Favelización de Córdoba. droga, poder y burocracia

1. Favelización de Córdoba 1

2. Sebastián García Díaz2

3. Favelización de Córdoba 3 Sebastián García Díaz Favelización de Córdoba DROGA, PODER Y BUROCRACIA

4. Sebastián García Díaz4 © El Emporio Libros S.A. 9 de Julio 182 - 5000 Córdoba Tel.: 54 - 351 - 4117000 / 4253468 / 4110352 E-mail: editorial@emporiolibros.com.ar Diseño de Tapa: Cristian Godoy Coordinación de Diseño: Alberto Finkielztein Hecho el depósito que marca la Ley 11723 ISBN: 978-987-1268-78-8 Impreso en Córdoba, Argentina Printed in Córdoba, Argentina Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, sin permiso previo por escrito del editor. García Díaz, Sebastián Favelización de Córdoba : droga, poder y burocracia . - 1a ed. - Córdoba : El Emporio Ediciones, 2010. 140 p. ; 23x15 cm. ISBN 978-987-1268-78-8 1. Drogadicción . I. Título CDD 613.8 Los dichos, opiniones y comentarios de este libro son responsabilidad exclusiva del autor.

5. Favelización de Córdoba 5 A todos los padres que sufrieron la muerte de sus hijos por causa del alcohol y de la droga. Que su dolor sirva para forzar el cambio.

7. Favelización de Córdoba 7 Índice Presentación ....................................................................................9 1. El informe que forzó mi renuncia ............................................. 15 2. El desafío de fundar la Secretaría ............................................. 31 3. Un Consejo anti-drogas que nació muerto ..............................45 4. “Favelización” de Córdoba .......................................................59 5. La lucha solitaria contra el alcohol...........................................65 6. Lo que sí pude hacer .................................................................85 7. ¿Dónde metemos a los adictos? ...............................................93 8. Combatir las drogas, sin silla ni lapicera ...............................103 9. Conclusiones para el futuro ................................................... 121 10. Cinco reflexiones finales ....................................................... 129

9. Favelización de Córdoba 9 Presentación “Las campañas contra los narcóticos en México y Colombia desplazaron las actividades de los traficantes hacia la Argentina”. No es una opinión personal. Lo afirma el último documento sobre “Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos” del Departamento de Estado de los Estados Unidos. “Argentina –agrega– siguió siendo durante 2009 una importante ruta para el tránsito de la cocaína producida en los Andes. Mientras la mayor parte del tráfico se dirigió a Europa, hubo efedrina destinada al contrabando en México y Estados Unidos”. En otro párrafo consigna: “El año pasado también entró a la Argentina marihuana en cantidades significativas, en su mayor parte para consumo interno, y se originaron precursores químicos que fueron enviados a países vecinos para la producción de cocaína”. Argentina es “el país perfecto” para la actividad de estas organizaciones criminales y especialmente para la más aguerrida, sangrienta y potente de todas, la ‘Ndrangheta, que es hoy la mafia más importante del mundo. Así lo confirman magistrados italianos, que viven “blindados” porque la mafia calabresa está decidida a eliminar a estos valientes hombres de justicia. Córdoba, en este contexto, se ha convertido en una plaza estratégica en el tráfico, producción y comercialización de drogas, así como en su consumo. La “isla” que a veces creemos que somos los cordobeses, en este caso está siendo utilizada por grandes redes internacionales de narcotráfico para enviar droga a distintos puntos del país y del mundo.

10. Sebastián García Díaz10 El poder de estas redes es tal que pueden comprar empre- sas, emprendimientos inmobiliarios, clubes deportivos, medios de comunicación y referentes de opinión, y corromper instituciones políticas, civiles, judiciales y de seguridad. Para tener una real dimensión de su poder, tengamos en cuenta que el mercado ilegal de estupefacientes moviliza a nivel mundial aproximadamente unos 50.000 millones de dóla- res al año. En Argentina la cifra no es menos impactante: unos 2.000 millones de dólares anuales. Si Córdoba representa el 10% en todos los mercados nacionales, hablamos de unos 200 millones de dólares al año, lo que nos da una idea de los recursos que maneja el narcotráfico en nuestra provincia. Es demasiado poder económico como para que tengamos una mirada ingenua sobre el desafío que supone enfrentarlo. En la otra cara de la moneda, miles de adolescentes y jóve- nes se lanzan en Córdoba, en forma creciente, a experiencias cada vez más intensas de consumo de alcohol y de otras drogas. Las encuestas y estudios realizados en la provincia indican que la edad de inicio es cada vez menor y la cantidad que se consume es cada vez mayor. Las consecuencias en términos de muertes, accidentes, violencia y embarazos no planificados es- tán a la vista, con gran dolor y preocupación para las familias que se ven involucradas en esta problemática. Hay una oportunidad de revertir esta tendencia, antes de que lleguemos al punto en el que se encuentran hoy países como México, Colombia o Brasil. En la cuestión del alcohol, estamos viviendo ya un verdadero genocidio humano, con más de 3.000 jóvenes que mueren al año en Argentina por circunstancias vin- culadas al consumo de esta sustancia de alto riesgo. Son 30.000 jóvenes muertos en una década.

11. Favelización de Córdoba 11 En este sentido, hay que tener en cuenta que las adicciones son un fenómeno social particular, ya que tenemos al frente un sujeto activo desplegando todo tipo de estrategias para lograr que aumente el consumo. La violencia familiar también es un fenómeno social, por ejemplo, pero no hay gente que la promocione en forma directa y activa. En cambio en el caso de las drogas, hay miles de personas en toda la provincia que se levantan todas las mañanas pensando cómo venderles más sustancias a nuestros hijos. Lo mismo ocurre con el alcohol, así como en el caso del tabaco. Lo más triste –hay que decirlo– es que en el caso de una adicción tan dolorosa para las familias afectadas como es la ludopatía –la adicción al juego y las apuestas– sea el propio Estado provincial el que la promueva a través de la autoriza- ción indiscriminada de casinos y slots en zonas en las que no tienen ninguna razón de ser. En el caso de las drogas ilegales, es muy importante tener conciencia de que los verdaderos cabecillas de las redes de narcos no son los personajes que usualmente escuchamos hacen de dealers o incluso de caudillos en los barrios marginales. Ellos son un eslabón más en la cadena. Probablemente los jefes del narcotráfico en Córdoba no vivan en Colonia Lola, Villa Páez o Bella Vista sino en las mejores casas de los mejores barrios cerrados. De hecho son personas con contactos en los más altos niveles sociales donde buscan la cobertura estructural para sus negocios. Nadie envía un camión con 2.000 kilos de cocaína (tengamos en cuenta que cada kilo puede valer U$D 5.000 en nuestro país y hasta U$D 40.000 en España) a transitar por las rutas argentinas para llegar al puerto de Buenos Aires o al Aero-

12. Sebastián García Díaz12 puerto de Ezeiza y embarcar hacia España o Italia, sin tener garantías de impunidad en el más alto nivel. Los narcos no to- man semejante riesgo sin una cobertura estructural del poder. Lo que hay que hacer, por tanto, es mucho y es complejo: organizar la prevención en la provincia, proyectar un plan para asistir a los adictos –en este terreno, Córdoba está muy atrasa- da– y coordinar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, poniendo el foco en los grandes narcos y no sólo en la venta al menudeo. Con el mismo grado de importancia, organizar el control de la oferta de alcohol en la noche de Córdoba, asu- miendo que el alcohol es –hoy por hoy– la droga más peligrosa. No es un dato menor que los jóvenes nos manifiesten en una encuesta que el 50% de las veces que les han ofrecido drogas ha sido en los mismos boliches donde usualmente van a bailar, lo que muestra que en el mismo ámbito se están consu- miendo alcohol y drogas sin ningún control. No hace falta que subraye la complejidad de esta proble- mática. Estamos hablando nada más ni nada menos que de uno de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana: las adicciones, es decir, la necesidad de consumir sustancias para sentirnos de otra forma de la que en verdad somos y la inten- ción por parte de otros de explotar estas debilidades humanas con fines comerciales. En este terreno nadie tiene la receta mágica y la experiencia mundial está repleta de políticas erra- das. Con esta impronta y también con estas precauciones, asu- mí el cargo de Secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, invitado como independiente al gobierno de Juan Schiaretti. La tarea encomendada fue fundar

13. Favelización de Córdoba 13 el organismo creado por la Ley 9.600, votada por unanimidad en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la semana anterior a mi asunción. Sin embargo, a días de cumplir un año en la gestión, debí renunciar en el medio de una fuerte confrontación con el gobierno y las instituciones involucradas. Este libro es un resumen de esa experiencia. En las páginas que siguen intento dejar sentado todo lo que vi, lo que me ocurrió como funcionario, y lo que tendrá que cambiar en algún momento en Córdoba para que las drogas no terminen poniendo en jaque a nuestra provincia. Algunos diálogos y racontos los he resumido al solo efecto de mantener el relato de lo que verdaderamente aconteció. En esencia este escrito es un testimonio. Alguien que viniendo de afuera, cuenta a sus conciudadanos lo que ocurre adentro. Pue- do adelantar que la ventana que abro a la intimidad del poder es indignante por momentos. Para algunos tal vez no agregue nada nuevo, porque uno se imagina que es así. Pero una cosa es imaginarlo y otra vivirlo. Vale la pena compartirlo. Creo que este libro cierra, a su vez, una instancia que se abrió con el anterior –Cómo salvar a la política. Se trata de nuestros hijos– editado en el año 2005, donde ponía en orden todas las ideas de fondo, que ahora han sido contrastadas con la experiencia concreta del gobierno. Recuerdo la frase que me acercó al oído uno de mis colaboradores cuando salimos de una reunión con el ministro Carlos Caserio, en la que todas nuestras iniciativas eran sistemática- mente rechazadas: “Esto va a ser más difícil de lo pensábamos, Sebastián”, me dijo. Y estaba en lo cierto. No me arrepiento de lo hecho. Ahora sabemos perfectamente cuáles y quiénes son

14. Sebastián García Díaz14 los obstáculos para que la situación cambie. Y estamos preparados para enfrentarlos. Pero los cambios no se pueden hacer con poder prestado. Quiero hacer un agradecimiento especial a todos los técni- cos, funcionarios y responsables que me ayudaron a tener una perspectiva completa de las falencias estructurales pendientes y las soluciones posibles. También a los miembros del partido que presido, Primero la Gente, y al equipo que se sumó a la gestión y empujaron junto conmigo –todo lo que pudimos– para cambiar esta realidad. Por supuesto, una mención especial a mi mujer, Carmen, que me ha apoyado en todo este proceso en forma incondicional, y a mis pequeños hijos. Espero que el material sea un humilde aporte a todos los que –como nosotros– están buscando la forma de transformar la política de nuestros convulsionados países en desarrollo. Aunque a primera vista nos produzca dolor y escepticismo, en realidad estas páginas son un mensaje de esperanza. La esperanza que vence al miedo. Sebastián García Díaz Córdoba, 2 de abril de 2010

15. Favelización de Córdoba 15 1. El informe que forzó mi renuncia El viernes 6 de noviembre de 2009 ingresé al hall de entrada de la oficina de Casa de Gobierno y pedí hablar con la secretaria del Gobernador. “Vengo a dejar este informe para Schiaretti que tam- bién le acabo de acercar al ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Caserio” le señalé. El jueves 10 de diciembre, un mes después, a través de un correo electrónico le solicité al ministro Caserio una reunión formal con el gobernador y con él para hablar del informe presentado y poder profundizar en los detalles. Nunca recibí respuesta. El miércoles 13 de enero de 2010 tomé la decisión de hacer pú- blico un extracto de ese informe. Tenía conciencia de que estaba poniendo en riesgo mi cargo. Pero era el momento de hacer participar a la ciudadanía. Que se conocieran las falencias estructurales en la lucha contra el narcotráfico y que ese conocimiento sirviera como presión pública para lograr avances más categóricos. Lo conversé con todos mis colaboradores cercanos en la Secre- taría y todos me apoyaron, aun sabiendo que ellos también podían perder sus trabajos en los que habían puesto tanto esfuerzo a lo largo del año 2009. Hice público un extracto de aquel informe a los medios de prensa con un planteo muy claro respecto a la falta de un Plan Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico y, fundamentalmente, la falta de una Fuerza de Elite capaz de perseguir a las grandes redes de narcotraficantes. Pero ¿qué decía el polémico informe? Lo reproduzco aquí porque es un resumen muy esclarecedor de todo lo que está pendiente en Argentina (y en Córdoba) sobre la materia.

