual de su padrastro, un alcohólico dueño de
bares y cantinas, y de la indiferencia y complicidad
de su madrastra.Fueron esos los motivos del odio a
sus padres adoptivos.
Cuenta que desde niña “sólo quería amor y ellos
nunca me demostraron cariño; tenía mucho cora-
je contra los dos”. Recuerda haber entrado en shock
JOSÉ RÉYEZ, TERCERA PARTE
123RF

cuando la detuvo la policía:“No entendía nada y no
podía creer lo sucedido”. La jueza que le condenó
dijo que la joven era anormal,antisocial y psicópata
porque, dice, nunca la vio llorar durante el proceso.
Con el tiempo recuperó la relación con su papá bio-
lógico,quien la visita cada semana y,ahora,dice que
ha llorado porque extraña a sus padres adoptivos.
El drama de la joven Yolanda forma parte del
cúmulo de historias de adolescentes que cometie-
ron delitos de manera individual, o con amigos, es
decir,sin formar parte de la delincuencia organizada
ni de bandas o pandillas. En esta entrega, aborda-
mos la tercera modalidad de delitos graves en que se
ven involucrados los jóvenes de manera individual
como homicidio por conflictos personales o fami-
liares,o en el contexto de algún robo o violación.
Lo que distingue a esta modalidad de delitos,
sostiene el informe especial Adolescentes: vulnera-
bilidad y violencia, del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIE-
SAS),es que los jóvenes actuaron de manera y por
motivos de carácter individual o interpersonal.
“Lo matamos a ﬁerrazos”, suelta un joven du-
ranguense,quien junto con dos amigos recibían di-
nero a cambio de sexo con su profesor de la escuela
primaria. “Le dijimos que ya no queríamos tener
relaciones sexuales,pero él nos amenazó con que lo
iba a contar en el pueblo y por la pena de que se
enteraran que éramos jotos”.
Así, de los 730 adolescentes entrevistados, el
38 por ciento dijo a los especialistas del CIESAS
haber cometido delitos de alto impacto de manera
individual o en compañía de algún familiar o amigo,
pero siempre motivados por conflictos interperso-
nales en agravio de algún miembro de su familia o
de rivales.
“Mi padrastro abusaba de mí desde que tenía
13 años de edad. Mi mamá me dejaba seguido a
solas con él. Le conté a mi novio y le pedí que se
escondiera en la casa para defenderme. Cuando mi
padrastro llegó y quiso abusar de mí, apareció mi
novio y lo acuchilló”, relató a los especialistas una
adolescente de Sonora.
El estudio centró su atención sobre las condicio-
nes de vulnerabilidad que enfrentan los adolescen-

