Os presentamos nuestro decálogo

2. 1

3. 2
Índice
 Introducción………………………… 3
 12 Propuestas para el cambio…… 4

4. 3
Introducción
El Sistema Público de Servicios Sociales se conceptualiza como el 4º pilar del
Estado de Bienestar junto con el de Educación, Sanidad y Seguridad Social.
Este Sistema de Protección Social es el más joven, el menos desarrollado y el
más desconocido en su estructura y funcionalidad de todos los que componen
lo que conocemos como Estado de Bienestar.
Los Servicios Sociales deben ser los instrumentos de los que se dota el Estado
para materializar sus derechos sociales, estando destinados a contribuir al
bienestar social mediante la prevención, eliminación o tratamiento de las
causas que impidan o dificulten el pleno desarrollo de las personas o los
grupos en los que cada individuo se integra.
Los citados pilares del Estado de Bienestar, están siendo desmantelados
aprovechando la coyuntura de crisis económica en la que nos encontramos.
Además el Sistema Público de Servicios Sociales se está poniendo en cuestión
como Sistema. Tanto el Gobierno actual como el anterior han sido
corresponsables del auge de las políticas neoliberales de austeridad, que han
deteriorado e invisibilizado la labor que se realiza desde los Servicios Sociales,
ensalzando y promoviendo activamente el papel de empresas y ONG, en
muchos casos de carácter asistencialista y caritativo, que no pueden ser en
ningún caso ni el paradigma ni las sustitutas de la respuesta del Estado a las
necesidades sociales, lo que hace que estemos asistiendo a formas de
atención basadas en la beneficencia, en lugar de en los derechos sociales.
Vivimos un momento dramático de emergencia social, por lo que desde
Podemos Servicios Sociales reclamamos que los poderes públicos velen por el
cumplimiento de la legislación, tanto estatal como la ratificada por el Estado a
nivel internacional, en materia de Servicios Sociales, mediante el
fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales, y la no
mercantilización del sector, siendo la justicia social, la equidad y los derechos
sociales los principios rectores de toda política social.

5. 4
12 Propuestas para
el cambio
1. Elaborar una Ley de Servicios Sociales a Nivel Estatal que es una de
las asignaturas pendientes que tenemos en este país. Esta ley ha de
incluir unos mínimos de rigurosos cumplimiento. Exigimos la
modificación de la Constitución para que el derecho a los servicios
sociales sea reconocido como derecho subjetivo (y por tanto justiciable) y
universal, del mismo modo que lo son el derecho a la salud y la atención
sanitaria o el derecho a la educación. Además, es preciso elaborar una
ley estatal de servicios sociales que evite las desigualdades y
diferenciaciones arbitrarias que actualmente existen, de cara a garantizar
un catálogo de prestaciones y servicios a todas las personas en razón de
ciudadanía.
Los Servicios Sociales han de satisfacer la necesidad universal de
interacción social entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía
personal y la integración relacional de todas las personas, sean cuales
fueren sus circunstancias sociales, familiares o económicas. Exigimos el
reconocimiento del derecho universal a los servicios sociales,
actuando en el ámbito autonómico, pero sin renunciar a la necesaria
revisión del marco legislativo estatal que requiere el logro de este objetivo
estratégico para Podemos. Exigimos la modificación de la Constitución
para que incluya el Derecho Fundamental de la ciudadanía a la protección
y cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales (Marea Naranja).
2. Derogación de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre (LRSAL), así como la
(Ley1/2014), ambas leyes plantean cambios en las competencias de la
administración local.
3. La estructura y los modos de gestión del sistema público de
Servicios Sociales debe desarrollarse de la misma forma que el
sistema sanitario tiene una red de atención primaria y especializada
que garantiza la adecuada cobertura y asistencia a la población.
Deben garantizar la adecuada red de servicios de atención primaria con
cobertura real de todas las personas residentes en el territorio y la
imprescindible proximidad y eficaz derivación técnica hacia servicios
especializados o de atención secundaria. Reforzar, consolidar y
garantizar el nivel de atención primaria en la intervención social, de
proximidad y cercano a la ciudadanía, garantizando la cartera de
servicios de atención primaria para todas las personas del territorio.
Reconocimiento y consolidación de la red de intervención secundaria,
mejorando la eficacia, eficiencia y evitando duplicidades, mediante una