16. Sebastián García Díaz16 EXTRACTO DEL INFORME PRESENTADO AL GOBERNADOR SCHIARETTI SOBRE LA SITUACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN CÓRDOBA a. Balance en Prevención, Asistencia y Lucha contra el Narcotráfico. A diez meses de haber aceptado la oferta de hacerme cargo de la creación de esta Secretaría, vale un balance del plan de acción que se está implementando y remarcar los factores críticos para seguir adelante. Hemos logrado avances importantes en la Sistematiza- ción de la Prevención de la Drogadicción, tanto desde el punto de vista Institucional–Educativo, a través de la ins- trumentación del Programa Quiero Ser en las Escuelas Primarias, como en la organización de la comunidad a través de la Red Social de Prevención Córdoba Libre, ambos con proyección provincial. No hemos tenido iguales resultados en lo que hace a la asistencia a adictos, más allá de los esfuerzos que hemos realizado desde la Secretaría por canalizar las in- quietudes de los que se han contactado con nosotros. Sin embargo, la ley nos brinda una competencia sólo de coordinación y no de acción directa. El trabajo de coordinación que hemos llevado adelante con el Ministerio de Salud, todavía no arroja, en este sentido, resultados objetivos para la ciudadanía. Urge avanzar en un Sistema Complementario de Becas de apoyo para tratamiento de adictos sin recursos ni cobertura social en centros privados y organizaciones no gubernamentales, mientras extendemos la respuesta desde la órbita pública, a escala provincial. Mi mayor preocupación está concentrada, sin embargo, en los pocos avances realizados en lo que respecta a la Lucha Contra el Narcotráfico en Córdoba. Más allá de los esfuerzos positivos que hemos hecho en conjunto con la Policía de Córdoba, por canalizar de forma ordenada las denuncias anónimas que puede hacer la ciudadanía, a través del 0–810–888–3368, hay

17. Favelización de Córdoba 17 una necesidad imperiosa latente de exigir al Nivel Fe- deral –a los poderes correspondientes– la decisión de luchar contra el narcotráfico con otra escala y otra profundidad. b. Necesidad de exigir un Plan al Gobierno Nacional En esta materia el territorio provincial se ve profunda- mente afectado por la falta de políticas públicas eficaces desde la órbita federal. Ha llegado la hora, en ese sentido, de presionar al gobierno nacional, con la misma firmeza con que lo hace- mos por otras cuestiones, también respecto a este tema. Urge instrumentar un Plan Nacional para combatir las redes de narcos que se están apoderando paulatina- mente del país. Las señales que se reciben, por ahora, desde el Estado Nacional son muy confusas. No es un tema menor el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que de- clara inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo y que ha supuesto un duro golpe. En primer lugar a la propia tarea de prevención, por las distorsiones que produce el mensaje despenalizador en los miles de chicos que tenían esa barrera legal como un límite a su curiosidad por experimentar. En igual medida a la Lu- cha contra el Narcotráfico, puesto que deja abierta la puerta para que –aprovechando la confusión entre el simple tenedor y el comercializador al menudeo– se multipliquen los jóvenes vulnerables enlistados para el microtráfico impune. Pero la cuestión no se agota en ese fallo. La oferta de droga crece en forma exponencial en todo el territorio nacional (es importante que desde Capital Federal no circunscriban su mirada sólo al Gran Buenos Aires). Mientras cada provincia haga lo que pueda, no estare- mos dando una respuesta adecuada a la escala del problema. Para tener una idea, me circunscribo a Córdoba. Si cal- culamos que a esta altura ya existen unos 5.000 puntos de venta de drogas en la Provincia y hablamos de por lo

18. Sebastián García Díaz18 menos unos 40.000 kilos, sólo de marihuana, al año para proveerlos. Esta cifra nos da la pauta del esfuerzo que debemos hacer para aspirar a dar un golpe certero al tráfico de estupefacientes. Si la multiplicamos por todas las provincias, el cálculo se vuelve alarmante. c. Necesidad de Radar en la zona norte de Córdoba Por aire están aterrizando todos los días del año avionetas de vuelos clandestinos en nuestro territorio provincial con total impunidad. Para controlarlo necesitamos del gobierno federal, el largamente prometido Ra- dar con la tecnología adecuada, a ser instalado en la zona norte de Córdoba. Las noticias indican, sin embargo, no sólo que no ten- dremos novedades en este sentido, sino que además es irregular el funcionamiento del radar que ya existe en la Provincia de Misiones. Hablamos de 220 vuelos ilegales diarios que se calcula ingresan por dicha frontera norte y que aterrizan en más de 1.000 pistas clandesti- nas. Si se decidiera un rápido avance en el proceso de radarización, a la par es preciso que los legisladores nacionales aceleren la sanción de una Ley de Derribo, normativa básica para poder realizar un control efectivo de esos vuelos. No tener esa herramienta de amenaza a los que no obedecen la señal de aterrizar es una ra- zón suficiente para que los narcos se nos “rían en la cara”. d. Legislación adecuada respecto a Lavado de Di- nero, Vínculo con otros delitos y tráfico de drogas de diseño No es la única asignatura pendiente por parte de nuestros representantes legislativos. Urge que los Diputa- dos y Senadores nacionales avancen en mejorar las regulaciones necesarias respecto a Lavado de Dinero. Argentina cuenta con una legislación al respecto, pero casi no se registran condenas.

19. Favelización de Córdoba 19 Lo mismo respecto a los vínculos del Narcotráfico con otras redes de delitos como la Trata de Personas, que está afectando seriamente la zona sur de nuestra Pro- vincia de Córdoba. Un capítulo especial debe ser dedicado al creciente trá- fico de drogas de diseño y sus precursores químicos. Si no preparáramos la legislación y la estructura de control a este nuevo formato de comercialización de estupefacientes, en breve nos convertiremos en referencia a nivel regional y mundial sobre la materia. En nuestra provincia, se ha dado el vergonzoso caso en el 2009, de atrapar a un hombre que traficaba más de 120.000 pastillas ilegales, quedando en libertad a las 48hs por falta de una normativa que castigue como corresponde el delito. Lamentablemente, el cierre de las sesiones de este año en el Congreso Nacional, no arrojó novedades sobre ninguna de estas cuestiones. e. Necesidad de una Unidad de Control Preventivo Por tierra, las fronteras del país son demasiado flexi- bles. Además de un control fronterizo más eficiente, necesitamos instrumentar un Sistema de Postas Móvi- les en todas las rutas del país, similar a la tarea de la Policía Caminera de Córdoba, que ha dado excelentes resultados. Una propuesta de este tenor ha sido elevada a la Poli- cía de la Provincia de Córdoba por nuestra Secretaría, para controlar al menos las rutas de la provincia. Al final de cuentas, no importa por dónde ingrese la droga, en algún momento se traslada por carretera. La creación de esta unidad requiere, sin embargo, la inversión en scanners de última generación, personal capacitado y asistencia de canes y otras herramientas tecnológicas. Su potencial lo justifica. Por Ferrocarril no hay controles efectivos, y tampoco lo hay en lo que llega por Correo Postal, ni por tránsito de Personas. Esta Unidad de Control Preventivo, también debe extender su competencia en forma paulatina a

20. Sebastián García Díaz20 estos otros canales críticos de ingreso de droga al país. En definitiva, es urgente desarrollar divisiones de las fuerzas de seguridad con capacidad y recursos suficien- tes para realizar tarea preventiva y disuasoria en todos los frentes, más allá de las estructuras que disponga- mos para la acción de investigación directa y persecu- ción. f. Necesidad de fortalecer la Acción Federal en la Provincia. La Justicia Federal, no sólo en Buenos Aires sino en cada distrito, requiere ser provista de una fiscalía exclusiva en la materia. O al menos el Poder Nacional debe brindar el equipamiento y la escala necesaria para dar respuesta. La cantidad de personas y los recursos con los que cuentan hoy las fiscalías locales no resultan adecuadas para liderar el proceso de investigación y captura. La Policía Federal, más allá del valor de sus hombres, concentra su mayor efectividad en la Capital Federal y a esta altura es un insulto para los provincianos que tengamos a la mayoría de sus efectivos haciendo tareas ordinarias en la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de concentrarse en investigar y perseguir delitos complejos de órbita federal, con equipamiento y recursos humanos, adecuadamente distribuidos en todo el territorio nacional. Las policías provinciales están desbordadas, en su asistencia diaria a la Justicia Federal, por la lucha contra los “kiosquitos” de venta de droga que los vecinos denun- cian alarmados y que se multiplican como hongos en los barrios. Este año la Policía de la Provincia de Córdo- ba ha elevado los procedimientos a una cifra histórica de 1.736 pero en un porcentaje mayoritario se trata de este tipo de vendedores al menudeo. ¿Quién está concentrado en investigar y atrapar a los narcotraficantes principales en Argentina? Hoy la respuesta no es clara y determinante. Las investigaciones grandes, que llevan dinero, esfuerzo, tiempo y perseve-

21. Favelización de Córdoba 21 rancia, no son dirigidas ni recompensadas por ningún poder directivo concreto que tenga los recursos suficien- tes. Crear esta instancia es prioridad uno. En verdad lo que se necesita es una Fuerza Nacional de Elite, dispuesta y capaz de liderar el proceso de in- vestigación y persecución de las redes de narcotráfico a nivel federal. Esta fuerza, o surge de la propia Policía Federal o se crea una instancia nueva con este objetivo. g. Necesidad de mejorar las herramientas tecnoló- gicas El sólo hecho de observar el Centro de Escuchas Tele- fónicas –de órbita nacional– que funciona, por ejemplo, en Córdoba nos puede dar una idea de lo burocrático que supone llevar adelante las investigaciones complejas, dado que las escuchas telefónicas son la principal herramienta que se utiliza, al menos en nuestra jurisdic- ción. h. El problema más grave: la “favelización” de los barrios No puedo terminar sin remarcar el modo en que las redes de narcotráfico se han instalado en barrios de todo el país (no sólo en el Gran Buenos Aires). En Córdoba ya operan en forma incipiente como carteles, subordi- nando a la comunidad a su propuesta económica y a su dinámica de funcionamiento ilegal. ¿Podemos ver im- pávidos cómo repetimos el proceso de Río de Janeiro, de Juárez o de Cali? En estos casos, las intervenciones judiciales y policiales que utilizamos en Argentina para casos puntuales pier- den eficacia. Sólo una acción de alto impacto policial, coordinado con todas las fuerzas de seguridad del país, puede proteger los derechos de las familias que todavía no han caído en la subordinación a los narcotraficantes, pero que sin embargo se sienten desamparadas frente al fenómeno.