tes mexicanos involucrados en delitos graves, que
manifiesta de forma extrema y dolorosa los efectos
de dichas condiciones materiales en la vida de quie-
nes se encuentran privados de su libertad por haber
cometido infracciones graves.
“Cada testimonio –señala el informe– muestra
lo que estas condiciones de vida son susceptibles de
producir cuando no existen ni operan de manera
adecuada los mecanismos que deberían haber pro-
tegido a estos adolescentes e impedido que llegaran
a los extremos de asesinar a miembros de su propia
familia, produciendo graves daños tanto a la socie-
dad como a ellos mismos.”
“Maté a mi abuelito con un marro porque era
morboso conmigo, me tocaba, me hizo mucho
daño.A mi hermana también la tocaba,le levantaba
la falda, le tocaba el pecho. Ya no lo soportaba…”,
narra un adolecente interno en Puebla.
En contraste con las modalidades de adolescen-
tes vinculados al crimen organizado y a las pandi-
llas,la de los delitos individuales que son motivados
por conflictos de carácter individual o interpersonal,
son, quizás, los que, desde el punto de vista de las
políticas públicas, sea más difícil de prevenir o evi-
tar,advierten los autores del informe especial Elena
Azaola, Cristina Montaño, Fernando Figuera, Na-
llely Reyes y Lorena López.
“Estaba tomando tesgüino [bebida ancestral,
ceremonial y curativa elaborada con maíz] cuan-
do sorpresivamente me golpearon tres muchachos.
Entonces,fui por un cuchillo y maté a uno de ellos
que ya tenía tiempo que me molestaba, era abusón
y drogadicto”, señala el testimonio de un joven ra-
rámuri,o tarahumara,contenido en la investigación
del CIESAS.
“Yo robé un auto; estaba drogado y borracho.
Vi el auto con las llaves puestas, lo tomé y a los 15
minutos me agarraron. La ausencia de mi papá me
afectó,creo que no tuve atención y que,si la hubie-
ra tenido, sería diferente”, describe por su parte un
adolescente de Puebla.
Otro adolescente que trabajó durante dos años
en la crianza de caballos en Jalisco,señala que cuan-
do el patrón se drogaba y tomaba, se ponía violen-
to y lo humillaba, hasta que, harto de malos tratos,
un día que llegó borracho y drogado,lo insultó y lo
amenazó con una pistola.El joven reaccionó,desar-
mó al patrón y le disparó.
Violencia crónica,
expresión de la nueva pobreza
El fenómeno de la conducta delictiva de los
adolescentes se inscribe en el contexto de la vio-
lencia crónica que padece el país, cuyas causas y
consecuencias fueron descritas por los expertos del
CIESAS.
Entre las causas, los especialistas señalan los
efectos no intencionales de la globalización, como
el tráfico de drogas,de personas,de armas,de espe-
cies y la acumulación de capital entre actores más
123RF
Desde el punto de vista de las políticas públicas, los delitos individuales motivados por conflictos de
carácter individual o interpersonal son más difícil de prevenir o evitar

ciudadanos.Este sentimiento de abandono provoca
una mezcla compleja de vergüenza,entrampamien-
to e impotencia.Se producen actos de violencia ins-
pirados por el deseo de eliminar el sentimiento de
humillación al que se busca sustituir por su opuesto:
el sentimiento de orgullo.
Asimismo, agregan que la sociedad percibe la
justicia a menudo como injusta, arbitraria, inacep-
table o simplemente inexistente, lo que fortalece el
apoyo a formas paralelas de justicia como la violen-
cia de los adolescentes que los llevan cometer deli-
tos.Lo más grave,subrayan,es que existen también
efectos perversos mediante los cuales el Estado pro-
mueve la violencia en nombre de proveer seguridad
a la población.
Otras causas de la violencia crónica son el po-
der de los medios de comunicación que, en con-
textos de creciente fragmentación y disfunción
estatal, tienden a jugar un papel creciente en la
allá del alcance nacional y de los mecanismos de
gobierno internacionales.
“Es el lado oscuro de la globalización que ha
ensanchado las desigualdades entre países y entre
sectores específicos de la población”, advierten, y
subrayan que existe evidencia sólida de la correla-
ción entre la desigualdad y la exclusión social cró-
nica y la nueva pobreza y la incidencia del crimen y
la violencia.
La humillación y la búsqueda perversa por ser
alguien respetado, la muerte social son factores que
se combinan con las carencias y generan ambientes
propicios para que los jóvenes terminen optando
por la violencia. La sensación de privación relativa
se produce, por ejemplo, después de tener un cier-
to nivel de escolaridad y tener aspiraciones que no
logran satisfacerse. Surge, entonces, la sensación de
desesperanza, de fatalismo, de resignación, de ser
socialmente nada, invisibles, de segunda clase, o no
Percibir la justicia como injusta, arbitraria, inaceptable o inexistente fortalece el apoyo a formas paralelas de justicia como la violencia de los adolescentes que los llevan cometer delitos
MARIONULO/CUARTOSCURO