6. 5
correcta coordinación y articulación con la red de atención primaria.
Desarrollar formas de gestión administrativa que permitan una
tramitación más ágil y rápida de las demandas y una mayor
adecuación de los servicios prestados a las necesidades reales de las
personas. Articular e impulsar la coordinación y cooperación
interadministrativa, interdepartamental y multisistema, con el fin de
mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios sociales.
4. Revertir el proceso de privatización del Sistema Público de Servicios
Sociales para ello, es necesario garantizar un sistema de gestión publica.
Revisar el papel de las empresas del tercer sector y fomentar las
licitaciones mediante clausulas sociales para evitar el "clientelismo".
Revertir todos los procesos de privatización de los centros y medidas
de atención, tutela y protección que han de volver a ser públicos.
5. Garantizar equipos interprofesionales en todo el sistema, para
asegurar el desarrollo de un enfoque comunitario, potenciando la
atención centrada en la persona, de forma continuada e integral
implementado para ello en todo el sistema la “gestión de caso”.
Vincular el desarrollo de los servicios sociales a la creación de
empleo digno, estable y de calidad, dado el enorme potencial de este
sistema para generar empleo y su elevado nivel de retorno económico
(40% sólo en el primer año de forma directa vía impuestos, por ejemplo).
6. Incrementar urgentemente la protección social ante las situaciones
de desempleo, riesgo de pobreza, pobreza energética, exclusión
social y situaciones de vulnerabilidad. Como medidas de emergencia
y de rescate ciudadano, pudiendo corresponder al sistema de
servicios sociales la tarea de coordinación de trabajo en red para la
adecuada gestión de caso de forma integral y comunitaria, centrada
en la persona. Un sistema social, donde todas las personas puedan
disponer de los medios y recursos necesarios para vivir dignamente.
Donde estén reconocidos los derechos sociales básicos como derechos
subjetivos universales, exigibles legalmente por los ciudadanos y según
la Declaración Universal de Derechos Humanos (Marea Naranja).
7. Impedir la segregación, institucionalización y el maltrato en
instituciones residenciales de todo tipo. Obligando a las entidades que
gestionan estos recursos a prestar una atención “centrada en la persona”,
de manera que se garantice que la persona dependiente o con
discapacidad elija libremente la opción residencial y en ella se respete su
libertad y autonomía como persona en todo momento. Se vigilará y
sancionará (pudiendo llegar al cierre) de todas aquellas residencias (sean
públicas, privadas o concertadas) que vulneren efectivamente los
derechos de los residentes.

7. 6
8. Apoyar la promoción de recursos comunitarios que favorezcan la
permanencia de las personas en su entorno y su participación activa
en la sociedad. Se potenciarán los apoyos profesionales en el entorno
familiar, los centros de día y diversos dispositivos de proximidad (ayuda a
domicilio, educación familiar, respiro familiar no residencial, tele
asistencia, etc.).
9. Potenciar todos los programas preventivos (tanto si han sido
recortados como eliminados). No sólo por el ahorro económico que
supone en tratamientos y atenciones especializadas de mayor coste, sino
porque constituyen el modo más efectivo de garantizar los derechos a la
protección social de las personas. Desarrollo de programas preventivos
frente a las adicciones, el maltrato, la exclusión, la pobreza, el desamparo,
el envejecimiento, etc. de la infancia, la adolescencia, la juventud, las
mujeres, las personas mayores, y todo tipo de colectivos que pueden ser
susceptibles de sufrir alguna de las problemáticas que con programas
preventivos se pueden evitar con menor coste.
10.Promover y fomentar la iniciativa social en el ámbito de los servicios
sociales. Apoyando a las entidades voluntarias y de la comunidad, así
como a las familias con el fin de reforzar los bienes comunales y los bienes
relacionales que son tan importantes como los bienes públicos y privados
en materia de protección social.
11.Diseño de la política de Servicios Sociales basado en el
conocimiento. Evaluación sistemática de programas para la toma de
decisiones y el desarrollo de la investigación I+D en servicios
sociales. Introducir la evaluación de la política social y los servicios
sociales como algo obligatorio, principalmente evaluar todas aquellas
iniciativas y políticas que están funcionando (buenas prácticas) para
certificar su eficacia y eficiencia y extrapolarlas a distintos contextos,
adaptándolas a los mismos, basando su implantación en motivos
sustentados. Promover la creación de observatorios coordinados
(estatales, autonómicos y locales) de servicios sociales.
12.Promover la ley de dependencia como una ley orientada a dar Servicios,
para evitar las situaciones injustas que produce en algunos casos
limitar el sistema a una asignación económica. Reactivación y desarrollo
integral de la “Ley de Dependencia”, potenciando la permanencia de las
personas dependientes en su medio, y profesionalizando los servicios de
apoyo técnico y personal. La atención a las personas en situación de
dependencia (y a sus familias y comunidades) no puede articularse con
eficacia y eficiencia solo desde los servicios sociales (como ocurre en la
actualidad), pero tampoco es una atención sanitaria o medicalizable, como
psicológica: es preciso diseñar desde el momento de la valoración (tribunales
socio sanitarios), la prescripción (plan de intervención en el que debe ser
tenido en cuenta el individuo y su familia, y no sólo el personal socio
sanitario), y la atención (individual, familiar y comunitaria), procesos
intersectoriales, con los adecuados vasos comunicantes entre dispositivos
de uno y otro pilar de las políticas sociales, y con los mecanismos de
coordinación política y técnica que ello requiere.