22. Sebastián García Díaz22 Ni siquiera la intervención social preventiva o asistencial es suficiente en la zona –lo he comprobado personalmente– si no somos capaces de dar una respuesta contundente en el castigo a los narcos que operan con total impunidad en el sector. En este sentido, sin embargo, estamos obligados a redoblar los esfuerzos de coordinación para que la acción social y comunitaria que lleva adelante el Gobierno de Córdoba en estos barrios no aparezca como esfuerzos aislados y fragmentados. Nuestra propuesta es crear un Comité Interministerial, encargado de sistematizar y acelerar las soluciones que se requieren a nivel social en cada uno de estos barrios muy comprometidos con el narcotráfico. Pero insisto en que, aun siendo eficaces en esta respuesta, todavía queda por desarrollar herramientas de alto impacto para desbaratar las bandas que operan en esos barrios. i. Conclusión La Policía de Córdoba ha incorporado nuevos efectivos a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, nuevo equipamiento y móviles. La difusión del 0–810–888–3368 seguirá ayudando a sistematizar la información que acerca la ciudadanía, sin la presión de tener que hacerlo en forma personal. Pero si, desde la órbita federal, no reci- bimos novedades sobre estos aspectos de urgencia, será difícil revertir el proceso de crecimiento de las redes de narcotráfico que operan en nuestra Provincia y en particular en los barrios de las principales ciudades de Córdoba. Por ese motivo, solicito autorización para peticionar ante los organismos nacionales pertinentes –ejecutivos, legislativos y judiciales– a los fines de solicitar avances en cada uno de estos puntos, así como volver a intentar convocar a todas las instituciones con asiento en Cór- doba que están involucradas en la Lucha contra el Narcotráfico, para consensuar la importancia de exigir estas políticas y decisiones aquí resumidas, conforman-

23. Favelización de Córdoba 23 do un Consejo de Lucha contra el Narcotráfico. Mientras tanto, nuestra Secretaría seguirá concentran- do sus esfuerzos en la tarea de prevención y en lograr avances en lo que respecta a asistencia a adictos. Pero la expectativa de la ciudadanía es que podamos controlar no sólo la demanda sino también la oferta que crece con impunidad. Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distingui- da atención y quedo a sus órdenes para ampliar este resumen en los aspectos que considere menester. La difusión del informe tuvo un impacto inesperado. Fue publicado y comentado no sólo en los medios locales y provinciales sino también en Clarín, Infobae, América, C5N, Continental, Crítica, Cró- nica y otros medios nacionales. Incluso fue comentado por periódi- cos de Paraguay, Perú y Bolivia. Por esa repercusión, recibí llamados de medios de todo el país. Desde ese día, comenzó la operación para forzar mi renuncia. Al hacer pública esta rendición de cuentas de cara a la ciudadanía me había convertido en un “enemigo”. En los medios locales, comenzaron a circular comentarios que hacían distintos funcionarios allegados al ministro Caserio o al propio gobernador. No había que ser un especialista en ciencia política para saber que el sentido de todos esos trascendidos “en off” era de- bilitarme, buscando que yo renunciara voluntariamente. Varias personas conocedoras de la historia política reciente de Córdoba, me comentaban con asombro que hacía mucho no veían una acción tan sistemática y tan intensa. Mi problema era que el gobernador no me daba apoyo político alguno. Me había dejado solo, aunque –hay que decirlo– muchísimo antes de la difusión de este informe. Y como me dijo un peronista

24. Sebastián García Díaz24 que conocí en los barrios: “Este gobierno es una pileta llena de pirañas. Si estás sano no te muerden, pero si ven un poquito de sangre, te devoran”. Como contracara, decenas de personas conocedoras de la realidad de la droga en Córdoba, me llamaron por esos días para felici- tarme por haber puesto en el tapete la cuestión y forzar su debate público. Ninguno de ellos estaba dispuesto a poner su nombre y su apellido en ninguna instancia porque, de alguna u otra manera, te- mían a las represalias. Pero confirmaban el contenido del informe. Así llegamos a febrero del 2010. Solicité formalmente una re- unión con Caserio apenas volvió de vacaciones, y envié notas a todos los ministros para seguir adelante con la gestión. Sólo Walter Grahovac, ministro de Educación –quien debo decir que siempre se mostró predispuesto, abierto y preocupado por la problemática y la prevención– me dio una reunión en la que planificamos el año y la extensión del Programa de Prevención de la Drogadicción “Quiero Ser” a todas las escuelas de la provincia, sin condicionarse por la inestabilidad en la que se encontraba mi posición. Las versiones sobre mi renuncia se volvieron tan insistentes, que decidí enviar un mensaje a la opinión pública. Trasladé a la prensa un comentario para marcar una barrera: “Habría que ver a quién le conviene que un funcionario que pone en el tapete el problema del narcotráfico en Córdoba quede debilitado y sea obligado a alejarse del cargo”. También señalé que, aunque no estaba dispuesto a renunciar, si me lo pedían por este informe, lo haría orgulloso. Caserio terminó convocándome a su oficina el día 22 de febrero, 40 días después de haberse hecho público el informe. Era un día lunes. Pero el viernes anterior me envió un emisario –me reservo el nombre, pero era uno de los funcionarios del grupo chico del gobernador Schiaretti– para anticiparme que “mi suerte estaba echada y

25. Favelización de Córdoba 25 que me daba tres alternativas: 1, retractarme del informe pública- mente como único modo de permanecer en el cargo; 2, renunciar por motivos personales, en cuyo caso todos mis colaboradores po- drían quedarse en sus puestos; o 3, la advertencia de que si me iba peleando, la pelea sería ‘a muerte’”. Ese mismo viernes –curiosa coincidencia– soy citado por el fiscal Enrique Senestrari, a la Justicia Federal, que había decidido abrir una causa con mi informe para investigar si existían lugares concretos y personas concretas detrás del mismo. Aunque no tengo pruebas, todo me hace pensar ahora –viendo la situación en perspectiva– que probablemente haya habido una sintonía con la operación montada por Caserio para amedrentarme. ¿Cómo era posible que se hiciera el gasto de abrir una causa por un informe que evidentemente no constituía una denuncia concreta, sino que formulaba una perspectiva general? La teoría de que lo hacían por un simple enojo judicial, no me cerraba ya que –como puede verse– en el escrito yo insistía con darle a la Justicia Federal más recursos humanos y tecnológicos. Nunca esperé aplausos por esta defensa de sus necesidades, pero tampoco esperé nunca que se sumaran, con su presión, a mi caída. Cuando acudí al edificio de la avenida Concepción Arenal, citado a declarar, le hice estas aclaraciones al fiscal. “Las más de 60 denuncias concretas que llegaron a mi mano, durante mis recorridas en los barrios, las canalicé oportunamente a través de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba y la propia Justicia Fede- ral en los casos más importantes”. Senestrari me pidió que le explicitara lugares concretos o un listado “de esos 5.000 puntos de venta de droga que yo mencionaba en el informe”. Le expliqué que había llegado a ese número cruzando variables como la cantidad de denuncias receptadas por la Policía

26. Sebastián García Díaz26 durante un año, el porcentaje de delitos que los estudios indican está dispuesta a denunciar la gente, y la población de la Ciudad de Cór- doba y del interior. “El cálculo es una hipótesis científica que realicé con la ayuda de técnicos y aplicación de extrapolaciones estadísticas a partir de muestreos. Por tanto es una ridiculez que me pidan los lugares concretos donde están esos 5.000 puntos”. El fiscal no se detuvo allí. Me pidió que dejara consignada en mi declaración las fuentes del informe, esto es, las personas concretas con nombre y apellido que me habían ayudado a confeccionarlo. Le expliqué que no haría eso, que me reservaría las fuentes, porque te- mía que sufrieran consecuencias inesperadas. “¿Es usted consciente de la eventual responsabilidad penal por ocultar esta información?” disparó Senestrari para amedrentarme. “Lo soy” le dije como para devolver la estocada, aunque en verdad el planteo era doblemente ridículo. No fue un detalle menor, que no habiéndole yo avisado a ningún periodista que acudiría a la Justicia ese día, en la puerta de la fisca- lía, ya me estuvieran esperando dos. Traté de ser prudente, pero las declaraciones posteriores de Senestrari, denostando el informe con mucha dureza, me obligó a salir a responderle con la misma energía. Durante el día, sábado, por tanto, en los medios gráficos, radiales y televisivos, quedé cruzado en una polémica pública con la Justicia Federal, lo que debilitaba aún más mi posición. Debo decir que más allá de que la acción de este fiscal fue completamente “tirada de los pelos” se había logrado el objetivo mediático de debilitar el contenido del informe ante la opinión pública. Muchí- simas personas malinterpretaron que al no aportar “datos ciertos”, es decir nombres y apellidos, direcciones y teléfonos de cada uno de los 5.000 puntos de venta a los que hacía referencia, mi informe no

27. Favelización de Córdoba 27 tenía ninguna validez. La operación de parte de Caserio y de Senestrari había sido un éxito. El lunes 22 acudí a la reunión con el ministro. En cuanto me senté, empecé a escuchar sus críticas y sus amenazas. La reunión era de alta tensión. “Sebastián: vas a tener que alejarte. O te pido yo la renuncia, aunque en mis términos, o vos me presentás una renuncia tranquilo y yo lo acepto. Tené cuidado con lo que vas a decir; no lo metas al gobernador en el medio, porque si no te vamos a responder con todo: con la justicia, con los legisladores, con la prensa. Hasta te pueden meter en cana. Vos sacás trapitos al sol y nosotros te vamos a responder con todo”. En ese momento dudé. Algunos de mis consejeros más queridos me habían dicho: “Vos sos sólo uno contra todo un gobierno que mueve los hilos. No te creas el David frente a Goliat, bajá el perfil y renunciá tranquilo. Ya hiciste todo lo que podías hacer” (esos consejeros son los mismos que me pedían por favor que no publicara este libro). Quedamos que al otro día, a las 10, presentaría la renuncia y que ninguno diría nada hasta ese momento. Caserio dejó implícito que habíamos llegado a un acuerdo. De hecho a los pocos minutos llamó a mi celular y lacónico me dijo: “El Gobernador está al tanto del ‘acuerdo’ al que hemos arribado y da su conformidad”. Esa noche no pude dormir, pensando en el mal trago que estaba por pasar. Pensé en las amenazas, en mi familia, en mi vocación política… Recé mucho. Al otro día me presenté a la hora señalada en la oficina de Caserio, le entregué mi renuncia y le dije: “Carlos, no hay acuerdo conmigo. Ustedes crearon esta secretaría sin tener la menor idea de lo que eso suponía. Y se equivocaron de persona si creían que con un cargo me estaban comprando el alma. Yo quedo en total libertad. ¡Ah! Y te pido que cumplas con todas esas

28. Sebastián García Díaz28 amenazas que me tiraste ayer. Vamos a ver al final del camino quién pierde y quién gana”. Caserio cerró abruptamente la reunión. Me levanté y salí nervioso, pero a la vez tranquilo –con la conciencia tranquila– por no haberme dejado atropellar. Mientras caminaba por los pasillos de Casa de Gobierno hacia la Secretaría para ir a buscar mis cosas, ya había salido un comunicado a la prensa desde el Ministerio, atacándome en duros términos. Mien- tras entraba a la oficina, ya me llamaban los medios. La suerte estaba echada. Mis palabras, durante la conferencia de prensa fueron breves: “Han decidido matar al mensajero. Pero lo importante es que el mensaje está instalado y los funcionarios que vengan no podrán hacerse los distraídos”. “García Díaz es un estúpido, un Figuretti” atacaba Caserio esa misma tarde frente a todos los micrófonos. Y cometía el último error, repitiendo el burdo pretexto que había dado el día antes el fiscal Senestrari: “Para darles un ejemplo de las estupideces que habla García Díaz: en Córdoba no hay drogas de diseño. No tenemos nin- gún registro de ellas. No sabe nada y dice cualquier cosa”. Esa noche recibí llamados de jóvenes de toda la provincia, que se reían del ministro y del fiscal: “¡Las pastillas se compran hasta en la barra de los boliches!”. Al otro día ante los medios de prensa remarqué esta gruesa mentira con la que Caserio intentaba tapar la realidad. El jefe de la División Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, hombre con el que yo tuve una relación muy estrecha durante la gestión, fue obligado a salir a cruzarme y a repetir la misma falacia. “Des- de la Policía no tenemos antecedentes de drogas de diseño en Cór- doba. Lo que se consume en los boliches son pastillas confeccio-