producción, reproducción y amplificación de la
violencia; así como los efectos desorientadores de
la violencia política extrema sobre la vida de las
personas, que permanecen por largo tiempo aun
cuando la situación de conflicto haya sido supe-
rada e incluso tienen repercusiones a nivel inter-
generacional.
Y entre las consecuencias de la violencia crónica,
los expertos del CIESAS señalan la ruptura de las
relaciones familiares e intergeneracionales, la des-
trucción de las protecciones comunales tradiciona-
les y la intensificación de la violencia de género, lo
cual es resultado de procesos como la urbanización
desordenada; crecientes niveles educativos combi-
nados con la reducción de oportunidades de em-
pleo; la falta de servicios públicos; la migración y el
comercio ilícito.
También,la creciente legitimación de las fuentes
informales e ilícitas de ingreso que ofrecen oportu-
nidades en un contexto de empleo informal crónico
y de exclusión. Una vez que los jóvenes son absor-
bidos por redes del crimen, pueden pasar el punto
de no retorno y a formar grupos más centralizados,
antidemocráticos y violentos.
Destacan que se construyen imágenes de temor
en torno a los jóvenes para sustentar las políticas
de exclusión social.Identificar chivos expiatorios que
sirve para crear un sentido común para justificar ac-
ciones extremas en contra de ciertos sectores de la
población. La autoidentificación como víctima re-
duce el sentido personal de responsabilidad, alienta
la impotencia y encubre la realidad de la “zona gris”
en la que la víctima y el perpetrador coinciden y se
condicionan mutuamente.
El incremento de actividades ilegales y los enor-
mes recursos disponibles ha propiciado una nueva
estética del consumo, el derroche, y la búsqueda de
celebridad propia; producen una desposesión sim-
bólica para aquellos que quedan fuera del círculo de
quienes puede adquirir esos bienes.Dicho estilo de
vida busca ser imitado por otros sectores sociales,
particularmente los jóvenes en situación de exclu-
sión social.
Otra consecuencia son los altos niveles de acep-
tación y legitimación de la violencia,ya que,cuando
el Estado es débil o ausente, los ciudadanos tien-
den a operar fuera de la ley. “Crecen los niveles de
violencia, se legitima la justicia por propia mano y
se incrementan las fuerzas privadas de seguridad,la
violencia doméstica y/o el uso de alcohol y drogas.
Se aprueban las políticas de mano dura o el uso de
la violencia para defender a familiares o a la comu-
nidad”.

La violencia crónica también ha reconfigurado
el uso del espacio público ya que los sectores altos y
medios de la sociedad tienden a aislarse en comuni-
dades cerradas,así como quienes viven en áreas pe-
ligrosas tienden a dejar de usar los espacios públicos
por los riesgos que representan.
Finalmente, otras consecuencias importantes
que produce la violencia crónica son el silencio so-
cial,la indiferencia,el abuso
de sustancias y los trastor-
nos físicos y psicológicos,
son respuestas comunes
al miedo en situaciones de
conflicto.
Con Peña Nieto,
más violencia
Durante los 2 primeros
años del gobierno de En-
rique Peña Nieto (2013-
2014),se habló de una tendencia a la baja en el nú-
mero de homicidios comparados con los 2 últimos
años del gobierno de Felipe Calderón (2011-2012),
que fueron los más violentos.Sin embargo,en 2015
la violencia volvió a incrementarse y aún más du-
rante el periodo de enero a julio de 2016 en el que
hubo un incremento del 16 por ciento en el número
de homicidios, con respecto al mismo periodo del
año anterior.
De acuerdo con las Estadísticas de Mortalidad
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), se observa que, durante el periodo de go-
bierno de 2000 al 2006, hubo un promedio diario
de 27.62 muertes por homicidio;entre 2007 a 2012,
el promedio fue de 54.90 y, durante los 3 primeros
años del gobierno actual,de 2013 a 2015,el prome-
dio fue de 59.61.
Asimismo, de acuerdo con la misma fuente, se
estima que la mitad de los homicidios ocurridos en
el periodo 2008-2015 tuvieron lugar en el contex-
to de la llamada “guerra”en contra del narcotráfico,
ya sea por la acción de las autoridades en contra de
supuestos grupos delictivos o por enfrentamientos
entre presuntos integrantes de éstos mismos.
No obstante,dado que muchas veces se utilizó la
fuerza antes de que se hubiera investigado,es difícil
decir cuántas personas de entre las que han muerto
estaban realmente involucradas en actividades de-
lictivas y cuántas eran inocentes, señalan los exper-
tos del CIESAS.
Aún más, “la mayoría de los homicidios come-
tidos, no han sido investigados y permanecen im-
punes. Por ejemplo, de los 24 mil 572 homicidios
que contabilizó el Inegi en 2010, más de 21 mil
no fueron sancionados, lo que significa que 84 por
ciento quedaron impunes,
mientras que,para el Índi-
ce de Paz México, de 2015,
90 por ciento de los homi-
cidios cometidos en el país
en los últimos años han
quedado impunes”.
Si estimáramos que,
por cada persona que ha
muerto de manera violen-
ta en el país en el periodo
2008-2015, hubiera 10
personas entre sus familia-
res y allegados más cercanos que se hubieran visto
afectados por dicha muerte,estaríamos hablando de
un mínimo de un millón 850 mil víctimas indirec-
tas,90 por ciento de las cuales no han tenido acceso
a la justicia.
“Esto último resulta especialmente preocupan-
te, ya que la impunidad constituye otro factor más
que contribuye al escalamiento de la violencia, sin
dejar de lado, por supuesto, la situación de cientos
de miles de víctimas indirectas quienes han visto
negados sus derechos a la verdad, la justicia y la re-
paración del daño.”
Este panorama también explica que,de acuerdo
con la Encuesta sobre Seguridad Pública Urbana del
Inegi, 70 por ciento de la población de 18 años y
más consideró que vivir en su ciudad es inseguro,
porcentaje que no ha variado significativamente
desde que esta encuesta comenzó a levantarse en
2013.
El contexto expuesto explica por qué México se
ubicó en 2015 en la posición 144, de un total de
162,por debajo de Filipinas (141),Venezuela (142)
e India (143),y apenas por encima de Líbano (145)
y Colombia (146), de acuerdo con el Global Peace
Index Report que mide el grado de militarización y
de extensión de los conflictos nacionales e interna-
cionales que vive cada Estado.
Para el Índice de Paz
México de 2015, 90 por
ciento de los homicidios
cometidos en el país en los
últimos años ha quedado
impuneimpune