29. Favelización de Córdoba 29 nadas por Laboratorios controlados”. Nadie entendió bien qué quiso decir. La salida de Sosa ante la prensa no podía ser más desafortuna- da. Al otro día, un parte de la propia Policía daba cuenta de que se había encontrado droga de diseño en el procedimiento de la noche anterior. La subsecretaria, Elena Domínguez, feliz de ocupar mi cargo, intentaba darme el último golpe, aunque sin éxito: “Sebastián no trabajó en equipo con nosotros. Se cortó sólo. Además planteó los problemas, pero no plantea las soluciones”. Domínguez ocultaba en forma artera que ella misma me había pedido por favor desde el principio de mi gestión no participar en nada que tuviera que ver con la lucha contra el narcotráfico. Fueron días difíciles. Porque nadie está preparado para semejante presión, ni aun los que tenemos vocación política. Quiero agra- decer a todas las personas que por esos días se comunicaron conmigo a través de distintos medios (personalmente, por teléfono, por e– mail, por Facebook) y sobre todo a los vecinos de barrios marginales que se ofrecieron espontáneamente a fundamentar la idea de “favelización” con sus propias experiencias personales en cada una de esas zonas. Un comentario final de este capítulo respecto del nuevo secretario que me sucedió en el cargo, Juan Carlos Mansilla. Es un buen hombre, comprometido con la prevención, y por eso su nombramien- to no me sorprendió. Ya en diciembre del 2009 Mansilla había reco- rrido los pasillos de Casa de Gobierno (y había venido a la Secreta- ría) pidiendo “estatizar” su institución de asistencia (Programa Cam- bio) porque los números no le cerraban. En ese sentido entiendo que esta posición en el gobierno le venía bien. Pero lo que me resultó realmente vergonzoso es que se atrevieran, tanto él como el minis-

30. Sebastián García Díaz30 tro y el Gobernador, a defender públicamente la decisión de dejar de luchar contra el narcotráfico en la Provincia. “Concentraremos a la Secretaría en la prevención y la asistencia y dejaremos la lucha al gobierno nacional”. ¿Cómo era posible que, en el transcurso de un año, un gobierno pudiera cambiar de tal manera de opinión? Lo más grave fue que anunciaran estos cambios sin enviar antes un proyecto de Ley modi- ficando las competencias que establece la Ley 9.600 creadora de la Secretaría. Allí hubiéramos podido ver si los propios legisladores (incluso los oficialistas) eran capaces de revertir completamente el cri- terio que habían votado por unanimidad exactamente un año atrás. Mansilla anunció en su discurso de asunción que se pondría a confeccionar un plan. Pero deliberadamente pasó por alto que lo que en verdad había ocurrido con la Secretaría era que se estaba produ- ciendo un rotundo cambio de plan. Había ganado la visión de mantener el statu quo del ministro Caserio, quien había encontrado un nuevo funcionario, dispuesto a hacerle el juego.

31. Favelización de Córdoba 31 2. El desafío de fundar la Secretaría Febrero del 2009. Habíamos vivido un enero muy caliente. No sólo por las altas temperaturas. Habiendo tomado la decisión de pos- poner las vacaciones por cuestiones de trabajo, surgió con toda su fuerza el conflicto entre la Municipalidad y sus empleados. Junto con otros dirigentes del partido decidimos jugar fuerte en ese proceso. De alguna manera, habíamos quedado con la “sangre en el ojo” por no haber tenido una respuesta acorde de parte del electorado cordobés en el 2007 a nuestras continuas denuncias sobre el desgobierno del ex-intendente Luis Juez y la necesidad de aplicar mano firme para defender los intereses de los vecinos. Su medida de incrementar en casi 5.000 empleados la planta permanente de la Municipalidad puso en jaque las finanzas municipales por los próxi- mos 20 años. Ahora la realidad nos daba la razón. Y por ello salimos a la calle a juntar firmas para que se estableciera un tope del 50% al gasto en salarios de los presupuestos municipales. El tope, para ser efectivo, debía ser incorporado a la Carta Orgánica a través de una enmienda contemplada en la misma con el aditamento que la propia norma establece un posterior referéndum de la población, lo que sin duda iba a ser un remate político muy potente a las tremendas distorsiones del gremio. El programa de televisión “Lagarto Show” nos dio una extraordinaria oportunidad al sentarnos –frente a frente– con el polémico sindicalista Rubén Daniele –titular del SUOEM que representa a los empleados municipales– y llevar adelante un prolongado debate que verdaderamente nos posicionó.

32. Sebastián García Díaz32 Juntamos más de 13.000 firmas en dos semanas, instalados en mesas en la Peatonal y en otras esquinas de la Ciudad. La acción resultó un éxito, aunque fue un sacrificio muy grande ya que fuimos nosotros mismos los que armamos las mesas, colgamos los carteles y nos mantuvimos al rayo del sol, interactuando con la gente que además de dejar su firma, hacía con nosotros la catarsis por años de desatención como vecinos. Era difícil conseguir voluntarios en enero, pero para todos los que participamos la experiencia fue apasio- nante. Partí de vacaciones con mi familia el 10 de febrero. El 20 recibí un llamado de Fernando García, secretario general de Primero la Gente, y persona de diálogo con varios referentes del peronismo. “Miguel Civallero (Secretario de la Función Pública) ofrece que te hagas cargo de una de las direcciones de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico que están a punto de crear en esta semana”. Para ambos resultaba una sorpresa. En reuniones partidarias habíamos especulado con la posibilidad de acercarnos al Peronismo anti–K y tener mayor interacción y de hecho habíamos hecho algunos contactos. Pero de ahí a incorporarnos al gobierno había un sal- to muy grande. “Decile que no podemos condicionar la independencia y el futuro del nuestro proyecto político por una simple dirección”, le res- pondí yo, tratando de forzar la lógica política de los propios peronistas. La llamada terminó y yo continué jugando con mis hijos bajo el sol. El último día antes de volver de vacaciones, Fernando García vuelve a llamarme y vuelve a sorprenderme: “Dicen que te ofrecen toda la Secretaría, pero que la asunción hay que hacerla urgente, en los próximos días. Piden además absoluta reserva, porque han ne-

33. Favelización de Córdoba 33 gociado la exclusividad del nombre del nuevo funcionario con un medio local”. Regresé esa noche a Córdoba, reunimos a la comisión directiva de Primero la Gente (por lo menos a los que estaban en la ciudad), y luego de una discusión que se prolongó hasta la madrugada, decidimos aceptar con ciertas condiciones que fueron las que al otro día le trasladé tanto a Carlos Caserio, ministro de Gobierno, como al propio gobernador Juan Schiaretti en la reunión que mantuvimos. “Queremos tener independencia para nombrar al equipo de trabajo y fondos para poder desarrollar verdaderamente una acción preventiva fuerte. Además tiene que quedar claro que aceptar este cargo no significa que el peronismo nos está cooptando”. En ese momento, el Gobernador me remató con una frase que me dejó tranquilo: “Sebastián, vos estás jugando tu carrera en esta decisión. Pero yo estoy jugando mi gobierno. Si éste fue uno de los principales anuncios de mi discurso a la Legislatura hace una semana, te imaginarás que no voy a dejar luego que no cumpla las expectativas”. Otro elemento de la conversación me resultó decisivo: “Sebastián, estamos buscando no un técnico, sino un hombre político que sea capaz de hacer que las cosas pasen en esta área en la que está todo por desarrollarse”. Dos cuestiones se colaron en el acuerdo que luego fueron un dolor de cabeza diario. La primera: “Para que no te veas involucrado en el manejo de dinero, vas a depender de la administración central del Ministerio de Gobierno”. Me pareció una alternativa ideal, dado los temores de sufrir actos de corrupción o desviaciones administrati- vas en la Secretaría, sin poder detectarlos, como ocurre en muchos organismos. Para esta experiencia inicial de gestión pública me resultaba muy atinado. La realidad es que, luego, debería andar pe-

34. Sebastián García Díaz34 nando por los pasillos del Ministerio, moviendo gruesos expedientes que van de una oficina a otra, hasta para comprar una lapicera. La velocidad de esos expedientes depende del papelito amarillo con la palabra “urgente” que le ponga el propio ministro o su grupo de confianza. (De más está decir que mis expedientes nunca tuvieron ese papelito pegado). La segunda cuestión fue peor: “Hay una chica muy técnica que puede acompañarte como subsecretaria y que ha sido hasta ahora la Directora de Prevención. Es de bajo perfil, te va a ayudar. La acom- paña un grupo de médicos y psicólogos que hemos contratado y que podrían sumarse”. Acepté sin saber que luego Elena Domínguez –de ella se trata– sería el mascarón de proa de Caserio y la quinta colum- na para condicionar el día a día de mi gestión. Se trataba de una radical devenida en peronista, que había sido activista en las elec- ciones de Villa Allende, junto a un candidato apoyado por el peronismo. Como pago de favores había ingresado a las filas del ministro Caserio. Por supuesto que mi aceptación del cargo –vale la pena dejarlo por lo menos sentado– fue motivo de una larga charla con mi mujer, quien, a pesar de apoyarme desde siempre, se atemorizaba por el cargo de luchador contra el narcotráfico. “Tengo miedo por nuestros hijos”, me decía. Yo compartía ese miedo, pero dada la circuns- tancia, mis palabras sólo transmitían tranquilidad. Otro tanto ocu- rrió con mi trabajo profesional en la empresa familiar, donde me venía desempeñando desde hace años como uno de los directores. El día de mi asunción, la Sala de Situación estaba repleta de todo tipo de gente. Amigos, familiares, miembros de Primero la Gente, enemigos sorprendidos que fueron a curiosear y algunas personas del gobierno preparados para empujarme al vacío en cuanto vieran un error, enojados por no haber sido ellos los designados en el car-

35. Favelización de Córdoba 35 go. “Hace años que sirvo al peronismo y soy subsecretario. Vos, que llegás ahora, ya sos secretario. La verdad que tu nombramiento, me da por el centro de los…” me dijo uno de los funcionarios al pasar. Mientras caminábamos de la oficina del Gobernador a la Sala de Situación y unos metros antes de ingresar, Schiaretti me indica que lance –en mi discurso inaugural– la novedad de la construcción de un Centro Integral de Tratamiento de las Adicciones en el ex edificio Minetti, junto a la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Córdoba. Sorprendido le pregunté si esto estaba confirmado. La secretaria de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Raquel Krawchik, y el ministro de Salud, Oscar González, advirtieron que los equipos estaban trabajando, pero que hacían falta unos dos millones de pesos para avanzar. Schiaretti dio el visto bueno y me dijo: “Largalo vos”. Sin embargo yo no me sentí conforme y durante el discurso no dije ni una sola palabra, esperando tener más precisiones. Unos meses más tarde, el propio Schiaretti anunciaría esta obra, ante un Teatro San Martín repleto de dirigentes, en ocasión del lanzamiento de la Red Social de Prevención Córdoba Libre. Sin embargo, de esa obra no hay nada, al día de hoy. Durante mis palabras de asunción, adelanté lo que serían nuestras líneas fundamentales de acción que ya veníamos trabajando desde hace tiempo con los equipos de Primero la Gente. En realidad no eran ideas que se nos hubieran ocurrido a nosotros. Era una con- junción de las experiencias positivas que ya se habían realizado en otros países como Estados Unidos, España y Chile. Nuestra tarea había sido adaptarlas a la realidad local. En ese marco lancé la propuesta de trabajar fuertemente en los colegios la tarea de prevención y conformar una Red de Jóvenes que hagan las veces de pares–guías, referentes positivos entre su grupo de amigosycompañeros,puestoqueentendía(yentiendohoy)eslamejor