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
NUEVA LEY
DE LA COCA
ABRE INTENSO DEBATE EN BOLIVIA

INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL
En medio de severos
rechazos internacionales,
el presidente de Bolivia
promulgó la nueva ley de
coca. Mientras Morales
defiende el incremento
de cultivos legales, los
críticos apuntan que es un
incentivo para las mafias del
narcotráfico
L
a Paz. El gobierno de Bolivia cambia la
política de producción de la hoja de coca
mantenida por casi 3 décadas, con una
nueva ley que permite incrementar los cultivos
legales de 12 mil a 22 mil hectáreas, mientras
voces independientes y de oposición alertan
que la medida fortalecerá al narcotráfico.
Desde 1988, la extensión autorizada para
el cultivo del vegetal, conocido por su nombre
científico de Erithroxilum, ascendía hasta 12
mil hectáreas, de acuerdo con la Ley 1.008 del
Régimen de la Coca y Sustancias Controladas
de julio de ese año, una norma en sintonía con
la Convención Única de 1961 sobre Estupefa-
cientes.
Esa Convención de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) señalaba el camino
de una progresiva extinción de la hoja de coca
para fines de masticación (acullico), una prácti-
ca tradicional entre pueblos indígenas andinos,
muy fomentada en tiempos de la Colonia es-
pañola, cuando miles de nativos eran forzados
FRANZ CHÁVEZ/INTER PRESS SERVICE
123RF