36. Sebastián García Díaz36 manera de realizar prevención en los adolescentes. Para rematarlo con unaideafuerzaanuncié:“Quierounsecretarioantidrogasencadacurso de cada colegio de la Provincia de Córdoba”. Sin duda fue un error de comunicación. Al otro día, los medios de prensa tomaron mi idea, no desde el punto de vista de la preven- ción, sino distorsionada hacia la lucha contra el narcotráfico. La confusión fue potenciada por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano. Con el correr de los días me enteré de que mi cargo le había sido ofrecido. El hombre, al parecer, estaba dispuesto a pegar duro al que estuviera en “su” cargo. Esa mañana el fiscal sale por todos los medios a decir que no veía conveniente mi propuesta de armar una “Red de Delatores” en los colegios, porque los chicos no estaban para cumplir esa función. Se- mejante afirmación dio pie a un efecto dominó de distorsiones repeti- das por periodistas, algunos de ellos de renombre. El conductor de un programa radial de la mañana, afirmó sin ningún empacho que mi iniciativa era completamente descabellada y el periodista de uno de los noticieros televisivos locales más vistos, llegó a sentenciar categó- rico que él no autorizaría a su hijo a participar de esta red. ¿Cómo era posible que alguien pensara, en su sano juicio, que estábamos dispuestos a organizar una red de delatores con jóvenes menores de 18 años en los colegios de Córdoba? Dejando sentada la mala fe de algunos otros opinólogos que sa- lieron a sumarse a la confusión, debo decir que esa experiencia me confirmó –sin embargo– las graves distorsiones que la propia gente común tiene sobre las adicciones y en particular sobre el consumo de droga. El “abordaje policial” a la problemática es muy fuerte en la ma- yoría de las personas. Durante el correr de los meses, cuando convo-

37. Favelización de Córdoba 37 cábamos a participar –en barrios, con profesionales, con docentes, con funcionarios y con personas dispuestas en general–, la mayoría entendía que el fin estaba más relacionado con hacer un listado de lugares donde se vende droga, hacer escraches a los vendedores de la zona, o acciones de colaboración y apoyo con la Policía, que con lo que específicamente hace a la prevención. Incluso la palabra prevención para muchos está más vinculada a “prevenir que no se venda droga en la zona” que a colaborar para que los chicos no caigan en la tentación de consumirla. Tuvimos que trabajar intensamente, en esa línea, para conven- cer a nuestros interlocutores de que la prevención estaba directamente relacionada con la contención de niños y jóvenes, fundamentalmente a través de acciones preventivas. Esto es: canalizar sus ener- gías y su tiempo libre, mantenerlos en el sistema educativo y no echar- los, enseñarles habilidades laborales, acercarlos a la cultura, al de- porte, y todo aquello que ayude a los chicos a formar su personali- dad, tener un proyecto de vida y resistir a la presión del grupo. Luego de asumir, el encuentro con el equipo que ya tenía la repar- tición y con la flamante subsecretaria, Elena Domínguez, fue, como era de esperar, “de manual”. Escuché de su parte, una presentación exageradadeplanificacionesyposicionessupuestamentetécnicas,pero que en realidad transparentaban que estaba todo por hacer. En verdad en Córdoba desde la órbita pública no se había hecho nada sistemático. Todo había que construirlo de cero y con la escala adecuada para producir un impacto preventivo suficientemente fuerte como para revertir tendencias sociales en aumento. Sobre nuestro escritorio había una semilla interesante que era el Programa de Prevención Quiero Ser, ofrecido por la órbita nacional (SEDRONAR), tomado de la experiencia de Chile y que había sido instrumentado como prueba piloto en algunas escuelas de la

38. Sebastián García Díaz38 ciudad. Lanzar ese programa con la escala y la profundidad adecuada era claramente un objetivo prioritario. Por esos días ya comenzó a forjarse, lamentablemente, una es- pecie de comando paralelo dentro de la Secretaría, fogoneado por el propio ministro Caserio y varios miembros de este equipo hereda- do, capitaneado por “Ely” –así la llamaban todos a la subsecretaria– quienes se encargaron de hacerme parir cada decisión que no sur- giera de ellos mismos. Pero en ese momento, como secretario –y aunque parezca mentira– mis problemas eran mucho más pedestres. De hecho no tenía ni oficina. Caserio me advierte: “Buscate una vos, porque si no vas a estar todo el año sentado en los pasillos”. El antecedente que todos los empleados del Ministerio me señalaban para alarmarme era el nombramiento del arquitecto Guillermo Irós al frente del Instituto de Planificación del Area Metropolitana, silla en la que recién pudo sentarse seis meses después, cuando le consiguieron una oficina. Finalmente yo estuve el mismo lapso –seis meses– para poder tener la mía propia. Nuestra gente se acomodó literalmente en las sillas de los pasillos del Ministerio de Gobierno. Había muy buena voluntad de parte de todos los empleados de las distintas oficinas. Incluso nos ofre- cían “mate y criollos”. Pero lo real era que sufríamos una precariedad extraordinaria en los aspectos operativos básicos. La primera reunión formal con el ministro Caserio marcó cómo sería la relación hasta el final. Confeccioné una presentación minu- ciosa de lo que pretendía hacer, pero cada punto fue condicionado fuertemente por él. En verdad el plan inicial era simple y compacto. Si éramos capaces de extender Programas de Prevención a todo el sistema educativo, organizar a la juventud en un sistema de pares–guías e

39. Favelización de Córdoba 39 institucionalizar la coordinación de los esfuerzos de la comunidad para lograr un trabajo en red, podríamos dejar una base sólida a nivel preventivo en esta etapa fundacional. A esto le sumábamos nuestras propuestas de asistencia y el objetivo de formar el Consejo Provincial de Lucha contra el Narcotráfico para coordinar los esfuerzos dispersos y definir la política pública en la materia. Caserio, sin embargo, no era un hombre fácil. Mientras discu- tíamos qué se podría hacer y qué no, el ministro atendía su teléfono y a cada uno iba insultando, presionando, gritando e incluso amena- zando con una naturalidad que no dejó de sorprendernos a todos los que estábamos presentes. Para mis adentros y conociéndome pen- saba: “Si me llega a tratar de esa manera a mí, creo que mi rol de secretario va a durar poco”. Sin embargo, conmigo siempre se cuidó de los maltratos, tal vez intuyendo cuál sería la reacción. Los interlocutores a los que maltrataba no eran cualquier persona. Eran desde operadores y dirigentes políticos locales y nacionales hasta altos jefes de las fuerzas policiales, y otros funcionarios importantes. Sin duda Caserio era un hombre de poder y yo había sido puesto bajo su órbita para controlarme. Cuando al final de la reunión le pedí un presupuesto concreto para poder moverme, Caserio me aclaró cómo sería la cosa: “Vos andá presentando iniciativas y si vemos que son correctas vemos cómo conseguir recursos”. La excusa era que la Secretaría había sido creada después de sancionar el presupuesto y que, por tanto, había que tener paciencia hasta la próxima sanción. En ese momento, yo no imaginé que el día de la sanción del presupuesto 2010, una orden de Casa de Gobierno indicaría a los legisladores oficialistas que no me dieran un peso más de lo que había gastado durante esos meses y que había sido poco, al haber dedicado mucho esfuerzo a la constitución de la Secretaría.

40. Sebastián García Díaz40 Las cosas no empezaban bien. La mayoría de las iniciativas que presentaba no iban a poder ser desarrolladas. Pedí una reunión con el gobernador Schiaretti, quien me recibió con todos los ministros. Cuando empecé a comentar el plan, Schiaretti se puso de pie “oportunamente” y se retiró. Los ministros, y un equipo de su- puestos asesores de estrategia y marketing, fueron los encargados de condicionarme para que no volara demasiado alto en el comien- zo. No quiero simular ser un ingenuo. Sabía que había poco dinero en el Gobierno Provincial y que deberíamos trabajar con poco presupuesto. Eso no me molestaba. Trabajamos, de hecho, como si la plata fuera de nuestros propios ahorros. Entendía también que la excesiva “prudencia” de Caserio y de todos los otros ministros se debía fundamentalmente a esto (“Sebastián, no hay un mango” me dijo uno de ellos a la salida de una reunión). Pero una cosa es trabajar con limitaciones propias de la austeridad y otra que los obstácu- los comenzaran a surgir por no tener la menor intención de hacer lo que hay que hacer. Un ejemplo de lo que se discutió en esa reunión con ministros y asesores puede servir como muestra. Teníamos –como señalé– el Programa de Prevención Quiero Ser que ya había sido probado en 50 escuelas. El objetivo ahora era extenderlo por lo menos a todas las escuelas de la Capital y a ciertos puntos de la Provincia. Pero en esa reunión se concluyó que era prudente sólo duplicar el número. Cien escuelas en el contexto de más de 4.000 escuelas provinciales era realmente poco. El proceso de propagación de los programas preventivos se iba a hacer muy largo. Más allá de estos primeros contratiempos, me pareció prudente seguir. Al final de cuentas nadie había dicho que sería fácil. En los días siguientes la tendencia de esa reunión ministerial fue confirma-

41. Favelización de Córdoba 41 da en reuniones ministro por ministro, en las que fui acompañado por Caserio. En todos los casos –en asistencia a adictos, en acciones preventivas para menores, en campañas de prevención, etc.– la con- clusión era: vamos despacio. Lo que nunca pensé en ese momento –más allá de que estos tiempos señalados ya me ponían nervioso– era que despacio en muchos casos significaría no hacer nada. El nombramiento de los directores fue todo un proceso. Vale contar esta anécdota porque involucra a quien hoy es el nuevo secretario. En aquel momento, a pesar de que me habían garantizado que yo podría nombrar mis colaboradores con libertad, Caserio sugirió con insistencia que designara a Juan Carlos Mansilla como director de Investigación y Capacitación. Más allá de los cuestionamientos que recogía en el ambiente académico sobre esta persona, mi mayor problema era que, al averiguar mayores antecedentes, advertí estaba ante un defensor público de la despenalización de la tenencia para el consumo, lo que suponía una posición completamente contraria a mis convicciones más profundas. Además Mansilla es partidario de la Teoría de la Reducción de Daños como Política Pública, que significa renunciar al mensaje de que no se consuma drogas, y contentar- se con el mensaje de evitar los riesgos que trae aparejado dicho consumo. En mi caso, sólo aceptaba dicha teoría para acciones muy puntuales, pero no como política general. Por último Mansilla se mos- traba contrario a profundizar en la lucha contra el narcotráfico y acon- sejaba concentrarse sólo en la prevención (como luego propuso ya como secretario sucesor en el cargo). Frente a estas diferencias, tenía la posibilidad de recordar la con- dición inicial puesta sobre la mesa de negociación de nombrar yo a todos mis colaboradores directos. Pero me pareció mejor moverme con prudencia y ejercer una presión implícita para que él mismo no quisiera sumarse.