a explotar minerales en profundos socavones,
apenas alimentados con hojas de coca.
En Bolivia, el consumo tradicional de la
hoja de coca siguió un comportamiento inver-
so, de crecimiento, y según la presidenta de la
Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, ac-
tualmente unos 3.3 millones de los 11 millones
de habitantes consumen el vegetal mediante
usos tradicionales.
Con esos datos justificó la aprobación final,
el 24 de febrero, de la nueva Ley General de la
Coca en las dos cámaras de la Asamblea Plu-
rinacional Legislativa, promulgada por el pre-
sidente Evo Morales el pasado miércoles 8 de
marzo.
El mandatario emergió a la palestra pública
como líder de los siete sindicatos de cultivado-
res de la hoja de coca en la región central del
Chapare, en el departamento de Cochabamba,
en medio de la lucha de varios gobiernos con-
servadores para erradicar el cultivo, en cumpli-
miento de la Ley 1.008 y la Convención.
La lucha de este dirigente aymara contra la
ley, que sirvió para un duro combate contra el
cultivo de las fuerzas antidrogas, apoyadas por
los agentes de la Agencia Antidrogas de Esta-
dos Unidos (DEA), lo catapultó como figura
popular y luego política, hasta alcanzar la Pre-
sidencia en enero de 2006.
Montaño estima que la producción anual
asciende a 30 mil 900 toneladas métricas, y de
ellas 24 mil 785 toneladas serán empleadas en
usos medicinales, en consumo mediante infu-
siones y rituales, argumentó. El resto, calcula-
do en 6 mil 115 toneladas, será destinado a la
industrialización, investigación y exportación,
asegura.
En una evaluación del cumplimiento de la
Convención de 1961, el médico e investigador
Franklin Alcaraz comentó a IPS que en Amé-
rica del Sur sólo Ecuador consiguió erradicar
la costumbre de masticación de la hoja de coca.
Desde la sociedad civil, medio centenar de
intelectuales publicaron el 28 de febrero una
carta pública titulada “Rechazo público a la
Ley General de la Coca”, donde afirman que
“esta norma estaría poniendo a disposición del
narcotráfico más de 11 mil toneladas métricas
anuales de hoja de coca, que resultan del ren-
dimiento promedio de las 8 mil hectáreas que
otorga la ley a los productores”.
Bolivia fue uno de los 73 Estados firman-
tes de la Convención de 1961 que en el inciso
E del párrafo segundo del artículo 49, declara
prohibida la masticación de la hoja de coca en
los siguientes 25 años, a partir de la aplicación
del acuerdo, en 1964.
En enero de 2013, Bolivia recuperó el de-
recho al masticado tradicional de la coca al
obtener una reserva a la Convención de 1961.
Su pedido solo fue rechazado por 15 de 183
miembros de la ONU, entre ellos Alemania,
Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, México
y Rusia.
En una comunicación de enero de 2014,
el representante de la Oficina de las Naciones
Unidas Contra la Droga y el Delito (UNO-
DC), Antonino De Leo, puntualizó que “la re-
serva (del masticado) sólo se aplica al territorio
nacional”.
La nueva ley deroga los primeros 31 artí-
culos de la norma de 1988 y legaliza 22 mil
hectáreas para la plantación, 10 mil más que el
actual.
En la práctica, la nueva superficie legal se-
ría sólo ligeramente superior a las 20 mil 200
hectáreas de cultivo que cuantificó en 2015 la
UNODC, según divulgó en julio de 2016 en un
informe sobre el país.
El presidente Morales ha defendido el in-
cremento de cultivos legales y reiteró el interés
de llevar a la práctica un viejo proyecto de in-
dustrialización de la hoja de coca.
En la práctica, la nueva
superficie legal sería sólo
ligeramente superior a las
20 mil 200 hectáreas de
cultivo que cuantificó en
2015 la UNODC2015 la UNODC

WWW.PRESIDENCIA.GOB.BO
El 28 de febrero, el mandatario enarboló
la nueva ley como una reivindicación frente a
las políticas de los gobiernos conservadores, a
los que acusó de apoyar una satanización y pe-
nalización del masticado de coca en el ámbito
internacional.
Montaño, por su parte, afirmó que en 2006,
al comienzo del gobierno de Morales, la exten-
sión de cultivos en el Chapare ascendía a 17
mil hectáreas. Diez años después, la UNODC
registró sólo 6 mil hectáreas de producción co-
calera.
La reducción durante el gobierno de Mora-
les fue concertada y sin violencia, remarcó, para
significar que durante los gobiernos conserva-
dores se impuso la represión que “generó sangre
y luto”.
La sanción de la ley por el parlamento es-
tuvo precedida por violentas protestas y por
plantones ante las sedes de los poderes públicos
de productores de coca asentados en la región
semitropical del departamento de La Paz, co-
nocida como zona tradicional del vegetal.
Entre el viernes 17 y el jueves 23 de febrero,
centenares de manifestantes cercaron la Plaza
Murillo de la Paz, donde están instalados los
edificios principales del Poder Ejecutivo y el
Legislativo, y presionaron para obtener 300
hectáreas adicionales a las 14 mil hectáreas cul-
tivadas en los Yungas, en esa zona tradicional.
Se estima que en esa zona hay 33 mil pro-
ductores cocaleros, que se suman a los 45 mil
del Chapare.
En medio de choques con la policía, des-
trucción de bienes públicos y el arresto de hasta
143 dirigentes, se abrió una negociación con el
gobierno que terminó cediendo a sus deman-
das.
Evo Morales enarboló la nueva ley como una reivindicación frente a las políticas de los gobiernos conservadores, a los que acusó de apoyar una satanización y penalización del
masticado de coca en el ámbito internacional