42. Sebastián García Díaz42 Afortunadamente eso fue lo que ocurrió. El propio Mansilla de- sistió de incorporarse sin necesidad de pelear la partida y pude de- signar a una excelente colaboradora, de vasta experiencia, la psicopedagoga Susana Guiñazú, quien pudo acompañarme durante los primeros meses. Luego renunció lamentablemente, a mi modo de ver cansada de los tironeos que se producían por el doble comando que me había organizado dentro de la Secretaría el propio Caserio con la subsecretaria Domínguez. Adelanto un dato muy decidor: Susana Guiñazú renunció como directora en agosto, y sin embargo hasta el día de mi propia renuncia a finales de febrero nunca más pude lograr que se nombrara a un nuevo director en un área fundamental como es la Investigación y la Capacitación, pilares de la prevención, que quedó huérfana. La cues- tión no sería tan grave si no fuera que, en paralelo, una joven psicó- loga recién recibida que llegó al gobierno recomendada por un alto funcionario kirchnerista, fue nombrada en mi Secretaría en menos de 24 horas. La primera semana de gestión terminaba con una charla áspera con Caserio en el pasillo del Ministerio de Gobierno (por ahora mi oficina natural). “Movete con cuidado porque acá en el gobierno hay mucha gente que no está de acuerdo con tu nombramiento. Dicen que vas a ser el “Juez” de Schiaretti”. Caserio estaba haciendo men- ción a lo que le ocurrió al entonces gobernador De la Sota, que fue quien catapultó a Luis Juez como Fiscal Anticorrupción y más tarde fue su mayor dolor de cabeza. En este caso me estaba advirtiendo con “sutileza” que no estaban dispuestos a que les pasara lo mismo conmigo. Yo le respondí muy tranquilo: “Soy leal y no soy Juez. Sólo quiero advertirte que he dejado mi trabajo privado y he venido acá para que las cosas pasen. No vengo a calentar sillas”.

43. Favelización de Córdoba 43 Caserio intuía que un hombre como él tendría serios problemas con una persona como yo, como de hecho sucedió. Su impronta era no hacer nada que alterara el statu quo, o hacer lo mínimo posible que fuese estrictamente necesario. Mi lógica, por el contrario, era completamente distinta y se lo decía a todos los que me esperaban en cada esquina con un reproche escéptico: “No te van a dejar hacer nada y mucho menos Caserio”. En efecto, el ministro que me había tocado como superior jerárquico, tenía (y tiene) una reputación muy cuestionada en numerosos ámbitos. “Voy a tratar de hacer mucho – repetía–. Si no, me voy”. Una última anécdota pequeña da cuenta de que, en realidad, no podría confiar en nadie, ni en el más humilde de los ordenanzas. En los primeros días como secretario, al no tener lugar fijo donde esta- blecernos, solicito la Sala de Situación del Ministerio. Mantengo la reunión con representantes de las fuerzas de seguridad y luego –sin quererlo– me llevo la llave de la sala en el bolsillo del saco. Al otro día, cuando abro el diario, un apartado indicaba que yo había gene- rado un revuelo grande en el ministerio al llevarme el llavero.

45. Favelización de Córdoba 45 3. Un Consejo antidrogas que nació muerto La principal expectativa que despertó la creación de la Secreta- ría en la ciudadanía era que haría algo para detener la venta de droga, que está creciendo como hongos en los barrios de Córdoba. Cómo sería la instalación en el imaginario que no había persona que no me aconsejara tener cuidado con mi familia o pedir custodia policial, o que me presagiaran que mi celular y mi correo electrónico ya estarían seguramente intervenidos, y que corría peligro. Lo cierto es que uno no puede desarrollar políticas para disminuir la demanda de sustancias si a la par no pone el mismo empeño en disminuir la oferta. Todos los técnicos, incluso los que invitamos de otros países como Chile para asesorarnos, nos confirmaron esta premisa de trabajo. A los pocos días de asumir, secuestraron en España un carga- mento de drogas en empaques de molinos de viento que habían salido desde Córdoba. Esos cargamentos llevaban 2.000 kilos de cocaí- na valuados en más de 20 millones de euros. La gravedad del hecho indicaba que no podríamos perder el tiempo en pequeñeces. Mi primera acción fue presentar el organigrama de la Secretaría en la que se contemplaba una Dirección de Coordinación en la Lu- cha contra el Narcotráfico. Había reunido un equipo de hombres muy valiosos y muy experimentados en la materia –policías y mili- tares retirados, técnicos y expertos de las universidades y también de centros de estudios–, dispuestos a colaborar en la fundación de la Secretaría. Sin embargo, Caserio me repitió una y otra vez que era mejor –en una primera etapa– que yo, en persona y no un director, llevara

46. Sebastián García Díaz46 adelante esta cuestión, porque los referentes de las distintas instituciones no iban a aceptar segundas y terceras líneas, sino que que- rrían hablar directamente conmigo. Aunque no estuve de acuerdo con esa decisión porque le quitaba peso y profundidad a la gestión, decidí aceptar su “sugerencia”. La subsecretaria Domínguez y el equipo que la acompañaba, me aclararon desde el primer momento que ellos no querían tener nada que ver con esta faceta de la lucha contra el narcotráfico. “Nosotros, prevención, vos te dedicás a esos otros aspectos” repetían. Por lo tanto, me encontré bastante solo, pero encaré la cues- tión sin demora. Era necesario convocar con urgencia a todas las instituciones involucradas en la lucha contra el narcotráfico. El desafío no era menor. Hablamos de instituciones de mucha rai- gambre como la Policía Federal o la Gendarmería y de personajes complejos como los que integran la Justicia Federal. Dediqué el primer mes a visitarlos uno por uno, presentarme, tomar contacto, escuchar sus sugerencias y planteos y tomar debida nota de sus propias urgencias. El balance, al final de esa primera ronda de consultas, era favo- rable. Tanto la Policía de la Provincia como la Federal, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y la Aduana se mostraron muy dispuestos a integrar un equipo de trabajo conjunto que ordenara las políticas públicas que debían promoverse desde la órbita provincial y que debían exigirse a la órbita nacional. El problema era la Justicia Federal. Allí me topé con el desafío de no tener una autoridad centralizada. Algunos mostraban una pre- disposición completa a colaborar. Otros, como el fiscal Gustavo Vidal Lascano o la secretaria penal Liliana Navarro, subieron la guardia desde el primer momento, tomando mis gestiones como una verda- dera intromisión en sus competencias. “Dedíquese a la prevención y

47. Favelización de Córdoba 47 no se meta en este tema que es competencia absoluta de nosotros”, me indicaban. En su respuesta y en sus advertencias, ya podía vislumbrar una de las razones por las que no se podía avanzar en la formulación de políticas eficaces: todo quedaba subsumido al caso por caso, propio de la dinámica de Tribunales. En realidad, algunos de estos interlocutores eran más parte del problema que de la solución. Tengamos en cuenta que a nivel nacional de 12.981 causas (tomando el año 2007 como el último año que informa la Oficina de Investigaciones y Estadísticas Político-Criminales de Ministerio Pú- blico Fiscal) la Justicia Federal sólo condenó en 1.116 de ellas. Dicho en porcentajes sólo el 8% de los detenidos fue efectivamente conde- nado. En el caso de Córdoba los delitos investigados fueron 1.164, de los cuales solo recibieron condena 86 de ellos. A la hora de ir al detalle de las condenas se advierte que en la mayoría de los casos, son causas menores y no grandes narcotraficantes. Sin embargo, y a pesar de todo, no quise demorar más y con- voqué con un mes de antelación a una reunión en la Sala de Situa- ción de Casa de Gobierno, con llamados por teléfono y citaciones formales por carta. Obtuve una respuesta contundente: todos ven- drían a la cita incluidos fiscales y jueces de primera instancia de la Justicia Federal. Viajaron desde Buenos Aires para el encuentro representantes nacionales de las fuerzas federales con asiento en Córdoba. Consciente que me movía en un terreno complejo, de todo lo que hacía mantenía al tanto por llamados celulares o por mensajes al ministro Carlos Caserio, quien ya me demostraba en esos días, que tener reuniones presenciales con él resultaba prácticamente imposible. Al día de mi renuncia al cargo, la cantidad de reuniones que mantuvimos no habrán sido más de seis.

48. Sebastián García Díaz48 Lo curioso es que comencé a notar en Caserio un espíritu esqui- vo hacia esta iniciativa de crear un espacio de reflexión común, un Consejo de Lucha Contra el Narcotráfico. Aunque en una primera instancia me había dado el “OK” para avanzar en esta organización, a las pocas semanas me demostraba que el asunto no le interesaba. El momento crucial fue una semana antes, cuando me confirmó que ni él ni el Gobernador asistirían a esta primera reunión, tal cual yo lo había solicitado, para demostrar públicamente el aval frente a instituciones tan complejas como las que serían nuestras contrapar- tes. El faltazo de ambos me pareció inconcebible, pero como ya estaba todo organizado y tenía la confirmación de todos los invitados, decidí avanzar solo. El jueves anterior a la reunión, el desayuno se me atraganta, cuando abro el diario y leo que idéntica reunión a la citada se había realizado el día anterior, por iniciativa del fiscal Vidal Lascano, en de- pendencias de la Justicia Federal. El asombro era doble: primero por la reunión, y segundo por no haber sido invitado, siendo que él había recibido mi invitación oportunamente. ¿Para qué duplicar esfuerzos? No había otra razón que adelantarse para ganar protagonismo, por celos o para complicar mi convocatoria. Guardé la anécdota mascullando bronca, por la evidente “jugada política” que se había mandando el funcionario judicial, y decidí seguir. Nuestra reunión de la semana siguiente fue tremenda. Frente a las fuerzas de seguridad en un silencio absoluto, el fiscal Vidal Lascano –que llegó tarde– se dedicó a destruirla sin disimular su saña. Argumentó que conformar un Consejo era una locura. Que la Justicia ya interactuaba con cada fuerza en los diversos casos espe- cíficos. Que este ámbito lo único que haría sería infiltrar informa- ción y que nosotros nada teníamos que hacer en esta materia.

49. Favelización de Córdoba 49 Con indignación contenida, pedí a nuestro director de Coordi- nación Institucional, Luis María Caballero, que leyera los artículos de la flamante Ley 9.600 que en numerosos párrafos nos marcaba nuestra obligación de sistematizar la coordinación de esfuerzos y la interacción con las fuerzas involucradas así como la promoción de políticas públicas comunes en la materia. Pero Vidal Lascano había venido, al parecer, con la idea fija de no dejar ni el más mínimo atisbo de organización de este Consejo naciente. El funcionario judicial remató hacia el final, con tono entre irónico y despectivo: “Si tenés algo para aportar, Sebastián, venite cuando quieras a la Justicia Federal y te invitamos un café”. Frente al ataque, lamentablemente, los representantes de las fuerzas policiales y de seguridad decidieron mantenerse callados. Indudablemente a la reunión le había faltado el apoyo político necesario para poder continuar. Así empezó nuestro intento por ordenar la lucha contra el narcotráfico en Córdoba. Frente a semejante fracaso, tenía dos posi- bilidades políticas: aceptar que en lo que hace a esa lucha éste y otros funcionarios judiciales me harían la vida imposible y olvidarme de sumar logros en la materia o, por el contrario, dar batalla. Con el equipo más comprometido de la Secretaría elegimos lo segundo. Anuncié en el diario La Voz del Interior las medidas que los técnicos en la materia me habían señalado como urgentes y que yo había previsto consensuar en ese Consejo nonato. El artículo de media página, generó impacto. “Quiere ‘radares en el cielo y perros en la tierra’, quiere darle mayores poderes a la Policía y que se realicen allanamientos masi- vos para ‘extirpar la droga en un barrio completo’ y dice que si se despenaliza el consumo de drogas, renuncia”. Comentaba el artícu- lo. “Esas son algunas de las ideas de Sebastián García Díaz, al cum-

50. Sebastián García Díaz50 plir un mes de asumir en la recién creada Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia”. Al poco tiempo redacté un artículo que fue publicado en el mismo diario y tenía como destinatario a la propia Justicia Federal. Un modo indirecto de ejercer presión para que esa institución compren- diera que mi idea era avanzar a fondo. El título del diario era suge- rente: “Terminemos con la droga de la impunidad”. Aquí transcribo los principales párrafos: Terminemos con la droga de la impunidad1 Quiero proponer a los cordobeses un principio que guíe las Políticas de Estado en la prevención de la drogadic- ción y la lucha contra el narcotráfico en la Provincia de Córdoba. Se trata del principio fundamental de la responsabilidad individual: hacernos cargo de nuestra propia vida, las acciones que llevamos adelante y las consecuencias que producimos, más allá de las condiciones físicas y sociales que nos tocaron en suerte. Desde el punto de vista de la demanda, los niños y los jóvenes deben recibir un mensaje claro de nuestra parte. Son libres, y no los podemos subestimar. Pero la libertad tiene consecuencias y por tal motivo, acepta los límites. Si todo el tiempo los estamos justificando por la sociedad individualista, consumista, corrupta y fragmen- tada que les hemos hecho vivir, no estamos forjando protagonistas, sino pacientes (reales o en potencia). Ni un ejército entero alcanzará para controlar que no se alcoholicen o se droguen a escondidas, aduciendo las mil y una excusas. La mejor prevención, entonces, es darles certezas de que los premios existen y también los castigos. Que a la 1 Publicado en el diario La Voz del Interior el 27/04/2009.