La solución también permitió a los cul-
tivadores instalados en la zona del Chapare,
obtener una extensión adicional de 1 mil 700
hectáreas, a las actuales 6 mil registradas y mo-
nitoreadas por UNODC.
El analista en temas políticos Julio Aliaga
Lairana aseguró a IPS que el uso tradicional
solo demanda 6 mil hectáreas en lugar de las 22
mil que se dispone a legalizar el gobierno del
izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).
Saca la cifra de 6 mil hectáreas de un es-
tudio realizado por la Unión Europea sobre
la demanda en este país de hojas de coca para
consumo en infusiones, masticado y rituales en
este país, que no es mencionado por las auto-
ridades y la mayoritaria bancada legislativa del
MAS.
“Bolivia tiene un excedente muy grande de
coca que se va al narcotráfico. La cocaína ter-
mina en África, Europa y Rusia; y en el nuevo
mercado colosal de China”, anotó.
El jefe de la opositora y centro izquierdista
Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina,
cuestionó que se incremente la superficie culti-
vada legalmente en 80 por ciento. La medida,
arguyó a IPS,“es una señal muy clara de apostar
por el incremento de la producción de estupe-
facientes”.
La nueva política respecto al vegetal “será
indefendible en las organizaciones multilatera-
les de control de drogas”, ya que la UNODC
certificó que “94 por ciento de la producción de
coca del Chapare va a la producción de cocaí-
na”, criticó.
A su juicio, la nueva ley representa un in-
centivo para las mafias del narcotráfico a co-
mercializar droga en Bolivia, “con la consabida
violencia que va ligada a ese comercio”.
123RF
La producción anual de hojas de coca asciende a 30.9 mil toneladas métricas; de ellas, 24.7 mil serán empleadas en usos medicinales, en consumo mediante infusiones y rituales

RESURGIMIENTO
DEL
PARAMILITARISMO
PELIGRO REAL PARA LA PAZ EN COLOMBIA

En Tierra Grata, donde el
gobierno debió materializar
las condiciones para que las
FARC depusieran las armas,
los guerrilleros encontraron
desolación. “Seguimos
igual que en la situación
de guerra, con sólo las
carpas de techos colocadas
y camitas hechas de tabla
por los guerrilleros”:
comandante Solís Almeida
T
ierra Grata, Colombia. Para llegar a este
paraje semidesértico, casi en las laderas
de las serranías del Perijá –que marca la
frontera de Colombia con Venezuela–, hay que
recorrer un buen tramo desde la capital departa-
mental de Valledupar y pasar constantes retenes
militares, si se quiere cortar camino por la vecina
Guajira.
El fuego de incendios espontáneos en potreros
y maniguas a ambos lados de las carreteras, junto
al calor propio del Caribe, es una constante hasta
llegar al municipio de La Paz, en la demarcación
del Cesar, a más de una decena de kilómetros de
esta Tierra Grata.
Aquí está enclavado el denominado cam-
pamento veredal que los guerrilleros de las
FARC-EP [Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia-Ejército del Pueblo] han rebautiza-
do con el nombre de Simón Trinidad, en honor
al respetado comandante rebelde oriundo de esta
región,preso desde hace años en Estados Unidos y
a quien el escritor Jorge Enrique Botero le dedicó
FÉLIX ALBISU/PRENSA LATINA
123RF