51. Favelización de Córdoba 51 hora de decidir sepan que no es lo mismo esforzarse que hacerse el vivo, buscar un proyecto de vida –estu- diar y buscar trabajo– que pasarse cuatro días a la semana de “joda”. Este mensaje debe ser para todos, más allá de circunstancias familiares o sociales. Está claro que para algunos, las oportunidades son muy distintas que para otros. Pero los engañamos, si convalidamos el “escaparse de la realidad” con esa excusa. Porque la vida, finalmente, es lo que cada uno pueda llegar a ser y a hacer, con lo que le tocó. Nuestros abuelos inmigrantes son un buen testimonio de esta realidad. El desafío es mucho más claro respecto a los que ofrecen droga a nuestros hijos. ¿Por qué en Córdoba se han multiplicado los lugares de venta de sustancias ilegales de una manera sorprendente? Muchos señalan a la pobreza y la exclusión social como causa. En mi caso, estoy convencido que el detonante pasa fundamentalmente por la impunidad. Una inmensa mayoría que se decide a vender porque percibe que no lo perseguirán ni lo castigarán. ¿Está claro que no son sólo los pobres los que abren bocas de expendio? No estigmaticemos a los barrios marginales, enfocando en ellos todas las miradas. El campo cordobés, que ha vivido sus mejores años, ha visto crecer este flagelo en las prósperas ciudades del interior y lo mismo ha ocurrido con los barrios cerrados de Córdoba. Aquí la diferencia debe marcarse, no entre ricos y pobres, sino entre malandras y gente decente. Si al que vende en Villa Paez, Colonia Lola, San Vicente o Bella Vista lo justificamos porque no tiene otro sostén posible y demoramos su persecución porque el Estado no puede garantizarle otras oportunidades ¿entonces qué mensaje recibe el hombre honesto que vive a su lado –la gran mayoría de sus vecinos– y que no caen en esa misma tentación, sino todo lo contrario, se siguen rom- piendo el lomo para tratar de conseguir el pan de cada día por derecha? En Córdoba, han crecido los “kioscos” que venden dro-

52. Sebastián García Díaz52 ga y hay barrios enteros tomados por las redes de narcotráfico, insisto, porque sienten que jamás les cae- rá la justicia encima. Incluso se jactan de que, si en el peor de los casos, los captura la Policía –después de cumplir con las exigencias de un engorroso proceso de pruebas y escuchas– es altamente probable que no los juzguen o que un buen abogado los haga pasar por sim- ples tenedores. La Justicia Federal, institución a la que le compete en forma directa la investigación judicial y el juzgamiento de los narcotraficantes, debe redoblar sus esfuerzos por cumplir la tarea y hacerlo con mayor velocidad y eficacia. Ha llegado la hora de que asuman el desafío, con otra escala, con otra impronta y con otra estrategia. Así como llevaron adelante la tarea extraordinaria de juzgar los delitos de lesa humanidad de cara al pasado, así también ahora, están llamados a dar un salto cualitativo en esta lucha que compromete nuestro futuro. Todos los cordobeses –incluidos los que trabajan en el fuero federal– debemos exigirle al Gobierno Nacional mayores recursos materiales y humanos para combatir como corresponde el tráfico de droga en la provincia. En lugar de confundirnos con iniciativas como la despenalización del consumo, desde el Poder Central deberían darnos las herramientas para lograr que Cór- doba no llegue a ser nunca Río de Janeiro, Medellín o Juárez (México). Hay que actuar ya, cuando todavía no es demasiado tarde. Como Secretario, no sólo de prevención de la drogadic- ción, sino también de lucha contra el narcotráfico, nece- sito ir de la mano de la Justicia Federal, a los barrios donde “todos saben que se vende droga” para, junto a la policía y a las fuerzas federales de seguridad, actuar con firmeza y con celeridad, en el marco de la Ley. Sin los fiscales y los jueces, es difícil dar respuesta. Juntos debemos hacer planteos enérgicos a la Nación, sobre la necesidad de radarizar el territorio y legislar para que podamos detener las avionetas que traen drogas en vuelo, o camiones que transportan toneladas de sustancias ilegales por el territorio de la provincia. Juntos

53. Favelización de Córdoba 53 debemos buscar formas legales de agilizar, sin violen- tar los derechos individuales, el proceso para encarce- lar por comercialización a los “kioscos”. Que los narcotraficantes de Córdoba reciban un claro mensaje de que se acaba la impunidad. Y que el que vende droga, no importa si es rico o pobre, vendedor al menudeo o gran traficante, tendrá su merecido, como así también el que le vende alcohol a menores o incluso a mayores hasta quedar desmayados en el suelo frío de la madrugada (¿somos conscientes los cordobeses que el alcohol es una droga tanto o más peligrosa que las demás, por sus consecuencias y su extensión cada vez mayor a toda la juventud?). He intentado conformar un Consejo de Lucha contra el Narcotráfico para lograr la coordinación. Pero algunos miembros de la Justicia Federal se han negado a participar. ¿Debo librarme de la presión, diciéndoles a los vecinos que me acercan denuncias, que vayan directamente a la barandilla del edificio de la ciudad universi- taria? Creo que es mucho más responsable, que todas las partes involucradas nos pongamos de acuerdo en torno al principio y la estrategia que nos va a guiar en la lucha que tenemos por delante. No es la única tarea pendiente: hay un largo listado de políticas en materia de prevención y asistencia. Pero que una cosa, no demore la otra”. Este artículo tuvo un impacto certero en el ámbito de la Justicia. Catorce integrantes de esta institución le solicitaron una reunión urgente al Gobernador para exigir mi renuncia (no voy a poner aquí los nombres de cada uno para no hacer una caza de brujas). Luego se reunieron con el ministro Caserio, quien los tranquilizó un poco. El mensaje había llegado a donde tenía que llegar y había calado hondo. Sin embargo, allí vino la segunda demostración de falta de apoyo político del Gobierno hacia mi gestión. Caserio tuvo su segunda

54. Sebastián García Díaz54 reunión conmigo para reprocharme por esta acción y pedirme que no me metiera más en el tema de la Lucha contra el Narcotráfico. “No queremos tener quilombos con nadie y mucho menos con la Justicia Federal donde hay amigos. No avances más con este tema. Dedicate a la prevención y esta cuestión dejala completamente en manos de la Policía porque vos no podés hacer nada desde una Se- cretaría Provincial”. En ese mismo momento, el ministro de Gobierno me adelantó su idea de extirpar al nombre de la Secretaría la referencia a la “lucha contra el narcotráfico” para evitar que en adelante alguien pueda creer que este organismo podría hacer algo al respecto. “Si esto depende del Gobierno Nacional, ¿por qué vamos a tener que comer- nos nosotros el costo político de intentar hacer algo?”. Evidentemente el humor hacia mi persona había comenzado a cambiar en el Gobierno. Mis iniciativas sobre este tema y también sobre la regulación del consumo de alcohol mediante el control de la oferta comenzaban a molestar y mucho. De hecho, esta orden de no hacer nada en la lucha contra el narcotráfico no sólo contrariaba los artículos de la Ley 9.600 que ellos mismos habían hecho sancionar, sino que además contradecía manifestaciones públicas que el propio Caserio había hecho a los medios días antes de que se creara la Secretaría. Por dar un solo ejemplo, el 4 de febrero de 2009, en un extenso artículo en el diario La Voz del Interior, el propio ministro decía, mucho antes de que yo apareciera ni siquiera como una posibilidad: “Luchar contra la droga es una política de Estado”. El artículo agre- gaba: “para el ministro Caserio el nuevo organismo surge como la necesidad de dar respuestas a la lucha contra el tráfico de drogas. ‘El narcotráfico es un flagelo que preocupa en el país y el resto del mun-

55. Favelización de Córdoba 55 do. En Córdoba las fuerzas de seguridad, la justicia federal y el Go- bierno provincial trabajan de manera conjunta desde siempre. Pero como para nosotros la lucha contra la droga es una política de Esta- do, el gobernador está convencido que esta secretaría servirá para mejorar este trabajo mancomunado entre todos los organismos involucrados’”. En definitiva, el perfil de la Secretaría no lo había marcado yo, sino ellos. Pero ahora, a la hora de las decisiones concretas, se arre- pentían de haber creado esas expectativas. Aunque Caserio había sido terminante, decidí seguir forzando la participación de la secretaría en la cuestión del Narcotráfico, todo lo que me fuera posible, porque me resultaba inconcebible enfocar- nos en la prevención, pero dejar a la deriva todo lo que había que hacer a nivel de lucha contra la venta de droga. En esa línea mantuve los contactos hechos con las fuerzas de seguridad, particularmente con la Policía de Córdoba y su división Drogas Peligrosas. Todavía quedaban repercusiones en los pasillos de esa División, de los numerosos datos que en persona habíamos acercado como ciudadanos los miembros de Primero la Gente, a finales de diciembre, luego de invitar a los cordobeses a canalizar sus denuncias anónimas sobre lugares donde se vende droga a la página de internet www.primerolagente.com.ar. Las denuncias superaron las 500, pero en ese momento decidimos presentar las que, a primera vista, resultaban más verosímiles. Recuerdo que el fiscal federal, a quien también presentamos esas mismas denuncias, reconoció por lo bajo que, en un solo ingreso, estábamos aportándole a la Justicia lo que en el natural devenir de esa institución se recopilaba a lo largo de 6 meses. Sin duda tanto para la Justicia como la Policía Provincial, la acción que llevamos adelante en ese momento había resultado para ellos un dolor de ca-

56. Sebastián García Díaz56 beza pues habíamos dejado al descubierto su propia falta de acción y de convocatoria a la ciudadanía a acercar información. Con esa aprehensión por parte de ellos comenzó la relación con la Policía Provincial, pero a poco de andar empezaron a confiar en mí, al ver que yo estaba realmente dispuesto a defender sus necesidades de recursos y de cambios estructurales para cumplir mejor su misión. Sin embargo era claro que ellos tampoco querían que nos metiéramos desde la Secretaría en su área de competencia. La verdad es que la División tenía oficiales voluntariosos pero trabajaban en una precariedad alarmante, tanto en lo que hace a recursos tecnológicos, humanos, organizacionales y de inteligencia. La lucha contra los pequeños kioscos le insumía el 100% de sus energías y con una o dos visitas, quedaba claro que la lucha contra los grandes narcotraficantes que operan en la provincia los exce- día. No voy a olvidar que en la primera reunión, uno de los superiores jerárquicos asignado a explicarme en detalle cómo operaba el área de inteligencia e investigación, después de intentar demostrarme que estaba “todo bajo control”, terminó por solicitarme, que intercediera para conseguir algunas computadoras un poco más modernas porque las que tenían no podían hacer correr programas básicos y se bloqueaban cada dos por tres. Por mi parte, no era un tema menor la desconfianza hacia la Poli- cía que me demostraba cada vecino que visitaba en las recorridas por los barrios. En todos los casos, la idea de que “los canas” apañan a los vendedores de droga del barrio es el común denominador de todas las quejas. “Si va a hacer algo con estos vendedores, le pedimos que no lo haga con los policías del precinto tal o de la seccional cual porque esos están enganchados” repetían en uno y otro lado, mientras me acerca- ban denuncias de lugares concretos de venta ilegal.