un libro titulado El hombre de hierro, como expre-
sión de la firmeza de sus principios.
Tierra Grata es uno de los campamentos transi-
torios donde está prevista la deposición de las armas
de las FARC-EP en cumplimiento de los acuerdos
de paz de La Habana,Cuba,para luego incorporar-
se a la vida civil como organización política.
En este apartado paraje, donde en las noches
un implacable frío hace su
presencia con rigor en sus
cumbres, conversamos y
compartimos durante 2
días con el comandante
Solís Almeida, el jefe de
la agrupación insurgente
dislocada en esta zona,aún
con sus modernos fusiles
sobre los hombros.
El jefe insurgente es un
hombre curtido con largos
años en la más antigua y
numerosa guerrilla de Colombia. Su apariencia a
primera vista, con sus rasgos indígenas, es la de un
hombre rudo, áspero, muy reservado, propio de un
medio ambiente de vicisitudes, combates y sacrifi-
cios.
Pero nada más que saludarlo,esa percepción del
recién llegado cambia radicalmente. Su carácter es
afable,se trata de una persona comunicativa y a ve-
ces hasta capaz de crear un ambiente afectivo, muy
cálido. Eso sí, resulta un hombre de una sólida for-
mación política.
Le preguntamos desde un principio por su
nombre –obviamente el de guerra– y no duda en
explicar su origen, cuando en las circunstancias de
la clandestinidad así se lo exigieron sus jefes.
Oriundo de Puerto Boyacá e integrante del
Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo,
comanda actualmente dos estructuras del bloque
Martín Caballero,los frente 19 y 41.
Cuando era joven y andaba en mis primeros pa-
sos en la FARC-EP leí el libro Pasajes de la guerra
revolucionaria de Cuba y fue entonces que supe de
la existencia del comandante Juan Almeida Bosque.
Me impresionó su quehacer y valentía en la Sierra
Maestra y por esa razón tomé su apellido como el
mío de guerra.
Bajo el mando del comandante insurgente co-
lombiano están ahora unos 150 hombres en este
campamento transitorio, de esa fuerza 50 son mu-
jeres, quienes también dan los pasos previstos para
el desarme y la preparación encaminada a la incor-
poración a la vida civil.
Cuando llegaron a Tierra Grata el 1 de febrero
pasado, pensaron que encontrarían dormitorios y
demás condiciones acor-
dadas y que son necesarias
en el campamento.Segui-
mos igual que en la situa-
ción de guerra,con sólo las
carpas de techos colocadas
y camitas hechas de tabla
por los guerrilleros, afir-
mó.
Almeida narró que el
más grave problema en-
contrado en la zona vere-
dal es que con la sequía del
verano,“que ha consumido la vegetación y los árbo-
les que han perdido la copa, todo el día lo pasamos
prácticamente a la intemperie bajo el sol”.
Pero seguramente la mayor incomodidad aún
aquí es el agua.“Tenemos ya instalada una moderna
planta potabilizadora, pero carecemos del líquido;
aún no llega agua, los bomberos de la zona traen
muy poca en pipas”,explicó.
“Electricidad sí existe –narró–, pues tenemos
dos plantas,no obstante estas son en lo fundamen-
tal para las tareas que cumple la empresa que está
construyendo el campamento. Se encienden a las
5:00 horas y se apagan a las 20:00 horas”,añadió.
Y agregó a continuación que “con ese horario
corremos el peligro de que se nos echen a perder
los alimentos frescos que nos envían, como ya ha
ocurrido. El combustible diario que nos llega no
alcanza para mantener las 24 horas las plantas en-
cendidas”.
En cuanto a la falta de cumplimiento del go-
bierno, de lo que había comprometido, mencionó
también la falta de cocina y comedor.En ese senti-
do manifestó que tienen que realizar una especie de
masacre ecológica,cortando leña todos los días para
poder cocinar y comer.
También mencionó la situación de la atención
médica a los combatientes, pues aún no existe un
Tierra Grata es uno
de los campamentos
transitorios donde está
prevista la deposición de
las armas de las
FARC-EPFARC-EP

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