57. Favelización de Córdoba 57 Hice todo lo que estuvo a mi alcance para apoyarlos. Solicité un 0-810 para unificar en un solo canal todas las denuncias y asegurar que la gente pudiera hacerlas en forma anónima. Cuando obtuvimos el canal (el 0810–888–3368) dediqué recursos para imprimir más de 500 mil folletos que difundieran la existencia de esta alternativa y yo mismo me dediqué a distribuirlo en cuanto lugar me hacía presente. Luego trabajamos desde la Secretaría con la iniciativa de ampliar la posibilidad de denuncias también a los remedios ilegales que se venden en farmacias que incumplen o en kioscos y lugares clandestinos (la otra parte del problema). En esta acción trabajamos codo a codo tanto con el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba como con la Dirección de Farmacias del Ministerio de Salud y la propia Policía de Córdoba. Dejo asentada la buena voluntad de todos los funcionarios y profesionales de estas áreas e instituciones. Un hecho me marcó que realmente la voluntad de apoyar una división poderosa era nula. Allá por agosto del 2009 un periodista me llama para consultarme si sabía que, de los 20 autos con que contaba toda la División Drogas Peligrosas, 12 correspondían a prés- tamos que había hecho la Justicia Federal de vehículos involucrados en juicios. En una decisión insólita, la Secretaria Federal Dra. Liliana Navarro, les había sacado los 12 vehículos, dejándolos – como se dice en la calle– “a pata”. Respondí que nada sabía pero que averiguaría. En efecto, eso había ocurrido. Pero desde la Policía me pidieron que no hiciera nada, ni respondiera nada, porque temían otras represalias de la Justicia y del Gobierno Provincial, si el tema salía a la luz. No conforme con esta situación, llevé el reclamo hasta el Jefe de Policía y al ministro Caserio. Ambos me indicaron que cuando in- gresaran nuevos vehículos les darían algunos, pero no percibí que

58. Sebastián García Díaz58 hubiera sentido de la urgencia. ¿Cómo podía trabajar una división de 200 hombres con 6 autos (ya que 2 estaban rotos)? Hasta el día de hoy, y aun con autos que les han asignado, no han completado ni siquiera la flota inicial de 20 vehículos. Sin embargo, más allá de todos estos esfuerzos, en mi interior crecía la preocupación por ver que en un momento u otro, mi ges- tión en lo que respecta a la disminución de la oferta, quedaría inexo- rablemente condicionada y trabada por mis superiores que no pare- cían tener la más mínima intención de provocar avances sustantivos en la materia. La preocupación fue exponencial hasta el día 6 de noviembre, fecha en la que presenté el informe al Gobernador y al ministro, que resumía las falencias estructurales en la lucha contra el narcotráfico, listado que había logrado confeccionar y profundizar luego de 10 meses de reuniones con todos los sectores involucrados. El año se acabó y yo había pasado ya de la preocupación a la decepción. ¿Por qué el mismo gobierno que había creado esta secre- taría y le había puesto ese nombre rimbombante ahora se daba la vuelta para no hacer nada? Sin lugar a dudas si ésa era la línea polí- tica decidida (la del silencio y la de no “hacer olas”) se habían equi- vocado de funcionario.

59. Favelización de Córdoba 59 4. “Favelización” de Córdoba El informe presentado al Gobernador (que desencadenó mi ale- jamiento del cargo) hacía hincapié en un “incipiente proceso de favelización” de algunos barrios de Córdoba. Más allá de las destempladas respuestas, al final todos estába- mos hablando de lo mismo. Los que dijeron “todavía no están favelizados”, en la palabra todavía confirmaban la tendencia. En definitiva, hay una oportunidad en Córdoba de revertir un peligroso proceso de marginación social que han vivido otros países y que ya sufre el Gran Buenos Aires. Sin embargo, a la hora de discutir el cómo, la mayoría de las personas con las que interactuaba en el Gobierno se quedaban en las acciones preventivas, pero no se atrevían a llevar su mirada a los otros aspectos involucrados. La venta de drogas en un conjunto de barrios de Córdoba no se circunscribe a personas y puntos excepcionales, sino que comienza a involucrar a todo el grupo familiar y a un número importante y creciente de miembros de la comunidad. Así llega a convertirse en la principal fuente de ingreso de la zona. Con esos recursos incluso se realizan acciones solidarias (se paga la fiesta de quince de una familia, la prótesis de otra, se arregla el techo del salón comunitario, etc.). Organizan además su propio sistema de alerta, de tal suerte que es muy difícil que una persona extraña ingrese sin ser percibida como un riesgo potencial. Como Estado, el primer desafío es de seguridad. Proteger a las familias de la zona que todavía no han ingresado a esa red. La situa- ción para ellos no es sencilla. Viendo que la Policía ni la Justicia pueden protegerlos, o peor aún, que algunos de sus agentes están vincu-

60. Sebastián García Díaz60 lados o dan cobertura a estas bandas, se ven forzados a la conviven- cia y la integración. En mis recorridos por esas zonas, los padres me confesaban con dolor que veían cómo sus hijos comenzaban a reunirse con “malas juntas” en las esquinas, y que de a poco iban ingresando al círculo de la venta de drogas. “Pero es difícil mantenerlos separados de sus amigos, sin reunirse en ningún lado, cuando la mayoría está metida. A medida que el chico se hace grande, cada vez me cuesta más controlarlo” señalaban. Las instituciones que deben ocuparse de la lucha contra el narcotráfico se encuentran hoy sin herramientas legales para actuar con eficacia ante esta realidad. Pueden investigar casos puntuales (y aún esas investigaciones puntuales se hacen muy difíciles en estos barrios), pero lo que no hay es un procedimiento legal extraordina- rio para enfrentar procesos socializados de venta de droga. Por eso al cerrar un “kiosquito” hoy, a los dos días, se abre una nueva boca en la casa del lado. Desarrollar este procedimiento es una prioridad. De más está decir que no estamos proponiendo entrar a “sangre y fuego” ni nada que se le parezca. La acción debe ser realizada dentro del marco de la Constitución Nacional y Provincial y de la leyes procesales y de fondo. Pero las Fuerzas de Seguridad del Estado deben ser autoriza- das a realizar intervenciones extraordinarias para extirpar la red de venta de droga, extendidas en una zona, sin someterlos a sus agentes a un proceso burocrático de investigación y prueba de cada caso, para obtener la orden de allanamiento, que resulta imposible cuando de lo que se trata es de un barrio entero. El segundo desafío es social. Pero en este terreno hay que tener sumo cuidado. Se ha instalado un falso discurso que dice: “Mientras esas familias no tengan otra alternativa de ingreso económico se in-

61. Favelización de Córdoba 61 clinarán por la venta de droga. Antes de hacer cumplir la ley en la zona, tenemos que garantizarles trabajo y oportunidades”. El diagnóstico es errado. Porque la pobreza no es la causa del crecimiento del narcotráfico. Es la impunidad. Y la distorsión en los valores que produce esa impunidad en el barrio. Si el riesgo de co- mercializar droga fuera percibido como mucho más elevado, ten- dríamos más jefes y jefas de familia buscando otras alternativas, en forma espontánea. De hecho esta premisa es aplicable a todos los estratos sociales. Estoy convencido de que en la problemática de la venta de drogas se puede aplicar la misma regla que funciona para otros com- portamientos sociales. Hay un 20% de personas que, no importa si es fácil o difícil, legal o ilegal, nunca se les pasará por la cabeza dedi- carse a una actividad tan negativa. Hay otro 20% de personas que, al revés, lo harán, no importa lo que intentemos para evitarlo. Pero el gran desafío es el 60% restante de las personas que lo harán o no, dependiendo del contexto. Si ven que cunde la impunidad y que el provecho económico es grande, probablemente caigan en la tenta- ción. Pero si reciben una señal clara de que los riesgos (de caer pre- so, por ejemplo) se han incrementado, inmediatamente lo abando- narán como alternativa. Lo que ocurre hoy en Córdoba y en Argentina es que la sensa- ción de impunidad es tan grande que todos se animan. Respecto a cuáles son esos barrios “favelizados” prefiero no dejar un listado por escrito, por el riesgo a estigmatizar a sus habitantes que todavía no han caído en las redes que aquí menciono. Sí puedo decir que hay por lo menos 30 barrios que están en una situación muy com- prometida: Colonia Lola, Coronel Olmedo, Ituzaingó, José Ignacio Díaz, Las Violetas, Maldonado, Marqués Anexo, Muller, Parque Li- ceo, San Vicente, Villa Cornú, Villa Páez, Villa El Libertador, Villa

62. Sebastián García Díaz62 Urquiza, Yapeyú, Barrio Ferrer y Suárez, entre otros. En esos barrios hay que actuar en forma urgente, antes de que sea demasiado tarde. Volviendo al desafío social que también tenemos en esos barrios, la experiencia de gestión, en este sentido, me ha dejado en claro que la acción social que estamos desarrollando en los barrios es vergon- zosa. Los gobiernos (nacional, provincial y municipal) y peor aún, los distintos ministerios y secretarías en cada uno de esos estamentos, “bajan” decenas de programas fragmentados, que no tienen coordi- nación entre sí y que en muchos casos se superponen. Los únicos que terminan de concentrar la información son los punteros políti- cos que visitan las distintas oficinas de los funcionarios para ver qué hay para repartir. Son ellos los que recorren semanalmente los pasillos de los ministerios y terminan por obtener la información completa de todo lo que ofrece la Provincia a través de cada parcela del gobierno, información que ninguna autoridad termina de obtener por sí. El clientelismo produce estragos en esas zonas. Porque un joven que abandonó el colegio y que ha crecido recibiendo dádivas y favores de políticos y punteros, no percibe cuál es la diferencia de reci- birlos ahora de narcos y dealers. La multiplicidad de esfuerzos descoordinados y sólo enfocados en la coyuntura, repercute muy mal en estas zonas marginales. Hay grupos de personas que reciben mucho más de lo que necesitarían, o dos veces la misma cosa, la misma acción, o el mismo programa, en algunos casos. Otros ni se enteran de que se está desarrollando tal o cual programa, proyecto o acción en la zona, porque no son amigos del puntero de la zona. Existen cientos de programas sin interacción entre sí, bajados por Salud, por Educación, por Desarrollo Social, por Trabajo e In- dustria, por Gobierno y Seguridad, por la Munaf, por la Agencia

Favelización de Córdoba. droga, poder y burocracia

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